Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 76001-23-31-000-2011-00026-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Acción de reparación directa
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 76001-23-31-000-2011-00026-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 76001-23-31-000-2011-00026-01
Consejero ponente: María Adriana Marín
8 de mayo de 2019
ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / DAÑO CAUSADO POR LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / SENTENCIA ABSOLUTORIA / PRINCIPIO DE IN DUBIO PRO REO / CULPA EXCLUSIVA DE LA VÍCTIMA
Para la Sala no hay duda de que la privación de la libertad del demandante no tuvo su causa eficiente o adecuada en la actividad de la administración, sino en la conducta asumida por el aquel, al portar documentos falsos e identificarse como una persona distinta, lo cual permitió a la autoridad que adelantaba la investigación penal construir indicios graves en su contra por el delito de rebelión, del cual es propio que sus autores permanezcan en la clandestinidad, oculten su verdadera identidad y utilicen bienes de origen ilícito. En conclusión, aun cuando aquí no se debate la responsabilidad penal ni se cuestiona la decisión de fondo proferida por la jurisdicción ordinaria, sí se advierte que las circunstancias en las que se presentaron los hechos que sirven de sustento a la demanda, dan cuenta de una situación que involucró al mencionado actor, la cual sirvió de fundamento para la imposición de la medida de aseguramiento que se tradujo en la restricción de su libertad. De esta manera, la Sala encuentra configurada la causal eximente de responsabilidad consagrada en el artículo 70 de la Ley 270 de 1996, que establece que en caso de responsabilidad del Estado por el actuar de sus funcionarios y empleados judiciales, “el daño se entenderá como debido a culpa exclusiva de la víctima cuando ésta haya actuado con culpa grave o dolo”. Por tanto, al momento de restringirse la libertad del aquí demandante el ente investigador contaba con indicios racionales que le indicaban que podía estar incurso en los delitos investigados, pues fue el proceder del investigado el que dio lugar al proceso penal que se adelantó en su contra. Así las cosas, la Sala confirmará la sentencia apelada, esto es la proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca el 16 de noviembre de 2012.
FUENTE FORMAL: LEY 270 DE 1996 - ARTÍCULO 70
NOTA DE RELATORÍA: Sobre el régimen de responsabilidad patrimonial del estado por privación injusta de la libertad, ver la Sentencia de Unificación 072 del 5 de julio de 2018, Corte Constitucional, M. P. José Fernando Reyes Cuartas; y sentencia C-037 del 5 de febrero de 1996, Corte Constitucional, M. P. Vladimiro Naranjo Mesa, en la cual se determinó la exequibilidad condicionada del artículo 68 de la Ley 270 de 1996.
CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA EN PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD
De conformidad con lo previsto por el numeral 8 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 44 de la ley 446 de 1998, la acción de reparación directa debe instaurarse dentro de los dos años contados a partir del día siguiente al acaecimiento del hecho, omisión, operación administrativa u ocupación permanente o temporal de inmueble de propiedad ajena por causa de trabajos públicos o por cualquier otra causa. Tratándose de acciones de reparación directa por la privación injusta de la libertad, la jurisprudencia reiterada de esta Sección del Consejo de Estado ha considerado que el término de caducidad se empieza a contar a partir del día siguiente a la ejecutoria de la providencia que precluyó la investigación, de la sentencia absolutoria o desde el momento en que quede en libertad el procesado, lo último que ocurra, momento a partir del cual se configura el carácter injusto de la limitación del derecho a la libertad
FUENTE FORMAL: LEY 446 DE 1998 – ARTÍCULO 44
CULPA EXCLUSIVA DE LA VÍCTIMA
[L]a culpa exclusiva de la víctima se configura cuando se acredita que el afectado actuó con temeridad en el proceso penal o que incurrió en comportamientos irregulares que ameritaban el adelantamiento de la respectiva actuación y, de manera consecuente, justificaban la imposición de una medida que le privó de su libertad.
NOTA DE RELATORÍA: Sobre la culpa exclusiva de la víctima, cita las siguientes sentencias de la Sección Tercera del Consejo de Estado: (i) sentencia del 14 de septiembre de 2017, expediente 46452, M. P. Marta Nubia Velásquez Rico (e) y (ii) sentencia del 19 de abril de 2018, expediente 50839, M. P. Marta Nubia Velásquez Rico.
PRESUPUESTOS PARA LA CONFIGURACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD
La Sección Tercera venía sosteniendo que en los casos en que una persona era detenida preventivamente, por disposición de una autoridad judicial, y luego recuperaba su libertad, bien porque resultaba absuelta bajo supuestos de que el hecho no existió, el sindicado no lo cometió, la conducta no era constitutiva de hecho punible o en aplicación del principio in dubio pro reo, inmediatamente surgía un daño que esa persona no estaba en la obligación de soportar y que, por tanto, el Estado era patrimonialmente responsable, en aplicación de un régimen objetivo de responsabilidad bajo el título de daño especial. Esto, sin importar si el agente judicial actuó o no conforme a la ley, por cuanto estaban en juego derechos y principios de estirpe constitucional como la libertad personal y la presunción de inocencia, la cual, al no ser desvirtuada por el Estado, tornaba en injusta la privación la privación. Debe aclararse, en todo caso, que la Sección Tercera del Consejo de Estado no descartaba la aplicación de la falla del servicio para la declaración de responsabilidad estatal por privación injusta de la libertad. Así lo ha declarado en asuntos donde resulta evidente que se trata de una detención ilegal o arbitraria, en eventos de homonimia o cuando se trata de capturas realizadas para efectos de indagatoria, surtidas las cuales, no se dicta una medida de aseguramiento contra el imputado. Dicho criterio jurisprudencial, sin embargo, fue modificado recientemente en la sentencia de unificación del 15 de agosto de 2018, proferida por la Sala Plena de esta Sección, en la cual se concluyó que no basta con probar la restricción de la libertad y la posterior ausencia de condena, sino que es menester analizar si el daño derivado de la privación de la libertad es o no antijurídico, a la luz del artículo 90 de la Constitución Política, lo que implica tres pasos: i) si el privado de la libertad incurrió en dolo o culpa grave; ii) cuál es la autoridad llamada a reparar y, iii) en virtud del principio iura novit curia encausar el asunto bajo el título de imputación que se considere pertinente y, claro está, de acuerdo con el caso concreto y expresando de forma razonada los fundamentos de la decisión.
FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 90
NOTA DE RELATORÍA: Sobre el título de imputación en casos de privación de la libertad, cita la Sentencia de Unificación Jurisprudencial del 15 de agosto de 2018, Exp. 46947, Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Tercera, C. P. Carlos Alberto Zambrano Barrera.
APLICACIÓN DEL PRINCIPIO IURA NOVIT CURIA / APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE IN DUBIO PRO REO
[E]n materia de reparación directa se acepta la aplicación del principio iura novit curia, de acuerdo con las particularidades de cada caso y que definir de manera rigurosa el título de imputación en estos eventos contraviene la interpretación del artículo 68 de la Ley 270 de 1996 y de contera el régimen general de responsabilidad estatal del artículo 90 de la Constitución Política. En el mismo sentido precisa que en determinados eventos, entre los cuales hace referencia a la absolución por in dubio pro reo, no se acreditó el dolo o se declaró atipicidad subjetiva, la aplicación automática de un régimen de responsabilidad objetiva, sin que medie un razonamiento sobre si la privación de la libertad fue inapropiada, irrazonable, desproporcionada o arbitraria vulnera el precedente constitucional con efectos erga omnes, esto es la sentencia C-037 de 1996. De acuerdo con la providencia, el juez puede escoger entre un título de imputación subjetivo u objetivo, de acuerdo con el carácter demostrativo de la prueba recaudada o la absoluta inexistencia de la misma y agrega que la nominación de las causales de privación injusta de la libertad no se agotan en las que prescribía el derogado artículo 414 del Decreto Ley 2700 de 1991.
FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 90 / LEY 270 DE 1996 – ARTÍCULO 68 / DECRETO LEY 2700 DE 1991 - ARTÍCULO 414
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejera ponente: MARÍA ADRIANA MARÍN
Bogotá, D.C., ocho (8) de mayo de dos mil diecinueve (2019)
Radicación número: 76001-23-31-000-2011-00026-01(47586)
Actor: LUIS ARMANDO CASTILLO PÉREZ Y OTROS
Demandado: NACIÓN-FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN
Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA
Temas: PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / CULPA EXCLUSIVA DE LA VÍCTIMA – La conducta del demandante dio lugar a la investigación penal que se adelantó en su contra por los delitos rebelión, secuestro extorsivo, homicidio y perfidia.
Por no haber sido aprobado por la mayoría de la Subsección “A” el proyecto presentado por el consejero Carlos Alberto Zambrano Barrera, se procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en contra de la sentencia del 16 de noviembre de 2012, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda.
SÍNTESIS DEL CASO
El señor Luis Armando Castillo Pérez fue capturado el 23 de marzo de 2003 por miembros de la Policía Nacional, sindicado de los delitos de rebelión, secuestro, perfidia y homicidio agravado. El 31 de marzo de 2003, la Fiscalía Segunda Especializada de Santiago de Cali dictó medida de aseguramiento en su contra por los delitos antes mencionados. Mediante Resolución del 20 de septiembre de 2003, la misma Fiscalía calificó el mérito del sumario y acusó al señor Luis Armando Castillo Pérez por el punible de rebelión, únicamente. Finalmente, el 27 de octubre de 2008, el Juzgado Quinto Penal del Circuito Especializado de Santiago de Cali absolvió al señor Luis Armando Castillo Pérez de los cargos formulados en su contra, por la falta de elementos de convicción que le permitiera tener certeza de su responsabilidad penal.
ANTECEDENTES
1. La demanda
Mediante escrito presentado el 13 de enero de 2011 (f. 104-126), los señores Luis Armando Castillo Pérez, Ruby Aidee Rojas, Adela Pérez Vargas, Harvy Andrés Castillo Gómez y Diego Armando Castillo Gómez, por conducto de apoderado judicial (f. 1-2 c-1), presentaron demanda de reparación directa en contra la Nación-Fiscalía General de la Nación, con el fin de declararla patrimonialmente responsable por los perjuicios que les fueron causados por la privación injusta de la libertad que soportó el primero de los mencionados, entre el 23 de marzo de 2003 y el 11 de noviembre de 2004.
Los demandantes solicitaron que se hicieran las siguientes declaraciones y condenas:
1. Respetuosamente solicito que mediante sentencia que haga tránsito a cosa juzgada se declare administrativamente responsable a la Nación-Fiscalía General de la Nación, por la detención injusta de que fuera objeto Luis Armando Castillo Pérez por un (1) año, siete (7) meses y diecinueve (19) días.
