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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2023-00548-02

Fecha
26 de marzo de 2026
Consejero ponente
Juan Camilo Morales Trujillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2023-00548-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia proferida el 31 de enero de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca. SEGUNDO. CONDENAR en costas a la parte ejecutada por las razones expuestas en la presente providencia. TERCERO. En firme esta providencia, realizar las anotaciones correspondientes y devolver el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 76001-23-33-000-2023-00548-02

Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo

26 de marzo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

MAGISTRADO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá, D.C., veintiséis (26) de marzo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Proceso Ejecutivo.
Radicación: 76001-23-33-000-2023-00548-02 (3027-2025).
Demandante: Segundo Arquímedes Landázuri Cabezas.
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social-UGPP.
Tema: Resuelve apelación contra sentencia que declaró no probadas
las excepciones y ordenó seguir adelante con la ejecución.
Decisión: Confirmar la sentencia de primera instancia. La UGPP no
acreditó el pago total de la obligación.

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte ejecutada contra la
sentencia del 31 de enero de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca, mediante la cual se declararon no probadas las excepciones propuestas por la
ejecutada y se ordenó seguir adelante con la ejecución por el valor de $45.965.974.96
más intereses moratorios.

I. ANTECEDENTES

Demanda

1. Se presentó demanda ejecutiva contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) con el propósito
de obtener el cumplimiento de las sentencias del 3 de febrero de 2015 y del 7 de
septiembre de 2018, proferidas por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y del
Consejo de Estado respectivamente, por medio de las cuales se ordenó el
reconocimiento y pago de una pensión gracia a Segundo Arquímedes, de forma vitalicia
a partir del 17 de diciembre de 2004.

2. Como pretensiones solicitó que se librara mandamiento de pago en contra de la UGPP
por el valor de $45.965.974.96 por concepto de capital adeudado correspondiente al
saldo pendiente después del pago realizado por la entidad en el mes de julio del año
2019; por $39.650.525.80 por los intereses moratorios correspondientes al 1.5% del
interés corriente bancario legal, desde la fecha del pago parcial hasta la presentación de
la solicitud de ejecución de la sentencia en el mes de agosto de 2023; y, por los intereses
corrientes que se causen desde el mes de agosto de 2023 hasta el día en que se pague
totalmente la obligación.

Radicación: 76001-23-33-000-2023-00548-02 (3027-2025).
Ejecutante: Segundo Arquímedes Landázuri Cabezas.
.

Trámite en primera instancia

3. Mediante auto del 19 de abril de 2024, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
libró mandamiento de pago a favor de Segundo Arquímedes Landázuri Cabezas y contra
la UGPP, por el valor de $45.965.974.96 por concepto de capital y $39.650.525.80 por
concepto de intereses moratorios causados al 31 de julio de 2023; y más los intereses
que se causen desde el 1 de agosto de 2023 hasta la fecha en que se realice el pago
total del crédito.

Contestación de la demanda

4. La UGPP, por intermedio de apoderada judicial, propuso la excepción de pago total de
la obligación, por considerar que su representada ya habría dado cumplimiento a las
sentencias base de ejecución mediante la expedición de la Resolución RDP 17012 del 5
de junio de 2019, que reconoció la pensión gracia al demandante y la cual fue incluida en
nómina de pensionados desde el mes de julio del año 2019.

5. Alegó que la entidad pagó la totalidad del crédito, anexó algunos soportes del FOPEP
y planteó como excepciones adicionales la de buena fe y la innominada.

II. SENTENCIA APELADA

6. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, a través de sentencia del 31 de enero
de 2025, resolvió seguir adelante con la ejecución. Para establecer el estado del crédito,
partió del contenido del título judicial, en el que se ordenó reconocer y pagar la pensión
gracia al demandante con la inclusión de todos los factores salariales devengados en el
último año de servicios, esto es, desde el 17 de diciembre de 2003 hasta el 16 de
diciembre de 2004, conforme al certificado obrante en el expediente.

