Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 44001-23-40-000-2025-00069-01
Consejo de Estado · Sala Plena
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 44001-23-40-000-2025-00069-01
Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 44001-23-40-000-2025-00069-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 44001-23-40-000-2025-00069-01
Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya
21 de agosto de 2025
Demandantes: Ángela Vanesa Sánchez Beltrán y otra
Demandado: Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios
Técnicos en el Exterior “Mariano Ospina Pérez” - Icetex
Radicado: 44001-23-40-000-2025-00069-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrada ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Bogotá, D. C., veintiuno (21) de agosto de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO
Radicación: 44001-23-40-000-2025-00069-01
Demandantes: ÁNGELA VANESA SÁNCHEZ BELTRÁN Y OTRA
Demandado: INSTITUTO COLOMBIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO Y
ESTUDIOS TÉCNICOS EN EL EXTERIOR “MARIANO OSPINA
PÉREZ” – ICETEX.
Tema: Confirma improcedencia por subsidiariedad. Existencia de otros
mecanismos judiciales.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
Decide la Sala la impugnación formulada por la parte accionante contra la sentencia
del 15 de julio de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo de La Guajira, que
declaró la improcedencia del mecanismo constitucional.
I. ANTECEDENTES
1.1. Demanda1
Las ciudadanas Ángela Vanesa Sánchez Beltrán y Gloria Isabel Beltrán Martínez, por
conducto de apoderado judicial2, entablaron demanda en ejercicio de la acción de
cumplimiento, dispuesta en el artículo 87 de la Constitución Política y reglamentada
en la Ley 393 de 1997, en contra del Instituto Colombiano de Crédito Educativo y
Estudios Técnicos en el Exterior, Mariano Ospina Pérez, en lo sucesivo el Icetex.
Conforme lo anterior, formularon las siguientes pretensiones:
PRINCIPALES
1 Índice 2 Samai Cuaderno de primera instancia
2 El abogado Carlos Manuel Freyle Sánchez, según mandato conferido mediante mensaje de datos.
1
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandantes: Ángela Vanesa Sánchez Beltrán y otra
Demandado: Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios
Técnicos en el Exterior “Mariano Ospina Pérez” - Icetex
Radicado: 44001-23-40-000-2025-00069-01
PRIMERA: Que se declare que el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios
Técnicos en el Exterior "Mariano Ospina Pérez" – ICETEX, ha incurrido en
incumplimiento de la obligación contenida en el artículo 1º del Acuerdo 071 del 10 de
diciembre de 2013, expedido por su Junta Directiva, en lo relativo a la condonación
del 100% del valor del crédito educativo otorgado en la línea de pregrado modalidad
ACCES, a favor de la señora Ángela Sánchez Beltrán, por haber culminado
satisfactoriamente su programa académico y pertenecer a población indígena
debidamente certificada.
SEGUNDA: Que se ordene al Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios
Técnicos en el Exterior "Mariano Ospina Pérez" – ICETEX dar cumplimiento inmediato
al Acuerdo 071 de 2013, condonando en su totalidad el crédito educativo otorgado a la
accionante, conforme a los requisitos establecidos en dicho acto administrativo.
SUBSIDIARIAS
TERCERA: Que se ordene al ICETEX realizar el reintegro de los dineros que la
señora Ángela Sánchez Beltrán haya cancelado con posterioridad a la fecha en que
cumplió con los requisitos de condonación, conforme lo dispone el parágrafo del artículo
1º del Acuerdo 071 de 2013, el cual establece que si el estudiante ha efectuado pagos
que cubran total o parcialmente el valor de la matrícula, el ICETEX deberá reintegrar el
excedente de dichos pagos.
CUARTA: Que se disponga el cumplimiento del fallo en los términos del artículo 21 de
la Ley 393 de 1997 y se oficie a las autoridades competentes para que vigilen su
ejecución, conforme lo dispone la normatividad vigente.
QUINTA: Se ordene a la parte demandada el envío de copia de la contestación de la
presente acción de cumplimiento al correo electrónico indicado en el acápite de
notificaciones, así como la remisión de las pruebas y anexos que pretenda hacer valer,
todo ello en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 2°, 3°, 6° y 8° de la Ley 2213
de 2022, en concordancia con el artículo 111 y el artículo 78 numeral 14 del Código
General del Proceso (CGP). Lo anterior con el fin de garantizar el principio de
transparencia y el adecuado ejercicio del derecho de defensa, evitando así cualquier
vulneración al debido proceso y asegurando el cumplimiento oportuno de las
obligaciones procesales previstas en la normatividad vigente.
SEXTO: Que se oficie a la Procuraduría General de la Nación y a la Fiscalía General de
la Nación, para que adelanten las investigaciones disciplinarias, administrativas y/o
penales a que haya lugar contra los funcionarios responsables del incumplimiento
reiterado de las normas legales y reglamentarias ya citadas, en virtud del numeral 6 del
artículo 21 de la Ley 393 de 1997.
