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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 44001-23-40-000-2024-00141-01

Fecha
30 de enero de 2025
Consejero ponente
Gloria María Gómez Montoya
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 44001-23-40-000-2024-00141-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 23 de octubre de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de La Guajira. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la Ley 393 de 1997. TERCERO: En firme la presente decisión, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 44001-23-40-000-2024-00141-01

Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya

30 de enero de 2025

Demandantes: Ángela Vanesa Sánchez Beltrán y otra
Demandado: Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios
Técnicos en el Exterior “Mariano Ospina Pérez” - Icetex
Radicado: 44001-23-40-000-2024-00141-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrada ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA

Bogotá, D. C., treinta (30) de enero de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO
Radicación: 44001-23-40-000-2024-00141-01
Demandantes: ÁNGELA VANESA SÁNCHEZ BELTRÁN Y OTRA
Demandado: INSTITUTO COLOMBIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO Y
ESTUDIOS TÉCNICOS EN EL EXTERIOR “MARIANO
OSPINA PÉREZ” – ICETEX.

Tema: Confirma decisión de primera instancia. El debate que se
plantea en sede de cumplimiento es susceptible de ser
ventilado a través de otros mecanismos judiciales.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Decide la Sala la impugnación formulada por la parte accionante contra la sentencia
del 23 de octubre de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de La Guajira,
que declaró la improcedencia del mecanismo constitucional.

I. ANTECEDENTES

1.1. Demanda1

Las ciudadanas Ángela Vanesa Sánchez Beltrán y Gloria Isabel Beltrán Martínez,
por conducto de apoderado judicial, entablaron demanda en ejercicio de la acción
de cumplimiento, dispuesta en el artículo 87 de la Constitución Política y
reglamentada en la Ley 393 de 1997, en contra del Instituto Colombiano de Crédito
Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior, Mariano Ospina Pérez, en lo sucesivo
el Icetex.

Conforme lo anterior, formularon las siguientes pretensiones:

Primero: Solicito al Honorable Señor Juez que le ORDENE al representante legal o a
quién ostente tal calidad del Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios
Técnicos en el Exterior "Mariano Ospina Pérez” -ICETEX-, que dentro de los diez (10)
días hábiles siguientes a la ejecutoria de la providencia, cumpla con el contenido
normativo (acto administrativo con fuerza material de ley) incumplido esto es: i)

1
Índice 2 Samai Cuaderno de primera instancia

1
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Demandantes: Ángela Vanesa Sánchez Beltrán y otra
Demandado: Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios
Técnicos en el Exterior “Mariano Ospina Pérez” - Icetex
Radicado: 44001-23-40-000-2024-00141-01

Clausula Tercera del Convenio Interadministrativo Adicional y Modificatorio No. 2013-
0185 Adición No. 9 y Modificatorio No. 5 al Convenio Interadministrativo No. 233 de
2003 suscrito entre el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos
en el Exterior "Mariano Ospina Pérez” - ICETEX- y el Departamento de La Guajira, ii)
Decisión Administrativa contenida en el certificado No. 2023-5080-0758194-1 de
fecha 7 de septiembre de 2023 firmado por José Eduardo Parada Jiménez,
Coordinador del Grupo de Operaciones de Cartera del ICETEX iii) Decisión
Administrativa contenida en el certificado No. 2023-6020-0658907-1 de fecha 8 de
agosto de 2023 firmado por Lida Pedraza Mancipe, Analista 4 Grupo de Crédito de la
Vicepresidencia de Crédito y Cobranza del Instituto Colombiano de Crédito Educativo
y Estudios Técnicos en el Exterior Mariano Ospina Pérez –ICETEX-.

Segundo: Que, que le ORDENE al representante legal o a quién ostente tal calidad
del Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior
"Mariano Ospina Pérez” -ICETEX-, que dentro de los parámetros ordenados por el
reglamento de la entidad, a la señorita Ángela Vanesa Sánchez Beltrán identificada
con la cédula de ciudadanía No. 1118869364 de Riohacha y la señora Gloria Isabel
Beltrán Martínez identificada con la cédula de ciudadanía No. 35463698 de Usaquén,
cumplen con los requisitos establecidos y son sujetos de condonación del crédito
educativo No. 2639188 y que mediante acto administrativo se DECLARE y conceda
el beneficio de la condonación del crédito, dando cumplimiento a la norma contenida
en la Clausula Tercera del Convenio Interadministrativo Adicional y Modificatorio No.
2013-0185 Adición No. 9 y Modificatorio No. 5 al Convenio Interadministrativo No. 233
de 2003 suscrito entre el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios
Técnicos en el Exterior "Mariano Ospina Pérez” -ICETEX- y el Departamento de La
Guajira.

