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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 47001-23-33-000-2015-00335-01

Fecha
3 de noviembre de 2022
Consejero ponente
William Hernandez Gomez
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 47001-23-33-000-2015-00335-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero: Adicionar un ordinal a la sentencia proferida el 14 de febrero de 2017 por el Tribunal Administrativo del Magdalena que accedió a las pretensiones de la demanda, en el proceso que en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho promovió el señor Gonzalo Briñez Roa contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), el cual quedará de la siguiente forma: «Primero bis: Inaplicar por vía de excepción de inconstitucionalidad la expresión «[…] siempre que para esta época fueren funcionarios de ese Departamento. […]», contenida en el artículo 2.° del Decreto 1047 de 1978, pues atender tal postulado implicaría vulnerar los derechos fundamentales del libelista a la igualdad y la seguridad social, así como el principio de favorabilidad.» Segundo: Modificar el ordinal segundo del fallo apelado, el cual quedará de la siguiente forma: «2.- Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho, se condena a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales (UGPP), a reconocer y pagar al señor Gonzalo Briñez Roa, una pensión de jubilación con fundamento en los Decretos 1047 de 1978 y 1933 de 1989, liquidada en atención a las reglas previstas en la sentencia de unificación SUJ-028-CE-S2-2022 del 28 de julio de 2022 proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado, esto es, de acuerdo con las previsiones de los artículos 21 y 36 de la Ley 100 de 1993, con inclusión para efectos de determinación del IBL, de los factores salariales percibidos por el demandante que se encuentren enlistados en el Decreto 1158 de 1994, prestación que será efectiva a partir del 17 de mayo de 2007, pero con efectos fiscales a partir del 17 de febrero de 2009, por prescripción trienal. Así mismo, las sumas resultantes a favor de la parte activa, se ajustarán en su valor, dando aplicación a la siguiente fórmula: R= RH Índice final Índice Inicial En la que el valor presente (R) se determina multiplicando el valor histórico (R.H.), que es lo dejado de percibir por el libelista por concepto de mesadas […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 47001-23-33-000-2015-00335-01

Consejero ponente: William Hernandez Gomez

3 de noviembre de 2022

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Radicado: 47001-23-33-000-2015-00335-01 (2533-2017)
Demandante: Gonzalo Briñez Roa

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ

Bogotá D.C., tres (3) de noviembre de dos mil veintidós (2022)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL
DERECHO
Radicación: 47001-23-33-000-2015-00335-01 (2533-2017)
Demandante: GONZALO BRIÑEZ ROA
Demandada: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE
GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES
PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL1

Temas: Reconocimiento pensión de vejez de detective del
extinto Departamento Administrativo de Seguridad
(DAS). Beneficiarios del régimen de transición del
Decreto 1835 de 1994. Procedencia de la
excepción de inconstitucionalidad para inaplicar
expresión del artículo 2.° del Decreto 1047 de
1978.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
Ley 1437 de 2011
O-187-2022

ASUNTO

Decide la Subsección el recurso de apelación formulado por la parte
demandada contra la sentencia proferida el 14 de febrero de 2017 por el
Tribunal Administrativo del Magdalena que accedió a las pretensiones de la
demanda.

ANTECEDENTES

El señor Gonzalo Briñez Roa en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho que consagra el artículo 138 de la Ley 1437 del
20112, formuló en síntesis las siguientes:

Pretensiones (Folios 3 a 5)

1. Que se declare la nulidad de la Resolución PAP 019029 del 13 de octubre
de 2010, por medio de la cual la extinta Caja Nacional de Previsión Social
denegó el reconocimiento de una pensión de jubilación a favor del libelista

1 En adelante UGPP.
2 «Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo»,

o CPACA.

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Radicado: 47001-23-33-000-2015-00335-01 (2533-2017)
Demandante: Gonzalo Briñez Roa

en aplicación del régimen prestacional especial del otrora Departamento
Administrativo de Seguridad (DAS).

2. Declarar la nulidad del acto presunto derivado de la configuración del
silencio administrativo negativo, estructurado con ocasión de la falta de
respuesta al recurso de reposición presentado por el demandante el 3 de
noviembre de 2010 contra el acto precitado que negó la solicitud de
reconocimiento pensional.

3. Que como consecuencia de estas declaraciones y a título de
restablecimiento del derecho, se ordene a la UGPP reconocer y pagar a
favor del señor Briñez Roa una pensión de jubilación bajo los parámetros
de los Decretos 1047 de 1978, 1933 de 1989 y 1835 de 1994, es decir,
calculada en un 75% del promedio de factores salariales percibidos por
aquel durante el último año de prestación de servicio, los cuales
corresponden a la asignación básica, la bonificación por servicios, la prima
de riesgo en un 35%, así como las doceavas partes de las primas de
servicios, navidad y vacaciones, esto con efectividad desde el 17 de mayo
de 2007.

4. Conminar a la parte pasiva a pagar el retroactivo pensional adeudado
desde la fecha de exigibilidad del derecho reclamado y hasta la inclusión
en nómina del demandante.

5. Condenar a la entidad demandada al reconocimiento de los intereses
moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, así como al
pago indexado de los valores adeudados por concepto de la condena, al
igual que de la primera mesada pensional.

6. Ordenar a la UGPP dar cumplimiento a la sentencia con arreglo a los
artículos 188 y 192 del CPACA, y que además pague las costas a que haya
lugar en razón del presente proceso.

Supuestos fácticos relevantes (Folios 5 a 6)

1. El señor Gonzalo Briñez Roa prestó su servicio como detective profesional,
código 207, grado 09, nombrado en el extinto DAS, esto por un período de
18 años y 6 meses. Su relación legal y reglamentaria terminó en virtud de
la Resolución 2005 del 13 de septiembre de 2001 con la que dicha entidad
declaró insubsistente su vinculación a partir del 15 de septiembre de la
mentada anualidad.

2. La entonces Caja Nacional de Previsión Social expidió la Resolución PAP
019020 del 13 de octubre de 2010 con la que negó el reconocimiento y
pago de la pensión de jubilación solicitada por el libelista con base en el
régimen especial del DAS.

3. El demandante interpuso recurso de reposición ante la autoridad
demandada contra la aludida decisión de negar el reconocimiento del
derecho pensional el 13 de octubre de 2010. No obstante, a la fecha de
presentación de la demanda (16 de diciembre de 2013), aquella aún no
había dado respuesta efectiva a la impugnación en comento.

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Demandante: Gonzalo Briñez Roa

DECISIONES RELEVANTES EN LA AUDIENCIA INICIAL

La fijación del litigio es la piedra basal del juicio por audiencias de allí que la
relación entre ella y la sentencia es la de «tuerca y tornillo»3, porque es guía y
ajuste de esta última. De esta manera se preserva la congruencia que
garantiza el debido proceso, razón por la cual el juez al proferir la sentencia
debe resolver el litigio en forma concordante con los hechos, las pretensiones,
las excepciones; puntos que fueron condensados y validados por las partes al
precisar el «acuerdo sobre el desacuerdo» en la audiencia inicial. De allí que
los problemas jurídicos adecuadamente formulados y aceptados por los
sujetos procesales se convierten en una eficiente guía para el decreto de las
pruebas, las alegaciones, la sentencia y sustentación de los recursos
pertinentes. Por lo dicho, la audiencia inicial es el punto de partida más legítimo
y preciso para fundamentar adecuadamente la sentencia.

Fecha de la audiencia inicial: 18 de febrero de 2016.

Resumen de las principales decisiones

Excepciones previas (art. 180-6 CPACA)

No se emitió pronunciamiento al respecto debido a que la entidad demandada
no propuso esta clase de medios de defensa y el a quo tampoco los encontró
configurados de oficio.

Fijación del litigio (art. 180-7 CPACA)

El litigio se fijó en los siguientes términos:

«[…] la parte actora deberá demostrar la prestación del servicio en el sector oficial por
el periodo señalado en el extinto DAS y determinar si tiene derecho al reconocimiento
de una pensión de vejez con fundamento en régimen especial. […]» (Folio 173
vuelto y CD que reposa a folio 175 del plenario).

SENTENCIA APELADA
(Folios 292 a 300)

El a quo profirió sentencia escrita el 14 de febrero de 2017 por medio de la
cual accedió a las pretensiones del demandante con fundamento en las
siguientes consideraciones:

Inicialmente el tribunal de primera instancia resaltó que a partir de las pruebas
obrantes en el plenario, es dable concluir que el demandante ocupó desde su
vinculación con el DAS los cargos de detective alumno, urbano, detective
agente grado 05, grado 06, agente 208-06, agente 208-07 y detective
profesional 207-09.

Al respecto indicó que conforme a lo anterior, no le asistiría razón a la parte
pasiva frente a su argumento de oposición en el que refiere que el libelista no
realizó el curso de dactiloscopista para ser beneficiario del régimen especial
del DAS, toda vez que para el reconocimiento de la pensión de jubilación

3 Ver: Hernández Gómez William. Módulo Audiencia inicial y audiencia de pruebas. EJRLB. (2015).

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Demandante: Gonzalo Briñez Roa

especial no es necesario que se acredite la realización y aprobación de dicho
estudio, más aún cuando precisamente el artículo 10 del Decreto 1933 de 1989
extendió el régimen de excepción de las personas que cumplieron las referidas
funciones a los detectives en sus distintos grados y denominaciones.

Sobre el asunto en particular señaló que el señor Gonzalo Briñez Roa no es
beneficiario del régimen de transición previsto en el inciso segundo del artículo
36 de la Ley 100 de 1993, por cuanto a 1.° de abril de 1994, es decir, cuando
entró en vigencia el sistema de seguridad social, aquel no alcanzaba la edad
de 40 años que exige la norma, así como tampoco más de 15 años de servicio;
sin embargo, estimó que este sí se encontraba cobijado por la regulación
transicional consagrada en el artículo 2.°, parágrafo 5.° de la Ley 860 de 2003.

Sobre el punto precisó que para acceder a la pensión de jubilación por virtud
del marco jurídico en comento, es necesario que el reclamante: i) tuviera la
calidad de detective y su vinculación fuera anterior al 3 de agosto de 1994; y
ii) que al momento en que entró en vigencia la ley en cita (29 de diciembre de
2003), este contara con 500 semanas de cotización. En tal sentido destacó
que el libelista durante toda su vida laboral se desempeñó como detective del
DAS vinculado desde el 5 de marzo de 1983, es decir, con anterioridad al 3 de
agosto de 1994, y además para la data de entrada en vigencia de la Ley 860
de 2003 contaba con 951 semanas de labor oficial reportadas.

Por lo expuesto consideró que el demandante era titular de los beneficios
propios de la normativa aludida con antelación, de manera que la verificación
de requisitos para acceder a la prerrogativa deprecada debía hacerse
conforme a los Decretos 1047 de 1978 y 1933 de 1989, normas que
contemplan que los empleados públicos que hayan aprobado el curso de
dactiloscopista y que permanezcan al servicio del Departamento
Administrativo de Seguridad por un término no menor de 18 años continuos en
el desempeño de tales funciones, tendrían derecho a la pensión de jubilación
al cumplir 50 años de edad, ello siempre que para esta época fueren
funcionarios de aquella entidad, norma que en todo caso se hizo extensiva a
los detectives del DAS como el señor Briñez Roa, lo cual denota que este sí
había estructurado el derecho reclamado.

