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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 05001-23-31-000-2003-00113-01

Acción de reparación directa: por privación injusta de la libertad

Fecha
5 de abril de 2017
Consejero ponente
Marta Nubia Velásquez Rico
Citada por
9 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 05001-23-31-000-2003-00113-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

F A L L A : PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia apelada, esto es, la proferida el 27 de noviembre de 2009, por el Tribunal Tribunal Administrativo de Antioquia, por medio de la cual se negaron las súplicas de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: Sin condena en costas. TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de origen para lo de su cargo.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 05001-23-31-000-2003-00113-01

Consejero ponente: Marta Nubia Velásquez Rico

5 de abril de 2017

ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA – Por privación injusta de la libertad / PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD – A alcalde sindicado de delito de violación al régimen de inhabilidades e incompatibilidades para contratar / VIOLACIÓN AL RÉGIMEN DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES PARA CONTRATAR – Contrato de suministro de gasolina consistía en una fachada para no exponer a padre del alcalde / MEDIDA DE ASEGURAMIENTO – Detención preventiva en establecimiento carcelario / JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA PENAL – Condenó a procesado por el delito sindicado / JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA PENAL – Absolvió al condenado por no encontrarlo responsable / DAÑO ANTIJURÍDICO – Privación injusta de la libertad por lapso de 2 años y 8 meses

La Sala, ab initio, encuentra acreditada la existencia del daño, consistente en la privación de la libertad que sufrió el señor Wilson Antonio Chaverra González, con ocasión del proceso penal adelantado en su contra por el delito de violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades para contratar. (…)

PRELACIÓN DE FALLO EN PROCESO POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD – Régimen legal / PRELACIÓN DE FALLO EN PROCESO POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD – Procedente

En el presente caso se encuentra que el objeto del debate dice relación con la privación injusta de la libertad del señor Wilson Antonio Chaverra González, tema respecto del cual la Sección Tercera del Consejo de Estado ha tenido la oportunidad de pronunciarse en muchas ocasiones, asunto en el que ha fijado una jurisprudencia consolidada y reiterada, motivo por el cual, con fundamento en el artículo 16 de la Ley 1285 de 2009, la Subsección se encuentra habilitada para resolver el presente asunto de manera anticipada

FUENTE FORMAL: LEY 1285 DE 2009 – ARTICULO 16

COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD – Conoce en segunda instancia sin consideración a la cuantía / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD – Reiteración jurisprudencial

La Sala es competente para conocer del presente asunto en segunda instancia, comoquiera que, de conformidad con el artículo 73 de la Ley 270 de 1996, la competencia para conocer de las acciones de reparación directa que se instauren por error jurisdiccional, por privación injusta de la libertad o por defectuoso funcionamiento de la Administración de Justicia, se encuentra radicada en los Tribunales Administrativos en primera instancia y en el Consejo de Estado en segunda instancia sin consideración a la cuantía del proceso . NOTA DE RELATORÍA: Sobre la competencia del consejo de estado en segunda instancia en proceso por privación injusta de la libertad consultar, auto de 9 de septiembre de 2008, Exp. 11001-03-26-000-2008-00009-00, CP Mauricio Fajardo Gómez

FUENTE FORMAL: LEY 270 DE 1996 – ARTICULO 73

CADUCIDAD ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD – Conteo término / CADUCIDAD ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA EN PROCESO POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD – No operó por presentación oportuna de la demanda / CADUCIDAD ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD – Reiteración jurisprudencial