SÉPTIMO: Que se condene en costas procesales al representante legal o directores
del ICETEX, si a ello hubiere lugar, de conformidad con el numeral 7 del artículo 21
de la Ley 393 de 1997.3
1.2. Hechos
Explicaron que la Junta Directiva del Icetex expidió el Acuerdo 071 del 10 de diciembre
de 2013, por el cual se reglamenta la condonación de créditos por graduación, el cual
3 Transcripción original del texto con posibles errores.
2
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandantes: Ángela Vanesa Sánchez Beltrán y otra
Demandado: Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios
Técnicos en el Exterior “Mariano Ospina Pérez” - Icetex
Radicado: 44001-23-40-000-2025-00069-01
se encontraba vigente para el momento en que la señora Ángela Vanesa Sánchez
Beltrán accedió al crédito educativo.
Posteriormente, mediante Acuerdo 013 de 2011, se modificó el anterior acto
administrativo, estableciéndose que aquellas personas que fueron beneficiarias de los
créditos educativos recibirían una condonación equivalente al 100% del valor del
crédito, acreditando para tal efecto el grado del programa académico.
Informaron que la ciudadana Ángela Vanesa Sánchez Beltrán estudió medicina en la
Universidad de Santander, acreditó las condiciones necesarias para acceder a línea
de crédito educativo4, y cumplió los requisitos dispuestos para obtener la condonación
del 100% del crédito5.
No obstante, la entidad demandada se ha sustraído del cumplimiento desconociendo
las disposiciones que rigen la materia, al punto que exigió a la señora Gloria Isabel
Beltrán Martínez el pago de sumas de dinero por concepto de los periodos
académicos cursados, los cuales asciende al 33% del valor total de sus estudios.
Como consecuencia de la anterior situación, el Icetex realizó el reporte negativo ante
los Operadores de la Información6, lo cual, en criterio de las accionantes afecta su
historial crediticio y financiero.
Por otro lado, refirieron que entre el Icetex y la gobernación de La Guajira se celebró
un convenio interadministrativo, el cual tenía como finalidad primordial garantizar el
acceso a la educación de los jóvenes en condiciones de gratuidad, es decir, en otros
términos, nunca se concibió un carácter oneroso de la relación contractual.
A partir de lo expuesto, afirmaron que el 5 de febrero de 2025 se radicó ante el Icetex
escrito de constitución en renuencia, en el que se solicitó el acatamiento del Acuerdo
071 del 10 de diciembre de 2013 y, como consecuencia de lo anterior, la condonación
de la obligación.
4 Estos son: i) pertenecer al estrato socioeconómico; ii) estar inscrita en el SISBEN y registrada en el
grupo A3, esto es grupo de pobreza extrema, y iii) ser bachiller académico de una institución educativa
del departamento de La Guajira.
5 Estos son: i) la culminación de sus estudios con el título correspondiente, ii) la realización de la práctica
con la gobernación del ente territorial, y iii) acreditar la condición de indígena.
6 Art. 3 Lit. C Ley 1266 de 2008: Se denomina operador de información a la persona, entidad u
organización que recibe de la fuente datos personales sobre varios titulares de la información, los
administra y los pone en conocimiento de los usuarios bajo los parámetros de la presente ley. Por tanto
el operador, en cuanto tiene acceso a información personal de terceros, se sujeta al cumplimiento de
los deberes y responsabilidades previstos para garantizar la protección de los derechos del titular de
los datos. Salvo que el operador sea la misma fuente de la información, este no tiene relación comercial
o de servicio con el titular y por ende no es responsable por la calidad de los datos que le sean
suministrados por la fuente;
3
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandantes: Ángela Vanesa Sánchez Beltrán y otra
Demandado: Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios
Técnicos en el Exterior “Mariano Ospina Pérez” - Icetex
Radicado: 44001-23-40-000-2025-00069-01
Finalmente, acotaron que, dado que la situación de incumplimiento de la accionada
aún subsiste, es procedente acudir al mecanismo constitucional a efectos de lograr el
acatamiento del mandato.
1.3. Actuaciones procesales relevantes
1.3.1. Admisión de la demanda e intervenciones
El asunto fue radicado ante el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de
Riohacha, el cual avocó el conocimiento de la acción por auto del 16 de mayo de 2025
y en el que ordenó notificar al Icetex.
El Icetex, a través de apoderada judicial, presentó escrito en el que solicitó que se
nieguen las pretensiones de la demanda, para lo cual desarrolló los siguientes
argumentos:
Refirió que en el presente caso no existe un mandato a cargo de la entidad, pues,
precisó que la norma invocada como desatendida no impone un deber de condonar
como lo coligió la parte actora. Lo anterior, por cuanto dicha extinción de la obligación
se encuentra supeditada al cumplimiento de las condiciones prestablecidas en el acto
administrativo.
En segundo lugar, relató que verificado el caso de la estudiante Ángela Vanesa
Sánchez Beltrán, ya se realizó un descuento por haberse graduado del programa
académico y demostrar que pertenece a una comunidad indígena. Al respecto, se
indicó lo siguiente:
Del total adeudado al Icetex $56,796,215.08, una vez aplicada la condonación, el saldo
final adeudado a mayo 16 de 2025 es la suma de $ 15,038,569.35 que corresponde al
capital más los intereses corrientes y de mora y otros conceptos.
Acto seguido, puso de presente que el debate que pretende plantear la parte actora
no cumple con el requisito de subsidiariedad, pues existen otras vías judiciales para
ventilar lo atinente a la relación contractual suscitada.