2. Como consecuencia de la anterior declaración se condene a la Nación-Fiscalía General de la Nación a pagar perjuicios materiales y morales causados tanto a Luis Armando Castillo Pérez, como a su compañera permanente Ruby Aidee Rojas, [su madre] Adela Pérez [y sus hijos] Harvy Andrés y Diego Armando Castillo Gómez, en los siguientes términos:
Materiales
Para Luis Armando Castillo Pérez por los (1) año, siete (7) meses y diecinueve (19) días que dejó de percibir ingresos por lo menos los equivalentes al salario mínimo legal mensual vigente, quinientos quince mil quinientos pesos ($515.500) M/cte, más el subsidio de transporte sesenta y un mil quinientos pesos ($61.500) M/cte, para un total de quinientos setenta y siete mil pesos ($577.000) M/cte, los que multiplicados por diecinueve meses y diecinueve días que estuvo privado de su libertad de forma injusta asciende a la suma de once millones trescientos veintisiete mil ochocientos pesos ($11’327.800) M/cte; de los cuales las prestaciones sociales por cesantías asciende a novecientos cuarenta y cuatro mil treinta y seis pesos ($944.036) M/cte; intereses a las cesantías ciento trece mil doscientos ochenta y cuatro pesos ($113.284); por prima de servicios novecientos cuarenta y cuatro mil treinta y seis pesos ($944.036) M/cte; por vacaciones quinientos cincuenta y siete mil setecientos cincuenta y siete pesos ($557.700) (sic) M/cte y todas estas sumas, sumadas, valga la redundancia, son iguales a trece millones ochocientos ochenta y seis mil novecientos trece pesos (13’886.913) M/cte, equivalentes a los perjuicios materiales.
Morales
Para Luis Armando Castillo Pérez, la suma de mil (1000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, es decir, la suma de quinientos quince millones de pesos ($515’000.000) M/cte (…).
Para la señora Adela Pérez, madre de Luis Armando Castillo Pérez, cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes, es decir, la suma de cincuenta y un millones quinientos mil pesos ($51’500.000) M/cte (…).
Para Harvy Andrés y Diego Armando Castillo Gómez, hijos de Luis Armando Castillo Pérez, cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno, es decir, la suma de cincuenta y un millones quinientos mil pesos ($51’500.000) M/cte (…).
Las pretensiones anteriores se fundamentan en los siguientes hechos:
El 11 de abril de 2002, un grupo subversivo de las FARC, haciéndose pasar por miembros de la Fuerza Pública, secuestró a doce diputados de la Asamblea Departamental del Valle del Cauca.
Como consecuencia de lo anterior, la Fiscalía General de la Nación libró orden de captura en contra del señor Luis Armando Castillo Pérez. El 23 de marzo de 2003, miembros de la Policía Nacional capturaron al hoy demandante y lo dejaron a disposición de Fiscalía Segunda Especializada de Santiago de Cali.
El 31 de marzo de 2003, la referida Fiscalía definió la situación jurídica del señor Luis Armando Castillo Pérez y le impuso medida de aseguramiento consistente en detención preventiva, por los delitos de rebelión, secuestro extorsivo, homicidio y perfidia. Posteriormente, mediante proveído del 20 de septiembre de 2003, la Fiscalía Segunda Especializada de Santiago de Cali procedió a calificar el mérito del sumario y profirió resolución de acusación en su contra, pero solo por el delito de rebelión.
El 8 de noviembre del 2004, el Juzgado Dieciocho Penal del Circuito de Santiago Cali ordenó la libertad provisional del señor Luis Armando Castillo Pérez, la cual se hizo efectiva el 11 de noviembre siguiente, fecha en la que se libró la respectiva boleta de libertad.
El 27 de octubre de 2008, el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Santiago Cali absolvió al señor Luis Armando Castillo Pérez del cargo por el cual fue acusado, al no encontrar reunidos los requisitos del artículo 323 del Código de Procedimiento Penal para condenarlo.
Finalmente, se expuso que durante el tiempo en que estuvo privado de su libertad, el demandante dejó de percibir los ingresos con los que sustentaba las necesidades de su familia y sufrió daños morales causados por el desprestigio y la deshonra que tal situación le generó.
2. El trámite en primera instancia
2.1. La demanda fue admitida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca mediante providencia del 4 de febrero del 2011 (f. 129-128 c-1), decisión que fue notificada en legal forma a Nación-Fiscalía General de la Nación (f. 131 c-1) y al Ministerio Público (f. 130 c-1).
2.2. La Nación-Fiscalía General de la Nación no contestó la demanda (f. 133 c-1).
2.3. Por auto del 2 de noviembre de 2011 (f. 134-133 c-1), se abrió el proceso a pruebas y mediante proveído del 13 de septiembre de 2012 (f. 166-167 c-1), se ordenó correr traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto de fondo.
2.4. En esta oportunidad procesal, la Fiscalía General de la Nación sostuvo que, de conformidad con el artículo 250 de la Constitución Política, le correspondía asegurar la comparecencia de las personas investigadas por la comisión de conductas punibles y, para el efecto, podía imponer medidas restrictivas de la libertad, como la que recayó sobre el señor Castillo Pérez.
Afirmó que la medida de aseguramiento decretada en contra del hoy demandante reunía los requisitos necesarios que exigía la ley, dado que dicha decisión estuvo justificada en los elementos materiales probatorios legalmente recaudados en el proceso penal.
Finalmente, agregó que en el presente asunto no se estructuró el daño antijurídico cuyo indemnización se reclamaba, pues la detención preventiva que se impuso al ahora demandante era una carga que estaba en el deber de soportar (f. 168-171 c1).
2.5. La parte demandante y el Ministerio Público guardaron silencio.
3. La sentencia de primera instancia
El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante sentencia del 16 de noviembre 2012, negó las pretensiones de la demanda, por considerar que la privación que soportó el señor Luis Armando Castillo Pérez no fue injusta (f. 173-215 c-2).
El Tribunal A quo sostuvo, en síntesis, que una vez definido el régimen de responsabilidad aplicable al presente asunto -falla en el servicio- y realizada la correspondiente valoración probatoria, no había lugar a imputarle a la entidad demandada responsabilidad alguna, pues sobre el hoy demandante recaían indicios graves que lo comprometían con los delitos endilgados en su contra, por lo que el daño alegado en la demanda no podía ser calificado como antijurídico. Al respecto, expuso:
En ese orden de ideas, puede afirmarse, sin lugar a dudas, que la detención preventiva que sufrió el señor Luis Armando Castillo Pérez no resulta injusta en los términos establecidos por el artículo 68 de la Ley Estatutaria 270 de 1996, para que pueda generar la imputación de responsabilidad de la demandada, ya que su adopción fue el resultado de la confluencia de los requisitos que el estatuto procesal entonces vigente establecía para su imposición. Si bien es cierto que se produjo al final del proceso una sentencia absolutoria, este hecho por sí solo no implica que el Estado deba indemnizar un daño representado en una privación de la libertad, que si bien pudo ocasionar la inconformidad del encartado, no resulta antijurídica en el caso concreto, pues tal como se anotó, dicha medida fue debidamente justificada en el momento en que fue dictada y se encontraba acorde con los requisitos legales vigentes para esa fecha.
4. El recurso de apelación
La parte demandante interpuso recurso de apelación y solicitó que se revocara la sentencia de primera instancia (f. 216-242 c-2). Adujo que la responsabilidad por privación injusta de la libertad debía superar los eventos previstos en el artículo 414 del Decreto 2700 de 1991 y los criterios adoptados por la jurisprudencia cuando la absolución se fundamentara en el principio de in dubio pro reo, para ser estudiada desde una perspectiva amplia, basada en la cláusula general de responsabilidad, contenida en el artículo 90 de la Constitución Política, comoquiera que el derecho fundamental protegido era el de la libertad.
Expuso que la reparación del daño en privación injusta de la libertad es un derecho que tienen los detenidos que resultan absueltos por cualquier causa, pues en esos casos se hace evidente la inoperancia del ente encargado de la investigación.
Manifestó que la Fiscalía General de la Nación privó de la libertad al señor Castillo Pérez y lo sindicó de ser el autor de un concurso de graves delitos; sin embargo, la investigación culminó por la falta de pruebas y, por tanto, dicha entidad debía responder en los términos el artículo 90 de la Constitución Política.
Adujo que en el proceso penal, la Fiscalía General de la Nación detuvo al señor Luis Armando Castillo Pérez y luego lo investigó; es decir, que el ente investigador invirtió “la presunción de inocencia por la culpabilidad”, lo que causó un daño que debe ser indemnizado.
En suma, arguyó que el señor Luis Armando Castillo Pérez no se encontraba en el deber jurídico de soportar la restricción a su libertad y, por tanto, la sentencia impugnada debía ser revocada.
5. El trámite de segunda instancia
El recurso de apelación presentado por la parte demandante fue concedido el 9 de abril de 2013 (f. 245 c-2) y admitido el 10 de julio de la misma anualidad (f. 249 c-2). Posteriormente, mediante providencia del 14 de agosto de 2013, se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto (f. 141 c-2).
La Fiscalía General de la Nación reiteró los argumentos expuestos a lo largo del trámite procesal y pidió que se confirmara la sentencia de primera instancia (f. 252-257 c-2).
La parte demandante y el Ministerio Público guardaron silencio.
CONSIDERACIONES
1. Prelación de fallo
Mediante Acta N° 10 del 25 de abril de 2013, la Sala Plena de la Sección Tercera determinó la prelación para fallo en eventos de privación injusta de la libertad sin el rigor del turno, pero respetando el año de ingreso del expediente al Consejo de Estado.
2. Competencia
La Sala es competente para conocer del presente asunto en segunda instancia, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 16 de noviembre de 2012, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, dado que, de conformidad con el artículo 73 de la Ley 270 de 1996 y las consideraciones de la Sala Plena del Consejo de Estado en auto de 9 de septiembre de 2008, la competencia para conocer de las acciones de reparación directa que se instauren por error jurisdiccional, privación injusta de la libertad o defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, se encuentra radicada en los tribunales administrativos en primera instancia y en el Consejo de Estado en segunda instancia, sin consideración a la cuantía del proceso.
3. Ejercicio oportuno de la acción
De conformidad con lo previsto por el numeral 8 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 44 de la ley 446 de 1998, la acción de reparación directa debe instaurarse dentro de los dos años contados a partir del día siguiente al acaecimiento del hecho, omisión, operación administrativa u ocupación permanente o temporal de inmueble de propiedad ajena por causa de trabajos públicos o por cualquier otra causa.
