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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 52001-23-33-000-2025-00272-01

Fecha
12 de febrero de 2026
Consejero ponente
Luis Alberto Álvarez Parra

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 52001-23-33-000-2025-00272-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO. Revocar parcialmente la sentencia de 7 de noviembre de 2025 del Tribunal Administrativo de Nariño en cuanto condenó en costas a la parte actora y se confirma la decisión de la declaratoria de improcedencia de la acción por subsidiariedad, de acuerdo con lo expuesto en esta sentencia. 10 Calle 12 n.º 7-65 – Tel: (+57) 601350-6700 – Bogotá, D. C., (Colombia) www.consejodeestado.gov.co Demandante: Diana Stefanía Castillo Riascos Demandado: ICETEX Radicación: 52001-23-33-000-2025-00272-01 SEGUNDO. Notificar a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la Ley 393 de 1997. TERCERO. En firme esta decisión, devolver el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 52001-23-33-000-2025-00272-01

Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra

12 de febrero de 2026

Demandante: Diana Stefanía Castillo Riascos
Demandado: ICETEX
Radicación: 52001-23-33-000-2025-00272-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá, D. C., doce (12) de febrero de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Acción de cumplimiento
Radicación: 52001-23-33-000-2025-00272-01
Demandante: Diana Stefanía Castillo Riascos
Demandado: Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos
en el Exterior

Tema: Revoca parcialmente —improcedencia por subsidiariedad.
Existencia de otros mecanismos judiciales – revoca condena en
costas.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación interpuesta por la pare accionante contra la
sentencia de 7 de noviembre de 2025 de la Sala Segunda de Decisión del Tribunal
Administrativo de Nariño que declaró improcedente la acción de cumplimiento y
condenó en costas a la parte actora.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de cumplimiento.

En ejercicio de la acción desarrollada por la Ley 393 de 1997, la señora Diana
Stefanía Castillo Riascos demandó al Instituto Colombiano de Crédito Educativo y
Estudios Técnicos en el Exterior, en adelante ICETEX, para que se le ordene el
cumplimiento del artículo 3.º del Acuerdo 071 de 2013. En la demanda se pretende
que se ordene a la demandada a liquidar el crédito educativo de la accionante y se
le condene en costas.

2. Hechos

La actora fue beneficiaria de la condonación del 50 % del crédito educativo línea
tradicional – protección constitucional 0 % No. 3890873. La condonación se aplicó
mediante Acta 021 del 28 de mayo de 2025.

Durante el periodo académico estudiantil se hicieron los siguientes desembolsos,
incluyendo solo el valor de la matrícula sin intereses:

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Demandante: Diana Stefanía Castillo Riascos
Demandado: ICETEX
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Culminada la etapa de estudio se hizo el traslado a cobro el 3 de mayo de 2024
con un saldo total de $ 36 496 293 24 que corresponde al saldo de capital
adeudado más intereses corrientes.

Una vez reconocido el 50 % de la condonación, el ICETEX hizo la liquidación
tomando como base únicamente el valor desembolsado ($ 29 963 600) omitiendo
el monto de los intereses corrientes ($ 6 614 021 24), el valor de la condonación
que se aplicó fue de $ 14 981 800, el cual incumple las previsiones del artículo 3
del acuerdo 025 de 2027, norma vigente que adopta el reglamento de Icetex.

En razón de lo expuesto, la accionante hizo una petición ante el ICETEX, el 27 de
agosto de los cursantes, solicitando la reliquidación del crédito educativo con la
correcta aplicación del porcentaje de condonación.

El 10 de septiembre siguiente, el ICETEX respondió su solicitud de manera
negativa.

El 18 de septiembre de 2025 la accionante radicó una nueva solicitud ante el
ICETEX con el fin de constituirlo en renuencia, solicitando el cumplimiento del
artículo 3.º del Acuerdo 071 de 2013, petición que fue absuelta negativamente.

3. Admisión de la demanda

El asunto fue radicado ante el Juzgado Sexto Administrativo de Pasto, el cual
avocó el conocimiento de la acción por auto del 8 de octubre de 2025 y en el que
ordenó notificar al ICETEX. Luego, el asunto fue remitido por competencia
funcional al Tribunal Administrativo de Nariño quien procedió a dictar la sentencia
de primera instancia.

