Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 47001-23-33-000-2024-00030-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 47001-23-33-000-2024-00030-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 47001-23-33-000-2024-00030-01
Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra
21 de noviembre de 2024
Demandante: Juan Carlos Cantillo Rudas
Demandado: José David Escorcia Pérez, alcalde de Remolino (Magdalena)
Rad: 47001-23-33-000-2024-00030-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Barranquilla, D.E.I.P., veintiuno (21) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: NULIDAD ELECTORAL
Radicado: 47001-23-33-000-2024-00030-01
Demandante: JUAN CARLOS CANTILLO RUDAS
Demandado: JOSÉ DAVID ESCORCIA PÉREZ, ALCALDE
MUNICIPAL DE REMOLINO (MAGDALENA), PERIODO
2024-2027
Tema: Doble militancia política en la modalidad de apoyo. Presupuesto
modal de la conducta.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala resuelve el recurso de apelación interpuesto por la parte actora, contra la
sentencia del 10 de septiembre de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo del
Magdalena, que negó las pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES
1.1 La demanda
El señor Juan Carlos Cantillo Rudas, mediante apoderado, presentó demanda en
ejercicio del medio de control de nulidad electoral, contemplado en el artículo 139
del CPACA, en contra del Acta de Escrutinio Municipal E-26 ALC del 31 de octubre
de 2023, mediante la cual se declaró la elección del señor José David Escorcia
Pérez, como alcalde del municipio de Remolino (Magdalena), periodo 2024-2027.
1.2 Hechos
La parte actora expuso como fundamentos fácticos, los siguientes:
Anotó que el señor José David Escorcia Pérez se inscribió como candidato a la
Alcaldía de Remolino (Magdalena), periodo 2024-2027, con el aval de la colectividad
de La Unión por la Gente – Partido de la U; quien resultó elegido según consta en
el Formulario E-26 ALC del 31 de octubre de 2023.
Destacó que, para la misma contienda electoral, se inscribió el demandante, Juan
Carlos Cantillo Rudas, con el aval del Partido Liberal, quien obtuvo la segunda
mayor votación del referido ente territorial.
Indicó que la agrupación Fuerza Ciudadana le otorgó su aval a la candidatura del
señor Rafael Alejandro Martínez a la Gobernación del Magdalena, periodo 2024-
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Demandante: Juan Carlos Cantillo Rudas
Demandado: José David Escorcia Pérez, alcalde de Remolino (Magdalena)
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2027. Sin embargo, aclaró que dicha colectividad no suscribió acuerdo de coalición
con ningún otro partido político para recibir respaldo para el señor Martínez ni con
el fin de apoyar a algún aspirante a la Alcaldía de Remolino.
Sostuvo que José David Escorcia Pérez, candidato a la Alcaldía Municipal de
Remolino (Magdalena) por el Partido de la U y Rafael Alejandro Martínez, aspirante
a la Gobernación del Magdalena por Fuerza Ciudadana, llevaron a cabo un masivo
acto de proselitismo político en San Rafael de Buenavista, corregimiento del ente
territorial en el que resultó elegido el demandado, el cual tuvo lugar el 18 de octubre
de 2023.
Precisó que el Partido de la U, para las elecciones del 29 de octubre de 2023, no
avaló a candidato alguno para la Gobernación del Magdalena; tampoco suscribió
acuerdo de coalición con otros partidos y/o movimientos políticos.
Aseguró que el demandado, en la plaza pública municipal, expresó su apoyo al
señor Rafael Alejandro Martínez, quien aspiraba a la Gobernación del Magdalena
por el partido Fuerza Ciudadana, lo cual consta en un video que se aporta con la
demanda. Igualmente, el mismo 18 de octubre de 2023, el señor Escorcia Pérez
acompañó al referido candidato por las calles del municipio para solicitar que
votaran por él, lo cual consta en una filmación y unas imágenes tomadas de la red
social Facebook del alcalde acusado, aportadas al expediente.
1.3 Normas violadas y concepto de la violación
La parte actora invocó como normas vulneradas los artículos 107 de la Constitución
Política; artículo 2°, inciso 2° de la Ley 1475 de 2011 y 275, numeral 8°, de la Ley
1437 de 2011.
Expuso que la prohibición de doble militancia fue introducida en el ordenamiento
jurídico colombiano con el fin de imprimir seriedad y fortalecer las agrupaciones
políticas, para evitar que sus militantes desplieguen conductas contrarias a los
principios y lineamientos propios de esas colectividades.
Advirtió que el demandado incurrió en la referida causal, en los términos de los
artículos 2° y 29 de la Ley 1475 de 2011. Ello, en consideración a que, según lo
afirmó, el señor José David Escorcia Pérez realizó actos concretos y positivos de
apoyo al candidato Rafael Alejandro Martínez a la Gobernación del Magdalena,
avalado por la agrupación Fuerza Ciudadana, pese a que la colectividad para la que
él milita, esto es, el Partido de la U, no tenía candidatos inscritos para esa dignidad
ni suscribió acuerdos de coalición o adhesión.
Destacó que, igualmente, se acredita el elemento temporal de la prohibición, toda
vez que los actos de proselitismo en favor del aspirante a la referida gobernación
tuvieron lugar el 18 de octubre de 2023; finalmente, el presupuesto territorial de la
causal se encuentra acreditado, toda vez que los hechos ocurrieron en el municipio
en el que resultó elegido el demandado.
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1.4 Actuaciones procesales
1.4.1 La admisión
El Tribunal Administrativo del Magdalena, a través de auto del 18 de enero de 2024,
admitió la demanda y ordenó las notificaciones de rigor. Mediante providencia del
30 de enero siguiente se admitió la reforma de la demanda.