En tratándose de acciones de reparación directa por la privación injusta de la libertad, la jurisprudencia reiterada de esta Sección del Consejo de Estado ha considerado que el término de caducidad se empieza a contar a partir del día siguiente a la ejecutoria de la providencia que precluyó la investigación, de la sentencia absolutoria o desde el momento en que quede en libertad el procesado, lo último que ocurra, momento a partir del cual se configura el carácter injusto de la limitación del derecho a la libertad . En el presente caso la demanda se originó en los perjuicios que habrían sufrido los demandantes con ocasión de la privación de la libertad de la que fue objeto el señor Wilson Antonio Chaverra González, dentro de una investigación penal adelantada en su contra. En el expediente reposa copia de la providencia proferida el 27 de diciembre de 2000 por la Sala de Descongestión del Tribunal Superior de Antioquia, a través de la cual se absolvió de responsabilidad penal al señor Wilson Antonio Chaverra González y, como consecuencia, se dispuso su libertad inmediata; sin embargo, como en el plenario no obra certificación alguna que acredite la fecha en la cual quedó ejecutoriada tal providencia, para efectos de contar la caducidad, se tendrá en cuenta la fecha en la que se dictó esa decisión. En ese sentido, como la demanda se interpuso el 19 de diciembre de 2002, se impone concluir que la acción se ejerció oportunamente. NOTA DE RELATORÍA: De conformidad con el cómputo del término de caducidad para interponer la acción de reparación directa por privación injusta de la libertad consultar, sentencia de 11 de agosto de 2011, Exp. 21801, CP Hernán Andrade Rincón, auto de 19 de julio de 2010, Exp. 37410, CP Mauricio Fajardo Gómez y sentencia de 14 de septiembre de 2016, Exp. 43874

RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO DERIVADA DE LA PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD – Régimen legal / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO DERIVADA DE LA PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD – Régimen objetivo / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO DERIVADA DE LA PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD – Presupuestos para declararla

[D]e manera general, la jurisprudencia de la Sala ha acudido a la aplicación del régimen objetivo de responsabilidad y se impone su declaración en todos los eventos en los cuales el implicado correspondiente que ha sido privado de la libertad es absuelto o se precluye la investigación a su favor, cuando en el proceso que haya dado lugar a su detención o restricción de la libertad se determine que: i) el hecho no existió; ii) el sindicado no lo cometió y/o iii) la conducta es atípica, siempre y cuando no hubiere mediado una falla en el ejercicio de la función jurisdiccional en cuyo caso podrá aplicarse un régimen subjetivo de responsabilidad.

PRINCIPIO IN DUBIO PRO REO – Aplicación en proceso penal que termine en absolución constituye responsabilidad patrimonial

NOTA DE RELATORÍA: Sobre la responsabilidad patrimonial del estado derivada de la aplicación del principio in dubio pro reo en proceso penal que termina en absolución consultar, sentencia de 26 de mayo de 2011, Exp. 20299, CP Mauricio Fajardo Gómez

MEDIDA DE ASEGURAMIENTO – Si imputado no resulta condenado genera responsabilidad patrimonial del Estado / MEDIDA DE ASEGURAMIENTO – Genera responsabilidad siempre que no se encuentre en el deber jurídico de soportarla / MEDIDA DE ASEGURAMIENTO – No da lugar a responsabilidad del Estado siempre que se acrediten eximentes

[A]unque la privación de la libertad se hubiere producido como resultado de la actividad investigativa correctamente adelantada por la autoridad competente e incluso cuando se hubiere proferido la medida de aseguramiento con el lleno de las exigencias legales, lo cierto es que si el imputado no resulta condenado, se abre paso el reconocimiento de la obligación, a cargo del Estado, de indemnizar los perjuicios irrogados al particular, siempre que este no se encuentre en el deber jurídico de soportarlos, cosa que puede ocurrir, por vía de ejemplo, cuando el hecho exclusivo y determinante de la víctima da lugar a que se profiera, en su contra, la medida de detención preventiva. NOTA DE RELATORÍA: Sobre los eximentes de responsabilidad del Estado por imposición de medida de aseguramiento consultar, sentencia de 4 de diciembre de 2006, Exp. 13168, CP Mauricio Fajardo Gómez

PRINCIPIO IN DUBIO PRO REO – Procesado fue absuelto con base a aplicación de este principio / PRINCIPIO IN DUBIO PRO REO – Constituye uno de los eventos determinantes de la privación injusta de la libertad / PRINCIPIO IN DUBIO PRO REO – No libera aplicación de eximentes de responsabilidad patrimonial del Estado

[S]e absolvió de responsabilidad penal al señor Wilson Antonio Chaverra González con fundamento en el principio de in dubio pro reo, toda vez que no se probó fehacientemente su responsabilidad por el delito de violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades para contratar, razón por la cual fue la falta de certeza lo que llevó a su absolución, manteniéndose incólume la presunción de su inocencia. Según los lineamientos jurisprudenciales, la absolución en aplicación del principio de in dubio pro reo constituye uno de los eventos determinantes de la privación injusta de la libertad, que, al amparo de un régimen de responsabilidad objetiva, implicaría la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado; sin embargo, ello no significa que en estos casos no estén llamadas a configurarse las denominadas causales eximentes de responsabilidad.