4. Informe

El ICETEX se opuso a la prosperidad de la demanda, alegó que la demandante
partía de una confusión conceptual: una cosa es cómo se determina el valor a
condonar y otra distinta es sobre qué saldo se aplica ese valor. Explicó que el
Acuerdo 071 de 2013 modificó reglas previas, pero el Acuerdo 025 de 2017
(Reglamento de Crédito) subrogó la regulación pertinente y luego fue modificado
por el Acuerdo 017 de 2021. Desde esa lectura, indicó que el monto de
condonación se calcula sobre el crédito otorgado/desembolsado (en el caso,

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matrícula por $ 29 963 600) y, ya determinado ese monto (50 % = $ 14 981 800),
se imputa al saldo en cobro (capital + intereses causados), conforme a las reglas
internas de imputación. Afirmó que ninguna norma imponía condonar como lo
pretendía la actora, porque la obligación exigible en acción de cumplimiento debe
ser clara, concreta, directa e inobjetable, y alegó que la actora citó apartes de
manera incompleta y descontextualizada.

Finalmente, planteó improcedencia por subsidiariedad, al existir otro mecanismo
para discutir divergencias interpretativas y contractuales: la acción de
responsabilidad civil contractual ante la jurisdicción ordinaria, dado el régimen de
derecho privado aplicable a operaciones de la entidad y lo previsto en el artículo
105 del CPACA sobre exclusión de competencia contenciosa en estos contratos
del giro ordinario; además, alegó ausencia de prueba de perjuicio grave e
inminente.

5. Sentencia de primera instancia

El Tribunal Administrativo de Nariño, en sentencia de 7 de noviembre de 2025,
declaró improcedente el medio de control de cumplimiento; (i) la norma cuyo
cumplimiento se pedía (Acuerdo 071 de 2013) perdió vigencia por derogatoria
expresa del Acuerdo 025 de 2017, de modo que el juez no puede ordenar cumplir
un mandato no actualmente exigible; (ii) aun al margen de lo anterior, el debate
planteado (condiciones, liquidación y condonación del crédito educativo)
corresponde a una controversia contractual del mutuo sometida al derecho privado,
con otro medio judicial idóneo ante la jurisdicción ordinaria (proceso
declarativo/acción contractual), además de no acreditarse perjuicio irremediable,
grave e inminente que habilitara la excepción a la subsidiariedad y condenó en
costas a la accionante, bajo criterio objetivo. Finalmente condenó en costas a la
accionante.

6. Impugnación

La parte accionante, en síntesis, solicitó revocar la sentencia del Tribunal porque, a
su juicio, aplicó de manera errónea el requisito de subsidiariedad y la regla de
exclusión competencial del artículo 105 del CPACA, porque —a su juicio— el
objeto del proceso no es contractual (ni pretende discutir el contrato de mutuo),
sino exigir el cumplimiento de un deber administrativo derivado de los Acuerdos
que reglamentan la condonación (en especial, la correcta forma de reliquidar el
crédito aplicando el beneficio). En esa línea, afirmó que enviar el asunto a una
acción ordinaria de responsabilidad civil contractual desnaturaliza la acción de
cumplimiento (Ley 393 de 1997), pues lo pretendido sería una orden directa e
inmediata de ejecución del mandato reglado y no una indemnización; además,
plantea que el debate de fondo se reduce a una operación aritmética (base de
cálculo de la condonación) y no a un litigio probatorio complejo propio del proceso
ordinario.

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Adicionalmente, controvierte la conclusión sobre la inexistencia de un mandato
claro, expreso y exigible: aunque el Acuerdo 071 de 2013 estuviera derogado,
sostiene que el contenido material del deber (aplicar la condonación sobre el saldo
de la obligación, que comprende capital e intereses) se mantuvo o fue subrogado
en la reglamentación vigente, y reprocha que el Tribunal se haya detenido en la
formalidad del número del acuerdo sin analizar el mandato sustantivo aplicable.

