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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 76001-23-33-001-2023-00439-01

Fecha
1 de febrero de 2024
Consejero ponente
Luis Alberto Álvarez Parra
Citada por
3 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 76001-23-33-001-2023-00439-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 8 de noviembre de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que negó la acción de cumplimiento, para en su lugar, RECHAZAR la demanda respecto de los artículos 91 y 144 del Decreto 4800 de 2011 y DECLARAR LA IMPROCEDENCIA en lo que atañe a los artículos 51 de la Ley 1448 de 2011 y 95-parágrafo del referido Decreto, por las razones expuestas. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la Ley 393 de 1997. TERCERO: En firme esta sentencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 76001-23-33-001-2023-00439-01

Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra

1 de febrero de 2024

Demandante: Camilo Alejandro Alfonso Gómez
Demandado: Ministerio de Educación e ICETEX
Radicado: 76001-23-33-001-2023-00439-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente (E): LUIS ALBERTO ALVAREZ PARRA

Bogotá D. C., primero (1.º) de febrero de dos mil veinticuatro (2024).

Referencia: ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO
Radicación: 76001-23-33-001-2023-00439-01
Accionante: CAMILO ALEJANDRO ALFONSO GÓMEZ
Accionado: MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL - ICETEX

Tema: Revoca la decisión de primera instancia, en su lugar, rechaza
por no agotar en debida forma renuencia y declara
improcedencia por contar con otro mecanismo de defensa
judicial.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte actora contra la sentencia del
8 de noviembre de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca,
que negó las pretensiones de la acción de cumplimiento.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de cumplimiento

El señor Camilo Alejandro Alfonso Gómez presentó acción de cumplimiento en contra
del Ministerio de Educación Nacional y el Instituto Colombiano de Crédito Educativo
y Estudios Técnicos en el Exterior1, con el fin de obtener el acatamiento de los
artículos 51 de la Ley 1448 de 2011, 91, 95 –parágrafo 1– y 144 del Decreto 4800 de
2011.

1.2. Pretensiones de la demanda

PRIMERO: ORDENAR al MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL y al
ICETEX el cumplimiento de las siguientes disposiciones con fuerza material de
ley y acto administrativo incumplido:

• Artículo 51 de la Ley 1448 de 2011, por medio del cual se dictan
medidas en materia de educación dirigidas a víctimas del conflicto
armado interno:

“ARTÍCULO 51. MEDIDAS EN MATERIA DE EDUCACIÓN. Las

1 En adelante MEN e ICETEX.

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Demandante: Camilo Alejandro Alfonso Gómez
Demandado: Ministerio de Educación e ICETEX
Radicado: 76001-23-33-001-2023-00439-01

distintas autoridades educativas adoptarán, en el ejercicio de sus
competencias respectivas, las medidas necesarias para asegurar el
acceso y la exención de todo tipo de costos académicos en los
establecimientos educativos oficiales en los niveles de preescolar,
básica y media a las víctimas señaladas en la presente ley, siempre y
cuando estas no cuenten con los recursos para su pago. De no ser
posible el acceso al sector oficial, se podrá contratar el servicio
educativo con instituciones privadas.

(…)

Por su parte, el Ministerio de Educación Nacional incluirá a las víctimas
de que trata la presente ley, dentro de las estrategias de atención a la
población diversa y adelantará las gestiones para que sean incluidas
dentro de las líneas especiales de crédito y subsidios del ICETEX.

(…).”

• El Artículo 91, el parágrafo 1 del Artículo 95 y el Artículo 144 del Decreto 4800
de 2011, por medio de los cuales se reglamentan las medidas en materia de educación
dirigidas a víctimas del conflicto armado interno, y las líneas de crédito dispuestas por
el ICETEX, para atender la demanda educativa de esta población.

“ARTÍCULO 91. OBJETIVO DE LAS MEDIDAS EN MATERIA DE EDUCACIÓN.
Asegurar el acceso, así como la exención de todo tipo de costos académicos en las
instituciones oficiales de educación preescolar, básica y media y promover la
permanencia de la población víctima en el servicio público de la educación, con enfoque
diferencial y desde una mirada de inclusión social y con perspectiva de derechos.”