De otro lado, en auto del 8 de marzo de 2024, el a quo declaró la terminación del
proceso por abandono; sin embargo, esa decisión fue objeto del recurso de
reposición, resuelto mediante providencia del 11 de abril de 2024, en el sentido de
reponerla.
1.4.2 Contestación
1.4.2.1 José David Escorcia Pérez – demandado
Mediante apoderado, intervino en los siguientes términos:
Comentó que la situación fáctica planteada por el actor no constituye la prohibición
de doble militancia política. Así, indicó que de la demanda se desprende claramente
que el Partido de la U no inscribió candidato propio o en coalición a la Gobernación
del Magdalena para el periodo 2024-2027, como tampoco se adhirió a ninguna
campaña; hecho que, además de ser relatado por el accionante, se encuentra
certificado por dicha colectividad.
Mencionó que de acuerdo con la Circular 018 del 14 de agosto de 2023, suscrita
por la Secretaría General del Partido de la U, esa agrupación dejó en libertad a sus
militantes para apoyar a los candidatos que a bien tengan, siempre y cuando el
partido no haya inscrito o respaldado un aspirante en particular.
Anotó que lo que proscribe la causal invocada es la conducta de apoyar a otros
candidatos inscritos, distintos a los de la colectividad a la que pertenece. Como se
precisó, en el asunto de la referencia se encuentra demostrado que el Partido de la
U no tenía aspirantes propios a la Gobernación del Magdalena y, por lo tanto, el
señor Escorcia Pérez era libre de respaldar a quien quisiera.
Resaltó que, en tales condiciones, el elemento modal de la prohibición no se
encuentra acreditado y, en ese orden, cualquier manifestación de apoyo hacia el
señor Rafael Alejandro Martínez a la gobernación en comento, estaba permitida.
1.4.2.2 Consejo Nacional Electoral
Intervino para señalar que no se está alegando una irregularidad o vicio en una de
las actuaciones que legalmente le corresponde a dicha entidad. Sostuvo que, el
medio de control versa sobre una causal de nulidad subjetiva, esto es, aquella
referente a los requisitos, calidades y condiciones de elegibilidad de los candidatos,
y por ello, le corresponde al propio candidato o al partido que avaló su candidatura
pronunciarse y demostrar que este cumple dichas condiciones.
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Indicó que, además, ante el CNE no se presentó solicitud de revocatoria de
inscripción del demandado, en ese sentido, esa autoridad al no tener conocimiento
sobre el asunto, tampoco tiene legitimidad en la causa por pasiva.
1.4.2.3 Registraduría Nacional del Estado Civil
Requirió que se declarara la falta de legitimación en la causa por pasiva, toda vez
que no es la entidad llamada a intervenir en el asunto de la referencia. Indicó que
desarrolla una labor meramente logística tratándose de comicios, mas no verifica
inhabilidades ni incompatibilidades, pues su tarea es estrictamente técnica y
organizativa. A su vez, no analiza posturas jurídicas ni tiene injerencia en la ética
electoral.
1.5. Impugnadores
Los señores Germán Ernesto Escobar Higuera, Nidia Laisha Jacome Urrea y
Marycruz Fontalvo Olier intervinieron en el proceso como terceros coadyuvantes del
demandado. Reiteraron que en este asunto no se encuentra acreditado el elemento
modal de la prohibición de doble militancia, razón por la cual deben denegarse las
súplicas de la demanda.
1.6. Otras actuaciones de la primera instancia
Mediante providencia del 22 de julio de 2024 se resolvió: i) aceptar las solicitudes
de coadyuvancia al extremo demandado, impetradas por los señores Germán
Ernesto Escobar Higuera y Nidia Laisha Jacome Urrea, ii) denegar la solicitud de
terminación del proceso elevada por ésta última y iii) se fijó fecha para la realización
de la audiencia inicial para el día 31 de julio de 2024.
En la referida fecha se llevó a cabo la diligencia en cuestión, en la cual se admitió
la intervención de la señora Marycruz Fontalvo Olier como impugnadora, se
decretaron las pruebas requeridas por las partes y se fijó el litigio en los siguientes
términos:
¿Deviene nulo o no el ACTO DE ELECCIÓN DEL ALCALDE MUNICIPAL DE
REMOLINO - MAGDALENA, PERÍODO 2024-2027, CONTENIDO EN EL ACTA
PARCIAL DEL ESCRUTINIO MUNICIPAL ALCALDE, FORMULARIO E-26 ALC, DE
FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2023; DONDE SE DECLARÓ ELEGIDO AL SEÑOR
JOSÉ DAVID ESCORCIA PÉREZ, radicado bajo el No. 47-001-2333-000-2024-
00030-00, por presuntamente haber incurrido en doble militancia, en la modalidad
de apoyo al candidato a la Gobernación del Magdalena por el Partido Fuerza
Ciudadana?
El 6 de agosto de 2024 se realizó la audiencia de pruebas, en la cual se efectuó el
interrogatorio de parte al señor José David Escorcia Pérez. Por auto del 13 de
agosto siguiente, la magistrada sustanciadora corrió traslado a las partes para
alegar de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera su concepto, término
durante el cual allegaron los escritos correspondientes.
