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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-31-000-2009-00414-01

Acción de reparación directa: por privación injusta de la libertad

Fecha
26 de abril de 2017
Consejero ponente
Marta Nubia Velásquez Rico
Citada por
9 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-31-000-2009-00414-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

F A L L A PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 29 de marzo de 2012, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A. SEGUNDO: Sin condena en costas Ejecutoriada la presente providencia, por Secretaría DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 25000-23-31-000-2009-00414-01

Consejero ponente: Marta Nubia Velásquez Rico

26 de abril de 2017

ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA - Por privación injusta de la libertad / PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD - De ex Director Seccional del Departamento Administrativo de Seguridad en Sucre sindicado de los delitos de peculado por apropiación, falsedad ideológica en documento público, constreñimiento ilegal y abuso de función pública / MEDIDA DE ASEGURAMIENTO - De detención preventiva sin beneficio de excarcelación / SENTENCIA ABSOLUTORIA - Por aplicación del principio de in dubio pro reo / DAÑO ANTIJURÍDICO - Privación injusta de la libertad y afectación al buen nombre del procesado

Como fundamento fáctico de la demanda, en síntesis, se narró que, con ocasión de la información rendida por un anónimo, según la cual se cometieron varias irregularidades al interior del DAS en 1999, mediante providencia del 1 de marzo de 2000, la Fiscalía ordenó la apertura de una investigación contra el señor Luis Porfidio Farías Sánchez, quien se desempeñaba como Director Seccional de dicho departamento administrativo en Sucre. Tal y como se señaló en la demanda, al aquí demandante le fue impuesta medida de aseguramiento de detención preventiva y, posteriormente, se profirió resolución de acusación en su contra, por los delitos de peculado por apropiación, falsedad ideológica en documento público, constreñimiento ilegal y abuso de función pública. Más adelante, afirmó la parte actora que el Juzgado 16 Penal del Circuito de Bogotá, mediante sentencia del 25 de noviembre de 2003, absolvió al señor Farias Sánchez de los delitos por los cuales fue acusado, providencia que, a través de la sentencia del 28 de febrero de 2006, fue confirmada por la Sala Penal del Tribunal Superior de Descongestión de San Gil.

ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA - Privación injusta de la libertad / PRELACIÓN DE FALLO - Sin sujeción al orden cronológico de turno por reiteración jurisprudencial

En la actualidad, la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado tiene a su conocimiento procesos que entraron para dictar fallo definitivo con anterioridad al presente asunto, situación que, en los términos del artículo 18 de la Ley 446 de 1998, exigiría su decisión en atención al orden cronológico respecto del cual pasaron los expedientes al Despacho de la Magistrada conductora del presente proceso. No obstante, la Ley 1285 de 2009, en su artículo 16, permite decidir de manera anticipada, esto es, sin sujeción al orden cronológico de turno, los procesos en relación con los cuales para su decisión definitiva “entrañe sólo la reiteración de jurisprudencia”. En el presente caso se encuentra que el objeto del debate tiene relación con la privación injusta de la libertad del señor Luis Porfidio Farías Sánchez, tema respecto del cual la Sección Tercera del Consejo de Estado ha tenido la oportunidad de pronunciarse en muchas ocasiones, asunto en el que se ha fijado una jurisprudencia consolidada y reiterada, motivo por el cual, con fundamento en el artículo 16 de la Ley 1285 de 2009, la Subsección se encuentra habilitada para resolver el presente asunto de manera anticipada.

FUENTE FORMAL: LEY 446 DE 1998 – ARTÍCULO 18 / LEY 1285 DE 2009 - ARTÍCULO 16

CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD - Dos años contados a partir del día siguiente a la ejecutoria de la providencia que precluyó la investigación, de la sentencia absolutoria o desde la fecha en que quede en libertad el procesado / ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA - Presentada dentro del término legal respecto de la privación injusta de la libertad y del daño causado por la divulgación de la captura en medios de comunicación

[E]n tratándose de acciones de reparación directa por privación injusta de la libertad, la jurisprudencia reiterada de esta Sección del Consejo de Estado ha considerado que el término de caducidad se empieza a contar a partir del día siguiente a la ejecutoria de la providencia que precluyó la investigación, de la sentencia absolutoria o desde el momento en que quede en libertad el procesado, lo último que ocurra, momento a partir del cual se configura el carácter injusto de la limitación del derecho a la libertad. En ese sentido, como la sentencia del 25 de noviembre de 2003, mediante la cual se absolvió de responsabilidad penal al aquí demandante y que fue confirmada a través de la sentencia del 28 de febrero de 2006, cobró ejecutoria el 9 de mayo de 2006, el 10 de mayo de la misma anualidad es la fecha a partir de la cual inició el conteo de la caducidad por el primero de los daños demandados, esto es, por la privación injusta de la libertad. De igual manera, considera la Sala que, en tratándose de la divulgación a los medios de comunicación de la presunta participación del aquí demandante en unos delitos contra la Administración Pública, el 10 de mayo de 2006 también es la fecha a partir de la cual comenzó el cálculo de dicho fenómeno jurídico, toda vez que desde la ejecutoria de la sentencia del 25 de noviembre de 2003 es que cualquier imputación en contra del señor Luis Porfidio Farías Sánchez quedó sin fundamento, en atención a que su presunción constitucional de inocencia se mantuvo incólume.

RECORTES DE PRENSA - Valor probatorio / VALOR PROBATORIO DE RECORTES DE PRENSA - Sólo demuestra el registro mediático de unos hechos, sin que, por sí sola, constituya un medio idóneo que acredite la veracidad y autenticidad de su contenido

Previo a realizar el análisis del caso concreto, la Sala considera necesario señalar que si bien en el expediente reposan copias de la sección de redacción judicial del periódico El Tiempo del 10 de marzo de 2000 y de la revista Semana del 17 de marzo de 2000, así como las emisiones del 6 de abril de 2000 de Noticias Caracol y de Noticias RCN, respectivamente, de conformidad con la sentencia de la Sala Plena de esta Corporación del 29 de mayo de 2012, la información que aparece en los artículos de prensa, únicamente, tiene la capacidad de demostrar el registro mediático de unos hechos, sin que, por sí sola, constituya un medio idóneo que acredite la veracidad y autenticidad de su contenido, por lo que su eficacia probatoria descansa en la conexidad que acredite con otros elementos probatorios que reposen en el plenario. NOTA DE RELATORÍA: Referente al valor probatorio de recortes periodísticos, consultar sentencia de 10 de septiembre de 2014, Exp. 73001-23-31-000-2002-01402-01(30875) CP. Carlos Alberto Zambrano Barrera.

CULPA EXCLUSIVA DE LA VÍCTIMA - Causal eximente de responsabilidad estatal que opera por comportamiento doloso o gravemente culposo del mismo / CULPA EXCLUSIVA DE LA VÍCTIMA - Desvirtúa responsabilidad del Estado cuando se acredite que fue la causa eficiente y determinante en la producción del daño / MEDIDA RESTRICTIVA DE LA LIBERTAD - Producto del indebido actuar del actor

A pesar de que se encuentra acreditado que el señor Luis Porfidio Farías Sánchez vio restringido su derecho fundamental a la libertad, con ocasión de un proceso penal que se adelantó en contra suya, la Sala observa que en el caso bajo estudio operó la causal eximente de responsabilidad de culpa exclusiva de la víctima. Para ello, sea lo primero manifestar que el artículo 70 de la Ley 270 de 1996 dispuso que, en tratándose del supuesto de responsabilidad de la Administración de Justicia por privación injusta de la libertad, el daño se entenderá atribuido a la culpa exclusiva de la víctima, cuando esta haya actuado con culpa grave o con dolo conductas que, según la jurisprudencia, de la lectura del artículo 63 del Código Civil, se refieren a un comportamiento grosero, negligente, despreocupado o temerario o a la realizada con la intención de generar un daño a una persona o a su patrimonio, respectivamente. Asimismo, tal y como ha sido la postura reiterada y sostenida de esta Sección, para efectos de que opere esta causal eximente de responsabilidad debe estar acreditado que el proceder de la víctima, ya sea activo u omisivo, fue la causa eficiente y determinante en la producción del resultado lesivo (…) En ese entendido, a pesar de que el señor Luis Porfidio Farías Sánchez resultó absuelto de los delitos que se le imputaron, bajo la aplicación del principio de in dubio pro reo, sin que ello implique una calificación de las decisiones adoptadas por la justicia penal, en orden a determinar si fueron acertadas o no, para la Sala, la conducta del hoy demandante dio lugar a que, además de ser investigado, fuera objeto de una medida restrictiva de su libertad. NOTA DE RELATORÍA: Referente a la culpa exclusiva de la víctima como eximente de responsabilidad estatal, consultar sentencia de 25 de julio de 2002, Exp. 05001-23-24-000-1993-3744-01(13744), CP. María Elena Giraldo Gómez.