“ARTÍCULO 95. EDUCACIÓN SUPERIOR. El Ministerio de Educación Nacional
promoverá que las instituciones de educación superior, en el marco de su autonomía,
consagrado en el artículo 69 de la constitución y el artículo 28 de la Ley 30 de 1992,
establezcan a la entrada en vigencia del presente decreto, los procesos de selección,
admisión y matrícula, así como los incentivos que permitan a las víctimas, reconocidas
en el artículo 3° de la Ley 1448 de 2011, especialmente mujeres cabeza de familia,
adolescentes y población en condición de discapacidad, acceder a su oferta
académica.

El Ministerio de Educación Nacional fortalecerá, las estrategias que incentiven el
acceso de la población víctima a la educación superior.

PARÁGRAFO 1°. La población víctima, de acuerdo con los requisitos establecidos por
el Instituto Colombino de Crédito y Estudios Técnicos en el Exterior -Icetex, participará
de forma prioritaria en las líneas y modalidades especiales de crédito educativo, así
como de los subsidios financiados por la Nación, para lo cual, el Icetex ajustará los
criterios de calificación incorporando en ellos la condición de víctima para el acceso a
las líneas de crédito subsidiado.”

“ARTÍCULO 144. CRÉDITOS OTORGADOS POR EL INSTITUTO COLOMBIANO DE
CRÉDITOS Y ESTUDIOS TÉCNICOS EN EL EXTERIOR. El Instituto Colombiano de
Créditos y Estudios Técnicos en el Exterior -Icetex- fomentará la educación superior de
la población incluida en el Registro Único de Víctimas. Para tal efecto, esta entidad
definirá los requisitos para que las víctimas accedan a las líneas y modalidades
especiales de crédito educativo, así como a los subsidios con cargo al presupuesto de
la Nación, teniendo en cuenta su especial condición de vulnerabilidad.”

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Demandante: Camilo Alejandro Alfonso Gómez
Demandado: Ministerio de Educación e ICETEX
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• Así como el cumplimiento de lo dispuesto en la CONVOCATORIA PÚBLICA
NACIÓN 2015 – 2 y CONVOCATORIA PÚBLICA NACIÓN 2018 – 1 dirigida a la
Población Víctima del Conflicto Armado Interno, en la cual se postuló el suscrito y se le
negó su derecho a ser beneficiario de la línea de protección constitucional financiada
por el Fondo Especial para las Víctimas del Conflicto Armado.

SEGUNDO: En observancia de los hechos y pruebas debidamente aportados, así
como de la Renuencia de las citadas Entidades a cumplir con lo dispuesto en las
disposiciones legales previamente indicadas, que se ORDENE al MINISTERIO DE
EDUCACIÓN NACIONAL y al ICETEX reclasificar la línea de crédito corriente del 25%,
identificado con ID 2944942, cuyo titular es el señor CAMILO ALEJANDRO ALFONSO
GÓMEZ, para pasar a ser incluido dentro de la línea de crédito de protección
constitucional financiada por el Fondo Especial para las Víctimas del Conflicto Armado,
garantizando consigo el beneficio de condonación por graduación al que tiene derecho
el suscrito por ser víctima del conflicto armado interno.

TERCERO: Que se garantice y REPARE a la víctima del conflicto armado: CAMILO
ALEJANDRO ALFONSO GÓMEZ, en el sentido de aplicar la exención de todo tipo de
costos académicos, tal como lo consagra el artículo 51 de la ley 1448 de 2011. Lo
anterior, incluyendo al suscrito dentro de las estrategias de atención a la población
víctima del conflicto, por medio de las líneas especiales de crédito y subsidios del
ICETEX.

CUARTO: Que se condene en costas, si las hubiere, a las Entidades accionadas.

1.3. Hechos probados y/o admitidos

El señor Alfonso Gómez fue inscrito en el registro único de víctimas, por cuenta de la
orden proferida por el Juez 14 Civil del Circuito de Cali, dentro del trámite de tutela
que adelantó, en el año 2016.

El demandante adquirió un crédito con el ICETEX, en la modalidad líneas tradicionales
-tú eliges 25 %-, para el financiamiento del programa de derecho en la institución de
educación superior Universidad ICESI en la ciudad de Cali.

El actor solicitó en el año 2017 la reclasificación de dicho crédito educativo, al ser
víctima de desplazamiento y despojado de tierras, que fue negada.

En el año 2018, el accionante se postuló en la convocatoria pública núm. 2018-1,
Fondo de Víctimas del conflicto armado- Fondos del Ministerio de Educación Nacional,
con el fin de obtener una beca del ICETEX, sin que saliera favorecido.