Respecto de los factores para liquidar las pensiones de los empleados del DAS
acotó que el artículo 18 del Decreto 1933 de 1989 indicó que estos serían la
asignación básica mensual, la bonificación por servicios prestados y las primas
de servicios, de navidad y de vacaciones, conceptos que efectivamente fueron
devengados por el libelista durante su último año de prestación de servicios.
Adicionalmente sostuvo que en cuanto a la inclusión de la prima de riesgo para
computar la prestación, aquella debía ser tenida en cuenta en virtud de lo
previsto por los artículos 1.° del Decreto 1933 de 1989 y 73 del Decreto 1848
de 1969, así como por lo señalado por el Consejo de Estado en sentencia del
12 de julio de 2012 dictada en el proceso con radicado 2011-01479.

Añadió que si bien para la fecha en que el libelista adquirió el estatus jurídico
de pensionado no se encontraba vinculado al DAS, ello no es óbice para el
reconocimiento pensional, debido a que el solo cumplimiento del tiempo de
servicios consolida una situación jurídica adquirida en cabeza del reclamante,
esto en aplicación del principio de favorabilidad, pues el requisito de la edad
tiene importancia para la exigibilidad de la pensión en el tiempo y no para la
adquisición del derecho, el cual se estructura bien sea con el tiempo de servicio
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o las semanas cotizadas, tal como lo expuso el máximo órgano de esta
jurisdicción en providencia del 29 de abril de 2010 proferida en el proceso con
número interno 1203-07.

Finalmente, en cuanto al fenómeno prescriptivo de las mesadas a reconocer,
adujo que el demandante adquirió el derecho a percibir la pensión a partir del
17 de mayo de 2007, fecha en la cual adquirió el respectivo estatus jurídico
por cumplir la edad exigida en la ley, no obstante, resaltó que aquel presentó
la reclamación administrativa ante CAJANAL (hoy UGPP) el 17 de febrero de
2012 y la demanda la promovió el 16 de diciembre de 2013, por lo que
efectivamente se encuentran prescritas las mesadas causadas con
anterioridad al 17 de febrero de 2009, ello por haber dejado transcurrir más de
tres (3) años desde la fecha de estructuración de la prestación y la petición
correspondiente en vía administrativa.

Acorde con estos razonamientos, el tribunal de primera instancia emitió
sentencia que en su parte resolutiva se resume de la siguiente forma: i) declaró
la nulidad de los actos administrativos demandados, ii) ordenó a la UGPP
reconocer y pagar a favor del libelista una pensión de jubilación equivalente al
75% del promedio de todo lo devengado por este durante su último año de
servicio, esto con inclusión de la asignación básica, la prima de riesgo, la
bonificación por servicios prestados, y las primas de servicios, navidad y
vacaciones, ello con efectividad desde el 17 de mayo de 2007, por lo que
conminó a la referida entidad a indexar el valor del retroactivo adeudado por
este concepto, y iii) declaró configurado el fenómeno de la prescripción sobre
las mesadas causadas con anterioridad al 17 de febrero de 2009.

RECURSO DE APELACIÓN
(Folios 309 a 314)

La parte demandada formuló recurso de apelación contra la decisión
reseñada anteriormente y solicitó que esta sea revocada a fin de que se
nieguen las pretensiones del libelo.

Argumentó que el demandante no tiene derecho a la pensión especial
reconocida por el a quo, toda vez que este no cumple con la totalidad de los
requisitos previstos en el Decreto 1045 de 1978 en concordancia con el
Decreto 1993 de 1989, habida cuenta de que se requieren 20 años de servicios
continuos o discontinuos al Estado, pero aquel solo acreditó 951 semanas.

En todo caso, aseguró que tampoco resulta procedente el otorgamiento de la
prestación con los 18 años de servicio y 50 años de edad, por cuanto se
necesita que al momento de acreditar la aludida exigencia etaria, (que en este
caso el libelista la cumplió en el año 2007), el reclamante estuviese vinculado
al Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), empero, el señor Briñez
Roa fue declarado insubsistente a partir del 13 de septiembre de 2001, por lo
que no se satisface el presupuesto del artículo 2.° del Decreto 1047 de 1978.

Planteó que tal como se determinó en la sentencia recurrida, el demandante
no es beneficiario del régimen de transición contenido en el artículo 36 de la
Ley 100 de 1993. Al respecto señaló que la fecha de nacimiento de aquel es
el 17 de mayo de 1957, por lo que no tenía la edad de 40 años a la entrada en
vigencia de dicha norma, así como tampoco contaba con más de 15 años de

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servicio, situación que ratifica la imposibilidad de tener en cuenta los beneficios
de la regulación en comento para el caso de la parte activa.

Aún bajo tal entendido manifestó que los Decretos 1047 de 1978 y 1933 de
1989 contemplaron un régimen especial en materia salarial y prestacional para
el personal del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), no obstante,
el demandante tan solo acreditó 951 semanas laboradas al servicio de dicha
entidad, es decir, acumuló poco más de 18 años, razón por la cual el referido
marco jurídico tampoco le es aplicable, pues se requieren 20 años de labor, tal
como lo prevén los artículos 1.° y 2.° del primer decreto en mención.

Precisó que si bien existe otro presupuesto con el cual el libelista podría haber
sido titular del régimen especial en comento, aquel no cumple con los
presupuestos que le son propios, en la medida en que se exigen 18 años de
vinculación, ello siempre que el funcionario cumpla la edad de 50 años, lo cual,
tampoco ocurrió en el presente caso puesto que el nombramiento del señor
Gonzalo Briñez Roa fue declarado insubsistente a partir del 13 de septiembre
de 2001, mientras que el requisito etario lo consolidó en el año 2007, época
para la cual ya no era parte del extinto DAS.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

Parte demandante (Folios 349 a 354): instó que se confirme la sentencia
apelada, para lo cual solicitó que se tenga en cuenta el principio elevado a
rango constitucional de la favorabilidad en conexidad con el principio de la
realidad sobre la formalidad, ello en el entendido de que el libelista se hace
acreedor al derecho prestacional de su pensión mensual de jubilación con
inclusión en el ingreso base liquidación de todos y cada uno de los factores
salariales devengados y certificados en el último año de servicio de
conformidad con los Decretos 3135 de1968, 1848 de 1969, 1047 de 1978, y
en especial con la sentencia de unificación del Consejo de Estado proferida el
4 de Agosto de 2010, por lo que debe tenerse en cuenta la prima de riesgo
como factor computable para determinar la prestación.

Destacó que sobre los factores salariales a incluir en el cálculo de la
prerrogativa, no se realizaron aportes para pensión, por lo que deprecó que se
ordene la deducción del porcentaje correspondiente por ley tanto para el
empleador como para el trabajador, ello con la aplicación de la prescripción
extintiva de la acción de cobro prevista en el artículo 817 del Estatuto
Tributario.

La parte demandada y el Ministerio Público guardaron silencio en esta
etapa procesal según la constancia secretarial visible a folio 379 del plenario.

CONSIDERACIONES

Competencia

De conformidad con el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el Consejo de Estado es
competente para resolver el recurso de apelación interpuesto. De igual forma,
según el artículo 328 del Código General del Proceso, el juez de segunda
instancia debe pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos en la

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respectiva alzada, la cual en el presente caso fue presentada únicamente por
la parte demandada.

Problema jurídico

En ese orden, el problema jurídico a resolver en esta instancia se resume en
las siguientes preguntas:

¿El señor Gonzalo Briñez Roa quien prestó su servicio en calidad de detective
al extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), es beneficiario del
régimen de transición de que trata el artículo 4.° del Decreto 1835 de 1994?

En caso de respuesta afirmativa,

¿El demandante tiene derecho al reconocimiento y pago de una pensión de
vejez en aplicación del régimen especial previsto en los Decretos 1047 de
1978 y 1933 de 1989 para los servidores que desempeñen funciones como
detectives de dicho organismo?

La Subsección analizará ambos problemas jurídicos de manera conjunta por
la estrecha relación entre ellos.

Al respecto, la Sala sostendrá la siguiente tesis: al demandante le asiste el
derecho al reconocimiento de la pensión de vejez en los términos del régimen
de transición de que trata el Decreto 1835 de 1994, es decir, en aplicación de
las previsiones de los Decretos 1047 de 1978 y 1933 de 1989, pero con la
inaplicación de una expresión específica del artículo 2.° de la primera de estas
normas, ello conforme los argumentos que a continuación se esbozan.

 Régimen especial de pensiones de los detectives del extinto DAS

En ejercicio de las facultades extraordinarias conferidas por la Ley 5.ª de 1978,
el Gobierno Nacional expidió el Decreto 1047 del 7 de junio de 19784, norma
que previó un régimen especial de pensiones para quienes ejerzan funciones
de dactiloscopistas en el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS),
esto en los siguientes términos:

«Artículo 1. Los empleados públicos que ejerzan por veinte años continuos o
discontinuos las funciones de las dactiloscopistas en el Departamento
Administrativo de Seguridad, y que hayan aprobado el curso de formación en
dactiloscopia impartido por el instituto correspondiente de dicho Departamento,
tendrán derecho a gozar de la pensión de jubilación cualquiera sea su edad.»

«Artículo 3. Para los fines del presente Decreto se entiende por dactiloscopista
el empleado público que en forma permanente y continua, recoge, analiza,
interpreta, confronta y clasifica huellas digitales con fines investigativos o de
identificación, o desarrolla cualesquiera de las diferentes actividades técnicas
que deben cumplir los dactiloscopistas en su condición de miembros de la
Policía Judicial y como auxiliares de la Rama Jurisdiccional y el Ministerio
Público en la investigación de hechos delictivos.»

4 “Por el cual se determina el régimen de pensión vitalicia de jubilación para las personas que
desempeñen funciones de dactiloscopistas en el Departamento Administrativo de Seguridad”.

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A su turno, el Decreto 1933 del 28 de agosto de 19895, a través de su artículo
10 consagró un régimen pensional general para los empleados de dicho
organismo, y uno de carácter excepcional para quienes cumplieran funciones
de dactiloscopistas y detectives, así:

«Artículo 10. Pensión de jubilación. Las normas generales sobre pensión de
jubilación previstas para los empleados de la administración pública del orden
nacional se aplicarán a los empleados del Departamento Administrativo de
Seguridad.

Los empleados que cumplan funciones de dactiloscopistas en los cargos de
Detective Agente, Profesional o Especializado, se regirán por lo establecido en
cuanto a régimen de pensión vitalicia de jubilación, por el Decreto-ley 1047 de
1978, cuyas normas serán igualmente aplicables al personal de detectives en sus
distintos grados y denominaciones.»

De lo expuesto se denota que, el Decreto 1933 de 1989 previó que los
beneficios en materia pensional contenidos en el Decreto 1047 de 1978, se
harían extensivos a los detectives del DAS sin tener en cuenta el grado o
denominación del cargo, siempre y cuando acreditaran haber prestado sus
servicios en la entidad durante 20 años continuos o discontinuos y que
hubieran aprobado el curso de formación por el instituto de dicho ente, caso
en el cual tendrían derecho a gozar de una pensión de jubilación a cualquier
edad.

