Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 52001-23-31-000-2007-00016-02
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Negación del impedimento: infundado
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 52001-23-31-000-2007-00016-02
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 52001-23-31-000-2007-00016-02
Consejero ponente: María Adriana Marín
11 de abril de 2019
ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA – Niega / DAÑO CAUSADO POR LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD
Síntesis del caso: El 6 de junio de 2003, miembros de la Policía Nacional desplegaron un operativo para evitar el secuestro de la hija del alcalde de Ipiales, el cual culminó con la captura en flagrancia del señor Edwin Efraín Benavides Burgos, entre otros. El 3 de julio de 2003, el ente investigador dictó medida de aseguramiento en contra del demandante por los delitos de secuestro extorsivo en el grado de tentativa y porte ilegal de armas de fuego de uso privativo de la fuerza pública. Mediante Resolución de 27 de febrero de 2004, la Fiscalía Novena Delegada ante los Jueces Penales del Circuito Especializado de San Juan de Pasto calificó el mérito del sumario y acusó al señor Edwin Efraín Benavides Burgos por los delitos antes mencionados. El 14 de enero de 2005, el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de San Juan Pasto absolvió al señor Edwin Efraín Benavides Burgos de los cargos formulados en su contra, por considerar que la actuación de aquel era atípica.
NEGACIÓN DEL IMPEDIMENTO – Infundado / IMPEDIMENTO POR TENER INTERÉS DIRECTO EN EL PROCESO – De su hija
El 27 de junio de 2018, el Consejero de Estado Carlos Alberto Zambrano Barrera manifestó su impedimento para conocer del asunto de la referencia, en consideración a que su hija se encontraba vinculada laboralmente como contratista de la Nación-Ministerio de Justicia y del Derecho-, parte demandada en este proceso y, en virtud del mencionado vínculo laboral, ella tendría interés en el resultado de este asunto; sin embargo, las circunstancias fácticas por él descritas ya no encuadran en la causal de impedimento prevista en el numeral 1 del artículo 150 del Código de Procedimiento Civil: “Tener el juez, su cónyuge o alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil interés directo o indirecto en el proceso”, en consideración a la terminación de la relación laboral, motivo por el cual se declarará infundado el impedimento manifestado.
FUENTE FORMAL: CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL – ARTÍCULO 150 NUMERAL 1
PROCEDENCIA DE LA PRELACIÓN DE FALLO POR PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD / PROCESOS QUE IMPLIQUEN SOLO LA REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA
Mediante acta No. 10 del 25 de abril de 2013, la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado definió que los eventos de privación injusta de la libertad podrán fallarse por las Subsecciones, sin sujeción al turno respectivo, pero respetando el año de ingreso del expediente al Consejo de Estado.
COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA - Para conocer procesos por error jurisdiccional, defectuoso funcionamiento de la administración de justicia y privación injusta de la libertad
La Sala es competente para conocer del presente asunto en segunda instancia, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, el 29 de junio de 2012, habida cuenta de que, de conformidad con el artículo 73 de la Ley 270 de 1996 y lo considerado por la Sala Plena del Consejo de Estado en auto de 9 de septiembre de 2008, la competencia para conocer de las acciones de reparación directa que se instauren por error jurisdiccional, privación injusta de la libertad o defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, se encuentra radicada en los Tribunales Administrativos en primera instancia y en el Consejo de Estado en segunda instancia, sin consideración a la cuantía del proceso.
FUENTE FORMAL: LEY 270 DE 1996 - ARTÍCULO 73
CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA - Término / REPARACIÓN DIRECTA - Demanda presentada oportunamente
Tratándose de acciones de reparación directa por la privación injusta de la libertad, la jurisprudencia reiterada de esta Sección del Consejo de Estado ha considerado que el término de caducidad se empieza a contar a partir del día siguiente a la ejecutoria de la providencia que precluyó la investigación, de la sentencia absolutoria o desde el momento en que quede en libertad el procesado, lo último que ocurra, momento a partir del cual se configura el carácter injusto de la limitación del derecho a la libertad. NOTA DE RELATORÍA: Sobre el conteo de la caducidad en procesos de privación injusta de la libertad, consultar sentencia del 14 de febrero de 2002; Exp. 13622, C.P. María Elena Giraldo Gómez, reiterada en sentencia del 11 de agosto de 2011, Exp. 21801, C.P. Hernán Andrade Rincón y auto de 19 de julio de 2010; Exp. 37410, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.
FUENTE FORMAL: CODIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - ARTÍCULO 136 NUMERAL 8
VALOR PROBATORIO DE LA INDAGATORIA / REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL
El Consejo de Estado ha sostenido que es posible valorar la indagatoria en el juicio de responsabilidad patrimonial. NOTA DE RELATORÍA: Al respecto, consultar sentencia del 1º de agosto de 2016, Exp. 42376, C.P. Ramiro Pazos Guerrero.
LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR LA PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD / CLAUSULA GENERAL DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO / EVOLUCIÓN JURISPRUDENCIAL
En efecto, la Corte precisa que, ni el artículo 90 de la Constitución Política, como tampoco el artículo 68 de la Ley 270 de 1996, que establece la privación injusta de la libertad como un evento resarcible, así como la sentencia C-037 de 1996, que determinó la exequibilidad condicionada de ese artículo, determinan un régimen específico de responsabilidad patrimonial del Estado en eventos de privación injusta de la libertad. (…) [L]as sentencias de unificación del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional, establecen que en eventos de privación injusta de la libertad no se determina un régimen único de responsabilidad subjetivo u objetivo. Sin embargo, cualquiera sea el que se aplique se debe tomar en cuenta, frente al caso concreto, si la medida fue legal, razonable y proporcionada. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la postura que rigió los asuntos bajo el título de imputación de daño especial, pueden consultarse sentencias del 26 de noviembre de 2015; Exp. 36170 y del 25 de julio de 2016; Exp. 37125, C.P. Danilo Rojas Betancourth. Frente a las posturas excepcionales en las cuales el Consejo de Estado decidió asuntos con fundamento en la falla del servicio, se pueden ver las sentencias de 19 de julio de 2017, Exp. 45466, 14 de septiembre de 2017, Exp. 47800, 12 de octubre de 2017, Exp. 48048, 1 de febrero de 2018; Exp. 46817 y 45146; 10 de mayo de 2018, Exp. 45358, 5 de julio de 2018, Exp. 47854, 19 de julio de 2018, Exp. 52399, 27 de septiembre de 2018, Exp. 52404 y respecto de la postura recientemente unificada que acoge el principio iura novit curia para la imputación de la responsabilidad estatal, consultar fallo de 15 de agosto de 2018; Exp. 46947; C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera.
FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 90 / LEY 270 DE 1996 – ARTÍCULO 68
CAUSAL DE EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / CULPA EXCLUSIVA DE LA VÍCTIMA / REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL
[V]ale anotar que la Ley 270 de 1996, en el artículo 70, establece que el Estado se exonerará de responsabilidad cuando el daño sea atribuible a la culpa exclusiva de la víctima. (…) Al respecto, la jurisprudencia de esta Sección ha reiterado que cuando la conducta del procesado justificó la actuación judicial, particularmente en lo que atañe a la restricción de su libertad, es posible concluir que el daño irrogado proviene de la propia víctima, aun cuando no hubiere sido condenada, cuando su actuar, ya sea activo u omisivo, hubiese sido la causa eficiente y determinante en la producción del resultado lesivo. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la culpa exclusiva de la víctima, consultar sentencias del 5 de abril de 2017, Exp. 41977; C.P. Marta Nubia Velásquez Rico; del 26 de abril de 2017, Exp. 45313, sentencia del 7 de junio de 2017; C.P. Marta Nubia Velásquez Rico, Exp. 42021; C.P. Marta Nubia Velásquez Rico, entre otras.
FUENTE FORMAL: LEY 270 DE 1996 - ARTÍCULO 70
RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD - Causal eximente de responsabilidad / LA MEDIDA RESTRICTIVA DE LA LIBERTAD DEBE SER INJUSTA / CULPA EXCLUSIVA DE LA VÍCTIMA - Acreditada
De conformidad con lo plasmado en la sentencia penal, el señor Edwin Efraín Benavides Burgos fue absuelto del delito de porte ilegal de armas de fuego de uso privativo de la fuerza pública, por las contradicciones en las que incurrió el agente que incautó el material bélico. No obstante lo anterior, para la Sala no hay duda de que la privación de la libertad del demandante no tuvo su causa eficiente o adecuada en la actividad de la administración, sino en la conducta asumida por aquel, cuando intentó secuestrar a una persona. (…) Por lo tanto, al momento de restringírsele la libertad al aquí demandante el ente acusador contaba con indicios racionales que le indicaban que podía estar incurso en los delitos investigados, pues fue el proceder del investigado el que dio lugar al proceso penal que se adelantó en su contra.
CONDENA EN COSTAS – No condena
Toda vez que no se evidencia temeridad, ni mala fe de las partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas de conformidad con lo normado en el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejera ponente: MARÍA ADRIANA MARÍN
Bogotá, D.C., once (11) de abril de dos mil diecinueve (2019)
Radicación número: 52001-23-31-000-2007-00016-02(45939)
Actor: EDWIN EFRAÍN BENAVIDES BURGOS Y OTROS
Demandando: NACIÓN-FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN Y OTROS
Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA
Temas: PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / CULPA EXCLUSIVA DE LA VÍCTIMA – La actuación dolosa del demandante dio lugar a la investigación penal que se adelantó en su contra por los delitos de secuestro extorsivo en el grado de tentativa y porte ilegal de armas de fuego de uso privativo de la fuerza pública.
Procede la Sala a decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 10 de agosto de 2012 proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda.
SÍNTESIS DEL CASO
El 6 de junio de 2003, miembros de la Policía Nacional desplegaron un operativo para evitar el secuestro de la hija del alcalde de Ipiales, el cual culminó con la captura en flagrancia del señor Edwin Efraín Benavides Burgos, entre otros. El 3 de julio de 2003, el ente investigador dictó medida de aseguramiento en contra del demandante por los delitos de secuestro extorsivo en el grado de tentativa y porte ilegal de armas de fuego de uso privativo de la fuerza pública. Mediante Resolución de 27 de febrero de 2004, la Fiscalía Novena Delegada ante los Jueces Penales del Circuito Especializado de San Juan de Pasto calificó el mérito del sumario y acusó al señor Edwin Efraín Benavides Burgos por los delitos antes mencionados. El 14 de enero de 2005, el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de San Juan Pasto absolvió al señor Edwin Efraín Benavides Burgos de los cargos formulados en su contra, por considerar que la actuación de aquel era atípica.
ANTECEDENTES
1. La demanda
Mediante escrito presentado el 16 de enero de 2007 (f. 1-11 c-1), los señores Edwin Efraín Benavides Burgos, quien actúa en nombre propio y en representación de sus hijos Édison Albeiro Benavides Culchac, Jefferson Aldair Benavides Culchac e Iván Alejandro Benavides Quenguan; Arcelia Fabiola Burgos de Benavides, Jesús Armando Benavides Burgos y Guido Efraín Benavides Burgos, por conducto de apoderado judicial (f. 19-20 c-1), presentaron demanda de reparación directa en contra la Nación – Ministerio del Interior y Justicia – Ministerio de Defensa – Policía Nacional y Fiscalía General de la Nación, con el fin de que se les declarara patrimonialmente responsables por los perjuicios causados con motivo de la privación injusta de la libertad que soportó el primero de los mencionados, entre el 6 de junio de 2003 y el 17 de enero de 2005.