1.4. Actuaciones procesales relevantes

El asunto fue repartido al Juzgado 19 Administrativo de Cali que, mediante auto del
26 de junio de 2023, declaró su falta de competencia y ordenó la remisión del
expediente al Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca.

El 4 de octubre de 2023, el magistrado sustanciador admitió la demanda, ordenó la

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notificación a las partes, al Ministerio Público y a la Agencia de Defensa Jurídica del
Estado, otorgando el término para que ejercieran su derecho de defensa, lapso en el
que las demandadas presentaron las respectivas contestaciones.

1.4.1. Contestación de la demanda

1.4.1.1. Ministerio de Educación Nacional

Señaló que no ha vulnerado los derechos del actor. Que se inscribió a la convocatoria
2018-01 del Fondo de Reparación de Víctimas, pero al no cumplir con los requisitos
previstos en aquella, no era posible otorgarle los beneficios ofrecidos.

Advirtió que la Unidad de Victimas reportó al ICETEX que el accionante no hacía parte
del registro único de víctimas (RUV), situación que conllevó a que no cumpliera la
totalidad de los requisitos exigidos y por tanto no se le reclasificara la línea de crédito.

1.4.1.2. Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el
Exterior - ICETEX

Se opuso a las pretensiones de la demanda. Indicó que las normas que se reclaman
como incumplidas no contienen un mandato imperativo e inobjetable para su
representada.

A su juicio, el demandante lo que persigue es la condonación del crédito educativo que
solicitó bajo la línea TU ELIGES 25 %.

1.4.2. Fallo de primera instancia

Mediante sentencia del 8 de noviembre de 2023, el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca negó la acción de cumplimiento, por considerar que las normas invocadas
por el actor, no fueron incumplidas por las autoridades accionadas.

A juicio del a quo las normas reclamadas en cumplimiento no ordenan al ICETEX o
al MEN otorgar créditos educativos o subsidios a la población víctima del conflicto, de
manera automática, sino que se requiere adelantar gestiones para su consecución.

1.4.3. Impugnación

El demandante solicitó que se estudie de fondo la demanda, por cuanto considera que
las normas reclamadas en cumplimiento contienen un mandato imperativo e
inobjetable para las entidades accionadas.

Refirió que el mismo Tribunal, en sentencia de tutela del 12 de junio de 2018, reconoció
que los derechos de las víctimas son trascendentales y que su fuerza legal fue elevada
a rango constitucional.

Señaló que el ICETEX no le concedió su inclusión en las líneas especiales de crédito

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condenables y subsidios contemplados en la Ley 1448 de 2011 y el Decreto
Reglamentario 4800 del mismo año, aspectos que, a su juicio, demuestran la renuencia
al cumplimiento de las normas invocadas.

En su criterio, es imperativo que las accionadas deben incluir a las víctimas en
estrategias de atención para que sean tenidas en cuenta en las líneas especiales de
crédito dispuestas para esta población.

Describió las normas que señala incumplidas y la forma en que deben ser
interpretadas, con miras a que se acceda a ordenar su cumplimiento frente a la
situación particular que presenta con el crédito adquirido para cursar sus estudios
universitarios.

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer la impugnación presentada contra la
sentencia de primera instancia del 8 de noviembre de 2023, proferida por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, de conformidad con lo establecido en los artículos
3.º de la Ley 393 de 19972, 125, 150 y 152 de la Ley 1437 de 20113, y el Acuerdo
080 del 12 de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que establece
la competencia de la Sección Quinta de la Corporación para conocer de las
«apelaciones contra las providencias susceptibles de ese recurso que se dicten por
los Tribunales Administrativos en primera instancia en las acciones de
cumplimiento».

2.2. Problemas jurídicos a resolver en la presente acción de cumplimiento

Corresponde a la Sala determinar si modifica, confirma o revoca la sentencia del 8 de
noviembre de 2023 proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que
negó la acción de cumplimiento, para lo cual se resolverá el siguiente problema
jurídico:

¿La parte actora cumplió con la constitución en renuencia del Ministerio de Educación
Nacional y del ICETEX, de conformidad con lo previsto en el artículo 8.º de la Ley 393
de 1997?