Por último, alegó que, sobre este punto, el Consejo de Estado, Sección Quinta ya
había emitido un pronunciamiento de fondo, por cuanto en la acción de cumplimiento
44001-23-40-000-2024-00141-01 ya se había dirimido la controversia entre las
accionantes y la accionada, respecto a la condonación del crédito educativo.
El Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Riohacha, por auto del 6 de
junio de 2025 advirtió su falta de competencia, por lo que ordenó remitir el expediente
al Tribunal Administrativo de La Guajira, aclarando que lo actuado hasta ese momento
conservaba validez.
4
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandantes: Ángela Vanesa Sánchez Beltrán y otra
Demandado: Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios
Técnicos en el Exterior “Mariano Ospina Pérez” - Icetex
Radicado: 44001-23-40-000-2025-00069-01
1.4. Sentencia de primera instancia
El a quo, luego de agotadas las etapas procesales para este tipo de asuntos, dictó
sentencia el 15 de julio de 2025 en la que declaró improcedente la acción. Al respecto,
indicó lo siguiente:
22. No corresponde al juez de la acción de cumplimiento ordenar la condonación de un
crédito otorgado por la accionada, pues para ello es necesario confrontar las
condiciones fijadas en las normas que regulan dichos créditos con las condiciones
fácticas y jurídicas que demuestre la accionante, debate que —se reitera— debe ser
ventilado ante el juez ordinario.
23. Bajo este escenario, la acción de cumplimiento en referencia es improcedente, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 9° de la Ley 393 de 1997, porque no le
corresponde al juez constitucional pronunciarse sobre la controversia que se plantea
dentro del «sub examine», toda vez que no se advierte un mandato imperativo e
inobjetable, de allí que su acatamiento no esté dentro del ámbito de competencia de
esta Corporación.
24. Finalmente, se destaca que, mediante sentencia de 23 de octubre de 2024, dictada
dentro del radicado 44001234000020240014100, este Tribunal declaró improcedente la
acción de cumplimiento también promovida por las aquí accionantes contra el ICETEX,
con el fin de obtener la condonación total del crédito educativo. En esa oportunidad el
debate giró en torno a normas distintas al Acuerdo 071 de 2013, por lo que, en estricto
sentido, no se trató de la misma acción de cumplimiento que, ineludiblemente, dé lugar
a una actuación temeraria en los términos previstos en el artículo 28 de la Ley 393 de
1997.
La anterior decisión se notificó a las partes e intervinientes el 16 de julio de 2025 a
través de correo electrónico.
1.5. Impugnación
El apoderado judicial de la parte actora, dentro de la oportunidad procesal
correspondiente, presentó escrito de impugnación en el que solicitó que se revoque la
decisión de primera instancia.
Al respecto, precisó que el argumento de improcedencia no tiene cabida, puesto que
ya promovió demanda en la que se solicitó la prescripción de la acción cambiaria a
favor del Icetex.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer la impugnación presentada por las accionantes
contra la sentencia de primera instancia del 15 de julio de 2025, proferida por el
Tribunal Administrativo de La Guajira, de conformidad con lo establecido en los
5
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandantes: Ángela Vanesa Sánchez Beltrán y otra
Demandado: Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios
Técnicos en el Exterior “Mariano Ospina Pérez” - Icetex
Radicado: 44001-23-40-000-2025-00069-01
artículos 3º de la Ley 393 de 1997, 10, 125, 150 y 152 de la Ley 1437 de 2011, y el
Acuerdo 080 del 12 de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que
establece la competencia de la Sección Quinta de la Corporación para conocer de las
«apelaciones contra las providencias susceptibles de ese recurso que se dicten por
los Tribunales Administrativos en primera instancia en las acciones de cumplimiento».
2.2. Cuestión previa
El Icetex con su escrito de contestación alegó que en el presente asunto había
operado el fenómeno de cosa juzgada. Lo anterior, dado que en el trámite de la acción
de cumplimiento 44001-23-40-000-2024-00141-01 esta Sección ya había zanjado la
discusión entre las partes del proceso.
Al respecto, como punto de partida, se puede sostener que la institución procesal de
la cosa juzgada es una prohibición legal, la cual significa que no pueden existir dos
procesos iguales.
La razón de ser radica que las decisiones judiciales una vez se encuentran
ejecutoriadas, se tornan inmutables, abstractas, vinculantes y de carácter definitivo, lo
que de suyo implica el respeto por la seguridad jurídica y el ordenamiento jurídico.
Asimismo, desde el punto de vista práctico, el fenómeno en cuestión tiene como efecto
evitar la coexistencia de dos decisiones judiciales que eventualmente puedan ser
contradictorias.
Conforme lo anterior, para que concurra el efecto de cosa juzgada en las decisiones
judiciales, es necesario establecer si en el proceso concurre la triple identidad, esto
es: (i) identidad de partes, con exclusión de la parte actora, dado el carácter público
de la acción de cumplimiento en el que cualquier ciudadano puede acudir al
mecanismo constitucional, (ii) identidad de objeto y (iii) identidad de causa.