Los demandantes solicitaron que se hicieran las siguientes declaraciones y condenas:
1. Declárese a la Nación Colombiana – Ministerio del Interior y de Justicia, Ministerio de Defensa – Policía Nacional y Fiscalía General de la Nación solidaria y administrativamente responsables por los daños y perjuicios causados al demandante, señor: Edwin Efraín Benavides Burgos por la injusta y arbitraria detención, realizada por agentes de la Policía Nacional de Colombia, en hechos ocurridos el día 6 de junio de 2003, en el sector urbano del municipio de Ipiales, departamento de Nariño.
2. En consecuencia, condénese a la Nación Colombiana – Ministerio del Interior y de Justicia, Ministerio de Defensa – Policía Nacional y Fiscalía General de la Nación, como reparación del daño antijurídico ocasionado a pagar a la parte actora, por intermedio de su apoderado, el valor de los perjuicios de orden material y moral ocasionado con la injusta privación de la libertad del señor Edwin Efraín Benavides Burgos el día 6 de junio de 2003, en el sector urbano del municipio de Ipiales, departamento de Nariño, según la siguiente liquidación:
2.1. Perjuicios Morales:
2.1.1. Edwin Efraín Benavides Burgos:
El equivalente en pesos colombianos a mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de la ejecutoria de la sentencia que así los imponga.
2.1.2. Causados a los familiares de Edwin Efraín Benavides Burgos:
Para cada uno de los hermanos, Jesús Armando Benavides Burgos y Guido Efraín Benavides, el equivalente en pesos colombianos a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de dictar sentencia.
Para su madre, Arcelia Fabiola Burgos de Benavides, el equivalente en pesos colombianos a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de dictar sentencia.
2.2. Perjuicios materiales para Edwin Efraín Benavides Burgos:
2.2.1. Daño emergente:
Pérdida de capital de trabajo compraventa de ganado vacuno, caballar, porcino, caprino y actividades de comercio……………………………..……………………….…...$25’000.000.
Incremento anual de capital de trabajo………………………….…………..…………………….....$7’200.000.
Honorarios profesionales de abogado atención proceso penal…………....………...………………..…………………......$10’000.000.
Honorarios profesionales de abogado atención reparación directa....……………………………..……………………….......$10’000.000.
2.2.2. Lucro cesante
Dejados de percibir anuales del ejercicio comercial de compraventa de ganado vacuno, caballar, porcino, caprino y actividades de comercio……......…………………………......………………….$30’000.000.
Los valores que por perjuicios se reconozcan se ordenarán pagar a los demandantes o a quien repente sus intereses.
El valor del salario mínimo legal, será el vigente para la fecha de la ejecutoria de la sentencia.
2.3.Objetivos sociales
Mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha en que se profiera sentencia.
(…)
Las pretensiones anteriores se fundamentan en los siguientes hechos:
El 6 de junio de 2003, en horas de la noche, fue capturado el señor Edwin Efraín Benavides Burgos por miembros de la Policía Nacional, como sindicado de la comisión de los delitos de secuestro extorsivo en el grado de tentativa y porte ilegal de armas de fuego de uso privativo de la fuerza pública. El 7 de junio del siguiente, fue suscrita el acta de los derechos de la persona capturada.
El 3 de julio de la misma anualidad, la Fiscalía Novena Delegada ante los Jueces Penales del Circuito Especializado de San Juan de Pasto resolvió la situación jurídica del entonces sindicado y le impuso medida de aseguramiento consistente en detención preventiva sin beneficio de libertad provisional, por considerar que aquel era el posible responsable de los de los delitos de secuestro extorsivo en el grado de tentativa y porte ilegal de armas de fuego de uso privativo de la fuerza pública.
El 2 de febrero de 2004, la Fiscalía Delegada profirió resolución de acusación en contra del señor Edwin Efraín Benavides Burgos, pero, el 14 de enero de 2005, el Juez Segundo Penal del Circuito Especializado de San Juan Pasto lo absolvió de las acusaciones endilgadas, por considerar que la actuación de aquel era atípica. El demandante recuperó su libertad el 17 de enero de 2005.
Finalmente, se expuso que durante el tiempo en que estuvo privado de su libertad, el señor Edwin Efraín Benavides Burgos dejó de percibir los ingresos con los que sustentaba las necesidades de su familia y sufrió daños morales causados por el desprestigio y la deshonra que tal situación le generó.
2. El trámite en primera instancia
2.1. Mediante proveído del 24 de enero de 2007, el Tribunal Administrativo de Nariño inadmitió la demanda, por considerar que en esta no se había realizado una estimación razonada de la cuantía. (f. 25-26 c-1). La parte actora omitió subsanar la demanda y, por tanto, la misma fue rechazada mediante auto del 9 de febrero del 2007 (f. 29-30 c-1).
2.2. El 5 de marzo de 2008, el Consejo de Estado admitió la demanda, al resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte actora (f. 40-46 c-1). Devuelto el expediente, el Tribunal Administrativo de Nariño continuó con el trámite procesal y, el 8 de mayo de 2008, ordenó notificar a todos los demandados (53-54 c-1) .
2.3. La Fiscalía General de la Nación contestó la demanda dentro de la respectiva oportunidad procesal y se opuso a las pretensiones formuladas por la parte actora (f. 66-80 c-1). En síntesis, adujo que no se le podía endilgar responsabilidad alguna, dado que dicha entidad actuó en cumplimiento de sus deberes legales, aunado a que dentro del proceso penal se habían dado los presupuestos para que se impusiera la medida de aseguramiento en contra del señor Edwin Efraín Benavides Burgos.
Manifestó que, de la demanda y de lo aportado con ella, se podía observar que la medida de aseguramiento de detención preventiva impuesta al señor Edwin Efraín Benavides Burgos obedeció a razones jurídicamente entendibles en ese momento y no a una actuación “indebida por una desfasada subsunción de la realidad fáctica”.
Asimismo, expuso que es función de la Fiscalía General de la Nación investigar de oficio, mediante denuncia o querella los hechos delictivos que llegasen a su conocimiento y tomar todas las medidas contundentes, dentro de los límites normativos, para evitar que los delitos queden impunes y la acción penal se haga ilusoria. Por lo anterior, manifestó que a los ciudadanos se les impone la obligación de colaborar con las autoridades públicas a fin de que estas logren sus cometidos estatales, por lo que la detención que se impuso al ahora demandante era una carga que aquel estaba en el deber de soportar.
Agregó, finalmente, que no se puede pretender que cada vez que se absuelva a un sindicado se comprometa la responsabilidad de la Fiscalía General de la Nación, pues ello significaría un alejamiento total de los principios de autonomía e independencia y “conllevaría a la denegación misma de la justicia y a un flagrante desconocimiento de la potestad punitiva del Estado”.
2.4. La Nación-Ministerio de Defensa, Policía Nacional- se opuso, igualmente, a las pretensiones de la demanda (f.104-109 c-1). Expuso que, en el presente asunto, la parte demandante alegaba una supuesta falla en el servicio; sin embargo, en el expediente no se había probado una actuación irregular de la entidad ni el contenido obligacional violado.
Por otra parte, expuso que no se le podía endilgar responsabilidad alguna, toda vez que los hechos que ocasionaron el supuesto daño alegado en la demanda fueron producto de la actuación de la Fiscalía General de la Nación.
2.5. El Ministerio del Interior y de Justicia contestó la demanda y se opuso a las pretensiones formuladas por la parte actora (f. 117-120 c-1). Invocó “la excepción de indebida representación por pasiva, por cuanto de conformidad con lo establecido en el artículo 149 del Código Contencioso Administrativo (…), la representación de la Nación se encuentra radicada en la Fiscalía General de la Nación, entidad que (…) dispone de autonomía administrativa y presupuestal, comoquiera que los hechos sustento de las pretensiones tienen como fundamento la actuación de un Fiscal”.
2.6. Por auto de 23 de febrero de 2009 (f. 137-138 c-1), se abrió el proceso a pruebas y mediante proveído del 25 de septiembre del mismo año (f. 218 c-1), se ordenó correr traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto de fondo, oportunidad procesal en la que la parte actora (f. 247-254 c-1), la Policía Nacional (f. 221-225 c-1) y la Fiscalía General de la Nación (226-232 c-1) reiteraron los argumentos expuestos en la demanda y la contestación, respectivamente.
El Ministerio del Interior y el Ministerio Público guardaron silencio.
3. La sentencia de primera instancia
El Tribunal Administrativo del Nariño, mediante providencia de 10 de agosto de 2012, negó las pretensiones de la demanda (f. 294-316 c-2).
En síntesis, sostuvo que la actuación del demandante fue la causa eficiente del daño, pues era indiscutible que el señor Edwin Efraín Benavides Burgos no actuó en debida forma, dado que su voluntad estaba dirigida a la comisión del ilícito de secuestro, comportamiento que, a todas luces, resulta reprochable.
En ese sentido, expuso que el daño cuya reparación pretenden los actores fue determinado por la culpa exclusiva de quien fue privado de la libertad -Edwin Efraín Benavides Burgos- y, por tanto, el mismo no era jurídicamente imputable a las entidades demandadas.
4. El recurso de apelación
La parte demandante interpuso recurso de apelación y solicitó que se revocara la sentencia de primera instancia. A su juicio, se encontraba demostrado, con la sentencia absolutoria proferida por el Juzgado Segundo Penal Especializado del Circuito de Pasto, que la medida de aseguramiento consistente en detención preventiva fue contraria a la evidencia recopilada y que la conducta del procesado era atípica (f. 318-321 c-2).
Concluyó que el Tribunal Administrativo de Nariño no podía deducir que los entes demandados actuaron provocados por la conducta del señor Edwin Efraín Benavides Burgos, toda vez que el juez penal calificó la conducta como atípica; probó que se utilizó un medio probatorio falso y ordenó la investigar a un agente de policía por los punibles de falso testimonio y fraude procesal.
Finalmente, resaltó los apartes de la sentencia que hizo referencia, respecto de cada uno de los delitos imputados al aquí demandante:
Secuestro extorsivo en grado de tentativa:
[S]e tiene que tal accionar corresponde más a los actos preparatorios que a los ejecutivos y como bien es sabido, los actos preparatorios son impunes en nuestra legislación penal: nadie osaría sostener que el plan de los procesados puede ser objeto de premio o alabanza; por el contrario, es una conducta supremamente reprochable y de rechazo social, pero si tales actos rebasan el límite de la ejecución a que alude el artículo 27 de nuestra codificación punitiva devienen en impunes por disposición del propio legislador que por razones de política criminal que obedecen, sin duda, al principio de mínima intervención penal que ha decidido no castigar estos actos de preparación del delito.
Porte de armas de uso privativo de las fuerzas armadas:
[E]l informe de captura en el que señalan que el agente MARTELO LONDOÑO NELSON encontró en su interior dos granadas de fragmentación y señala incluso los sitios”. Posteriormente “…se recibió declaración al agente NELSON MARTELO LONDOÑO folios 47 a 52 del c.c. en el que sostiene categóricamente que participó personalmente en el registro del rodante y encontró las dos granadas” y luego “más adelante cuando recepciona testimonio en la diligencia de inspección judicial declara en forma distinta pues dice que en el momento de la captura no registró el rodante sino al otro día (…) semejante contradicción tan ostensible que surge de la propia boca del agente en cita conduce inexorablemente a dudar de su credibilidad”.
