Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 50001-23-33-000-2024-00098-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 50001-23-33-000-2024-00098-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 50001-23-33-000-2024-00098-01
Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez
30 de enero de 2025
Radicación: 50001 23 33 000 2024 00098 01
Solicitante: José Enrique Molina Rojas
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Bogotá D.C., treinta (30) de enero de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: PÉRDIDA DE INVESTIDURA
Radicación: 50001-23-33-000-2024-00098-01
Solicitante: JOSÉ ENRIQUE MOLINA ROJAS
Concejales acusados: MERCY YINET MORALES Y OTROS1
Tesis: No incurren en causal de pérdida de
investidura por indebida destinación de
dineros públicos los concejales que
ordenaron y recibieron el pago de los
honorarios de las sesiones a las cuales
asistieron, cuando se alega que tales
sesiones no era procedente llevarlas a
cabo.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por el solicitante en
contra de la sentencia proferida el 30 de mayo de 2024 por el Tribunal
Administrativo del Meta que negó la solicitud de pérdida de investidura de
los señores Mercy Yinet Morales Millán, Dixon Eduardo Ramírez Guarnizo,
Michael Suárez Gulloso, Ruber Ortiz Olarte, Albeiro López Ríos, Duván
Santiago Roa Londoño, Yimmi Villamil Calderón, Kevin Alexander Ramos
1 Dixon Eduardo Ramírez Guarnizo, Michael Suárez Gulloso, Ruber Ortiz Olarte, Albeiro
López Ríos, Duván Santiago Roa Londoño, Yimmi Villamil Calderón, Kevin Alexander
Ramos Bedoya, Yoan Reinel Castaño Gallo, William Fernando Arias Giraldo, Néstor
Sebastián Escobar Villada, Julián Camilo Molina Macías y José Alfredo Arias Delgado
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Radicación: 50001 23 33 000 2024 00098 01
Solicitante: José Enrique Molina Rojas
Bedoya, Yoan Reinel Castaño Gallo, William Fernando Arias Giraldo,
Néstor Sebastián Escobar Villada, Julián Camilo Molina Macías y José
Alfredo Arias Delgado, concejales del Municipio de Granada, Meta, período
constitucional 2024 a 2027.
I.- SÍNTESIS DEL CASO
1.1.- La causal de pérdida de investidura invocada2
La parte actora solicitó que se decretara la pérdida de investidura de los
señores Mercy Yinet Morales Millán, Dixon Eduardo Ramírez Guarnizo,
Michael Suárez Gulloso, Ruber Ortiz Olarte, Albeiro López Ríos, Duván
Santiago Roa Londoño, Yimmi Villamil Calderón, Kevin Alexander Ramos
Bedoya, Yoan Reinel Castaño Gallo, William Fernando Arias Giraldo,
Néstor Sebastián Escobar Villada, Julián Camilo Molina Macías y José
Alfredo Arias Delgado, elegidos concejales del Municipio de Granada,
Meta, por considerar que incurrieron en la causal de indebida destinación
de dineros públicos prevista en el numeral 4 del artículo 48 de la Ley 617
de 2000 y el numeral 3 del artículo 55 de la Ley 136 de 1994.
1.2.- Los hechos que dan sustento a la causal alegada3
La parte actora informó que interpuso en el año 2020 una acción de pérdida
de investidura en contra de los concejales del Municipio de Granada, Meta,
2 Visto en el índice 2 y 10 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 50001 2333 000 2024 00098 00.
3 Visto en el índice 2 y 10 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 50001 2333 000 2024 00098 00.
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Radicación: 50001 23 33 000 2024 00098 01
Solicitante: José Enrique Molina Rojas
y la Sección Primera del Consejo de Estado en sentencia del 17 de febrero
de 2022, proceso radicado 2020 00032 01, la negó, con fundamento, según
afirmó, en que “para ese momento las sesiones que para el año 2020 se
pagaron como ordinarias y desde el 2 de enero (el día uno no se cuestionó
en la demanda y por eso el H. C.E no se pronunció), se hicieron con
fundamento en lo que autorizaba el Reglamento Interno del Concejo en su
artículo 8, inciso 5”.
Expuso que el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito Judicial de
Villavicencio, en sentencia del 29 de septiembre de 2023, expediente
radicado 2020 00045 00, declaró la nulidad del inciso 5 del artículo 8 del
Acuerdo 015 de 2008 mediante el cual se adoptó el Reglamento Interno del
Concejo Municipal de Granada, Meta, en el sentido de suprimir “(…) el
aparte que disponía: “1 de enero del año siguiente a la elección hasta el 10
de enero del mismo año y del”; de tal manera, que el mencionado inciso
quinto del artículo 8 de dicho acuerdo quedará, así: “Primer Período Legal:
Se inicia del 1 de febrero al último día del mismo mes, durante quince
sesiones, cuatro días a la semana” (…)”.
Sostuvo que “el inciso 5 del artículo 8 del Acuerdo Municipal 15 de 2012
(sic) del Municipio de Granada, Meta, que disponía que el primer período
legal será desde el 1 de enero hasta el 10 y del 1 de febrero hasta el último
día de dicho mes al haber sido anulado, perdió toda posibilidad, para que
en gracias de discusión como ocurrió hace cuatro años, se pueda en esta
oportunidad justificar no solo la instalación y posesión ilegal del primero de
enero de 2024 sino la erogación de honorarios por ese día, lo cual
materializó la destinación indebida de recursos públicos”.
Adicionó que, “al haberse expedido la Resolución nro. 08 del 31 de enero
de 2024, causándose y ordenándose el pago de honorarios por los días
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comprendidos del 1 al 10 de enero de 2024 como sesiones ordinarias, que
hacían parte supuestamente del primer período legal, es ilegal.
Constituyéndose lo anterior en una destinación indebida de recursos
públicos y una apropiación irregular de ellos mismos, porque los días
comprendidos del 1 al 10 de enero no hacen parte de los períodos ordinarios
y/o sesiones extras legalmente reconocidos y reglamentados por el art. 23
de la ley 1236 (sic) de 1994 (…). En el caso de los concejos de categorías
de 1, 2 y especial, sí son legales esos pagos del 2 de enero al último día de
febrero posterior a su elección, porque hacen parte del primer período
ordinario”.
Argumentó que, “si bien es cierto los dineros existentes para ese momento
dentro del presupuesto del Concejo Municipal de Granada, Meta estaban
destinados para el pago de honorarios, según el Ítem 1.2.1.0.00 de ingresos
corrientes de libre destinación y que en el PAC bajo el código presupuestal
2.1.1.01.03.006-1.2.1.0.00 estaban destinados al pago de sesiones bien de
períodos ordinarios o sesiones extras, también es cierto que al sesionar el
primero de enero, fecha que no está reconocida por la Constitución, la ley
ni el Reglamento Interno como legal para instalarse ni sesionar, se incurre
en la destinación indebida de los dineros públicos objetos de estudio para
actividades o propósitos no autorizados (…), recurso que se destinan a
actividades o propósitos NO autorizados en tratándose del 1 de enero de
2024, por no decir de los otros días del 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y 10 que son
para instalarse y elegir a su mesa directiva, su secretaria y la personería,
nada más, dineros que estaban destinados a pagar honorarios sí, pero
dentro de las sesiones legales”.