2
“ARTÍCULO 3o. COMPETENCIA. De las acciones dirigidas al cumplimiento de normas con fuerza material de Ley o Acto
Administrativo, conocerán en primera instancia los Jueces Administrativos con competencia en el domicilio del accionante. En
segunda instancia será competente el Tribunal Contencioso Administrativo del Departamento al cual pertenezca el Juzgado
Administrativo. PARÁGRAFO. Las Acciones de Cumplimiento de que conozca el Consejo de Estado, serán resueltas por la
sección o subsección de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la cual haga parte el Consejero a quien corresponda en
reparto. Su trámite se hará a través de la correspondiente Secretaría. El reparto se efectuará por el presidente de la Corporación,
entre todos los Magistrados que conforman la Sala de lo Contencioso Administrativo, en forma igualitaria.
PARÁGRAFO TRANSITORIO. <Aparte tachado INEXEQUIBLE> Mientras entran en funcionamiento los Jueces Administrativos,
la competencia en primera instancia se radicará en los Tribunales Contenciosos Administrativos y la segunda en el Consejo de
Estado tratándose de acciones dirigidas al cumplimiento deun Acto Administrativo.”
3
Modificado por la Ley 2080 de 2021.

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De ser afirmativa la respuesta, ¿Hay lugar a ordenar a las autoridades accionadas
el cumplimiento de los artículos 51 de la Ley 1448 de 2011, 91, 95 parágrafo 1 y 144
del Decreto 4800 de 2011?

2.3. Razones jurídicas de la decisión

Para resolver el problema jurídico planteado, se analizarán los siguientes temas: (i)
naturaleza de la acción de cumplimiento; (ii) requisito de procedibilidad;y (iii) análisis
del caso concreto.

2.3.1. Naturaleza de la acción de cumplimiento

La acción de cumplimiento está instituida en el artículo 87 de la Constitución Política;
como un mecanismo para que toda persona pueda, «acudir ante la autoridad judicial
para hacer efectivo el cumplimiento de una Ley o un acto administrativo. En caso de
prosperar la acción, la sentencia ordenará a la autoridad renuente el cumplimiento del
deber omitido».

En igual sentido, el artículo 1° de la Ley 393 de 1997 precisa que, «Toda persona
podrá acudir ante la autoridad judicial definida en esta Ley para hacer efectivo el
cumplimiento de normas aplicables con fuerza material de Ley o actos
administrativos».

Colombia es un Estado Social de Derecho, y dentro de sus fines esenciales está el de
garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la
Constitución; teniendo en cuenta lo anterior y que las autoridades de la República
están instituidas, entre otras cosas, para asegurar el cumplimiento de los deberes
sociales del Estado y de los particulares (artículo 2.° de la Constitución Política), la
acción en estudio permite la realización de este postulado, logrando la eficacia
material de la ley y de los actos administrativos expedidos por las diferentes
autoridades en cumplimiento de sus funciones públicas.

De este modo, la acción de cumplimiento constituye el instrumento adecuado para
demandar a las autoridades o los particulares que ejercen funciones públicas, ante el
inminente incumplimiento; la efectividad de las normas con fuerza material de ley y de
los actos administrativos.

Como lo señaló la Corte Constitucional «el objeto y finalidad de esta acción es
otorgarle a toda persona, natural o jurídica, e incluso a los servidores públicos, la
posibilidad de acudir ante la autoridad judicial para exigir la realización o el
cumplimiento del deber que surge de la ley o del acto administrativo y que es omitido
por la autoridad, o el particular cuando asume este carácter. De esta manera, la
referida acción se encamina a procurar la vigencia y efectividad material de las leyes
y de los actos administrativos, lo cual conlleva la concreción de principios medulares
del Estado Social de Derecho, que tienden a asegurar la vigencia de un orden
jurídico, social y económico justo» (subrayado por fuera del texto).

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Sin embargo, para que la acción de cumplimiento prospere, del contenido de la Ley
393 de 1997, se desprende que, se deben acreditar los siguientes requisitos mínimos:

a. Que el deber que se pide hacer cumplir se encuentre consignado en
normas aplicables con fuerza material de ley o actos administrativos vigentes
(art. 1.º)4.

b. Que el actor pruebe la renuencia de la entidad accionada frente al
cumplimiento del deber, antes de formular la demanda, bien sea por acción u
omisión del exigido o por la ejecución de actos o hechos que permitan deducir
su inminente incumplimiento (art. 8.º).

c. El artículo 8.° señala que, excepcionalmente, se puede prescindir de este
requisito “cuando el cumplirlo a cabalidad genere el inminente peligro de sufrir
un perjuicio irremediable”, caso en el cual deberá ser sustentado en la
demanda.

d. Que el afectado no tenga o haya podido ejercer otro instrumento judicial
para lograr el efectivo cumplimiento del deber jurídico o administrativo omitido,
salvo el caso que, de no proceder el juez, se produzca un perjuicio grave e
inminente para quien ejerció la acción, circunstancia esta que hace
procedente la acción. Por tanto, es improcedente la acción que persigue la
protección de derechos que puedan ser garantizados a través de la acción
de tutela; o se pretenda el cumplimiento de normas que establezcan gastos a
la administración (art. 9.º).