5. El trámite de segunda instancia
El recurso de apelación presentado por la parte demandante fue concedido el 14 de noviembre de 2012 (f. 323 c-2) y admitido el 20 de febrero de 2013 (f. 327 c-2). Posteriormente, mediante providencia del 9 de julio siguiente, se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto (f. 141 c-2).
La Fiscalía General de la Nación reiteró los argumentos expuestos a lo largo del trámite procesal y pidió que se confirmara la sentencia de primera instancia (f. 330-332 c-2).
En sus alegatos, la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional- pidió confirmar la sentencia en el sentido de declarar la culpa exclusiva de la víctima (339-334 c-2).
La parte demandante, el Ministerio del Interior y de Justicia y el Ministerio Público guardaron silencio en esta etapa procesal.
6. Manifestación de impedimento
El 27 de junio de 2018, el Consejero de Estado Carlos Alberto Zambrano Barrera manifestó su impedimento para conocer del asunto de la referencia, en consideración a que su hija se encontraba vinculada laboralmente como contratista de la Nación-Ministerio de Justicia y del Derecho-, parte demandada en este proceso y, en virtud del mencionado vínculo laboral, ella tendría interés en el resultado de este asunto; sin embargo, las circunstancias fácticas por él descritas ya no encuadran en la causal de impedimento prevista en el numeral 1 del artículo 150 del Código de Procedimiento Civil: “Tener el juez, su cónyuge o alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil interés directo o indirecto en el proceso”, en consideración a la terminación de la relación laboral, motivo por el cual se declarará infundado el impedimento manifestado.
CONSIDERACIONES
1. Prelación de fallo
Mediante Acta N° 10 del 25 de abril de 2013, la Sala Plena de la Sección Tercera determinó la prelación para fallo en eventos de privación injusta de la libertad sin el rigor del turno, pero respetando el año de ingreso del expediente al Consejo de Estado.
2. Competencia
La Sala es competente para conocer del presente asunto en segunda instancia, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 10 de agosto de 2012, proferida por el Tribunal Administrativo del Nariño, dado que, de conformidad con el artículo 73 de la Ley 270 de 1996 y las consideraciones de la Sala Plena del Consejo de Estado en auto de 9 de septiembre de 2008, la competencia para conocer de las acciones de reparación directa que se instauren por error jurisdiccional, privación injusta de la libertad o defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, se encuentra radicada en los tribunales administrativos en primera instancia y en el Consejo de Estado en segunda instancia, sin consideración a la cuantía del proceso.
3. Ejercicio oportuno de la acción
De conformidad con lo previsto por el numeral 8 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 44 de la ley 446 de 1998, la acción de reparación directa debe instaurarse dentro de los dos años contados a partir del día siguiente al acaecimiento del hecho, omisión, operación administrativa u ocupación permanente o temporal de inmueble de propiedad ajena por causa de trabajos públicos o por cualquier otra causa.
Tratándose de acciones de reparación directa por la privación injusta de la libertad, la jurisprudencia reiterada de esta Sección del Consejo de Estado ha considerado que el término de caducidad se empieza a contar a partir del día siguiente a la ejecutoria de la providencia que precluyó la investigación, de la sentencia absolutoria o desde el momento en que quede en libertad el procesado, lo último que ocurra, momento a partir del cual se configura el carácter injusto de la limitación del derecho a la libertad.
En el expediente reposa la providencia proferida el 14 de enero de 2005, por medio de la cual el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de San Juan Pasto absolvió al señor Edwin Efraín Benavides Burgos de las acusaciones endilgadas en su contra, decisión que quedó ejecutoriada el 27 de enero de 2005, de conformidad con la constancia emitida el secretario del referido Juzgado (f. 184 c-1).
Así las cosas, la demanda podía ser presentada hasta el 28 de enero de 2007 y como ello ocurrió el 16 de enero de ese año (f. 11 c-1), resulta evidente que se hizo oportunamente, esto es, sin que operara la caducidad de la acción.
4. Legitimación en la causa
En cuanto a la legitimación en la causa por activa, encuentra la Sala que el señor Edwin Efraín Benavides Burgos está legitimado para actuar como demandante dentro del proceso de reparación directa, por cuanto de las pruebas obrantes en el expediente, se desprende que fue privado de la libertad con ocasión del proceso penal adelantado en su contra por la posible comisión de los delitos de secuestro extorsivo en el grado de tentativa y porte ilegal de armas de fuego de uso privativo de la fuerza pública. Es decir, es la víctima directa del daño cuya indemnización se pretende.
En relación con los demás demandantes, su interés para solicitar la indemnización por los perjuicios causados con la privación de la libertad del señor Edwin Efraín Benavides Burgos, se infiere del vínculo de parentesco que, respectivamente, tienen con el mismo (f. 12-18 c-1), hechos a los cuales se hará referencia más adelante.
En cuanto la legitimación en la causa por pasiva, la Sala encuentra lo siguiente:
La demanda fue dirigida en contra de la Nación-Fiscalía General de la Nación, dado que, el asunto que aquí se estudia, fue de conocimiento de las Fiscalías Delegadas, en la etapa de instrucción, a la luz de la Ley 600 de 2000, por tanto, la Sala considera que la entidad demandada se encuentra legitimada en la causa por pasiva.
Asimismo, la Sala considera que se encuentra legitimada en la causa por pasiva la Policía Nacional, toda vez que miembros de esta institución participaron en la concreción del daño, por el que se reclama indemnización, en ejercicio de sus funciones de policía judicial, y aunque su actuación se dio bajo la dirección e instrucción de la Fiscalía General de la Nación, esta imputación debe igualmente ser verificada al resolver el fondo del asunto.
Finalmente, la Sala estima necesario precisar que, tal como se advirtió, el daño alegado en la demanda habría sido ocasionado por la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional, razón por la cual cabe concluir que el Ministerio del Interior y de Justicia no sería, de existir responsabilidad patrimonial, el llamado a reparar los daños derivados de la privación de la libertad del señor Edwin Efraín Benavides Burgos, dado que sus actuaciones no dieron lugar al daño que originó la presente acción; por tanto, se declarará su falta de legitimación en la causa por pasiva y se le absolverá de toda responsabilidad en la presente causa.
5. Del valor probatorio en este proceso de la indagatoria rendida por el demandante en el proceso penal
En este caso, se otorgará valor probatorio a la indagatoria rendida por el demandante ante la Fiscalía General de la Nación, en desarrollo de la investigación por los delirios de secuestro extorsivo en el grado de tentativa y porte ilegal de armas de fuego de uso privativo de la fuerza pública
El Consejo de Estado ha sostenido que es posible valorar la indagatoria en el juicio de responsabilidad patrimonial en los siguientes casos:
(...) i) cuando la indagatoria se equipara al testimonio al surtirse el trámite de la ratificación mediante juramento en el trámite contencioso administrativo; ii) cuando los indagados consientan hacer afirmaciones bajo la gravedad del juramento y se satisfagan los principios de contradicción, necesidad, pertinencia y conducencia. Además, la Sala ha dicho que es posible valorar la indagatoria y otorgarle mérito probatorio siempre y cuando: i) se advierta que son indispensables para realizar un análisis integral del caso; ii) no se constituya en la única prueba que defina la responsabilidad administrativa y extracontractual del Estado; iii) coincidan con lo acreditado a través de otros medios de convicción; iv) hayan sido tenidas en cuenta como medios de prueba en procesos foráneos en los cuales fueron recaudadas y no hayan sido desestimadas por presiones indebidas o vulneraciones a derechos fundamentales, con el agregado que si la declaración es de quien es parte en el trámite contencioso administrativo, solo se acordará credibilidad probatoria en lo desfavorable, puesto que podría eventualmente verse beneficiada por la sentencia favorable que eventualmente se profiera como conclusión del presente litigio.
De conformidad con lo anterior, aunque la indagatoria que rindió el señor Edwin Efraín Benavides Burgos se produjo libre de apremio y juramento, la Sala considera que su valoración es indispensable para el análisis integral del caso.
6. La responsabilidad del Estado por la privación de la libertad con fundamento artículo 90 de la Constitución Política
6.1. La Sección Tercera venía sosteniendo que en los casos en que una persona era detenida preventivamente, por disposición de una autoridad judicial, y luego recuperaba su libertad, bien porque resultaba absuelta bajo supuestos de que el hecho no existió, el sindicado no lo cometió, la conducta no era constitutiva de hecho punible o en aplicación del principio in dubio pro reo, inmediatamente surgía un daño que esa persona no estaba en la obligación de soportar y que, por tanto, el Estado era patrimonialmente responsable, en aplicación de un régimen objetivo de responsabilidad bajo el título de daño especial. Esto, sin importar si el agente judicial actuó o no conforme a la ley, por cuanto estaban en juego derechos y principios de estirpe constitucional como la libertad personal y la presunción de inocencia, la cual, al no ser desvirtuada por el Estado, tornaba en injusta la privación la privación.
Debe aclararse, en todo caso, que la Sección Tercera del Consejo de Estado no descartaba la aplicación de la falla del servicio para la declaración de responsabilidad estatal por privación injusta de la libertad. Así lo ha declarado en asuntos donde resulta evidente que se trata de una detención ilegal o arbitraria, en eventos de homonimia o cuando se trata de capturas realizadas para efectos de indagatoria, surtidas las cuales, no se dicta una medida de aseguramiento contra el imputado.
6.2. Dicho criterio jurisprudencial, sin embargo, fue modificado recientemente en la sentencia de unificación del 15 de agosto de 2018, proferida por la Sala Plena de esta Sección, en la cual se concluyó que no basta con probar la restricción de la libertad y la posterior ausencia de condena, sino que es menester analizar si el daño derivado de la privación de la libertad es o no antijurídico, a la luz del artículo 90 de la Constitución Política, lo que implica tres pasos: i) si el privado de la libertad incurrió en dolo o culpa grave; ii) cuál es la autoridad llamada a reparar y, iii) en virtud del principio iura novit curia encausar el asunto bajo el título de imputación que se considere pertinente y, claro está, de acuerdo con el caso concreto y expresando de forma razonada los fundamentos de la decisión. La Sala señaló en la mencionada sentencia:
Así las cosas y como al tenor de los pronunciamientos de esta Sala la privación de la libertad de una persona puede ser imputada al Estado siempre y cuando ella no haya incurrido, bajo la perspectiva de lo civil, en culpa grave o dolo civil, es menester determinar si, a la luz del artículo 63 del Código Civil, la conducta de quien fue privado de la libertad se puede considerar como tal y si, por consiguiente, fue esa persona quien dio lugar a la apertura del respectivo proceso penal y a la imposición de la medida de aseguramiento de detención preventiva cuyos perjuicios subsecuentes pretende le sean resarcidos.
En consecuencia, procede la Sala a modificar y a unificar su jurisprudencia en relación con los casos cuya litis gravita en torno a la responsabilidad patrimonial del Estado por privación de la libertad, en el sentido de que, en lo sucesivo, cuando se observe que el juez penal o el órgano investigador levantó la medida restrictiva de la libertad, sea cual fuere la causa de ello, incluso cuando se encontró que el hecho no existió, que el sindicado no cometió el ilícito o que la conducta investigada no constituyó un hecho punible, o que la desvinculación del encartado respecto del proceso penal se produjo por la aplicación del principio in dubio pro reo, será necesario hacer el respectivo análisis a la luz del artículo 90 de la Constitución Política, esto es, identificar la antijuridicidad del daño.