Concluyó que “la destinación indebida de manera directa se materializa con
la participación formal de los tres concejales integrantes de la mesa
directiva según la resolución que los identifica plenamente como ordenador
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del gasto y de los restantes concejales, que lo hace de manera indirecta,
fue determinante frente a los hechos que propiciaron el pago ilegal excesivo
en las condiciones descritas, porque según el literal d) de dicha resolución,
estos pidieron se causara y ordenara ese pago”.
1.3.- Contestación de los concejales Mercy Yinet Morales Millán,
Ruber Ortiz Olarte, Kevin Alexander Ramos Bedoya y Néstor
Sebastián Escobar Villada4
Los concejales, actuando en nombre propio, manifestaron que la posesión
sí se llevó a cabo el 1 de enero de 2024, “conforme lo ordena el reglamento
interno, por convocatoria que realizó el secretario general (…) el 29 de
diciembre de 2023 mediante grupo de whastapp”.
Alegaron que la calidad de ordenador del gasto en el concejo municipal es
del presidente, junto con los demás miembros de la mesa directiva, quienes
tienen la facultad, “según el artículo 12 numeral 3 del Reglamento Interno
del Concejo de expedir las resoluciones de reconocimiento de honorarios,
esta claridad para efectos de establecer que la indebida destinación de
recursos públicos en principio requeriría el poder dispositivo de manejarlos,
por tal los aquí demandados no ostentamos la calidad de ordenadores del
gasto, ni mucho menos disponemos de recursos públicos, ni injerimos en la
destinación de estos, configurándose así una exclusión de responsabilidad,
como lo estableció el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO, SECCIÓN PRIMERA (…) con radicado
4 Vistoen el índice 19 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 50001 2333 000 2024 00098 00.
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500012333000202000032-01 del diecisiete (17) de febrero de dos mil
veintidós (2022)”.
Explicaron que quien fungió como demandado dentro del proceso de nulidad
nro. 50001 3333 008 2020 00045 00 fue el Municipio de Granada – Meta,
cuyo representante legal es el alcalde, que, si bien sancionó el Acuerdo 015
de 2008, lo cierto es que, conforme con el artículo 31 de la Ley 136 de
1994, los competentes para expedir el reglamento interno son los concejos.
Reprocharon que el Concejo Municipal de Granada, Meta, no fue vinculado
al proceso de nulidad, por lo que “no tiene sentido entonces que si la única
entidad que puede cumplir el fallo desde sus competencias es el concejo
municipal, no sea vinculado al proceso como demandado, y en cambio,
únicamente se accione contra la administración central, pues la decisión
terminó siendo notificada a la alcaldía de Granada, quienes no son
competentes para cumplir dicho fallo, ni tampoco en ningún momento
informaron al concejo municipal sobre tal decisión o proceso”.
Argumentaron que fueron “convocados el viernes 29 de diciembre de 2023
a las 6:14 pm a través del grupo de WhatsApp conformado por los
concejales electos para el período constitucional 2024 – 2027, creado por
el secretario general del concejo para la vigencia 2023 y reelegido para el
año 2024, quien nos manifestó que la instalación del concejo seria el 1 de
enero a las 8:00 am en el recinto del concejo municipal, atendiendo el
llamado, que además obedece a lo mismo consultado por nosotros y
consignado en el artículo 8 del reglamento interno, los 15 concejales del
municipio nos instalamos y posesionamos”.
Acotaron que, “en cumplimiento del reglamento interno y del articulo 35 de
la Ley 136 de 1994, dentro de los primeros diez días de enero elegimos los
funcionarios de nuestra competencia, es decir el secretario general del
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concejo y el personero municipal, así mismo realizamos la elección de la
mesa directiva del concejo municipal; una vez terminadas dichas sesiones,
el 31 de enero a través de la Resolución 008 de 2024 la mesa directiva
ordena el pago de los honorarios correspondiente a la asistencia
comprobada de los concejales a esas sesiones plenarias”.
Indicaron que la parte actora tiene una confusión “respecto al pago de las
sesiones del concejo municipal, pues expresa que dichos honorarios
únicamente se causan por las sesiones ordinarias y extraordinarias, pero
realmente el artículo 65 de la Ley 136 de 1994 establece que (…) los
miembros de los concejos de las entidades territoriales tienen derecho a
reconocimiento de honorarios por la asistencia comprobada a las sesiones
plenarias”.
A su turno, señalaron que en los artículos 9 y 10 del Reglamento Interno
del Concejo se dispuso qué es una sesión plenaria y cuáles eran las
modalidades de sesión plenaria, entre las que se encuentran: sesión
inaugural; sesión de instalación y de clausura.
Bajo dicho contexto, acotaron que “acaso el concejo municipal no se reunió
del 1 al 10 de enero con la mayoría de sus concejales a tratar asuntos que
por la ley y la Constitución son de su competencia, claro que lo hizo, y en
esos diez días se realizaron las diferentes modalidades de sesión plenarias,
es decir se inauguró, instaló y clausuró, independientemente de que dichas
sesiones sean consideradas ordinarias o no, son ordenadas por la ley y su
pago está autorizado por la misma”.
Añadieron que la resolución que ordena el pago goza de presunción de
legalidad, no se fundamentó en la norma declarada nula y puede ser
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Radicación: 50001 23 33 000 2024 00098 01
Solicitante: José Enrique Molina Rojas
demandada por cualquier ciudadano conforme el artículo 65 de la Ley 136
de 1994.
Aseguraron que “los concejales que en este escrito se pronuncian realizaron
las acciones diligentes propias del cargo antes del cobro de estas sesiones,
pues ya había existido demanda de perdida de investidura por los mismo
hechos y causal al Concejo de Granada del período constitucional 2020-
2023. Realizamos la consulta del fallo CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN PRIMERA (…) con radicado
500012333000202000032-01 del diecisiete (17) de febrero de dos mil
veintidós (2022), donde quedaba claro que el pago de los honorarios de
dichas sesiones plenarias son legales; revisamos concepto de la función
pública pronunciándose al respecto, manifestando que sí eran legales
dichos pagos; conocimos que la contraloría realizó la investigación
correspondiente, que concluyó sin hallazgo fiscal y archivando las
diligencias; pero además consultamos con nuestros abogados de confianza
quienes nos manifestaron que dichas sesiones plenarias sí causaban
reconocimiento de honorarios en los términos del artículo 65 de la Ley 136
de 1994”.
Concluyeron que, “respecto al fallo resultaba para nosotros imposible
conocerlo, en primera medida cuando dicho fallo es del año 2023, es decir
cuando no éramos concejales y en segunda medida en cuanto este nunca
fue notificado, razón por la cual apenas conocimos de la existencia de dicho
fallo por la radicación de esta demanda, oficiamos al secretario general del
concejo y al presidente de la corporación, quien sí era concejal para el año
2023 para que nos informaran si conocían dicho fallo, o este había sido
notificado en el concejo municipal, contestando de manera negativa, razón
por la cual nuestra actuación está protegida por el principio de buena fe”.
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Radicación: 50001 23 33 000 2024 00098 01
Solicitante: José Enrique Molina Rojas
1.4.- Contestación de los concejales Dixon Eduardo Ramírez
Guarnizo, Michael Suárez Gulloso, Albeiro López Ríos, Duván
Santiago Roa Londoño, Yoan Reinel Castaño Gallo, William
Fernando Arias Giraldo, Julián Camilo Molina Macias y José Alfredo
Arias Delgado5
Los concejales, actuando por conducto de apoderado, señalaron que el
artículo 35 de la Ley 136 de 1994 prevé que todos los concejos municipales,
sin distinción en su categoría, se instalarán y elegirán a los funcionarios de
su competencia en los primeros diez días del mes de enero correspondiente
a la iniciación de sus períodos constitucionales.