Tercero: Que, como consecuencia de la anterior declaración se le ORDENE a la
tesorería del Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el
Exterior "Mariano Ospina Pérez” -ICETEX-, o quién corresponda según sus
competencias legales, se CONDONE el crédito educativo No. 2639188 a favor de
Ángela Vanesa Sánchez Beltrán y Gloria Isabel Beltrán Martínez y se DECLARE
mediante certificado estar a PAZ Y SALVO con la entidad.

Cuarto: Si hay lugar a ello, CONDENAR en costas al Instituto Colombiano de Crédito
Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior "Mariano Ospina Pérez” - ICETEX.2

1.2. Hechos

Refirieron que entre el Icetex y el departamento de La Guajira se celebró el convenio
interadministrativo No. 233 de 2003, el cual fue adicionado y modificado
posteriormente, en el entendido que la población destinataria de los créditos que
cumplieran las condiciones establecidas, podrían acceder a la condonación de
éstos.

La ciudadana Ángela Vanesa Sánchez Beltrán fue una de las estudiantes
beneficiarias del citado convenio, habiendo adelantado estudios de medicina en la
Universidad de Santander y acreditado las condiciones necesarias para acceder a
línea de crédito educativo3.

2
Transcripción original del texto con posibles errores.
3
Estos son: i) pertenecer al estrato socioeconómico; ii) estar inscrita en el SISBEN y registrada en
el grupo A3, esto es grupo de pobreza extrema, y iii) ser bachiller académico de una institución
educativa del departamento de La Guajira.

2
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En igual sentido, indicó que cumplió los requisitos dispuestos para ser titular de la
condonación del 100% del crédito que le fue otorgado para adelantar sus estudios
profesionales4.

Para las accionantes, el Icetex se está sustrayendo del cumplimiento del convenio
interadministrativo con sus correspondientes adiciones y modificaciones, por cuanto
pretende que las ciudadanas Ángela Vanesa Sánchez Beltrán y Gloria Isabel
Beltrán Martínez realicen el pago de la suma de $15’674.438,59.

Del mismo modo, precisaron que el Icetex, sin fundamento alguno, conminó a la
deudora solidaria de la estudiante a realizar pagos equivalentes al 33% del valor de
la matrícula, en la época de estudios los cuales ascienden a la suma de
$50.583.287, y que, en criterio de las accionantes, les deben ser reembolsados.

Por otro lado, narraron que actualmente figuran reportadas en las centrales de
riesgo por una deuda de $144.000.000, lo cual ha afectado su vida crediticia y ha
impactado en su salud mental, pues, aunado lo anterior, también han sido objeto de
cobro pre jurídico por casas externas.

Con base en lo anterior, indicaron que el 20 de agosto de 2024 se radicó ante el
Icetex escrito de constitución en renuencia en el que se solicitó el cumplimiento de
lo siguiente:

i) Clausula Tercera del Convenio Interadministrativo Adicional y Modificatorio No.
2013-0185 Adición No. 9 y Modificatorio No. 5 al Convenio Interadministrativo No. 233
De 2003 suscrito entre el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios
Técnicos en el Exterior "Mariano Ospina Pérez” -ICETEX- y el Departamento de La
Guajira,

ii) Decisión Administrativa contenida en el certificado No. 2023-5080-0758194-1 de
fecha 7 de septiembre de 2023 firmado por José Eduardo Parada Jiménez,
Coordinador del Grupo de Operaciones de Cartera del ICETEX

iii) Decisión Administrativa contenida en el certificado No. 2023-6020-0658907-1 de
fecha 8 de agosto de 2023 firmado por Lida Pedraza Mancipe, Analista 4 Grupo de
Crédito de la Vicepresidencia de Crédito y Cobranza del Instituto Colombiano de
Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior Mariano Ospina Pérez –
ICETEX-.

Informaron que el Icetex, mediante comunicado de fecha 6 de septiembre de 2024
negó las solicitudes planteadas en su petición.

4
Estos son: i) la culminación de sus estudios con el título correspondiente, ii) la realización de la
práctica con la gobernación del ente territorial, y iii) acreditar la condición de indígena.

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1.3. Actuaciones procesales relevantes

1.3.1. Admisión de la demanda e intervenciones

Inicialmente, la acción constitucional fue radicada ante el Juzgado Diecinueve
Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, autoridad que por auto del 2 de
octubre de 2024 ordenó remitir el asunto al Tribunal Administrativo de La Guajira,
por ser el competente para conocer del asunto.