Adicionalmente, deberá el juez verificar, imprescindiblemente, incluso de oficio, si quien fue privado de la libertad actuó, visto exclusivamente bajo la óptica del derecho civil, con culpa grave o dolo, y si con ello dio lugar a la apertura del proceso penal y a la subsecuente imposición de la medida de aseguramiento de detención preventiva.
Si el juez no halla en el proceso ningún elemento que le indique que quien demanda incurrió en esa clase de culpa o dolo, debe establecer cuál es la autoridad u organismo del Estado llamado a reparar el daño.
El funcionario judicial, en preponderancia de un juicio libre y autónomo y en virtud del principio iura novit curia, puede encausar el análisis del asunto bajo las premisas del título de imputación que considere pertinente, de acuerdo con el caso concreto y deberá manifestar de forma razonada los fundamentos que le sirven de base para ello.
6.3. Las consideraciones anteriores no resultan contradictorias con las conclusiones de la sentencia de unificación de la Corte Constitucional, SU 072/18, sobre el régimen de responsabilidad patrimonial del Estado aplicable en eventos de privación injusta de la libertad.
En efecto, la Corte precisa que, ni el artículo 90 de la Constitución Política, como tampoco el artículo 68 de la Ley 270 de 1996, que establece la privación injusta de la libertad como un evento resarcible, así como la sentencia C-037 de 1996, que determinó la exequibilidad condicionada de ese artículo, determinan un régimen específico de responsabilidad patrimonial del Estado en eventos de privación injusta de la libertad.
La Corte Constitucional reitera que en materia de reparación directa se acepta la aplicación del principio iura novit curia, de acuerdo con las particularidades de cada caso y que definir de manera rigurosa el título de imputación en estos eventos contraviene la interpretación del artículo 68 de la Ley 270 de 1996 y de contera el régimen general de responsabilidad estatal del artículo 90 de la Constitución Política.
En el mismo sentido precisa que en determinados eventos, entre los cuales hace referencia a la absolución por in dubio pro reo, no se acreditó el dolo o se declaró atipicidad subjetiva, la aplicación automática de un régimen de responsabilidad objetiva, sin que medie un razonamiento sobre si la privación de la libertad fue inapropiada, irrazonable, desproporcionada o arbitraria vulnera el precedente constitucional con efectos erga omnes, esto es la sentencia C-037 de 1996.
De acuerdo con la providencia, el juez puede escoger entre un título de imputación subjetivo u objetivo, de acuerdo con el carácter demostrativo de la prueba recaudada o la absoluta inexistencia de la misma y agrega que la nominación de las causales de privación injusta de la libertad no se agotan en las que prescribía el derogado artículo 414 del Decreto Ley 2700 de 1991.
Por último, en lo que tiene que ver con la unificación de la Corte Constitucional, en el mismo sentido de la sentencia de unificación de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en todos los casos en los que se reclame por un evento de privación injusta de la libertad debe considerarse la culpa exclusiva de la víctima.
6.4. Para llegar a las anteriores conclusiones, la Corte Constitucional pone de presente que la libertad es uno de los bastiones del Estado social de derecho de carácter multidimensional, como valor, principio y derecho fundamental, como se deduce del preámbulo y los artículo 1, 2 y 28 de la Constitución Política, entre otros, bajo el entendido de que valores tales como la democracia, el pluralismo y la dignidad humana no pueden ser entendidos sino tienen como punto de partida la libertad.
Sin embargo, la libertad, como otros derechos, no tiene carácter ilimitado y puede ceder en casos excepcionalísimos al disfrute de los derechos por parte de otros individuos o a la búsqueda del bienestar general. La fuente principal de esas restricciones es el derecho punitivo, que al mismo tiempo la reconoce de manera principalísima como un principio.
Esas restricciones excepcionales a la libertad, además de los límites constitucionales, están sometidas de manera superlativa a estrictas reglas de competencia, de tiempo para verificar su legalidad, así como a la posibilidad de revisar la pertinencia de la restricción. En el mismo sentido debe hacerse una diferenciación tajante entre dos figuras, pena y detención preventiva, y que esta no puede implicar, de ninguna manera, una vulneración al principio de presunción de inocencia y que, conforme al bloque de constitucionalidad, se encuentran sometidas al criterio irreductible de que sean absolutamente necesarias.
Pero además de la necesidad, ese ejercicio punitivo preventivo del Estado encuentra otro límite, como es el principio de proporcionalidad, que permite desde el ámbito constitucional examinar y neutralizar los excesos de la potestad de configuración del legislador penal, en particular la medidas cautelares dirigidas a afectar la libertad personal de una persona imputada por un hecho punible. La regla de proporcionalidad impone que los beneficios de las medidas preventivas deben ser superiores o razonablemente equivalentes a las restricciones que imponen a los afectados por ellas.
Bajo los anteriores parámetros, la Corte Constitucional, en materia de responsabilidad patrimonial del Estado por privación injusta de la libertad, reconoce que el Consejo de Estado, en aras del principio de seguridad jurídica, ha acudido tanto a un régimen responsabilidad subjetivo como objetivo en determinados eventos, lo cual no contradice, en principio, la jurisprudencia constitucional en cuanto a la interpretación integral del artículo 90 de la Constitución Política.
Sin embargo, señala que en cuatro eventos de absolución, como son que el hecho no existió, el sindicado no lo cometió, la conducta no constituía hecho punible o porque se aplicó el principio del in dubio pro reo, se ha aplicado el título objetivo de imputación del daño especial.
Con fundamento en todo lo anterior, la Corte Constitucional señala que en la sentencia C-037 de 1996 se concluyó que, cualquiera que sea el régimen a aplicar, la calificación de injusta de una privación de la libertad, implica necesariamente “definir si la providencia a través de la cual se restringió la libertad a una persona mientras era investigada y/o juzgada fue proporcionada y razonada, previa la verificación de su conformidad a derecho”. Frente a este tópico prescribe:
En este punto se precisa que esa comprensión fue plasmada como condicionamiento de dicho artículo, al consignar en el numeral tercero de la parte resolutiva que se declaraban exequibles “pero bajo las condiciones previstas en esta providencia, (…)”, entre otros, el artículo 68, sobre el cual en la parte considerativa se había determinado que las reflexiones transcritas eran las condiciones para declararlo exequible.
Ahora bien, la Corte señala que las normas que contienen los diferentes supuestos en los que procede la detención preventiva en los ordenamientos procesales penales, vigentes desde la promulgación del artículo 68 de la Ley 270 de 1996, le son inherentes el juicio de razonabilidad y de proporcionalidad. Sin embargo, los requisitos para imponer la medida de aseguramiento han variado de uno a otro de acuerdo el grado de convicción probatoria requerida, mientras el Decreto Ley 2700 de 1991 y la Ley 600 de 2000 solicitaban de uno o dos indicios graves de responsabilidad, respectivamente, la Ley 906 exige de una inferencia razonable de autoría o participación del imputado.
La Corte insiste en que para una interpretación adecuada del artículo 68 de la Ley 270 de 1996, el juez administrativo a la hora de definir si una privación de la libertad es injusta o no, independientemente del título de imputación que se elija aplicar, debe considerar si las decisiones adoptadas por el funcionario judicial se enmarcan en los presupuestos de “razonabilidad, proporcionalidad y legalidad”. Al respecto concluye:
Lo anterior significa que los adjetivos usados por la Corte [razonabilidad, proporcionalidad y legalidad] definen la actuación judicial, no el título de imputación (falla del servicio, daño especial o riesgo excepcional), esto es, aunque aquellos parecieran inscribir la conclusión de la Corte en un régimen de responsabilidad subjetivo; entenderlo así no sería más que un juicio apriorístico e insular respecto del compendio jurisprudencial que gravita en torno del entendimiento del artículo 68 de la Ley 270 de 1996, en tanto, debe reiterarse, la Corte estableció una base de interpretación: la responsabilidad por la actividad judicial depende exclusivamente del artículo 90 de la Constitución, el cual no establece un título de imputación definitivo, al haberse limitado a señalar que el Estado responderá por los daños antijurídicos que se le hubieren causado a los particulares.
Luego insiste en que el elemento común que exige el artículo 90 de la Constitución Política es la existencia de un daño antijurídico y que la responsabilidad patrimonial se define a partir de cualquiera de los títulos de imputación, frente a lo cual señala que, la sentencia C-037 de 1996 es consecuente con ese razonamiento a partir de la interpretación del artículo 65 de la Ley 270 de 1996, que es la cláusula general de responsabilidad del Estado en lo que tiene que ver con la actividad judicial, en la que no se adscribió a ningún título de imputación específico. Y en lo que tiene que ver con la privación injusta de la libertad señaló:
De esta manera, dependiendo de las particularidades del caso, es decir, en el examen individual de cada caso, como lo han sostenido el Consejo de Estado y la Corte Constitucional, el juez administrativo podrá elegir qué título de imputación resulta más idóneo para establecer que el daño sufrido por el ciudadano devino de una actuación inidónea, irrazonable y desproporcionada y por ese motivo, no tenía por qué soportarse.
La Corte señala que lo anterior no impide que se creen reglas en pro de ofrecer homogeneidad en materia de decisiones judiciales, pero estas deben fundamentarse en un análisis concienzudo de las fuentes del daño y no en generalizaciones normativas, que no tomen en cuenta las posibilidades que giran en torno a esas fuentes.
6.5. De acuerdo con lo anterior, la Corte Constitucional señala que en dos eventos establecidos por el Consejo de Estado, resulta factible aplicar un régimen objetivo de responsabilidad, estos son cuando el hecho no existió o la conducta era objetivamente atípica, en ambas situaciones la privación de la libertad resulta irrazonable y desproporcionada, por lo que “el daño antijurídico se demuestra sin mayores esfuerzos”.
En criterio de la Corte desde el inicio de la investigación el fiscal o juez deben tener claro que el hecho sí se presentó y que es objetivamente típico, ya que disponen de las herramientas necesarias para definir con certeza estos dos presupuestos. En el primer caso el funcionario judicial debe tener en claro esa información desde un principio y en el segundo se trata de una tarea más sencilla, que consiste en el cotejo entre la conducta que se predica punible y las normas que la tipifican como tal.
Las dos causales anteriores se contrastan con la absoluciones consistente en que el procesado no cometió el delito y la aplicación del principio in dubio pro reo, la Corte considera que estas requieren de mayores disquisiciones por parte de los fiscales o jueces para vincular al imputado con la conducta punible y presentarlo como autor de la misma. En un sistema como el acusatorio no resulta exigible al fiscal y al juez con función de garantías que en etapas tempranas de la investigación penal definir si el imputado ejecutó la conducta, pues será en etapas posteriores que el funcionario judicial definirá tales asuntos, que solo se pueden definir en la contradicción probatoria durante un juicio oral.
Lo mismo pasaría respecto de eventos de absolución en los que concurre una causal de justificación o una de ausencia de culpabilidad, en los que la conducta resulta objetivamente típica, pero no lo era desde el punto de vista subjetivo.
6.6. En conclusión, las sentencias de unificación del Consejo de Estado como de la Corte Constitucional, establecen que en eventos de privación injusta de la libertad no se determina un régimen único de responsabilidad subjetivo u objetivo. Sin embargo, cualquiera sea el que se aplique se debe tomar en cuenta, frente al caso concreto, si la medida fue legal, razonable y proporcionada.
En la misma vía, en todos los eventos posibles, será necesario descartar si el imputado o sindicado con su conducta dolosa o gravemente culposa dio lugar a la medida de privación de la libertad.
Bajo los anteriores parámetros entra a considerarse el caso concreto.