Por último, cuestionó que se exigiera la acreditación de perjuicio irremediable como
estándar, y en todo caso expone afectaciones financieras y crediticias (reporte,
crecimiento de la deuda por intereses, finalidad social de la condonación) para
sustentar la urgencia y pidió revocar la condena en costas.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

Esta Sección es competente para resolver la impugnación contra la sentencia de 7
de noviembre de 2025 del Tribunal Administrativo de Nariño, de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 3.º de la Ley 393 de 1997 , 125, 150 y 243 del CPACA,
así como en el artículo 13, numeral 7.º, del Acuerdo núm. 080 del 12 de marzo de
2019 proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado que establece la
competencia de la Sección Quinta de esta Corporación para conocer de «las
apelaciones contra las providencias susceptibles de ese recurso que se dicten por
los Tribunales Administrativos en primera instancia en las acciones de
cumplimiento».

2. Problemas jurídicos a resolver

Corresponde a la sala determinar si modifica, confirma o revoca la sentencia de 7
de noviembre de 2025. Para lo anterior, la Sala plantea los siguientes:

¿La parte actora cumplió con el requisito de procedibilidad de la constitución en
renuencia a la accionada, de conformidad con lo previsto en el artículo 8.º de la
Ley 393 de 1997?

¿En el presente caso se superan los presupuestos de procedencia?

3. Razones jurídicas de la decisión

La sala analizará los siguientes temas: (i) generalidades de la acción; (ii) requisito
de procedibilidad de la renuencia; (iii) requisitos de procedencia en el caso
concreto (iv) el fondo del asunto.

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3.1. Generalidades

La acción de cumplimiento está instituida en el artículo 87 de la Constitución
Política, como un mecanismo1 para que toda persona pueda «acudir ante la
autoridad judicial para hacer efectivo el cumplimiento de una Ley o un acto
administrativo. En caso de prosperar la acción, la sentencia ordenará a la autoridad
renuente el cumplimiento del deber omitido». En igual sentido, el artículo 1.º de la
Ley 393 de 1997 precisa que «[t]oda persona podrá acudir ante la autoridad judicial
definida en esta Ley para hacer efectivo el cumplimiento de normas aplicables con
fuerza material de Ley o actos administrativos».

Teniendo en cuenta que Colombia es un estado social de derecho y que dentro de
sus fines esenciales está el de garantizar la efectividad de los principios, derechos
y deberes consagrados en la Constitución; y que las autoridades de la República
están instituidas, entre otros, para asegurar el obedecimiento de los deberes
sociales del Estado y de los particulares (artículo 2.º de la Constitución Política), el
medio de control permite la realización de este postulado para lograr la eficacia
material de la ley y de los actos administrativos expedidos por las diferentes
autoridades en atención de sus funciones públicas.

De este modo, constituye el instrumento adecuado para demandar de las
autoridades o de los particulares que ejercen funciones públicas, la efectividad de
las normas con fuerza material de ley y de los actos administrativos. La Corte
Constitucional señaló:

[E]l objeto y finalidad de esta acción es otorgarle a toda persona, natural o jurídica, e
incluso a los servidores públicos, la posibilidad de acudir ante la autoridad judicial
para exigir la realización o el cumplimiento del deber que surge de la ley o del acto
administrativo y que es omitido por la autoridad, o el particular cuando asume este
carácter. De esta manera, la referida acción se encamina a procurar la vigencia y
efectividad material de las leyes y de los actos administrativos, lo cual conlleva la
concreción de principios medulares del [e]stado [s]ocial de [d]erecho, que tienden a
asegurar la vigencia de un orden jurídico, social y económico justo2.