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2. La sentencia apelada
El Tribunal Administrativo del Magdalena mediante providencia del 10 de
septiembre de 2024: i) declaró probadas las excepciones de falta de legitimación en
la causa por pasiva formuladas por el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría
Nacional y del Estado Civil, y ii) denegó las pretensiones de la demanda, con
fundamento en lo siguiente:
Refirió la normativa aplicable a la prohibición de doble militancia, así como algunas
citas jurisprudenciales in extenso sobre esa causal. Señaló que, de acuerdo con las
pruebas allegadas al expediente, es posible advertir que el Partido de la U no avaló
ningún candidato a la Gobernación del Magdalena, ni tampoco suscribió ningún
acuerdo de coalición o adhesión a la referida dignidad.
Anotó que también se encuentra acreditado que el demandado resultó elegido como
alcalde de Remolino (Magdalena) y que el señor Rafael Alejandro Martínez se
inscribió como candidato a la referida gobernación, por la colectividad Fuerza
Ciudadana.
Mencionó que no haría un estudio detallado de las pruebas allegadas por cuanto el
demandado, en su contestación, aceptó que brindó apoyo al aspirante en cuestión
a la Gobernación del Magdalena; y lo confirmó en el interrogatorio de parte
efectuado, con la precisión de que él se encontraba en libertad de respaldar al
candidato de su preferencia, en tanto que el Partido de la U, para el cual milita, no
tenía aspirante para esa dignidad.
Refirió la Circular 018 de 2023, a través de la cual la colectividad del demandado
dejó en libertad a sus militantes para apoyar al candidato de su preferencia, en
aquellas circunscripciones donde no hubiere inscrito o respaldado a alguno, tal
como aconteció con la Gobernación del Magdalena.
Concluyó que no se encuentra acreditado el presupuesto modal de la doble
militancia, razón por la cual se deben negar las súplicas de la demanda.
3. El recurso de apelación
Inconforme con la decisión, el demandante formuló recurso de apelación, con
fundamento en los siguientes argumentos:
Sostuvo que el tribunal de primera instancia citó la providencia del 10 de marzo de
2022, proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, radicado 25000-23-
41-000-2019-01029-01 (acumulado), en la cual se precisó el alcance del elemento
modal de la prohibición de doble militancia.
Argumentó que no comparte lo señalado en ese precedente, toda vez que
desconoce la finalidad de la causal invocada, en tanto «permite el transfuguismo de
los candidatos, excepción vía jurisprudencial, que, dicho sea de paso, contraviene
la del orden constitucional».
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Destacó que, de acuerdo con las sentencias SU-380 de 2021 y SU-213 de 2022,
proferidas por la Corte Constitucional, solo existe una excepción a la prohibición de
doble militancia en la modalidad de apoyo, esto es «para los miembros de partidos
o movimientos políticos que sean disueltos por decisión de sus miembros o pierdan
la personería jurídica por causas distintas a las sanciones previstas en la ley».
Consideró que la sentencia apelada acentúa la indisciplina partidista que se ha
pretendido contrarrestar, tanto en la ley como en la jurisprudencia.
4. Actuaciones en segunda instancia
Mediante providencia del 22 de octubre de 2024 se admitió el recurso de apelación,
se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público para
que rindiera su concepto.
5. Alegatos de conclusión en segunda instancia
5.1. Solo se pronunció la apoderada del demandado1, en los siguientes términos:
Indicó que la parte actora cuestiona, subjetivamente, la decisión apelada, por no
estar de acuerdo con el precedente judicial aplicado, en lo que concierne al
elemento modal de la prohibición de doble militancia.
Agregó que el recurrente de manera «irresponsable» transcribió apartes de las
sentencias de unificación 380 de 2021 y 213 de 2022 de la Corte Constitucional.
Sobre la primera de ellas, solo se precisan conceptos sobre la vinculatoriedad del
precedente judicial y, sobre la segunda, no se advierte ninguna regla sobre la doble
militancia en la modalidad de apoyo, distinta a los presupuestos que ya ha
decantado la Sección Quinta del Consejo de Estado. Por el contrario, en lo que
respecta al elemento modal de la prohibición, el máximo órgano constitucional se
remite a la línea que pacíficamente ha definido la Sala Electoral.
Aseguró que el recurso de apelación no tiene ningún soporte jurisprudencial ni legal,
con lo cual se genera un desgaste a la administración de justicia, por cuanto el fallo
recurrido se encuentra acorde a derecho y acoge el precedente judicial sobre la
materia.
Reiteró que el demandado se encontraba en libertad para respaldar al candidato de
su preferencia a la Gobernación del Magdalena, puesto que su agrupación, esto es,
el Partido de la U, no tenía aspirantes propios a ese cargo de elección popular.
6. Concepto del Ministerio Público2
La procuradora séptima delegada ante el Consejo de Estado solicitó confirmar la
sentencia de primera instancia, bajo los siguientes argumentos:
Señaló que el demandado no incurrió en causal de doble militancia, pues no se
1 Índice 11 de SAMAI.
2 Índice 12 de SAMAI.
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configuró el elemento modal de aquella, el cual exige que el partido o movimiento
político que avaló la postulación del acusado hubiese inscrito una candidatura
propia, o avalado, co-avalado o adherido a un aspirante al cargo de elección popular
de que se trate. En este caso, por el contrario, se probó que el Partido de la U, para
el cual milita el demandado, dejó en libertad a sus afiliados para apoyar al candidato
de su preferencia en los lugares donde no contaban con uno propio, como ocurrió
con la Gobernación del Magdalena.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
De conformidad con lo establecido en los artículos 150 inciso 1 y 1523 numeral 7
literal (a) del CPACA y el Acuerdo 080 de 2019, proferido por la Sala Plena del
Consejo de Estado, esta Sección es competente para conocer en segunda instancia
del recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia del 10
de septiembre de 2024, por medio de la cual, el Tribunal Administrativo del
Magdalena negó las pretensiones de la demanda.