7. Para verificar si la obligación se encontraba satisfecha, señaló como parámetros de
análisis: la solicitud de pago radicada el 9 de octubre de 2018 y la petición de
cumplimiento del 13 de agosto de 2019, a partir de lo cual concluyó que no había lugar a
cesación de intereses; y la imputación de los pagos realizados en julio de 2019 y agosto
de 2024, primero a intereses y luego a capital, con fundamento en el artículo 1653 del
Código Civil.

8. Tuvo en cuenta que la UGPP, mediante Resolución RDP 017012 del 5 de junio de
2019, reliquidó la pensión gracia en $1.294.406. También consideró que, a través de la
Resolución RDP 010777 del 14 de junio de 2024, la entidad ordenó pagar $39.650.525,80
por concepto de intereses, e indicó que la liquidación de intereses se efectuaría bajo el
régimen del CCA.

9. Con base en la liquidación practicada en la sentencia, el Tribunal concluyó que el
depósito judicial por $39.650.525,80 cubría los intereses moratorios determinados al 31
de julio de 2023, conforme a lo solicitado y a lo fijado en el mandamiento de pago, con

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Ejecutante: Segundo Arquímedes Landázuri Cabezas.
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observancia del principio de congruencia (arts. 430 y 281 del CGP). Luego, practicó la
liquidación de intereses desde el 1.º de agosto de 2023, sobre el capital fijado en el
mandamiento.

10. A partir de ese ejercicio, estableció que a 31 de enero de 2025 persistía un saldo
insoluto de capital por $45.965.974 y unos intereses moratorios por $19.711.562, para un
total de $65.677.536. En consecuencia, concluyó que no se acreditaba el pago total de
la obligación y negó la excepción propuesta.

11. Finalmente, ordenó seguir adelante con la ejecución contra la UGPP y a favor del
ejecutante por $45.965.974,96 de capital, más los intereses moratorios causados desde
el 1.º de agosto de 2023 hasta el pago total. Asimismo, ordenó la entrega del título judicial
760011001001 por $39.650.525,80 y dispuso que las partes presentaran la liquidación
del crédito en los términos del artículo 446 del CGP, sin condena en costas.

III. RECURSO DE APELACIÓN

12. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social – UGPP interpuso recurso de apelación contra la
sentencia del 31 de enero de 2025, mediante la cual se ordenó seguir adelante con la
ejecución, se ordenó la entrega de un título judicial por $39.650.525,80 y se impartió la
orden de presentar la liquidación del crédito.

13. La entidad sostuvo, en lo esencial, que el a quo no tuvo en cuenta la liquidación del
crédito elaborada por su Subdirección de Nómina. Afirmó que ese documento reflejaba
su postura institucional sobre el cumplimiento y el modo de computar los rubros objeto
de ejecución. Con ese fundamento, estimó improcedente que el fallo apelado ordenara
una “actualización del crédito” en los términos en que lo dispuso.

14. Asimismo, controvirtió la imputación de pagos efectuada por el Despacho, al
considerar improcedente aplicar la regla del artículo 1653 del Código Civil (imputación
preferente a intereses y luego a capital) tratándose de un crédito pensional. Alegó la
destinación específica de los recursos del sistema de seguridad social y sostuvo que los
pagos no serían prestaciones “puras y simples”, dado que el acto administrativo de
cumplimiento discrimina su origen, monto y destinación.

15. De manera subsidiaria, indicó que aun si se acudiera al régimen civil debían aplicarse
los artículos 1652, 1654 y 1655 del Código Civil. Sostuvo que existirían obligaciones
diferenciadas (mesadas, intereses, costas), lo que habilitaría al deudor a imputar el pago
a la obligación que elija. Agregó que el acreedor habría aceptado la carta de pago, por lo
que lo cancelado por mesadas o retroactivo solo podría imputarse a ese mismo concepto
y, desde el pago, debía cesar la causación de intereses.