FUENTE FORMAL: LEY 270 DE 1996 - ARTÍCULO 70 / CÓDIGO CIVIL – ARTÍCULO 63

CAUSA EFICIENTE Y DETERMINANTE DEL DAÑO - Alteración de informes de gastos por parte del demandante / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD - Inexistente al configurarse eximente de responsabilidad de culpa exclusiva de la víctima

[A] pesar de que al señor Farías Sánchez no le fue imputable una condena en el campo penal, la irregularidad de su conducta, al manipular información de la cual, aseveró, no tenía por qué tener conocimiento, sí resultó determinante en el ámbito de la responsabilidad civil, por cuanto, rompió el nexo de causalidad entre el daño a él irrogado y su atribución a la Fiscalía General de la Nación, en tanto instó a que por los serios indicios que sobre él recaían se le impusiera una medida de aseguramiento de detención preventiva. En ese sentido, para la Sala, la conducta del señor Luis Porfidio Farías Sánchez es merecedora de un reproche en materia de responsabilidad civil, ya que si bien, como él mismo lo afirmó, una de sus funciones como jefe de estudios de seguridad del DAS era la de revisar que los informes de sus subalternos se entregaran completos, ello, en modo alguno, podía significar la modificación de parte suya del contenido de los mismos con datos que, ni siquiera, eran de su conocimiento y, mucho menos, la suplantación de las firmas y de las huellas de los funcionarios o de los informantes que presuntamente recibieron los dineros que estos soportaban, por cuanto, se insiste, dichas operaciones solo eran del conocimiento de cada uno de los detectives del DAS. Por consiguiente, como la alteración por parte del señor Luis Porfidio Farías Sánchez de los informes de gastos reservados de algunos de los detectives que tenía a su mando fue la causa determinante y eficiente de la investigación de la que fue objeto y de la medida de aseguramiento que se impuso en contra suya, la Sala concluye que el daño alegado por la parte actora no le es atribuible a la Fiscalía General de la Nación, dado que, de acuerdo con las pruebas obrantes en el expediente, se estructuró la causal eximente de responsabilidad de culpa exclusiva de la víctima.

RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR DIVULGACIÓN DE NOTICIA - Inexistente por cuanto vinculación a proceso penal fue cierta / NOTA PERIODÍSTICA - Medios de pruebas no demuestran afectación o padecimiento al demandante o su grupo familiar con su divulgación

[D]ado que las dos publicaciones que mencionaron al señor Farías Sánchez versaron, únicamente, acerca de su vinculación a un proceso penal, circunstancia que, valga la pena resaltar, no se reputa falsa, pues, contrario a lo sucedido en otros casos que han sido del conocimiento de esta Subsección, ello sí se encuentra acreditado dentro del plenario, para la Sala no es dable afirmar que esa situación le produjo un daño al aquí demandante o a su grupo familiar más cercano, por cuanto en el expediente, además del testimonio del señor Guillermo León Torres Zapata, quien nada dijo acerca de los perjuicios padecidos por estos, con ocasión de las referidas notas periodísticas, no reposa medio probatorio alguno que permita inferir algún grado de padecimiento por parte de estos.

RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD - Inexistente por falta de acreditación del daño / INCUMPLIMIENTO DE CARGA DE LA PRUEBA - Actor no probó los supuestos de hecho en que fundamentó su dicho

[El] artículo 177 del Código de Procedimiento Civil establece que las partes tienen la obligación -y la necesidad- de la carga de la prueba; postura frente a la cual esta Subsección ha sido enfática respecto de los efectos que su inobservancia acarrea (…) Considera la Sala que ante la ausencia de pruebas acerca de la existencia del daño, primer elemento del estudio de la responsabilidad del Estado, jurídicamente resulta improcedente proseguir con el análisis de los demás elementos para determinar si, por el segundo daño alegado, cabía levantar o no una condena contra la Fiscalía General de la Nación. Por tanto, dadas las circunstancias fácticas descritas, como la parte actora no cumplió con los deberes que ineludiblemente el ordenamiento jurídico -artículo 177 del C.P.C. - previó para lograr la declaratoria de responsabilidad de la entidad pública demandada, y toda vez que, bajo los términos del artículo 90 de la Constitución Política, no se acreditaron los elementos necesarios para alzar una declaratoria de responsabilidad en contra del Estado, por la privación de la libertad del señor Luis Porfidio Farías Sánchez, la Sala confirmará la sentencia apelada, por medio de la cual se negaron las pretensiones de la demanda. NOTA DE RELATORÍA: Referente a la carga de la prueba, consultar sentencia de 27 de marzo de 2014, Exp.54001-23-31-000-1994-08554-01(29732), CP. Mauricio Fajardo Gómez.

FUENTE FORMAL: CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL - ARTÍCULO 177 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 90

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejera ponente: MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

Bogotá, D.C., veintiséis (26) de abril de dos mil diecisiete (2017)

Radicación número: 25000-23-31-000-2009-00414-01(45313)

Actor: LUIS PORFIDIO FARÍAS SÁNCHEZ Y OTROS

Demandado: FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

Referencia: APELACIÓN SENTENCIA - ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA

Temas: PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / absolución del sindicado en aplicación del principio de in dubio pro reo – CULPA EXCLUSIVA DE LA VÍCTIMA / causal eximente de responsabilidad / exoneración de la Fiscalía General de la Nación porque operó esta causal eximente de responsabilidad – VALORACIÓN PROBATORIA / recortes de prensa / por sí solos no acreditan los hechos que se buscan en la demanda.

Procede la Sala a decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 29 de marzo de 2012, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, por medio de la cual se negaron las pretensiones de la demanda.

I. A N T E C E D E N T E S

1. La demanda

Mediante escrito presentado el 28 de febrero de 2008, los señores Luis Porfidio Farías Sánchez, quien actúa en nombre propio y en representación de sus hijos menores Romario Farías Pinzón, Luis Carlos Farías Rodríguez, Camila Farías Pérez y Felipe Farías Pérez; José Iván Farías Sánchez, Blanca Susana Farías Sánchez, Diana Carolina Farías Pérez, José Farías y Celina Sánchez de Farías, por intermedio de apoderado judicial, interpusieron demanda en ejercicio de la acción de reparación directa contra la Nación - Fiscalía General de la Nación, con el fin de que se le declarara administrativa y patrimonialmente responsable por los perjuicios inmateriales a ellos ocasionados por la privación injusta de la libertad y por las falsas imputaciones ante los medios de comunicación que soportó el primero de los mencionados, dentro de un proceso penal adelantado en su contra.

Como consecuencia de lo anterior, solicitaron que, por la privación injusta de la libertad del señor Luis Porfidio Farías Sánchez, se condenara a la demandada a pagar, por concepto de perjuicios inmateriales, la suma equivalente a cuatrocientos (400) salarios mínimos legales mensuales vigentes a favor de este, de cada uno de sus padres y de cada uno de sus hijos y, por último, la suma de cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno de sus hermanos.

Igualmente, solicitaron que, por la divulgación de la noticia de la sindicación del señor Luis Porfidio Farías Sánchez en unos delitos contra la Administración Pública, la demandada fuera condenada a pagar, por concepto de perjuicios inmateriales, la suma equivalente a cuatrocientos (400) salarios mínimos legales mensuales vigentes a favor de este, de cada uno de sus padres y de cada uno de sus hijos y, por último, la suma de cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno de sus hermanos.

2. Los hechos

Como fundamento fáctico de la demanda, en síntesis, se narró que, con ocasión de la información rendida por un anónimo, según la cual se cometieron varias irregularidades al interior del DAS en 1999, mediante providencia del 1 de marzo de 2000, la Fiscalía ordenó la apertura de una investigación contra el señor Luis Porfidio Farías Sánchez, quien se desempeñaba como Director Seccional de dicho departamento administrativo en Sucre.

Tal y como se señaló en la demanda, al aquí demandante le fue impuesta medida de aseguramiento de detención preventiva y, posteriormente, se profirió resolución de acusación en su contra, por los delitos de peculado por apropiación, falsedad ideológica en documento público, constreñimiento ilegal y abuso de función pública.

Más adelante, afirmó la parte actora que el Juzgado 16 Penal del Circuito de Bogotá, mediante sentencia del 25 de noviembre de 2003, absolvió al señor Farias Sánchez de los delitos por los cuales fue acusado, providencia que, a través de la sentencia del 28 de febrero de 2006, fue confirmada por la Sala Penal del Tribunal Superior de Descongestión de San Gil.

Por último, se relató en la demanda que como, entre los meses de marzo y de abril de 2000, la información del proceso que cursaba en contra del aquí demandante fue divulgada a los medios de comunicación por la Fiscalía General de la Nación, se afectó el buen nombre del señor Luis Porfidio Farías Sánchez, así como también el de sus seres queridos más cercanos.

3. Trámite de primera instancia

3.1 La demanda así presentada fue admitida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante auto del 29 de octubre de 2009, providencia debidamente notificada a la Nación – Fiscalía General de la Nación y al Ministerio Público.