2. El acto electoral cuestionado
Corresponde al Acta de Escrutinio Municipal E26 – ALC del 31 de octubre de 2023,
mediante la cual se declaró la elección del señor José David Escorcia Pérez como
alcalde municipal de Remolino (Magdalena) para el periodo constitucional 2024-
2027.
3. Problema jurídico
De acuerdo con el fallo de primera instancia y los argumentos expuestos en el
recurso de apelación, corresponde a esta Sección determinar si confirma, modifica
o revoca la sentencia de primera instancia. Sobre el punto, se tendrán en cuenta los
límites de la competencia del juez ad quem, a partir de la fijación del litigio señalada
por el tribunal, la providencia de primer grado y los reparos del recurrente.
En consecuencia, deberá establecerse si se encuentra acreditado el elemento
modal de la causal de doble militancia en la modalidad de apoyo, en la que según
la parte actora, incurrió el señor José David Escorcia Pérez al respaldar al candidato
a la Gobernación del Magdalena por la agrupación Fuerza Ciudadana, Rafael
Alejandro Martínez, pese a que el demandado fue inscrito y resultó elegido alcalde
de Remolino (Magdalena), por el Partido de la U.
Se advierte que al tenor de lo previsto en el artículo 320 del Código General del
Proceso4, «[e]l recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine la
cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por
3 Artículo 152. Los tribunales administrativos conocerán en primera instancia… 7. De los siguientes asuntos
relativos a la nulidad electoral: a) De la nulidad del acto de elección o llamamiento a ocupar la curul, según el
caso (…) de los alcaldes municipales y distritales (…).
4 Aplicable al trámite del recurso de apelación en los aspectos no regulados en la Ley 1437 de 2011, por la
remisión prevista en su artículo 306.
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el apelante, para que el superior revoque o reforme la decisión», disposición que
debe interpretarse en concordancia con lo señalado en el artículo 328 Ibidem, según
el cual «[e]l juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los
argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba
adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley».
Por lo tanto, la competencia del superior para pronunciarse sobre el fundamento de
la apelación está circunscrita a los motivos de inconformidad expuestos por el
recurrente, lo que descarta el análisis de cualquier otro aspecto que no haya sido
materia de alzada5.
Para abordar el asunto, la Sala desarrollará la siguiente metodología: (i) el marco
jurídico de la doble militancia política en la modalidad de apoyo y, (ii) el caso
concreto, conforme a los límites indicados en el párrafo anterior.
4. Marco jurídico de la doble militancia en la modalidad de apoyo
Una de las preocupaciones que ha motivado las reformas políticas adoptadas en
las últimas dos décadas tiene que ver con el fortalecimiento de la disciplina
partidista, que persigue, a su vez, contribuir al funcionamiento de colectividades y
bancadas sólidas, consistentes y con vocación de permanencia. Así lo demuestran
los Actos Legislativos 01 de 2003 y 01 de 2009, por medio de los cuales se introdujo
y reguló, entre otros asuntos, la prohibición de doble militancia.
En tal sentido, de conformidad con el artículo 107 de la Constitución Política, ningún
ciudadano podrá pertenecer simultáneamente a más de un partido político. En
consonancia, la misma norma dispone que los miembros de corporaciones públicas
que decidan cambiar de partido para aspirar a una próxima elección están
compelidos a renunciar a la curul por lo menos 12 meses antes de la fecha en que
inician las inscripciones de candidatos de los comicios respectivos.
Estas dos hipótesis constituyen la antesala de la restricción en comento,
desarrollada por la Ley 1475 de 2011 (artículo 2º) e instituida como causal de
nulidad electoral por la Ley 1437 del mismo año (artículo 275, numeral 8). A partir
del marco normativo que la regula, la jurisprudencia de esta Sección ha
esquematizado de forma reiterada y pacífica las modalidades en las que se
manifiesta la doble militancia política, según sus destinatarios y las conductas
proscritas:6
a) Ciudadanos: pertenencia simultánea a más de un partido, movimiento político o
grupos significativo de ciudadanos.
5 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 3 de junio de 2021, expediente: 68001-23-33-000-2019-
00896-01, M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio.
6 Entre otras: Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 27 de octubre de 2022, Rad. 11001-03-28-000-
2022-00054, MP. Pedro Pablo Vanegas Gil. Sentencia de 15 de diciembre de 2022, Rad. 11001-03-28-000-
2022-00179-00, MP. Carlos Enrique Moreno Rubio. Sentencia de 10 de marzo de 2022, Rad. 76001-23-33-000-
2019-01141-01, MP. Pedro Pablo Vanegas Gil. Sentencia de 9 de septiembre de 2021, Rad. 25000-23-41-000-
2019-01112-01, MP. Rocío Araújo Oñate (e). Sentencia de 27 de julio de 2021, Rad. 47001-23-33-000-2020-
00023-02, MP. Luis Alberto Álvarez Parra. Sentencia de 19 de agosto de 2021, Rad. 47001-23-33-000-2019-
00808-02, MP. Luis Alberto Álvarez Parra. Sentencia de 20 de noviembre de 2015, Rad. 11001-03-28-0002014-
00091-00, MP. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. Sentencia de 4 de agosto de 2016, Rad. 63001-23-33-
000-2016-00008-01, MP. Alberto Yepes Barreiro.