2.1. De la renuencia

El inciso segundo del artículo 8.° de la Ley 393 de 1997, en concordancia con el
numeral 5.° del artículo 10 ibidem, estableció como requisito de procedibilidad de esta
acción constitucional, que con la demanda el accionante aporte la prueba de haber
pedido a las entidades accionadas en forma directa y con anterioridad al ejercicio de
la acción, el cumplimiento del deber legal o administrativo presuntamente desatendido
por aquélla y, que la autoridad requerida se ratifique en el incumplimiento o guarde
silencio frente a la solicitud; de esta manera, quedará acreditada la renuencia de la
respectiva autoridad administrativa y el actor podrá ejercer la acción de cumplimiento.

Al respecto esta Sección ha señalado que:

Para entender a cabalidad este requisito de procedencia de la acción es importante
tener en cuenta dos supuestos: La reclamación del cumplimiento y la renuencia.

El primero, se refiere a la solicitud dirigida a la autoridad o al particular que incumple la
norma, la cual constituye la base de la renuencia, que si bien no está sometida a

4 Estoexcluye el cumplimiento de las normas de la Constitución Política, que por lo general
consagran principios y directrices.

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formalidades especiales, se ha considerado que debe al menos contener: La
petición de cumplimiento de una norma con fuerza material de ley o de un acto
administrativo; el señalamiento preciso de la disposición que consagra una
obligación y la explicación del sustento en el que se funda el incumplimiento.

Por su parte, la renuencia al cumplimiento puede configurarse en forma tácita o
expresa, puesto que se presenta cuando el destinatario del deber omitido
expresamente ratifica el incumplimiento o si transcurridos 10 días desde la
presentación de la solicitud, la entidad o el particular guardan silencio con relación a la
aplicación de la norma. Esto muestra que el requisito de procedencia de la acción
prueba la resistencia del destinatario de la norma a cumplir con ella.

Así las cosas, para probar la constitución de la renuencia expresa es necesario analizar
tanto la reclamación del cumplimiento como la respuesta del destinatario del deber
omitido, puesto que la primera delimita el marco del incumplimiento reclamado. Y, para
demostrar la renuencia tácita es necesario estudiar el contenido de la petición de
cumplimiento que previamente debió formular el demandante, pues, como se dijo,
aquella define el objeto jurídico sobre el cual versará el procedimiento judicial para
exigir el cumplimiento de normas con fuerza material de ley o actos administrativos [5]
(Negrillas fuera de texto).

Por lo tanto, la Sala debe estudiar si la parte actora cumplió con su carga de probar
que constituyó en renuencia a la accionada, antes de instaurar la demanda.

Para el cumplimiento de este requisito de procedibilidad es importante tener en
cuenta, como lo ha señalado la Sala, que «el reclamo en tal sentido no es un simple
derecho de petición sino una solicitud expresamente hecha con el propósito de
cumplir el requisito de la renuencia para los fines de la acción de cumplimiento»6, ya
que no se ha dado por demostrado su agotamiento cuando la petición «tiene una
finalidad distinta a la de constitución en renuencia».

Resulta relevante para la Sala precisar que la renuencia debe entenderse como la
negativa del ente accionado frente a la solicitud de cumplimiento de la disposición,
bien porque no dé respuesta oportunamente o porque, aunque sea emitida en tiempo,
«resulte contraria al querer del ciudadano»7

En el presente asunto, la parte actora reclama el cumplimiento de los artículos 51 de
la Ley 1448 de 2011, 91, 95 –parágrafo 1– y 144 del Decreto 4800 de 2011.

Revisado el expediente, se encontró escrito del 7 de marzo de 2023, dirigido al MEN
y al ICETEX, con miras a constituir en renuencia a las entidades demandadas en el
que solicitó:

5 [En la providencia se citó «Sobre el tema, Consejo de Estado, Sección Quinta, providencia del 24

de junio de 2004, exp. ACU-2003-00724, MP.: Darío Quiñones Pinilla»]
6 Sección Quinta, providencia del 20 de octubre de 2011, Exp. 2011-01063, M.P. Mauricio Torres

Cuervo.
7 Lo mismo se reitera en Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 15 de diciembre de 2015,

radicación n.º 25000-23-41-000-2016-02003-01 (ACU); Consejo de Estado, Sección Quinta,
sentencia del 17 de noviembre de 2016, radicación n.º 15001-33-33-000-2016-00690-01 (ACU);
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 15 de septiembre de 2016, radicación n.º 15001-
23-33-000-2016-00249-01(ACU), en todas, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez, entre otras.