3.2 La Nación – Fiscalía General contestó la demanda y se opuso a sus pretensiones. En cuanto a los hechos manifestó que se atenía a las resultas del proceso.
Indicó que las decisiones que profirió durante el curso del proceso penal en contra del aquí demandante, además de ser permitidas por la Constitución Política y la ley, se sustentaron en las pruebas legalmente arrimadas al expediente, en ese sentido, como no incurrió en una falla del servicio, único título de imputación que, en criterio suyo, permitía alzar una condena por la privación injusta de la libertad de las personas, debían negarse las pretensiones de la demanda.

3.3 Concluido el período probatorio, mediante proveído del 23 de febrero de 2012, se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público para que, si lo consideraba pertinente, rindiera concepto de fondo, oportunidad procesal en la cual tanto las partes como el Ministerio Público guardaron silencio.

4. La sentencia de primera instancia

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, mediante providencia del 29 de marzo de 2012, encontró probada la causal eximente de responsabilidad de culpa exclusiva de la víctima.

Para la Sala, a pesar de que la conducta desplegada por el actor no desembocó en una condena en el campo penal, sí fue determinante para romper el nexo causal entre el daño padecido por los demandantes y las actuaciones del ente investigador, en tanto se encontraron serios indicios de que el señor Farías Sánchez, cuando era detective del DAS, sí participó en la incautación de un vehículo automotor sin cumplir con las formalidades que las normas imponían para tal fin y por las inconsistencias en los informes que se presentaron sobre dicha diligencia, aspecto que, para el Tribunal, debía conocer el ahora demandante, toda vez que él era quien dirigía la actuación.

5. El recurso de apelación

Inconforme con la decisión de primera instancia, la parte actora presentó recurso de apelación. Insistió en que debía condenarse a la entidad pública demandada, dado que se cumplieron los requisitos para declarar su responsabilidad por la privación injusta de la libertad del señor Luis Porfidio Sánchez, ya que, por órdenes de una autoridad judicial, se dispuso la vinculación al proceso y la captura del aquí demandante, quien, en virtud de una decisión penal definitiva, resultó absuelto, bajo la aplicación del principio de in dubio pro reo, y se ordenó su libertad.

Adicional a lo anterior, afirmó que toda vez que en el proceso penal que cursó, entre otros, contra del señor Farías Sánchez: i) no se destinó al personal idóneo para que investigara los punibles cometidos, ii) se le dio valor probatorio a una prueba ilícita y iii) se apreciaron las declaraciones de testigos sospechosos, si no cabía una condena contra la Fiscalía General bajo un régimen de responsabilidad objetivo, sí procedía por la ocurrencia de una falla del servicio.

Finalmente, sostuvo que en el fallo de primera instancia no se analizó la responsabilidad del ente investigador por la divulgación del proceso penal seguido en contra del señor Farías Sánchez a los medios de comunicación, el cual, de conformidad con la normativa aplicable al momento de los hechos, tenía reserva legal.

6. El trámite de segunda instancia

El recurso así presentado fue admitido mediante auto del 25 de octubre de 2012. Posteriormente se corrió traslado a las partes para que alegaran de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera el concepto correspondiente, oportunidad procesal en la cual la Fiscalía General de la Nación reiteró lo expuesto a lo largo del proceso.

La parte actora y el Ministerio Público guardaron silencio.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

Para resolver la segunda instancia de la presente litis, la Sala abordará los siguientes temas: 1) prelación del fallo en casos de privación injusta de la libertad; 2) la competencia de la Sala; 3) el ejercicio oportuno de la acción; 4) cuestión previa: valor probatorio de los recortes de prensa; 5) la responsabilidad de la entidad demandada por la privación injusta de la libertad del señor Luis Porfidio Farías Sánchez; 6) la responsabilidad de la entidad demandada por la divulgación a los medios de comunicación de su presunta participación en delitos contra la Administración Pública y 7) la procedencia o no de la condena en costas.

1. Prelación de fallo

En la actualidad, la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado tiene a su conocimiento procesos que entraron para dictar fallo definitivo con anterioridad al presente asunto, situación que, en los términos del artículo 18 de la Ley 446 de 1998, exigiría su decisión en atención al orden cronológico respecto del cual pasaron los expedientes al Despacho de la Magistrada conductora del presente proceso.

No obstante, la Ley 1285 de 2009, en su artículo 16, permite decidir de manera anticipada, esto es, sin sujeción al orden cronológico de turno, los procesos en relación con los cuales para su decisión definitiva “entrañe sólo la reiteración de jurisprudencia”.

En el presente caso se encuentra que el objeto del debate tiene relación con la privación injusta de la libertad del señor Luis Porfidio Farías Sánchez, tema respecto del cual la Sección Tercera del Consejo de Estado ha tenido la oportunidad de pronunciarse en muchas ocasiones, asunto en el que se ha fijado una jurisprudencia consolidada y reiterada, motivo por el cual, con fundamento en el artículo 16 de la Ley 1285 de 2009, la Subsección se encuentra habilitada para resolver el presente asunto de manera anticipada.

2. Competencia

La Sala es competente para conocer de este proceso en segunda instancia, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia del 29 de marzo de 2012, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, comoquiera que, de conformidad con el artículo 73 de la Ley 270 de 1996, la competencia para conocer de las acciones de reparación directa que se instauren por error jurisdiccional, por privación injusta de la libertad o por defectuoso funcionamiento de la Administración de Justicia, se encuentra radicada en los Tribunales Administrativos en primera instancia y en el Consejo de Estado en segunda instancia sin consideración a la cuantía del proceso.

3. Ejercicio oportuno de la acción

Al tenor de lo previsto por el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, la acción de reparación directa debe instaurarse dentro de los dos años contados a partir del día siguiente al acaecimiento del hecho, omisión, operación administrativa u ocupación permanente o temporal de inmueble de propiedad ajena por causa de trabajos públicos o por cualquier otra causa.

En el presente caso, advierte la Sala que, según el libelo introductorio, los daños por cuya indemnización se demanda son: i) la privación injusta de la libertad del señor Luis Porfidio Farías Sánchez, dentro de un proceso penal adelantado en su contra y, ii) la divulgación a los medios de comunicación, entre los meses de marzo y de abril de 2000, de su presunta participación en la comisión de unos delitos en contra de la Administración Pública.

Así pues, en tratándose de acciones de reparación directa por privación injusta de la libertad, la jurisprudencia reiterada de esta Sección del Consejo de Estado ha considerado que el término de caducidad se empieza a contar a partir del día siguiente a la ejecutoria de la providencia que precluyó la investigación, de la sentencia absolutoria o desde el momento en que quede en libertad el procesado, lo último que ocurra, momento a partir del cual se configura el carácter injusto de la limitación del derecho a la libertad.

En ese sentido, como la sentencia del 25 de noviembre de 2003, mediante la cual se absolvió de responsabilidad penal al aquí demandante y que fue confirmada a través de la sentencia del 28 de febrero de 2006, cobró ejecutoria el 9 de mayo de 2006, el 10 de mayo de la misma anualidad es la fecha a partir de la cual inició el conteo de la caducidad por el primero de los daños demandados, esto es, por la privación injusta de la libertad.

De igual manera, considera la Sala que, en tratándose de la divulgación a los medios de comunicación de la presunta participación del aquí demandante en unos delitos contra la Administración Pública, el 10 de mayo de 2006 también es la fecha a partir de la cual comenzó el cálculo de dicho fenómeno jurídico, toda vez que desde la ejecutoria de la sentencia del 25 de noviembre de 2003 es que cualquier imputación en contra del señor Luis Porfidio Farías Sánchez quedó sin fundamento, en atención a que su presunción constitucional de inocencia se mantuvo incólume.

Así las cosas, como la demanda se presentó el 28 de febrero de 2008, esto es, cuando faltaban 2 meses y 12 días para operara la caducidad, se impone concluir que la acción se ejerció dentro de la oportunidad legal prevista para ello.

4. Cuestión previa: valor probatorio de los recortes de prensa

Previo a realizar el análisis del caso concreto, la Sala considera necesario señalar que si bien en el expediente reposan copias de la sección de redacción judicial del periódico El Tiempo del 10 de marzo de 2000 y de la revista Semana del 17 de marzo de 2000, así como las emisiones del 6 de abril de 2000 de Noticias Caracol y de Noticias RCN, respectivamente, de conformidad con la sentencia de la Sala Plena de esta Corporación del 29 de mayo de 2012, la información que aparece en los artículos de prensa, únicamente, tiene la capacidad de demostrar el registro mediático de unos hechos, sin que, por sí sola, constituya un medio idóneo que acredite la veracidad y autenticidad de su contenido, por lo que su eficacia probatoria descansa en la conexidad que acredite con otros elementos probatorios que reposen en el plenario.

Así las cosas, de acuerdo con el precedente jurisprudencial arriba aludido, la Sala procederá a valorar los recortes de prensa y dilucidará si existe un nexo o un vínculo entre la divulgación del hecho con los demás medios de prueba obrantes en el proceso, de modo que se pueda tener por cierto lo narrado en los respectivos medios de comunicación.