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b) Candidatos en consultas: inscripción por una organización política distinta, en
el mismo proceso electoral.
c) Miembros de corporaciones públicas de elección popular: inscripción como
candidato para la siguiente elección por un partido o movimiento político distinto de
aquel que lo avaló, con dos excepciones, primera, que renuncie a la curul antes de
los 12 meses que preceden al primer día de inscripciones y segunda, que la
colectividad sea disuelta o pierda la personería jurídica por causas diferentes a una
sanción.
d) Directivos de organizaciones políticas, candidatos y elegidos: apoyar a
candidatos de organizaciones políticas diferentes a la que pertenecen y les otorgó
aval, según el caso, salvo que la respectiva organización no esté participando con
aspirantes para la correspondiente elección ni haya manifestado su apoyo expreso
a determinada campaña de otro partido o movimiento.
e) Directivos de partido o movimiento político: inscripción como candidatos o
designación como directivos de organizaciones políticas diferentes, salvo que
medie renuncia a la respectiva dignidad 12 meses antes de uno u otro hecho.
En un pronunciamiento de tutela7 que fue dirigido en contra de una providencia
proferida por esta Sección Electoral, la Corte Constitucional insistió respecto a la
doble militancia en que:
En este punto, también es pertinente establecer que, en las reformas constitucionales
del artículo 107 superior, no se evidencia la intención del Legislador de excluir alguna
situación de la prohibición general de doble militancia.
Además, es claro que (…) la Carta Política no la contempla y de conformidad con las
reglas generales de interpretación no es viable hacer excepciones donde la Constitución
no lo ha previsto.
Frente a las excepciones de tal prohibición, el legislador se encargó de delimitar en
la citada norma estatutaria que los miembros de los partidos y movimientos políticos
que sean disueltos por decisión de sus miembros o pierdan la personería jurídica
por causas distintas a las sanciones previstas en la ley, podrán inscribirse en un
partido distinto con personería jurídica, sin tener una consecuencia por ello.
En particular, la doble militancia en la modalidad de apoyo que se brinda a un
candidato inscrito por un partido distinto al de la propia afiliación8, relacionada en el
literal d) anterior, está prevista en el artículo 2º de la Ley 1475 de 2011, en los
términos que se transcriben enseguida:
7 Corte Constitucional, sentencia SU – 209 de 2021. Acción de tutela instaurada por Ángela María Robledo
Gómez contra la Sección Quinta del Consejo de Estado. M.P: Cristina Pardo Schlesinger.
8 Sobre las modalidades de doble militancia, ver, entre otras: Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de
21 de octubre de 2021, Rad. 47001-23-33-000-2020-00075-01, MP. Carlos Enrique Moreno Rubio. Sentencia
de 14 de octubre de 2021, Rad. 47001-23-33-000-2019-00807-01, MP. Pedro Pablo Vanegas Gil. Sentencia de
26 de agosto de 2021, Rad. 05001-23-33-000-2019-02946-01(Acum), MP. Rocío Araújo. Oñate. Sentencia de
19 de agosto de 2021, Rad. 47001-23-33-000-2019-00808-02.
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9
Demandante: Juan Carlos Cantillo Rudas
Demandado: José David Escorcia Pérez, alcalde de Remolino (Magdalena)
Rad: 47001-23-33-000-2024-00030-01
Quienes se desempeñen en cargos de dirección, gobierno, administración o control,
dentro de los partidos y movimientos políticos, o hayan sido o aspiren ser elegidos
en cargos o corporaciones de elección popular, no podrán apoyar candidatos
distintos a los inscritos por el partido o movimiento político al cual se
encuentren afiliados.” (Negrilla fuera de texto).
Con base en la literalidad de la norma en comento, esta Sección9 ha reconocido que
la configuración de los apoyos prohibidos por la legislación electoral resulta de la
acreditación conjunta de 5 presupuestos, así:
i. Elemento subjetivo
El deber de abstención que se deriva de la prohibición de la doble militancia en su
modalidad de apoyo cobija, además de quienes detentan cargos de dirección,
gobierno, administración o control en los partidos y movimientos políticos, a los
miembros de las organizaciones políticas que han sido elegidos o aspiran a serlo
en cargos o corporaciones de elección popular.
Por lo anterior, la demostración de esta manifestación de doble militancia exige que
el demandado ostente cualquiera de las calidades referidas.
ii. Elemento objetivo
La conducta proscrita consiste en apoyar aspirantes inscritos por partidos y
movimientos políticos o grupos significativos de ciudadanos que difieren de aquel al
que pertenece el accionado. Así, el concepto de apoyo ha sido caracterizado por
esta Sala Electoral como «…la ayuda, asistencia, respaldo o acompañamiento de
cualquier forma o en cualquier medida a un candidato distinto al avalado o apoyado
por la respectiva organización política.»10.
Sin embargo, la generalidad de esta noción ha sido precisada por la Sección en el
tratamiento jurisprudencial que durante los años ha procurado a esta modalidad de
doble militancia, en el sentido de delimitar, no solo la naturaleza de los actos que
pueden revelar la existencia del respaldo sancionado, sino a la vez el grado de
convicción que debe derivarse de las pruebas para acreditar la presencia del apoyo
ilegal.
En lo que refiere a la naturaleza del apoyo, la Sala ha reconocido que la asistencia
censurada debe ser el resultado de la ejecución de actos positivos y concretos que
demuestren el favorecimiento político al candidato de otra organización. En ese
orden, en decisión de 31 de octubre de 2018, M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio,
esta Judicatura explicó al respecto:
9
Con relación a los presupuestos de la doble militancia por apoyo a candidato inscrito por un partido distinto, por ejemplo:
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 26 de agosto de 2021, Rad. 05001-23-33-000-2019-02946-01(Acum.), MP.