Con fundamento en el artículo 65 de la Ley 136 de 1994, sostuvieron que
“los concejales tienen derecho al reconocimiento de honorarios por su
asistencia comprobada a las sesiones plenarias, obsérvese que el único
requisito establecido en la ley es la asistencia comprobada a las sesiones
plenarias”.
Alegaron que no se configura la causal invocada porque los dineros públicos
fueron utilizados para el pago de honorarios por la asistencia comprobada
a sesiones plenarias del concejo municipal, es decir, a propósitos y
actividades autorizados en los artículos 65 y 66 de la Ley 136 de 1994;
agregaron que “los dineros públicos utilizados para el pago de honorarios
se encuentra destinado para dicho fin, es decir, con cargo al rubro
2.1.01.03.006-1.2.1.0.00 denominados honorarios concejales –
1.2.1.0.00. Ingresos Corrientes de Libre Destinación, según la Resolución
nro. 06 de 09 de enero de 2024 “por la cual se adopta el presupuesto de
5 Vistoen el índice 20 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 50001 2333 000 2024 00098 00.
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Radicación: 50001 23 33 000 2024 00098 01
Solicitante: José Enrique Molina Rojas
ingresos y gastos para el concejo municipal de Granada – Meta,
correspondiente a la vigencia de 2024” (…)”.
1.5.- Contestación del concejal Yimmi Villamil Calderón6
El concejal, actuando por conducto de apoderada, contestó que, respecto
de la sentencia proferida el 29 de septiembre de 2023 en el radicado nro.
2020 00045, el demandante solicitó la aclaración de la sentencia, la cual
fue resuelta por el Juzgado Octavo Administrativo de Villavicencio el 8 de
abril de 2024, de manera que el Reglamento Interno del Concejo Municipal
de Granada, Meta, (Acuerdo 015 de 2008) estaba vigente para la fecha de
sesiones del mes de enero de 2024.
Añadió que el concejal asistió “a cada una de las sesiones convocadas, como
se vislumbra en las actas 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, y 10, en la
planilla de asistencia, y en la resolución nro. 08 de fecha 31 de enero de
2024, todo esto, con el fin de cumplir lo establecido en la Constitución
Política artículo 313, los artículos 35, y 170 de la Ley 136 de 1994, Ley 1551
de 2012, no siendo un capricho, un error, un actuar de mala fe el reunirse
para tratar asuntos que, la Constitución y la Ley les ordena por ser de su
competencia”.
1.6.- Contestación del concejal Kevin Alexander Ramos Bedoya7
El concejal, actuando en nombre propio, manifestó que “adicionaba nuevos
hechos a la contestación de la demanda”, en el sentido de indicar que desde
6 Visto en el índice 21 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 50001 2333 000 2024 00098 00.
7 Visto en el índice 23 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 50001 2333 000 2024 00098 00.
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la planilla del 4 de enero hasta el 10 de enero de 2024 no las firmó porque
no tuvo acceso a ellas por parte del secretario provisional del concejo.
Aclaró que “en las actas de las sesiones de los días 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 de
enero consta la participación, asistencia y votación que el suscrito realizó
en el desarrollo de la sesión plenaria, que incluso fui quien más intervino en
dichas sesiones, obedeciendo la no firma de dichas planillas a un descuido
de la parte administrativa, quienes tienen el deber de corroborar que todos
y cada uno de los concejales diligencie la correspondiente planilla para
efectos de facilitar la comprobación de asistencia a la hora del pago”.
2.- La sentencia de primera instancia8
El Tribunal Administrativo del Meta, en sentencia proferida el 30 de mayo
de 2024, negó la solicitud de pérdida de investidura formulada contra los
“señores Mercy Yinet Morales Millán, Dixon Eduardo Ramírez Guarnizo,
Michael Suárez Gulloso, Ruber Ortiz Olarte, Albeiro López Ríos, Duván
Santiago Roa Londoño, Yimmi Villamil Calderón, Kevin Alexander Ramos
Bedoya, Yoan Reinel Castaño Gallo, William Fernando Arias Giraldo,
Néstor Sebastián Escobar Villada, Julián Camilo Molina Macías y José
Alfredo Arias Delgado, en su calidad de concejales del Municipio de
Granada – Meta en el actual período constitucional 2024 a 2027”.
Para resolver, expuso que de las pruebas aportadas por las partes se
desprende que el 1 de enero de 2024 los concejales electos del Municipio
8 Vistoen el índice 51 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 50001 2333 000 2024 00098 00.
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de Granada, Meta, período constitucional 2024 – 2027, instalaron la
sesión plenaria, tomaron posesión del cargo y eligieron la mesa directiva
de la corporación, conforme se extrae del acta de sesión ordinaria 001 del
1 de enero de 2024.
Destacó que el demandante alegó que el fundamento legal para que la
sesión de instalación se llevara a cabo el 1 de enero de 2024 fue el inciso
5 del artículo 8 del Acuerdo 015 de 2008 – Reglamento Interno del
Concejo Municipal de Granada, Meta, que establecía: “Primer Período
Legal: Se inicia el 1 de enero del año siguiente a la elección hasta el 10
de enero del mismo año y del 1 de febrero al último día del mismo mes,
durante quince sesiones, cuatro días a la semana”. Agregó que el
demandante indicó que dicha sesión fue ilegal y, por ende, el pago de los
honorarios a los concejales, dado que la disposición fue anulada en
sentencia del 29 de septiembre de 2023 en el proceso de nulidad nro.
2020 00045.
En ese contexto, explicó que, revisado el proceso nro. 50001 3333 008
2020 00045 01, se observa que el Juzgado Octavo Administrativo del
Circuito de Villavicencio, en sentencia del 29 de septiembre de 2023,
declaró la nulidad parcial del inciso 5 del artículo 8 del Acuerdo 015 del
2008 y exhortó al Concejo Municipal de Granada para que actualizará o
adoptara un nuevo reglamento. Precisó que la providencia fue notificada
el 2 de octubre de 2023 al demandante, a la Procuraduría, a la Defensa
Jurídica del Estado y al Municipio de Granada, sin que se advierta “la
notificación al Concejo Municipal de Granada – Meta”.
Expuso que “la anterior providencia cobró ejecutoria el 15 de abril de
2024, teniendo en cuenta que el 8 de abril de 2024 se resolvió la solicitud
de aclaración y/o adición, sin que se haya presentado recurso alguno, de
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conformidad con la certificación expedida el 15 de mayo de 2024 por parte
del secretario del Juzgado Octavo Administrativo Oral del Circuito de
Villavicencio”.
En ese sentido, sostuvo que “i) el Concejo del Municipio de Granada –
Meta no fue vinculado al medio de control de nulidad, pues a pesar de no
tener capacidad para ser parte dentro del proceso, bien pudo vincularse
a través de la entidad territorial; y, ii) la sentencia proferida el 29 de
septiembre de 2023 por la Juez Octava Administrativa Oral del Circuito de
Villavicencio que declaró la nulidad parcial del Acuerdo nro. 015 del 10 de
septiembre de 2008, entre otros apartes el inciso quinto del artículo 8 del
mencionado acuerdo, quedó ejecutoriada el 15 de abril de 2024 y en
consecuencia, no había cobrado ejecutoria para el 1 de enero de 2024,
fecha en la cual los concejales del Municipio de Granada realizaron la
instalación y se posesionaron en el cargo de elección popular”.