Tratándose de acciones de reparación directa por la privación injusta de la libertad, la jurisprudencia reiterada de esta Sección del Consejo de Estado ha considerado que el término de caducidad se empieza a contar a partir del día siguiente a la ejecutoria de la providencia que precluyó la investigación, de la sentencia absolutoria o desde el momento en que quede en libertad el procesado, lo último que ocurra, momento a partir del cual se configura el carácter injusto de la limitación del derecho a la libertad.
En el expediente reposa la providencia proferida el 27 de octubre de 2008, por medio de la cual el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Santiago de Cali absolvió al señor Luis Armando Castillo Pérez de los cargos formulados en su contra, decisión que quedó ejecutoriada el 9 de diciembre de 2008 (f. 97 c-1).
Así las cosas, se tiene que, en principio, el término para interponer la demanda corrió entre el 10 de diciembre de 2008 y el 10 de diciembre de 2010.
No obstante lo anterior, obra en el expediente constancia expedida por el Procurador 135 Judicial II Administrativo del Valle del Cauca, en la que consta que la parte actora presentó solicitud de conciliación extrajudicial el 25 de octubre de 2010, es decir, 47 días antes de que caducara la acción (f. 103 c-1).
El aludido cómputo se reanudó con la expedición del acta que declaró fallida la conciliación -numeral 1, del artículo 2 de la Ley 640 de 2001-, el 1 de diciembre de 2010, de modo que a partir del día siguiente a esa fecha se retomó el conteo de los 47 días que restaban cuando se suspendió el término de caducidad, lo cual permite establecer que el plazo para presentar la demanda fenecía el 17 de enero de 2011 y, como se interpuso el 13 de enero de ese año, resulta evidente que se hizo oportunamente, esto es, sin que operara el fenómeno jurídico procesal de caducidad.
4. Legitimación en la causa
Encuentra la Sala que el señor Luis Armando Castillo Pérez está legitimado para actuar como demandante dentro del proceso de reparación directa, por cuanto con las pruebas obrantes en el expediente se acredita que fue privado de la libertad, en cumplimiento de la medida de aseguramiento que le fue impuesta en el proceso penal adelantado en su contra por la posible comisión de los delitos de rebelión, secuestro extorsivo, homicidio y perfidia.
En relación con los demás demandantes, su interés para solicitar la indemnización por los perjuicios causados con la privación de la libertad del señor Luis Armando Castillo Pérez se infiere del vínculo de parentesco y de la relación afectiva, que, respectivamente, tienen con el mismo (f. 1-6 c-1), hechos a los cuales se hará referencia más adelante.
Sobre la legitimación en la causa por pasiva, se tiene que el daño alegado en la demanda se hace derivar de las actuaciones y decisiones adelantadas por la Fiscalía General de la Nación, de manera que la Nación, representada por esa entidad, se encuentra legitimada como parte demandada en el asunto de la referencia.
5. La responsabilidad del Estado por la privación de la libertad con fundamento artículo 90 de la Constitución Política
5.1. La Sección Tercera venía sosteniendo que en los casos en que una persona era detenida preventivamente, por disposición de una autoridad judicial, y luego recuperaba su libertad, bien porque resultaba absuelta bajo supuestos de que el hecho no existió, el sindicado no lo cometió, la conducta no era constitutiva de hecho punible o en aplicación del principio in dubio pro reo, inmediatamente surgía un daño que esa persona no estaba en la obligación de soportar y que, por tanto, el Estado era patrimonialmente responsable, en aplicación de un régimen objetivo de responsabilidad bajo el título de daño especial. Esto, sin importar si el agente judicial actuó o no conforme a la ley, por cuanto estaban en juego derechos y principios de estirpe constitucional como la libertad personal y la presunción de inocencia, la cual, al no ser desvirtuada por el Estado, tornaba en injusta la privación la privación.
Debe aclararse, en todo caso, que la Sección Tercera del Consejo de Estado no descartaba la aplicación de la falla del servicio para la declaración de responsabilidad estatal por privación injusta de la libertad. Así lo ha declarado en asuntos donde resulta evidente que se trata de una detención ilegal o arbitraria, en eventos de homonimia o cuando se trata de capturas realizadas para efectos de indagatoria, surtidas las cuales, no se dicta una medida de aseguramiento contra el imputado.
5.2. Dicho criterio jurisprudencial, sin embargo, fue modificado recientemente en la sentencia de unificación del 15 de agosto de 2018, proferida por la Sala Plena de esta Sección, en la cual se concluyó que no basta con probar la restricción de la libertad y la posterior ausencia de condena, sino que es menester analizar si el daño derivado de la privación de la libertad es o no antijurídico, a la luz del artículo 90 de la Constitución Política, lo que implica tres pasos: i) si el privado de la libertad incurrió en dolo o culpa grave; ii) cuál es la autoridad llamada a reparar y, iii) en virtud del principio iura novit curia encausar el asunto bajo el título de imputación que se considere pertinente y, claro está, de acuerdo con el caso concreto y expresando de forma razonada los fundamentos de la decisión. La Sala señaló en la mencionada sentencia:
Así las cosas y como al tenor de los pronunciamientos de esta Sala la privación de la libertad de una persona puede ser imputada al Estado siempre y cuando ella no haya incurrido, bajo la perspectiva de lo civil, en culpa grave o dolo civil, es menester determinar si, a la luz del artículo 63 del Código Civil, la conducta de quien fue privado de la libertad se puede considerar como tal y si, por consiguiente, fue esa persona quien dio lugar a la apertura del respectivo proceso penal y a la imposición de la medida de aseguramiento de detención preventiva cuyos perjuicios subsecuentes pretende le sean resarcidos.
En consecuencia, procede la Sala a modificar y a unificar su jurisprudencia en relación con los casos cuya litis gravita en torno a la responsabilidad patrimonial del Estado por privación de la libertad, en el sentido de que, en lo sucesivo, cuando se observe que el juez penal o el órgano investigador levantó la medida restrictiva de la libertad, sea cual fuere la causa de ello, incluso cuando se encontró que el hecho no existió, que el sindicado no cometió el ilícito o que la conducta investigada no constituyó un hecho punible, o que la desvinculación del encartado respecto del proceso penal se produjo por la aplicación del principio in dubio pro reo, será necesario hacer el respectivo análisis a la luz del artículo 90 de la Constitución Política, esto es, identificar la antijuridicidad del daño.
Adicionalmente, deberá el juez verificar, imprescindiblemente, incluso de oficio, si quien fue privado de la libertad actuó, visto exclusivamente bajo la óptica del derecho civil, con culpa grave o dolo, y si con ello dio lugar a la apertura del proceso penal y a la subsecuente imposición de la medida de aseguramiento de detención preventiva.
Si el juez no halla en el proceso ningún elemento que le indique que quien demanda incurrió en esa clase de culpa o dolo, debe establecer cuál es la autoridad u organismo del Estado llamado a reparar el daño.
El funcionario judicial, en preponderancia de un juicio libre y autónomo y en virtud del principio iura novit curia, puede encausar el análisis del asunto bajo las premisas del título de imputación que considere pertinente, de acuerdo con el caso concreto y deberá manifestar de forma razonada los fundamentos que le sirven de base para ello.
5.3. Las consideraciones anteriores no resultan contradictorias con las conclusiones de la sentencia de unificación de la Corte Constitucional, SU 072/18, sobre el régimen de responsabilidad patrimonial del Estado aplicable en eventos de privación injusta de la libertad.
En efecto, la Corte precisa que, ni el artículo 90 de la Constitución Política, como tampoco el artículo 68 de la Ley 270 de 1996, que establece la privación injusta de la libertad como un evento resarcible, así como la sentencia C-037 de 1996, que determinó la exequibilidad condicionada de ese artículo, determinan un régimen específico de responsabilidad patrimonial del Estado en eventos de privación injusta de la libertad.
La Corte Constitucional reitera que en materia de reparación directa se acepta la aplicación del principio iura novit curia, de acuerdo con las particularidades de cada caso y que definir de manera rigurosa el título de imputación en estos eventos contraviene la interpretación del artículo 68 de la Ley 270 de 1996 y de contera el régimen general de responsabilidad estatal del artículo 90 de la Constitución Política.
En el mismo sentido precisa que en determinados eventos, entre los cuales hace referencia a la absolución por in dubio pro reo, no se acreditó el dolo o se declaró atipicidad subjetiva, la aplicación automática de un régimen de responsabilidad objetiva, sin que medie un razonamiento sobre si la privación de la libertad fue inapropiada, irrazonable, desproporcionada o arbitraria vulnera el precedente constitucional con efectos erga omnes, esto es la sentencia C-037 de 1996.
De acuerdo con la providencia, el juez puede escoger entre un título de imputación subjetivo u objetivo, de acuerdo con el carácter demostrativo de la prueba recaudada o la absoluta inexistencia de la misma y agrega que la nominación de las causales de privación injusta de la libertad no se agotan en las que prescribía el derogado artículo 414 del Decreto Ley 2700 de 1991.
Por último, en lo que tiene que ver con la unificación de la Corte Constitucional, en el mismo sentido de la sentencia de unificación de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en todos los casos en los que se reclame por un evento de privación injusta de la libertad debe considerarse la culpa exclusiva de la víctima.
5.4. Para llegar a las anteriores conclusiones, la Corte Constitucional pone de presente que la libertad es uno de los bastiones del Estado social de derecho de carácter multidimensional, como valor, principio y derecho fundamental, como se deduce del preámbulo y los artículos 1, 2 y 28 de la Constitución Política, entre otros, bajo el entendido de que valores tales como la democracia, el pluralismo y la dignidad humana no pueden ser entendidos sino tienen como punto de partida la libertad.
Sin embargo, la libertad, como, otros derechos, no tiene carácter ilimitado y puede ceder en casos excepcionalísimos al disfrute de los derechos por parte de otros individuos o a la búsqueda del bienestar general. La fuente principal de esas restricciones es el derecho punitivo, que al mismo tiempo la reconoce de manera principalísima como un principio.
Esas restricciones excepcionales a la libertad, además de los límites constitucionales, están sometidas de manera superlativa a estrictas reglas de competencia, de tiempo para verificar su legalidad, así como a la posibilidad de revisar la pertinencia de la restricción. En el mismo sentido debe hacerse una diferenciación tajante entre dos figuras, pena y detención preventiva, y que esta no puede implicar, de ninguna manera, una vulneración al principio de presunción de inocencia y que, conforme al bloque de constitucionalidad, se encuentran sometidas al criterio irreductible de que sean absolutamente necesarias.
Pero además de la necesidad, ese ejercicio punitivo preventivo del Estado encuentra otro límite, como es el principio de proporcionalidad, que permite desde el ámbito constitucional examinar y neutralizar los excesos de la potestad de configuración del legislador penal, en particular las medidas cautelares dirigidas a afectar la libertad personal de una persona imputada por un hecho punible. La regla de proporcionalidad impone que los beneficios de las medidas preventivas deben ser superiores o razonablemente equivalentes a las restricciones que imponen a los afectados por ellas.