Rocío Araújo Oñate. Sentencia de 21 de octubre de 2021, Rad. 47001-23-33-000-2020-00075-01, MP. Carlos Enrique Moreno
Rubio. Sentencia de 6 de octubre de 2016, Rad. 50001-23-33-000-2016-00077-01, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 52001-23-33-000-2015-00841-01. M.P.
Alberto Yepes Barreiro. Sentencia de 24 de noviembre de 2016.
10
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 11001-03-28-000-2018-00032-00. M.P.
Carlos Enrique Moreno Rubio. Sentencia de 31 de octubre de 2018.
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Sobre el primer aspecto, realmente no existe controversia pues de tiempo atrás la
Sala mantiene el criterio según el cual la estructuración de dicha prohibición exige
necesariamente la ejecución de actos positivos y concretos de apoyo en favor
del candidato perteneciente a otro partido político.11 (Se destaca)
De conformidad con ello, el entendimiento de la ayuda prohibida ha tenido como
sustento la unión de dos tipos de presupuestos, relacionados con la puesta en
marcha de acciones –presupuesto modal– que buscan el patrocinio de una
candidatura ajena a la organización política que acompaña al demandado –
presupuesto teleológico–.
Desde esta perspectiva, la Sala consideró, en providencia de 7 de diciembre de
2016, M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio, que las abstenciones atribuidas por la
parte actora al concejal acusado –cimentadas en la realización de reuniones
políticas sin la presencia del aspirante a la Alcaldía de Soacha inscrito por el partido
que lo avalaba–, no disponían de la virtualidad de configurar la doble militancia por
apoyo, de cara a la ausencia de actos positivos y concretos que permitieran
materializarla. En ese punto, la Sección expuso:
Lo que exige el texto de la norma es precisamente lo contrario: la ejecución de actos
positivos de apoyo a un candidato diferente de aquel inscrito por el partido al cual
pertenece el concejal demandado.
(…) Entonces no resulta procedente extender sus alcances a otras situaciones no
contempladas en la norma, diferentes de los actos de apoyo, como la decisión de
llevar a cabo actos políticos sin el acompañamiento del candidato del partido,
en este caso a la alcaldía, como señaló el actor.12 (Negrilla fuera de texto).
iii. Elemento temporal
Se ha destacado que, a pesar de que el inciso 2° del artículo 2° de la Ley 1475 de
2011, no hace referencia expresa al periodo o plazo en el que deben producirse los
apoyos, una interpretación sistemática y con efecto útil de la norma conlleva aceptar
que la materialización de la asistencia indebida debe suceder en el contexto de la
campaña política, toda vez que «…solo durante ese lapso se puede hablar de
candidatos en el sentido estricto de la palabra»13; término que se extiende desde el
momento en el que el ciudadano acusado inscribe su aspiración y hasta la fecha de
la elección.
iv. Elemento modal de la conducta
La incursión en la prohibición de doble militancia en su modalidad de apoyo exige
que el partido o movimiento político que avaló la postulación del acusado haya
inscrito una candidatura propia al cargo de elección popular de que se trate,
comoquiera que solo en estos eventos puede reprocharse la defraudación a la
lealtad partidista exigida al candidato sometido al medio de control de nulidad
electoral.
11
Rad. 11001-03-28-000-2018-00032-00.
12
Rad. 2500-23-41-000-2015-02347-00.
13
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 52001-23-33-000-2015-00841-01. M.P.
Alberto Yepes Barreiro. Sentencia de 24 de noviembre de 2016.
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Demandado: José David Escorcia Pérez, alcalde de Remolino (Magdalena)
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Sin embargo, no solo la inscripción da por acreditado este presupuesto, teniendo en
cuenta que, como ha sido admitido por la jurisprudencia de esta Sala de Sección, el
desconocimiento de los apoyos expresos dados por un partido o un movimiento
político a una causa proselitista distinta de la suya, –aunque no exista registro de
una aspiración particular–, pueden llevar a cristalizar igualmente la causal de
inelegibilidad erigida en el artículo 2 (segundo inciso) de la Ley 1475 de 2011.
Así, en sentencia de 24 de noviembre de 2016, M.P. Alberto Yepes Barreiro, la Sala
concluyó en relación con este aspecto:
Como se explicó en el acápite 3.2 de esta providencia, lo que la modalidad de doble
militancia atribuida proscribe es el apoyo a un candidato diferente al inscrito o
apoyado por una determinada colectividad política, lo cual necesariamente
presupone que el partido o movimiento político bien haya inscrito un candidato propio
para determinado cargo de elección popular o en su defecto que haya decidido, de
forma expresa, apoyar a un candidato de otra organización política.14 (Negrilla
fuera del texto).
Así, la materialización del elemento modal de la conducta proscrita pasa por la
demostración de la inscripción de candidatos pertenecientes a la estructura política
de la que hace parte el accionado o a la existencia de manifestaciones explícitas,
mediante las cuales su partido se compromete de lleno con la candidatura postulada
por un movimiento distinto, lo que obliga al demandado a respetar sus directrices,
sin que sus intereses puedan anteponerse a aquellos de la colectividad.
v. Elemento territorial
El examen construido por la Sección especializada en asuntos electorales del
Consejo de Estado permite advertir que el respaldo recriminado por el legislador
estatutario de 2011 puede producirse en el seno de una misma circunscripción
electoral –v. gr., la asistencia política prestada por un candidato al concejo a la
aspiración proselitista de un candidato a la alcaldía de la misma municipalidad–,
pero también en el escenario de circunscripciones territoriales diversas.
