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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 47001-23-33-000-2019-00353-01

Fecha
26 de junio de 2025
Consejero ponente
Juan Camilo Morales Trujillo
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 47001-23-33-000-2019-00353-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO. Confirmar la sentencia proferida el 9 de noviembre de 2022, por el Tribunal Administrativo del Magdalena, mediante la cual se declaró no probada la excepción 3 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia de 7 de abril de 2016, Rad. No. 13001233300020130002201. C.P. Alfonso Vargas Rincón. 8 Radicación: 47001-23-33-000-2019-00353-01 (3534-2023) Ejecutante: Aroldo Jesús Bequis De La Rosa propuesta Unidad de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales –UGPP– y se ordenó seguir adelante la ejecución a favor del ejecutante. SEGUNDO. Sin condena en costas en esta instancia. TERCERO. En firme esta providencia, realizar las anotaciones correspondientes y devolver el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 47001-23-33-000-2019-00353-01

Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo

26 de junio de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

MAGISTRADO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá, D.C., veintiséis (26) de junio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Proceso Ejecutivo
Radicación: 47001-23-33-000-2019-00353-01 (3534-2023)
Demandante: Aroldo Jesús Bequis De La Rosa
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP
Tema: Resuelve apelación contra sentencia que ordenó seguir
adelante con la ejecución – Confirma.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada en contra la
sentencia del 9 de noviembre de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo del
Magdalena mediante la cual se ordenó seguir adelante con la ejecución a favor del
ejecutante.

I. ANTECEDENTES.

Demanda

1. El demandante presentó demanda ejecutiva contra la Unidad Administrativa Especial
de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (en adelante
UGPP) con el propósito de obtener el cumplimiento de las sentencias proferidas el 14 de
mayo de 2014 por el Tribunal Administrativo del Magdalena, en primera instancia, y el 30
de agosto de 2016 por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado,
en sede de apelación, dentro de un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.
Solicitó que se librara mandamiento de pago por la suma de $123.458.292.

2. Manifestó que la entidad ejecutada dio cumplimiento parcial a la sentencia mediante
la Resolución RDP 038525 del 9 de octubre de 2017, en la medida en que al efectuar la
reliquidación de la pensión omitió incluir el factor salarial previsto en la Ley 84 de 1948,
el cual había sido devengado durante el último año de servicio.

3. Puso de presente que, frente a dicha omisión, elevó solicitud de revocatoria directa del
acto administrativo mencionado con el propósito de que se subsanara el error, que a su
juicio, había cometido la entidad al dar cumplimiento a las sentencias. No obstante,
mediante Auto ADP 009833 del 29 de diciembre de 2017, la UGPP indicó que dicho
mecanismo resultaba improcedente.

4. Como consecuencia de la que a su juicio fue una infructuosa gestión para obtener el
cumplimiento íntegro del fallo, en los términos que consideraba ajustados a lo resuelto
judicialmente, el demandante acudió a la jurisdicción con la presente demanda ejecutiva,

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Ejecutante: Aroldo Jesús Bequis De La Rosa

con el fin de hacer efectivo el pago de las diferencias derivadas del incumplimiento parcial
atribuido a la UGPP.

Contestación de la demanda.

5. La entidad ejecutada propuso la excepción de pago. Alegó que el último cargo ejercido
por el ejecutante fue de jefe de departamento de apoyo al usuario de informática y
adquirió el status de pensionado el 30 de diciembre de 1995. También argumentó que la
liquidación de la mesada se había realizado de forma correcta conforme a lo ordenado
por esta corporación.

Trámite en primera instancia.

6. En el marco del proceso, mediante auto del 13 de agosto de 2021, se libró
mandamiento de pago al considerarse que se estaba frente a una obligación que cumplió
con lo dispuesto en el artículo 422 de la Ley 1564 de 2012.

II. SENTENCIA APELADA.

7. El Tribunal Administrativo del Magdalena declaró no probada la excepción de pago
total de la obligación propuesta por la UGPP y ordenó seguir adelante con la ejecución.