Bajo los anteriores parámetros, la Corte Constitucional, en materia de responsabilidad patrimonial del Estado por privación injusta de la libertad, reconoce que el Consejo de Estado, en aras del principio de seguridad jurídica, ha acudido tanto a un régimen responsabilidad subjetivo como objetivo en determinados eventos, lo cual no contradice, en principio, la jurisprudencia constitucional en cuanto a la interpretación integral del artículo 90 de la Constitución Política.
Sin embargo, señala que, en cuatro eventos de absolución, como son que el hecho no existió, el sindicado no lo cometió, la conducta no constituía hecho punible o porque se aplicó el principio del in dubio pro reo, se ha aplicado el título objetivo de imputación del daño especial.
Con fundamento en todo lo anterior, la Corte Constitucional señala que en la sentencia C-037 de 1996 se concluyó que, cualquiera que sea el régimen a aplicar, la calificación de injusta de una privación de la libertad, implica necesariamente “definir si la providencia a través de la cual se restringió la libertad a una persona mientras era investigada y/o juzgada fue proporcionada y razonada, previa la verificación de su conformidad a derecho”. Frente a este tópico prescribe:
En este punto se precisa que esa comprensión fue plasmada como condicionamiento de dicho artículo, al consignar en el numeral tercero de la parte resolutiva que se declaraban exequibles “pero bajo las condiciones previstas en esta providencia, (…)”, entre otros, el artículo 68, sobre el cual en la parte considerativa se había determinado que las reflexiones transcritas eran las condiciones para declararlo exequible.
Ahora bien, la Corte señala que las normas que contienen los diferentes supuestos en los que procede la detención preventiva en los ordenamientos procesales penales, vigentes desde la promulgación del artículo 68 de la Ley 270 de 1996, le son inherentes el juicio de razonabilidad y de proporcionalidad. Sin embargo, los requisitos para imponer la medida de aseguramiento han variado de uno a otro de acuerdo el grado de convicción probatoria requerida, mientras el Decreto Ley 2700 de 1991 y la Ley 600 de 2000 solicitaban de uno o dos indicios graves de responsabilidad, respectivamente, la Ley 906 exige de una inferencia razonable de autoría o participación del imputado.
La Corte insiste en que para una interpretación adecuada del artículo 68 de la Ley 270 de 1996, el juez administrativo a la hora de definir si una privación de la libertad es injusta o no, independientemente del título de imputación que se elija aplicar, debe considerar si las decisiones adoptadas por el funcionario judicial se enmarcan en los presupuestos de “razonabilidad, proporcionalidad y legalidad”. Al respecto concluye:
Lo anterior significa que los adjetivos usados por la Corte [razonabilidad, proporcionalidad y legalidad] definen la actuación judicial, no el título de imputación (falla del servicio, daño especial o riesgo excepcional), esto es, aunque aquellos parecieran inscribir la conclusión de la Corte en un régimen de responsabilidad subjetivo; entenderlo así no sería más que un juicio apriorístico e insular respecto del compendio jurisprudencial que gravita en torno del entendimiento del artículo 68 de la Ley 270 de 1996, en tanto, debe reiterarse, la Corte estableció una base de interpretación: la responsabilidad por la actividad judicial depende exclusivamente del artículo 90 de la Constitución, el cual no establece un título de imputación definitivo, al haberse limitado a señalar que el Estado responderá por los daños antijurídicos que se le hubieren causado a los particulares.
Luego insiste en que el elemento común que exige el artículo 90 de la Constitución Política es la existencia de un daño antijurídico y que la responsabilidad patrimonial se define a partir de cualquiera de los títulos de imputación, frente a lo cual señala que, la sentencia C-037 de 1996 es consecuente con ese razonamiento a partir de la interpretación del artículo 65 de la Ley 270 de 1996, que es la cláusula general de responsabilidad del Estado en lo que tiene que ver con la actividad judicial, en la que no se adscribió a ningún título de imputación específico. Y en lo que tiene que ver con la privación injusta de la libertad señaló:
De esta manera, dependiendo de las particularidades del caso, es decir, en el examen individual de cada caso, como lo han sostenido el Consejo de Estado y la Corte Constitucional, el juez administrativo podrá elegir qué título de imputación resulta más idóneo para establecer que el daño sufrido por el ciudadano devino de una actuación inidónea, irrazonable y desproporcionada y por ese motivo, no tenía por qué soportarse.
La Corte señala que lo anterior no impide que se creen reglas en pro de ofrecer homogeneidad en materia de decisiones judiciales, pero estas deben fundamentarse en un análisis concienzudo de las fuentes del daño y no en generalizaciones normativas, que no tomen en cuenta las posibilidades que giran en torno a esas fuentes.
5.5. De acuerdo con lo anterior, la Corte Constitucional señala que en dos eventos establecidos por el Consejo de Estado, resulta factible aplicar un régimen objetivo de responsabilidad, estos son cuando el hecho no existió o la conducta era objetivamente atípica, en ambas situaciones la privación de la libertad resulta irrazonable y desproporcionada, por lo que “el daño antijurídico se demuestra sin mayores esfuerzos”.
En criterio de la Corte desde el inicio de la investigación el fiscal o juez deben tener claro que el hecho sí se presentó y que es objetivamente típico, ya que disponen de las herramientas necesarias para definir con certeza estos dos presupuestos. En el primer caso el funcionario judicial debe tener en claro esa información desde un principio y en el segundo se trata de una tarea más sencilla, que consiste en el cotejo entre la conducta que se predica punible y las normas que la tipifican como tal.
Las dos causales anteriores se contrastan con las absoluciones fundamentadas en que el procesado no cometió el delito y la aplicación del principio in dubio pro reo, la Corte considera que estas requieren de mayores disquisiciones por parte de los fiscales o jueces para vincular al imputado con la conducta punible y presentarlo como autor de la misma. En un sistema como el acusatorio no resulta exigible al fiscal y al juez con función de garantías que en etapas tempranas de la investigación penal definir si el imputado ejecutó la conducta, pues será en etapas posteriores que el funcionario judicial definirá tales asuntos, que solo se pueden definir en la contradicción probatoria durante un juicio oral.
Lo mismo pasaría respecto de eventos de absolución en los que concurre una causal de justificación o una de ausencia de culpabilidad, en los que la conducta resulta objetivamente típica, pero no lo era desde el punto de vista subjetivo.
5.6. En conclusión, las sentencias de unificación del Consejo de Estado como de la Corte Constitucional, establecen que en eventos de privación injusta de la libertad no se determina un régimen único de responsabilidad subjetivo u objetivo. Sin embargo, cualquiera sea el que se aplique se debe tomar en cuenta, frente al caso concreto, si la medida fue legal, razonable y proporcionada.
En la misma vía, en todos los eventos posibles, será necesario descartar si el imputado o sindicado con su conducta dolosa o gravemente culposa dio lugar a la medida de privación de la libertad.
Bajo los anteriores parámetros entra a considerarse el caso concreto.
6. Problema jurídico
La Sala debe determinar si la privación de la libertad que soportó el señor Luis Armando Castillo Pérez, en el marco del proceso penal seguido en su contra por los delitos de de los delitos de rebelión, secuestro extorsivo, homicidio y perfidia, constituye una detención injusta que compromete la responsabilidad de la Nación-Fiscalía General de la Nación.
7. Elementos de la responsabilidad
7.1. El daño
En el presente asunto, el daño alegado por el demandante es la afectación a su libertad, durante el tiempo que estuvo privado de esta en el marco del proceso penal que se adelantó en su contra, como presunto responsable de los delitos de de rebelión, secuestro extorsivo, homicidio y perfidia.
En efecto, la Sala considera que no hay duda de la existencia del daño alegado, pues se encuentra acreditado que el señor Luis Armando Castillo Pérez fue capturado por miembros de la Policía Nacional el 23 de marzo de 2003, como consecuencia de una investigación penal adelantada por la Fiscalía Segunda Especializada de Santiago de Cali, por el secuestro de 12 diputados de la Asamblea Departamental del Valle del Cauca (f. 8-11 c-1).
Igualmente, con el acta de compromiso suscrita por el señor Luis Armando Castillo Pérez y la respectiva boleta de libertad, se pudo acreditar que mediante providencia del 8 de noviembre de 2011, le fue concedido al demandante el beneficio de libertad provisional, el cual se materializó el 11 de noviembre siguiente (f. 77-78 c-1).
Finalmente, se tiene el señor Castillo Pérez siguió vinculado al proceso hasta el 27 de octubre de 2008, fecha en la cual el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Santiago de Cali dictó sentencia absolutoria, por considerar que existían dudas sobre su responsabilidad.
En cuanto al daño alegado por los demás demandantes, la Sala encuentra lo siguiente:
Está probado mediante las respectivas copias de los registros civiles de nacimiento que los señores Harvy Andrés Castillo Gómez y Diego Armando Castillo Gómez son hijos del señor Luis Armando Castillo Pérez. Por tanto, su condición de damnificados se encuentra debidamente acreditada (f. 4-5 c-1).
Igualmente, se tiene que al proceso concurrió la señora Adela Pérez Vargas, quien acreditó ser madre del afectado directo (f. 3 c-1), por lo que se infiere que padeció un daño como consecuencia de la privación de la libertad del señor Luis Armando Castillo Pérez.
En relación con la señora Ruby Aidee Rojas, quien afirmó ser la compañera permanente del señor Luis Armando Castillo Pérez, la Sala no encuentra probado el daño alegado por aquella, pues para acreditarlo, se aportó una declaración extrajuicio (f. 6 c-1), la cual, vale aclarar, carece de eficacia probatoria. Además, en el plenario no reposa otro medio probatorio que permita tenerla, al menos, como tercera damnificada.
7.2. La imputación
A pesar de que se demostró en el proceso que el señor Luis Armando Castillo Pérez estuvo privado de la libertad en desarrollo de una investigación penal que se adelantó en su contra por los delitos de rebelión, secuestro extorsivo, homicidio y perfidia, se trató de una restricción que no constituye un daño imputable a la entidad demandada, tal como pasa a explicarse.
De acuerdo con las pruebas documentales que se aportaron con la demanda, para la Sala resulta necesario destacar los siguientes hechos probados de la investigación penal:
El 11 de abril de 2002, un grupo subversivo de las FARC, haciéndose pasar por miembros de la Fuerza Pública, secuestró a doce diputados de la Asamblea Departamental del Valle del Cauca (f. 33 c1).