16. De otro lado, cuestionó el alcance temporal y la base de liquidación de los intereses
moratorios, y se opuso a que su causación se extendiera con corte a enero de 2025.
Afirmó que los intereses moratorios solo proceden respecto de sumas líquidas

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consolidadas hasta la ejecutoria de la sentencia que sirve de título, de modo que el
“capital” base no puede incluir mesadas posteriores ni incrementarse periódicamente
mediante intereses. Sostuvo que tal proceder implicaría anatocismo (intereses sobre
intereses), proscrito en el ordenamiento.

17. Con ese enfoque, expuso su metodología de cálculo: capital acumulado hasta la
ejecutoria del fallo (que ubicó en el 22 de octubre de 2018), aplicación de la tasa de usura
diaria y liquidación por días calendario del mes. Con ello, señaló como valor de intereses
moratorios $39.650.525,80.

18. Finalmente, insistió en la improcedencia de indexar o “actualizar” los intereses
moratorios, por considerar que su naturaleza sancionatoria ya incorpora la pérdida del
poder adquisitivo, de manera que indexarlos implicaría doble compensación y podría
derivar en anatocismo, tesis que respaldó con jurisprudencia del Consejo de Estado
(Sección Segunda, Subsección B, 28 de junio de 2018).

IV. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

19. Mediante auto proferido el 4 de diciembre de 2025, se admitió el recurso de apelación.

V. CONSIDERACIONES

Competencia

20. De conformidad con lo previsto en el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), modificado por los artículos
615 del Código General del Proceso (CGP) y 26 de la Ley 2080 de 2021, el Consejo de
Estado es competente para resolver los recursos de apelación interpuestos contra las
sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos. En
consecuencia, corresponde a esta Corporación abordar el análisis de la controversia
planteada.

Problema jurídico

21. Corresponde a la Sala determinar si el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
incurrió en error al negar la excepción de pago total y ordenar seguir adelante la
ejecución, pese a que la UGPP afirma haber acreditado el cumplimiento con su
liquidación institucional y cuestiona la “actualización del crédito” dispuesta.

22. Igualmente, deberá establecerse si el a quo se equivocó al aplicar las reglas civiles
de imputación de pagos (art. 1653 C.C.) a un crédito pensional, o si, como sostiene la
apelante, debía excluirse dicha regla o aplicarse la prevista en los artículos 1652, 1654 y
1655 del Código Civil.

23. Finalmente, corresponde definir si el Tribunal se equivocó al extender y determinar
los intereses moratorios con corte a enero de 2025, pese a que la UGPP sostiene que
solo proceden sobre sumas líquidas consolidadas hasta la ejecutoria del título, sin incluir

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mesadas posteriores, sin anatocismo y sin indexación o “actualización” de intereses
moratorios.

Análisis del problema jurídico

24. La Sala confirmará la decisión apelada, pues el recurso de apelación de la UGPP no
desvirtúa los fundamentos que condujeron al a quo a negar la excepción de pago total y
a ordenar seguir adelante con la ejecución. En particular, la entidad no acreditó la
extinción íntegra de la obligación en los términos fijados en el mandamiento de pago
(capital, intereses moratorios al 31 de julio de 2023 y los causados desde el 1.º de agosto
de 2023 hasta el pago total), por cuanto los soportes aportados evidencian actuaciones
de cumplimiento y pagos parciales, pero no demuestran la satisfacción completa del
crédito exigido en sede ejecutiva

25. En el marco de un proceso ejecutivo, cuyo objetivo principal es asegurar el
cumplimiento de obligaciones por parte del deudor, la excepción de pago constituye un
mecanismo de defensa fundamental. Para que esta excepción prospere y la obligación
se considere extinguida, es imperativo que la parte ejecutada cumpla con una rigurosa
carga probatoria y que el pago realizado satisfaga plenamente los requisitos legales.
Exige demostrar integralmente la prestación efectiva de lo debido: cuando el título y el
mandamiento imponen capital e intereses hasta pago efectivo, no basta acreditar
indexación o desembolsos parciales si permanecen intereses sin liquidar ni pagar (arts.
1625, 1626, 1627 y 1649 C.C.). Conforme al art. 167 del CGP, la parte ejecutada soporta
la carga de la prueba de ese pago extintivo.1