Exp. 2024-00141-01 Exp. 2025-00069-01
Partes Demandantes: Ángela Vanesa Demandantes: Ángela Vanesa
Sánchez Beltrán y Gloria Isabel Sánchez Beltrán y Gloria Isabel
Beltrán Martínez Beltrán Martínez
Demandado: Instituto Colombiano de Demandado: Instituto Colombiano de
Crédito Educativo y Estudios Crédito Educativo y Estudios
Técnicos en el Exterior Técnicos en el Exterior
Objeto Primero: Solicito al Honorable Señor PRINCIPALES
Juez que le ORDENE al
representante legal o a quién ostente PRIMERA: Que se declare que el
tal calidad del Instituto Colombiano Instituto Colombiano de Crédito
de Crédito Educativo y Estudios Educativo y Estudios Técnicos en el
Técnicos en el Exterior "Mariano Exterior "Mariano Ospina Pérez" –
Ospina Pérez” -ICETEX-, que dentro ICETEX, ha incurrido en
de los diez (10) días hábiles incumplimiento de la obligación
6
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandantes: Ángela Vanesa Sánchez Beltrán y otra
Demandado: Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios
Técnicos en el Exterior “Mariano Ospina Pérez” - Icetex
Radicado: 44001-23-40-000-2025-00069-01
siguientes a la ejecutoria de la contenida en el artículo 1º del
providencia, cumpla con el contenido Acuerdo 071 del 10 de diciembre
normativo (acto administrativo con de 2013, expedido por su Junta
fuerza material de ley) incumplido Directiva, en lo relativo a la
esto es: i) Clausula Tercera del condonación del 100% del valor
Convenio Interadministrativo del crédito educativo otorgado en la
Adicional y Modificatorio No. 2013- línea de pregrado modalidad
0185 Adición No. 9 y Modificatorio ACCES, a favor de la señora Ángela
No. 5 al Convenio Interadministrativo Sánchez Beltrán, por haber
No. 233 de 2003 suscrito entre el culminado satisfactoriamente su
Instituto Colombiano de Crédito programa académico y pertenecer a
Educativo y Estudios Técnicos en el población indígena debidamente
Exterior "Mariano Ospina Pérez” - certificada.
ICETEX- y el Departamento de La
Guajira, ii) Decisión Administrativa SEGUNDA: Que se ordene al
contenida en el certificado No. 2023- Instituto Colombiano de Crédito
5080-0758194-1 de fecha 7 de Educativo y Estudios Técnicos en el
septiembre de 2023 firmado por José Exterior "Mariano Ospina Pérez" –
Eduardo Parada Jiménez, ICETEX dar cumplimiento
Coordinador del Grupo de inmediato al Acuerdo 071 de 2013,
Operaciones de Cartera del ICETEX condonando en su totalidad el crédito
iii) Decisión Administrativa contenida educativo otorgado a la accionante,
en el certificado No. 2023-6020- conforme a los requisitos
0658907-1 de fecha 8 de agosto de establecidos en dicho acto
2023 firmado por Lida Pedraza administrativo.
Mancipe, Analista 4 Grupo de Crédito
de la Vicepresidencia de Crédito y SUBSIDIARIAS
Cobranza del Instituto Colombiano
de Crédito Educativo y Estudios TERCERA: Que se ordene al
Técnicos en el Exterior Mariano ICETEX realizar el reintegro de los
Ospina Pérez –ICETEX-. dineros que la señora Ángela
Sánchez Beltrán haya cancelado
Segundo: Que, que le ORDENE al con posterioridad a la fecha en que
representante legal o a quién ostente cumplió con los requisitos de
tal calidad del Instituto Colombiano condonación, conforme lo dispone el
de Crédito Educativo y Estudios parágrafo del artículo 1º del Acuerdo
Técnicos en el Exterior "Mariano 071 de 2013, el cual establece que si
Ospina Pérez” -ICETEX-, que dentro el estudiante ha efectuado pagos que
de los parámetros ordenados por el cubran total o parcialmente el valor
reglamento de la entidad, a la de la matrícula, el ICETEX deberá
señorita Ángela Vanesa Sánchez reintegrar el excedente de dichos
Beltrán identificada con la cédula de pagos.
ciudadanía No. 1118869364 de
Riohacha y la señora Gloria Isabel CUARTA: Que se disponga el
Beltrán Martínez identificada con la cumplimiento del fallo en los términos
cédula de ciudadanía No. 35463698 del artículo 21 de la Ley 393 de 1997
de Usaquén, cumplen con los y se oficie a las autoridades
requisitos establecidos y son sujetos competentes para que vigilen su
de condonación del crédito educativo ejecución, conforme lo dispone la
No. 2639188 y que mediante acto normatividad vigente.