Ahora bien, con la expedición de la Ley 100 de 1993 (Sistema General de
Pensiones), el legislador señaló de manera expresa en el artículo 140 que
correspondería al Gobierno Nacional fijar el régimen de los servidores públicos
que laboren en actividades de alto riesgo, teniendo en cuenta una menor edad
de jubilación o un número menor de semanas de cotización, o ambos
requisitos. Se cita el canon:

«Artículo 140. Actividades de alto riesgo de los servidores públicos. De
conformidad con la Ley 4a. de 1992, el Gobierno Nacional expedirá el régimen de
los servidores públicos que laboren en actividades de alto riesgo, teniendo en
cuenta una menor edad de jubilación o un número menor de semanas de
cotización, o ambos requisitos. Se consideran para este efecto como actividades
de alto riesgo para el trabajador aquellas que cumplen algunos sectores tales como
el Cuerpo de Custodia y Vigilancia Nacional Penitenciaria. Todo sin desconocer
derechos adquiridos.

El Gobierno Nacional establecerá los puntos porcentuales adicionales de
cotización a cargo del empleador, o del empleador y el trabajador, según cada
actividad.»

Con base en dicha facultad, la precitada norma fue reglamentada mediante el
Decreto 1835 de 19946 cuyo campo de aplicación se fijó en los siguientes
términos:

«Artículo 1o. Campo de aplicación. El Sistema General de Pensiones contenido en
la Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios se aplica a los servidores
públicos de todos los niveles, de conformidad con el Decreto 691 de 1994.

5 “Por el cual se expide el régimen prestacional especial para los empleados del Departamento
Administrativo de Seguridad”.
6 “Por el cual se reglamentan las actividades de alto riesgo de los servidores públicos”.

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Demandante: Gonzalo Briñez Roa

Igualmente les son aplicables las normas consagradas en los Decretos 1281 de
1994 y 1295 de 1994.

Sin perjuicio de lo anterior, y en desarrollo del artículo 140 de la Ley 100 de 1993,
el presente decreto contiene las normas especiales sobre actividades de alto
riesgo de todos los servidores públicos, salvo aquellos de la Registraduría Nacional
del Estado Civil y del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC, quienes
serán objeto de decisión especial.
[…]

Parágrafo. El régimen de pensiones especial sólo le será aplicable a los servidores
públicos a los que se refiere este decreto, siempre que permanezcan afiliados al
Régimen Solidario de Prima Media con Prestación Definida.

Cuando estos servidores se afilien voluntariamente al régimen de ahorro individual
con solidaridad se regirán por las normas propias de este, salvo en lo que respecta
al monto de las cotizaciones que se regirán por lo dispuesto en el presente
decreto.»

En su artículo 2.° señaló las actividades consideradas como de alto riesgo, en
las que se encuentran las siguientes:

«Artículo 2. Actividades de alto riesgo. En desarrollo del artículo 140 de la Ley 100
de 1993, sólo se consideran actividades de alto riesgo las siguientes:

1. En el Departamento Administrativo de Seguridad - DAS: Personal de detectives
en sus distintos grados y denominaciones de especializado, profesional y
agente. […]»7

Asimismo, el artículo 3.° de la referida normativa consagró los requisitos para
que los servidores del DAS que desempeñaran funciones de alto riesgo –que
entraran a la entidad a partir de la vigencia del citado decreto- obtuvieran la
pensión de vejez:

«Artículo 3. Requisitos para obtener la pensión de vejez. Los servidores públicos
que ingresen a partir de la vigencia del presente decreto, a las actividades previstas
en los numerales 1° y 5° del artículo 2°, tendrán derecho a la pensión especial de
vejez, cuando cumplan los siguientes requisitos:

1. 55 años de edad.
2. 1.000 semanas de cotización especial en las actividades citadas en el inciso 1°
de este artículo.

La edad para el reconocimiento de la pensión especial de vejez se disminuirá en
un año por cada sesenta (60) semanas de cotización especial, adicionales a las
primeras 1000 semanas, sin que dicha edad pueda ser inferior a 50 años. […]»

Sin embargo, en el artículo 4.° ejusdem previó un régimen de transición, de la
siguiente manera:

«Artículo 4º. Régimen de transición. <Artículo corregido por el artículo 1o. del
Decreto 898 de 1996. El nuevo texto es el siguiente:> Los funcionarios de las
entidades señaladas en este capítulo que laboren en las actividades descritas en
el numeral 1º del artículo 2º de este Decreto, que estuviesen vinculados a ellas con

7 El aparte subrayado fue derogado por el artículo 11 del Decreto 2091 de 2003. Este Decreto, a su vez,

fue declarado inexequible a partir de su promulgación, mediante sentencia C-030 de 28 de enero de
2009, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.

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anterioridad a su vigencia, no tendrán condiciones menos favorables, en lo que
respecta a la edad para acceder a la pensión de vejez o jubilación, el tiempo de
servicio requerido o el número de semanas cotizadas, y el monto de esta pensión,
a las existentes para ellos en las normas vigentes con anterioridad a la Ley 100 de
1993.

Para los demás servidores, las condiciones y requisitos para acceder a la pensión
de vejez o jubilación, se regirán por las disposiciones contenidas en la Ley 100 de
1993 y sus reglamentos, particularmente en lo relacionado al monto de las
cotizaciones a cargo del respectivo empleador.»

Finalmente, en lo que atañe a este decreto en mención, se resalta que aquel
delimitó un marco temporal respecto a la aplicación del régimen llamado
especial o excepcional de los referidos funcionarios, pues el artículo 14 en su
tenor literario consagró:

«Artículo 14. Límite del régimen especial. El régimen de pensiones especiales para
las actividades de alto riesgo previstas en este Decreto, sólo cubrirá a los
servidores públicos vinculados a las mismas hasta el 31 de diciembre del año
2004.»

Ahora, si bien es cierto que el Decreto 1835 de 1994 fue revocado por el
Decreto 2090 de 20038, también lo es que el conflicto que se suscita en la
presente causa judicial se direcciona a determinar si el demandante se hizo
beneficiario o no del régimen de transición previsto en el primero de los
precitados decretos, a fin que le sea reconocida la pensión de jubilación en los
términos del Decreto 1047 de 1978.

De ello que los efectos del Decreto 2090 de 2003 no permean la situación
prestacional del interesado, pues se reitera que el desarrollo del sub iudice
recae en el análisis teleológico y práctico de las prerrogativas pensionales
anteriores a la fecha de promulgación de este.

En concordancia con el anterior recuento normativo, se encuentra que la Ley
860 del 26 de diciembre de 20039, en su artículo 2.°, enlistó los requisitos para
tener derecho a la pensión de vejez por exposición a actividades de alto riesgo
en el DAS, así:

«Artículo 2°. Definición y campo de aplicación. El régimen de pensiones para el
personal del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, al que se refieren
los artículos 1° y 2° del Decreto 2646 de 1994 o normas que lo modifiquen o
adicionen, será el que a continuación se define.

Para el personal del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, que labore
en las demás áreas o cargos, se les aplicará en su integridad el Sistema General
de Pensiones establecido en la Ley 100 de 1993, modificada por la Ley 797 de
2003.

[…]

8 «Por el cual se definen las actividades de alto riesgo para la salud del trabajador y se modifican y

señalan las condiciones, requisitos y beneficios del régimen de pensiones de los trabajadores que
laboran en dichas actividades»
9 “Por la cual se reforman algunas disposiciones del Sistema General de Pensiones previsto en la Ley

100 de 1993 y se dictan otras disposiciones”.

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Parágrafo 5°. Régimen de transición. Los detectives vinculados con
anterioridad al 3 de agosto de 1994 que a la fecha de entrada en vigencia de
la presente ley hubieren cotizado 500 semanas les serán (sic) reconocida la
pensión de vejez en las mismas condiciones del régimen de transición
contenidas en el Decreto 1835 de 1994. […]» (Negrita intencional).

Lo expuesto denota que, lo pretendido por el legislador con la expedición de
la precitada ley era reglamentar el régimen de transición del Decreto 1835 de
1994 para aquellos detectives que, habiéndose vinculado con anterioridad al
3 de agosto de 1994, a la fecha de promulgación del Decreto 860 (26 de
diciembre de 2003) contaran con al menos 500 semanas de cotización, con
el fin que le fuera reconocida la pensión de vejez en las mismas condiciones
de quienes gozaban de la referida transición.

 De la situación particular del libelista

De acuerdo con las consideraciones normativas y jurisprudenciales
planteadas en el sub examine, se encuentra demostrado lo siguiente:

1. El señor Gonzalo Briñez Roa nació el 17 de mayo de 1957 según copia de
su cédula de ciudadanía visible a folio 35.

2. Conforme a la certificación laboral del 4 de noviembre de 2010 suscrita por
el coordinador del Grupo de Administración de Personal del DAS (folios 30
a 31), se observa que el demandante laboró al servicio de dicha entidad
durante un período ininterrumpido comprendido entre el 5 de marzo de
1983 (ver acta de posesión a folio 238) y el 14 de septiembre de 2001, ello
en ejercicio de los cargos de detective urbano alumno, detective agente y
finalmente detective profesional, código 207, grado 09.

3. De acuerdo con la Resolución 002005 del 13 de septiembre de 2001 (folio
33), el director del Departamento Administrativo de Seguridad declaró
insubsistente el nombramiento del libelista en el cargo de detective
profesional, código 207, grado 09 de la planta global de la institución,
asignado a la Seccional Magdalena.

4. De la relación de salarios devengados emitida por el pagador del DAS
respecto de los abonos efectuados al señor Briñez Roa entre los años 2000
y 2001 (folio 32), se extrae que aquel percibió como factores los siguientes:
sueldo básico, prima de riesgo, bonificación por servicios prestados, prima
de servicios, prima de vacaciones, bonificación de recreación y prima de
navidad.

5. El demandante radicó petición ante, la entonces, Caja Nacional de
Previsión Social, 17 de febrero de 2009 (folios 19 a 23), con la que solicitó
el reconocimiento y pago de una pensión de jubilación conforme a los
presupuestos del Decreto 1047 de 1978, por asegurar que es beneficiario
del régimen de transición del Decreto 1835 de 1994.

6. Cajanal expidió la Resolución PAP 019020 del 13 de octubre de 2010
(folios 16 a 18), a través de la cual negó lo deprecado por el libelista con
base en los siguientes planteamientos:

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«[…] Los empleados que cumplan funciones de dactiloscopistas en los cargos de
detective agente, profesional o especializado en cuanto a régimen de pensión
vitalicia de jubilación, por el decreto-ley 1047 de 1978, cuyas normas serán
igualmente aplicables al personal de detective en sus distintos grados y
denominaciones.

Al determinar el tiempo laborado por el peticionario, se puede observar que
cuenta con 18 años, 6 meses y 10 días, según certificación de tiempos de servicio
expedida por el DAS, pero en dicha certificación no hay claridad en cuanto a los
cargos que desempeñó durante su vinculación, solo se refiere al cargo
desempeñado al momento del retiro.