Por los anteriores hechos, la Fiscalía General de la Nación ordenó la captura del señor Luis Armando Castillo Pérez, sindicado de pertenecer al grupo subversivo “Manuel Cepeda Vargas” de las FARC y de participar en el secuestro de los miembros de la Asamblea Departamental del Valle del Cauca (f. 7 y 33 c-1).
El 23 de marzo de 2003, miembros de la Policía Nacional capturaron al hoy demandante y lo dejaron a disposición de Fiscalía Segunda Especializada de Santiago de Cali. En el informe de captura, se consignó lo siguiente (8-11 c-1):
Objeto de la misión
Dar cumplimiento a la orden de captura 0270895, contra el señor Luis Armando Castillo Pérez (…) por los delitos de rebelión, secuestro y homicidio agravado, dentro de la investigación que se adelanta por el secuestro de los diputados la Asamblea del Valle del Cauca.
Hechos
El Pasado el 11 de abril, un grupo armado de las FARC irrumpió en las instalaciones de la Asamblea Departamental secuestrando 12 diputados, huyendo con rumbo a los Farallones de Cali; haciéndose pasar como miembro de la Fuerza Pública.
Diligencias realizadas
Con el fin de dar cumplimiento a la orden de captura en mención, fue necesario realizar una serie de diligencias de vigilancias, seguimientos y verificaciones; logrando dar captura al sujeto en mención, quien, inicialmente, se identificó con la cédula de ciudadanía y nombre de:
Nombre: Jesús Antonio Ramírez López
Cédula: 14’466.058 de Dagua (Valle)
Nacido: Noviembre 24 de 1960
Edad: 42 años
Natural: Dagua
Estado civil: Unión libre
Ocupación: Vendedor de productos Omnilife
Residente: Barrio Antonio Nariño
Además, se le encontró en su poder licencia de conducción, certificado judicial del DAS, constancia de cédula de ciudadanía en trámite, permiso para porte de arma de fuego No. PO806426, carné para portar celular a nombre de Jesús Antonio Ramírez López. Al igual la persona en mención se movilizaba en el vehículo de las siguientes características (…).
Al vehículo en mención se le solicitó el respectivo estudio técnico, el cual arrojó como resultado por parte del técnico de automotores, adulteración en los sistemas de identificación (…)
Teniendo en cuenta que el sujeto en mención se identificó con un nombre totalmente diferente al citado en la orden de captura, se solicitó a la lofoscopista de la SIJIN, que realizara el respectivo dictamen para determinar la verdadera identidad, lográndose establecer que se trata de la persona solicitada en la orden de captura, el cual corresponde a:
Nombre: Luis Armando Castillo Pérez
Cédula: 16’881.653 de Florida (Valle)
Nacido: Enero 1 de 1961
Edad: 42 años
Natural: Pradera (Valle)
Estado civil: Unión libre
Ocupación: Vendedor de productos Omnilife
Residente: Barrio Antonio Nariño
Alias: Alejandro
Seudónimo: Fredy Castillo Cuero o Jesús Antonio Ramírez López.
El 31 de marzo de 2003, la Fiscalía Segunda Especializada de Santiago de Cali resolvió la situación jurídica del señor Luis Armando Castillo Pérez y le impuso medida de aseguramiento consistente en detención preventiva sin beneficio de libertad provisional, por la posible comisión de los delitos de rebelión, secuestro extorsivo, homicidio y perfidia.
Los argumentos para adoptar la anterior decisión fueron los siguientes (f. 14-27 c-1):
1. Rebelión
(…) Esa es precisamente la calidad que se endilga al señor Luis Armando Castillo Pérez, pues existen elementos de prueba que indican como el procesado formaba parte y era parte del cuadro del mando del grupo de milicianos que se organizó en la ciudad de Cali. En ese sentido se pronunció Jorge Eliécer Romero Salgado, quien en sus varias exposiciones respondió que Castillo Pérez –a quien conoció con el alias de “Castillo”-, era el coordinador de las actividades ilícitas propias del grupo de milicias de la zona.
En efecto, el testigo Romero Salgado fue enfático en afirmar que el señor Castillo Pérez era la persona que lo recibió en esta ciudad, le escuchó sus requerimientos y le resolvió las solicitudes que aquel estaba haciendo a la organización.
A pesar de que el procesado negó cualquier vínculo con la organización rebelde, la información entregada por el testigo fue de alguna forma confirmada por el propio sindicado, quien reconoció haber sido contactado en dos oportunidades por el guerrillero conocido con el alias de “careniña”, con el fin de solicitarle apoyo económico.
Explicó el sindicado que conoce a Romero Salgado como un sujeto con un gran prontuario penal por homicidio y rebelión.
El testimonio de Jorge Eliécer Romero Salgado merece credibilidad pues nace de una persona que desde la clandestinidad participaba en las mismas actividades de Castillo Pérez. De otro lado, las reglas de la sana crítica, como la lógica, el sentido común y la experiencia, nos permiten concluir que no existe razón alguna para que el testigo falte a la verdad. No existe un móvil que señale la intención del testigo en falsear los hechos para involucrar al sindicado. Muy por el contrario, el testimonio objeto de crítica sale airoso y robustecido en la medida que avanza el trámite procesal.
(…)
La prueba, pues, es suficiente para inferir con algún grado de certidumbre, que el procesado, Luis Armando Castillo Pérez, es miembro de la red urbana Manuel Cepeda Vargas de las autodenominadas Fuerzas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo FARC – EP.
2. Secuestro Extorsivo
Para hablar del compromiso de responsabilidad del señor Castillo Pérez en el secuestro de los diputados de la Asamblea Departamental del Valle del Cauca, es preciso hacer referencia nuevamente al testimonio del señor Jorge Eliécer Romero Salgado.
De la declaración que bajo la gravedad de juramento rinde este testigo se desprende que, algunas semanas después del secuestro masivo, Everth Freddy Mejía Arcila se contactó con Jorge Eliécer Romero Salgado y fue allí cuando le relató los pormenores de la participación de cada uno de los miembros del Frente Urbano Manuel Cepeda Vargas en el secuestro que hoy reconstruimos. La información suministrada por el guerrillero retenido indicaba que Luis Armando Castillo había participado activamente en el secuestro de los diputados del Valle del Cauca, que había sido el encargado de la inteligencia previa a la incursión armada, que había participado en la planeación del operativo y que, además, se había hecho presente uniformado como miembro de la policía.
(…)
El testimonio que ofrece Romero Salgado constituye, sin duda, pieza fundamental en la presente investigación, pues -como ya se dijo- es el resultado de una persona que desde la clandestinidad tuvo contacto con varias de las personas que participaron en la conducta de preparación y ejecución del injusto típico. Ese testimonio aunque no se caracteriza por inmediatez y originalidad con el objeto a probar, en la medida que es el resultado de un comentario de una tercera persona, sí tiene connotaciones muy especiales pues es el producto de la información que recibió el testigo en su calidad de miembro de la organización ilegal; es plausible concluir, entonces, que la información recibida por el testigo tiene una especial certificación de veracidad, la que debe existir entre los compañeros del grupo clandestino.
En el caso de análisis, resulta meridianamente claro, o al menos lo es para esta instancia, que al procesado se le puede endilgar contribución objetiva, conocimiento, participación y dominio del hecho en el secuestro investigado, pues en su contra existen los elementos de juicio ya relacionados. Para la Fiscalía existen los elementos de juicio que indican como el ciudadano investigado habría hecho un aporte importante y necesario a la empresa criminal que se diseñó para el asalto a la Asamblea Departamental. Así las cosas, teniendo en cuenta los elementos de juicio que vinculan a Luis Armando Castillo Pérez en calidad de coautor del secuestro extorsivo de los miembros de la Asamblea Departamental, resulta procedente decretar medida de aseguramiento en su contra.
3. Homicidio agravado
Para esta instancia no puede esa conducta entenderse como un acto aislado de uno de los comandos que participó en el secuestro de los diputados de la Asamblea, pues no creemos que el ataque contra la vida e integridad física del policial haya sido decidido a cuenta propia y en la misma escena por quien accionó el arma de fuego o esgrimió el cuchillo. Esta instancia considera que la toma del edificio San Luis y el secuestro colectivo de los diputados, debió prever resultados lógicamente derivados del hecho típico querido, y en esa medida resulta imperioso das aplicación al artículo 62 del código penal, en el cual se indican las circunstancias agravantes o atenuantes de índole material que concurran en el autor (…).
Se ha dicho también que en operativo de las magnitudes como el que se ejecutó por parte del comando armado de las FARC en la duna departamental, es racionalmente fácil e incluso hasta lógico pensar que el uso de las armas de fuego era una de las posibilidades en el desarrollo del plan. La planeación y ejecución exigían un acuerdo previo en atención a las posibilidades de enfrentarse a la fuerza pública. Así las cosas, es fácil concluir que al tenor de lo expuesto, la muerte del uniformado fue el producto de una acción conjunta de los individuos que acordaron ingresar al edificio San Luis para ocuparlo y sustraer a los señores diputados, para posteriormente, ocultarlos en la zona montañosa de los Farallones de Cali; son ellos los autores del homicidio, pues fueron ellos quienes necesariamente tuvieron que prever las circunstancias que rodearían el operativo.
Como corolario de lo expuesto y teniendo en cuenta la presencia del procesado en los actos preparatorios y ejecutivos del operativo, este funcionario considera procedente proferir en contra del señor Luis Armando Castillo, medida de aseguramiento por el presunto delito de homicidio agravado.
4. Perfidia
En relación con esta conducta penal, cuenta la fiscalía con el mismo testimonio del señor Jorge Eliécer Romero Salgado, quien es reiterativo en afirmar que la información que él tiene indica que el procesado Castillo estuvo uniformado en el sitio de los acontecimientos. De otro lado, la conducta no puede entenderse como un acto aislado de alguno de los comandos que participaron en el secuestro de los diputados de la Asamblea, pues no creemos que esa conducta ilícita que atenta contra el Derecho Internacional Humanitario haya sido decidida a cuenta propia y de manera exclusiva por quienes se uniformaron como miembros del Batallón Numancia. Procede entonces la medida de aseguramiento por el punible de perfidia.
(…)
Existe, además, una necesidad apremiante que igualmente impide la excarcelación del sindicado, me refiero a la protección de la comunidad. En efecto, la dimensión de los cargos que se investigan y la calidad de rebelde y comandante de milicias que se le endilga al señor Castillo Pérez, nos permite con solvencia inferir que el ciudadano pone en riesgo la colectividad.
Incluso, podríamos señalar que ante la dimensión del cargo que se le imputa y teniendo en cuenta la necesidad de preservar la prueba, resulta inconveniente una decisión en otro sentido. En efecto, la Fiscalía tiene que velar porque las pruebas de tipo testimonial, documental y pericial que se intenten en este proceso en permanezcan incólumes (…).