HECHO EXCLUSIVO DE LA VÍCTIMA – Eximente de responsabilidad patrimonial del Estado / EXIMENTE DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO – Presupuestos / HECHO EXCLUSIVO DE LA VÍCTIMA – Debe ser determinante para comisión del daño / HECHO EXCLUSIVO DE LA VÍCTIMA – Reiteración jurisprudencial

Tratándose de casos en los que se analiza la responsabilidad del Estado bajo un régimen objetivo, la jurisprudencia de esta Corporación ha sido reiterada y pacífica al sostener que este tipo de análisis no supone, de entrada, la prosperidad de las pretensiones ni la obligación inmediata de reparar patrimonialmente al extremo activo, habida cuenta de que es posible que en estos eventos se configuren situaciones como la fuerza mayor, el hecho exclusivo y determinante de un tercero o la culpa exclusiva de la víctima, con la virtualidad de exonerar de responsabilidad a la entidad pública. En materia de privación injusta se ha sostenido que cuando la actuación del procesado justificó la actuación judicial, particularmente en lo que atañe a la restricción de su libertad, es posible concluir que el daño irrogado proviene de la propia víctima, aun cuando no hubiere sido condenado. La jurisprudencia reiterada de la Sala ha sostenido que, para efectos de que opere el hecho de la víctima como eximente de responsabilidad, es necesario determinar, en cada caso concreto, si el proceder -activo u omisivo- de aquel tuvo o no injerencia y en qué medida en la producción del daño. NOTA DE RELATORÍA: En relación con la culpa exclusiva de la víctima como eximente de responsabilidad y sus presupuestos consultar, sentencia de 9 de julio de 2014, Exp. 38438, CP Hernán Andrade Rincón

CULPA GRAVE O DOLO – Presupuestos para la culpa exclusiva de la víctima / CULPA GRAVE O DOLO – Reiteración jurisprudencial

[P]ara identificar los mencionados conceptos de culpa grave y dolo, la jurisprudencia ha acudido a los criterios contemplados en el artículo 63 del Código Civil , de los cuales se extrae que el primero corresponde a un comportamiento grosero, negligente, despreocupado o temerario, mientras que el segundo se equipara con la conducta realizada con la intención de generar daño a una persona o a su patrimonio. Bajo ese panorama, en asuntos como el que aquí se debate, la culpa exclusiva de la víctima se configura cuando se acredite que el afectado actuó con temeridad dentro del proceso penal o incurrió en comportamientos irregulares que ameritaban el adelantamiento de la respectiva actuación y, de manera consecuente, justificaban la imposición de una medida restrictiva de la libertad, circunstancias que deben determinarse si se presentaron en el caso concreto. NOTA DE RELATORÍA: De conformidad con la culpa grave o dolo como presupuesto para la culpa exclusiva de la víctima consultar, sentencia de 18 de febrero de 2010, Exp. 17933, CP Ruth Stella Correa Palacio, sentencia de 30 de abril de 2014, Exp. 27414, CP Danilo Rojas Betancourth, sentencia de 2 de mayo de 2016, CP Danilo Rojas Betancourth y sentencia de 1 de agosto de 2016, EXP. 41601, CP Hernán Andrade Rincón

CONTRATO DE SUMINISTRO DE GASOLINA – Presentaba irregularidades en formas de pago / FORMAS DE PAGO – Esposa de padre del alcalde realizaba cobro de cheques emitidos por la alcaldía por contrato de suministro de gasolina