Refirió que “la sesión de instalación realizada el 1 de enero de 2024 se
encuentra ajustada al Reglamento Interno del Municipio de Granada –
Meta, teniendo en cuenta que, primero la Corporación no estaba enterada
del proceso judicial en donde se discutía la legalidad de la disposición que
preveía que la sesión de instalación de la Corporación podía realizarse el
1 de enero de 2024; y, segundo que pese a que la providencia fue
proferida el 29 de septiembre de 2023 la misma cobró ejecutoria hasta el
15 de abril de 2024 en virtud de una solicitud de aclaración”.
Puso de presente que, “a pesar de que la sentencia que declaró la nulidad
parcial del Acuerdo 015 del 10 de septiembre de 2008, no indica los
efectos de la decisión, la regla general es que tenga efectos retroactivos,
pero dejando incólumes las situaciones jurídicas consolidadas”; por lo
tanto, “la declaratoria de nulidad del inciso 5 del artículo 8 del Reglamento
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Solicitante: José Enrique Molina Rojas
Interno del Concejo Municipal – Acuerdo 015 de 2008, no afecta las
situaciones jurídicas consolidadas, en este caso la sesión de instalación
de los concejales del Municipio de Granada – Meta, realizada el 1 de enero
de 2024”.
En ese contexto, consideró que, “en atención a lo dispuesto en el inciso 5
del artículo 8 del Reglamento Interno del Concejo Municipal – Acuerdo
015 de 2008, los concejales del Municipio de Granada que fueron elegidos
popularmente para el período constitucional 2024 – 2017 (sic) podían
instalar el concejo municipal el 1 de enero de 2024, a la cual asistieron
los quince (15) concejales, como quedó acreditado en el acta de sesión
001 del 1 de enero de 2024, en el punto 1 del orden del día, que
correspondió al llamado a lista”.
Agregó que “los concejales tienen derecho a recibir honorarios por la
asistencia comprobada a las sesiones plenarias”; por ende, “en el
presente asunto la Sala considera que los concejales demandados tenían
derecho al pago de honorarios como quiera que se encuentra acreditado
su asistencia a la sesión plenaria del 1 de enero de 2024, en el marco del
reglamento interno vigente al momento de la realización de la sesión”.
Sostuvo que “el Consejo de Estado, en sentencia del 17 de febrero de
2022, en donde se discutió el pago de las sesiones del 2 al 10 de enero
de 2024, de los concejales también del municipio de Granada – Meta, pero
de otro período constitucional, concluyó que los concejales tienen derecho
a recibir honorarios por la asistencia a sesiones plenarias de conformidad
con el artículo 312 de la Constitución en consonancia con los artículos 35
y 65 de la Ley 136 y el Reglamento Interno del Concejo Municipal”.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Radicación: 50001 23 33 000 2024 00098 01
Solicitante: José Enrique Molina Rojas
Por último, “en cuanto a la solicitud de aplicar la excepción de
inconstitucionalidad del Acuerdo 015 de 2008, mediante el cual se adoptó
el Reglamento Interno del Concejo del Municipio de Granada-Meta”,
estimó que “el proceso de pérdida de investidura es un proceso de
naturaleza sancionatoria que constituye un juicio de responsabilidad
subjetiva, lo cual se traduce en el análisis de la conducta del sujeto pasivo
de la acción que debe hacer el juez respecto de la materialización de la
causal de pérdida de investidura ejecutada por el demandado, el cual no
tiene como objeto la revisión de legalidad de los actos administrativos”.
Adicionó que “(…) se recuerda que el Consejo de Estado9 ha explicado que
“la legalidad o ilegalidad de un acto administrativo, acuerdo o de un
procedimiento, no tiene la potencia para configurar por si sola una causal
de pérdida de investidura por indebida destinación de dineros públicos,
pues como lo ha sostenido la jurisprudencia de esta Sección10, el ejercicio
de una función constitucional no puede conllevar a indebida destinación
de dineros públicos. Cosa distinta es que si al ejercerla se incurre en
violación de la Constitución Política o de la ley, los actos respectivos sean
susceptibles de la acción de nulidad y puedan acarrear responsabilidad
disciplinaria o fiscal” (…)”.
Indicó que “no existe una norma constitucional que defina los períodos de
sesión de los concejos municipales, de allí que no es posible encontrar
una confrontación normativa que justifique la excepción de
inconstitucionalidad”.
9 Consejo de Estado - Sección primera – sentencia del 17 de febrero de 2022, Rad.
50001-23-33-000- 2020-00032-01 – MP. Hernando Sánchez Sánchez – Pérdida de
Investidura.
10 Sentencia del 14 de agosto de 2014. C.P. Marco Antonio Velilla Moreno. Actor: Gonzalo
Enrique Vergara Gómez. Rad.: 2002 02209 01.
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Radicación: 50001 23 33 000 2024 00098 01
Solicitante: José Enrique Molina Rojas
Concluyó que “los señalamientos realizados por la parte actora, no se
adecúan a los supuestos de hecho que configuran la causal de pérdida de
investidura que exige el legislador; pues, al estar vigente el reglamento
interno de la Corporación para el 1 de enero de 2004 (sic), resulta
aplicable la ratio juris de la sentencia del 17 de febrero de 2022 11. En
consecuencia, habrán de negarse las pretensiones de la demanda”.
3.- El recurso de apelación presentado por el acusado12
La parte actora insistió en que se aplique la excepción de
inconstitucionalidad del inciso 5 del artículo 8 del Reglamento Interno del
Concejo Municipal de Granada, Meta, y, en su lugar, se revoque la
decisión de primera instancia.
Para ello, alegó que el Concejo Municipal de Granada, Meta, se instaló y
sesionó a partir del 1 y hasta el 10 de enero de 2024. Agregó que por
estas sesiones “los concejales de Granada, Meta, cobraron honorarios”.
Precisó que “esta instalación el 1 de enero de 2024 y cobro de honorarios
por parte de los concejales se hizo con fundamento en el inciso 5 del
artículo 8 aparte normativo del reglamento interno, Acuerdo Municipal
nro. 15 de 2008, que señala como primer período de sesiones posterior a
su elección a partir del 1 de enero hasta el 10 y del 1 de febrero hasta el
11 Consejo de Estado - Sección primera – sentencia del 17 de febrero de 2022, Rad.
50001-23-33-000- 2020-00032-01 – MP. Hernando Sánchez Sánchez – Pérdida de
Investidura.
12 Visto en el índice 54 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 50001 2333 000 2024 00098 00.
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Radicación: 50001 23 33 000 2024 00098 01
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último día de dicho mes”; disposición que es contraria a lo previsto en el
artículo 23 de la Ley 136 de 1994, que establece que “este primer período
ordinario posterior a su elección, para el caso de los municipios como
Granada, inicia solo hasta el 1 de febrero de la respectiva vigencia y hasta
el último día de dicho mes. Por lo anterior ese aparte normativo es
contrario a la Constitución y la Ley que la reglamenta en este aspecto”.
Aseguró que “el Consejo de Estado en sentencia con radicado nro.
50001233300020200003201, al resolver la pérdida de investidura contra
los concejales de Granada, Meta por estos mismos hechos del año 2020
(circunstancias de tiempo, modo y lugar iguales) al haberse instalado el
primero de enero de 2020 y cobrar honorarios por esos 10 días, señaló
en su momento que los concejales de Granada, Meta no habían incurrido
en los presupuestos de pérdida de investidura porque si bien es cierto que
la ley no autoriza para que se instalen el primero de enero posterior a su
elección, en el caso de los municipios de categorías 3, 4, 5, 6, sí lo
autorizaba el Acuerdo Municipal nro. 15 de 2008 -reglamento interno del
concejo de la ciudad de Granada, Meta, norma que no había sido anulada
o suspendida por autoridad competente. Por estas razones negó la
perdida de investidura de los concejales de Granada, Meta en el año
2020”.