5. Valoración probatoria y análisis del caso concreto: responsabilidad de la entidad demandada por la privación injusta de la libertad del señor Luis Porfidio Farías Sánchez -culpa exclusiva de la víctima-

De conformidad con el material probatorio obrante en el expediente, la Sala encuentra acreditados los siguientes hechos:

5.1 Con base en el Informe DISIA 05525/99, suscrito por la Sección de Análisis del CTI, la Fiscalía tuvo conocimiento de la comisión, durante los meses de junio y siguientes de 1999, de algunas irregularidades al interior del Departamento Administrativo de Seguridad -DAS-.

5.2 Dicha información, que fuere corroborada a través del Informe No. 500 del 31 de enero de 2000, dio lugar a que la Fiscalía Cuarta Delegada de la Unidad Nacional de Delitos contra la Administración Pública, mediante providencia del 1 de marzo de 2000, ordenara la apertura de la instrucción penal correspondiente.

En tal informe se dijo lo siguiente:

“(…) al interior del Departamento Administrativo de Seguridad -DAS- se cometieron una serie de irregularidades relacionadas, básicamente, con tres hechos: El primero, cometido por los meses de junio y siguientes de 1999, fue la adquisición de unos muebles modulares para unas oficinas de la institución, los cuales no se sabe con qué dineros fueron pagados; el segundo, ocurrido, al parecer, como consecuencia del anterior y por la misma época, se registró cuando varios investigadores y subalternos de la División de Inteligencia y de Contrainteligencia firmaron comprobantes de egreso que no corresponden a la realidad y los soportaron con informes ficticios para justificar gastos y probablemente dineros que se utilizaron sin que se conozca su destino, de este hecho, muy probablemente, se derivó otra conducta ilícita en virtud de que algunas de las personas que firmaron o estamparon su huella dactilar, indicaron que fueron constreñidos a cumplir con esa actuación, so pena de ser declarados insubsistentes; un tercer hecho que se relaciona con la retención de dos vehículos automotores -camiones-, en el sitio denominado el Alto del Vino, por la vía que de Bogotá conduce a la Vega, Cundinamarca (…)” (se destaca).

5.3 Toda vez que de las diligencias de investigación preliminar se evidenció la posible participación del señor Luis Porfidio Farías Sánchez, quien hasta el 3 de marzo de la misma anualidad de desempeñó como Director Seccional del DAS en Sucre, el 7 de marzo de 2000 se ordenó su captura, decisión que, más adelante, fue revocada para, en su lugar, disponer que el aquí demandante se presentara voluntariamente a rendir indagatoria.

5.4 Debido a que durante el 23 y el 24 de marzo de 2000, el aquí demandante acudió a las instalaciones de la Fiscalía a rendir indagatoria, la Fiscalía Cuarta Delegada de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública, a través de providencia del 4 de marzo de 2000, dispuso que este permaneciera en libertad.

5.5 Posteriormente, el ente investigador, mediante providencia del 5 de abril de 2000, le impuso medida de aseguramiento de detención preventiva y ordenó su captura. Las razones expuestas por la Fiscalía fueron las siguientes:

“Otra de las personas cuya responsabilidad se encuentra seriamente cuestionada es la del señor Luis Porfidio Farías Sánchez (…). Tan similar es la situación que no es necesario repetir el análisis que en su momento hizo el despacho al definir la situación jurídica de Romer Salazar (…). Sin embargo, es un hecho comprobado que sí estampó su huella digital en un comprobante de egreso (…) y aceptó en su injurada haber firmado otros; y eso, de hecho, lo convierte en coautor del delito de peculado por apropiación que suficientemente se ha analizado, en la medida en que contribuyó de manera definitiva en el apoderamiento de los dineros presentados en esos documentos.

“Además, es importante tener en cuenta que él era una de las personas que corregía los informes de inteligencia que presentaban los investigadores adscritos a su grupo (…), esa conducta de corregir informes ficticios que igualmente soportaban comprobantes de egreso falsos y los que directamente él firmó y en los que puso su huella dactilar, lo convierten en coautor de los delitos de falsedad ideológica en documento público y obviamente en coautor del delito de peculado por apropiación (…) su conducta fue determinante para que terceros también se apoderaran de esos recursos, en detrimento del patrimonio del DAS. En la misma conducta incurre cuando él recibe dineros que se mencionan en los comprobantes de egreso que admitió haber firmado, pues, si en verdad los recibió, fue él quien dispuso de ellos a su antojo.

“De cara a la comisión del delito de constreñimiento ilegal, no resulta para nada descabellado concluir que el señor Farías Sánchez también incurrió en el reato en comento, si se parte de la base cierta de que él era el coordinador del grupo de estudios de seguridad y que bajo su responsabilidad se encontraban varios investigadores, lo mínimo que se puede pensar es que a esos investigadores él fue quien los obligó a firmar los comprobantes de egreso y consecuentemente a elaborar los informes de inteligencia ficticios.
“Frente a los presuntos delitos que pudieron haberse cometido en desarrollo del operativo del mes de abril del Alto del Vino, si bien es cierto que el proceso no cuenta con prueba de tal significado que permita imponer medida de aseguramiento por esos hechos; sin embargo, la investigación continuará y, especialmente, en relación con la conducta de Luis Farías Sánchez en ese evento, ya que como él mismo lo admitió, sin haber estado en el lugar de los hechos, sí fue quien coordinó todo el operativo, manejó al informante y suministró los datos necesarios para llevar a término esa labor a Romer Salazar, quien iba al mando del grupo que participó en la misión. Sin duda que si se desprende algún actuar delictual, el principal responsable será el señor Farías, máxime, si se tiene en cuenta que él salió con el camión en el que se movilizaba el presunto informante” (subrayas fuera del original).

5.6 Ya en la calificación del mérito del sumario, mediante providencia del 31 de agosto de 2000, se profirió resolución de acusación, entre otros, contra el señor Luis Porfidio Farías Sánchez, por la comisión de los delitos de falsedad ideológica en documento público y de peculado por apropiación.

En aquella providencia, en síntesis, se dijo lo siguiente:

“Otras dos personas que se encuentran en similares condiciones y que por lo mismo se pueden analizar sus conductas en forma simultánea son Luis Porfidio Farías Sánchez y Luz Aurora Daza González. De los dos se puede afirmar que ambos firmaron comprobantes de egreso, tal y como lo certificó el CTI en la pericia practicada a varios de esos documentos. A los dos se los ha señalado igualmente de haber constreñido a los detectives de sus respectivos grupos, para que firmaran los comprobantes o pusieran sus huellas.

“De Luis Porifidio Farías se dijo y él lo aceptó, que rectificó varios informes de inteligencia, como por ejemplo los que hizo Lyda Maryory Rincón y que ella negó haber realizado las misiones que dichos informes respaldaban. Para demostrarlo, esta funcionaria aportó fotocopia de los textos corregidos (…).

“Así las cosas, sin más comentarios, la Fiscalía deduce con fundadas razones que los sindicados (…) sí son coautores de los delitos de falsedad ideológica en documento público, por los comprobantes que firmaron y en los que pusieron sus huellas digitales, lo mismo por los que fueron determinadores, al coaccionar a sus dependiente de hacer lo mismo. Este último aspecto es el que justamente también sirvió de sustento jurídico y probatorio para atribuirles el delito de constreñimiento ilegal (…)” (se resalta).

5.7 No obstante lo anterior, mediante sentencia del 25 de noviembre de 2003, el Juzgado Dieciséis Penal del Circuito absolvió al entonces sindicado y hoy demandante, en aquella providencia se consignó lo siguiente:

“(…) comoquiera que de lo analizado a lo largo de este pronunciamiento, para este estado judicial, salvo mejor criterio al respecto, frente al grado de responsabilidad que le es atribuido no solo a los acusados contra los cuales la Fiscalía Delegada correspondiente reclama sentencia condenatoria en desarrollo de la visita pública (…), sino también en contra de los inicialmente acusados (…) LUIS PORFIDIO FARÍAS SÁNCHEZ, en sentir de este despacho no se reúnen a cabalidad los presupuestos que para condenar establecer el artículo 232 del C.P.P. apreciándose conveniente dar aplicación a favor de todos los acusados del principio universal de in dubio pro reo, procediéndose en consecuencia a absolverlos de todos los cargos que fueron objeto de juzgamiento” (Subrayas y negrilla fuera del original).

Dicha providencia, que fuere apelada por el Ministerio Público y por la Fiscalía, con la finalidad de que se condenara a algunos de los procesados, entre quienes no se encontraba el señor Luis Porfidio Farías Sánchez, fue confirmada en su totalidad por la Sala Penal del Tribunal Superior de Descongestión de San Gil, a través de la sentencia del 28 de febrero de 2006. En ella se dijo lo siguiente:

“Ahora bien, ciertamente esa reunión sí se efectuó, pues así lo admiten los mismos acusados Pérez Alvaran y Varón Pedraza, pero no resulta lógico pensar que la misma se hizo con el fin de coaccionar a los asistentes para firmar soportes falsos, cuando el número de personas sobrepasaba los 40, quedando la posibilidad de que ese gran número filtrara la acción delictiva. Esta, considera la Sala, no es la forma de obrar de quienes precisamente están instruidos en labores de inteligencia, pues por tal conocimiento deben suponer que esa no es la manera de realizar una acción de tal gravedad por las evidencias que de la misma surgen con facilidad (…).