En palabras de esta Sala de Decisión:
Por último, la Sala estima que la circunstancia de que el apoyo haya sido brindado a
un candidato que aspiraba a la Cámara de Representantes por una circunscripción
territorial diferente, como era Bogotá, no incide en la configuración de la doble
militancia política.15
De esta manera, la parte actora deberá acreditar que, sin importar la coincidencia o
no de circunscripciones electorales, el acusado acompañó a través de actos
positivos y concretos las aspiraciones políticas de un candidato avalado por una
organización distinta de la suya, fomentando sus posibilidades de acceso a un cargo
de elección popular.
14
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 52001-23-33-000-2015-00841-01. M.P.
Alberto Yepes Barreiro. Sentencia de 24 de noviembre de 2016.
15
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 11001-03-28-000-2018-00032-00. M.P.
Carlos Enrique Moreno Rubio. Sentencia de 31 de octubre de 2018.
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Demandado: José David Escorcia Pérez, alcalde de Remolino (Magdalena)
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5. Caso concreto
Como viene de explicarse en los antecedentes de esta providencia, la parte actora
pretende que se declare la nulidad de la elección del señor José David Escorcia
Pérez como alcalde de Remolino (Magdalena). Según el recurrente, el demandado
no podía apoyar al señor Rafael Alejandro Martínez, candidato a la Gobernación del
Magdalena, por cuanto aquel fue avalado por la agrupación Fuerza Ciudadana;
mientras que el señor Escorcia Pérez milita para el Partido de la U.
El tribunal de primera instancia negó las pretensiones de la demanda, al no
encontrar acreditado el elemento modal de la prohibición alegada. Ello, en
consideración a que la colectividad para la cual milita el demandado no tenía
candidato inscrito para la Gobernación del Magdalena; tampoco se advirtió que haya
suscrito un acuerdo de coalición o adhesión a otra candidatura para ese cargo
uninominal.
El demandante, inconforme con la decisión, precisó que no comparte el precedente
judicial citado por el tribunal a quo en lo que respecta al elemento modal de la
prohibición alegada, el cual, a su juicio, contraría lo señalado por la Corte
Constitucional en las sentencias de unificación SU-380 de 2021 y SU-213 de 2022,
según las cuales, solo existe una excepción a la prohibición de doble militancia en
la modalidad de apoyo, esto es «para los miembros de partidos o movimientos
políticos que sean disueltos por decisión de sus miembros o pierdan la personería
jurídica por causas distintas a las sanciones previstas en la ley».
Consideró que la sentencia apelada acentúa la indisciplina partidista que se ha
pretendido contrarrestar, tanto en la ley como en la jurisprudencia.
Sobre el particular, la Sala encuentra que, tal y como lo precisó el a quo y el
Ministerio Público, en este asunto resulta relevante determinar en primer lugar, si el
Partido de la U contaba con candidato propio a la Gobernación del Magdalena o, en
su defecto, si existió algún acuerdo de coalición o adhesión a una aspiración para
la referida dignidad.
Según se observa, el tribunal de primera instancia decretó una prueba en el sentido
de requerir a la colectividad del demandado para que certificara si, para las
elecciones territoriales que se llevaron a cabo el 29 de octubre de 2023, inscribió o
respaldó a algún candidato a la Gobernación del Magdalena. En respuesta a dicha
solicitud, el Partido de la U mediante oficio AJ058 – RI 202402277 del 1° de agosto
de 2024, sostuvo:
«(…) que, una vez consultadas las bases de datos, se constató que el Partido de la
Unión por la Gente – Partido de la U no avaló, coavaló o se adhirió alguna
candidatura para la Gobernación del Departamento de Magdalena en el marco de
las Elecciones de Autoridades Territoriales que tuvieron lugar el pasado 29 de
octubre de 2023
(…) en el marco de los comicios referidos, esta colectividad política, expidió la
Circular No. 018 del 14 de agosto de 2023, por medio de la cual se dejó en libertad
a los militantes para apoyar al candidato de su preferencia, en aquellas
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circunscripciones donde el Partido de la “U”, no inscribió o respaldado a algún
aspirante».
Asimismo, al expediente se aportó copia de la Circular 018 de 2023, mediante la
cual, el secretario general del Partido de la U, informó a sus militantes lo siguiente:
En tales condiciones, resulta acertada la conclusión a la que llegó el tribunal, toda
vez que, aun cuando el señor Escorcia Pérez aceptó que apoyó a ese aspirante, lo
cierto es que esa conducta no constituye la prohibición de doble militancia, por la
sencilla razón de que el demandado no estaba obligado a respaldar a ninguno en
particular para esa dignidad, por cuanto su colectividad no tenía candidato propio ni
acuerdo de colación o adhesión para la referida gobernación.
Por lo tanto, es claro que no se configuran los elementos de la doble militancia en
la modalidad de apoyo y, por esa razón, la Sala se sustrae de efectuar un análisis
probatorio del interrogatorio de parte del demandado así como los videos y
fotografías aportadas por el demandante, pues aquel resultaría superfluo, ante la
ausencia del presupuesto modal de la conducta, esto es, que habiendo candidato
inscrito por su partido, el demandado haya apoyado a otro. Se reitera, en este caso
el Partido de la U no tenía candidato ni tampoco manifestó expresamente a sus
afiliados la imposibilidad de respaldar aspirantes de otras agrupaciones.
Ahora bien, el reparo central del recurrente recae sobre un desacuerdo sobre el
precedente judicial, pacífico y reiterado de esta Sección, sobre los presupuestos
que configuran la prohibición de la doble militancia política en la modalidad de
apoyo; en especial, el elemento modal.