Sin embargo, para la prosperidad del medio de control, del contenido de la Ley 393
de 1997, se desprende que se deben cumplir varios requisitos mínimos. Estos
presupuestos se han identificado y precisado que son los siguientes:

(i) Que el actor pruebe la renuencia de la entidad accionada frente al
obedecimiento del deber, antes de instaurar la demanda, bien sea por acción u
omisión o por la ejecución de actos o hechos que permitan deducir su imperioso

1 Al respecto, pueden consultarse, entre otras, las siguientes providencias: Consejo de Estado, Sección Quinta,

sentencia de 10 de noviembre de 2016, radicación: 20001-23-33-000-2016-00371-01 (ACU), sentencia de 15
de diciembre de 2016, radicación: 25000-23-41-000-2016-00814-01 (ACU), MP. Alberto Yepes Barreiro,
sentencia de 2 de febrero de 2017, radicación: 11001-33-42-048-2016-00636-01 (ACU). MP. Lucy Jeannette
Bermúdez Bermúdez (E) y Sentencia de 23 de junio de 2022, radicación: 25000-23-41-000-2022-00203-01
(ACU), MP. Luis Alberto Álvarez Parra.
2 Cfr. Corte Constitucional, sentencia C-157 de 1998. MP. Antonio Barrera Carbonell y Hernando Herrera

Vergara.

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incumplimiento. Excepcionalmente, se puede prescindir de este requisito «cuando
el cumplirlo a cabalidad genere el inminente peligro de sufrir un perjuicio
irremediable» caso en el cual corresponde ser sustentado en la solicitud [artículo
8.º]. La falta de acreditación de este presupuesto implica el rechazo de la acción de
cumplimiento.

(ii) Que el deber que se pide acatar se encuentre consignado en normas aplicables
con fuerza material de ley o actos administrativos vigentes [artículo 1.º]3.

(iii) Que el afectado no tenga o haya podido ejercer otro instrumento judicial para
lograr el efectivo cumplimiento del deber legal o administrativo, circunstancia esta
que la hace improcedente, salvo el caso que, de no proceder, se produzca un
perjuicio grave e inminente para quien ejerció la acción.

(iv) No pretender la protección de derechos que puedan ser garantizados a través
de la tutela o el acatamiento de normas que establezcan gastos a la Administración
[artículo 9.º]. Si se advierte la configuración de alguno de los tres puntos descritos
[ii., iii. y iv.], la decisión conlleva a la declaratoria de improcedencia del medio de
control.

Finalmente, si los anteriores presupuestos se encuentran satisfechos, la sala
precisa que el estudio del fondo del asunto corresponde al de determinar si existe o
no el mandato imperativo e inobjetable en cabeza de aquella autoridad pública o
del particular en ejercicio de funciones públicas y frente a los cuales se haya
dirigido la acción, a partir de la/s disposición/es invocada/s, [artículos 5.º y 6.º]. Por
tanto, del referido análisis se concluirá la prosperidad o no de lo pretendido.

3.2. Normas contra las que procede la acción

Se ha establecido que las fuentes del derecho sobre las cuales recae el medio de
control son tanto la ley en sentido formal como material, esto último desde la óptica
de aquellos decretos con fuerza de ley o con vocación legislativa dictados por el
presidente de la República, en desarrollo de las facultades conferidas por los
artículos 150.10, 212, 213, 215 y 341 de la Constitución Política4.

Sin dejar a un lado, la procedencia contra los actos administrativos de contenido
general o particular, bajo el entendido que éstos reflejan la voluntad unilateral de la
Administración de producir efectos jurídicos, se precisa que no es dable este
mecanismo constitucional para pretender la observancia de normas
constitucionales «pues el propio Constituyente la diseñó para exigir la efectividad
de normas de inferior jerarquía. De hecho, a esta misma conclusión llegó la Corte

3 Esto excluye el cumplimiento de las normas de la Constitución Política, que por lo general consagran
principios y directrices.
4 Cfr. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, MP. Flavio Augusto Rodríguez Arce, providencia de

21 de enero de 1999, radicado n.º ACU-546.

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Constitucional en sentencia C-193 de 1998, al concluir que no procede [e]sta
acción constitucional para exigir el cumplimiento de normas supremas»5.

Ahora bien, frente al requisito de la renuencia, resulta pertinente manifestar que el
mismo se constituye en una exigencia de procedibilidad y, para ello, es necesario
que el demandante previo a acudir a la jurisdicción, haga una solicitud expresa de
cumplimiento del deber omitido a la autoridad pública o al particular que ejerce
funciones públicas sobre la ley o el acto administrativo objeto de requerimiento, lo
cual puede realizarse a través del derecho de petición pero enfocado al fin
reseñado6.