administrativo se DECLARE y
conceda el beneficio de la QUINTA: Se ordene a la parte
condonación del crédito, dando demandada el envío de copia de la
cumplimiento a la norma contenida contestación de la presente acción
en la Clausula Tercera del Convenio de cumplimiento al correo electrónico
Interadministrativo Adicional y indicado en el acápite de
Modificatorio No. 2013-0185 Adición notificaciones, así como la remisión
No. 9 y Modificatorio No. 5 al de las pruebas y anexos que
Convenio Interadministrativo No. 233 pretenda hacer valer, todo ello en
de 2003 suscrito entre el Instituto cumplimiento de lo dispuesto en los
7
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandantes: Ángela Vanesa Sánchez Beltrán y otra
Demandado: Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios
Técnicos en el Exterior “Mariano Ospina Pérez” - Icetex
Radicado: 44001-23-40-000-2025-00069-01
Colombiano de Crédito Educativo y artículos 2°, 3°, 6° y 8° de la Ley 2213
Estudios Técnicos en el Exterior de 2022, en concordancia con el
"Mariano Ospina Pérez” -ICETEX- y artículo 111 y el artículo 78 numeral
el Departamento de La Guajira. 14 del Código General del Proceso
(CGP). Lo anterior con el fin de
Tercero: Que, como consecuencia garantizar el principio de
de la anterior declaración se le transparencia y el adecuado ejercicio
ORDENE a la tesorería del Instituto del derecho de defensa, evitando así
Colombiano de Crédito Educativo y cualquier vulneración al debido
Estudios Técnicos en el Exterior proceso y asegurando el
"Mariano Ospina Pérez” -ICETEX-, o cumplimiento oportuno de las
quién corresponda según sus obligaciones procesales previstas en
competencias legales, se la normatividad vigente.
CONDONE el crédito educativo No.
2639188 a favor de Ángela Vanesa SEXTO: Que se oficie a la
Sánchez Beltrán y Gloria Isabel Procuraduría General de la Nación y
Beltrán Martínez y se DECLARE a la Fiscalía General de la Nación,
mediante certificado estar a PAZ Y para que adelanten las
SALVO con la entidad. investigaciones disciplinarias,
administrativas y/o penales a que
Cuarto: Si hay lugar a ello, haya lugar contra los funcionarios
CONDENAR en costas al Instituto responsables del incumplimiento
Colombiano de Crédito Educativo y reiterado de las normas legales y
Estudios Técnicos en el Exterior reglamentarias ya citadas, en virtud
"Mariano Ospina Pérez” - ICETEX. del numeral 6 del artículo 21 de la
Ley 393 de 1997.
SÉPTIMO: Que se condene en
costas procesales al representante
legal o directores del ICETEX, si a
ello hubiere lugar, de conformidad
con el numeral 7 del artículo 21 de
la Ley 393 de 1997
Causa La estudiante cursó estudios de La estudiante cursó estudios de
medicina en la Universidad de medicina en la Universidad de
Santander, acreditando las Santander, acreditando las
condiciones para acceder a la línea condiciones para acceder a la línea
de crédito educativo y, de crédito educativo y,
posteriormente, cumplió los posteriormente, cumplió los
requisitos legales para solicitar la requisitos legales para solicitar la
condonación de la obligación para condonación de la obligación para
con la accionada. con la accionada.
Conforme lo anterior, la Sala concluye, compartiendo la decisión del Tribunal
Administrativo de La Guajira, que en el presente caso no se configura el fenómeno de
cosa juzgada, pues, mientras que en el primer proceso la pretensión de cumplimiento
recaía en la Cláusula Tercera del Convenio Interadministrativo Adicional y
Modificatorio No. 2013-0185 Adición No. 9 y Modificatorio No. 5 al Convenio
Interadministrativo No. 233 de 2003; en el presente asunto, se busca es el
acatamiento del Acuerdo 071 del 10 de diciembre de 2013.
8
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandantes: Ángela Vanesa Sánchez Beltrán y otra
Demandado: Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios
Técnicos en el Exterior “Mariano Ospina Pérez” - Icetex
Radicado: 44001-23-40-000-2025-00069-01
2.3. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si modifica, confirma o revoca la sentencia de
primera instancia, que declaró improcedente la acción de cumplimiento. Para lo cual
se resolverán, en su estricto orden, los siguientes problemas jurídicos:
• ¿Se cumplió con la constitución en renuencia de la autoridad demandada
frente a la disposición invocada como incumplida?
• ¿Se superan los requisitos de procedencia de la acción de cumplimiento?
En caso de ser afirmativas las respuestas, se deberá absolver el siguiente
planteamiento:
• ¿El Icetex se encuentra en la obligación de acatar los mandatos invocados
por la parte accionante?
2.4. Razones jurídicas de la decisión
A efectos de resolver tales, resulta pertinente abordar los siguientes temas: i)
naturaleza de la acción de cumplimiento, ii) el estudio del requisito de renuencia, y iii)
el caso concreto.
2.4.1. Naturaleza de la acción de cumplimiento
La acción de cumplimiento está instituida en el artículo 87 de la Constitución Política;
como un mecanismo para que toda persona pueda, «acudir ante la autoridad judicial
para hacer efectivo el cumplimiento de una Ley o un acto administrativo. En caso de
prosperar la acción, la sentencia ordenará a la autoridad renuente el cumplimiento del
deber omitido».
En igual sentido, el artículo 1.° de la Ley 393 de 1997 precisa que, «[t]oda persona
podrá acudir ante la autoridad judicial definida en esta Ley para hacer efectivo el
cumplimiento de normas aplicables con fuerza material de Ley o actos
administrativos».
Colombia es un Estado Social de Derecho, y dentro de sus fines esenciales está el de
garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la
Constitución; teniendo en cuenta lo anterior y que las autoridades de la República
están instituidas, entre otras cosas, para asegurar el cumplimiento de los deberes
sociales del Estado y de los particulares (artículo 2.° de la Constitución Política), la
acción en estudio permite la realización de este postulado, logrando la eficacia
material de la ley y de los actos administrativos expedidos por las diferentes
autoridades en cumplimiento de sus funciones públicas.