“Es de resaltar que no resulta nada ilógico que el fin perseguido con la reunión del 25 de septiembre era estar al día con los soportes de gastos reservados, para la visita de la Contraloría (…), pues precisamente conforme al reglamento de control fiscal de gastos reservados, de las erogaciones efectuadas con cargo este rubro se debe rendir cuentas el primer día hábil de los meses de octubre y de abril, situación que tenía preocupados a los del DAS, pues la fecha estaba cercana y por cuanto en la DIJIN se habían encontrado inconsistencias por la Contraloría, que les generó problemas a ese organismo de la Policía Nacional, lo que quería evitar el ente de seguridad (…)”.

De conformidad con lo anterior, a pesar de que se encuentra acreditado que el señor Luis Porfidio Farías Sánchez vio restringido su derecho fundamental a la libertad, con ocasión de un proceso penal que se adelantó en contra suya, la Sala observa que en el caso bajo estudio operó la causal eximente de responsabilidad de culpa exclusiva de la víctima.

Para ello, sea lo primero manifestar que el artículo 70 de la Ley 270 de 1996 dispuso que, en tratándose del supuesto de responsabilidad de la Administración de Justicia por privación injusta de la libertad, el daño se entenderá atribuido a la culpa exclusiva de la víctima, cuando esta haya actuado con culpa grave o con dolo, conductas que, según la jurisprudencia, de la lectura del artículo 63 del Código Civil, se refieren a un comportamiento grosero, negligente, despreocupado o temerario o a la realizada con la intención de generar un daño a una persona o a su patrimonio, respectivamente.

Asimismo, tal y como ha sido la postura reiterada y sostenida de esta Sección, para efectos de que opere esta causal eximente de responsabilidad debe estar acreditado que el proceder de la víctima, ya sea activo u omisivo, fue la causa eficiente y determinante en la producción del resultado lesivo. Así lo ha entendido esta Corporación:

“Cabe recordar que la culpa exclusiva de la víctima, entendida como la violación por parte de ésta de las obligaciones a las cuales está sujeto el administrado, exonera de responsabilidad al Estado en la producción del daño. Así, la Sala en pronunciamientos anteriores ha señalado:

“(…). Específicamente, para que pueda hablarse de culpa de la víctima jurídicamente, ha dicho el Consejo de Estado, debe estar demostrada además de la simple causalidad material según la cual la víctima directa participó y fue causa eficiente en la producción del resultado o daño, el que dicha conducta provino del actuar imprudente o culposo de ella, que implicó la desatención a obligaciones o reglas a las que debía estar sujeta. Por tanto puede suceder en un caso determinado, que una sea la causa física o material del daño y otra, distinta, la causa jurídica la cual puede encontrarse presente en hechos anteriores al suceso, pero que fueron determinantes o eficientes en su producción. Lo anterior permite concluir que si bien se probó la falla del servicio también se demostró que el daño provino del comportamiento exclusivo de la propia víctima directa, la cual rompe el nexo de causalidad; con esta ruptura el daño no puede ser imputable al demandado porque aunque la conducta anómala de la Administración fue causa material o física del daño sufrido por los demandantes, la única causa eficiente del mismo fue el actuar exclusivo y reprochable del señor (…), quien con su conducta culposa de desacato a las obligaciones a él conferidas, se expuso total e imprudentemente a sufrir el daño (…)” (se subraya).

Bajo ese panorama, en asuntos como el que aquí se debate, la culpa exclusiva de la víctima se configura cuando se acredita que el afectado actuó con temeridad dentro del proceso penal o que incurrió en comportamientos irregulares que ameritaban el adelantamiento de la respectiva actuación y, de manera consecuente, justificaban la imposición de una medida restrictiva de la libertad.

En ese entendido, a pesar de que el señor Luis Porfidio Farías Sánchez resultó absuelto de los delitos que se le imputaron, bajo la aplicación del principio de in dubio pro reo, sin que ello implique una calificación de las decisiones adoptadas por la justicia penal, en orden a determinar si fueron acertadas o no, para la Sala, la conducta del hoy demandante dio lugar a que, además de ser investigado, fuera objeto de una medida restrictiva de su libertad.

Así pues, tal y como se indicó de manera precedente, fueron dos las irregularidades por las cuales el señor Luis Porfidio Farías Sánchez fue investigado, la primera, por la suscripción y la firma de varios informes de soportes de gastos reservados que, al parecer, no correspondían a la realidad, con los cuales se buscaba justificar unos dineros y, la segunda, por un operativo adelantado en el Alto del Vino, en el que se retuvieron dos camiones cargados de material explosivo, pero solo uno fue el que se entregó a las autoridades competentes.

En ese sentido, como al aquí demandante le fue impuesta medida de aseguramiento de detención preventiva, únicamente, por el primero de los reatos, la Sala analizará la conducta que desplegó el señor Farías Sánchez ante las presuntas irregularidades que se presentaron en los informes de gastos reservados.

Así pues, como se aprecia del material probatorio obrante en el expediente, los informes de gastos reservados, a través de los cuales se soportan las erogaciones destinadas al encubrimiento de actividades de inteligencia que no pueden hacerse a través de canales administrativos normales, en razón de la necesidad que tienen los organismos de operar en secreto, de conformidad con el reglamento de control fiscal correspondiente, debían ser presentados ante la Contraloría el primer día hábil de abril y de octubre cada año, situación que, como lo sostuvo el juez penal de segunda instancia, era lo que tenía preocupados a los funcionarios del DAS, pues, la segunda fecha se acercaba y aquellos, al parecer, no estaban listos, de ahí que se haya llevado a cabo una reunión con la finalidad de ordenar el diligenciamiento de los mismos.

Sin embargo, tal y como se desprende de la indagatoria que rindió el ahora demandante y de los fallos de primera y de segunda instancia en los cuales quedó corroborado lo dicho por el señor Farías Sánchez, éste aceptó que firmó y que estampó su huella en varios de dichos informes, unos que le pertenecían a él, pero también otros que le concernían a distintos funcionarios de la institución. In extenso, esto fue lo que respondió el ahora demandante frente a dichas irregularidades:

“(…) fui nombrado como Director Seccional del departamento de Sucre hasta el 4 de marzo que presenté la renuncia al cargo. PREGUNTADO. Cuáles fueron las razones para haber renunciado al departamento. CONSTESTÓ. Las razones concretas son las siguientes: se estaba realizando una investigación preliminar en la Procuraduría sobre unos manejos de unos dineros de gastos reservados y el manejo de una operación tendiente a decomisar una munición o material bélico privativo de las fuerzas militares (…). PREGUNTADO. (…) que sabía usted o qué conocimiento tenía en razón con lo que usted mismo denominó gastos no adecuados de los dineros de gastos reservados. CONTESTÓ. Bueno, yo califiqué eso de esa forma, por la información de prensa y el conocimiento que yo tengo del manejo de gastos reservados es muy poco, hay unos formatos especiales que se llenan con los datos de la persona que recibe esos dineros y que posteriormente son entregados al informante o en su defecto son utilizados por la persona que los ha recibido. PREGUNTADO. El día 25 de septiembre del año anterior se llevó a cabo una reunión en las instalaciones del departamento en la que, al parecer, se hizo firmar a varios investigadores y a algunos a poner la huella digital, en gran cantidad de comprobantes de egreso, para justificar presuntamente la adquisición de muebles modulares, una persona (…) grabó la reunión (…). CONTESTÓ. No, yo no estuve en esa reunión (…). Cuando llegué el lunes me dijeron que tocaba justificar unos dineros que se les había dado a los detectives, entonces yo hice lo propio en mi grupo, que era la Coordinación de Estudios de Seguridad. Así las cosas, uno como jefe o como coordinado no pregunta ni debe preguntar si fueron esas comisiones o no, simplemente orienta a los funcionarios para que fueran claros en el contenido de la información y qué debería integrar ese informe, los elementos esenciales de información, los cuales son cuándo, qué, dónde, para qué, por qué y quiénes, entonces al revisar los informes que me pasaron a mí en la oficina, habían falencias en estos aspectos. PREGUNTADO. Cómo pudo observar de la transcripción que se le puso de presente, uno de los interlocutores indica que deben llenar los comprobantes de egreso y sobre todo que deben decir si algún organismo de control llegara a preguntarles, justificando de alguna manera la adquisición de los muebles modulares. CONTESTÓ. Como dije anteriormente, (…) cuando llegué el lunes, el martes, el mayor VARÓN no comentó nada de esto, simplemente dijo que tocaba corregir unos informes, que fueron pocos que tocaba corregir, (…) sin embargo, el Mayor manifestó que iba a pasar la Contraloría, creo que era la Contraloría revisando todos los informes y recibos correspondientes a gastos reservados. Eso sí dijo, que era para legalizarlos, pero no dijo que era para esa otra cuestión (…). PREGUNTADO. Expertos de dactiloscopia del CTI de la Fiscalía realizaron cotejos dactilares con varios de los comprobantes de egreso, encontrándose, por ejemplo, que en el identificado con el 164 del 6 de julio de 1999, aparece su huella digital donde normalmente debería ir la firma o la huella del informante o quien recibe el dinero, que refiere el mismo formato. Por qué razón aparece su huella y relate todo lo relacionado con ese formato. CONTESTÓ. Bueno, como le expliqué anteriormente, el manejo de los informantes es muy personal, no es transferible, uno cuando se va, se lleva al informante, no lo conoce nadie, ni el jefe mío que era el mayor VARÓN. Yo aparezco firmando algunos recibos y mi huella dactilar también, por la misma cuantía, yo le pedí [al mayor] en una época cuatrocientos mil pesos para hacer varias verificaciones de información en una ciudad, no me acuerdo ahorita la ciudad (…), ese dinero que recibí, pudo ser utilizado en el pago de información o en su defecto gastados como viáticos a la ciudad que yo fui (…). PREGUNTADO.