7. Problema jurídico
La Sala debe determinar si la privación de la libertad que soportó el señor Edwin Efraín Benavides Burgos, en el marco del proceso penal seguido en su contra por los delitos de secuestro extorsivo en el grado de tentativa y porte ilegal de armas de fuego de uso privativo de la fuerza pública, constituye una detención injusta que compromete la responsabilidad de la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación.
8. Elementos de la responsabilidad
8.1. El daño
En el presente asunto, el daño alegado por el demandante es la afectación a su libertad, durante el tiempo que estuvo privado de esta en el marco del proceso penal que se adelantó en su contra, como presunto responsable de los delitos de secuestro extorsivo en el grado de tentativa y porte ilegal de armas de fuego de uso privativo de la fuerza pública.
En efecto, la Sala considera que no hay duda de la existencia del daño alegado, pues se encuentra acreditado que en virtud de una investigación penal adelantada por la Fiscalía Novena Delegada ante los Jueces Penales del Circuito Especializado de San Juan de Pasto, se desplegó un operativo para evitar el secuestro de la hija del alcalde de Ipiales, el cual culminó con la captura en flagrancia del señor Edwin Efraín Benavides Burgos, el 6 de junio de 2003 (f. 28 c-pruebas); posteriormente, el 3 de julio siguiente, le fue impuesta medida de aseguramiento al demandante (f. 136-144 c-1).
Igualmente, se pudo acreditar que mediante providencia del 14 de enero de 2005, el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de San Juan Pasto absolvió a Edwin Efraín Benavides Burgos de los cargos formulados en su contra, por considerar que la conducta desplegada por aquel era atípica (f. 516-542 c-pruebas). El demandante recuperó su libertad el 17 de enero del 2005, de conformidad con la boleta de excarcelación (f. 550 c-pruebas).
En ese orden, es claro que el señor Edwin Efraín Benavides Burgos estuvo privado de la libertad en centro carcelario entre el 6 de junio de 2003 y el 17 de enero de 2005, es decir, por un lapso de 19 meses y 11 días.
En cuanto al daño alegado por los demás demandantes, la Sala encuentra lo siguiente:
Está probado mediante las respectivas copias de los registros civiles de nacimiento que Iván Alejandro Benavides Quenguan, Édison Albeiro Benavides Culchac y Jefferson Aldair Benavides Culchac son hijos del señor Edwin Efraín Benavides Burgos. Por tanto, su condición de damnificados se encuentra debidamente acreditada (f. 16, 17 y 18 respectivamente, c-1).
Igualmente, se tiene que al proceso concurrió la señora Arcelia Fabiola Burgos de Benavides, quien acreditó ser madre del afectado directo (f. 13 c-1), y los señores Jesús Armando Benavides Burgos y Guido Efraín Benavides Burgos hermanos del mismo, por lo que se infiere que padecieron un daño como consecuencia de la privación de la libertad del señor Edwin Efraín Benavides Burgos (f. 14 y 15 respectivamente, c-1).
8.2. La imputación
A pesar de que se demostró en el proceso que el señor Edwin Efraín Benavides Burgos estuvo privado de la libertad en desarrollo de una investigación penal que se adelantó en su contra por los delitos de secuestro extorsivo en el grado de tentativa y porte ilegal de armas de fuego de uso privativo de la fuerza pública, se trató de una restricción que no constituye un daño imputable a las entidades demandadas, tal como pasa a explicarse.
De acuerdo con las pruebas documentales que se aportaron con la demanda, para la Sala resulta necesario destacar los siguientes hechos probados de la investigación penal:
El 21 de mayo de 2003, el señor Víctor Gabriel González Viracachá puso en conocimiento de la Policía Nacional el plan que tenían unas personas, entre estas, el señor Edwin Efraín Benavides Burgos, de secuestrar a la señora Jenifer Almeida Méndez, hija del alcalde de Ipiales (f. 1-4 c- pruebas).
Por los hechos antes denunciados y dado que los posibles secuestradores efectuarían su plan el 6 de junio de 2003, se desplegó un operativo el cual culminó con la captura en flagrancia del señor Edwin Efraín Benavides Burgos, entre otros. Además, se incautaron dos granadas que se encontraban en el carro en el que se movilizaba el demandante (f. 23-26 c-pruebas).
El 7 de junio de 2003, la Fiscalía 30 Seccional de Ipiales profirió resolución de apertura de instrucción en contra del señor Edwin Efraín Benavides, por los delitos de secuestro extorsivo en el grado de tentativa y porte ilegal de armas de fuego de uso privativo de la fuerza pública (f. 33-34 c-pruebas). El 10 de junio de 2003, el hoy demandante rindió diligencia de indagatoria, oportunidad en la que se mostró ajeno a los hechos por los que fue capturado. Así lo hizo saber (f. 53-58 c-pruebas):
Preguntando: Porque considera usted que los agentes de la SIJIN, como lo viene refiriendo, le dijeron que confesara que era usted quien iba a efectuar el secuestro de la hija del alcalde municipal. Contestó: Nosotros íbamos para el barrio San Carlos a dejarme a mi casa y nos pararon los de la SIJIN, pero yo no sé porque razón nos quieren inculpar de un presunto secuestro de la hija del alcalde. Preguntando: Diga a la Fiscalía si usted había escuchado en alguna parte, los planes que se tenían de secuestrar a la hija del alcalde. Contestó: No había escuchado nada de eso en ninguna parte ni de ninguna persona (…) Preguntando: Ha dicho usted, igualmente, que no tiene ninguna relación con los planes de secuestrar a la hija del alcalde; sin embargo, las investigaciones de inteligencia que se venían adelantando hace tiempo atrás, indican que usted es uno de los que venían planeando tal hecho, que dice a ello. Contestó: Yo le digo que no he estado planeando ningún secuestro y menos a la hija del alcalde. Preguntando: Se conoce, igualmente, que usted, en compañía de Ana Lucía Táquez, son los principales personajes que venían preparando un plan de secuestro de la hija del alcalde, el cual habían intentado ejecutar en dos ocasiones anteriores, pero que no se llevó al efecto por mejor planificarlo (sic) hasta que se decidió que se llevaría a cabo el día viernes 6 de los cursantes, que responde a ello. Contestó: No señor, en ningún momento hemos hablado de ellos, con Ana Lucía no he hablado nada de esto y nada tiene que ver ella en esto ni tampoco los demás a quienes están metiendo en este problema. Preguntando: Se dice que usted, en compañía de Ana Lucía Táquez, un hermano suyo y dos taxistas, incluido Wilson Ramiro Paspuezan Villota, iban a secuestrar a la hija del alcalde con fines extorsivos, esto es, la iban a vender a un frente subversivo de las FARC que opera en Cumbal y que a su vez, cobrarían un duro rescate al alcalde municipal, que responde a esto. Contestó: No señor, en ningún momento se ha pensado en tal cosa, eso no es verdad. Preguntando: Existen grabaciones telefónicas que [lo] comprometen a usted y [a] Ana Lucía Tázques en el compromiso de secuestrar para la guerrilla a la hija del alcalde, comunicaciones telefónicas que se hallan transliteradas al papel y que obran en el expediente, que dice al respecto. Contestó: Yo digo que no he llamado a nadie ni tampoco que me han llamado. Preguntando: Diga a la Fiscalía si usted buscó, con el fin de secuestrar a la hija del alcalde, a personas que fueran de confianza para ella que facilitaran información respecto a los sitios que frecuentaba o por donde se movía. Que dice a ello. Contestó: No señor, yo no he hecho eso (…).
Por la naturaleza de los delitos endilgados -secuestro extorsivo en el grado de tentativa y porte ilegal de armas de fuego de uso privativo de la fuerza pública-, el proceso fue remitido a las Fiscalías Especializadas de San Juan de Pasto por ser las competentes para conocer de la investigación (f. 103-104 c-pruebas).
El 3 de julio de 2003, la Fiscalía Novena Delegada ante los Jueces Penales del Circuito Especializado de San Juan de Pasto resolvió la situación jurídica de los sindicados, entre ellos, el señor Edwin Efraín Benavides Burgos, y les impuso medida de aseguramiento consistente en detención preventiva sin beneficio de libertad provisional, por la posible comisión de los delitos de secuestro extorsivo en el grado de tentativa y porte ilegal de armas de fuego de uso privativo de la fuerza pública.
Los argumentos para adoptar la anterior decisión fueron los siguientes (f. 136-144 c-pruebas):
No cabe duda de que estamos en presencia de una sindicación directa y concreta hacia Edwin Benavides y Ana Lucía Táquez de ser coautores de la tentativa de secuestro con fines extorsivos del que iba a ser víctima una de las hijas del alcalde de Ipiales y cuando se inició la ejecución del hecho atravesando los plagiarios un vehículo al automotor en el que iba la víctima, fue además de Benavides, capturado Jhon Jario Cuaran, captura que podemos afirmar se produjo en estado de flagrancia.
Se está en presencia de una declaración coherente y debidamente circunstanciada, llena de detalles y afirmaciones que la hacen verosímil en su totalidad, proveniente de quien tuvo conocimiento directo de los planes de secuestro y continuó aparentando su complacencia con ello bajo la dirección de la Policía, obteniendo el deponente afirmación de primera mano y conocimiento directo de los intervinientes en el hecho, lo que en última instancia permitió se evitara la comisión del reato y la captura de tres integrantes de la banda. No hay motivo alguno para creer que González está faltando a la verdad, por el contrario, su espíritu cívico y su amistad con la hija y esposa del alcalde lo llevó a develar el siniestro plan, a sabiendas de que ello acarrearía graves consecuencias como amenazas en contra de su vida, de los que hay constancias en el proceso, incluso el suscrito fiscal cuando en días pasados estuvo dentro de esta investigación en la ciudad de Ipiales, se enteró que González tuvo que marcharse de esa ciudad ante la posibilidad de perder la vida.
(…)
En cuanto al porte de armas de uso privativo de la fuerza pública, reato en el cual creemos están inmersos los señores Cuaran y Benavides, de su autoría es prueba no solo los informes de policía que se entienden presentados bajo la gravedad de juramento, sino la declaración del agente Martelo quien fue el que encontró tales elementos ocultos en el interior del vehículo Renault 12 rojo en el que los sindicados referidos se transportaban, hallazgo que dice se produjo en presencia del mismo Curan y es que a pesar de la negativa de los procesados a aceptar el porte de las granadas, Benavides Burgos aparece firmando el acta de incautación que aparece a fol. 32, sin dejar constancia alguna.
En este orden de ideas, en contra de los sindicados más que indicios graves lo que obran son sindicaciones directas surgidas de prueba testimonial, que los señalan como coautores de los delitos investigados, aclarando que dicha coautoría se presenta para los tres sindicados respecto del delito de secuestro extorsivo en el grado de tentativa, toda vez que su consumación no se dio por circunstancias ajenas a la voluntad de los implicados, quienes llevaron a cabo todos los actos ejecutivos idóneos para tal consumación. En cuanto al porte ilegal de armas de la fuerza pública, por ahora deben ser considerados coautores los señores Cuaran y Benavides en cuyo poder se encontraron las dos granadas ya referidas. Por lo anterior y con base en los Art. 356 y 14 del C.P.P., hay lugar a imponer medida de aseguramiento en contra de Cuaran, Benavides y Táquez, medida consistente en detención preventiva sin beneficio de libertad provisional (…).
Mediante memorial del 16 de enero de 2004, el señor Edwin Efraín Benavides Burgos manifestó su voluntad de acogerse al beneficio de sentencia anticipada, para lo cual solicitó la ampliación de su indagatoria (f. 279 c-pruebas). Tal diligencia se llevó a cabo el 4 de febrero de 2004, oportunidad en la que el hoy demandante modificó su versión inicial y aceptó haber planeado el ilícito (f. 302-304 c-pruebas).