Por su parte, la subsidiariedad implica la improcedencia, si se cuenta con otros
mecanismos de defensa jurídica para lograr el efectivo acatamiento de la ley o del
acto administrativo, salvo que se esté en presencia de una situación gravosa o
urgente, que desplace el instrumento judicial ordinario, como salvaguarda de un
perjuicio irremediable. Igual a lo que acaece frente a la tutela, pues se trata de
instrumentos judiciales residuales y no principales.

Asimismo, por expresa disposición legislativa la acción no se puede incoar frente a
normas que generen gastos,7 a menos que estén apropiados;8 o cuando se
pretenda la protección de derechos fundamentales. En este último caso, el juez
competente deberá convertir el trámite en el mecanismo previsto por el artículo 86
constitucional9.

3.3. De la renuencia

El requisito de la constitución en renuencia consiste en el reclamo previo y por
escrito que debe presentar el interesado a la autoridad exigiendo atender un
mandato legal o previsto en un acto administrativo con citación precisa de este10 y
que la autoridad se ratifique en el incumplimiento o no conteste en el plazo de diez
días siguientes a la presentación de la solicitud.

Sobre este presupuesto de procedibilidad, la sala ha señalado que «el reclamo en
tal sentido no es un simple derecho de petición sino una solicitud expresamente
hecha con el propósito de cumplir el requisito de la renuencia para los fines de la
acción de cumplimiento»11. Igualmente, esta Sección12 ha dicho que:

5 Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia de 3 de junio de 2004, radicación: 44001-23-31-000-2004-

0047-01(ACU), MP. Darío Quiñones Pinilla.
6 Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 9 de mayo de 2012, radicación: 76001-23-31-000-

2011-00891-01 (ACU), MP. Susana Buitrago Valencia (E).
7 Cfr. Consejo de Estado, sentencia del 15 de marzo de 2001, expediente, radicación: 05001-23-31-000-2000-

4673-01(ACU). MP. Darío Quiñones Pinilla.
8 Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 14 de mayo de 2015, radicación: 25000-23-41-000-

2015-00493-01 (ACU), MP. Alberto Yepes Barreiro.
9
Sentencia antes citada.
10Sobre el particular esta Sección ha dicho «[l]a Sala también ha explicado que con el fin de constituir en

renuencia a una entidad pública o a un particular que actúe o deba actuar en ejercicio de funciones públicas, es
necesario haber reclamado de éste el cumplimiento del deber legal o administrativo, para lo cual se deberá
precisar la norma o normas en que se consagró su deber inobjetable y, por ende, exigible».
11 Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, providencia de 20 de octubre de 2011, radicación: 2011-01063

(ACU), MP. Mauricio Torres Cuervo.

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Para entender a cabalidad este requisito de procedencia de la acción es importante
tener en cuenta dos supuestos: La reclamación del cumplimiento y la renuencia.

El primero, se refiere a la solicitud dirigida a la autoridad o al particular que incumple
la norma, la cual constituye la base de la renuencia, que si bien no está sometida a
formalidades especiales, se ha considerado que debe al menos contener: La
petición de cumplimiento de una norma con fuerza material de ley o de un acto
administrativo; el señalamiento preciso de la disposición que consagra una
obligación y la explicación del sustento en el que se funda el incumplimiento.

Por su parte, la renuencia al cumplimiento puede configurarse en forma tácita o
expresa, puesto que se presenta cuando el destinatario del deber omitido
expresamente ratifica el incumplimiento o si transcurridos 10 días desde la
presentación de la solicitud, la entidad o el particular guardan silencio con relación a
la aplicación de la norma. Esto muestra que el requisito de procedencia de la acción
prueba la resistencia del destinatario de la norma a cumplir con ella.

Así las cosas, para probar la constitución de la renuencia expresa es necesario
analizar tanto la reclamación del cumplimiento como la respuesta del destinatario del
deber omitido, puesto que la primera delimita el marco del incumplimiento
reclamado. Y, para demostrar la renuencia tácita es necesario estudiar el contenido
de la petición de cumplimiento que previamente debió formular el demandante, pues,
como se dijo, aquella define el objeto jurídico sobre el cual versará el
procedimiento judicial para exigir el cumplimiento de normas con fuerza
material de ley o actos administrativos[13] (Negrillas fuera de texto).