Si como usted admite haber puesto su huella digital en algunos comprobantes de egreso, entre ellos el 164, indíquele a la Fiscalía qué labor cumplió, en qué fecha, en dónde (…). CONTESTÓ. (…), el contenido es de desplazamientos que realizaba las FARC, (…), no me desplacé al lugar porque el informante venía a Bogotá periódicamente (…), el seudónimo era JORGE. PREGUNTADO. El comprobante de egreso 164 se refiere a la cantidad de seiscientos mil pesos, cómo gastó ese dinero. CONTESTÓ. Ese dinero se lo di al informante en la ciudad de Bogotá (…). PREGUNTADO. Ha manifestado en respuestas anteriores que lo se hizo fue una corrección en los comprobantes de egreso, donde hubieran errores y en comprobantes como el 164 donde aparece su huella, usted hace el relato de una misión, sin embargo, existen en el proceso versiones como la de FELIPE PEÑA, según la cual los comprobantes que aparecen a su nombre o con su huella, que son exactamente los mismos a los que hace referencia la transcripción de la grabación, no son ciertos, en la medida en que nunca viajó a los sitios que allí se indica y nunca recibió los dineros que se menciona (…). CONTESTÓ. (…), el señor FELIPE PEÑA pudo haber ido o no ido, yo no respondo por lo de él, yo respondo por lo mío, no sé él realmente, yo no respondo por él, yo no puedo manifestar que eso sea cierto aunque haya escuchado la grabación, porque yo no estuve en esa reunión y lo que me dijo el Mayor, o sea el martes, me dijo que habían unos informes que les faltaban elementos esenciales de la información, como dónde, quién y para qué, yo los revisé y sí les faltaba a algunos informes, yo invité a los funcionarios que les faltaba en algunos informes estos elementos para que los completaran o los corrigieran, esa era la función como coordinador de estudios de seguridad, en ningún momento obligo a firmar esos informes a ningún funcionario. PREGUNTADO. Usted manifiesta que el día hábil después de la reunión, cuando llegó, fue enterado de la celebración de la misma, razón por la cual firmó varios comprobantes. Hágale un recuento a la Fiscalía de cuántos comprobantes en concreto firmó o puso su huella (…). CONTESTÓ. Bueno, fueron varios comprobantes que yo realicé o firmé, pero ser exacto en decir las fechas y el contenido de los mismos me es difícil, por cuanto yo trabajaba en una red de contrainteligencia nacional (…). PREGUNTADO. La señora LIDDA MARYORY dijo ante esta unidad de Fiscalía bajo la gravedad de juramento en relación con los informes que ella firmó que ‘sí fueron corregidas y los originales los entregué a LUIS FARÍAS que era mi jefe inmediato’, de los comprobantes de egreso que se le ponen de presente, diga a la Fiscalía si usted corrigió alguno. CONTESTÓ. Con certeza corregí el del folio 301 porque la función, como lo dije al inicio de la diligencia, me reuní con el mayor el día martes y me manifestó que tocaba revisar y corregir algunos informes que les faltaban quién, cuándo, por qué, para qué, que son los elementos esenciales de la información y la función mía como jefe de coordinación era esa entre muchos más, orientar a las personas que hacían los informes y quedaran con los elementos materializados en él. Por esa razón yo corregía algunos informes porque como jefe siempre he revisado todas las actuaciones mías sean por escrito o verbales. Esas correcciones no eran de fondo sino de forma (…), esos dineros que recibieron deben ratificarlos cada uno de los detectives que hicieron los informes ya que presumo que ellos hablaron inicialmente con el mayor para hacer esos informes, así que los elementos de fondo de ese informe no los corregí (…). PREGUNTÓ.

La misma declarante, refiriéndose a los comprobantes que se le pusieron de presente dijo: ‘yo no recibí el dinero que dice el documento, no viajé, no realicé las labores de inteligencia que dice el documento’, sobre otros de los informes dice: ‘el informe no es el mismo que yo elaboré, el número de carné que aparece si es el mío, la parte de abajo del informe no corresponde a lo que yo escribí y que ellos me corrigieron, de esas correcciones que le hicieron al informe que yo presenté quiero dejar copia para que obre en el expediente (…)’. CONTESTÓ. Bueno, la declarante manifiesta que ella hizo los informes, que se los corrigieron, yo llegué el día martes y me reuní con el mayor VARÓN, me manifestó que revisara los informes que habían rendido los detectives de mi grupo y que le hiciera las correcciones correspondientes, como ya lo manifesté la función del coordinador es orientar a los detectives y de hacer las correcciones de todos los informes no solamente de inteligencia sino de los de estudios de seguridad que se realizaban en la oficina, así que yo sí corregí ese informe pero a mí no me consta que la niña o señora no haya recibido dinero para pagar esa información a un informante, por cuanto no es de mi resorte saberlo. Si ella manifiesta que sí elaboró los informes y se los corrigieron pero fue en la parte formal y no la sustancial del mismo porque yo tengo que revisar todos los documentos que salen de mi oficina”.

Visto lo anterior, para la Sala, el comportamiento en que incurrió el aquí demandante resulta cuestionable, toda vez que, sin tener certeza de cuál era la finalidad de la reunión que se había realizado en las instalaciones del DAS, acerca de los informes de gastos reservados, a éste le bastó, únicamente, con que la orden fuera dada por su superior, para suscribir, además de sus propios informes, los de sus subalternos, los cuales, no solo fueron corregidos en cuestiones de forma, como inicialmente lo quiso hacer ver el señor Farías Sánchez, sino que, como más adelante lo reveló por las pruebas grafológicas que se le pusieron de presente, fueron adecuados en cuestiones de fondo tales como el cuándo, el dónde, el por qué y el para qué de cada operación, información que era objeto de compartimentación, es decir, del conocimiento exclusivo de cada detective por las labores de inteligencia que se desarrollaban en la institución.

Bajo dicho contexto, a pesar de que al señor Farías Sánchez no le fue imputable una condena en el campo penal, la irregularidad de su conducta, al manipular información de la cual, aseveró, no tenía por qué tener conocimiento, sí resultó determinante en el ámbito de la responsabilidad civil, por cuanto, rompió el nexo de causalidad entre el daño a él irrogado y su atribución a la Fiscalía General de la Nación, en tanto instó a que por los serios indicios que sobre él recaían se le impusiera una medida de aseguramiento de detención preventiva.

En ese sentido, para la Sala, la conducta del señor Luis Porfidio Farías Sánchez es merecedora de un reproche en materia de responsabilidad civil, ya que si bien, como él mismo lo afirmó, una de sus funciones como jefe de estudios de seguridad del DAS era la de revisar que los informes de sus subalternos se entregaran completos, ello, en modo alguno, podía significar la modificación de parte suya del contenido de los mismos con datos que, ni siquiera, eran de su conocimiento y, mucho menos, la suplantación de las firmas y de las huellas de los funcionarios o de los informantes que presuntamente recibieron los dineros que estos soportaban, por cuanto, se insiste, dichas operaciones solo eran del conocimiento de cada uno de los detectives del DAS.

Por consiguiente, como la alteración por parte del señor Luis Porfidio Farías Sánchez de los informes de gastos reservados de algunos de los detectives que tenía a su mando fue la causa determinante y eficiente de la investigación de la que fue objeto y de la medida de aseguramiento que se impuso en contra suya, la Sala concluye que el daño alegado por la parte actora no le es atribuible a la Fiscalía General de la Nación, dado que, de acuerdo con las pruebas obrantes en el expediente, se estructuró la causal eximente de responsabilidad de culpa exclusiva de la víctima.

6. Responsabilidad de la entidad pública demandada por la divulgación a los medios de comunicación de la presunta participación del señor Luis Porfidio Farías Sánchez en unos delitos contra la Administración Pública

Por otro lado, observa la Sala que la parte actora también solicitó que se condenara a la Fiscalía General de la Nación, por la divulgación a los medios de comunicación de que el señor Luis Porfidio Farías Sánchez “había sustraído dineros públicos, que había falsificado informes de inteligencia para permitir que se extraviara un camión repleto de munición que había sido incautado dentro de un operativo”.