De la indagatoria se extraen las siguientes manifestaciones, por resultar relevantes:
…Preguntando: diga si de acuerdo a lo que ha manifestado en esa ampliación de indagatoria, es su deseo acogerse a la figura de la sentencia anticipada. Contestó: pues yo acepto que sí planee con el señor Gabriel secuestrar a la hija del alcalde, pero yo no puedo aceptar lo de las granadas, lo cual en ningún momento me han encontrado, a mi lo que me encontraron fue el celular que me había prestado mi hermano, eso es todo. Aclaro que por el delito de secuestro yo aceptaría todo. Preguntando: diga si tiene algo más que agregar, corregir o enmendar a lo anteriormente dicho. Contestó: Que las granadas en ningún momento me hallaron a mí y que eso fue un montaje de la ley, nada más señor fiscal.
La solicitud hecha por el señor Edwin Efraín Benavides Burgos de someterse a sentencia anticipada no prosperó, por cuanto aquel aceptó cargos, pero como cómplice, por tanto, se debía continuar con el procedimiento ordinario (f. 379 c-pruebas) .
Se encuentra demostrado que mediante providencia del 27 de febrero de 2004, la Fiscalía de conocimiento calificó el mérito del sumario y acusó ante los Jueces Penales del Circuito de San Juan de Pasto al señor Edwin Efraín Benavides Burgos y otros, por los delitos de secuestro extorsivo en el grado de tentativa y porte ilegal de armas de fuego de uso privativo de la fuerza pública. La decisión se fundamentó en las siguientes consideraciones (f. 333-347 c-pruebas):
Por su parte, Edwin Benavides dijo en su indagatoria que no conocía a González, lo que no solo es desmentido por el mismo Gabriel en su declaración, sino que sería mucha coincidencia que precisamente la policía, con base en la información de González, lo haya capturado en el sitio en el que se iba a dar el apoderamiento de la víctima, dándose la captura, porque precisamente en ese lugar estaba apostada la policía ya que de antemano sabía que el plagio se daría en el mismo.
Pero ya en la última ampliación de indagatoria, dijo Benavides que sí conocía a González, pero que fue él quien le propuso el plan de secuestro, ello cuando lo conoció, lo que tuvo lugar un día que González fue a cortarle el cabello a Táquez en el apartamento de él. O sea, donde Benavides y dicha mujer vivían. Nada más inverosímil, ello porque la simple lógica nos enseña que nadie va a proponer a otra persona a la que acaba de conocer que lleven a cabo un hecho tan grave y delicado como un secuestro, pero según este sindicado, ello no sucedió de tal manera.
Pero es que las situaciones ilógicas a las que se refiere este sindicado no paran allí, por ejemplo, dice que el día de los hechos cuando González fue a su residencia a ultimar detalles, él le dijo que no tenía vehículo para el secuestro, que entonces González le preguntó de quién era el carro que estaba afuera a lo cual le respondió que de un vecino, acordando, entonces, que ese sería el automotor a usarse. Esta desprevenida manera de conseguir el vehículo para el plagio es igualmente increíble, esto teniendo en cuenta, claro está, que Benavides no conducía el rodante sino que lo haría un vecino que supuestamente nada tenía que ver con los hechos, entonces, nos preguntamos, qué hubiese hecho Benavides con el conductor del rodante, ello en el momento en que fuese necesario subir al mismo a la secuestrada? Cuál iba a ser la reacción de ese conductor quien no sabía nada del plagio según lo dice Benavides? Sería que ese conductor sin reparo alguno aceptaría llevar a la hija del alcalde secuestrada hasta la población de Cumbal? En este orden de ideas vemos que Edwin en el sentido de que para conseguir el vehículo para el secuestro simplemente le dijo a Curcan, su conductor, que lo acompañara a trabajar en la noche y con engaños los llevó a los sitios en donde en efecto miró en dos oportunidades a Gabriel, es realmente inverosímil, por el contrario, esta nueva versión de tal sindicado confirma lo afirmado por González, en el sentido de que fue Edwin quien planeó el plagio, que consiguió el vehículo que por ello precisamente resultó ser el conducido por su vecino y amigo Jairo Miguel Curan, quien lógicamente también debió estar enterado de lo que se iba a hacer, por ello siguieron al carro verde en el que se desplazaba la supuesta víctima, seguimiento que cumplieron en dos oportunidades, seguimiento al que hicieron expresa referencia González y los miembros de la policía que hicieron parte en el operativo.
Es de anotar que no entendemos el motivo por el cual Benavides no dijo la supuesta verdad desde su primera intervención sino que espera varios meses en prisión y cuando ya se cierra la investigación, para darla a conocer. Caben en este punto las mismas reflexiones que se hicieron respecto de Táquez en cuanto a la ausencia de motivo para supuestamente no decir la verdad desde el inicio de la investigación y sobre la falta de credibilidad de su último dicho ya que si inicialmente mintió, nada garantiza que en la última ampliación de indagatoria diga la verdad, además que, a nuestro juicio, lo ilógico de la última versión y la prueba existente, desvirtúa su contenido.
(…)
No sobra decir que si bien la noche de los hechos la menor Yenifer Almeida fue suplantada por una integrante de la policía, ello no desdibuja al contrario de lo que cree el defensor, la existencia del delito en contra de la libertad individual que como tentado se perpetró, esto porque para los plagiarios sí se hallaba en el vehículo que pretendieron abordar, es decir, allí se encontraba una persona que ellos consideraban era hija del alcalde y muy seguramente de no haberse truncado sus planes habrían secuestrado a esa persona, pero el erró en el golpe, es decir, el secuestro de la persona equivocada no influye en nada la existencia del punible.
(…)
Por lo anterior, para este despacho se encuentra acreditado el inicio en la ejecución del plago investigado, el que tenía fines netamente extorsivos y como el mismo no se consumó gracias a la oportuna intervención de la autoridad, lo que ubica la conducta en el grado de tentada y que quienes intervinieron en tales hechos en calidad de coautores fueron Edwin Benavides y Ana Lucía Táquez, en contra de quienes obran pruebas de orden testimonial y documental ya referidas, motivo por el cual se los acusa en calidad de tales con base en el artículo 397 del C.P.P.
En cuanto al delito de porte ilegal de armas de fuego de uso privativo de la fuerza pública, solo el señor Benavides debe ser considerado coautor del mismo, esto con base en los informes de policía que se entienden presentados bajo la gravedad de juramento y la declaración del agente Martelo quien fue el que encontró tales elementos ocultos en el interior del vehículo Renault 12 color rojo en que los sindicados referidos se trasportaban, hallazgo con base en el cual se elevó la correspondiente acta de incautación, acta suscrita por el mismo Benavides Burgos quien se abstuvo de dejar constancia alguna, lo que significa que estuvo en pleno acuerdo con lo en ella consignado. El que se haya suscrito esta acta, es a nuestro juicio plena prueba del hallazgo al que se refiere Martelo (…) de todas maneras, si este proceso llega a la etapa de juicio, si el señor juez lo considera necesario habrá de ampliarse la declaración de Martelo para que diga a qué hizo referencia cuando habló del levantamiento del forro mencionado.
En cuanto a ese delito en contra de la seguridad pública cuya ocurrencia igualmente se encuentra demostrada con base en la prueba testimonial ya referida y la documental constituida por el acata de incautación, también se dicta resolución de acusación en contra de Benavides Burgos, ello con base en lo dispuesto por el ya citado artículo 397 C.P.P.
La anterior resolución fue objeto de recurso de apelación; sin embargo, la misma fue confirmada en su totalidad por la Fiscalía Segunda Delegada ante el Tribunal Superios de Pasto, mediante providencia del 28 de abril de 2004 (f. 374-381 c-pruebas).
Finalmente, se tiene probado que mediante providencia del 14 de enero de 2005, el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de San Juan Pasto absolvió al señor Edwin Efraín Benavides Burgos de los cargos formulados en su contra. Al respecto, el Juez de conocimiento sostuvo que el delito de secuestro no se había consumado, dado que las acciones desplegadas por el demandante no habían alcanzado los actos ejecutorios; en lo ateniente al punible de porte ilegal de armas de fuego de uso privativo de la fuerza pública, consideró que el proceso carecía de elementos de convicción para condenar.
Las razones de dicha decisión fueron las siguientes (516-542 c-pruebas):
2.1. Del secuestro extorsivo en grado de tentativa.
(…)
En esa perspectiva los actos desplegados por los procesados como acordar el plan del plagio, la consecución del rodante para su movilización, el seguimiento a la víctima hasta el barrio y su residencia, la comunicación permanente por teléfono con el supuesto partícipe González Viracachá, no pueden ser calificados como actos ejecutivos o como lo apunta el señor procurador judicial y tangencialmente el señor defensor, constituyen actos preparatorios. Sin lugar a dudas que hay otro elemento que confluye a esta consideración y es que se pone en duda que los dos procesados que se movilizaban en el rodante hayan portado granadas, pues en verdad estas armas de fuego no son las idóneas para la comisión del delito de marras pues es más razonable que se utilicen armas de fuego de cañón que tiene un alto poder intimidatorio sobre las víctimas y facilitan a los agresores su uso sin que estos corran el riesgo letal de su accionar bélico. En esa perspectiva entonces surge la duda de que los procesados cuando realizaban el seguimiento hayan realizado actos ejecutivos y más bien corresponden a los preparatorios o de ensayo de la hipótesis o plan criminal (…) se tiene que tal accionar corresponde más a los actos preparatorios que a los ejecutivos y como bien es sabido los actos preparatorios son impunes en nuestra legislación penal (…).
Por manera que la actuación oportuna de la Policía Nacional tuvo la virtualidad de impedir que se diera inicio a los actos ejecutivos, es decir, cuando los preparatorios aún no se agotaban y, en ese contexto, entonces, se reitera a la luz del dispositivo contenido en el Art. 27, tales actos son impunes y, por tanto, la decisión tiene que ser absolutoria por este cargo.
2.2. Del porte de armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas.
En el proceso obra el informe de captura en el que se señalan que el agente Martelo Londoño Nelson encontró en su interior dos granadas de fragmentación y señala incluso los sitios pertinentes; mas delante, aparecen unas actas de incautación de dos granadas y las suscriben el procesado Edwin Efraín Benavides y un funcionario de policía sin identificar. Tratando de verificar este aspecto relevante para establecer el tipo objetivo de este punible, se recibió la declaración del agente Nelson Martelo Londoño en la que sostiene categóricamente que participó personalmente en el registro del rodante y encontró las dos granadas en los lugares que con detalle señala. No obstante y como bien lo resalta el señor defensor en su intervención, más tarde en el testimonio rendido en la diligencia de inspección judicial declara de forma distinta, pues dice que en el momento de la captura no registró el rodante sino al otro día y que no recuerda la firma que suscribe el acta de incautación de las granadas (…). Semejante contracción tan ostensible que surge de la propia boca del agente en cita conduce inexorablemente a dudar de su credibilidad, pues resulta inconcebible que entre una y otra versión testimonial exista semejante contradicción en aspecto esencial para la investigación, y si a ello ser agregan las explicaciones de los procesados y los razonamientos de la defensa, resulta incuestionable que este aspecto del punible puntualizado por la Fiscalía devenga en dudoso e inverosímil, tanto más cuanto que las actas citadas ni siquiera se identifica el agente de policía que participó en la diligencia y solo obre una rúbrica desconocida. Tal contradicción existente entre una y otra versión testimonial del agente referido por su protuberancia conduce a que el señor defensor solicite se compulsen copias para que se investigue una presumible comisión de un eventual ilícito; tal petición no es descabellada y el despacho procederá a la compulsa de copias pertinente para los efectos de ley. En consecuencia y ante la protuberante duda sobre ese aspecto esencial del tipo se tiene que determinar que no hay prueba sobre este aspecto del punible y, por tanto, no se conducta tipicidad de este punible.