Posteriormente, la magistrada ponente del Tribunal Administrativo de La Guajira
profirió la decisión del 7 de octubre de 2024 en la cual admitió la acción de
cumplimiento del asunto, y ordenó la vinculación del departamento de La Guajira,
en su condición de tercero con interés en el trámite.

La Gobernación de La Guajira, por conducto del jefe de la Oficina Jurídica, solicitó
que se declare la falta de legitimación en la causa del ente territorial, por no ser la
entidad llamada a soportar las pretensiones invocadas por las accionantes; aunado
el hecho que no es la competente para determinar la viabilidad de lo solicitado.

Por otro lado, alegó que la acción de cumplimiento era improcedente en el presente
caso, pues se busca el acatamiento de un convenio interadministrativo el cual es
fruto del acuerdo de voluntades y, en ese sentido, no sería susceptible del
mecanismo constitucional.

Asimismo, indicó que dada la naturaleza del negocio suscrito entre el Icetex y la
gobernación de La Guajira, se debe tener en cuenta que los efectos de este acuerdo
solo son vinculantes para aquellos que fueron parte y, en consecuencia, no tiene la
virtualidad de regular situaciones de carácter general.

El Icetex, a través de apoderada judicial, presentó escrito en el que solicitó que se
nieguen las pretensiones de la demanda, para lo cual desarrolló los siguientes
argumentos:

Como primer punto, evidenció que en este caso no existen actos administrativos
susceptibles de la acción de cumplimiento, por cuanto no tienen dicha connotación
jurídica.

Lo anterior, dado que las operaciones que realiza la entidad se regulan por las
normas civiles y comerciales, conforme lo estableció el artículo 8 de la Ley 1002 de
2005.

En ese sentido, precisó que la condonación pretendida por las actoras, es una
situación que se encuentra regulada en el Código Civil como modo de extinción de
las obligaciones, la cual no puede enmarcarse en una actuación de carácter
administrativo regulada por el CPACA.

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Asimismo, enfatizó que los comunicados del 8 de agosto y 7 de septiembre de 2023,
no se les puede dar la connotación de acto administrativo pasible de la acción de
cumplimiento. Lo anterior, por cuanto el primero se limitó a indicar las condiciones
para que opere la condonación de un crédito educativo; y, el segundo, tampoco
estableció una obligación en cabeza de la entidad de extinguir la obligación en
cabeza de las accionantes.

En segundo lugar, puso de presente que no existe en cabeza del Icetex un mandato
imperativo e inobjetable, por cuanto el reglamento aplicable a la línea de crédito
otorgada a la estudiante, esto es, el Acuerdo 71 de 2013, no impone la obligación
de manera automática como lo pretenden hacer ver las accionantes.

Lo anterior, en criterio de la entidad, permite colegir que existe una discrepancia de
la interpretación dada por las ciudadanas Ángela Vanesa Sánchez Beltrán y Gloria
Isabel Beltrán Martínez.

Por último, puso de presente que el debate acá suscitado debe ser ventilado a
través de otros mecanismos judiciales de defensa, pues, para tales efectos se debe
acudir ante la jurisdicción ordinaria para ventilar la pretensión extintiva de la
obligación frente al contrato de mutuo celebrado entre las accionantes y el Icetex.

1.4. Sentencia de primera instancia

El a quo, luego de agotadas las etapas procesales para este tipo de asuntos, dictó
sentencia el 23 de octubre de 2024 en la que, por un lado, declaró la falta de
legitimación en la causa del departamento de La Guajira; y, por otro lado, declaró
improcedente la acción. Al respecto, indicó lo siguiente:

35.-Bajo este panorama, la Sala considera que el departamento de La Guajira no se
encuentra facultado para fungir como demandado en la acción de la referencia, toda
vez que no tiene la competencia de otorgarle el crédito educativo a la demandante y
mucho menos detenta la competencia para otorgar alivios económicos devenidos del
trámite de los créditos educativos. Estas facultades son exclusivas del Icetex.

[…]

46.-en linea con lo anteriormente expuesto, no es posible erigir un juicio valorativo
sobre el incumplimiento del convenio interadministrativo mediante esta acción
constitucional. En efecto la acción de cumplimiento se erige para exigir la realización
o el cumplimiento que surge de la ley o del acto administrativo y que es omitido por la
autoridad, o el particular cuando asume este carácter. De esta manera, la referida
acción se encamina a procurar la vigencia y efectividad material de las leyes y de los
actos administrativos y no de los contratos o convenios bilaterales.