8. El Tribunal constató que los certificados de factores salariales expedidos por la ESE
Hospital Universitario Fernando Troconis de Santa Marta, con fechas 12 de enero de
2012 y 4 de agosto de 2017, no evidenciaban aportes suficientes sobre dichos factores.
Adicionalmente, verificó que, a corte del 31 de diciembre de 2017, la UGPP había retenido
una suma importante del retroactivo pensional ($57.474.278) sin acreditar que dicha
deducción correspondiera a valores certificados o efectivamente causados. Así, el saldo
insoluto ascendía a $57.686.120,37 M/L a 31 de mayo de 2022.

9. El Tribunal planteó como problema la procedencia de la excepción de pago, en los
términos del artículo 442 del Código General del Proceso. Tras analizar los pagos
realizados y su imputación, concluyó que la excepción no estaba llamada a prosperar por
cuanto los abonos efectuados por la UGPP no extinguían la totalidad de la obligación
reconocida judicialmente. Además, advirtió que las deducciones realizadas por concepto
de aportes no se encontraban debidamente soportadas ni actualizadas conforme a
parámetros actuariales o jurisprudenciales.

10. A juicio del a quo, la excepción no tenía vocación de prosperar, toda vez que los
pagos efectuados en virtud de la Resolución RDP 038525 del 9 de octubre de 2017
resultaban insuficientes para cubrir la totalidad de la obligación, conforme al corte del 31
de mayo de 2022. En tal sentido, determinó que el saldo de capital a favor del
demandante ascendía a $57.686.120,37, sin perjuicio de los intereses moratorios que se
causen hasta la cancelación efectiva de la deuda. En consecuencia, ordenó seguir
adelante con la ejecución y dispuso que las partes presentaran la liquidación del crédito,
conforme a lo previsto en el artículo 446 del Código General del Proceso.

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Ejecutante: Aroldo Jesús Bequis De La Rosa

11. Finalmente, en aplicación de los artículos 188 del CPACA y 365 del CGP, el Tribunal
se abstuvo de imponer condena en costas.

III. RECURSO DE APELACIÓN.

12. La UGPP interpuso recurso de apelación contra la sentencia del 9 de noviembre de
2022, mediante la cual se declaró no probada la excepción de pago total propuesta y se
ordenó continuar con la ejecución.

13. La entidad cuestionó que el a quo hubiera desestimado la excepción de pago.
Consideró que no hubo una correcta valoración de las pruebas documentales que
acreditaban los pagos realizados. Precisó que, mediante las resoluciones RDP 038525
del 9 de octubre de 2017 y RDP 026332 del 4 de octubre de 2021, dio cumplimiento a las
órdenes judiciales proferidas en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho y
que, en virtud de tales actos, había pagado al demandante la suma de $185.840.910,4
por concepto de retroactivo pensional, más $10.897.890,31 por intereses moratorios.

14. Afirmó también que el Tribunal incurrió en yerro al no declarar la suspensión de
intereses moratorios, así como al determinar de manera incorrecta el valor de los
descuentos por concepto de aportes en salud aplicables al crédito en ejecución. En
particular, argumentó que la suspensión de intereses operó válidamente, en tanto —
según su criterio— la documentación necesaria para el cumplimiento de la sentencia solo
se completó el 4 de agosto de 2017, fecha en la cual fue expedido por la Empresa Social
del Estado Hospital Universitario Fernando Troconis de Santa Marta el certificado de
factores salariales. A partir de dicho documento, se acreditó que sobre el denominado
“factor Ley 84” se efectuaron aportes para pensión, lo que habilitó a la UGPP para
modificar la Resolución RDP 038525 del 9 de octubre de 2017 mediante la expedición
del acto administrativo RDP 026332 del 4 de octubre de 2021.

15. Sostuvo que el fallo apelado incurrió en un error al imputar dichos pagos en forma
contraria a derecho desconociendo que, en materia pensional, los abonos por concepto
de mesadas deben imputarse exclusivamente a capital. En ese sentido, afirmó que no
era procedente aplicar las reglas del artículo 1653 del Código Civil por tratarse de créditos
de naturaleza pensional sujetos a un régimen legal y constitucional especial, que impide
la destinación de recursos a fines distintos al pago de mesadas.

16. Finalmente, cuestionó la forma en que el a quo estableció los descuentos por
concepto de aportes al sistema de seguridad social en salud al no tener en cuenta el
marco normativo, la doctrina de la Comisión Intersectorial del Régimen de Prima Media
y la jurisprudencia del Consejo de Estado, que autorizan aplicar fórmulas actuariales para
determinar el valor a descontar por factores no cotizados oportunamente. Sobre este
aspecto, defendió la legalidad de los descuentos practicados y señaló que no configuran
perjuicio alguno para el beneficiario.