26. La trascendencia de esta carga probatoria es evidente: si el deudor ejecutado no
acredita cumplidamente el pago, la obligación permanece exigible y el proceso ejecutivo
prosigue. No bastan manifestaciones genéricas ni la expedición de actos administrativos
que aparenten cumplimiento; se exige acreditación documental de la entrega efectiva de
los recursos al acreedor, por ejemplo: comprobantes de consignación o transferencia,
certificaciones bancarias u órdenes de pago ejecutadas.

27. El pago efectivo constituye un modo de extinguir las obligaciones según lo dispuesto
en el artículo 1625 del Código Civil. No obstante, para que produzca efecto liberatorio
debe ajustarse a requisitos sustantivos precisos, de modo que satisfaga íntegramente lo
debido conforme al título, como los siguientes. Pago total entendido como la prestación
de lo que se debe según lo dispuesto en el artículo 1626 del código civil. Esto implica que
la obligación se extingue únicamente cuando se cumple en su totalidad. El deudor no
puede obligar al acreedor a recibir pagos parciales, salvo que exista una convención en
contrario o que la ley lo disponga en casos especiales.

28. Para que el pago extinga la obligación debe abarcar no solo el capital, sino también
los intereses moratorios y, cuando corresponda, las indemnizaciones derivadas del

1 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, Sentencia del 6 de agosto de 2025. Exp. 25000-23-42-000-

2021-00111-01 (2853-2024)

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Ejecutante: Segundo Arquímedes Landázuri Cabezas.
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retardo (artículo 1649 del Código Civil). La jurisprudencia ha reiterado que el pago
efectivo, entendido como satisfacción íntegra de lo debido, solo produce efecto liberatorio
si comprende ambos componentes; de lo contrario, la obligación no se tiene por
totalmente satisfecha y la ejecución continúa por el saldo pendiente.2

29. En el presente asunto, el Tribunal libró mandamiento de pago mediante auto del 19
de abril de 2024, por el valor de $45.965.974,96 a título de capital y $39.650.525,80 por
intereses moratorios al 31 de julio de 2023, además de los intereses moratorios causados
desde el 1.º de agosto de 2023 hasta la fecha de pago total. Así, desde el inicio del
trámite, la exigibilidad no se contrajo solo a reliquidación o indexación, sino que
comprendió expresamente capital e intereses, en la forma y periodos definidos en esa
providencia.

30. En la contestación de la demanda ejecutiva y en el recurso de apelación, la UGPP
sostuvo que la obligación se encontraba satisfecha con los pagos efectuados por nómina
y con los actos administrativos expedidos en cumplimiento del título complejo. Alegó que
en julio de 2019 se realizó el pago del retroactivo e indexación, y que con posterioridad
se tramitó el reconocimiento de intereses moratorios, e insistió en que no debía
continuarse con la ejecución.

31. Sin embargo, el punto de verificación en sede ejecutiva no era la sola existencia de
actos administrativos de cumplimiento, sino la acreditación de la extinción total de lo
ordenado en el mandamiento. Y, en este asunto, el propio mandamiento fijó un capital
exigible y una obligación accesoria de intereses moratorios ya cuantificada al 31 de julio
de 2023, además de los intereses posteriores que se causaren desde el 1.º de agosto de
2023 hasta el pago efectivo, de manera que la excepción de pago total exigía prueba
completa de cancelación de esos conceptos.