[…]

52.-Con fundamento en la jurisprudencia en cita y del análisis de las normas en
comento, se advierte que las disposiciones administrativas ut supra, no contienen en
ninguna circunstancia un mandato imperativo e inobjetable, puesto que, tales actos
administrativos solo se circunscriben a responder de manera particular y concreta la

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situación de la señora Ángela Vanesa Sánchez Beltrán y no imponen con precisión
obligación alguna frente a lo requerido por ésta.

[…]

55.-En suma, este Tribunal advierte que, los preceptos administrativos cuyo
cumplimiento se solicitan cumplir, solo hacen un recuento fáctico y jurídico sobre los
estados del trámite del crédito personal de la demandante, de la condonación
particular solicitada y que fue objeto la deuda contraída e información de carácter
general intrascendente para el sub examine, por lo que se impone entonces concluir,
que las disposiciones analizadas no contienen mandatos imperativos e inobjetables,
tornándose improcedente deprecar su solicitud a través del presente medio de control.

La anterior decisión se notificó a las partes e intervinientes el 5 de noviembre de
2024 a través de correo electrónico.

1.5. Impugnación5

Luego de recapitular algunas de las consideraciones del fallo de primera instancia,
afirmó que el a quo incurrió en un defecto procedimental absoluto y un defecto
sustantivo, al darle un alcance diferente al convenio interadministrativo celebrado
entre el Icetex y el departamento de La Guajira, pues, en su sentir este puede tener
la connotación de mixto y, en consecuencia, involucrar una manifestación unilateral
de la administración susceptible de cumplimiento.

Refirió que en el presente caso se presenta un actuar arbitrario e injusto por parte
del Icetex, quien pretende realizar el cobro de lo no debido, por cuanto, en su criterio,
se encuentran satisfechos los presupuestos para que opere la condonación del
crédito educativo; aunado que se debe hacer el reembolso de las sumas de dinero
que fueron pagadas en la época de estudios.

Finalmente, insistió que la acción de cumplimiento se erige en el mecanismo judicial
idóneo para acceder a la pretensión deprecada, pues se tratan de manifestaciones
de la administración que deben ser acatadas por los destinarios de éstas.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer la impugnación presentada por las
accionantes contra la sentencia de primera instancia del 23 de octubre de 2024
dictada por el Tribunal Administrativo de La Guajira, de conformidad con lo
establecido en los artículos 3º de la Ley 393 de 1997, 10, 125, 150 y 152 de la Ley
1437 de 2011, y el Acuerdo 080 del 12 de marzo de 2019 de la Sala Plena del
Consejo de Estado, que establece la competencia de la Sección Quinta de la
Corporación para conocer de las «apelaciones contra las providencias susceptibles

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Radicada el 12 de noviembre de 2024.

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de ese recurso que se dicten por los Tribunales Administrativos en primera instancia
en las acciones de cumplimiento».

2.2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si modifica, confirma o revoca la sentencia de
primera instancia, que declaró improcedente la acción de cumplimiento. Para lo cual
se resolverán, en su estricto orden, los siguientes problemas jurídicos:

• ¿Se cumplió con la constitución en renuencia de la autoridad demandada
frente a la disposición invocada como incumplida?

• ¿Se superan los requisitos de procedencia de la acción de cumplimiento?

En caso de ser afirmativas las respuestas, se deberá absolver el siguiente
planteamiento:

• ¿El Icetex se encuentra en la obligación de acatar los mandatos invocados
por la parte accionante?

2.3. Razones jurídicas de la decisión

A efectos de resolver tales, resulta pertinente abordar los siguientes temas: i)
naturaleza de la acción de cumplimiento, ii) el estudio del requisito de renuencia, y
iii) el caso concreto.

2.3.1. Naturaleza de la acción de cumplimiento

La acción de cumplimiento está instituida en el artículo 87 de la Constitución Política;
como un mecanismo para que toda persona pueda, «acudir ante la autoridad judicial
para hacer efectivo el cumplimiento de una Ley o un acto administrativo. En caso
de prosperar la acción, la sentencia ordenará a la autoridad renuente el
cumplimiento del deber omitido».

En igual sentido, el artículo 1.° de la Ley 393 de 1997 precisa que, «[t]oda persona
podrá acudir ante la autoridad judicial definida en esta Ley para hacer efectivo el
cumplimiento de normas aplicables con fuerza material de Ley o actos
administrativos».