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Ejecutante: Aroldo Jesús Bequis De La Rosa

IV. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA.

17. Mediante auto proferido el 12 de octubre de 2023, se admitió el recurso de apelación.

V. CONSIDERACIONES.

Competencia.

18. De conformidad con lo previsto en el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), modificado por los artículos
615 del Código General del Proceso (CGP) y 26 de la Ley 2080 de 2021, el Consejo de
Estado es competente para resolver los recursos de apelación interpuestos contra las
sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos. Así las
cosas, esta Corporación es competente para abordar el análisis de esta controversia.

Problema jurídico.

19. Corresponde a la Sala determinar si el Tribunal Administrativo del Magdalena incurrió
en los yerros alegados por la parte apelante al declarar no probada la excepción de pago
total propuesta por la UGPP y ordenar seguir adelante con la ejecución.

20. Para resolver este cuestionamiento, será necesario examinar: (i) si los pagos
efectuados por la entidad ejecutada fueron correctamente valorados y resultaban
suficientes para extinguir la obligación contenida en el título judicial; (ii) si el fallador de
primera instancia aplicó adecuadamente las reglas jurídicas sobre la imputación de
pagos, en particular frente a la controversia sobre si los abonos debían destinarse
exclusivamente al capital o también podían aplicarse a intereses; y (iii) si, conforme al
marco normativo y probatorio del caso, procedía la suspensión de la causación de
intereses moratorios por supuesta falta de completitud documental atribuible al
ejecutante.

Suficiencia de los pagos efectuados por la entidad ejecutada

21. La UGPP cuestionó la decisión de primera instancia al considerar que el Tribunal no
tuvo en cuenta la totalidad de los pagos efectuados al ejecutante. En particular, sostuvo
que se realizaron desembolsos por concepto de reliquidación pensional durante los años
2017 y 2021, por un total de $185.840.910,4, los cuales —a su juicio— no fueron
correctamente imputados al crédito judicial.

22. No obstante, al revisar la providencia apelada, se observa que el a quo sí efectuó un
análisis detallado de los pagos realizados por la entidad, distinguiendo dos momentos
temporales en la imputación. En primer lugar, respecto de la obligación al 31 de diciembre
de 2017, el Tribunal constató que el retroactivo causado ascendía a $125.623.617,18. De
dicha suma se descontaron $12.855.362,84 por concepto de aportes a salud y pensión,
así como aplicó la respectiva actualización e intereses moratorios. Tras este ejercicio, se
imputó un pago por valor de $119.535.676,22, concluyendo que subsistía un saldo
insoluto de $80.885.107,21, cálculo que esta Sala encuentra ajustado a derecho y

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respaldado en el expediente. Esto se constata con el siguiente cuadro que hizo parte de
la decisión recurrida:

23. En segundo lugar, la providencia evaluó los pagos efectuados hasta el 31 de
diciembre de 2021, en los cuales se registró un abono por $57.698.855,56. Sin embargo,
se precisó que la suma efectivamente cancelada fue de $41.531.057,18, en razón a que
la UGPP retuvo $24.774.177, cuya procedencia no fue demostrada con suficiencia en el
expediente. El Tribunal mantuvo el mismo criterio técnico y metodológico empleado en el
análisis de los pagos de 2017. Esto se constata con el siguiente cuadro que hizo parte
de la decisión recurrida:

24. Con fundamento en lo anterior, esta Subsección concluye que la decisión apelada sí
valoró integralmente los pagos efectuados por la entidad ejecutada y dio aplicación
adecuada a los criterios de imputación y liquidación del crédito. En consecuencia, el
reparo formulado por la UGPP en este punto no está llamado a prosperar.

Imputación de pagos en la ejecución de sentencias judiciales

25. En los procesos ejecutivos que tienen como título base una sentencia judicial que
ordena el pago de acreencias pensionales, esta Subsección ha optado por acoger la tesis

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según la cual1 ante la ausencia de una norma especial sobre imputación en estos casos,
procede la aplicación supletoria del artículo 1653 del Código Civil2, en virtud del artículo
8º de la Ley 153 de 1887. En consecuencia, los pagos deben aplicarse primero a
intereses y luego a capital, salvo pacto en contrario o disposición en sentido distinto en
el fallo que sirve de título.