Al respecto, cabe señalar que si bien de las pruebas obrantes en el expediente se vislumbra que, con ocasión de la investigación que adelantaba la Fiscalía General de la Nación por las presuntas irregularidades que se presentaron en 1999 al interior del DAS, el más alto jefe del ente instructor realizó varias declaraciones a los medios de comunicación, cierto es también que en ellas nada se dijo acerca de que el señor Luis Porfidio Farías Sánchez hubiese cometido las conductas afirmadas en el libelo, toda vez que lo único que respecto de él se publicó en la sección de redacción judicial del periódico El Tiempo del 10 de marzo de 2000 y de la revista Semana del 17 de marzo de 2000 fue que había sido vinculado a un proceso penal, en tanto que en las emisiones del 6 de abril de 2000, publicadas por Noticias Caracol y por Noticias RCN, respectivamente, ni siquiera, se hizo alusión al mismo.

En ese sentido, dado que las dos publicaciones que mencionaron al señor Farías Sánchez versaron, únicamente, acerca de su vinculación a un proceso penal, circunstancia que, valga la pena resaltar, no se reputa falsa, pues, contrario a lo sucedido en otros casos que han sido del conocimiento de esta Subsección, ello sí se encuentra acreditado dentro del plenario, para la Sala no es dable afirmar que esa situación le produjo un daño al aquí demandante o a su grupo familiar más cercano, por cuanto en el expediente, además del testimonio del señor Guillermo León Torres Zapata, quien nada dijo acerca de los perjuicios padecidos por estos, con ocasión de las referidas notas periodísticas, no reposa medio probatorio alguno que permita inferir algún grado de padecimiento por parte de estos.

En ese orden de ideas, el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil establece que las partes tienen la obligación -y la necesidad- de la carga de la prueba; postura frente a la cual esta Subsección ha sido enfática respecto de los efectos que su inobservancia acarrea:

“La noción de carga ha sido definida como ´una especie menor del deber consistente en la necesidad de observar una cierta diligencia para la satisfacción de un interés individual escogido dentro de los varios que excitaban al sujeto`. La carga, entonces, a diferencia de la obligación, no impone al deudor la necesidad de cumplir ⎯incluso pudiendo ser compelido a ello coercitivamente⎯ con la prestación respecto de la cual se ha comprometido con el acreedor, sino que simplemente faculta ⎯la aludida carga⎯, a aquél en quien recae, para realizar una conducta como consecuencia de cuyo despliegue puede obtener una ventaja o un resultado favorable, mientras que si no la lleva a cabo, asume la responsabilidad de aceptar las consecuencias desventajosas, desfavorables o nocivas que tal omisión le acarree.

“En ese orden de ideas, el concepto de carga de la prueba se convierte en (i) una regla de conducta para el juez, en virtud de la cual se encontrará en condiciones de proferir fallo de fondo incluso cuando falte en el encuadernamiento la prueba del hecho que sirve de presupuesto a la norma jurídica que debe aplicar y, al mismo tiempo, (ii) en un principio de autorresponsabilidad para las partes, derivado de la actividad probatoria que desplieguen en el proceso, pues si bien disponen de libertad para aportar, o no, la prueba de los hechos que las benefician y/o la contraprueba de aquellos que, habiendo siendo acreditados por el adversario en la litis, pueden perjudicarlas, las consecuencias desfavorables derivadas de su eventual inactividad probatoria corren por su cuenta y riesgo” (subrayas y negrilla por fuera del original).

En esa misma línea, en un caso similar al que ahora se analiza, esta Subsección sostuvo:

“No puede olvidarse que la carga de la prueba es una regla de nuestro derecho probatorio consagrada en el artículo 177 del C. de P. Civil, de acuerdo con el cual ‘Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen (…)’; dicho en otras palabras: para lograr que el juez dirima una controversia de manera favorable a las pretensiones, le corresponde al demandante demostrar en forma plena y completa los actos o hechos jurídicos de donde procede el derecho o nace la obligación, máxime si ninguna de las partes goza en el proceso colombiano de un privilegio especial que permita tener por ciertos los hechos simplemente enunciados en su escrito, sino que cada una de ellas deberá acreditar sus propias aseveraciones.

“No ofrece discusión alguna que la persona interesada en reclamar del Estado la reparación de los daños antijurídicos cuya causación imputa a la acción o a la omisión de una autoridad pública y que, con tal propósito, ejerce la acción de reparación directa, tiene la carga de acreditar en el proceso la concurrencia de los elementos inherentes al régimen de responsabilidad en el cual ampara sus pretensiones, esto es, si se trata de un régimen objetivo de responsabilidad, deberá demostrar, además del daño, el hecho dañoso de que se trate, así como el nexo de causalidad entre aquél y éste; por su parte, si es de un régimen de falla del servicio, además de los pre mencionados elementos, tiene el actor, en principio, la carga de demostrar que el servicio o la función a la cual se refiere, no funcionó, funcionó mal o lo hizo tardíamente.

“Así pues, el primer elemento que se debe observar en el análisis de la responsabilidad es la existencia del daño, el cual, además debe ser antijurídico, comoquiera que éste constituye un elemento necesario de la responsabilidad, de allí la máxima ‘sin daño no hay responsabilidad’ y sólo ante su acreditación hay lugar a explorar la posibilidad de imputación del mismo al Estado.

“En consecuencia, como no se acreditó la ocurrencia del daño invocado en la causa petendi de la demanda, consistente en la privación injusta de la libertad a la que se dijo fue sometido el señor Carlos Hernán Sánchez Cuta, es claro que la ausencia de este primer elemento de la responsabilidad hace innecesario profundizar en el estudio de la imputación, por lo que el argumento planteado en el recurso de apelación no está llamado a prosperar” (se destaca).

Bajo dicho contexto, considera la Sala que ante la ausencia de pruebas acerca de la existencia del daño, primer elemento del estudio de la responsabilidad del Estado, jurídicamente resulta improcedente proseguir con el análisis de los demás elementos para determinar si, por el segundo daño alegado, cabía levantar o no una condena contra la Fiscalía General de la Nación.

Por tanto, dadas las circunstancias fácticas descritas, como la parte actora no cumplió con los deberes que ineludiblemente el ordenamiento jurídico -artículo 177 del C.P.C.- previó para lograr la declaratoria de responsabilidad de la entidad pública demandada, y toda vez que, bajo los términos del artículo 90 de la Constitución Política, no se acreditaron los elementos necesarios para alzar una declaratoria de responsabilidad en contra del Estado, por la privación de la libertad del señor Luis Porfidio Farías Sánchez, la Sala confirmará la sentencia apelada, por medio de la cual se negaron las pretensiones de la demanda.

7. Condena en costas

En vista de que no se observa en este caso temeridad o mala fe en el actuar de las partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas, de conformidad con lo previsto en el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 29 de marzo de 2012, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A.

SEGUNDO: Sin condena en costas

Ejecutoriada la presente providencia, por Secretaría DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

HERNÁN ANDRADE RINCÓN

CARLOS ALBERTO ZAMBRANO BARRERA
Folio 50 del cuaderno principal. Montos que discriminaron de la siguiente manera: cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes, por concepto de perjuicios morales, y cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes, por concepto de daño a la vida de relación. Montos que discriminaron de la siguiente manera: cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes, por concepto de perjuicios morales, y cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes, por concepto de daño a la vida de relación. Folio 109 del cuaderno principal. Folio 111 del cuaderno principal. Folio 109 del cuaderno principal. Folios 112 – 135 del cuaderno principal. Folio 176 del cuaderno principal. Folios 178 – 189 del cuaderno principal. Folios 191 – 209 del cuaderno principal. Folios 218 – 221 del cuaderno principal. Folios 224 - 226 del cuaderno principal. De acuerdo con lo decidido por la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo en sesión del 25 de abril de 2013, según acta No. 10. Auto del 9 de septiembre de 2008 de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado. Exp. 11001-03-26-000-2008-00009-00. M.P. Mauricio Fajardo Gómez. Al respecto se pueden consultar las siguientes providencias: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 4 de febrero de 2002, exp. 13622. CP. Dra. María Elena Giraldo Gómez, reiterada en sentencia del 11 de agosto de 2011 de la Subsección A de la Sección Tercera de esta Corporación, exp. 21801 y auto del 9 de junio de 2010, exp. 37410. CP. Dr. Mauricio Fajardo Gómez. Folios 158 – 202 del cuaderno 16. Folios 52 – 83 del cuaderno 43. Constancia de ejecutoria obrante a folio 80 del cuaderno 21. En ese mismo sentido, ver la sentencia del 29 de enero de 2014, exp. 33806, proferida por Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A. M.P. Hernán Andrade Rincón y la sentencia del 29 de mayo de 2014, exp. 24078, proferida por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B. M.P. Ramiro de Jesús Pazos Guerrero. Folios 6 – 50 del cuaderno principal.
“Conforme el artículo 175 del Código de Procedimiento Civil y a lo que ha sostenido la doctrina procesal, la publicación periodística que realice cualquiera de los medios de comunicación puede ser considerada prueba documental. Sin embargo, en principio solo representa valor secundario de acreditación del hecho en tanto por sí sola, únicamente demuestra el registro mediático de los hechos. Carece de la entidad suficiente para probar en sí misma la existencia y veracidad de la situación que narra y/o describe. Su eficacia como plena prueba depende de su conexidad y su coincidencia con otros elementos probatorios que obren en el expediente. Por tanto, individual e independientemente considerada no puede constituir el único sustento de la decisión del juez.
“En la jurisprudencia de esta Corporación existen precedentes que concuerdan con esta posición. Se ha estimado que las publicaciones periodísticas ‘(…) son indicadores sólo de la percepción del hecho por parte de la persona que escribió la noticia’, y que si bien ‘(…) son susceptibles de ser apreciadas como medio probatorio, en cuanto a la existencia de la noticia y de su inserción en medio representativo (periódico, televisión, Internet, etc.) no dan fe de la veracidad y certidumbre de la información que contienen” (se resalta). Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, providencia del 29 de mayo de 2012, exp. 11001031500020110-1378-00, M.P. Susana Buitrago Valencia. Folios 2 y 3 del cuaderno 20. Folios 8 y 9 del cuaderno 19 y folios 183 – 202 del cuaderno 20. Folios 232 – 234 del cuaderno principal. Lo anterior, de conformidad con la Resolución No.