Colombia es un Estado Social de Derecho, y dentro de sus fines esenciales está el
de garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la
Constitución; teniendo en cuenta lo anterior y que las autoridades de la República
están instituidas, entre otras cosas, para asegurar el cumplimiento de los deberes
sociales del Estado y de los particulares (artículo 2.° de la Constitución Política), la
acción en estudio permite la realización de este postulado, logrando la eficacia

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material de la ley y de los actos administrativos expedidos por las diferentes
autoridades en cumplimiento de sus funciones públicas.

De este modo, la acción de cumplimiento constituye el instrumento adecuado para
demandar a las autoridades o los particulares que ejercen funciones públicas, ante
el inminente incumplimiento; la efectividad de las normas con fuerza material de ley
y de los actos administrativos.

Como lo señaló la Corte Constitucional [el objeto y finalidad de esta acción es
otorgarle a toda persona, natural o jurídica, e incluso a los servidores públicos, la
posibilidad de acudir ante la autoridad judicial para exigir la realización o el
cumplimiento del deber que surge de la ley o del acto administrativo y que es omitido
por la autoridad, o el particular cuando asume este carácter. De esta manera, la
referida acción se encamina a procurar la vigencia y efectividad material de las leyes
y de los actos administrativos, lo cual conlleva la concreción de principios medulares
del Estado Social de Derecho, que tienden a asegurar la vigencia de un orden
jurídico, social y económico justo] (subrayado por fuera del texto).

Sin embargo, para que la acción de cumplimiento prospere, del contenido de la Ley
393 de 1997, se desprende que, se deben acreditar los siguientes requisitos
mínimos:

a. Que el deber que se pide hacer cumplir se encuentre consignado en normas
aplicables con fuerza material de ley o actos administrativos vigentes (art. 1.º)6

b. Que el actor pruebe la renuencia de la entidad accionada frente al cumplimiento
del deber, antes de formular la demanda, bien sea por acción u omisión del exigido
o por la ejecución de actos o hechos que permitan deducir su inminente
incumplimiento (art. 8.º).

c. El artículo 8.° señala que, excepcionalmente, se puede prescindir de este
requisito «cuando el cumplirlo a cabalidad genere el inminente peligro de sufrir un
perjuicio irremediable», caso en el cual deberá ser sustentado en la demanda.

d. Que el afectado no tenga o haya podido ejercer otro instrumento judicial para
lograr el efectivo cumplimiento del deber jurídico o administrativo omitido, salvo el
caso que, de no proceder el juez, se produzca un perjuicio grave e inminente para
quien ejerció la acción, circunstancia esta que hace procedente la acción. Por tanto,
es improcedente la acción que persigue la protección de derechos que puedan ser
garantizados a través de la acción de tutela; o se pretenda el cumplimiento de
normas que establezcan gastos a la administración (art. 9.º).

Solo una vez suplidas las anteriores exigencias, corresponderá analizar la

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Esto excluye el cumplimiento de las normas de la Constitución Política, que por lo general
consagran principios y directrices.

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existencia de un mandato imperativo e inobjetable que esté radicado en cabeza
de aquella autoridad pública o del particular en ejercicio de funciones públicas
que deba cumplir y frente a los cuales se haya dirigido esta acción. Este último
corresponde a un análisis del fondo del asunto del cual depende la prosperidad
de las pretensiones expuestas en la demanda.

2.3.2. De la renuencia

El inciso segundo del artículo 8.° de la Ley 393 de 1997, en concordancia con el
numeral 5.° del artículo 10 ibidem, estableció como requisito de procedibilidad de
esta acción constitucional, que con la demanda el accionante aporte la prueba de
haber pedido a las entidades accionadas en forma directa y con anterioridad al
ejercicio de la acción, el cumplimiento del deber legal o administrativo
presuntamente desatendido por aquélla y, que la autoridad requerida se ratifique en
el incumplimiento o guarde silencio frente a la solicitud; de esta manera, quedará
acreditada la renuencia de la respectiva autoridad administrativa y el actor podrá
ejercer la acción de cumplimiento

Al respecto, esta Sección ha señalado que:

Para entender a cabalidad este requisito de procedencia de la acción es importante
tener en cuenta dos supuestos: La reclamación del cumplimiento y la renuencia.

El primero, se refiere a la solicitud dirigida a la autoridad o al particular que incumple
la norma, la cual constituye la base de la renuencia, que si bien no está sometida a
formalidades especiales, se ha considerado que debe al menos contener: La
petición de cumplimiento de una norma con fuerza material de ley o de un acto
administrativo; el señalamiento preciso de la disposición que consagra una
obligación y la explicación del sustento en el que se funda el incumplimiento.