Se encuentra también demostrado que, mediante providencia del 20 de septiembre de 2003, la Fiscalía de conocimiento calificó el mérito del sumario y acusó ante los Jueces Penales del Circuito de Santiago de Cali al señor Luis Armando Castillo Pérez, pero, únicamente, por el delito de rebelión; asimismo, modificó la calificación jurídica provisional y precluyó la investigación por los delitos de toma de rehenes, homicidio en persona protegida y perfidia. La decisión se fundamentó en las siguientes consideraciones (f. 33-49 c-1):
1. Toma de rehenes, homicidio en persona protegida y perfidia.
(…) en este orden de ideas la valoración que, en bloque, se haga de todos los elementos de prueba, la Fiscalía en su racional entender tomará una postura sobre el eventual grado de responsabilidad del procesado en el delito múltiple que se investiga. Sin embargo, desde ya anunciamos que cualquier duda insalvable será resuelta conforme lo dispone ese principio orientador general del proceso, “el favor rel” del cual se desprenden dos normas rectoras del procedimiento: “in dubio pro reo” y la “presunción de inocencia”.
(…)
Miremos entonces las circunstancias particulares que rodean el testimonio de Romero Salgado. Es cierto y así está acreditado que el testigo se ha dedicado a actividades non santas; que sus vínculos con los grupos ilegales de la zona era frecuente e, incluso, se ha dicho que posiblemente participó en homicidios; se le ha tildado de “oportunista” y “mentiroso”. Es una realidad que no puede negarse y en esa medida resulta frustráneo arribar a conclusiones certeras. Sin embargo, no es menos cierto que ni por mandato de la ley, ni de acuerdo a las reglas de la sana crítica, ni los principios de la lógica, la experiencia o la ciencia, la simple proclividad al delito constituya, por si sola, una causal de “inhabilidad” del testimonio, salvo que aquellas circunstancias determinen de manera directa la construcción del mismo.
Esa particular información que se tiene del testigo y que en principio constituye una diminuente para el grado de credibilidad que se le puede otorgar, es de manera caprichosa un argumento para afirmar que el testigo tenía una especial oportunidad para conocer de los acontecimientos relatados, pues solo una persona inmersa en esas circunstancias podrían tener la información necesaria para esclarecer tan absurdos hechos, solo una persona que pudiera tener contacto directo con ese grupo de delincuentes tendría acceso a la información. Recuérdese que hasta las versiones que contradicen el dicho de Romero Salgado, parten de una premisa absoluta y es el reconocido vínculo de deponente y los grupos insurgentes de la región. Quien, sino él, podría tener la confianza suficiente para acceder a la información que dice haber recibido.
Sin embargo y pese a lo que se acaba de anotar, hay una falencia que no permite otorgar al testimonio de Jorge Eliécer la fuerza necesaria para construir un juicio de reproche serio en contra del procesado Luis Armando Castillo Pérez, al menos por los delitos de homicidio de persona protegida, toma de rehenes y perfidia. En efecto, a pesar de que nuestro testigo tenía especial oportunidad para conocer la verdad y que algunos de sus asertos han sido reiteradamente respaldados con otras diligencias, no hay un elemento de prueba serio que corrobore o respalde el cargo en contra del procesado como partícipe de esas conductas.
Más allá de esa primera conclusión, debemos señalar que la libre y conjunta apreciación de las pruebas, marco de referencia dentro del cual ha de moverse este funcionario, indica a esta instancia fiscal que la posibilidad de que el procesado Castillo Pérez no hubiera participado en el asalto, es igualmente probable a su antítesis. Esta probabilidad no puede, en el sentir de este funcionario, descartarse, pues existen testimonios tan contundentes como los pedidos por Herminia Rojas Carvajal y Ruby Aidee Rojas, quienes confirmaron la presencia del procesado en circunstancias espaciales diferentes a las que se indican aquí.
La duda que se crea alrededor de la participación del procesado Luis Armando Castillo Pérez en el delito múltiple que se investiga, es suficiente para fracturar cualquier juicio de reproche que en su contra se pretendía por los punibles de homicidio de persona protegida, toma de rehenes y perfidia, pues, como arriba se insinuó, la falta de certeza favorece al reo.
En ese orden de ideas y ante la ausencia de elementos de juicio que controviertan esa nueva posibilidad, la Fiscalía deberá das aplicación a la norma rectora del Código de Procedimiento Penal, prevista en el artículo 7, “principio de inocencia” según el cual en las actuaciones penales toda duda debe resolverse en favor del procesado. Como corolario de lo anterior, solo es procedente proferir resolución de preclusión de la investigación a favor del señor Luis Armando Castillo Pérez, por los delitos de homicidio de persona protegida, toma de rehenes y perfidia, dando aplicación a los dispuesto en el artículo 39 del CPP por cuanto el procesado no comentario la conducta que se investiga.
2. De la rebelión.
Es precisamente la calidad que se le endilga al señor Luis Armando Castillo Pérez, pues existen elementos de prueba que indican que el procesado formaba parte del grupo de mando del frente urbano Manuel Cepeda Varas de las FARC, En ese sentido se pronunció Jorge Eliécer Romero Salgado, quien en sus varias exposiciones respondió que el procesado Luis Armando formaba parte de la coordinación del grupo urbano insurgente del municipio de Cali.
Ese señalamiento, aunque fue negado en las diligencias de descargos que rindiera el propio señor Castillo Pérez, no parece alejado de la realidad si se tiene en cuenta las especiales circunstancias que rodearon la retención de quien hoy se procesa. En efecto, aunque en diligencia de injurada negara cualquier vínculo con la organización ilegal de las FARC, la forma como se operó la captura de Luis Armando Castillo Pérez y la falsa identidad que utilizaba para permanecer en la clandestinidad, nos permiten razonar a favor de dicho testigo.
(…)
La justificación que el señor Luis Armando Castillo Pérez ha dado acerca de su falsa identidad y de su vida clandestina no satisface las expectativas razonadas de este funcionario y, por el contrario, permiten de manera razonable concluir que el retenido sí ejercía las actividades ilegales que le endilga en su testimonio el señor Jorge Eliecer Romero Salgado; la justificación que el procesado ofrece, no tiene explicación lógica posible, es lo que podríamos llamar, según la clasificación de Gorphe, un indicio de justificación. La Fiscalía considera entonces que el procesado no negó sus vínculos con el grupo rebelde, porque, sencillamente, en efecto los tenía.
Así las cosas, el testimonio de Romero Salgado de cara al cargo concreto de rebelión en contra del señor Castillo Pérez, debe recibir un tratamiento diferente al que se le dio en el capítulo anterior, pues frente a este nuevo señalamiento el testigo no puede considerarse un testigo de oídas o de referencia; la información que entrega el testigo y que compromete la responsabilidad del procesado como presunto miembro de las Fuerzas Revolucionarias de Colombia FARC, es una información que refiere como de conocimiento directo, conocimiento que, por demás, constituye un serio elemento de convicción, pues como arriba anotáramos, nadie mejor que el testigo Romero Salgado para informar sobre las actividades de las personas que conviven de la actividad delictiva en la zona.
(…)
La prueba, pues, es contundente para inferir con algún grado de certidumbre, que el procesado Luis Armando Castillo Pérez, es miembro de la red de milicias del Sexto Frente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo FARC-EP. Como corolario de lo anterior la Fiscalía estima que se cumplen los presupuestos para calificar el mérito del sumario profiriendo resolución de acusación en contra del procesado para que responda en juicio criminal por el delito de rebelión.
La anterior resolución fue objeto de recurso de apelación; sin embargo, la misma fue confirmada en su totalidad por la Fiscalía Tercera Delegada ante el Tribunal Superior de Santiago de Cali, mediante providencia del 7 de mayo de 2004 (f. 50-75 c-1).
De conformidad con el acta de compromiso suscrita por el señor Luis Armando Castillo Pérez y la respectiva boleta de libertad, se pudo acreditar que mediante providencia del 8 de noviembre de 2011, le fue concedido al demandante el beneficio de libertad provisional, el cual se materializó el 11 de noviembre siguiente. Así se consignó (f. 76-77 c-1):
Ante el Juzgado Dieciocho Penal del Circuito de Cali (Valle), hoy once (11) de noviembre de dos mil cuatro (2004), para con el despacho, el señor Luis Armando Castillo Pérez, con el fin de suscribir la diligencia compromisoria de acuerdo al artículo 368 del Código de Procedimiento Penal, en razón a que por auto interlocutorio No. 050 del 8 de noviembre de 2004, se le concedió la libertad provincial conforme a lo dispuesto en el artículo 365 numeral 5 del Código de Procedimiento Penal (…).
Finalmente, se tiene probado que, mediante providencia del 27 de octubre de 2008, el Juzgado Quinto Penal del Circuito Especializado de Santiago de Cali absolvió al señor Luis Armando Castillo Pérez del cargo formulado en su contra, por considerar existían dudas sobre la responsabilidad penal del enjuiciado. Las razones de dicha decisión fueron las siguientes (79-95 c-1):
Para esta juzgadora existen dudas de la presente responsabilidad penal de los enjuiciados, dicho testimonio no logra conllevar a una perfecta convicción de la coautoría o participación activa de los dos vinculados al proceso.
Es importante advertir que la culpabilidad es, por tanto, supuesto ineludible y necesario de la responsabilidad y de la imposición de la pena, lo que significa que la actividad punitiva del Estado tiene lugar tan solo sobre la base de la responsabilidad subjetiva de aquellos sobre quienes recaiga. Y, por ello, no podemos sancionar hechos punibles sin tener la plena certeza de su participación, porque en estos términos sería contrario a la norma constitucional al verificar que la conducta del sujeto activo encaje única y materialmente en los presupuestos normativos, sin que se tenga en cuenta la responsabilidad.
… por parte del Estado no se logró rebatir ese principio que favorece a todo procesado, es decir, su presunción de inocencia; quedando por el contrario dentro del ambiente procesal dudas insalvables respecto a la existencia del delito y su autor, no quedando camino diferente, sino de terminar el proceso absolviéndolos de los cargos imputados. Proceder de manera contraria significaría condenar a una persona bajo los parámetros de una mera responsabilidad objetiva, planteamientos refutados y descartados en el derecho penal.
Esta censora coincide con las apreciaciones que han presentado las partes intervinientes, en el sentido que, dentro del sumario, no se cuenta con prueba seria, contundente y necesaria que nos permita inferir la participación activa de los dos enjuiciados en actos de rebelión que conllevan a una desestabilización del gobierno nacional y pongan en peligro el régimen constitucional.