Argumentó que el elemento objetivo de la causal de indebida destinación
de dineros públicos se configura porque “está demostrada en el
expediente las erogaciones correspondientes a los pagos recibidos por los
concejales demandados al cobrar honorarios por instalarse el 1 de enero
de 2024 y sesionar hasta el diez (10) de enero inclusive del mismo año”.
Arguyó que no era necesario aplicar la sentencia proferida el 29 de
septiembre de 2023 por el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de
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Radicación: 50001 23 33 000 2024 00098 01
Solicitante: José Enrique Molina Rojas
Villavicencio en el medio de control de nulidad radicado con el nro. 2020
00045 00, puesto que no existe ninguna norma jurídica “para habilitar el
cobro de esos diez días”.
Específicamente frente a la excepción de inconstitucionalidad, sostuvo
que “la inaplicación en forma general del inciso 5 del artículo 8 del Acuerdo
Municipal nro. 015 de septiembre 10 de 2008 del Reglamento Interno
proferido por el Concejo Municipal de Granada (Meta), remitiéndose al
artículo 23 de la Ley 136 de 1994 en cuanto señala los períodos legales y
el primer período de ellos en calidad de período ordinario inicia para este
concejo que nos ocupa, inicia el primero de febrero y no el 1 de enero, lo
cual rige para todos los concejos municipales sin atender a la
categorización municipal”.
Agregó que “viabilizar la aplicación con efectos jurídicos de una norma
que disponga que el primer período legal del concejo municipal de
Granada (Meta) se inicia desde el 1 de enero hasta el 10 del mismo mes
y del 1 de febrero hasta el último día del citado mes es flagrantemente
violatorio de la Constitución y la Ley – normas jerárquicamente superiores
al Reglamento que la contiene”.
4.- El recurso de apelación fue concedido el 3 de julio de 202413.
13
Visto en el índice 56 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 50001 2333 000 2024 00098 00.
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Radicación: 50001 23 33 000 2024 00098 01
Solicitante: José Enrique Molina Rojas
5. - Trámite de segunda
5.1. El expediente fue asignado el 12 de julio de 202414 a la Sección
Primera de la Corporación y por auto del 23 de julio de 2024 se admitió
el recurso de apelación15.
5.2. El expediente ingresó al despacho para fallo el 5 de agosto de 2024 16.
II.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
1.- Competencia de la Sección
Esta Sala es competente para conocer del recurso de apelación
interpuesto contra las sentencias proferidas en procesos de pérdida de
investidura de concejales, acorde con lo previsto por el parágrafo 2 del
artículo 48 de la Ley 617 de 200017 y con base en lo establecido por el
numeral 5 del artículo 13 del Acuerdo nro. 080 del 12 de marzo 201918
proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado que regula la
distribución de negocios entre las secciones19.
14 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro.50001 2333 000 2024 00098 01.
15 Visto en el índice 4 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 50001 2333 000 2024 00098 01.
16 Visto en el índice 9 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 50001 2333 000 2024 00098 01.
17 “Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario
1222 de 1986, se adiciona la Ley Orgánica de Presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se
dictan otras normas tendientes a fortalecer la descentralización, y se dictan normas para
la racionalización del gasto público nacional”. El parágrafo 2° del artículo 48, establece
que corresponde al Consejo de Estado conocer en segunda instancia de las pérdidas de
investidura que conozcan en primera instancia los Tribunales Administrativos.
18
Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado,
publicado el 1° de abril de 2019 en el Diario Oficial número 50913.
19
“Artículo 13. Distribución de los procesos entre las Secciones. Para efectos de
repartimiento, los asuntos de que conoce la sala de lo Contencioso Administrativo se
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Radicación: 50001 23 33 000 2024 00098 01
Solicitante: José Enrique Molina Rojas
2.- Procedibilidad de la acción de pérdida de investidura
Para acreditar que los señores Mercy Yinet Morales Millán, Dixon Eduardo
Ramírez Guarnizo, Michael Suárez Gulloso, Ruber Ortiz Olarte, Albeiro
López Ríos, Duván Santiago Roa Londoño, Yimmi Villamil Calderón, Kevin
Alexander Ramos Bedoya, Yoan Reinel Castaño Gallo, William Fernando
Arias Giraldo, Néstor Sebastián Escobar Villada, Julián Camilo Molina
Macías y José Alfredo Arias Delgado fueron elegidos concejales del
Municipio de Granada, Meta, período constitucional 2024 – 2027, la parte
actora aportó copia del formulario E-26 CON20 en el que consta la
declaratoria de su elección.
3.- Análisis de la Sala
En el asunto bajo examen, el solicitante pretende que se declare la
pérdida de investidura de los concejales acusados porque incurrieron en
la causal de indebida destinación de dineros públicos. Lo anterior lo
fundamentó en que el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito Judicial
de Villavicencio, en sentencia del 29 de septiembre de 2023, declaró la
nulidad parcial del inciso 5 del artículo 8 del Reglamento Interno del
Concejo Municipal de Granada, Meta, que aseguró, establecía que el
primer período de sesiones iniciaría el 1 de enero del año siguiente a la
elección hasta el 10 de enero del mismo año; luego, estima que, al
declararse la nulidad de dicha disposición, la sesiones ordinarias que se
llevaron a cabo entre el 1 y el 10 de enero de 2024 no fueron legales y,
distribuirán entre sus secciones atendiendo un criterio de especialización y de volumen
de trabajo, así: Sección Primera: (…) 5. El recurso de apelación contra las sentencias de
los Tribunal es sobre pérdida de investidura (…)”.
20 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 50001 2333 000 2024 00098 00.
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Radicación: 50001 23 33 000 2024 00098 01
Solicitante: José Enrique Molina Rojas
por lo tanto, no era procedente que se ordenara el pago y el cobro de los
honorarios por parte de los concejales acusados que asistieron a las
sesiones anotadas.
El Tribunal Administrativo del Meta, en sentencia del 30 de mayo de 2024,
negó la solicitud de pérdida de investidura con fundamento en que la
providencia del 29 de septiembre de 2023, que declaró la nulidad parcial
del inciso 5 del artículo 8 del Reglamento Interno del Concejo Municipal
de Granada, Meta, quedó ejecutoriada el 15 de abril de 2024, por lo que
dicha sentencia no podía afectar la sesión de instalación llevada a cabo el
1 de enero de 2024; por lo tanto, como los concejales acusados asistieron
a la sesión, era procedente el pago de los honorarios. Adicionalmente, se
pronunció frente a lo señalado por la parte actora en la audiencia pública,
en el sentido de negar la excepción de inconstitucionalidad de la precitada
disposición.