Así las cosas, de acuerdo con el material probatorio arrimado al plenario, para efectos de decidir el caso puesto a su consideración, precisa la Sala necesario concluir lo siguiente:
i) El 6 de junio de 2003, miembros de la Policía Nacional desplegaron un operativo para evitar el secuestro de la hija del alcalde de Ipiales, el cual culminó con la captura en flagrancia del señor Edwin Efraín Benavides Burgos y otros. Asimismo, se incautaron dos granadas que se encontraban al interior del carro en el que se movilizaba el demandante.
ii) Por los anteriores hechos, el señor Edwin Efraín Benavides Burgos fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Posteriormente, rindió diligencia de indagatoria, oportunidad en la que manifestó no tener relación con los hechos motivo de investigación.
iii) El 3 de julio de 2003, el ente investigador dictó medida de aseguramiento en contra del demandante por los delitos de secuestro extorsivo en el grado de tentativa y porte ilegal de armas de fuego de uso privativo de la fuerza pública, para lo cual tuvo en cuenta las acusaciones realizadas en su contra, la situación en flagrancia y los elementos incautados.
iv) El 4 de febrero de 2004, el hoy demandante amplió su indagatoria y modificó su versión inicial en el sentido de explicar que sí planeó el secuestro. Por otra parte, negó su relación con las granadas incautadas.
v) Mediante Resolución de 27 de febrero de 2004, la Fiscalía Novena Delegada ante los Jueces Penales del Circuito Especializado de San Juan de Pasto calificó el mérito del sumario y acusó al señor Edwin Efraín Benavides Burgos por los delitos de secuestro extorsivo en el grado de tentativa y porte ilegal de armas de fuego de uso privativo de la fuerza pública.
vi) Finalmente, el 14 de enero de 2005, el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de San Juan Pasto absolvió al señor Edwin Efraín Benavides Burgos de los cargos formulados en su contra. En primer lugar, consideró que el delito de secuestro solo había llegado a actos preparatorios y, por tanto, estos no eran punibles; en segundo lugar, expuso que no existían pruebas para condenar al actor por el delito de porte ilegal de armas de fuego de uso privativo de la fuerza pública.
Así las cosas, es claro que el señor Edwin Efraín Benavides Burgos fue privado de la libertad, en virtud de una medida de aseguramiento impuesta en desarrollo de una investigación penal adelantada por los delitos de secuestro extorsivo en el grado de tentativa y porte ilegal de armas de fuego, que finalizó, por atipicidad de la conducta, en cuanto se concluyó que el comportamiento del ahora demandante no constituyó conducta punible.
Sin embargo, lo anterior no resulta suficiente para imputar responsabilidad patrimonial al Estado, toda vez que se debe, por un lado, determinar si el ciudadano al que se le afectó su derecho a la libertad incurrió en alguna conducta gravemente culposa o dolosa –bajo la perspectiva del Código Civil- y si con ello dio lugar a la restricción de sus derechos fundamentales y, por otro, en el evento en que se descarte una actuación de esa naturaleza, analizar si las medidas restrictivas resultaron injustas y, en tal caso, generadoras de un daño antijurídico imputable a la administración.
Bajo la idea que se sigue, vale anotar que la Ley 270 de 1996, en el artículo 70, establece que el Estado se exonerará de responsabilidad cuando el daño sea atribuible a la culpa exclusiva de la víctima, en los siguientes términos:
El daño se entenderá como debido a culpa exclusiva de la víctima cuando ésta haya actuado con culpa grave o dolo, o no haya interpuesto los recursos de ley. En estos eventos se exonerará de responsabilidad al Estado.
Al respecto, la jurisprudencia de esta Sección ha reiterado que cuando la conducta del procesado justificó la actuación judicial, particularmente en lo que atañe a la restricción de su libertad, es posible concluir que el daño irrogado proviene de la propia víctima, aun cuando no hubiere sido condenada, cuando su actuar, ya sea activo u omisivo, hubiese sido la causa eficiente y determinante en la producción del resultado lesivo. Así lo ha entendido esta Corporación:
En materia de responsabilidad del Estado por el daño de los agentes judiciales, el artículo 70 de la Ley 270 de 1996 -Estatutaria de la Administración de Justicia- establece que el daño se entenderá causado por la culpa exclusiva de la víctima cuando se encuentre acreditado que esta actuó con culpa grave o dolo o no haya interpuesto los recursos de ley.
Para identificar los conceptos de culpa grave y dolo, la jurisprudencia ha acudido a los criterios contemplados en el artículo 63 del Código Civil, de los cuales se extrae que el primero corresponde con un comportamiento grosero, negligente, despreocupado o temerario, mientras que el segundo se equipara con la conducta realizada con la intención de generar daño a una persona o a su patrimonio.
La Corporación ha establecido que la declaratoria de culpa exclusiva de la víctima obliga a que se examine si el proceder –activo u omisivo– de quien predica la responsabilidad del Estado tuvo injerencia en la generación del daño. De ser así, corresponde examinar en qué medida la acción u omisión de la víctima contribuyó en el daño. Puntualmente, esta Sección sostuvo:
Cabe recordar que la culpa exclusiva de la víctima, entendida como la violación por parte de ésta de las obligaciones a las cuales está sujeto el administrado, exonera de responsabilidad al Estado en la producción del daño.
(…)
‘Específicamente, para que pueda hablarse de culpa de la víctima jurídicamente, ha dicho el Consejo de Estado, debe estar demostrada además de la simple causalidad material según la cual la víctima directa participó y fue causa eficiente en la producción del resultado o daño, el que dicha conducta provino del actuar imprudente o culposo de ella, que implicó la desatención a obligaciones o reglas a las que debía estar sujeta.
De igual forma, se ha dicho:
… para que la culpa de la víctima releve de responsabilidad a la administración, aquella debe cumplir con los siguientes requisitos:
Una relación de causalidad entre el hecho de la víctima y el daño. Si el hecho del afectado es la causa única, exclusiva o determinante del daño, la exoneración es total. Por el contrario, si ese hecho no tuvo incidencia en la producción del daño, debe declararse la responsabilidad estatal (…)”.
Bajo ese panorama, en asuntos como el que aquí se debate, la culpa exclusiva de la víctima se configura cuando se acredita que el afectado actuó con temeridad en el proceso penal o que incurrió en comportamientos irregulares que ameritaban el adelantamiento de la respectiva actuación y, de manera consecuente, justificaban la imposición de una medida que le privó de su libertad.
A pesar de que el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de San Juan Pasto absolvió al demandante por considerar i) que el delito de secuestro solo había llegado a actos preparatorios y ii) que el expediente carecía de pruebas para condenar por el punible de porte ilegal de armas de fuego de uso privativo de la fuerza pública, a la Sala no le cabe duda de que su actuar dio lugar a que fuera sujeto de una medida restrictiva de su libertad, lo cual, desde luego, no implica una calificación de las decisiones adoptadas por la justicia ordinaria.
En efecto, de los hechos probados en el expediente, se extrae que si bien el juez penal consideró que el señor Edwin Efraín Benavides Burgos no vulneró ningún bien jurídico tutelado al intentar secuestrar a una persona, lo cierto es que tal comportamiento sí está llamado a producir plenos efectos jurídicos en materia de la responsabilidad extracontractual del Estado que aquí se demanda.
En primer lugar, se tiene la situación en flagrancia en la que fue aprehendido el señor Benavides Burgos. En efecto, cuando la Policía Nacional intervino para evitar la consumación del ilícito, el señor Edwin Efraín Benavides Burgos fue capturado junto con los demás partícipes del hecho delictivo.
En segundo lugar, no queda duda de que la diligencia de indagatoria fue concluyente para imponer la medida de aseguramiento. En un principio, lo dicho por el señor Edwin Efraín Benavides Burgos contrastaba con la realidad probatoria, lo cual fue determinante para decretar la restricción de la libertad. Posteriormente, por el cambio de versión y su aceptación en la planeación del delito, dable era concluir su participación en la comisión.
En tercer lugar, se tiene que el señor Edwin Efraín Benavides Burgos fue absuelto porque las acciones desplegadas por el aquel no alcanzaron a los actos ejecutorios del delito, toda vez que la Policía Nacional intervino eficientemente para evitarlo.
En ese sentido, la Sala encuentra demostrado que el señor Edwin Efraín Benavides Burgos tenía la intención de secuestrar a la hija del entonces alcalde de Ipiales, tanto así que dio inicio a los actos preparatorios del delito, y aunque la intención y los actos no fueron suficientes para configurar el tipo penal, lo cierto es que el demandante sí participó en la planeación del hecho e intentó la materialización del mismo, lo cual quedó plenamente acreditado en la sentencia absolutoria.
En efecto, al margen de que los actos desplegados por el señor Edwin Efraín Benavides Burgos no tuvieron implicaciones en el ámbito penal, se considera que sí dieron lugar a que se le iniciara una investigación y a que se le impusiera medida de aseguramiento de detención preventiva, pues resulta cuestionable que el hoy demandante hubiera planeado e intentado secuestrar a una persona.
En este orden de ideas, debe preverse que en el presente asunto se vislumbra una clara intención dolosa de quebrantar el ordenamiento penal, al intentar secuestrar a una persona para la consecución de un interés económico ilegal.
En otras palabras, aunque el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de San Juan Pasto absolvió al señor Edwin Efraín Benavides Burgos de los cargos formulados en su contra, el comportamiento del sindicado reveló un actuar doloso, pues aquel tenía la intención de cometer el delito, tanto así, que realizó la totalidad de los actos preparatorios y, además, inició su ejecución, la cual se vio frustrada por el actuar de la Fuerza Pública.
Ahora bien, según lo manifestado en el recurso de apelación, la captura del señor Edwin Efraín Benavides Burgos obedeció a un “montaje orquestado por agentes, lo que hoy se conoce como falso positivo”, tanto así, que el juez penal ordenó compulsar copias para que se investigue la comisión de un eventual ilícito de fraude procesal. De lo anterior, se infiere que lo que alega la parte actora es la configuración de una falla en el servicio por parte de miembros de la Policía Nacional.
De conformidad con lo plasmado en la sentencia penal, el señor Edwin Efraín Benavides Burgos fue absuelto del delito de porte ilegal de armas de fuego de uso privativo de la fuerza pública, por las contradicciones en las que incurrió el agente que incautó el material bélico. No obstante lo anterior, para la Sala no hay duda de que la privación de la libertad del demandante no tuvo su causa eficiente o adecuada en la actividad de la administración, sino en la conducta asumida por aquel, cuando intentó secuestrar a una persona.
Además, resulta importante destacar que al proceso fueron allegadas dos certificaciones proferidas, respectivamente, por el Juzgado 182 de Instrucción Penal Militar y por la Oficina de Control Interno de la Policía, en las que se consignaron lo siguiente:
El Juzgado 182 de Instrucción Penal Militar, expuso (f. 157 c-1):
En atención al oficio de la referencia, me permito informar a ese respetuoso tribunal que el Juzgado 182 de Instrucción Penal Militar adscrito al Departamento de Policía de Nariño, no adelanta ni adelantó investigación penal en contra de institucionales miembros de Policía Judicial, SIJN IPIALES, respecto a una posible privación ilegal en persona de Edwin Benavides Burgos, el 7 de junio de 2003.