Revisado el cuaderno administrativo, el peticionario solo aportó el certificado de
factores salariales desde el 01 de diciembre de 1992 al 30 de septiembre de
2001, en donde certifica que el cargo desempeñado durante este período fue
DETECTIVE; en cuanto al tiempo comprendido entre el 05 de marzo de 1983 al
30 de noviembre de 1992, no hay claridad con respecto del cargo que ocupó,
siendo esto necesario para reconocer la pensión de vejez, según los decretos
1047 de 1978 y 1933 de 1980.

Que en el expediente administrativo no obra certificado de la realización y
aprobación del curso de Dactiloscopista, el cual es necesario para dar aplicación
a los decretos mencionados el párrafo anterior.

Por lo anteriormente descrito no es procedente el reconocimiento de la pensión
de vejez. […]».

7. Inconforme con lo anterior, la parte activa interpuso recurso de reposición
contra la precitada decisión administrativa, según el escrito que data del 3
de noviembre de 2010 (folios 25 a 29), el cual a la fecha de interposición
de la demanda (16 de diciembre de 2013 según folio 15 vuelto), no había
sido resuelto por la entidad demandada.

8. A partir de la certificación laboral emitida el 29 de abril de 2016 por la
coordinadora de gestión humana del Archivo General de la Nación (folios
239 a 251), se extrae que el señor Briñez Roa efectivamente laboró al
servicio del extinto DAS entre el 5 de marzo de 1983 y el 14 de septiembre
de 2001 en las siguientes fechas y cargos:

Asimismo, del documento en mención se verifica que el libelista en ejercicio
del empleo de detective agente cumplió funciones como dactiloscopista, tal
como se advierte de la lectura de las siguientes responsabilidades:

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«[…] A partir del 27 de Septiembre de 1989 hasta el 20 de Abril de 1992, en el cargo
de Detective Agente Grado 05, cumpliendo las siguientes funciones, según lo
contemplado en la Resol.0996 (sic) del 11 de Marzo de 1991, así:

8. Redactar formulas dactiloscópicas de conformidad con los sistemas utilizados.

9. Realizar búsquedas alfabéticas y dactiloscópicas, comprobación dactilar y hacer
las anotaciones del caso para establecer plena identidad.

[…] A partir del 15 de Marzo de 1994 hasta el 30 de Enero de 1996, en el cargo de
Detective Agente 208-07, cumpliendo las siguientes funciones de acuerdo a las
equivalencias de la Resol. 1348, según lo contemplado en la Resol.0996 del 11 de
Marzo de 1991, de acuerdo a las equivalencias de empleos contemplados en la Resol.
1348 (sic) del 06 de julio de 1993, así:

7. Asistir a los funcionarios judiciales en inspecciones, reconstrucciones,
levantamiento de cadáveres, exploraciones dactiloscópicas, toma de guanteletes de
parafina, huellas y necrodactilias.

[…] A partir del 01 de Febrero de 1996 hasta el 01 de Noviembre de 1999, en el cargo
de Detective Agente 208-07, a continuación se relacionan las funciones generales
establecidas por la Resol.0763 (sic) del 04 de Junio de 1999 para el cargo en mención,
así:

[…] ÁREA: DIRECCIÓN DE EXTRANJERÍA

3. Efectuar los peritazgos dactiloscópicos para una plena identificación.

[…] 5. Efectuar las conversiones dactiloscópicas de las circulares rojas de Interpol.
[…]». (Mayúscula y negrilla del texto original).

En virtud de los supuestos fácticos del presente caso, se colige que, el señor
Gonzalo Briñez Roa se vinculó al extinto Departamento Administrativo de
Seguridad (DAS) desde el 5 de marzo de 1983 para ocupar la plaza de
detective urbano alumno, código 4115, grado 3 de la planta de personal de
dicha entidad. También se resalta que aquel fue retirado del servicio al haberse
declarado insubsistente su nombramiento al 14 de septiembre de 2001 como
detective profesional, código 207, grado 9, ello en virtud de la Resolución
002005 del 13 de septiembre de la misma anualidad.

Como puede observarse, el libelista no es beneficiario del régimen de
transición previsto en el inciso segundo del artículo 36 de la Ley 100 de 1993,
por cuanto al 1.° de abril de 1994 (fecha de entrada en vigencia del Sistema
de Seguridad Social en Pensiones para empleados del orden nacional) apenas
contaba con 36 años de edad y 11 años y 27 días de servicio.

Ahora bien, toda vez que el demandante inició la prestación de sus servicios
ante el DAS a partir del 5 de marzo de 1983, es decir, con anterioridad a la
fecha de promulgación del Decreto 1835 de 1994 (3 de agosto de 1994), sería
plausible concluir, sin entrar a analizar de fondo los demás presupuestos que
configuran su situación particular, que aquel gozaba de las previsiones
pensionales contenidas en los Decretos 1047 de 1978 y 1933 de 1989 en
cuanto a la edad, el monto y el tiempo de servicios para acceder a la pensión
de vejez. Lo anterior, de conformidad con el régimen transitorio de que trata el
artículo 4.° de la primera norma en comento.

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Demandante: Gonzalo Briñez Roa

No obstante, el artículo 14 del Decreto 1835 de 1994 reguló un límite temporal
hasta el 31 de diciembre de 2004 a fin de extender el régimen especial de
pensiones a los servidores públicos que desplegaran actividades de alto
riesgo. Empero, con posterioridad fue expedida la Ley 860 de 2003 mediante
la cual se realizaron sendas reformas a algunos postulados de la Ley 100 de
1993, y particularmente previó en su artículo 2.º, parágrafo 5.° la continuidad
de las prerrogativas relativas al régimen de transición del primer decreto en
mención, ello con el fin de salvaguardar la expectativa del derecho de ciertos
empleados que en ejercicio de su función desempeñaran tales características
excepcionales.

Estos aspectos fijados por la Ley 860 de 2003 serán objeto de análisis por
parte de esta Sala con el propósito de comprobar si al demandante le asistía
el derecho pretendido. Al respecto se precisa lo siguiente:

I. En cuanto al campo de aplicación del régimen especial de pensiones,
este cubrirá al personal del DAS al que se refieren los artículos 1.° y 2.°
del Decreto 2646 de 1994 y demás normas que lo modifiquen.

Bajo este postulado, al hacer una remisión al artículo 1.° de la mentada norma,
se encuentra que, entre otras denominaciones y cargos, los detectives agentes
fueron sujetos de definición dentro de los empleados de la planta de personal
del Departamento Administrativo de Seguridad a quienes les resultaría
aplicable el régimen de pensiones por su actividad clasificada como de alto
riesgo.

Asimismo, de los medios de convicción practicados en esta actuación judicial,
es posible colegir que el señor Gonzalo Briñez Roa se desempeñó durante
toda su vida laboral como detective del DAS, lo cual se constata con los
numerales 2 y 8 de la relación probatoria que antecede.

II. Que el detective se hubiere vinculado al servicio del DAS con
anterioridad al 3 de agosto de 1994 (fecha de entrada en vigencia del
Decreto 1835 de 1994).

En lo que respecta a este segundo requerimiento, la Subsección advierte que,
conforme a los numerales 2 y 8 de las pruebas referidas en precedencia, se
comprueba que el demandante se vinculó al servicio del organismo de
seguridad el 5 de marzo de 1983, esto es, antes de la promulgación del
mentado decreto.

III. Que para el momento en que entró en vigor la Ley 860 de 2003 (29 de
diciembre de 2003), el interesado contara con al menos 500 semanas
de cotización con destino a pensión.

En lo concerniente a este tercer aspecto, se dilucida que la parte activa
consolidó 963,02 semanas (18 años, 6 meses y 9 días) al 29 de diciembre de
2003, pues de conformidad con los numerales 2 y 8 de los medios de
convicción antedichos, el libelista estuvo vinculado al DAS de manera
ininterrumpida desde el 5 de marzo de 1983 hasta el 14 de septiembre de
2001.

En este punto se aclara que, si bien en el plenario no se vislumbra prueba que
corrobore los aportes que el empleado realizó durante toda su vida laboral para
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Demandante: Gonzalo Briñez Roa

seguridad social y especialmente para pensión (reporte de cotizaciones), lo
cierto es que no se controvierte que la entidad empleadora se encontraba
sometida al imperio de la ley y que atendió la obligación existente en cuanto a
las cotizaciones forzosas que correspondían realizarse ante el respectivo ente
de previsión desde la data de vinculación al servicio del señor Briñez Roa.

De conformidad con lo expuesto, se encuentra demostrado que el demandante
acreditó los requisitos trazados por la Ley 860 de 2003 para hacerse
beneficiario del régimen de transición de que trata el artículo 4.° del Decreto
1835 de 1994, pues (i) se desempeñó en el DAS bajo el cargo de detective y
durante cierto período con funciones de dactiloscopista; (ii) se vinculó a la
entidad con anterioridad al 3 de agosto de 1994, y; (iii) para el momento en
que entró en vigencia la Ley 860 de 2003 contaba con 963,02 semanas de
cotización.

Pues bien, el marco normativo que en virtud de la transición debe tenerse en
cuenta para el caso del libelista a fin de determinar la consolidación o no del
derecho pensional reclamado, es el contenido en los Decretos 1047 de 1978
y 1933 de 1989, esto en atención a lo previsto en el artículo 4.º del Decreto
1835 de 199410. Sobre el punto, los artículos 1.° y 2.° de la primera norma en
comento rezan lo siguiente:

«[…] ARTICULO 1o. Los empleados públicos que ejerzan por veinte años
continuos o discontinuos las funciones de las dactiloscopistas en el
Departamento Administrativo de Seguridad, y que hayan aprobado el
curso de formación en dactiloscopia impartido por el instituto
correspondiente de dicho Departamento, tendrán derecho a gozar de la
pensión de jubilación cualquiera sea su edad.

ARTICULO 2o. Los empleados públicos que hayan aprobado el curso a
que se refiere el artículo anterior y que permanezcan al servicio del
Departamento Administrativo de Seguridad por un término no menor de
18 años continuos en el desempeño de funciones de dactiloscopista,
tendrán derecho a la pensión de jubilación al cumplir 50 años de edad,
siempre que para esta época fueren funcionarios de ese Departamento.
[…]».

En tal sentido, como requisitos indispensables para adquirir la prerrogativa en
comento bajo la regulación aludida, el demandante debió acreditar cualquiera
de los dos siguientes supuestos: i) acumular 20 años de servicio continuos o
discontinuos prestados al DAS como detective sin importar la condición etaria;
o ii) demostrar 18 años de labor oficial en dicha entidad bajo el mentado
empleo y cumplir 50 años de edad.

10 «ARTICULO 4o. REGIMEN DE TRANSICION. < Artículo corregido por el artículo 1 o. del Decreto 898

de 1996. El nuevo texto es el siguiente: > Los funcionarios de las Entidades señaladas en este capítulo,
que laboren en las actividades descritas en los numerales 1o. y 5o. del artículo 2 o., de este Decreto,
que estuviesen vinculados a ellas con anterioridad a su vigencia, no tendrán condiciones menos
favorables, en lo que respecta a la edad para acceder a la pensión de vejez o jubilación, el tiempo de
servicio requerido o el número de semanas cotizadas y el monto de ésta pensión, a las existentes para
ellos en las normas vigentes con anterioridad a la Ley 100 de 1993.

Para los demás servidores las condiciones y requisitos para acceder a la pensión de vejez o jubilación,
se regirán por las disposiciones contenidas en la Ley 100 de 1993 y sus reglamentos, particularmente
en lo relacionado al monto de las cotizaciones a cargo del respectivo empleador.»