Para todos es conocido que como prueba reina de la presunta colaboración con los ideales terrorista, se hace mención del testimonio rendido por el señor Jorge Eliécer Romero Salgado, personaje que sí hace parte del grupo insurgente y ha sido beneficiado con el canje de prisioneros de guerra, mismo que con el fin de “pescar en rio revuelto” y burlarse de nuevo del gobierno pretendió beneficiarse dentro de sus investigaciones, señalando a diestra y siniestra a personas como autores de graves y lesivas conductas que, a la postre, se ejecutaron y han desestabilizado el gobierno nacional, como fue la toma violenta de los señores diputados de la Asamblea y su posterior masacre, al asesinarlos a sangre fría y permanecer cautivos a otros, que por la divina providencia aún siguen con vida, pero condenados a vivir en condiciones infrahumanas y degradantes de todos sus derechos fundamentales.
Este testimonio que ya se sabe, es de oídas, no puede controvertirse en la plena prueba de unos cargos tan graves, como es de pertenecer a un grupo insurgente (…). Este medio no es eficaz, no es claro ni contundente, como tampoco fue corroborado por otra evidencia probatoria, aunado a ello, fue refutado por varios relatos que en su estructura deben reconocerse como claros, coherentes y concretos que colocan en duda las acusaciones vertidas en primera instancia por el insurrecto y luego desmentidas y colocadas en tela de juicio por el mismo.
Ante esa incertidumbre respecto a la ejecución de la conducta punible, procedente es declarar liberados de los cargos a los señores Luis Armando Castillo Pérez (…), porque no se cuenta con elementos probatorios suficientes con los cuales pueda edificar una sentencia de condena; y si bien es cierto, con esa prueba única se llamó a juicio, esa misma no es suficiente para condenar e imponer una sanción.
Así las cosas, de acuerdo con el material probatorio arrimado al plenario, para efectos de decidir el caso puesto a su consideración, precisa la Sala necesario concluir lo siguiente:
i) El señor Luis Armando Castillo Pérez fue capturado el 23 de marzo de 2003 por miembros de la Policía Nacional, sindicado de ser el posible responsable de los delitos de rebelión, secuestro, perfidia y homicidio agravado.
ii) Al momento de su captura, el hoy demandante se identificó con el nombre de “Jesús Antonio Ramírez López” y portaba los documentos con los cuales pretendía acreditar esa identidad; sin embargo, como en la orden de captura se habían consignado unos datos diferentes a los suministrados por aquel, la Policía Nacional ordenó un examen de dactiloscopia con el que verificó que, en efecto, la persona aprehendida sí era el señor Luis Armando Castillo Pérez.
iii) El 31 de marzo de 2003, el ente investigador dictó medida de aseguramiento en contra del demandante por los delitos de de rebelión, secuestro extorsivo, homicidio agravado y perfidia, para lo cual tuvo en cuenta las acusaciones hechas en su contra y las especiales circunstancias que rodearon su captura -falsa identidad-.
iii) Mediante Resolución del 20 de septiembre de 2003, la Fiscalía Segunda Especializada de Santiago de Cali calificó el mérito del sumario y acusó al señor Luis Armando Castillo Pérez por el punible de rebelión, únicamente; el ente investigador ordenó la preclusión de los demás delitos.
iv) Finalmente, el 27 de octubre de 2008, el Juzgado Quinto Penal del Circuito Especializado de Santiago de Cali absolvió al señor Luis Armando Castillo Pérez de los cargos formulados en su contra, por la falta de elementos de convicción que le permitieran tener certeza de la responsabilidad penal del mismo.
En pocas palabras: el señor Luis Armando Castillo Pérez fue privado de la libertad, en virtud de una medida de aseguramiento impuesta en desarrollo de una investigación penal adelantada por los punibles de rebelión, secuestro extorsivo, homicidio agravado y perfidia, que finalizó porque en el proceso no se contaba con elementos de prueba suficientes para condenarlo por los delitos que se le imputaron.
Sin embargo, lo anterior no resulta suficiente para atribuir responsabilidad patrimonial al Estado por esa detención, toda vez que se debe, por una parte, determinar si el ciudadano al que se le afectó su derecho a la libertad incurrió en alguna conducta gravemente culposa o dolosa –bajo la perspectiva del Código Civil- y si con ello dio lugar a la restricción de sus derechos fundamentales y, por otra, en el evento en que se descarte una actuación de esa naturaleza, analizar si las medidas restrictivas resultaron injustas y, en tal caso, generadoras de un daño antijurídico imputable a la administración.
Bajo la idea que se sigue, vale anotar que la Ley 270 de 1996, en el artículo 70, establece que el Estado se exonerará de responsabilidad cuando el daño sea atribuible a la culpa exclusiva de la víctima, en los siguientes términos:
El daño se entenderá como debido a culpa exclusiva de la víctima cuando ésta haya actuado con culpa grave o dolo, o no haya interpuesto los recursos de ley. En estos eventos se exonerará de responsabilidad al Estado.
Al respecto, la jurisprudencia de esta Sección ha reiterado que cuando la conducta del procesado justifica la actuación judicial, particularmente, en lo que atañe a la restricción de su libertad, es posible concluir que el daño irrogado proviene de la propia víctima, aun cuando no hubiere sido condenada, porque, en esos eventos, es su actuar, ya sea activo u omisivo, la causa eficiente y determinante en la producción del resultado lesivo. Así lo ha entendido esta Corporación:
En materia de responsabilidad del Estado por el daño de los agentes judiciales, el artículo 70 de la Ley 270 de 1996 -Estatutaria de la Administración de Justicia- establece que el daño se entenderá causado por la culpa exclusiva de la víctima cuando se encuentre acreditado que esta actuó con culpa grave o dolo o no haya interpuesto los recursos de ley.
Para identificar los conceptos de culpa grave y dolo, la jurisprudencia ha acudido a los criterios contemplados en el artículo 63 del Código Civil, de los cuales se extrae que el primero se corresponde con un comportamiento grosero, negligente, despreocupado o temerario, mientras que el segundo se equipara con la conducta realizada con la intención de generar daño a una persona o a su patrimonio.
La Corporación ha establecido que la declaratoria de culpa exclusiva de la víctima obliga a que se examine si el proceder –activo u omisivo– de quien predica la responsabilidad del Estado tuvo injerencia en la generación del daño. De ser así, corresponde examinar en qué medida la acción u omisión de la víctima contribuyó en el daño. Puntualmente, esta Sección sostuvo:
Cabe recordar que la culpa exclusiva de la víctima, entendida como la violación por parte de ésta de las obligaciones a las cuales está sujeto el administrado, exonera de responsabilidad al Estado en la producción del daño.
(…)
‘Específicamente, para que pueda hablarse de culpa de la víctima jurídicamente, ha dicho el Consejo de Estado, debe estar demostrada además de la simple causalidad material según la cual la víctima directa participó y fue causa eficiente en la producción del resultado o daño, el que dicha conducta provino del actuar imprudente o culposo de ella, que implicó la desatención a obligaciones o reglas a las que debía estar sujeta.
De igual forma, se ha dicho:
(…) para que la culpa de la víctima releve de responsabilidad a la administración, aquella debe cumplir con los siguientes requisitos:
Una relación de causalidad entre el hecho de la víctima y el daño. Si el hecho del afectado es la causa única, exclusiva o determinante del daño, la exoneración es total. Por el contrario, si ese hecho no tuvo incidencia en la producción del daño, debe declararse la responsabilidad estatal (…)”.
Bajo ese panorama, en asuntos como el que aquí se debate, la culpa exclusiva de la víctima se configura cuando se acredita que el afectado actuó con temeridad en el proceso penal o que incurrió en comportamientos irregulares que ameritaban el adelantamiento de la respectiva actuación y, de manera consecuente, justificaban la imposición de una medida que le privó de su libertad.
En el presente asunto, se tiene que la Fiscalía Segunda Especializada de Santiago de Cali, luego de modificar la calificación jurídica provisional, precluyó la investigación seguida por los delitos de toma de rehenes, homicidio en persona protegida y perfidia, porque en el plenario no se contaba con pruebas suficientes para acusar al actor.
Por su parte, el Juzgado Quinto Penal del Circuito Especializado de Santiago de Cali absolvió al demandante del delito de rebelión, por considerar existían dudas sobre la responsabilidad penal del enjuiciado.
De lo anterior, dable es concluir que tales autoridades judiciales finalizaron sus actuaciones por la falta de elementos de convicción que les permitiera tener certeza de la responsabilidad penal del señor Luis Armando Castillo Pérez; sin embargo, a la Sala no le cabe duda de que su actuar dio lugar a que fuera sujeto de una medida restrictiva de su libertad, lo cual, desde luego, no implica una calificación de las decisiones adoptadas por la justicia ordinaria.
En efecto, de los hechos probados en el expediente, se extrae que, al momento de su captura, el hoy demandante se identificó como “Jesús Antonio Ramírez López” y portaba cédula, licencia de conducción, certificado judicial, permiso para porte de arma de fuego y carné de celular a nombre del mencionado; asimismo, se movilizaba en un carro que tenía adulterado su “sistema de identificación”, todo lo anterior resulta propio de quien pretende permanecer en la clandestinidad.
Fue por la oportuna actuación de la Policía Nacional, al ordenar el respectivo dictaminen para determinar la identidad del capturado y el estudio al automotor, que se pudo determinar que la persona aprehendía era la identificada en la orden de captura, que estaba siendo investigada.
Además, la Fiscalía contaba con la información entregada por el guerrillero Jorge Eliécer Romero Salgado, la cual, básicamente, señalaba al hoy demandante de pertenecer al grupo subversivo “Manuel Cepeda Vargas” de las FARC y de participar en el secuestro de los miembros de la Asamblea Departamental del Valle del Cauca.
Por lo anterior, al ente investigador no le era exigible una conducta diferente a la de ordenar la medida restrictiva de la libertad, con fundamento en las pruebas recolectadas que sugerían su participación en la comisión del delito y las graves inconsistencias al momento de su captura.
Al margen de que los actos desplegados por el señor Luis Armando Castillo Pérez no tuvieran implicaciones en el ámbito penal, se considera que sí dieron lugar a que se le iniciara una investigación y a que se le impusiera medida de aseguramiento de detención preventiva, pues resulta cuestionable que el hoy demandante, al momento de su captura, intentara evadir a la Policía Nacional manifestando ser una persona distinta y poniendo de presente documentos falsos con los que pretendía acreditar tal identidad; además, movilizándose en un automotor que tenía modificadas sus improntas.
En este orden de ideas, se concluye que el demandante actuó de manera irregular al intentar permanecer en la clandestinidad para pretender evadir el control de la Policía Nacional. Para la Sala no hay duda de que la privación de la libertad del demandante no tuvo su causa eficiente o adecuada en la actividad de la administración, sino en la conducta asumida por el aquel, al portar documentos falsos e identificarse como una persona distinta, lo cual permitió a la autoridad que adelantaba la investigación penal construir indicios graves en su contra por el delito de rebelión, del cual es propio que sus autores permanezcan en la clandestinidad, oculten su verdadera identidad y utilicen bienes de origen ilícito.