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«[P]rocedan al INMEDIATO CUMPLIMIENTO Y ACATO INTEGRAL de la LEY 1448
DE 2011 y su Decreto Reglamentario 4800 de 2011, aplicable para las fechas aquí
señaladas; los cuales, en materia de EDUCACIÓN SUPERIOR, han dispuesto lo
siguiente: Artículo 51 Ley 1448 de 2011. el MINISTERIO DE EDUCACION
NACIONAL INCLUIRA a las VICTIMAS de que trata la presente ley, dentro de las
estrategias a la población diversa y ADELANTARA LAS GESTIONES PARA QUE
SEAN INCLUIDAS DENTRO DE LAS LINEAS ESPECIALES DE CREDITO Y
SUBSIDIOS DEL ICETEX. Decreto 4800 de 2011. Que el Gobierno reconoce que los
esfuerzos de REPARACION A LAS VICTIMAS de que trata el artículo 3° de la Ley
1448 de 2011, no se pueden confundir con aquellos realizados en cumplimiento
de las políticas sociales. Artículo 1°. Objeto. El presente decreto tiene por objeto
ESTABLECER LOS MECANISMOS para la adecuada implementación de las
medidas de ASISTENCIA, ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS
VICTIMAS de que trata el artículo 3° de la Ley 1448 de 2011, para la
MATERIALIZACION de sus derechos constitucionales. Artículo 5°. Enfoque
transformador. Las medidas de reparación contenidas en el presente decreto buscan
contribuir a la eliminación de los esquemas de DISCRIMINACION Y
MARGINACION que contribuyeron a la victimización. Artículo 10.
Corresponsabilidad. TODAS LAS ENTIDADES ESTATALES, tanto del nivel nacional
como del territorial, tienen la RESPONSABILIDAD DE PREVENIR, ASISTIR,
ATENDER Y REPARAR INTEGRALMENTE A LAS VICTIMAS en los términos de los
artículos 3° y 9° de la Ley 1448 de 2011, conforme a sus competencias y
responsabilidades. ASISTENCIA EN EDUCACION SUPERIOR: Artículo 95.
Parágrafo 1°. LA POBLACION VICTIMA, de acuerdo con los requisitos establecidos
por el ICETEX, PARTICIPARA DE FORMA PRIORITARIA EN LAS LINEAS Y
MODALIDADES ESPECIALES DE CREDITO EDUCATIVO, así como de los
SUBSIDIOS FINANCIADOS POR LA NACION, para lo cual, el ICETEX ajustará los
criterios de calificación incorporando en ellos la CONDICION DE VICTIMA para
el acceso a las LINEAS DE CREDITO SUBSIDIADO. 8»

En la transcripción efectuada se observa que el actor, no hizo referencia a toda la
normatividad que a través de esta acción pretende que se cumpla, únicamente
requiere a las accionadas respecto de los artículos 51 de la Ley 1448 de 2011 y 95-
parágrafo del Decreto 4800 del mismo año, y si bien consignó otros de este último no
corresponde a los exigidos en la demanda, esto es, 91 y 144.

Por otra parte, se precisa que respecto de dicha solicitud obra en el expediente
únicamente respuesta del ICETEX9, en la que le advierte al peticionario que no ha
incumplido las normas invocadas.

Así las cosas, es evidente que no se agotó en debida forma la renuencia, razón por la
que se rechazará la demanda en lo que atañe a los artículos 91 y 144 de Decreto 4800
del mismo año. En cuanto a los artículos 51 de la Ley 1448 de 2011 y 95 Parágrafo
del Decreto 4800 de esa anualidad, de se dará por superado el requerimiento y se
procederá con el estudio del asunto.

8 Transcripción literal con posibles errores ortográficos
9 Del 30 de marzo de 2023, en la que refiere que la petición fue radicada el 15 de marzo del mismo

año.