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Demandante: Gonzalo Briñez Roa

i) Frente al primer escenario descrito, es evidente que el señor Gonzalo Briñez
Roa no lograría satisfacer la exigencia de los 20 años de servicio, toda vez que
como se precisó con anterioridad en el análisis del recuento probatorio, aquel
solo comprobó que tuvo una relación legal y reglamentaria como detective del
extinto Departamento Administrativo de Seguridad por un lapso de 18 años, 6
meses y 9 días comprendidos entre el 5 de marzo de 1983 y el 14 de
septiembre de 2001. En tal sentido, el libelista no podía adquirir el derecho
pensional a cualquier edad como lo prevé el artículo 1.° del Decreto 1047 de
1978.

ii) Ahora bien, restaría verificar el segundo planteamiento bajo el cual el
reclamante podría haber consolidado su situación pensional especial. Para ello
se destaca que el cumplimiento de los 18 años de labor en el DAS se
encuentran debidamente respaldados por el acervo probatorio practicado en
el sub examine, tal como se puntualizó con antelación. De hecho, es claro
como lo advirtió el tribunal de origen que no resultaba necesario acreditar que
ese tiempo de vinculación hubiese sido en el ejercicio de un cargo con
funciones exclusivas de dactiloscopista, habida cuenta de que conforme al
artículo 10 del Decreto 1933 de 1989, efectivamente las previsiones de los
artículos 1.° y 2.° del Decreto 1047 de 1978 podían ser aplicables de manera
extensiva para todos los detectives del DAS, bien fueran en calidad de
agentes, profesionales o especializados, esto en sus distintos grados y
denominaciones.

En el presente asunto se destaca que si bien la realización del curso de
dactiloscopista es como tal un requisito que prevé el Decreto 1047 de 1978,
dicha exigencia se entiende cumplida en virtud de las previsiones del Decreto
1933 de 1989, pues aquel es un presupuesto indispensable para el ejercicio
del cargo de detective que evidentemente el libelista desempeñó.

Al respecto se destaca que el artículo 12 del Decreto 1550 de 1978 prevé que:
«Los alumnos de los cursos intensivos de instrucción y formación profesional para
detectives investigadores, detectives dactiloscopistas y detectives de seguridad rural,
tanto los becarios como los que reciben asignación proporcional, que hayan aprobado
todas las materias de los respectivos planes de estudio y reciban la certificación
correspondiente, serán nombrados en cargos de detectives investigadores II,
detectives dactiloscopistas II o detectives de seguridad rural II. Tales funcionarios
prestarán servicios en los lugares que se les señale» (Resalta la Subsección).

Por otra parte, el literal c) del artículo 15 de la norma ejusdem contempla que:
«para ser promovido al cargo inmediatamente superior», las personas que
desempeñen empleos de detective investigador, detective dactiloscopista o detective
de seguridad rural, en cualquiera de sus categorías, «deberán, acreditar, entre otros,
el requisito de asistir cumplidamente al curso de capacitación y aprobar todas las
materias teóricas y prácticas del mismo».

Por último, el Decreto 2147 de 1989 en su artículo 50 señala que «el ingreso al
servicio se hará mediante nombramiento en período de prueba para el grado inferior
de detective agente, entre quienes hayan adelantado y aprobado los cursos de
formación y especialización en la Academia de Inteligencia y Seguridad Pública o en
las escuelas regionales, y obtenido evaluación favorable del Comité Interdisciplinario
del respectivo centro docente». A su vez, el parágrafo de esta norma previó que
«los alumnos de Academia que no aprueben los cursos de formación y
especialización para ingreso u obtengan evaluación desfavorable, serán retirados de
la institución mediante resolución expedida por el Jefe del Departamento».

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Demandante: Gonzalo Briñez Roa

La normativa en comento permite inferir que si el demandante ingresó al DAS
como detective y además cumplió en algunas ocasiones funciones como
dactiloscopista, al punto de permanecer en la institución e incluso ser
promovido en cargos de detective superiores, es porque aprobó el curso
exigido en el Decreto 1047 de 1978, por lo que se entenderá acreditado este
requisito.

Respecto de este último aparte, la Sala11 ha considerado:

«[…] En la parte inicial del inciso segundo de la norma trascrita, se refiere a
una clase de detectives (agente, profesional y especializado) según la labor
especial que ejecutan, sin embargo, al final dispone el mismo derecho para los
detectives (en sus distintos grados y denominaciones), sin precisar otra clase
de función, pero indiscutiblemente se refiere a otra clase de detectives
diferentes a los primeros, es decir, aquellos que dentro de la entidad se
dedican a la función específica de su empleo. Este personal también está
sometido a situaciones de alto riesgo (por actividades de peligro) y por lo tanto
fue tenido en cuenta por el legislador de manera privilegiada en el ámbito
pensional. […]».

Es decir, debido a esta unificación en términos generales frente a los efectos
de la regulación pensional para los detectives de la referida entidad, sin
distinción acerca del cumplimiento o no de funciones dactiloscópicas, resulta
acertado deducir que el requisito de tiempo de servicio de que trata el artículo
2.° del Decreto 1047 de 1978, solamente consiste en acumular 18 años de
labor como «detective» de la mentada entidad de seguridad. Particularmente
en lo atinente a la situación del demandante, se observa que esta exigencia
se satisface de manera adecuada, toda vez que según los certificados
laborales aportados al plenario, es palmario que aquel laboró en la referida
plaza (incluso en algunas oportunidades con las funciones específicas en
comento), ello durante más del período previsto en la norma ejusdem.

Sin perjuicio de lo expuesto, es de resaltar que bajo el análisis de este segundo
supuesto, a diferencia del primero, la edad sí es un postulado que se necesita
verificar a fin de estructurar el derecho en litigio. Concretamente el precepto
regulatorio precitado consagra que el reclamante debe cumplir 50 años.
Empero, de la lectura exegética del artículo 2.º del Decreto 1047 de 1978, se
extrae que la exigencia en comento está condicionada a que la edad aludida
se adquiera «[…] siempre que para esta época fueren funcionarios de ese
Departamento. […]».

Frente a este postulado, en el caso sub lite se observa que el libelista nació el
17 de mayo de 1957, por lo que resulta claro que aquel cumplió 50 años de
edad el 17 de mayo de 2007. No obstante, es de destacar que el señor Briñez
Roa fue retirado del servicio como detective del DAS desde el 14 de
septiembre de 2001, luego de haberse declarado insubsistente su
nombramiento conforme a la Resolución 002005 del 13 de septiembre del
mismo año. Lo anterior permite inferir sin mayores elucubraciones que aquel
cumplió la edad requerida por la normativa aplicable a su caso, pero lo propio
ocurrió cuando su relación legal y reglamentaria con la referida entidad había
fenecido, es decir, ya no era funcionario activo de la institución.

11Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A.
Sentencia del 21 de noviembre de 2013. Radicado: 68001-23-31-000-2009-00307-01(2056-13).

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Radicado: 47001-23-33-000-2015-00335-01 (2533-2017)
Demandante: Gonzalo Briñez Roa

En tal sentido, un primer análisis de dicha situación conllevaría estimar que el
demandante no colmó la condición prevista para la exigencia etaria con la cual
adquiriría la prestación debatida, por lo que una interpretación literal del
artículo 2.º del Decreto 1047 de 1978, implicaría a su vez asumir que este no
habría satisfecho los presupuestos para ser titular del derecho a la pensión
especial de jubilación del personal de detectives del DAS.

Aun bajo esta intelección, el tribunal de primera instancia resolvió tener en
cuenta el principio de favorabilidad laboral para asegurar que al margen de lo
consagrado en dicha norma, era más beneficioso y garantista para el señor
Gonzalo Briñez Roa considerar que no era necesario el cumplimiento de los
50 años de edad en vigencia del vínculo legal y reglamentario, cuando en
realidad aquel ya había acumulado el tiempo de servicio indispensable para
estructurar la prestación, al punto de que la edad era tan solo una condición
suspensiva para que la prerrogativa entrara jurídicamente a su patrimonio.

Al respecto, la Subsección advierte que dicho planteamiento en esencia y
técnicamente se acompasa con la figura de la excepción de
inconstitucionalidad en virtud de la cual, en un escenario administrativo o
judicial como el presente, se inaplica un enunciado normativo que sea
manifiestamente contrario a los principios, garantías y derechos superiores de
la Carta Política de 1991, ello por desconocerlos abiertamente o contrariarlos
sin ningún tipo de juicio de ponderación válido para preferir un precepto legal
de manera irrestricta.

Si bien el a quo no hizo referencia expresa a dicha institución jurídica, se
estima que efectivamente para resolver particularmente el asunto sub
examine, se torna adecuado e imperioso arribar a esa misma conclusión, en
el sentido de no atender el aparte del artículo 2.º del Decreto 1047 de 1978
que reza los siguiente: «[…] siempre que para esta época fueren funcionarios de
ese Departamento. […]», esto con base en las siguientes razones:

Sobre el punto, en casos como el de marras es dable tener en cuenta que la
norma superior contempla en su artículo 4.° la primacía de la Constitución
sobre cualquier otra regulación que le sea contraria, lo cual se traduce en lo
que la misma Corte Constitucional ha definido como la excepción de
inconstitucionalidad, la cual corresponde a una surte de control difuso y
concreto de constitucionalidad contemplado como un deber, aplicable por
parte de las autoridades y demás operadores jurídicos cuando estos deban
resolver casos particulares en los que se advierta una trasgresión a los
preceptos supralegales, especialmente los relacionados con las garantías
fundamentales de los administrados.

Sobre el particular, la Corte Constitucional en sentencia SU-132 del 13 de
marzo de 2013 precisó lo siguiente:

«[…] La jurisprudencia constitucional ha definido que “la excepción de
inconstitucionalidad es una facultad o posibilidad (o si se quiere, una
herramienta) de los operadores jurídicos, en tanto no tiene que ser alegada o
interpuesta como una acción; pero se configura igualmente como un deber en
tanto las autoridades no pueden dejar de hacer uso de ella en los eventos en
que detecten una clara contradicción entre la disposición aplicable a una caso
concreto y las normas constitucionales”. En consecuencia, esta herramienta se
usa con el fin de proteger, en un caso concreto y con efecto inter partes, los

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Radicado: 47001-23-33-000-2015-00335-01 (2533-2017)
Demandante: Gonzalo Briñez Roa

derechos fundamentales que se vean en riesgo por la aplicación de una norma
de inferior jerarquía y que, de forma clara y evidente, contraría las normas
contenidas dentro de la Constitución Política. […]».

De acuerdo con lo expuesto, resulta viable que en determinados asuntos
concretos y específicos, dadas las condiciones en las que tendría que
aplicarse una norma para estructurar cierta prerrogativa, se torne adecuado y
perentorio inobservar dicho postulado legal o reglamentario, siempre que se
verifique una transgresión de los derechos fundamentales del administrado
por asumir con preferencia la postura infraconstitucional. Como se observa, el
fin de esta figura jurídica es velar por la indemnidad del ordenamiento
supralegal y de esta forma hacer efectivas las garantías que le son propias en
procura de la concreción de una verdadera justicia material.