La parte actora presentó recurso de apelación e insistió en la solicitud que
fue negada por el tribunal en el sentido de que se aplicara la excepción
de inconstitucionalidad respecto del inciso 5 del artículo 8 del Reglamento
Interno del Concejo Municipal de Granada, Meta, por ser contrario al
artículo 23 de la Ley 136 de 1994; y, con base en ello, alegó que el
elemento objetivo de la causal se configuró porque “está demostrad[o]
en el expediente las erogaciones correspondientes a los pagos recibidos
por los concejales demandados al cobrar honorarios por instalarse el 1 de
enero de 2024 y sesionar hasta el diez (10) de enero inclusive del mismo
año”21, cuando, aseguró, del artículo 23 ibidem se desprende que el
primer período de sesiones ordinarias para los concejos municipales como
21 Visto en el índice 54 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 50001 2333 000 2024 00098 00.
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Radicación: 50001 23 33 000 2024 00098 01
Solicitante: José Enrique Molina Rojas
Granada inicia el 1 de febrero siguiente a la fecha de elección. Agregó que
no era necesario aplicar la sentencia proferida el 29 de septiembre de
2023 por el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Villavicencio,
puesto que no existe ninguna norma jurídica “para habilitar el cobro de
esos diez días”22.
En ese contexto, la Sala advierte que la parte actora en el recurso de
apelación no controvirtió las consideraciones de la decisión de primera
instancia relativas a que para el mes de enero de 2024 no estaba
ejecutoriada la providencia que declaró la nulidad parcial del inciso 5 del
artículo 8 del Reglamento Interno del Concejo Municipal de Granada,
Meta, es más descarta la aplicación de la sentencia para sustentar su
pretensión; y lo que se observa es que fundamentó la apelación en que
la configuración de la causal de indebida destinación de dineros públicos
tiene lugar por la “ilegalidad” de las sesiones llevadas a cabo entre el 1 y
el 10 de enero de 2024, y por ello insistió en que se aplicara la excepción
de inconstitucionalidad de la precitada disposición para que, a partir de
allí, se concluyera que, si dichas sesiones no podían celebrarse, tampoco
era procedente que los concejales cobraran los honorarios y se ordenara
el respectivo pago.
Teniendo en cuenta lo que es objeto de apelación, la Sala se pronunciará,
en primer lugar, respecto de la solicitud de aplicación de la excepción de
inconstitucionalidad del inciso 5 del artículo 8 del Reglamento Interno del
Concejo Municipal de Granada, Meta, que establecía lo siguiente23:
22 Ibidem.
23 Visto en el índice 19 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 50001 2333 000 2024 00098 00.
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22
Radicación: 50001 23 33 000 2024 00098 01
Solicitante: José Enrique Molina Rojas
“[…] Artículo 8. Período constitucional, legal y sesiones. Se entiende
por período constitucional el lapso para el cual fueron elegidos
conforme con el Artículo 312 de la Constitución Política. (Modificado
por el Acto Legislativo 01 del 2007, art. 5)
El Concejo de Granada, Meta, sesionará durante los períodos legales,
conforme lo dispone el artículo 23 de la Ley 136 de 1994 y demás
normas que la adicionen o modifiquen.
Períodos legales. Son aquellos períodos establecidos por la Ley 136
de 1994 en su artículo 23 para sesionar en forma ordinaria cada año.
Estos períodos pueden ser prorrogados hasta por diez (10) días
calendario, por decisión del Concejo.
Durante el primer año del Período Constitucional el Concejo sesiona
de la siguiente manera:
Primer Período Legal: Se inicia el 1° de enero del año siguiente a la
elección hasta el 10 de enero del mismo año y del 1° de febrero al
último día del mismo mes, durante quince sesiones, cuatro días a la
semana (…) […]”.
Al respecto, la Sala considera que le asiste razón al tribunal de primera
instancia al señalar que la aplicación de la excepción de
inconstitucionalidad no era procedente en esta acción de pérdida de
investidura porque “no existe una norma constitucional que defina los
períodos de sesión de los concejos municipales, de allí que no es posible
encontrar una confrontación normativa que justifique la excepción de
inconstitucionalidad”24. (Se destaca)
Lo anterior, por cuanto la excepción de inconstitucionalidad está prevista
en el artículo 4 de la Constitución Política, que dispone que “en todo caso
de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se
aplicarán las disposiciones constitucionales”. A su vez, la jurisprudencia
de la Corte Constitucional ha explicado que “(…) la excepción de
inconstitucionalidad es una herramienta a través de la cual las
24 Visto en el índice 51 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 50001 2333 000 2024 00098 00.
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23
Radicación: 50001 23 33 000 2024 00098 01
Solicitante: José Enrique Molina Rojas
autoridades judiciales cumplen con la “facultad-deber” de inaplicar en un
caso concreto una norma por contrariar la Constitución Política. Es una
figura jurídica que se fundamenta en el artículo 4 de la Constitución, el
cual prevé que “[l]a Constitución es norma de normas” y que “[e]n todo
caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma
jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales”. Precisamente, de
la referida disposición constitucional “se deriva la obligación de aplicar
preferentemente las normas constitucionales, cuando las normas de
inferior jerarquía resultan incompatibles con las primeras” (…). Además,
es una herramienta que “se usa con el fin de proteger, en un caso concreto
y con efecto inter partes, los derechos fundamentales que se vean en
riesgo por la aplicación de una norma de inferior jerarquía y que, de forma
clara y evidente, contraría las normas contenidas dentro de la
Constitución Política” (…)”25. (Se destaca)
De este modo, la excepción de inconstitucionalidad supone que una norma
jurídica sea contraria a una disposición de la Constitución, pero, en este
caso, el actor persigue que se inaplique el inciso 5 del artículo 8 del
Reglamento Interno del Concejo Municipal porque considera es contrario
al artículo 23 de la Ley 136 de 1994.
Aunado a lo dicho, también le asiste razón al juez de primera instancia al
considerar que la acción de pérdida de investidura no tiene por objeto
revisar la legalidad de actos administrativos, como el caso del Reglamento
Interno del Concejo Municipal de Granada, Meta, puesto que el propósito
de este mecanismo se circunscribe a determinar si se configura o no la
causal de pérdida de investidura invocada.
25Corte Constitucional. Sentencia SU 109 de 2022. M.P.: Paola Andrea Meneses
Mosquera.
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24
Radicación: 50001 23 33 000 2024 00098 01
Solicitante: José Enrique Molina Rojas
Por consiguiente, el primer reproche, consistente en que sí era procedente
aplicar la excepción de inconstitucionalidad del inciso 5 del artículo 8 del
Reglamento Interno del Concejo Municipal de Granada, Meta, no tiene
vocación de prosperidad.
Ahora bien, la Sala no pasa por alto que en el proceso está probado que
el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Villavicencio, mediante
sentencia del 29 de septiembre de 2023, expediente nro. 2020 00045,
declaró la nulidad parcial del “(…) inciso quinto del artículo 8 del Acuerdo
nro. 015 de 2008, esto es, se suprimirá el aparte que disponía: “1º de
enero del año siguiente a la elección hasta el 10 de enero del mismo año
y del”; de tal manera, que el mencionado inciso quinto del artículo 8 de
dicho acuerdo quedará, así: “Primer Período Legal: Se inicia del 1 de
febrero al último día del mismo mes, durante quince sesiones, cuatro días
a la semana” (…)”26. La precitada providencia quedó ejecutoriada el 15 de
abril de 2024, acorde con la constancia expedida por el secretario del
referido juzgado27. Con fundamento en lo anterior, el tribunal de instancia
concluyó que las sesiones del mes de enero de 2024 se llevaron a cabo
conforme al reglamento que estaba vigente. Sin embargo, este aspecto
no fue objeto de apelación y, por el contrario, lo que discute el actor es
que las sesiones mencionadas no podían llevarse a cabo por ser contrarias
a lo dispuesto en la ley 136 de 1994.