26. En tal sentido, los pagos parciales efectuados por la entidad obligada deben
imputarse, en primer término, a los intereses moratorios causados, y solo una vez
satisfechos estos, al capital reconocido en la condena.

27. Bajo esta orientación, la aplicación del artículo 1653 del Código Civil no es una
decisión arbitraria ni una extralimitación judicial, sino la consecuencia natural de la
estructura legal de las obligaciones dinerarias cuando no existe regla especial. Además,
garantiza que el cumplimiento tardío no disminuya indebidamente el crédito reconocido,
ni beneficie al obligado que incumplió, al permitirle eludir los efectos patrimoniales del
retardo.

28. En el caso concreto, la sentencia judicial ejecutada no estableció un orden específico
para la imputación de pagos, ni se demostró que existiera conformidad del acreedor con
el criterio aplicado por la UGPP. Por el contrario, el expediente da cuenta de que el
demandante formuló reparos oportunamente respecto de la forma como se efectuó el
cumplimiento. En ese escenario, el Tribunal procedió correctamente al aplicar los abonos
de manera sucesiva a intereses y luego a capital, conforme al orden legal supletorio, lo
cual no vulnera ninguna disposición del título judicial ni restringe derecho alguno de la
entidad ejecutada. En consecuencia, no se configura el yerro alegado por la apelante, y
la metodología empleada por el Tribunal resulta conforme con los criterios
jurisprudenciales y normativos que rigen la materia.

Sobre la suspensión de intereses moratorios alegada por la entidad ejecutada

29. La UGPP también alegó que el Tribunal incurrió en error al no declarar la suspensión
de los intereses moratorios, argumentando que la entidad no había incurrido en mora
imputable, toda vez que el demandante no habría aportado oportunamente la
documentación completa para hacer efectivo el cumplimiento del fallo, en particular el
certificado de factores salariales necesario para efectuar la reliquidación pensional.

30. Indicó que solo hasta el 4 de agosto de 2017 fue expedido dicho certificado por parte
de la E.S.E. Hospital Universitario Fernando Troconis, y que, en consecuencia, no podía
imputársele mora por el tiempo transcurrido antes de esa fecha. Con base en ello, sostuvo
que los intereses moratorios no podían liquidarse hasta tanto no se produjera el pago
total del retroactivo causado, y que ese pago debía imputarse íntegramente al capital, por

1 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 18 de

julio de 2024. Proceso ejecutivo laboral nro. 05001-23-33-000-2019-01693-02 (5992-2022). M.P. Rafael Francisco
Suárez Vargas.
2 ARTICULO 1653. <IMPUTACION DEL PAGO A INTERESES>. Si se deben capital e intereses, el pago se imputará

primeramente a los intereses, salvo que el acreedor consienta expresamente que se impute al capital.
Si el acreedor otorga carta de pago del capital sin mencionar los intereses, se presumen éstos pagados.

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tratarse de mesadas pensionales. En su criterio, esta situación justificaba que se
declarara la suspensión en la generación de intereses.

31. Este planteamiento no está llamado a prosperar. De conformidad con lo previsto en
el artículo 192 del CPACA, aplicable por ser la norma vigente al momento de dictarse la
sentencia que sirve de título ejecutivo en este proceso, la entidad obligada debía cumplir
la condena dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a su ejecutoria. Vencido dicho
término sin que se produjera el pago total, se generan intereses moratorios a favor del
beneficiario, salvo que la mora no le sea imputable.

32. En el caso concreto, no obra en el expediente evidencia de que la UGPP hubiese
requerido formalmente al actor para allegar información faltante, ni que hubiese
desplegado una conducta activa y diligente orientada a obtener por sí misma el certificado
en cuestión, pese a tratarse de un documento oficial de una entidad pública, al que tenía
acceso institucional. Por el contrario, consta que el actor sí formuló reparos mediante
solicitud de revocatoria directa contra el primer acto de cumplimiento (Res. RDP 038525
de 2017), cuestionando precisamente la omisión del factor salarial correspondiente a la
Ley 84 de 1948.