9
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandantes: Ángela Vanesa Sánchez Beltrán y otra
Demandado: Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios
Técnicos en el Exterior “Mariano Ospina Pérez” - Icetex
Radicado: 44001-23-40-000-2025-00069-01
De este modo, la acción de cumplimiento constituye el instrumento adecuado para
demandar a las autoridades o los particulares que ejercen funciones públicas, ante el
inminente incumplimiento; la efectividad de las normas con fuerza material de ley y de
los actos administrativos.
Como lo señaló la Corte Constitucional [el objeto y finalidad de esta acción es otorgarle
a toda persona, natural o jurídica, e incluso a los servidores públicos, la posibilidad de
acudir ante la autoridad judicial para exigir la realización o el cumplimiento del deber
que surge de la ley o del acto administrativo y que es omitido por la autoridad, o el
particular cuando asume este carácter. De esta manera, la referida acción se
encamina a procurar la vigencia y efectividad material de las leyes y de los actos
administrativos, lo cual conlleva la concreción de principios medulares del Estado
Social de Derecho, que tienden a asegurar la vigencia de un orden jurídico, social y
económico justo] (subrayado por fuera del texto).
Sin embargo, para que la acción de cumplimiento prospere, del contenido de la Ley
393 de 1997, se desprende que, se deben acreditar los siguientes requisitos mínimos:
a. Que el deber que se pide hacer cumplir se encuentre consignado en normas
aplicables con fuerza material de ley o actos administrativos vigentes (art. 1.º)7
b. Que el actor pruebe la renuencia de la entidad accionada frente al cumplimiento del
deber, antes de formular la demanda, bien sea por acción u omisión del exigido o por
la ejecución de actos o hechos que permitan deducir su inminente incumplimiento (art.
8.º).
c. El artículo 8.° señala que, excepcionalmente, se puede prescindir de este requisito
«cuando el cumplirlo a cabalidad genere el inminente peligro de sufrir un perjuicio
irremediable», caso en el cual deberá ser sustentado en la demanda.
d. Que el afectado no tenga o haya podido ejercer otro instrumento judicial para lograr
el efectivo cumplimiento del deber jurídico o administrativo omitido, salvo el caso que,
de no proceder el juez, se produzca un perjuicio grave e inminente para quien ejerció
la acción, circunstancia esta que hace procedente la acción. Por tanto, es
improcedente la acción que persigue la protección de derechos que puedan ser
garantizados a través de la acción de tutela; o se pretenda el cumplimiento de normas
que establezcan gastos a la administración (art. 9.º).
Solo una vez suplidas las anteriores exigencias, corresponderá analizar la
existencia de un mandato imperativo e inobjetable que esté radicado en cabeza de
7 Esto excluye el cumplimiento de las normas de la Constitución Política, que por lo general consagran
principios y directrices.
10
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandantes: Ángela Vanesa Sánchez Beltrán y otra
Demandado: Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios
Técnicos en el Exterior “Mariano Ospina Pérez” - Icetex
Radicado: 44001-23-40-000-2025-00069-01
aquella autoridad pública o del particular en ejercicio de funciones públicas que
deba cumplir y frente a los cuales se haya dirigido esta acción. Este último
corresponde a un análisis del fondo del asunto del cual depende la prosperidad de
las pretensiones expuestas en la demanda.
2.4.2. De la renuencia
El inciso segundo del artículo 8.° de la Ley 393 de 1997, en concordancia con el
numeral 5.° del artículo 10 ibidem, estableció como requisito de procedibilidad de esta
acción constitucional, que con la demanda el accionante aporte la prueba de haber
pedido a las entidades accionadas en forma directa y con anterioridad al ejercicio de
la acción, el cumplimiento del deber legal o administrativo presuntamente desatendido
por aquélla y, que la autoridad requerida se ratifique en el incumplimiento o guarde
silencio frente a la solicitud; de esta manera, quedará acreditada la renuencia de la
respectiva autoridad administrativa y el actor podrá ejercer la acción de cumplimiento
Al respecto, esta Sección ha señalado que:
Para entender a cabalidad este requisito de procedencia de la acción es importante
tener en cuenta dos supuestos: La reclamación del cumplimiento y la renuencia.
El primero, se refiere a la solicitud dirigida a la autoridad o al particular que incumple la
norma, la cual constituye la base de la renuencia, que si bien no está sometida a
formalidades especiales, se ha considerado que debe al menos contener: La
petición de cumplimiento de una norma con fuerza material de ley o de un acto
administrativo; el señalamiento preciso de la disposición que consagra una
obligación y la explicación del sustento en el que se funda el incumplimiento.
Por su parte, la renuencia al cumplimiento puede configurarse en forma tácita o expresa,
puesto que se presenta cuando el destinatario del deber omitido expresamente ratifica
el incumplimiento o si transcurridos 10 días desde la presentación de la solicitud, la
entidad o el particular guardan silencio con relación a la aplicación de la norma. Esto
muestra que el requisito de procedencia de la acción prueba la resistencia del
destinatario de la norma a cumplir con ella.