Sobre el particular, trae a colación las sentencias de unificación SU-380 de 2021 y
SU-213 de 2022, proferidas por la Corte Constitucional, pues según su
interpretación de ellas, solo existe una excepción a la prohibición de doble militancia
en la modalidad de apoyo, esto es «para los miembros de partidos o movimientos
políticos que sean disueltos por decisión de sus miembros o pierdan la personería
jurídica por causas distintas a las sanciones previstas en la ley».
Pues bien, en lo que concierne a la primera de las providencias citadas, en esa
oportunidad el máximo órgano constitucional se refirió a la fuerza vinculante del
precedente y, además, se pronunció sobre un asunto que nada tiene que ver con el
que ahora se estudia, en tanto precisó el alcance de la estabilidad laboral reforzada.
Sobre la obligatoriedad del precedente, el apelante no precisó las razones por las
cuales el a quo dejó de observar tales reglas.
Sobre la segunda providencia, esto es, la SU-213 de 2022, el recurrente se limitó a
realizar unas citas textuales aisladas que, en todo caso, en nada contradicen la línea
que pacífica y reiteradamente ha precisado la Sala Electoral sobre el elemento
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modal de la causal de doble militancia. Así se decanta ese presupuesto por el
máximo órgano constitucional:
15.4. Elemento modal de la conducta. En el criterio de esta Corporación la modalidad
de apoyo, en principio, exige que el partido o movimiento político que avaló la
postulación del acusado haya inscrito una candidatura propia al cargo de elección
popular correspondiente. Sin embargo, esta modalidad de la conducta también se
configura cuando el ciudadano acusado de doble militancia desconoce «(…) los
apoyos expresos dados por un partido o un movimiento político a una causa
proselitista distinta de la suya –aunque no exista registro de una aspiración
particular».
De manera que esas actuaciones también pueden conllevar a la configuración de la
causal contemplada en el artículo 2.2 de la Ley 1475 de 2011[301]. En los términos
del Alto Tribunal: «Entonces, la materialización del elemento modal de la conducta
proscrita pasa por la demostración de la inscripción de candidatos
pertenecientes a la estructura política de la que hace parte el accionado o a la
existencia de manifestaciones explícitas, mediante las cuales su partido se
compromete de lleno con la candidatura postulada por un movimiento distinto, lo que
obliga al demandado a respetar sus directrices, sin que sus intereses puedan
anteponerse a aquellos de la colectividad».
La cita jurisprudencial que refiere la Corte Constitucional en la providencia de
unificación se remite a la sentencia del 21 de octubre de 2021, proferida por esta
Sala en el radicado 47001-23-33-000-2020-00075-01, con ponencia del magistrado
Carlos Enrique Moreno Rubio; en ésta se precisó:
La incursión en la prohibición de doble militancia en su modalidad de apoyo
exige que el partido o movimiento político que avaló la postulación del
acusado haya inscrito una candidatura propia al cargo de elección popular de
que se trate, comoquiera que solo en estos eventos puede reprocharse la
defraudación a la lealtad partidista exigida al candidato sometido al medio de
control de nulidad electoral.
(…) Sin embargo, no solo la inscripción da por acreditado este presupuesto,
teniendo en cuenta que, como ha sido admitido por la jurisprudencia de esta Sala
de Sección, el desconocimiento de los apoyos expresos dados por un partido o un
movimiento político a una causa proselitista distinta de la suya –aunque no exista
registro de una aspiración particular– pueden llevar a cristalizar igualmente la causal
de inelegibilidad erigida en el artículo 2.2 de la Ley 1475 de 2011.
Así, en sentencia de 24 de noviembre de 2016, M.P. Alberto Yepes Barreiro, la Sala
concluyó en relación con este aspecto:
“Como se explicó en el acápite 3.2 de esta providencia, lo que la modalidad
de doble militancia atribuida proscribe es el apoyo a un candidato diferente
al inscrito o apoyado por una determinada colectividad política, lo cual
necesariamente presupone que el partido o movimiento político bien haya
inscrito un candidato propio para determinado cargo de elección popular o
en su defecto que haya decidido, de forma expresa, apoyar a un candidato
de otra organización política”. (Negrillas fuera del texto original).
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De modo que, esta Sala ha sido enfática en señalar que la configuración de la doble
militancia exige la ocurrencia conjunta de unos elementos, como lo es el
presupuesto modal, el cual consiste en que el partido o movimiento político que
avaló la postulación del acusado haya inscrito una candidatura propia al cargo de
elección popular de que se trate. Solo en estos eventos puede reprocharse la
defraudación a la lealtad partidista exigida al candidato sometido al medio de control
de nulidad electoral.
Así las cosas, tanto la postura de la Sección Quinta de esta corporación, como de
la Corte Constitucional, frente a la configuración del elemento modal de la conducta
de doble militancia, ha sido reiterada y pacífica. De modo que, más allá de cualquier
afirmación subjetiva y personal del recurrente, no se advierten argumentos que
enerven el estudio realizado por el tribunal de primera instancia, conforme al
precedente judicial indicado.
En suma, los reparos del apelante no prosperan y, en consecuencia, se confirmará
la providencia del 10 de septiembre de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo
del Magdalena, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda.
Con fundamento en lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,
III. FALLA:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del
Magdalena del 10 de septiembre de 2024, por medio de la cual denegó las
pretensiones de la demanda, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de
este proveído.
SEGUNDO: DEVOLVER el expediente al tribunal de origen, para lo de su
competencia.
TERCERO: ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede
ningún recurso.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el número de
radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081”
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