En conclusión, aun cuando aquí no se debate la responsabilidad penal ni se cuestiona la decisión de fondo proferida por la jurisdicción ordinaria, sí se advierte que las circunstancias en las que se presentaron los hechos que sirven de sustento a la demanda, dan cuenta de una situación que involucró al mencionado actor, la cual sirvió de fundamento para la imposición de la medida de aseguramiento que se tradujo en la restricción de su libertad.
De esta manera, la Sala encuentra configurada la causal eximente de responsabilidad consagrada en el artículo 70 de la Ley 270 de 1996, que establece que en caso de responsabilidad del Estado por el actuar de sus funcionarios y empleados judiciales, “el daño se entenderá como debido a culpa exclusiva de la víctima cuando ésta haya actuado con culpa grave o dolo”.
Por tanto, al momento de restringirse la libertad del aquí demandante el ente investigador contaba con indicios racionales que le indicaban que podía estar incurso en los delitos investigados, pues fue el proceder del investigado el que dio lugar al proceso penal que se adelantó en su contra.
Así las cosas, la Sala confirmará la sentencia apelada, esto es la proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca el 16 de noviembre de 2012.
9. Condena en costas
Toda vez que no se evidencia temeridad, ni mala fe de las partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas de conformidad con lo normado en el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del 16 de noviembre de 2012, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
SEGUNDO. Sin condena en costas.
TERCERO. Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
MARÍA ADRIANA MARÍN MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
CARLOS ALBERTO ZAMBRANO BARRERA
Auto del 9 de septiembre de 2008 de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, expediente: 11001-03-26-000-2008-00009-00. M.P. Mauricio Fajardo Gómez.
Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 14 de febrero de 2002, expediente: 13.622, M.P. María Elena Giraldo Gómez, reiterada en sentencia del 11 de agosto de 2011 por la Subsección A de la Sección Tercera de esta Corporación, expediente: 21.801, M.P. Hernán Andrade Rincón. También puede consultarse: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, auto de 19 de julio de 2010, expediente: 37.410, M.P. Mauricio Fajardo Gómez.
Ley 620 de 2001.
“ARTICULO 2. CONSTANCIAS. El conciliador expedirá constancia al interesado en la que se indicará la fecha de presentación de la solicitud y la fecha en que se celebró la audiencia o debió celebrarse, y se expresará sucintamente el asunto objeto de conciliación, en cualquiera de los siguientes eventos:
“1. Cuando se efectúe la audiencia de conciliación sin que se logre acuerdo”.
(…)
“ARTICULO 21. Suspensión de la prescripción o de la caducidad. La presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial en derecho ante el conciliador suspende el término de prescripción o de caducidad, según el caso, hasta que se logre el acuerdo conciliatorio o hasta que el acta de conciliación se haya registrado en los casos en que este trámite sea exigido por la ley o hasta que se expidan las constancias a que se refiere el artículo 2o. de la presente ley o hasta que se venza el término de tres (3) meses a que se refiere el artículo anterior, lo que ocurra primero. Esta suspensión operará por una sola vez y será improrrogable”. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 2 de mayo del 2007, expediente No. 15463. Reiterada en sentencia de Sala Plena de la Sección Tercera del 6 de abril de 2011, expediente No. 21563. C.P. Ruth Stella Correa Palacio. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 4 de diciembre del 2006, expediente No. 13468. Reiterada en sentencia de unificación de 17 de octubre del 2013, expediente No. 23354. C.P. Mauricio Fajardo Gómez. Al respecto, entre otras múltiples de la subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado se pueden consultar las siguientes sentencias: 19 de julio de 2017, exp. 45466, 14 de septiembre de 2017, exp. 47800, 12 de octubre de 2017, exp. 48048, 1 de febrero de 2018, expedientes 46817 y 45146, 10 de mayo de 2018, exp. 45358, 5 de julio de 2018, exp. 47854, 19 de julio de 2018, exp. 52399, 27 de septiembre de 2018, exp. 52404. Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Tercera, Sentencia de Unificación de 15 de agosto de 2018, expediente 46.947, C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera.
“La ley distingue tres especies de culpa o descuido.
“Culpa grave, negligencia grave, culpa lata, es la que consiste en no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aun las personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios. Esta culpa en materias civiles equivale al dolo. Culpa leve, descuido leve, descuido ligero, es la falta de aquella diligencia y cuidado que los hombres emplean ordinariamente en sus negocios propios. Culpa o descuido, sin otra calificación, significa culpa o descuido leve. Esta especie de culpa se opone a la diligencia o cuidado ordinario o mediano. El que debe administrar un negocio como un buen padre de familia, es responsable de esta especie de culpa. Culpa o descuido levísimo es la falta de aquella esmerada diligencia que un hombre juicioso emplea en la administración de sus negocios importantes. Esta especie de culpa se opone a la suma diligencia o cuidado. El dolo consiste en la intención positiva de inferir injuria a la persona o propiedad de otro”. Consideración que resulta congruente con la parte resolutiva del mismo fallo: “PRIMERO: MODIFÍCASE LA JURISPRUDENCIA DE LA SECCIÓN TERCERA en relación con los casos en que la litis gravita en torno a la responsabilidad patrimonial del Estado por los daños irrogados con ocasión de la privación de la libertad de una persona a la que, posteriormente, se le revoca esa medida, sea cual fuere la causa de ello, y UNIFÍCANSE criterios en el sentido de que, en lo sucesivo, en esos casos, el juez deberá verificar: 1) Si el daño (privación de la libertad) fue antijurídico o no, a la luz del artículo 90 de la Constitución Política; 2) Si quien fue privado de la libertad actuó con culpa grave o dolo, desde el punto de vista meramente civil -análisis que hará, incluso de oficio-, y si con ello dio lugar a la apertura del proceso penal y a la subsecuente imposición de la medida de aseguramiento de detención preventiva (artículos 70 de la ley 270 de 1996 y 63 del Código Civil) y, 3) Cuál es la autoridad llamada a reparar el daño. En virtud del principio iura novit curia, el juez podrá encausar el análisis del asunto, siempre en forma razonada, bajo las premisas del título de imputación que, conforme al acervo probatorio, considere pertinente o que mejor se adecúa al caso concreto”.
Corte Constitucional, sentencia SU 072/18 del 5 de julio de 2018, M.P: José Fernando Reyes Cuartas. Ibídem. Acápite 117 y 118. Ibídem, Acápites 119 y 120. Ibídem, Acápite 121. Ibídem, Acápite 124
Ibídem, Acápites 67 a 69. Ibídem. Acápites 69 y 70. Artículos 4 del Decreto Ley 2700 de 1991, 3 de la Ley 600 de 2000 y 2 de la Ley 906 de 2004. Ibídem. Acápite 70. Sentencia C-106 de 1994. Ibídem. Acápite 71. Sentencia C-106 de 1994. Ibídem. Acápite 101. Ibídem. Acápite 102. Ibídem. Acápite 102. La Corte hace referencia al Decreto Ley 2700 de 1991, artículos 355 y 356 de la Ley 600 de 2000 y 308 de la Ley 906 de 2004
Ibídem. Acápite 103. Ibídem. Acápite 104. Más adelante señala: “112. En suma, la aplicación de cualquier de los regímenes de responsabilidad del Estado mantienen incólumes la excepcionalidad y los juicios de necesidad, razonabilidad y proporcionalidad, así como la presunción de inocencia que preceden a la imposición de una medida de aseguramiento…”. Ibídem. Acápite 104. Ibídem. Acápite 104. Ibídem. Acápite 105. Ibídem. Acápite 105. Ibídem. Acápite 106. Ibídem. Acápite 106. Al respecto, consultar, ente muchas otras: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 28 de abril de 2010, exp. 17.995, M.P. Mauricio Fajardo Gómez. Si ben, en la parte actora solicitó en la demanda que se rindieran los testimonios de los señores Einer Antony Trujillo y Claudia Yeline Novoa Rojas, tales pruebas fueron negadas por el Tribunal A quo mediante auto del 2 de noviembre de 2011.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 5 de abril de 2017, exp. 41977, radicado No. 05001-23-31-000-2003-00113-01. Actor: Wilson Antonio Chaverra González y otros. Demandado: Nación – Rama Judicial – Fiscalía General de la Nación; sentencia del 26 de abril de 2017, exp. 45313, radicación No. 25000-23-31-000-2009-00414-01. Actor: Luis Porfidio Farías Sánchez y otros. Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación; sentencia del 7 de junio de 2017, exp. 42021, radicación No. 25000-23-26-000-2009-00496-01. Actor: Jairo Hernán Benjumea y otros. Demandado. Nación – Fiscalía General de la Nación, entre muchas otras.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 10 de noviembre del 2017. C.P: Marta Nubia Velásquez Rico (E).
En este sentido se pueden consultar, entre otras, las siguientes providencias: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 18 de febrero de 2010, exp. 17.933, M.P. Dra. Ruth Stella Correa Palacio; sentencia de 30 de abril de 2014, exp. 27.414, M.P. Danilo Rojas Betancourth; sentencia de 2 de mayo de 2016, exp. 32.126, M.P. Danilo Rojas Betancourth, reiteradas por la sentencia del 1 de agosto de 2016, exp. 41.601, M.P. Hernán Andrade Rincón.
“Artículo 63. Clases de culpa y dolo. La ley distingue tres especies de culpa o descuido.
“Culpa grave, negligencia grave, culpa lata, es la que consiste en no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aún las personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios. Esta culpa en materia civil equivale al dolo.
“Culpa leve, descuido leve, descuido ligero, es la falta de aquella diligencia y cuidado que los hombres emplean ordinariamente en sus negocios propios. Culpa o descuido, sin otra calificación, significa culpa o descuido leve. Esta especie de culpa se opone a la diligencia o cuidado ordinario o mediano.
“El que debe administrar un negocio como un buen padre de familia, es responsable de esta especie de culpa.
“Culpa o descuido levísimo es la falta de aquella esmerada diligencia que un hombre juicioso emplea en la administración de sus negocios importantes. Esta especie de culpa se opone a la suma diligencia o cuidado.
“El dolo consiste en la intención positiva de inferir injuria a la persona o propiedad de otro”.
Cita textual del fallo: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 9 de julio de 2014, expediente No. 38438. C.P: Hernán Andrade Rincón.
Cita textual del fallo: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 20 de abril de 2005; expediente No. 15784. C.P: Ramiro Saavedra Becerra.
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