Por su parte, la Oficina de Control Interno de la Policía, manifestó:
En atención al oficio de la referencia que trata acerca de informar si existió o existe investigación disciplinaria contra miembros de la unidad investigativa de la Policía Judicial de la SIJIN Ipiales, respecto de la presunta retención ilegal de que fuera objeto el señor Edwin Benavides Burgos, el 7 de junio de 2003.
De acuerdo a lo anterior, me permito informar que revisado el sistema jurídico (SIJUR) no se registra investigación relacionada con lo antes descrito.
En conclusión, aun cuando aquí no se debate la responsabilidad penal ni se cuestiona la decisión de fondo proferida por la jurisdicción ordinaria, sí se advierte que las circunstancias en las que se presentaron los hechos que sirven de sustento a la demanda, dan cuenta de una situación que involucró al mencionado actor, la cual sirvió de fundamento para la imposición de la medida de aseguramiento que se tradujo en la restricción de su libertad.
De esta manera, la Sala encuentra configurada la causal eximente de responsabilidad consagrada en el artículo 70 de la Ley 270 de 1996, que establece que en caso de responsabilidad del Estado por el actuar de sus funcionarios y empleados judiciales, “el daño se entenderá como debido a culpa exclusiva de la víctima cuando ésta haya actuado con culpa grave o dolo”.
Por lo tanto, al momento de restringírsele la libertad al aquí demandante el ente acusador contaba con indicios racionales que le indicaban que podía estar incurso en los delitos investigados, pues fue el proceder del investigado el que dio lugar al proceso penal que se adelantó en su contra.
Así las cosas, la Sala confirmará la sentencia apelada, esto es la proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño el 10 de agosto del 2012.
9. Condena en costas
Toda vez que no se evidencia temeridad, ni mala fe de las partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas de conformidad con lo normado en el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del 10 de agosto de 2012, proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño, por las razones expuestas en esta providencia.
SEGUNDO. Sin condena en costas.
TERCERO. Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
MARÍA ADRIANA MARÍN MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
CARLOS ALBERTO ZAMBRANO BRRERA
Tal decisión fue notificada en legal forma al Ministerio del Interior y de Justicia (f. 57 c-1), Fiscalía General de la Nación (f. 59 c-1), Policía Nacional (f. 61 c-1) y Ministerio Público (f. 54 vto c-1).
Auto del 9 de septiembre de 2008 de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, expediente: 11001-03-26-000-2008-00009-00. M.P. Mauricio Fajardo Gómez. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 14 de febrero de 2002, expediente: 13.622, M.P. María Elena Giraldo Gómez, reiterada en sentencia del 11 de agosto de 2011 por la Subsección A de la Sección Tercera de esta Corporación, expediente: 21.801, M.P. Hernán Andrade Rincón. También puede consultarse: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, auto de 19 de julio de 2010, expediente: 37.410, M.P. Mauricio Fajardo Gómez. Original de la cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 27 de marzo de 2014, rad. 22597, M.P. Danilo Rojas Betancourth. Original de la cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 29 de mayo de 2014, rad. 24078, M.P. Ramiro Pazos Guerrero: (…) En cuanto a las indagatorias. La indagatoria rendida por Miguel Rodríguez Orejuela, arrimada a este proceso, proveniente de la Dirección Nacional de Fiscalías, la cual contribuyó a desvirtuar que el demandante Enrique Mancera estaba relacionado con el “cartel de narcotráfico de Cali”, no pueden ser tenidas como medio de prueba, toda vez que se trata de una versión que se obtuvo sin el apremio del juramento y, por tanto, no reúne las características necesarias para que pueda considerársela como testimonio. Lo anterior no es impedimento para que en algunos casos se tengan en cuenta las afirmaciones que los indagados consientan en hacer bajo la gravedad del juramento, lo que se deduce de la aplicación a contrario sensu de la regla antes aludida. Original de la cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 26 de noviembre de 2015, rad. 36170 y del 25 de julio de 2016, rad. 37125, M.P. Danilo Rojas Betancourth. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 1º de agosto de 2016, rad. 42376, M.P. Ramiro Pazos Guerrero. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 2 de mayo del 2007, expediente No. 15463. Reiterada en sentencia de Sala Plena de la Sección Tercera del 6 de abril de 2011, expediente No. 21563. C.P. Ruth Stella Correa Palacio. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 4 de diciembre del 2006, expediente No. 13468. Reiterada en sentencia de unificación de 17 de octubre del 2013, expediente No. 23354. C.P. Mauricio Fajardo Gómez. Al respecto, entre otras múltiples de la subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado se pueden consultar las siguientes sentencias: 19 de julio de 2017, exp. 45466, 14 de septiembre de 2017, exp. 47800, 12 de octubre de 2017, exp. 48048, 1 de febrero de 2018, expedientes 46817 y 45146, 10 de mayo de 2018, exp. 45358, 5 de julio de 2018, exp. 47854, 19 de julio de 2018, exp. 52399, 27 de septiembre de 2018, exp. 52404. Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Tercera, Sentencia de Unificación de 15 de agosto de 2018, expediente 46.947, C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera.
“La ley distingue tres especies de culpa o descuido.
“Culpa grave, negligencia grave, culpa lata, es la que consiste en no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aun las personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios. Esta culpa en materias civiles equivale al dolo. Culpa leve, descuido leve, descuido ligero, es la falta de aquella diligencia y cuidado que los hombres emplean ordinariamente en sus negocios propios. Culpa o descuido, sin otra calificación, significa culpa o descuido leve. Esta especie de culpa se opone a la diligencia o cuidado ordinario o mediano. El que debe administrar un negocio como un buen padre de familia, es responsable de esta especie de culpa. Culpa o descuido levísimo es la falta de aquella esmerada diligencia que un hombre juicioso emplea en la administración de sus negocios importantes. Esta especie de culpa se opone a la suma diligencia o cuidado.
El dolo consiste en la intención positiva de inferir injuria a la persona o propiedad de otro”. Consideración que resulta congruente con la parte resolutiva del mismo fallo: “PRIMERO: MODIFÍCASE LA JURISPRUDENCIA DE LA SECCIÓN TERCERA en relación con los casos en que la litis gravita en torno a la responsabilidad patrimonial del Estado por los daños irrogados con ocasión de la privación de la libertad de una persona a la que, posteriormente, se le revoca esa medida, sea cual fuere la causa de ello, y UNIFÍCANSE criterios en el sentido de que, en lo sucesivo, en esos casos, el juez deberá verificar: 1) Si el daño (privación de la libertad) fue antijurídico o no, a la luz del artículo 90 de la Constitución Política; 2) Si quien fue privado de la libertad actuó con culpa grave o dolo, desde el punto de vista meramente civil -análisis que hará, incluso de oficio-, y si con ello dio lugar a la apertura del proceso penal y a la subsecuente imposición de la medida de aseguramiento de detención preventiva (artículos 70 de la ley 270 de 1996 y 63 del Código Civil) y, 3) Cuál es la autoridad llamada a reparar el daño. En virtud del principio iura novit curia, el juez podrá encausar el análisis del asunto, siempre en forma razonada, bajo las premisas del título de imputación que, conforme al acervo probatorio, considere pertinente o que mejor se adecúa al caso concreto”. Corte Constitucional, sentencia SU 072/18 del 5 de julio de 2018, M.P: José Fernando Reyes Cuartas. Ibídem. Acápite 117 y 118. Ibídem, Acápites 119 y 120. Ibídem, Acápite 121. Ibídem, Acápite 124
Ibídem, Acápites 67 a 69. Ibídem. Acápites 69 y 70. Artículos 4 del Decreto Ley 2700 de 1991, 3 de la Ley 600 de 2000 y 2 de la Ley 906 de 2004. Ibídem. Acápite 70. Sentencia C-106 de 1994. Ibídem. Acápite 71. Sentencia C-106 de 1994. Ibídem. Acápite 101. Ibídem. Acápite 102. Ibídem. Acápite 102. La Corte hace referencia al Decreto Ley 2700 de 1991, artículos 355 y 356 de la Ley 600 de 2000 y 308 de la Ley 906 de 2004
Ibídem. Acápite 103. Ibídem. Acápite 104. Más adelante señala: “112. En suma, la aplicación de cualquier de los regímenes de responsabilidad del Estado mantienen incólumes la excepcionalidad y los juicios de necesidad, razonabilidad y proporcionalidad, así como la presunción de inocencia que preceden a la imposición de una medida de aseguramiento…”. Ibídem. Acápite 104. Ibídem. Acápite 104. Ibídem. Acápite 105. Ibídem. Acápite 105. Ibídem. Acápite 106. Ibídem. Acápite 106. En efecto, los registros civiles de ellos dan cuenta que eran hijos de los mismos padres del señor Edwin Efraín Benavides Burgos y, por tanto, son hermanos entre sí. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 5 de abril de 2017, exp. 41977, radicado No. 05001-23-31-000-2003-00113-01. Actor: Wilson Antonio Chaverra González y otros. Demandado: Nación – Rama Judicial – Fiscalía General de la Nación; sentencia del 26 de abril de 2017, exp. 45313, radicación No. 25000-23-31-000-2009-00414-01. Actor: Luis Porfidio Farías Sánchez y otros. Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación; sentencia del 7 de junio de 2017, exp. 42021, radicación No. 25000-23-26-000-2009-00496-01. Actor: Jairo Hernán Benjumea y otros. Demandado. Nación – Fiscalía General de la Nación, entre muchas otras. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 10 de noviembre del 2017. C.P: Marta Nubia Velásquez Rico (E). En este sentido se pueden consultar, entre otras, las siguientes providencias: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 18 de febrero de 2010, exp. 17.933, M.P. Dra. Ruth Stella Correa Palacio; sentencia de 30 de abril de 2014, exp. 27.414, M.P. Danilo Rojas Betancourth; sentencia de 2 de mayo de 2016, exp. 32.126, M.P. Danilo Rojas Betancourth, reiteradas por la sentencia del 1 de agosto de 2016, exp. 41.601, M.P. Hernán Andrade Rincón.
“Artículo 63.
Clases de culpa y dolo. La ley distingue tres especies de culpa o descuido.
“Culpa grave, negligencia grave, culpa lata, es la que consiste en no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aún las personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios. Esta culpa en materia civil equivale al dolo.
“Culpa leve, descuido leve, descuido ligero, es la falta de aquella diligencia y cuidado que los hombres emplean ordinariamente en sus negocios propios. Culpa o descuido, sin otra calificación, significa culpa o descuido leve. Esta especie de culpa se opone a la diligencia o cuidado ordinario o mediano.
“El que debe administrar un negocio como un buen padre de familia, es responsable de esta especie de culpa.
“Culpa o descuido levísimo es la falta de aquella esmerada diligencia que un hombre juicioso emplea en la administración de sus negocios importantes. Esta especie de culpa se opone a la suma diligencia o cuidado.
“El dolo consiste en la intención positiva de inferir injuria a la persona o propiedad de otro”. Cita textual del fallo: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 9 de julio de 2014, expediente No. 38438. C.P: Hernán Andrade Rincón. Cita textual del fallo: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 20 de abril de 2005; expediente No. 15784. C.P: Ramiro Saavedra Becerra.
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