Por su parte, la renuencia al cumplimiento puede configurarse en forma tácita o
expresa, puesto que se presenta cuando el destinatario del deber omitido
expresamente ratifica el incumplimiento o si transcurridos 10 días desde la
presentación de la solicitud, la entidad o el particular guardan silencio con relación a
la aplicación de la norma. Esto muestra que el requisito de procedencia de la acción
prueba la resistencia del destinatario de la norma a cumplir con ella.

Así las cosas, para probar la constitución de la renuencia expresa es necesario
analizar tanto la reclamación del cumplimiento como la respuesta del destinatario del
deber omitido, puesto que la primera delimita el marco del incumplimiento reclamado.
Y, para demostrar la renuencia tácita es necesario estudiar el contenido de la petición
de cumplimiento que previamente debió formular el demandante, pues, como se dijo,
aquella define el objeto jurídico sobre el cual versará el procedimiento judicial para
exigir el cumplimiento de normas con fuerza material de ley o actos administrativos [7]
(Negrillas fuera de texto).

Por lo tanto, la Sala debe estudiar si la parte actora cumplió con su carga de probar
que constituyó en renuencia a la accionada, antes de instaurar la demanda.

7
[En la providencia se citó «Sobre el tema, Consejo de Estado, Sección Quinta, providencia del 24
de junio de 2004, exp. ACU-2003-00724, MP.: Darío Quiñones Pinilla»]

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Para el cumplimiento de este requisito de procedibilidad es importante tener en
cuenta, como lo ha señalado la Sala, que «el reclamo en tal sentido no es un simple
derecho de petición sino una solicitud expresamente hecha con el propósito de
cumplir el requisito de la renuencia para los fines de la acción de cumplimiento»8,
ya que no se ha dado por demostrado su agotamiento cuando la petición «tiene una
finalidad distinta a la de constitución en renuencia».

Resulta relevante para la Sala precisar que la renuencia debe entenderse como la
negativa del ente accionado frente a la solicitud de cumplimiento de la disposición,
bien porque no dé respuesta oportunamente o porque, aunque sea emitida en
tiempo, «resulte contraria al querer del ciudadano»9

En el presente caso, se tiene que el 20 de agosto de 2024 el apoderado judicial de
la parte accionante remitió, a través de correo electrónico, escrito por medio del cual
constituyó en renuencia al Icetex, en el cual, luego de realizar un recuento de los
antecedentes del asunto, solicitó, entre otras cosas, lo siguiente:

1. La expedición del paz y salvo correspondiente al crédito educativo otorgado
a la estudiante Ángela Vanesa Sánchez Beltrán.
2. La cesación de cualquier acción judicial o extrajudicial encaminada al
recaudo de la obligación dineraria.
3. La eliminación o realización de cualquier reporte negativo ante las Centrales
de Riesgo, por inexistencia de la obligación.
4. El reembolso de la suma de $50’583.287, la cual fue pagada por la señora
Gloria Isabel Beltrán Martínez a la Universidad de Santander.
5. La expedición de un concepto en el que se indique cuál es la naturaleza
jurídica del acto celebrado entre el Icetex y la gobernación de La Guajira.

Como fundamento de las anteriores solicitudes invocó el cumplimiento de: i) la
cláusula Tercera del Convenio Interadministrativo Adicional y Modificatorio No.
2013-0185 Adición No. 9 y Modificatorio No. 5 al Convenio Interadministrativo No.
233 De 2003 suscrito entre el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios
Técnicos en el Exterior "Mariano Ospina Pérez” -ICETEX- y el Departamento de La
Guajira, ii) Decisión Administrativa contenida en el certificado No. 2023-5080-
0758194-1 de fecha 7 de septiembre de 2023 firmado por José Eduardo Parada
Jiménez, Coordinador del Grupo de Operaciones de Cartera del ICETEX, y iii)
Decisión Administrativa contenida en el certificado No. 2023-6020-0658907-1 de
fecha 8 de agosto de 2023 firmado por Lida Pedraza Mancipe, Analista 4 Grupo de
Crédito de la Vicepresidencia de Crédito y Cobranza del Instituto Colombiano de

8
Sección Quinta, providencia del 20 de octubre de 2011, Exp. 2011-01063, M.P. Mauricio Torres
Cuervo.
9
Lo mismo se reitera en Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 15 de diciembre de 2015,
radicación n.º 25000-23-41-000-2016-02003-01 (ACU); Consejo de Estado, Sección Quinta,
sentencia del 17 de noviembre de 2016, radicación n.º 15001-33-33-000-2016-00690-01 (ACU);
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 15 de septiembre de 2016, radicación n.º 15001-
23-33-000-2016-00249-01(ACU), en todas, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez, entre otras.