Bajo tal contexto, es indispensable identificar en el caso sub iudice, cuáles
serían los derechos fundamentales que podrían verse vulnerados si se da
aplicación irrestricta al postulado del artículo 2.° del Decreto 1047 de 1978 que
prevé la exigencia de cumplir 50 años de edad en vigencia de una relación
legal y reglamentaria con el DAS para poder adquirir una pensión de jubilación
con fundamento en la precitada regulación especial.

En lo atinente a la situación particular del libelista, se observa en primer lugar
que, el hecho de dar observancia a aquel postulado implicaría una afectación
de su derecho a la igualdad previsto en el artículo 13 constitucional, ello si se
tiene en cuenta que este se encuentra en un plano de paridad con los demás
detectives de la extinta entidad de seguridad desde el punto de vista
pensional. Al respecto basta dar lectura de los artículos 1.° y 2.° del Decreto
1047 de 1978, los cuales en esencia contemplan 2 formas en las que los
detectives en general, sin distinción a sus funciones (según el canon 10 del
Decreto 1933 de 1989), podían consolidar una pensión de jubilación. Esto es,
bien sea con la acreditación de 20 años de servicio y cualquier edad, o con la
acumulación de 18 años de labor oficial y el cumplimiento de 50 años de edad,
pero solo en la medida en que este último requisito se satisfaga durante la
existencia de un vínculo laboral con el DAS.

Como se aprecia de lo expuesto anteriormente, a pesar de que las dos
opciones jurídicas están contempladas indistintamente para cualquier
funcionario nombrado como detective de la referida institución, se destaca
sobre la primera que, si bien esta consagra la posibilidad de estructurar la
prerrogativa de jubilación a cualquier edad, lo cierto es que no señala ningún
tipo de condición relativa a la permanencia del funcionario al servicio de la
referida autoridad para deprecar el otorgamiento de la prestación. Es decir,
los servidores en comento que acumulen 20 años de labor, no solo pueden
instar el reconocimiento de la pensión en cualquier momento después de
colmar la exigencia de tiempo de servicio, sino que ello puede ocurrir incluso
al estar desvinculados, bien sea por renuncia, declaratoria de insubsistencia
o cualquier otra situación administrativa.

Empero, al revisar las previsiones de la segunda opción mencionada que es
en la que se encuentra el demandante, se extrae que el artículo 2.° del Decreto
1047 de 1978, además de requerir la demostración de 18 años de servicio
como detective (que por ser una diminución en el período de labor y cotización
frente al primero caso, a su vez permite la implementación de una exigencia
etaria como la de los 50 años de edad), igualmente obliga al funcionario a

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Radicado: 47001-23-33-000-2015-00335-01 (2533-2017)
Demandante: Gonzalo Briñez Roa

cumplir con este último presupuesto en vigencia de una relación legal y
reglamentaria con el DAS, lo cual equivale a un condicionamiento adicional,
superior, limitante y más gravoso que el del primer postulado examinado, pues
en este último, ello no es un elemento constitutivo del derecho pensional.

En tal sentido, se hace palmario el hecho de que, exigirle a los detectives con
18 años en el ejercicio de dicha plaza, que cumplan 50 años de edad a fin de
consolidar una pensión de vejez, pero que además esto ocurra en la época
de vinculación oficial con la aludida entidad de seguridad, resulta claramente
desigual y desproporcionado frente a la situación jurídica de los mismos
funcionarios que acrediten 20 años de labor, pues a estos últimos no se les
exige la permanencia en el servicio estatal, pese a que ambos preceptos
normativos (artículos 1.° y 2.° del Decreto 1047 de 1978) cobijan al mismo tipo
de servidores públicos.

De hecho, es adecuado poner de presente que el régimen de transición del
Decreto 1835 de 1994, conforme al cual se debe acudir a las previsiones de
los Decretos 1047 de 1978 y 1933 de 1989 en materia pensional para el
personal de detectives del extinto Departamento Administrativo de Seguridad,
lo que busca es generar beneficios o flexibilización en cuanto a los
requerimientos fijados para que tales empleados que hayan acumulado un
tiempo considerable de servicio puedan adquirir una pensión de jubilación,
ello en una suerte de compensación por la actividad de alto riesgo de sus
funciones que implican actividades de alto riesgo.

Es decir, la teleología del marco jurídico en mención consiste en disminuir la
rigurosidad de los preceptos regulatorios que habilitan la configuración de un
estatus pensional, de manera que el imponer condicionamientos que superen
la finalidad descrita, debe ser entendido como una abierta falta de cohesión
jurídica que en casos como el presente, también conlleva un tratamiento
desigual e incluso discriminatorio entre detectives que se encuentran
inmersos en un estado de equiparación ante la ley, situación que es a todas
luces inconstitucional.

Acorde con estos planteamientos, es evidente que en lo que respecta al caso
del señor Gonzalo Briñez Roa, si se atiende sin oposición la exigencia del
artículo 2.° del Decreto 1047 de 1978, atinente al cumplimiento de los 50 años
de edad en vigencia de un vínculo laboral con el DAS, sería tanto como
convalidar una vulneración de su derecho fundamental a la igualdad frente a
las condiciones previstas para el otorgamiento de una pensión de jubilación
en el caso de los mismos detectives de aquella entidad, pero que hubiesen
acreditado 20 años de labor y no 18 como el demandante.

Lo anterior se asegura en la medida en que si bien en ambos supuestos puede
haber diferencia en punto a los requisitos de tiempo de servicio y edad, no es
procedente que sobre uno de los grupos de servidores se configure una
divergencia restrictiva, limitante o condicional en detrimento de aquellos y en
favor de otros, tal como sería la demostración de permanencia de la relación
legal y reglamentaria, más aún cuando la observancia de tal precepto
implicaría una carga adicional y más gravosa para adquirir un derecho
prestacional en escenarios tan particulares como el del libelista, en el que por
ser beneficiario del régimen de transición, por el contrario debía verse
favorecido con un marco regulatorio menos impositivo.

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Radicado: 47001-23-33-000-2015-00335-01 (2533-2017)
Demandante: Gonzalo Briñez Roa

Por último se advierte que, si se tuviera en cuenta en el sub examine el referido
postulado normativo reprochado, se generaría una transgresión al derecho
fundamental a la seguridad social del libelista contemplado en el artículo 48
Constitucional. Lo anterior se afirma en la medida en que si a aquel no le fuera
concedida la pensión de jubilación bajo el régimen de los Decretos 1047 de
1978 y 1933 de 1989, en armonía con el entendimiento sobre el requisito de
edad expuesto previamente, este no lograría obtener la mentada prestación
incluso con base en los postulados normativos del régimen general de la Ley
100 de 1993.

Al respecto, si se verifica el artículo 33 de la norma ejusdem se encuentra que
los requisitos esenciales para estructurar la prerrogativa objeto de litigio, serían
los siguientes:

«[…] Requisitos para obtener la pensión de vejez. <Artículo modificado por el
artículo 9 de la Ley 797 de 2003. El nuevo texto es el siguiente:> Para tener el
derecho a la Pensión de Vejez, el afiliado deberá reunir las siguientes condiciones:

1. Haber cumplido cincuenta y cinco (55) años de edad si es mujer o sesenta
(60) años si es hombre.

A partir del 1o. de enero del año 2014 la edad se incrementará a cincuenta y siete
(57) años de edad para la mujer, y sesenta y dos (62) años para el hombre.

2. Haber cotizado un mínimo de mil (1000) semanas en cualquier tiempo.

A partir del 1o. de enero del año 2005 el número de semanas se incrementará
en 50 y a partir del 1o.de enero de 2006 se incrementará en 25 cada año hasta
llegar a 1.300 semanas en el año 2015. […]» (Negrilla fuera del texto original).

De conformidad con el enunciado normativo que antecede, los presupuestos
fácticos para acceder a la pensión de vejez del régimen de la Ley 100 de 1993
son:

i) acreditar 55 años de edad si es mujer o sesenta 60 años si es hombre; y
a partir del 1.º de enero del 2014 serán 57 años para la mujer y 62 para el
hombre.

ii) acumular 1000 semanas cotizadas en cualquier tiempo, que a partir de
2005 aumentan así:

Año Semanas cotizadas Año Semanas cotizadas

2004 1000 2010 1175
2005 1050 2011 1200
2006 1075 2012 1225
2007 1100 2013 1250
2008 1125 2014 1275
2009 1150 2015 1300

Pues bien, en el presente caso se observa que aun en el entendido de que a
la fecha de emisión de la presente providencia, el señor Briñez Roa cuenta
con 65 años de edad que colmarían la anunciada exigencia etaria, no ocurriría
lo mismo frente a la densidad de semanas de cotización, toda vez que según
el contexto fáctico de la demanda, el litigio como fue fijado y las pruebas

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Demandante: Gonzalo Briñez Roa

documentales obrantes en la actuación, aquel solo laboró al servicio del DAS
por un lapso de 18 años, 6 meses y 9 días equivalentes a 963,02 semanas,
las cuales no le permitirían acceder a la prestación por vejez.

Por lo expuesto, tal situación implicaría una desprotección en materia de
seguridad social para una persona que al ser mayor de 60 años, es acreedor
constitucional de un tratamiento diferencial a fin de garantizar la estabilidad
económica para su supervivencia, debido a la dificultad que le es propia para
ingresar al mercado laboral en razón de su condición etaria. Es decir, los
operadores jurídicos deben propender en casos como el presente por
materializar las garantías constitucionales de que son titulares personas como
el demandante, particularmente las relacionadas con el régimen de seguridad
social que finalmente es vital para la efectividad de derechos fundamentales
como la vida y la dignidad humana.

De hecho, al consultar el Registro Único de Afiliados (RUAF) del Sistema
Integral de Información de la Protección Social (SISPRO)12, se verifica con
claridad que el demandante al 16 de septiembre de 2022 no cuenta con una
pensión reconocida o afiliación al SGSS que le permita garantizar su derecho
fundamental al mínimo vital, situación que implica también una variante de
protección adicional respecto del caso particular con base en las precisiones
esbozadas anteriormente. Del mentado registro se extrae lo siguiente:

En tal contexto, se precisa que si se atendiera estrictamente la condición sobre
el requisito de la edad previsto en el artículo 2.° del Decreto 1047 de 1978,
también se transgrediría la aludida prerrogativa superior bajo las condiciones
específicas del demandante descritas anteriormente.

De acuerdo con lo expuesto hasta este punto, para la Sala resulta necesario
hacer uso de la excepción de inconstitucionalidad desarrollada en el artículo
4.° de la Carta Política de 1991, ello a fin de inaplicar en este caso particular
la expresión «[…] siempre que para esta época fueren funcionarios de ese
Departamento. […]», contenida en el artículo 2.° del Decreto 1047 de 1978. Lo
anterior se justifica en la medida en que en el caso de atender dicho postulado
para resolver el asunto sub lite, se vulnerarían abiertamente los derechos
fundamentales a la igualdad y la seguridad social, así como el principio de
favorabilidad de los que es titular el señor Gonzalo Briñez Roa, más aún
cuando aquel acreditó el cumplimiento de los requisitos de tiempo de servicio
y edad necesarios para ser titular de una pensión especial de jubilación

12 https://ruaf.sispro.gov.co/default.aspx

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Demandante: Gonzalo Briñez Roa

prevista para los detectives del extinto DAS, cobijados por el régimen de
transición del Decreto 1835 de 1994, como es el caso del libelista.