En efecto, la segunda inconformidad expuesta por la parte actora en el
recurso de apelación tiene que ver con que sí está configurado el elemento
objetivo de la causal de indebida destinación de dineros púbicos porque
“está demostrad[o] en el expediente las erogaciones correspondientes a
26 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 50001 2333 000 2024 00098 00.
27 Visto en el índice 36 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 50001 2333 000 2024 00098 00.
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Radicación: 50001 23 33 000 2024 00098 01
Solicitante: José Enrique Molina Rojas
los pagos recibidos por los concejales demandados al cobrar honorarios
por instalarse el 1 de enero de 2024 y sesionar hasta el diez (10) de enero
inclusive del mismo año”28, cuando asegura que del artículo 23 de la Ley
136 de 1994 se desprende que para los municipios como Granada, Meta,
el primer período de sesiones ordinarias comienza el 1 de febrero
siguiente a la fecha de elección. En ese sentido, como se indicó en
precedencia, para el actor la indebida destinación de dineros públicos se
sustenta en que dichas sesiones no podían llevarse a cabo y, en
consecuencia, tampoco era procedente el cobro de los honorarios, como
lo señala en el recurso de apelación.
Para resolver, la Sala recuerda que, para que se configure la causal por
indebida destinación de dineros públicos, deben estar reunidos los
siguientes requisitos29: (i) que se tenga la condición de concejal; (ii) que
se trate de dineros públicos, es decir, que provengan de una actividad
económica del Estado, y, (iii) que los dineros sean indebidamente
destinados, esto es, a finalidades y cometidos estatales prohibidos o
distintos a los previamente establecidos en la Constitución y la ley.
La finalidad de la indebida destinación de dineros públicos como causal de
pérdida de investidura es censurar cualquier utilización de los dineros
públicos para fines no previstos, distintos, prohibidos o no autorizados por
28 Visto en el índice 54 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso
con
radicado nro. 50001 2333 000 2024 00098 00.
29 Los cuales se pueden extraer de la sentencia del 22 de febrero de 2018. C.P. María
Elizabeth García González. Expediente radicación número: 25000-23-42-000-2017-
04038-01(PI); para ello se cita la sentencia del 28 de marzo de 2017. C.P. Rafael
Francisco Suárez Vargas, expediente radicación 11001 03 15 000 2015 00111 00, donde
fueron enlistados tales requisitos; explicando que, aunque allí se referían a los
Congresistas son perfectamente aplicables a los restantes miembros de corporaciones
públicas de elección popular, como los concejales. Posición reiterada por la Sala en
sentencia del 15 de marzo de 2018. M.P. Hernando Sánchez Sánchez. Expediente
radicación nro. 13001-23-33-000-2016-01107-01(PI), entre otras.
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la Constitución o las leyes30; por ello, la causal se concreta cuando un
miembro de una corporación pública, en su condición de servidor público,
de manera directa o indirecta, destina o aplica dineros públicos a fines
diferentes, prohibidos, injustificados o no autorizados por la Constitución,
la ley o el reglamento, ya sea en provecho propio o de un tercero31.
Acorde con la jurisprudencia de esta Corporación, se “entiende que la
indebida destinación de los dineros públicos puede ser directa, cuando el
congresista [léase para el caso concejales] es ordenador del gasto,
administrador o depositario de los bienes públicos, o puede ser indirecta,
como ocurre en los casos en que sin tener ninguna de las dos condiciones
mencionadas, el congresista [para este caso los concejales] ejerciendo las
funciones del cargo traiciona, cambia o distorsiona los fines y cometidos
estatales preestablecidos en la Constitución, la ley o el reglamento,
porque desvía los dineros públicos a fines distintos de los previstos por
medio de instrumentos, como por ejemplo, los contratos o las
autorizaciones para el pago de salarios”32.
Adicionalmente, dado que la causal de indebida destinación de dineros
públicos no está definida en las normas que regulan el ejercicio de la
acción de pérdida de investidura, la jurisprudencia del Consejo de Estado
ha identificado algunos eventos en los que los miembros de una
30 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sala Veintisiete
Especial de Decisión de Pérdida de Investidura. Sentencia del 3 de diciembre de 2019.
C.P. Rocío Araújo Oñate. Expediente radicación nro. 11001-03-15-000-2019-00771-
00(PI).
31 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 22 de
noviembre de 2016. C.P. Carlos Enrique Moreno Rubio. Expediente radicación nro. 11001
03 15 000 2015 02938 00.
32 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sala 27 Especial de Decisión
de Pérdida de Investidura. Sentencia del 3 de diciembre de 2019. C.P. Rocío Araújo
Oñate. Expediente radicación nro. 11001 03 15 000 2019 00 771 00 (PI).
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corporación pública incurren en esta causal, tales como33: a) cuando
destina los dineros públicos a objetos, actividades o propósitos no
autorizados; b) cuando los destina a objetos, actividades o propósitos
autorizados, pero diferentes a los cuales esos dineros se encuentran
asignados; c) cuando aplica los dineros a objetos, actividades o propósitos
expresamente prohibidos por la Constitución, la ley o el reglamento; d)
cuando esa aplicación se da para materias innecesarias o injustificadas;
e) cuando la destinación tiene la finalidad de obtener un incremento
patrimonial personal o de terceros; f) cuando la destinación tiene la
finalidad de derivar un beneficio no necesariamente económico en su
favor o en el de terceros.
Teniendo en cuenta lo señalado, la Sala estima que en este caso no está
configurado el tercer requisito de la causal invocada, es decir, que los
dineros sean indebidamente destinados, esto es, a finalidades y
cometidos estatales prohibidos o distintos a los previamente establecidos
en la Constitución y la ley, puesto que, como se indicó, no corresponde al
objeto de la acción de pérdida de investidura determinar la legalidad de
las disposiciones contenida de los actos administrativos, sino, en este
caso, examinar si el pago de los honorarios a los concejales fue o no
debidamente causado.
En ese escenario, se recuerda que el inciso 3 del artículo 312 de la
Constitución Política establece que “la ley podrá determinar los casos en
que [los concejales] tengan derecho a honorarios por su asistencia a
sesiones”. En consonancia con ello, el artículo 65 de la Ley 136 de 1994
dispone que “los miembros de los concejos de las entidades territoriales
33 Consejo de Estado- Sala de lo Contencioso Administrativo- Sección Primera. Sentencia
del 14 de abril de 2016. C.P. María Claudia Rojas Lasso. Expediente radicación nro.
85001-23-33-000-2015-00001-01(PI).
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tienen derecho a reconocimiento de honorarios por la asistencia
comprobada a las sesiones plenarias (…) Las resoluciones que para efecto
de reconocimiento de honorarios expidan las mesas directivas de los
concejos, serán publicadas en los medios oficiales de información
existentes en el respectivo municipio o distrito. Cualquier ciudadano o
persona podrá impugnarlas, y la autoridad competente, según el caso,
dará curso a la investigación o proceso correspondiente”. (Se destaca)
Seguidamente el artículo 66 ibidem regula el valor de los honorarios por
cada sesión a la que asistan los concejales atendiendo la categoría de los
municipios y en el inciso cuarto precisó que “en los municipios de
categoría especial, primera y segunda, se pagarán anualmente ciento
cincuenta (150) sesiones ordinarias y hasta cuarenta (40) extraordinarias
al año. En los municipios de categorías tercera a sexta, se pagarán
anualmente setenta (70) sesiones ordinarias y hasta veinte (20) sesiones
extraordinarias al año”.