0359 del 3 de marzo de 2000, por medio de la cual se aceptó la renuncia del señor Luis Porfidio Farías Sánchez, quien se desempeñaba como Director Seccional del DAS en Sucre. Folio 266 del cuaderno 20. Folios 213 – 230 y 236 – 243 del cuaderno 7. Folio 244 del cuaderno 7. Folios 83 – 107 del cuaderno 24. Orden de captura -folio 108 del cuaderno 24-, la cual fue extendida a la DIJIN y a la SIJIN, mediante proveído del 27 de abril de 2000 para hacerla efectiva, la cual, más adelante, fue revocada por parte del Juzgado Quince Penal del Circuito, por medio de providencia del 10 de agosto de 2001, en la que se ordenó la libertad del aquí demandante, quien, luego de permanecer recluido en la escuela del DAS Aquiminidia, suscribió acta de compromiso el 10 de agosto de 2001. Folios 189 -198 del cuaderno 14. Folios 8 – 57 del cuaderno 19. Folios 158 – 202 del cuaderno 16. Folio 201 del cuaderno 16. Folios 52 – 83 del cuaderno 43. Se hace la precisión de que si bien dicho artículo también señala la no interposición de los recursos como una causal de exoneración, en materia de privación injusta de la libertad, tal evento se encuentra exceptuado, de manera expresa, por el artículo 67 de la Ley 270 de 1996, cuando esta se produzca en virtud de una providencia judicial, tal y como en el presente caso sucedió. En este sentido se pueden consultar, entre otras, las siguientes providencias: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 18 de febrero de 2010, exp. 17.933, M.P. Dra. Ruth Stella Correa Palacio; Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 30 de abril de 2014, exp. 27.414, M.P. Dr. Danilo Rojas Betancourth; Sección Tercera Subsección B, sentencia de 2 de mayo de 2016, exp. 32.126, M.P. Dr. Danilo Rojas Betancourth, reiteradas por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 1 de agosto de 2016, exp. 41.601, M.P. Dr. Hernán Andrade Rincón. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 20 de abril de 2005; expediente 15784; Magistrado Ponente: Dr. Ramiro Saavedra Becerra. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 25 de julio de 2002, exp. 13.744. M.P. María Elena Giraldo Gómez, reiterada en sentencia del 25 de marzo de 2010, exp. 17741. M.P. Myriam Guerrero de Escobar y por esta Subsección en sentencias del 26 de agosto de 2015 y del 23 de noviembre de 2016, exp. 40571. M.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera, entre muchas otras. Se hace la precisión de que, si bien la jurisprudencia de esta Corporación ha indicado que las indagatorias rendidas en procesos penales no tienen eficacia probatoria en estos procesos contenciosos administrativos, porque no cumplen con la formalidad del juramento -artículo 227 del Código de Procedimiento Civil-, lo cierto es que, para el caso concreto, en aras de alcanzar la verdad material, la Subsección valorará la indagatoria que rindió el señor Luis Porfidio Farías Sánchez, en conjunto con los demás elementos de convicción y bajo los criterios rectores de la sana crítica, de conformidad la postura que ha decantado la Sala Plena del Consejo de Estado en reiteradas oportunidades. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 12 de marzo de 2013, radicación No. 11001-03-15-000-2011-00125-00. M.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren; sentencia del 5 de noviembre de 2014, radicación No. 110010315000201200900-00/2012-00899 y 2012-00960. M.P. Stella Conto Díaz del Castillo; reiterada por esta Subsección, mediante sentencia del 27 de abril de 2016, exp. 40507. M.P. Hernán Andrade Rincón y sentencia del 13 de abril de 2016, radicación No. 63001-23-31-000-2008-00245-00, exp. 40111. Folio 17 del cuaderno principal.
“El Fiscal general de la Nación, Alfonso Gómez Méndez, dijo ayer que la investigación va bien, bien.

En rueda de prensa en las instalaciones de la Fiscalía, Gómez recordó que de todos modos la investigación que podría afectar a funcionarios del DAS, se encuentra todavía en etapa preliminar (…). Por este caso, la Fiscalía detuvo al detective Romer Salazar Sánchez, asimismo, llamó a indagatoria al jefe de inteligencia del DAS, teniente coronel Luis Alberto Pérez Alvarán y al jefe de la seccional del DAS en Sincelejo, Luis Pompilio Farías (…)” se destaca. Folio 65 del cuaderno de pruebas 1.
“Dos reuniones secretas, alteración y falsificación de informes secretos son algunas de las anomalías que llevaron a la Fiscalía a investigar al Coronel Pérez y al Mayor Barón (…). Este es solo uno de los puntos que llevó a la Fiscalía a capturar a Romer Salazar y a llamar a indagatoria al Mayor Barón y al director de inteligencia de esta institución (…). Ayer también vincularon a este proceso al ex director del DAS en Sucre, Luis Porfidio Farías Sánchez y otros diez detectives (…)” se subraya. Folio 66 del cuaderno de pruebas 1. Se hace la precisión de que si bien se remitieron las notas periodísticas de las emisiones del 6 de abril de 2000, publicadas por Noticias Caracol y por Noticias RCN, respectivamente, estas no se refieren en nada al señor Luis Porfidio Farías Sánchez y tampoco sobre su vinculación al proceso penal del que fue objeto. Folios 101 y 114 del cuaderno de pruebas 1. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 29 de enero de 2014, exp. 33806. M.P. Hernán Andrade Rincón. Folios 121 – 123 del cuaderno de pruebas 1. Se precisa que si bien el Tribunal de primera instancia, mediante auto del 2 de septiembre de 2010, ordenó que se recibieran los testimonios de los señores Ramiro Ramírez Valero, Ady Meléndez, Guillermo León Torres Zapata, las cuales habían sido pedidas en el escrito de la demanda, únicamente, se presentó el último de los mencionados, sin que la parte actora realizara alguna actuación tendiente a su recepción. Folio 147 del cuaderno principal y folios 115 y 116 del cuaderno de pruebas 1. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 27 de marzo de 2014, Exp: 29732, M.P. Mauricio Fajardo Gómez. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 26 de mayo de 2016, Exp: 38044, M.P. Hernán Andrade Rincón. Original en cita: En este sentido puede consultarse lo expuesto por esta Subsección en la sentencia de 8 de febrero de 2012, expediente 21.803.
“El artículo 90 de la Constitución Política consagra una cláusula general de responsabilidad patrimonial del Estado, que abarca tanto la responsabilidad de naturaleza contractual como la extracontractual; de su inciso primero, se deduce que son dos los elementos indispensables para la declaración de la responsabilidad patrimonial del Estado y demás personas jurídicas de derecho público, a saber: el daño antijurídico y la imputabilidad del mismo al Estado.
“Según se ha visto, condición necesaria para que desencadene la reparación es que el daño sea antijurídico, calificación que se obtiene de constatar que el ordenamiento jurídico no le ha impuesto a la víctima el deber de soportarlo, es decir, que el daño carece de 'causales de justificación'. Adviértase como (sic), entendido así el daño antijurídico frente al cual el estatuto superior impone la obligación reparatoria a cargo del Estado, si bien puede revestir modalidades diversas (material, moral, fisiológico, etc.), constituye una constante, razón por la cual, al tiempo que constituye un elemento indispensable para declarar la responsabilidad patrimonial del Estado, se sitúa en la base misma de la institución jurídica proveyéndola de fundamento” (Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias del 11 de noviembre de 1999 <expediente 11499> y del 5 de diciembre del 2005 <expediente 12158>), citada en la sentencia del 26 de mayo de 2016, exp. 39148, M.P.

Hernán Andrade Rincón, proferida por la Subsección A de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado.
“Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”.

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