Conforme al planteamiento anterior, es claro que sin tener en cuenta el
apartado normativo declarado inaplicable, el demandante efectivamente
demostró que era objeto de los preceptos transicionales de la norma precitada,
y que en tal sentido colmó los requisitos del artículo 2.° del Decreto 1047 de
1978, esto al haber acumulado 18 años de servicio como detective del otrora
Departamento Administrativo de Seguridad, y a su vez haber cumplido 50 años
de edad. Por consiguiente, tal como lo estimó el a quo, son procedentes las
pretensiones de la parte activa sobre el reconocimiento y pago de una pensión
de vejez conforme a la normativa en comento.

 Sobre la liquidación del derecho pensional con base en la
sentencia de unificación SUJ-028-CE-S2-2022 del 28 de julio de
2022 – Pensión de jubilación bajo el régimen especial de los
servidores del extinto Departamento Administrativo de Seguridad
(DAS), e inclusión de la prima de riesgo como factor salarial
computable.

Al respecto se hace imperioso precisar que la Sección Segunda del Consejo
de Estado profirió sentencia de unificación el 28 de julio de 202213, en la que
fijó las reglas interpretativas para resolver casos sobre la forma de liquidar la
pensión especial de jubilación como la que es objeto de la litis. Al respecto,
este juez plural precisó que el proveído en mención se aplicaría con efectos
retrospectivos según lo señalado en el ordinal segundo de su parte resolutiva
que en su tenor literal reza lo siguiente:

«[…] Segundo: Advertir a la comunidad en general que las consideraciones
expuestas en esta providencia en relación con el tema objeto de unificación
son vinculantes en los términos de los artículos 10 y 102 de la Ley 1437 de
2011, para todos los casos en discusión, tanto en vía administrativa como
judicial, toda vez que los efectos de la presente sentencia de unificación son
retrospectivos, en atención a lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia.

Los casos decididos conforme a tesis anteriores que venían sosteniendo las
Subsecciones A y B de la Sección Segunda respecto de los cuales ha operado
la cosa juzgada resultan inmodificables, en virtud del principio de seguridad
jurídica.

Tampoco puede entenderse, en principio, que por virtud de esta sentencia de
unificación las pensiones que han sido reconocidas o reliquidadas en los
regímenes de transición de los servidores del DAS, con fundamento en tesis
anteriores que sostuvo la Sección Segunda del Consejo de Estado, la cuales
replanteó la Sala Plena, lo fueron con abuso del derecho o fraude a la ley; de
manera que si se llegare a interponer recurso extraordinario de revisión contra
sentencia ejecutoriada que haya reconocido u ordenado la reliquidación de la
pensión con fundamento en jurisprudencia diferente a la ratio decidendi aquí
expuesta, prevalecerá el carácter de cosa juzgada, sin perjuicio de lo previsto
en las causales de revisión reguladas en el artículo 250 del CPACA. […]».
(Líneas intencionales).

13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia de unificación

SUJ-028-CE-S2-2022 del 28 de julio de 2022. Radicado: 25000-23-42-000-2013-02380-01 (2656-2014).
Demandante: Margenys del Socorro Enríquez Erazo. Demandada: UGPP.

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Pues bien, acerca de la referida forma de modulación de las decisiones
judiciales, debe precisarse que esta se deriva de la aplicación retrospectiva de
la ley, según la cual es posible atender los preceptos de una norma actual para
situaciones jurídicas que en principio se regían por una regulación anterior,
ello siempre y cuando no se trate de derechos adquiridos y consolidados a
favor del titular, y en la medida en que estos se encuentren en discusión
administrativa o judicial pendiente de determinación jurídica.

Sobre este postulado se destaca que la Corte Constitucional14 a través de
sentencia T-110 de 2011 desarrolló el concepto de la retrospectividad de la
siguiente manera:

«[…] El fenómeno de la retrospectividad de las normas de derecho se
presenta, como ya se anticipó, cuando las mismas se aplican a partir del
momento de su vigencia, a situaciones jurídicas y de hecho que han estado
gobernadas por una norma anterior, pero cuyos efectos jurídicos no se han
consolidado al momento de entrar a regir la nueva disposición. Este
instrumento ha sido concebido por la jurisprudencia nacional como un
límite a la retroactividad, asociando su propósito a la satisfacción de los
principios de equidad e igualdad en las relaciones jurídicas de los
asociados, y a la superación de aquellas situaciones marcadamente
discriminatorias y lesivas del valor justicia que consagra el ordenamiento
jurídico colombiano, de conformidad con los cambios sociales, políticos y
culturales que se suscitan en nuestra sociedad. De las sentencias
estudiadas se extrae, en conclusión, que (i) por regla general las normas
jurídicas se aplican de forma inmediata y hacia el futuro, pero con
retrospectividad; (ii) el postulado de irretroactividad de la ley implica que
una norma jurídica no tiene prima facie la virtud de regular situaciones
jurídicas que se han consumado con arreglo a normas anteriores; (iii) la
aplicación retrospectiva de una norma jurídica comporta la posibilidad de
afectar situaciones fácticas y jurídicas que se han originado con
anterioridad a su vigencia, pero que aun no han finalizado al momento de
entrar a regir la nueva norma, por encontrarse en curso la aludida situación
jurídica y; (iv) tratándose de leyes que se introducen en el ordenamiento
jurídico con el objeto de superar situaciones de marcada inequidad y
discriminación (tuitivas) […]». (Líneas de la Sala).

Con base en el referido contexto jurisprudencial, es evidente que la concepción
de un fenómeno retrospectivo para modular los efectos de una sentencia de
unificación como la proferida el 28 de julio de 2022 por el Consejo de Estado,
obedece a una posición avalada constitucionalmente, la cual si bien se deriva
de la exigibilidad de las normas, también halla sustento respecto de
providencias como la aludida, en la medida en que su obligatoriedad y
observancia a manera de regla por su naturaleza de precedente judicial en
estricto sentido, es erga omnes, y por lo tanto, lo resuelto y contemplado en
clave de premisas silogísticas no solo debe verificarse para el caso analizado
en su momento, sino para las controversias que se susciten bajo los mismos
supuestos fácticos y jurídicos a los de la posición concitada en vía
jurisprudencial.

Como se extrae de estos postulados, la viabilidad de aplicar de manera
retrospectiva una manifestación judicial como la precitada, dependerá de que
la situación a verificar no se haya consolidado válidamente en cabeza del

14Corte Constitucional. Sala Novena de Revisión. Sentencia T-110 del 22 de febrero de 2011.
Expediente: T – 2644270.

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titular, o que aun bajo tal supuesto, lo propio haya sido sometido a una nueva
controversia administrativa o a un litigio ante el juez natural del asunto, pues
en tales eventos no se habría materializado el derecho de manera definitiva,
habida cuenta de que al estar en suspenso su estructuración legal por quedar
pendiente un pronunciamiento de la autoridad competente, claramente resulta
procedente, adecuado y necesario que ante un cambio en la línea
jurisprudencial que define postulados sobre el mismo asunto, esta nueva
intelección sea preferida y atendida para resolver la contienda.

En tal sentido, es palmario que la forma de liquidación de la pensión de
jubilación del libelista se ha encontrado en suspenso y de manera indefinida
desde el preciso momento en que aquel decidió cuestionar tanto en vía
administrativa como judicial la decisión de la parte pasiva de negar el
reconocimiento de la prestación, por lo que el hecho de dar prevalencia a los
postulados unificados de la sentencia del 28 de julio de 2022, no implica la
aplicación retroactiva de sus efectos, sino retrospectiva, lo cual está
plenamente habilitado sin que conlleve una vulneración al principio de la
seguridad jurídica, pues esta no se había configurado en el caso del libelista,
dado que no puede hablarse de una situación en firme cuando esta se
encuentra en plena discusión jurídica promovida por el propio titular de la
prerrogativa.

Bajo el contexto planteado, resulta adecuado poner de presente las reglas
jurisprudenciales que determinó la Sección Segunda del Consejo de Estado
para definir controversias como la sub iudice, ello de acuerdo con los
siguientes supuestos y conclusiones extraídas ad lítteram de la sentencia
unificadora, así:

Presupuesto Conclusión
«[…] Los servidores que desarrollaron - «[…] Si faltare menos de diez (10) años
actividades de alto riesgo del DAS, para adquirir el derecho a la pensión, el
cobijados por los regímenes de transición de ingreso base de liquidación será (i) el
que tratan los Decretos 1835 de 1994, 2090 promedio de lo devengado en el tiempo
de 2003 y la Ley 860 de 2003, tienen que les hiciere falta para ello, o (ii) el
derecho a que se respeten las condiciones cotizado durante todo el tiempo, el que
de edad, tiempo de servicios y monto, fuere superior, actualizado anualmente
entendido como el porcentaje o tasa de con base en la variación del Índice de
retorno, señalados por los Decretos 1047 de Precios al consumidor, según
1978 y 1933 de 1989, sin embargo, el certificación que expida el DANE.
ingreso base de liquidación es el previsto por
los artículos 21 y 36 de la Ley 100 de 1993, - Si faltare más de diez (10) años, el
este es: […]» ingreso base de liquidación será el
promedio de los salarios o rentas sobre
los cuales ha cotizado el afiliado durante
los diez (10) años anteriores al
reconocimiento de la pensión,
actualizados anualmente con base en la
variación del índice de precios al
consumidor, según certificación que
expida el DANE. […]».
«[…] Los factores salariales que se deben - «[…] En el 40%, desde el 26 de
tener en cuenta para liquidar las pensiones diciembre de 2003 hasta el 30 de
aquí referidas son los devengados por el diciembre de 2007.
servidor que, de acuerdo con el Decreto
1158 de 1994 y demás normas aplicables, - En el 50%, desde el 31 de diciembre de
constituyen la base de cotización para 2007 hasta la incorporación de los
pensión. En el caso del personal del DAS de servidores del DAS a otras entidades, por
que tratan los artículos 1 y 2 del Decreto

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2646 de 1994, la prima de riesgo prevista en disposición del Decreto 4057 de 2011.
este decreto debe incluirse para liquidar la […]».
pensión a partir de la entrada en vigor de la
Ley 860 de 2003, en los porcentajes
señalados por el artículo 2 de la misma ley,
es decir: […]».
«[…] Si el empleador no cumplió la «[…] ello no es oponible al interesado para
obligación de realizar los descuentos en el que la pensión especial se reconozca y
porcentaje a su cargo y el del empleado liquide de acuerdo con los parámetros
destinados a las cotizaciones para el indicados en esta sentencia. […]».
sistema de pensión sobre los factores
devengados que, de conformidad con el
Decreto 1158 de 1994 y la Ley 860 de 2003,
debían ser base de cotización o si omitió el
traslado de la cotización especial por alto
riesgo, sin que la entidad de previsión social
hubiera adelantado las gestiones
pertinentes para su cobro […]».