9 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Camilo Alejandro Alfonso Gómez
Demandado: Ministerio de Educación e ICETEX
Radicado: 76001-23-33-001-2023-00439-01

2.2. Procedencia de la acción de cumplimiento

Teniendo en cuenta lo señalado en precedencia, se abordará el estudio en relación
con la acción incoada respecto de las normas, frente a las cuales se agotó el requisito
de procedibilidad previsto en la ley.

Los artículos reclamados en cumplimiento disponen textualmente:

Ley 1448 de 2011:

Artículo 51. MEDIDAS EN MATERIA DE EDUCACIÓN. Las distintas autoridades
educativas adoptarán, en el ejercicio de sus competencias respectivas, las medidas
necesarias para asegurar el acceso y la exención de todo tipo de costos académicos
en los establecimientos educativos oficiales en los niveles de preescolar, básica y
media a las víctimas señaladas en la presente ley, siempre y cuando estas no cuenten
con los recursos para su pago. De no ser posible el acceso al sector oficial, se podrá
contratar el servicio educativo con instituciones privadas.

En educación superior, las instituciones técnicas profesionales, instituciones
tecnológicas, instituciones universitarias o escuelas tecnológicas y universidades de
naturaleza pública, en el marco de su autonomía, establecerán los procesos de
selección, admisión y matrícula que posibiliten que las víctimas en los términos de la
presente ley, puedan acceder a sus programas académicos ofrecidos por estas
instituciones, especialmente mujeres cabeza de familia y adolescentes y población en
condición de discapacidad.

Por su parte, el Ministerio de Educación Nacional incluirá a las víctimas de que trata la
presente ley, dentro de las estrategias de atención a la población diversa y adelantará
las gestiones para que sean incluidas dentro de las líneas especiales de crédito y
subsidios del ICETEX. (Subraya extra texto, corresponde al inciso que reclama el actor
en cumplimiento)

Dentro de los cupos habilitados y que se habilitaren para la formación que imparte el
Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, se priorizará, facilitará y garantizará el acceso
a las víctimas de que trata la presente ley.

Decreto 4800 de 2011:

Artículo 95. Educación superior. El Ministerio de Educación Nacional promoverá que
las instituciones de educación superior, en el marco de su autonomía, consagrado en
el artículo 69 de la constitución y el artículo 28 de la Ley 30 de 1992, establezcan a la
entrada en vigencia del presente decreto, los procesos de selección, admisión y
matrícula, así como los incentivos que permitan a las víctimas, reconocidas en el
artículo 3° de la Ley 1448 de 2011, especialmente mujeres cabeza de familia,
adolescentes y población en condición de discapacidad, acceder a su oferta
académica.

El Ministerio de Educación Nacional fortalecerá, las estrategias que incentiven el
acceso de la población víctima a la educación superior.

Parágrafo 1°. La población víctima, de acuerdo con los requisitos establecidos por el
Instituto Colombino de Crédito y Estudios Técnicos en el Exterior -Icetex, participará de

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forma prioritaria en las líneas y modalidades especiales de crédito educativo, así como
de los subsidios financiados por la Nación, para lo cual, el Icetex ajustará los criterios
de calificación incorporando en ellos la condición de víctima para el acceso a las líneas
de crédito subsidiado. (…) (subraya corresponde al aparte de la norma, que reclama el
actor en cumplimiento)

Frente a la normativa señalada, el actor reclama el cumplimiento del inciso 3 del
artículo 51 de la Ley 1448 de 2011, el inciso 2 y parte del parágrafo 1 del artículo 95
del Decreto 4800 de ese año.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, negó las pretensiones por considerar que
las normas reclamadas no ordenan al ICETEX o al MEN el otorgamiento de créditos
educativos o subsidios a la población víctima del conflicto, por esa sola condición, sino
que se requiere que se cumplan los requisitos exigidos, así como el trámite previsto en
cada caso. Por tanto, concluyó que no hubo incumplimiento de las normas
demandadas.

A su turno, para el demandante las normas de las que exige su cumplimiento contienen
un mandato imperativo e inobjetable para las entidades convocadas. Advirtió que el
ICETEX no lo incluyó en las líneas especiales de crédito condonables y subsidios
previstos en la Ley 1448 de 2011 y el Decreto 4800 de 2011, lo que a su juicio
demuestra la renuencia al cumplimiento de las normas invocadas.

Para el recurrente, las entidades accionadas deben integrar a las víctimas en
estrategias de atención para que sean tenidas en cuenta en las líneas especiales de
crédito. De ahí que expuso la que considera la forma adecuada de interpretar la
normatividad reclamada en cumplimento para que se acceda a sus pretensiones, con
miras a que se resuelva la situación particular que presenta con el crédito que gestionó
para cursar sus estudios de pregrado.