[L]a Sala considera que si el alcalde Wilson Antonio Chaverra González contrató el suministro de combustible con el señor Félix Palacios, lo jurídicamente exigible era que este último señor recogiera los cheques y los cobrara, cuestión que no siempre fue así, pues la señora Margarita Robledo (esposa del padre del alcalde) recogió y cobró esos cheques -en algunas oportunidades-, lo que a todas luces resulta irregular, circunstancia relevante para que al señor Wilson Antonio Chaverra González se le investigara y, en efecto, se le impusiera medida de aseguramiento. (…) para la Sala resulta cuestionable el hecho de que el móvil para que el señor Chaverra González -así lo dijo en su indagatoria- contratara el suministro de combustible con el señor Félix Palacios fuera el contrato de arrendamiento que este último había suscrito con la señora Margarita Robledo (esposa de su padre Sofonías Chaverra), lo que se traduce en una conducta irregular y sospechosa; así como también resulta censurable que la mencionada señora fuera quien -en algunas oportunidades- recogiera y cobrara los cheques con los que el Municipio le pagaba a Félix Palacios por el suministro de gasolina, negocio del cual, además, ella se beneficiaba, porque de aquel obtenía utilidades

RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD – No se configuró / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD – Inexistente se acredito la culpa exclusiva de la víctima

[L]a Sala considera que la causa determinante del daño en el caso bajo estudio no fue la actuación de la Fiscalía ni de la Rama Judicial al imponer medida de aseguramiento al aquí demandante y posteriormente proferir sentencia condenatoria -que luego fue revocada en segunda instancia-, sino justamente las irregularidades anotadas en precedencia -que involucran al aquí demandante-, quien, de acuerdo con las pruebas obrantes en el expediente, dio lugar a la investigación que se adelantó en su contra y a las decisiones proferidas por la Fiscalía y el Juez de primera instancia. Así las cosas, la Sala confirmará la sentencia de primera instancia, pero por las razones expuestas en esta providencia, porque las anotadas actuaciones irregulares en las que se vio involucrado el aquí demandante determinaron que este debiera asumir la privación de la libertad de la que fue objeto.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejera ponente: MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

Bogotá, D.C., cinco (5) de abril de dos mil diecisiete (2017)

Radicación número: 05001-23-31-000-2003-00113-01(41977)

Actor: WILSON ANTONIO CHAVERRA GONZÁLEZ Y OTROS

Demandado: NACIÓN – RAMA JUDICIAL – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

Referencia: APELACIÓN SENTENCIA - ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA

Temas: PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / cuando la absolución deviene de la aplicación del principio de in dubio pro reo debe analizarse bajo el régimen de responsabilidad objetiva, sin embargo, ello no implica que no estén llamados a configurarse los eximentes de responsabilidad/ CULPA EXCLUSIVA DE LA VÍCTIMA / opera cuando la actuación del procesado justificó la actuación judicial, particularmente en lo que atañe a la restricción de su libertad - en el presente caso, si bien la conducta no alcanzó a tener connotación frente la responsabilidad, su comportamiento irregular condujo a que se le investigara y se le impusiera medida de aseguramiento.

Corresponde a la Sala resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, el 27 de noviembre de 2009, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda.

I. A N T E C E D E N T E S

1. La demanda

En escrito presentado el 19 de diciembre de 2002, el señor Wilson Antonio Chaverra González, quien actúa en nombre propio y en representación de sus hijos menores Kely Jhoana Chaverra Palacios, Johan Rotlewitch Chaverra Navia, Goldsteins Johnathan Chaverra Cuesta, Johanna Patricia Chaverra Murillo, Leidy Martina Chaverra González, Oneicy Patricia Chaverra Torres y Helen Valeria Chaverra Hurtado, por conducto de apoderado judicial, interpuso demanda en ejercicio de la acción de reparación directa contra la Nación – Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial, con el fin de que se les declarara administrativa y patrimonialmente responsables por los perjuicios materiales e inmateriales a ellos ocasionados como consecuencia de la privación injusta de la libertad de la cual habría sido víctima el primero de los referidos actores.

Como consecuencia, en la demanda se solicitó que se condenara a la parte demandada a pagar, por concepto de perjuicios materiales: i) la suma de $40’000.000 por daño emergente y ii) la suma de 60’000.000 por lucro cesante.

A su vez, por concepto de perjuicios morales, se pidió el equivalente a 1000 gramos oro para la víctima directa y para cada uno de los demás demandantes se solicitó el equivalente a 300 gramos oro.

2. Los hechos

En síntesis, se narró que el 15 de mayo de 1996, el entonces personero del municipio de Vigía del Fuerte (Antioquia) denunció al señor Wilson Antonio Chaverra González, quien se desempeñaba como alcalde de dicho Municipio, por el supuesto delito de violación al régimen de inhabilidades e incompatibilidades para contratar.