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Demandantes: Ángela Vanesa Sánchez Beltrán y otra
Demandado: Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios
Técnicos en el Exterior “Mariano Ospina Pérez” - Icetex
Radicado: 44001-23-40-000-2024-00141-01

Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior Mariano Ospina Pérez –
ICETEX-.

A su turno, el Icetex dio respuesta en la que atendió los pedimentos formulados por
la parte accionante y en donde se explicó las razones por las cuales no era
procedente la expedición del paz y salvo solicitado, para lo cual precisó que los
recursos con los que se llevaron a cabo los estudios se realizaron con dineros
entregados por el departamento de La Guajira, los cuales eran condonables, y otra
parte con dineros del Icetex.

En ese sentido, insistió que la condonación se aplicó únicamente en el 50% del
subsidio proveniente del departamento de La Guajira y el saldo se entregaba en la
modalidad de crédito educativo girado por el Icetex.

Conforme lo expuesto, la Sala colige que en el presente asunto se encuentra
satisfecho el requisito de renuencia, en los términos de que trata el artículo 8 de la
Ley 393 de 1997.

2.3.3. Caso concreto

Previo a acometer el estudio del caso, resulta pertinente acotar que en primera
instancia se concluyó que el ente territorial no gozaba de legitimación en la causa
por pasiva, pues, pese a haber sido vinculado por el Tribunal Administrativo de La
Guajira, posteriormente la autoridad judicial estimó que la gobernación de La Guajira
no estaba llamada a soportar la pretensión de las accionantes.

Lo anterior, en razón a que la gobernación de La Guajira era una de las partes del
convenio suscrito con el Icetex, por lo que eventualmente cabía la posibilidad de ser
destinatario de la acción.

No obstante, con ocasión del desarrollo del proceso y la intervención del
departamento, el a quo concluyó que efectivamente la gobernación de La Guajira
no tenía injerencia alguna frente al cumplimiento demandado y, en ese sentido,
accedió a la defensa planteada.

En criterio de la Sala, la anterior conclusión resulta razonable y acertada, pues, se
reitera, el objeto del mecanismo constitucional es que se ordene al Icetex condonar
una deuda que tienen las accionantes, con ocasión del crédito educativo que les fue
desembolsado.

Lo anterior quiere decir, en otros términos, que la gobernación de La Guajira no es
parte o interesado en la relación contractaual de mutuo que fue celebrado entre
Ángela Vanesa Sánchez Beltrán y Gloria Isabel Beltrán Martínez con el Icetex, lo
cual impone confirmar dicho aparte de la decisión de primera instancia.

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Demandantes: Ángela Vanesa Sánchez Beltrán y otra
Demandado: Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios
Técnicos en el Exterior “Mariano Ospina Pérez” - Icetex
Radicado: 44001-23-40-000-2024-00141-01

Por otro lado, la Sección estima que en el presente caso no se encuentra satisfecho
el requisito de subsidiariedad de que trata el artículo 9 de la Ley 393 de 1997, por
cuanto la discusión que se pretende ventilar a través de este mecanismo
constitucional es susceptible de ser ventilada a través de otra vía judicial10.

Al respecto, la Sala en anteriores oportunidades11, ha considerado que el debate
que se plantea entre los usuarios del Icetex, en torno a las condiciones de los
créditos educativos, el cobro, la condonación y demás aspectos en torno a la
ejecución de tales negocios jurídicos, son situaciones que escapan de la órbita del
juez de cumplimiento.

En primer lugar, resulta pertinente indicar que, conforme el artículo 8 de la Ley 1002
de 2005, se estableció que el régimen jurídico aplicable a las operaciones que
realiza la entidad se encuentran sujetas al derecho de privado. La norma en
comento indica lo siguiente:

Régimen jurídico. Los actos que realice el Icetex para el desarrollo de sus actividades
comerciales o de gestión económica y financiera, estarán sujetos a las disposiciones
del derecho privado. Los actos que expida para el cumplimiento de las funciones
administrativas que le confían la ley y los estatutos, se sujetan a las reglas previstas
en el Código Contencioso Administrativo.

Los contratos y demás actos jurídicos que deba celebrar y otorgar el Icetex como
entidad financiera de naturaleza especial, en desarrollo de su objeto y operaciones
autorizadas, se sujetarán a las disposiciones del derecho privado.