Revisada la demanda, resulta claro que el actor lo que pretende es ser incluido en una
modalidad de protección de carácter educativa, dirigida a aquellas personas
reconocidas como víctimas del conflicto armado, en aras de que el crédito que adquirió
para adelantar sus estudios universitarios bajo la línea TU ELIGES 25 %, sea
reclasificado a uno financiado por el Fondo Especial para las víctimas del conflicto
armado, en el que se permite su condonación.

Petición que ha elevado ante las demandadas sin obtener respuesta favorable, a pesar
de que considera – el demandante- cumple con las exigencias normativas para tal fin.
Según el escrito, por no estar al día con las cuotas pactadas10, se encuentra ad portas
de que el ICETEX, entidad que avaló el crédito educativo, curse las acciones legales
pertinentes tendientes a la recuperación del capital prestado, con las consecuentes
medidas de embargo.

Lo anterior demuestra, que lejos de lograr el cumplimiento de unas normas de carácter

10 Por las diferentes situaciones consecuencia de los actos violentos que ha padecido con su núcleo

familiar

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legal, el actor persigue a través de este mecanismo constitucional se resuelva una
situación particular y concreta, relacionada con el crédito educativo que adquirió bajo
la línea TU ELIGES 25%, cuando no era víctima del conflicto.

Tal como lo corrobora la documentación allegada con la demanda, que da cuenta de
sus múltiples solicitudes y acciones tendientes al cambio de la modalidad del crédito,
que han sido atendidas de manera desfavorable por las demandadas en cumplimiento,
al considerar que el aquí accionante, no satisface los requisitos exigidos en la
normatividad aplicable, conforme a sus peticiones.

Lo anterior evidencia que cualquier irregularidad en que hubieran incurrido las
entidades accionadas, pudo haber sido controvertida por el interesado ante el juez de
lo contencioso administrativo, posibilidad que torna improcedente el medio de control
de cumplimiento.

Si bien es cierto, es viable superar este requisito de procedencia – subsidiariedad-
cuando se advierte la existencia de un perjuicio grave e inminente, en los términos
señalados por la Corte Constitucional11, también lo es que, en el caso concreto el actor
no lo acredita.

Así las cosas, conforme el artículo 9.º de la Ley 393 de 1997, esta acción no procede
cuando el afectado tenga o haya tenido otro instrumento de defensa judicial para hacer
efectivo el cumplimiento de la norma o acto administrativo, salvo que, de no proceder
el juez, se cause un perjuicio grave e inminente para el accionante.

En este caso, se reitera, el actor contaba con otro instrumento de defensa judicial, en
aras de lograr la aplicación de la normatividad reclamada como incumplida, situación
que no permite el estudio de fondo del asunto.

Así las cosas, se revocará la decisión adoptada por el Tribunal Contencioso
Administrativo del Valle del Cauca, mediante la cual negó la acción de cumplimiento,
para en su lugar declarar su improcedencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la ley,

11 En cuanto a la cualificación de los hechos que configuran la inminencia de un perjuicio irremediable,

la jurisprudencia constitucional ha contemplado que ese perjuicio (i) debe ser inminente; (ii) debe
requerir de medidas urgentes para ser conjurado; (iii) debe tratarse de un perjuicio grave; y (iv) solo
puede ser evitado a partir de la implementación de acciones impostergables. El perjuicio ha de ser
inminente: "que amenaza o está por suceder prontamente". Con lo anterior se diferencia de la
expectativa ante un posible daño o menoscabo, porque hay evidencias fácticas de su presencia real en
un corto lapso, que justifica las medidas prudentes y oportunas para evitar algo probable y no una mera
conjetura hipotética. Corte Constitucional, Sentencia T-953 de 2013, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.

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FALLA

PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 8 de noviembre de 2023, proferida por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que negó la acción de cumplimiento, para
en su lugar, RECHAZAR la demanda respecto de los artículos 91 y 144 del Decreto
4800 de 2011 y DECLARAR LA IMPROCEDENCIA en lo que atañe a los artículos
51 de la Ley 1448 de 2011 y 95-parágrafo del referido Decreto, por las razones
expuestas.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la Ley
393 de 1997.

TERCERO: En firme esta sentencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado (E1)

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos, conforme a lo
dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364de 2012.

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