En efecto, el inciso segundo del artículo 8.º de la Ley 393 de 1997 establece que
«[c]on el propósito de constituir la renuencia, la procedencia de la acción requerirá
que el accionante previamente haya reclamado el cumplimiento del deber legal o
administrativo y la autoridad se haya ratificado en su incumplimiento o no
contestado dentro de los diez (10) días siguientes a la presentación de la solicitud».

Por otra parte, para dar por satisfecho este presupuesto no es necesario que el
solicitante, en su petición, haga mención explícita y expresa que su objetivo es
constituir en renuencia a la autoridad, pues el artículo 8.º de la Ley 393 de 1997 no
lo prevé así; por ello, basta con advertir del contenido de la petición que lo
pretendido es el obedecimiento de un deber legal o administrativo y que, de este,
pueda inferirse el propósito de agotar el requisito en mención.

En esa medida, el Consejo de Estado no ha dado por demostrado el requisito de
procedibilidad cuando la petición «tiene una finalidad distinta a la de constitución en
renuencia». Resulta relevante para la sala precisar que la renuencia debe
entenderse como la negativa del ente accionado frente a la solicitud de

12 Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 9 de junio de 2011, radicación: 47001-23-31-000-

2011-00024-01 (ACU), MP. Susana Buitrago Valencia.
13 En la providencia se citó «Consejo de Estado, Sección Quinta, providencia del 24 de junio de 2004, exp.

ACU-2003-00724, MP. Darío Quiñones Pinilla».

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cumplimiento de la disposición, bien porque no dé respuesta oportunamente o
porque, aunque sea emitida en tiempo, resulte contraria al querer del ciudadano»14.

En el caso concreto, el extremo accionante acompañó con la demanda el escrito de
El 18 de septiembre de 2025 en el que solicitó al ICETEX el cumplimiento del
artículo 3.º del Acuerdo 071 de 2013, petición que fue absuelta negativamente.

Lo anterior, resulta suficiente para entender por agotado el requisito de
procedibilidad de la renuencia frente a la autoridad accionada.

3.4. Procedencia de la acción de cumplimiento

Más allá del análisis de la vigencia de la norma invocada, la Sección estima que en
el presente caso no se encuentra satisfecho el requisito de subsidiariedad de que
trata el artículo 9 de la Ley 393 de 1997, por cuanto la discusión que se pretende
ventilar a través de este mecanismo constitucional es susceptible de ser ventilada a
través de otra vía judicial15.

Al respecto, en anteriores oportunidades16, ha considerado que el debate que se
plantea entre los usuarios del ICETEX, en torno a las condiciones de los créditos
educativos, el cobro, la condonación y demás aspectos en torno a la ejecución de
tales negocios jurídicos, son situaciones que escapan de la órbita del juez de
cumplimiento.

En primer lugar, resulta pertinente indicar que, conforme el artículo 8 de la Ley
1002 de 2005, se estableció que el régimen jurídico aplicable a las operaciones que
realiza la entidad se encuentran sujetas al derecho de privado. La norma en
comento indica lo siguiente:

Régimen jurídico. Los actos que realice el Icetex para el desarrollo de sus
actividades comerciales o de gestión económica y financiera, estarán sujetos a las
disposiciones del derecho privado. Los actos que expida para el cumplimiento de las
funciones administrativas que le confían la ley y los estatutos, se sujetan a las reglas
previstas en el Código Contencioso Administrativo.