En consonancia con lo anterior, se debe atender a lo dispuesto en el artículo 105 de
la Ley 1437 de 2011, el cual dispone que asuntos no son de competencia de la
jurisdicción contenciosa administrativa, dentro de los que se encuentran: [1. Las
controversias relativas a la responsabilidad extracontractual y a los contratos
celebrados por entidades públicas que tengan el carácter de instituciones
financieras, aseguradoras, intermediarios de seguros o intermediarios de valores
vigilados por la Superintendencia Financiera, cuando correspondan al giro ordinario
de los negocios de dichas entidades, incluyendo los procesos ejecutivos].

Las ciudadanas Ángela Vanesa Sánchez Beltrán y Gloria Isabel Beltrán Martínez,
en su criterio consideran que el crédito que fue otorgado por el Icetex en alianza con
el departamento de La Guajira debe ser condonado, pues, desde su punto de vista,
estiman que cumplen las condiciones para acceder a dicho beneficio.

10
Cfr. Sentencia de 24 de mayo de 2012, radicado n° 05001-23-31-000-2010-02067- 01(ACU), M.P.
Alberto Yepes Barreiro, Sentencia de 23 de agosto de 2012, radicado n° 25000-23-31-000-2012-
00425-01(ACU). M.P. Mauricio Torres Cuervo, Sentencia de 21 de junio de 2012, radicado n° 05001-
23-31-000-2006-01095-01(ACU). M.P. Mauricio Torres. 19 Al respecto ver sentencia del 14 de
diciembre de 2017, radicado número 25000-23-41- 000-2017-01513-01 y del 23 de junio de 2022,
radicado número 76001-33-33-001-2022- 00240-01, M.P. Rocío Araújo Oñate.
11
Entre otras decisiones, se pueden consultar las siguientes: i) Sentencia del 23 de junio de 2022,
expediente 76001-33-33-001-2022-00240-01; ii) Sentencia del 1 de febrero de 2024, expediente
76001-23-33-001-2023-00439-01, y iii) Sentencia del 12 de septiembre de 2024, expediente 23001-
23-33-000-2024-00114-01

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A su turno, el Icetex ha indicado desde el punto de vista fáctico y jurídico, las razones
por las cuales no es procedente acceder a dicho pedimento, lo cual denota es una
discusión en torno a la celebración y ejecución del contrato suscrito entre las partes,
y concretamente sobre la existencia o no de la obligación de pagar una suma líquida
de dinero.

En ese sentido, resulta claro que el asunto no puede ser dirimido por el juez de
cumplimiento y tampoco por la jurisdicción contencioso-administrativa, siendo la
jurisdicción ordinaria a través de un proceso declarativo la llamada a determinar si
efectivamente se cumplen las condiciones para que proceda o no la condonación
de la obligación.

Asimismo, la Sala coincide con el planteamiento realizado por el a quo en el fallo de
primera instancia, en el que puntualizó que la finalidad de la acción de cumplimiento,
conforme se colige del artículo 1 de la Ley 393 de 1997, es la de lograr el
cumplimiento de la normatividad que se encuentra en leyes o actos administrativos,
por lo que no es viable demandar a través de este mecanismo un acto bilateral como
lo es el convenio interadministrativo que suscribió el Icetex con el departamento de
La Guajira.

Ahora bien, excepcionalmente la ley permite superar el requisito de subsidiariedad,
en los eventos que se pretenda conjurar un perjuicio irremediable; no obstante, de
los medios de prueba arrimados al proceso, no se evidencia una circunstancia
constitutiva de éste.

Aún si en gracia de discusión se admitiese la tesis de la parte accionante, según la
cual las respuestas dada por el Icetex corresponden a actos administrativos, las
eventuales inconformidades que surjan de su lectura o interpretación deberían ser
ventiladas a través del medio de control de nulidad o nulidad y restablecimiento del
derecho.

En este punto, se estima que la conclusión a la que arribó el Tribunal Administrativo
de La Guajira es acertada, esto es que la acción de cumplimiento del asunto es
improcedente; aclarando que dicha situación obedece única y exclusivamente al
hecho que la discusión planteada por las accionantes refiere a una disputa que
tienen con el Icetex, con ocasión de las condiciones del crédito y su extinción.

En conclusión, se confirmará la decisión de primera instancia, que declaró
improcedente la acción, pero por las razones expuestas en la presente decisión.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,

13
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FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 23 de octubre de 2024, proferida por el
Tribunal Administrativo de La Guajira.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la Ley
393 de 1997.

TERCERO: En firme la presente decisión, DEVOLVER el expediente al Tribunal de
origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrada

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos, conforme a lo
dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

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