33. Así las cosas, no se configura una situación de mora no imputable que exonere a la
UGPP del pago de intereses moratorios. La carga de demostrar una causa legal, objetiva
y ajena para el incumplimiento recaía en la entidad, y no fue cumplida. La simple
referencia a la supuesta tardanza en la expedición del certificado no basta para desplazar
su responsabilidad, máxime cuando no se probó que se hubiera solicitado formalmente
o que se hubiera impedido su consecución.

34. Por tanto, esta Subsección concluye que el Tribunal actuó correctamente al no
acceder a la pretensión de suspensión de intereses. La mora fue imputable a la entidad
ejecutada, y no existe justificación legal para limitar o condicionar la causación de los
intereses conforme a lo previsto en el artículo 192 del CPACA.

Conclusión

35. Conforme al examen realizado, esta Subsección no encuentra acreditados los yerros
alegados por la parte recurrente. En primer lugar, se verificó que el Tribunal valoró
adecuadamente los pagos efectuados por la UGPP y realizó la imputación conforme al
orden legal supletorio previsto en el artículo 1653 del Código Civil, al no existir una
directriz distinta en el título judicial ni conformidad del acreedor con el criterio de la
entidad. En segundo lugar, se concluyó que no procedía declarar la suspensión de los
intereses moratorios, dado que la mora en el cumplimiento de la sentencia fue imputable
a la UGPP, conforme a lo dispuesto en el artículo 192 del CPACA y a partir del análisis
de su conducta procesal y administrativa. En consecuencia, la decisión de primera
instancia será confirmada.

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Ejecutante: Aroldo Jesús Bequis De La Rosa

Costas en segunda instancia

36. El artículo 188 del CPACA establece que la sentencia debe disponer sobre la condena
en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de
Procedimiento Civil (hoy Código General del Proceso). Además, dispone que, en todo
caso, se condenará en costas si la demanda fue presentada con manifiesta carencia de
fundamento legal, de conformidad con la modificación normativa introducida por la Ley
2080 de 2021. De lo anterior se colige que, para la imposición de costas, se deben
emplear las reglas establecidas en el artículo 365 del CGP y, además, determinar si la
demanda carecía de fundamento legal o no.

37. Ahora bien, para la interpretación de las normas relativas a la condena en costas, la
jurisprudencia de esta Subsección ha adoptado un criterio objetivo-valorativo, según el
cual deben encontrarse probados ambos elementos para que la condena resulte
procedente:

“b) Se concluye que es “objetivo” porque en toda sentencia se “dispondrá” sobre
costas, es decir, se decidirá, bien sea para condenar total o parcialmente, o bien
para abstenerse, según las precisas reglas del CGP.

c) Sin embargo, se le califica de “valorativo” porque se requiere que en el
expediente el juez revise si las mismas se causaron y en la medida de su
comprobación. Tal y como lo ordena el CGP, esto es, con el pago de gastos
ordinarios del proceso y con la actividad del abogado efectivamente realizada
dentro del proceso. Se recalca, en esa valoración no se incluye la mala fe o
temeridad de las partes.”3

38. En el caso concreto, no se dispondrá condena en costas en segunda instancia.
Aunque el recurso interpuesto por la UGPP fue desestimado, no se acreditó que se
hubiera promovido sin fundamento legal o con manifiesta improcedencia. Por el contrario,
los reparos formulados se estructuraron a partir de interpretaciones posibles —aunque
no acogidas— sobre el alcance de las reglas de imputación de pagos y la procedencia
de los intereses moratorios. En ese contexto, no se configura el presupuesto objetivo
exigido por el artículo 188 del CPACA para imponer condena en costas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley

RESUELVE

PRIMERO. Confirmar la sentencia proferida el 9 de noviembre de 2022, por el Tribunal
Administrativo del Magdalena, mediante la cual se declaró no probada la excepción

3 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia de 7 de abril

de 2016, Rad. No. 13001233300020130002201. C.P. Alfonso Vargas Rincón.

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Radicación: 47001-23-33-000-2019-00353-01 (3534-2023)
Ejecutante: Aroldo Jesús Bequis De La Rosa

propuesta Unidad de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales –UGPP– y se
ordenó seguir adelante la ejecución a favor del ejecutante.

SEGUNDO. Sin condena en costas en esta instancia.

TERCERO. En firme esta providencia, realizar las anotaciones correspondientes y
devolver el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los magistrados que integran la
Sala en la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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