14 Lo mismo se reitera en Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 15 de diciembre de 2015,
radicación n.º 25000-23-41-000-2016-02003-01 (ACU); Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 17
de noviembre de 2016, radicación n.º 15001-33-33-000-2016-00690-01 (ACU); Consejo de Estado, Sección
Quinta, sentencia del 15 de septiembre de 2016, radicación n.º 15001-23-33-000-2016-00249-01(ACU), en
todas, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez, entre otras.
15 Cfr. Sentencia de 24 de mayo de 2012, radicado n° 05001-23-31-000-2010-02067- 01(ACU), M.P. Alberto

Yepes Barreiro, Sentencia de 23 de agosto de 2012, radicado n° 25000-23-31-000-2012-00425-01(ACU). M.P.
Mauricio Torres Cuervo, Sentencia de 21 de junio de 2012, radicado n° 05001-23-31-000-2006-01095-
01(ACU). M.P. Mauricio Torres. 19 Al respecto ver sentencia del 14 de diciembre de 2017, radicado número
25000-23-41- 000-2017-01513-01 y del 23 de junio de 2022, radicado número 76001-33-33-001-2022- 00240-
01, M.P. Rocío Araújo Oñate.
16 Entre otras decisiones, se pueden consultar las siguientes: i) Sentencia del 23 de junio de 2022, expediente

76001-33-33-001-2022-00240-01; ii) Sentencia del 1 de febrero de 2024, expediente 76001-23-33-001-2023-
00439-01, y iii) Sentencia del 12 de septiembre de 2024, expediente 23001-23-33-000-2024-00114-01

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Demandante: Diana Stefanía Castillo Riascos
Demandado: ICETEX
Radicación: 52001-23-33-000-2025-00272-01

Los contratos y demás actos jurídicos que deba celebrar y otorgar el Icetex como
entidad financiera de naturaleza especial, en desarrollo de su objeto y operaciones
autorizadas, se sujetarán a las disposiciones del derecho privado.

En consonancia con lo anterior, se debe atender a lo dispuesto en el artículo 105
de la Ley 1437 de 2011, el cual dispone que asuntos no son de competencia de la
jurisdicción contenciosa administrativa, dentro de los que se encuentran: [1. Las
controversias relativas a la responsabilidad extracontractual y a los contratos
celebrados por entidades públicas que tengan el carácter de instituciones
financieras, aseguradoras, intermediarios de seguros o intermediarios de valores
vigilados por la Superintendencia Financiera, cuando correspondan al giro ordinario
de los negocios de dichas entidades, incluyendo los procesos ejecutivos].

En ese sentido, resulta claro que el asunto no puede ser dirimido por el juez de
cumplimiento y tampoco por la jurisdicción contencioso-administrativa, siendo la
jurisdicción ordinaria a través de un proceso declarativo la llamada a determinar si
efectivamente se cumplen las condiciones para que proceda o no la condonación
de la obligación, así como la postura que sobre el particular alegó el impugnante al
reprochar lo resuelto por la primera instancia.

Ahora bien, excepcionalmente la ley permite superar el requisito de subsidiariedad,
en los eventos que se pretenda conjurar un perjuicio irremediable; no obstante, de
los medios de prueba arrimados al proceso, no se evidencia una circunstancia
constitutiva de éste.

En este punto, se estima que la conclusión a la que arribó el Tribunal Administrativo
de Nariño es acertada, esto es que la acción de cumplimiento del asunto es
improcedente; aclarando que dicha situación obedece única y exclusivamente al
hecho que la discusión planteada por las accionantes refiere a una disputa que
tienen con el ICETEX, con ocasión de las condiciones del crédito y su extinción.

Sin embargo, la Sala revocara parcialmente lo decidido en primera instancia, pues
no procede la condena en costas, toda vez que al ser esta una acción en la cual se
procura por el interés general nos encontramos ante la regla exceptiva del artículo
188 del CPACA, aplicable por remisión del artículo 30 de la Ley 393 de 1997.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,

III. FALLA:

PRIMERO. Revocar parcialmente la sentencia de 7 de noviembre de 2025 del
Tribunal Administrativo de Nariño en cuanto condenó en costas a la parte actora y
se confirma la decisión de la declaratoria de improcedencia de la acción por
subsidiariedad, de acuerdo con lo expuesto en esta sentencia.

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Demandante: Diana Stefanía Castillo Riascos
Demandado: ICETEX
Radicación: 52001-23-33-000-2025-00272-01

SEGUNDO. Notificar a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la Ley
393 de 1997.

TERCERO. En firme esta decisión, devolver el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

Esta providencia judicial fue firmada electrónicamente. Usted puede consultarla con el número de
radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx

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