Así las cosas, para probar la constitución de la renuencia expresa es necesario analizar
tanto la reclamación del cumplimiento como la respuesta del destinatario del deber
omitido, puesto que la primera delimita el marco del incumplimiento reclamado. Y, para
demostrar la renuencia tácita es necesario estudiar el contenido de la petición de
cumplimiento que previamente debió formular el demandante, pues, como se dijo,
aquella define el objeto jurídico sobre el cual versará el procedimiento judicial para exigir
el cumplimiento de normas con fuerza material de ley o actos administrativos [8]
(Negrillas fuera de texto).
Por lo tanto, la Sala debe estudiar si la parte actora cumplió con su carga de probar
que constituyó en renuencia a la accionada, antes de instaurar la demanda.
8 [En la providencia se citó «Sobre el tema, Consejo de Estado, Sección Quinta, providencia del 24 de
junio de 2004, exp. ACU-2003-00724, MP.: Darío Quiñones Pinilla»]
11
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandantes: Ángela Vanesa Sánchez Beltrán y otra
Demandado: Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios
Técnicos en el Exterior “Mariano Ospina Pérez” - Icetex
Radicado: 44001-23-40-000-2025-00069-01
Para el cumplimiento de este requisito de procedibilidad es importante tener en
cuenta, como lo ha señalado la Sala, que «el reclamo en tal sentido no es un simple
derecho de petición sino una solicitud expresamente hecha con el propósito de cumplir
el requisito de la renuencia para los fines de la acción de cumplimiento»9, ya que no
se ha dado por demostrado su agotamiento cuando la petición «tiene una finalidad
distinta a la de constitución en renuencia».
Resulta relevante para la Sala precisar que la renuencia debe entenderse como la
negativa del ente accionado frente a la solicitud de cumplimiento de la disposición,
bien porque no dé respuesta oportunamente o porque, aunque sea emitida en tiempo,
«resulte contraria al querer del ciudadano»10
De los anexos de la demanda, se evidencia el escrito remitido el 5 de febrero de 2025
a través de correo electrónico, en el que las accionantes solicitaron como
pretensiones, entre otras, la siguiente:
Primero: Solicito dar aplicación y por tanto cumplir el ACUERDO 071 DE 2013 que
es el aplicable al presente asunto por estar vigente al momento del otorgamiento del
crédito educativo especial, en el entendido que por cumplir la condición de indígena
se deberá condonar en el 100% el crédito educativo No. 2639188 otorgado a la
señorita Ángela Vanesa Sánchez Beltrán para estudiar la carrera de medicina en la
Universidad de Santander UDES
A su turno, el Icetex, con su escrito de contestación, aseveró haber dado respuesta a
la anterior solicitud el 18 de febrero de 2025. No obstante, de los anexos de su escrito
de intervención, no obra dicha respuesta y, en consecuencia, no se podrá tener por
demostrada su alegación en tal sentido.
En este punto, cabe la pena precisar que la actora no individualizó concretamente cuál
es la norma presuntamente desatendida. Empero, se tiene que el acto administrativo
invocado se conforma únicamente de dos artículos, el primero, que modifica la norma
que reguló la condonación de créditos educativos, y, el segundo, referente a la
vigencia.
Por lo anterior, pese a la falta de individualización del artículo, emerge de manera
clara e irrefutable la disposición legal sobre la cual recae la pretensión constitucional
de acatamiento promovida por las ciudadanas Ángela Vanesa Sánchez Beltrán y
Gloria Isabel Beltrán Martínez
9 Sección Quinta, providencia del 20 de octubre de 2011, Exp. 2011-01063, M.P. Mauricio Torres
Cuervo.
10 Lo mismo se reitera en Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 15 de diciembre de 2015,
radicación n.º 25000-23-41-000-2016-02003-01 (ACU); Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia
del 17 de noviembre de 2016, radicación n.º 15001-33-33-000-2016-00690-01 (ACU); Consejo de
Estado, Sección Quinta, sentencia del 15 de septiembre de 2016, radicación n.º 15001-23-33-000-
2016-00249-01(ACU), en todas, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez, entre otras.
12
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandantes: Ángela Vanesa Sánchez Beltrán y otra
Demandado: Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios
Técnicos en el Exterior “Mariano Ospina Pérez” - Icetex
Radicado: 44001-23-40-000-2025-00069-01
Conforme lo expuesto, la Sala colige que en el presente asunto se encuentra
satisfecho el requisito de renuencia, en los términos de que trata el artículo 8 de la Ley
393 de 1997.
2.4.3. Caso concreto
La Sección estima que en el presente caso no se encuentra satisfecho el requisito de
subsidiariedad de que trata el artículo 9 de la Ley 393 de 1997, por cuanto la discusión
que se pretende ventilar a través de este mecanismo constitucional es susceptible de
ser ventilada a través de otra vía judicial11.
Al respecto, en anteriores oportunidades12, ha considerado que el debate que se
plantea entre los usuarios del Icetex, en torno a las condiciones de los créditos
educativos, el cobro, la condonación y demás aspectos en torno a la ejecución de
tales negocios jurídicos, son situaciones que escapan de la órbita del juez de
cumplimiento.