Como se desprende de los referidos preceptos jurisprudenciales, es claro que
los exservidores del DAS que hubiesen desempeñado actividades de alto
riesgo y que se encuentren cobijados por los beneficios del régimen de
transición de los Decretos 1835 de 1994, 2090 de 2003 y la Ley 860 de 2003,
tienen derecho a que se respeten los requisitos de edad, tiempo de servicios
y tasa de reemplazo a los que se encontraban sometidos con anterioridad a
dicha normativa.

No obstante, efectivamente el ingreso base de liquidación en tales casos, debe
ser calculado de acuerdo con las previsiones de los artículos 21 y 36 de la Ley
100 de 1993, evento en el cual los factores salariales computables serán los
enlistados en el Decreto 1158 de 1994, y en particular para tales funcionarios,
también lo será la prima de riesgo devengada por estos desde la entrada en
vigencia de la Ley 860 de 2003 en los porcentajes regulados en el artículo 2.°
ibidem, ello incluso al margen de que la entidad empleadora no hubiese
realizado descuentos sobre tal emolumento para efectos pensionales.

Empero, en el caso del libelista se advierte que aquel fue retirado del servicio
desde el año 2001, razón por la cual no alcanzó a devengar la prima de riesgo
como factor salarial, situación que solo se configuró desde la entrada en
vigencia de la Ley 860 de 2003. En tal sentido, no es dable incluir dicho factor,
sino solo los relacionados en el Decreto 1158 de 1994.

Con base en este planteamiento, se advierte que la prestación a reconocer a
favor del libelista, debe ser fijada con base en los preceptos referidos
anteriormente, y no como lo determinó el a quo en la sentencia impugnada,
pues ordenó la liquidación con el promedio de todo lo devengado por el señor
Briñez Roa durante su último año de servicio y con inclusión de algunos
factores que no están previstos en el Decreto 1158 de 1994.

Esta decisión se adopta con fundamento en el inciso 3.° del artículo 187 del
CPACA que reza lo siguiente: «[…] Para restablecer el derecho particular, la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo podrá estatuir disposiciones nuevas en
reemplazo de las acusadas y modificar o reformar estas. […]». Lo anterior en la
medida en que si bien la parte apelante no discute la forma de liquidación
pensional, tal aspecto es fundamental para determinar íntegramente el
restablecimiento del derecho en litigio, razón por la cual se torna procedente
aplicar la aludida sentencia de unificación jurisprudencial y en tal sentido es
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necesario modificar el ordinal segundo de la sentencia censurada, a fin de
ajustar la decisión al lineamiento descrito previamente.

En conclusión: el señor Gonzalo Briñez Roa quien prestó sus servicios en
calidad de detective al extinto Departamento Administrativo de Seguridad
(DAS), es beneficiario del régimen de transición de que trata el artículo 4.° del
Decreto 1835 de 1994, de manera que en atención a las previsiones de los
Decretos 1047 de 1978 y 1933 de 1989, aquel efectivamente tiene derecho a
que le sea reconocida y pagada la pensión especial de jubilación de que trata
dicha normativa, toda vez que acreditó el cumplimiento de los requisitos de
tiempo de servicio y edad contenidos en el artículo 2.° del primero de estos
decretos mencionados, esto es, acumuló más de 18 años de labor oficial en
calidad de detective de la referida entidad y cumplió 50 años de edad.
Adicionalmente, la prestación debe ser liquidada con base en los preceptos de
la sentencia de unificación SUJ-028-CE-S2-2022 del 28 de julio de 2022
proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado.

Ahora, si bien el precepto regulatorio en comento contempla que la aludida
exigencia etaria debía consolidarse «[…] siempre que para esta época fueren
funcionarios de ese Departamento. […]», tal expresión se inaplicará
específicamente en el presente asunto, vía excepción de inconstitucionalidad
derivada del artículo 4.° superior, puesto que atender dicho postulado en el
caso particular del demandante, conllevaría una vulneración de sus derechos
a la igualdad y la seguridad social, así como al principio de favorabilidad, lo
cual no puede ser convalidado en este escenario litigioso por el deber
inherente de las autoridades judiciales de dar prevalencia a los mandatos
constitucionales sobre los legales y reglamentarios cuando se advierta que con
estos últimos se generaría una vulneración a este tipo de garantías como
sucede en el sub examine y respecto a una persona de la tercera edad como
el demandante.

Decisión de segunda instancia

Según lo expuesto, se impone adicionar un ordinal a la sentencia apelada
proferida el 14 de febrero de 2017 por el Tribunal Administrativo del Magdalena
que accedió a las pretensiones de la demanda, este en el sentido de inaplicar
por vía de excepción de inconstitucionalidad la expresión «[…] siempre que para
esta época fueren funcionarios de ese Departamento. […]», contenida en el artículo
2.° del Decreto 1047 de 1978, pues atender tal postulado implicaría vulnerar
los derechos fundamentales del libelista a la igualdad y la seguridad social, así
como el principio de favorabilidad.

Adicionalmente se modificará el ordinal segundo de dicho proveído a fin de
que la pensión de jubilación a reconocer se liquide bajo las reglas previstas
para el efecto en la sentencia de unificación SUJ-028-CE-S2-2022 del 28 de
julio de 2022 proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado.

En todo lo demás se confirmará la providencia recurrida, toda vez que no
prosperan los argumentos del recurso de apelación formulado por la parte
demandada.

De la condena en costas en segunda instancia

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Esta subsección en providencia de 7 de abril de 201615, sobre la condena en
costas en vigencia del CPACA determinó el criterio objetivo-valorativo para la
imposición de dicha carga, ello bajo los siguientes fundamentos:

a) «El legislador introdujo un cambio sustancial respecto de la condena en
costas, al pasar de un criterio «subjetivo» –CCA- a uno «objetivo
valorativo» –CPACA-.
b) Se concluye que es «objetivo» porque en toda sentencia se «dispondrá»
sobre costas, es decir, se decidirá, bien sea para condenar total o
parcialmente, o bien para abstenerse, según las precisas reglas del CGP.
c) Sin embargo, se le califica de «valorativo» porque se requiere que en el
expediente el juez revise si las mismas se causaron y en la medida de su
comprobación. Tal y como lo ordena el CGP, esto es, con el pago de
gastos ordinarios del proceso y con la actividad del abogado efectivamente
realizada dentro del proceso. Se recalca, en esa valoración no se incluye
la mala fe o temeridad de las partes.
d) La cuantía de la condena en agencias en derecho, en materia laboral, se
fijará atendiendo la posición de los sujetos procesales, pues varía según
sea la parte vencida el empleador, el trabajador o el jubilado, estos últimos
más vulnerables y generalmente de escasos recursos, así como la
complejidad e intensidad de la participación procesal (Acuerdo núm. 1887
de 2003 Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura).
e) Las estipulaciones de las partes en materia de costas se tendrán por no
escritas, por lo que el juez en su liquidación no estará atado a lo así
pactado por éstas.
f) La liquidación de las costas (incluidas las agencias en derecho), la hará el
despacho de primera o única instancia, tal y como lo indica el CGP16, previa
elaboración del secretario y aprobación del respectivo funcionario judicial.
g) Procede condena en costas tanto en primera como en segunda instancia.»

De lo anterior se colige que la condena en costas implica una valoración
objetiva valorativa que excluye como criterio de decisión la mala fe o la
temeridad de las partes. En efecto, el artículo 188 del CPACA, regula que
tratándose de costas en la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en la
sentencia el juez tiene la obligación de pronunciarse sobre dicho aspecto, con
excepción de los asuntos en los que se ventile un interés público17.

No obstante, al margen del referido marco argumentativo, en el presente
asunto no se condenará en costas a la parte demandada, ello debido al cambio
jurisprudencial ocurrido en vigencia del presente proceso en virtud de la
sentencia de unificación proferida por el Consejo de Estado el 28 de julio de
2022, y en adición a que se modificará en parte el fallo recurrido conforme a
las consideraciones expuestas previamente.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo Sección Segunda, Subsección A administrando justicia
en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

15 Al respecto ver sentencia de 7 de abril de 2016, expedientes: 4492-2013, demandante: María del

Rosario Mendoza Parra y 1291-2014, demandante: José Francisco Guerrero Bardi.
16 «ARTÍCULO 366. LIQUIDACIÓN. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera

concentrada en el juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente
quede ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo
dispuesto por el superior, con sujeción a las siguientes reglas: […]».
17 Regula la norma lo siguiente: “[…] salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la

sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas
del Código de Procedimiento Civil […].»

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FALLA

Primero: Adicionar un ordinal a la sentencia proferida el 14 de febrero de 2017
por el Tribunal Administrativo del Magdalena que accedió a las pretensiones
de la demanda, en el proceso que en ejercicio del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho promovió el señor Gonzalo Briñez Roa contra
la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social (UGPP), el cual quedará de la siguiente
forma:

«Primero bis: Inaplicar por vía de excepción de inconstitucionalidad la
expresión «[…] siempre que para esta época fueren funcionarios de ese
Departamento. […]», contenida en el artículo 2.° del Decreto 1047 de 1978,
pues atender tal postulado implicaría vulnerar los derechos fundamentales del
libelista a la igualdad y la seguridad social, así como el principio de
favorabilidad.»

Segundo: Modificar el ordinal segundo del fallo apelado, el cual quedará de la
siguiente forma:

«2.- Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del
derecho, se condena a la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales (UGPP), a reconocer y pagar al
señor Gonzalo Briñez Roa, una pensión de jubilación con fundamento en los
Decretos 1047 de 1978 y 1933 de 1989, liquidada en atención a las reglas
previstas en la sentencia de unificación SUJ-028-CE-S2-2022 del 28 de julio
de 2022 proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado, esto es, de
acuerdo con las previsiones de los artículos 21 y 36 de la Ley 100 de 1993,
con inclusión para efectos de determinación del IBL, de los factores salariales
percibidos por el demandante que se encuentren enlistados en el Decreto
1158 de 1994, prestación que será efectiva a partir del 17 de mayo de 2007,
pero con efectos fiscales a partir del 17 de febrero de 2009, por prescripción
trienal.

Así mismo, las sumas resultantes a favor de la parte activa, se ajustarán en
su valor, dando aplicación a la siguiente fórmula:

R= RH Índice final
Índice Inicial

En la que el valor presente (R) se determina multiplicando el valor histórico
(R.H.), que es lo dejado de percibir por el libelista por concepto de mesadas
pensionales, por el guarismo que resulte de dividir el índice final de precios al
consumidor certificado por el DANE, vigente en la fecha de ejecutoria de esta
providencia, por el índice vigente en la fecha en que se causó la suma
adeudada.

Por tratarse de pagos sucesivos, la fórmula se aplicará separadamente mes
por mes, por cada mesada pensional y para las demás prestaciones debidas
teniendo en cuenta que el índice inicial es el vigente al momento de la
causación de cada uno de ellos de conformidad a lo indicado en la parte
motiva de esta sentencia. […]».

Tercero: Confirmar en lo demás la sentencia apelada por las razones
expuestas en esta providencia.

Cuarto: Sin condena en costas de segunda instancia.

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Radicado: 47001-23-33-000-2015-00335-01 (2533-2017)
Demandante: Gonzalo Briñez Roa

Quinto: Ejecutoriada esta providencia, devolver el expediente al tribunal de
origen, previas las anotaciones pertinentes en el sistema de registro SAMAI.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión
de la fecha.

WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Firmado electrónicamente

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente

GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente

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