De lo expuesto se desprende que los honorarios de los concejales
constituyen una retribución por su asistencia a las sesiones plenarias, y,
en esa medida, la jurisprudencia de la Sección Primera de la Corporación
ha indicado que los concejales tienen derecho al pago de honorarios por
su asistencia comprobada a las sesiones de la respectiva corporación, sin
que se establezca otra condición de la que se haga desprender la
causación del respectivo derecho34.
Por consiguiente, la Sala estima que en este caso no se incurrió en una
indebida destinación de dineros públicos de manera directa o indirecta por
el pago y cobro de los honorarios de los concejales respecto de las
34 Al respecto, puede verse: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo.
Sección Primera. Sentencia del 21 de mayo de 2021. Expediente radicación nro. 50001
2333 000 2020 00758 01. C.P.: Roberto Augusto Serrato Valdés.
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sesiones que se convocaron entre el 1 y el 10 de enero de 2024, dado
que el requisito previsto en la ley para el reconocimiento de los honorarios
es la asistencia comprobada a las sesiones plenarias, lo que el solicitante
no discute; por el contrario, lo que controvierte es que las referidas
sesiones no podían llevarse a cabo y, por ende, tampoco era procedente
el reconocimiento de honorarios, circunstancia que no se traduce en una
indebida destinación de dineros públicos, pues los recursos fueron
utilizados para remunerar la asistencia de los concejales a las sesiones
que fueron convocadas y celebradas, el cual constituye el único requisito
para proceder con el respectivo pago.
Vale la pena anotar que al expediente se allegó la Resolución nro. 008 del
31 de enero de 2024, “por medio del cual se certifica la asistencia de los
concejales a sesiones ordinarias para efectos de reconocimiento de
honorarios”, en la que en la parte considerativa se indicó que “existe
dentro del presupuesto honorarios concejales – 1.2.1.0.00 ingresos
corrientes de libre destinación y el PAC en el código presupuestal
2.1.1.01.03.006-1.2.1.0.00 destinado al pago de sesiones, recursos no
comprometidos”35, lo que permite evidenciar que los dineros se utilizaron
para una actividad autorizada por la ley y para el fin que estaban
previstos, esto es, el pago de sesiones, cuyo único requisito, se insiste,
es la asistencia comprobada.
Sumado a ello, no sobra mencionar que en el expediente obran las actas
de las sesiones llevadas a cabo en los mencionados días, así: Acta nro.
001 sesión ordinaria del 1 de enero de 2024; Acta nro. 002 sesión
ordinaria del 2 de enero de 2024; Acta nro. 003 sesión ordinaria del 3 de
enero de 2024; Acta nro. 004 sesión ordinaria del 4 de enero de 2024;
35 Vistoen el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 50001 2333 000 2024 00098 00.
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Acta nro. 005 sesión ordinaria del 5 de enero de 2024; Acta nro. 006
sesión ordinaria del 6 de enero de 2024; Acta nro. 007 sesión ordinaria
del 7 de enero de 2024; Acta nro. 008 sesión ordinaria del 8 de enero de
2024; Acta nro. 009 sesión ordinaria del 9 de enero de 2024 y Acta nro.
010 del 10 de enero de 202436, e igualmente reposa el control de
asistencia a las referidas sesiones37, de las que se advierte que los
honorarios fueron pagados a los concejales conforme asistieron a las
respectivas sesiones.
Así las cosas, el supuesto alegado por el solicitante, consistente en que,
del artículo 23 de la Ley 136 de 1994 se desprende que para un municipio
como Granada, Meta, el primer período de sesiones comienza el 1 de
febrero y, por ende, los concejales no podían percibir los honorarios por
la asistencia a la sesiones llevadas a cabo entre el 1 y el 10 de enero de
2024, no implica una indebida destinación de dineros públicos, puesto
que, de conformidad con la ley, el pago de los honorarios se causa con la
asistencia comprobada a las sesiones, lo que en este caso ocurrió.
Cabe precisar que tampoco se produjo una indebida destinación de
recursos de manera indirecta, dado que, por el hecho de recibir el pago
de los honorarios causados, los concejales no distorsionaron las
finalidades del gasto, que es uno de los presupuestos que se requieren
para que se configure la causal de pérdida de investidura, pues se destinó
precisamente a reconocer la retribución por su asistencia a las sesiones
convocadas. De igual forma, no se advierte que se hayan utilizado
instrumentos para cambiar la destinación de dineros públicos, verbigracia,
36 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 50001 2333 000 2024 00098 00.
37 Visto en el índice 20 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 50001 2333 000 2024 00098 00.
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en asuntos de contratación pública, anticipos, autorizaciones, cesión de
tiquetes aéreos, entre otros eventos, en los cuales la jurisprudencia ha
aceptado que los miembros de corporaciones públicas incurren en esta
causal de manera indirecta38, pues nada evidencia que el pago de
honorarios se haya hecho sin que se tuvieran el derecho a percibirlo.
Por último, es procedente traer a colación lo dicho por esta Sección en la
sentencia del 17 de febrero de 202239, en la que igualmente se solicitó la
pérdida de investidura de los concejales del Municipio de Granada, Meta,
período constitucional 2020 – 2023, por indebida destinación de dineros
públicos, con ocasión del pago por las sesiones llevadas a cabo entre el 2
y el 10 de enero de 2020. En esa oportunidad, la Sección explicó que “(…)
la legalidad o ilegalidad de un acto administrativo, acuerdo o de un
procedimiento, no tiene la potencia para configurar por si sola una causal
de pérdida de investidura por indebida destinación de dineros públicos,
pues como lo ha sostenido la jurisprudencia de esta Sección, el ejercicio
de una función constitucional no puede conllevar a indebida destinación
de dineros públicos. Cosa distinta es que si al ejercerla se incurre en
violación de la Constitución Política o de la ley, los actos respectivos sean
susceptibles de la acción de nulidad y puedan acarrear responsabilidad
disciplinaria o fiscal”.
Por las razones anotadas, la Sala confirmará la sentencia proferida el 30
de mayo de 2024 por el Tribunal Administrativo del Meta que negó la
solicitud de pérdida de investidura.
38 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia
del 6 de septiembre de 2018. C.P. María Elizabeth García González. Expediente
radicación nro. 7001 23 33 000 2018 00019 01 (PI).
39 Al respecto, puede verse: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo.
Sección Primera. Sentencia del 17 de febrero de 2022. Expediente nro. 5001 2333 000
2020 00032 01. M.P.: Hernando Sánchez Sánchez.
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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 30 de mayo de 2024
por el Tribunal Administrativo del Meta que negó la solicitud de pérdida
de investidura formulada contra “los señores Mercy Yinet Morales Millán,
Dixon Eduardo Ramírez Guarnizo, Michael Suárez Gulloso, Ruber Ortiz
Olarte, Albeiro López Ríos, Duván Santiago Roa Londoño, Yimmi Villamil
Calderón, Kevin Alexander Ramos Bedoya, Yoan Reinel Castaño Gallo,
William Fernando Arias Giraldo, Néstor Sebastián Escobar Villada, Julián
Camilo Molina Macías y José Alfredo Arias Delgado, en su calidad de
concejales del Municipio de Granada – Meta en el actual período
constitucional 2024 a 2027”.
SEGUNDO: Ejecutoriada esta providencia, remítanse las diligencias al
Tribunal de origen.
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidenta Consejero de Estado
Consejera de Estado
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Solicitante: José Enrique Molina Rojas
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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