En primer lugar, resulta pertinente indicar que, conforme el artículo 8 de la Ley 1002
de 2005, se estableció que el régimen jurídico aplicable a las operaciones que realiza
la entidad se encuentran sujetas al derecho de privado. La norma en comento indica
lo siguiente:
Régimen jurídico. Los actos que realice el Icetex para el desarrollo de sus actividades
comerciales o de gestión económica y financiera, estarán sujetos a las disposiciones del
derecho privado. Los actos que expida para el cumplimiento de las funciones
administrativas que le confían la ley y los estatutos, se sujetan a las reglas previstas en
el Código Contencioso Administrativo.
Los contratos y demás actos jurídicos que deba celebrar y otorgar el Icetex como entidad
financiera de naturaleza especial, en desarrollo de su objeto y operaciones autorizadas,
se sujetarán a las disposiciones del derecho privado.
En consonancia con lo anterior, se debe atender a lo dispuesto en el artículo 105 de
la Ley 1437 de 2011, el cual dispone que asuntos no son de competencia de la
jurisdicción contenciosa administrativa, dentro de los que se encuentran: [1. Las
controversias relativas a la responsabilidad extracontractual y a los contratos
11 Cfr. Sentencia de 24 de mayo de 2012, radicado n° 05001-23-31-000-2010-02067- 01(ACU), M.P.
Alberto Yepes Barreiro, Sentencia de 23 de agosto de 2012, radicado n° 25000-23-31-000-2012-00425-
01(ACU). M.P. Mauricio Torres Cuervo, Sentencia de 21 de junio de 2012, radicado n° 05001-23-31-
000-2006-01095-01(ACU). M.P. Mauricio Torres. 19 Al respecto ver sentencia del 14 de diciembre de
2017, radicado número 25000-23-41- 000-2017-01513-01 y del 23 de junio de 2022, radicado número
76001-33-33-001-2022- 00240-01, M.P. Rocío Araújo Oñate.
12 Entre otras decisiones, se pueden consultar las siguientes: i) Sentencia del 23 de junio de 2022,
expediente 76001-33-33-001-2022-00240-01; ii) Sentencia del 1 de febrero de 2024, expediente 76001-
23-33-001-2023-00439-01, y iii) Sentencia del 12 de septiembre de 2024, expediente 23001-23-33-000-
2024-00114-01
13
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandantes: Ángela Vanesa Sánchez Beltrán y otra
Demandado: Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios
Técnicos en el Exterior “Mariano Ospina Pérez” - Icetex
Radicado: 44001-23-40-000-2025-00069-01
celebrados por entidades públicas que tengan el carácter de instituciones financieras,
aseguradoras, intermediarios de seguros o intermediarios de valores vigilados por la
Superintendencia Financiera, cuando correspondan al giro ordinario de los negocios
de dichas entidades, incluyendo los procesos ejecutivos].
Las ciudadanas Ángela Vanesa Sánchez Beltrán y Gloria Isabel Beltrán Martínez, en
su criterio consideran que el crédito que fue otorgado por el Icetex en alianza con el
departamento de La Guajira debe ser condonado, pues, desde su punto de vista,
estiman que cumplen las condiciones para acceder a dicho beneficio.
A su turno, el Icetex ha indicado desde el punto de vista fáctico y jurídico, las razones
por las cuales no es procedente acceder a dicho pedimento, lo cual denota es una
discusión en torno a la celebración y ejecución del contrato suscrito entre las partes,
y concretamente sobre la existencia o no de la obligación de pagar una suma líquida
de dinero.
En ese sentido, resulta claro que el asunto no puede ser dirimido por el juez de
cumplimiento y tampoco por la jurisdicción contencioso-administrativa, siendo la
jurisdicción ordinaria a través de un proceso declarativo la llamada a determinar si
efectivamente se cumplen las condiciones para que proceda o no la condonación de
la obligación.
Aunado lo anterior, se debe tener en cuenta que las ciudadanas Ángela Vanesa
Sánchez Beltrán y Gloria Isabel Beltrán Martínez, por intermedio de apoderado judicial
ya promovieron proceso ante la jurisdicción ordinaria en el que solicitaron se declare
la prescripción extintiva de la obligación a favor del Icetex, asunto que correspondió
por reparto al Juzgado Primero Civil Municipal de Riohacha.
Ahora bien, excepcionalmente la ley permite superar el requisito de subsidiariedad, en
los eventos que se pretenda conjurar un perjuicio irremediable; no obstante, de los
medios de prueba arrimados al proceso, no se evidencia una circunstancia constitutiva
de éste.
En este punto, se estima que la conclusión a la que arribó el Tribunal Administrativo
de La Guajira es acertada, esto es que la acción de cumplimiento del asunto es
improcedente; aclarando que dicha situación obedece única y exclusivamente al
hecho que la discusión planteada por las accionantes refiere a una disputa que tienen
con el Icetex, con ocasión de las condiciones del crédito y su extinción.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,
14
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandantes: Ángela Vanesa Sánchez Beltrán y otra
Demandado: Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios
Técnicos en el Exterior “Mariano Ospina Pérez” - Icetex
Radicado: 44001-23-40-000-2025-00069-01
FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 15 de julio de 2025, proferida por el Tribunal
Administrativo de La Guajira.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la Ley
393 de 1997.
TERCERO: En firme la presente decisión, DEVOLVER el expediente al Tribunal de
origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrada
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos, conforme a lo
dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.
15
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.