32. En cuanto a los actos administrativos, la UGPP expidió la Resolución RDP 017012
del 5 de junio de 2019, mediante la cual reconoció la pensión gracia y dispuso aspectos
de cumplimiento, y posteriormente la Resolución RDP 028409 del 20 de septiembre de
2019, que modificó la anterior en lo pertinente. Con todo, esos actos dan cuenta del
reconocimiento y ajustes, pero no son, por sí solos, demostrativos del pago integral del
crédito exigido en el ejecutivo, cuya extinción debía acreditarse con soportes de
desembolso y cancelación total del capital e intereses reclamados.

33. De otra parte, la Resolución RDP 010777 del 14 de junio de 20243 ordenó el pago de
intereses moratorios por $39.650.525,80, suma que coincide con el valor de los intereses
liquidados al 31 de julio de 2023 en el mandamiento de pago. No obstante, ese acto
administrativo no puede ser valorado como sustento de la excepción de pago total, pues
no fue aportado dentro de la oportunidad procesal pertinente. En efecto, al contestar la
demanda, la ejecutada fundó su defensa en la Resolución RDP 017012 del 5 de junio de
2019 y en los pagos vinculados al reconocimiento pensional. Por ello, los desembolsos o

2 Ver Ibidem y Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, Sentencia del 9 de agosto de 2023. Exp. 25000-

23-36-000-2019-00141-02.
3 Aportada con el recurso de apelación.

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actos posteriores solo podrán ser considerados, en lo que resulte procedente, en la etapa
de liquidación del crédito, mas no como prueba de la extinción total de la obligación.

34. Bajo esa premisa, la controversia planteada por la UGPP en apelación (en torno a la
“actualización del crédito”, la improcedencia de extender intereses hasta enero de 2025,
y la discusión sobre imputación) no desvirtúa el aspecto decisivo, esto es, que la entidad
debía demostrar, con prueba idónea, el pago de la totalidad de lo ordenado en el
mandamiento (capital e intereses, incluidos los posteriores al 1.º de agosto de 2023). Esa
demostración no se satisfacía con la sola exposición de una metodología interna de
liquidación o con la afirmación de que los pagos no eran “puros y simples”, sino con
evidencia del pago total de los rubros ejecutados.

35. En la sentencia apelada, el Tribunal efectuó la verificación del estado del crédito y
concluyó que, a 31 de enero de 2025, subsistía saldo insoluto por capital y por intereses
moratorios, razón por la cual negó la excepción de pago total y ordenó seguir adelante la
ejecución. Esa conclusión no fue desvirtuada por la UGPP, pues aún examinados de
fondo los cuestionamientos relativos a la imputación de los pagos y al alcance temporal
de los intereses, la entidad no acreditó que, bajo la imputación que considera admisible
ni bajo el criterio temporal de causación de intereses que consideraba correcto, la
obligación hubiera quedado íntegramente satisfecha en los términos fijados en el
mandamiento de pago.

36. No prospera el reparo relativo al alcance temporal de los intereses, lo determinante
en el presente asunto es que, para la fecha de la decisión, no estaba acreditado el pago
completo de los rubros exigidos en el mandamiento. La discusión abstracta sobre la
cuantificación exacta de los intereses posteriores no equivale, por sí misma, a prueba de
extinción de la obligación.

37. Del mismo modo, los reparos fundados en las reglas de imputación de pagos y en la
improcedencia de indexar o actualizar intereses moratorios no tienen la entidad suficiente
para derribar la decisión apelada. Aun bajo la tesis propuesta por la ejecutada, no obra
prueba que evidencie que el capital y los demás rubros exigibles hubieran quedado
satisfechos. Por ello, tales discrepancias no desvirtúan la subsistencia del saldo insoluto
establecida por el a quo.

38. En ese contexto, la Sala considera necesario precisar que la imputación de pagos
regulada en el artículo 1653 del Código Civil sí procede en esta clase de asuntos. En
efecto, ante la ausencia de una norma especial que determine la forma en que deben
distribuirse los pagos realizados por entidades públicas para satisfacer obligaciones
dinerarias derivadas de sentencias judiciales, resulta procedente acudir a dicha
disposición, de conformidad con el artículo 8 de la Ley 153 de 1887 4. En consecuencia,
si se adeuda capital e intereses, los pagos deben imputarse primero a los intereses
moratorios y luego al capital, salvo estipulación en contrario, sin que ello implique la

4
ARTÍCULO 8. Cuando no hay ley exactamente aplicable al caso controvertido, se aplicarán las leyes que regulen
casos ó materias semejantes, y en su defecto, la doctrina constitucional y las reglas generales de derecho.

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configuración de anatocismo ni desconozca la naturaleza de los recursos públicos
comprometidos.

39. Esa regla opera por la concurrencia de capital e intereses en la obligación, y no por
la forma en que la entidad ejecutada haya distribuido o denominado los pagos efectuados.
Por ello, la aplicación del artículo 1653 del Código Civil no constituye una decisión
arbitraria ni una extralimitación judicial, sino la consecuencia jurídica que se sigue de la
estructura misma de las obligaciones dinerarias cuando no existe regulación especial
sobre la materia. Además, impide que el cumplimiento tardío reduzca indebidamente el
crédito reconocido y evita que el deudor incumplido eluda los efectos patrimoniales
derivados de la mora5.

40. En suma, el contraste probatorio permite concluir que: el mandamiento de pago fijó
capital, intereses moratorios liquidados al 31 de julio de 2023 y los intereses posteriores
desde el 1.º de agosto de 2023 hasta el pago efectivo; que la UGPP aportó actos
administrativos de cumplimiento y un acto específico para intereses (RDP 010777 del 14
de junio de 2024), pero no acreditó, la satisfacción íntegra del crédito en los términos
exigidos por el mandamiento y verificados por el Tribunal en la sentencia apelada. Por
ello, la excepción de pago total carece de vocación de prosperidad.

41. En consecuencia, la Sala confirmará la decisión que negó la excepción de pago total
y ordenó seguir adelante con la ejecución, sin perjuicio de que en la etapa de liquidación
del crédito se precise la cuantificación aritmética final del saldo, con aplicación de los
pagos efectivamente acreditados.

Costas en segunda instancia

42. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la Ley
2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta corporación frente a
la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una lectura armónica
y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna manera significó un
apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta materia.

43. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021, fue
instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de fundamento
legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público; creando así una excepción
a la regla general, según la cual no procede dicha imposición en este tipo de procesos.

44. Tratándose de los demás asuntos, como es el caso de los trámites de nulidad y
restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene
incólume; en ese sentido la sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la
parte vencida en el proceso.

5 La aplicación del artículo 1653 del Código Civil ha sido reiterada por esta Subsección en diferentes pronunciamientos,

entre ellos la sentencia del 26 de junio de 2025 rad. 47001-23-33-000-2019-00353-01 (3534-2023) y en el auto del 18
de septiembre de 2025 rad. 47001-23-33-000-2019-00353-01 (3534-2023).

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Ejecutante: Segundo Arquímedes Landázuri Cabezas.
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45. La eventual condena se impondrá a la parte vencida, la liquidación y ejecución se
regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en cuenta la remisión contenida en el
primer inciso del artículo 188 del CPACA.

46. En consecuencia, se impondrán costas a la parte ejecutada, en tanto el recurso de
apelación fue desestimado en su integridad. Para estos efectos, en aplicación del artículo
366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de primera
instancia, y las expensas serán liquidadas por la secretaría del Tribunal Administrativo
del Valle del Cauca.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley

RESUELVE

PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia proferida el 31 de enero de 2025, proferida por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.

SEGUNDO. CONDENAR en costas a la parte ejecutada por las razones expuestas en la
presente providencia.

TERCERO. En firme esta providencia, realizar las anotaciones correspondientes y
devolver el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

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Radicación: 76001-23-33-000-2023-00548-02 (3027-2025).
Ejecutante: Segundo Arquímedes Landázuri Cabezas.
.

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los magistrados que integran la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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