Según se dijo, la denuncia se basó en que el contrato entre el señor Félix Palacios y dicho Municipio, cuyo objeto consistió en el suministro de gasolina para ese ente territorial, era “una fachada”, que se celebró con el fin de “ocultar la verdadera contratación que este [se refiere al señor Antonio Chaverra González] había realizado con su padre Sofonías Chaverra”.

Se señaló que la Dirección Seccional de Fiscalías de Antioquia asignó la investigación a la Fiscalía Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Caldas (Antioquia), ente que resolvió la situación jurídica del aquí demandante, imponiéndole medida de aseguramiento de detención preventiva.

Más adelante, mediante proveído del 13 de julio de 1998, la Fiscalía calificó el mérito del sumario y profirió resolución de acusación en contra de Chaverra González como autor del delito de violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades para contratar.

Finalizada la etapa de instrucción, el Juzgado 2º Penal del Circuito de Turbo (Antioquia), a través de sentencia del 29 de noviembre de 1999, condenó penalmente al señor Chaverra González por el respectivo delito; sin embargo, según se indicó, el Tribunal Superior de Antioquia, mediante fallo del 27 de diciembre de 2000, revocó esa condena y, como consecuencia, ordenó su libertad inmediata.

Se dijo que el señor Chaverra González estuvo privado de su libertad desde el 17 de marzo de 1998 hasta el 27 de diciembre de 2000.

3. Trámite en primera instancia

3.1. La demanda así presentada fue admitida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante auto del 4 de febrero de 2003, providencia que fue notificada en debida forma a las entidades demandas y al Ministerio Público.

3.2. La Nación - Rama Judicial contestó la demanda. En resumen, señaló que sus actuaciones se ajustaron a derecho, tanto así que en la etapa de juicio se absolvió al señor Wilson Antonio Chaverra González. Agregó que al expediente no se allegó prueba con la que se acreditara el daño, razón por la cual solicitó la negativa de las pretensiones.

3.3. La Nación - Fiscalía General de la Nación se opuso a las pretensiones de la demanda. Sostuvo que sus actuaciones se ajustaron a la Constitución Política y a las disposiciones sustanciales y procedimentales vigentes para la época de los hechos, de ahí que no sea posible endilgarle responsabilidad por privación injusta de la libertad. Añadió que la medida de aseguramiento dictada contra el aquí demandante se profirió con base en los requisitos exigidos por el Código de Procedimiento Penal.

Manifestó que el presente caso no podía analizarse bajo el régimen de responsabilidad objetiva, toda vez que el señor Chaverra González fue absuelto con fundamento en el principio de in dubio pro reo, supuesto que no encaja en los previstos en el artículo 414 del entonces Código de Procedimiento Penal.

3.4. Concluido el período probatorio, mediante providencia del 6 de abril de 2006, se corrió traslado a las partes para que alegaran de conclusión y al Ministerio Público para que, si lo consideraba pertinente, rindiera concepto de fondo, oportunidad en la que intervino tanto la parte demandante como las entidades demandadas para reiterar lo expuesto a lo largo del proceso.

El Ministerio Público guardó silencio en esta etapa procesal.

4. La sentencia de primera instancia

El Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante sentencia del 27 de noviembre de 2009, negó las pretensiones de la demanda. Sostuvo que el señor Chaverra González fue absuelto de responsabilidad penal en virtud del principio de in dubio pro reo, supuesto que no encaja en los eventos de privación injusta de la libertad consagrados en el artículo 414 del Decreto 2700 de 1991.

Finalmente, señaló que la imposición de la medida de aseguramiento contra el aquí demandante estuvo ajustada a derecho, porque existían diferentes indicios graves en su contra, razón por la cual la restricción de la libertad del señor Chaverra González no fue arbitraria ni desproporcionada.

5. El recurso de apelación

Inconforme con la decisión anterior, la parte demandante interpuso recurso de apelación. Luego de citar diferentes pronunciamientos de la Sección Tercera del Consejo de Estado, concluyó:

“(…) no puede sostenerse válidamente que la absolución del procesado en virtud del PRINCIPIO DE IN DUBIO PRO REO, no sea causal de responsabilidad estatal objetiva, puesto que aquí el Estado no cumplió con la carga probatoria que se le impone, y debió absolver aunque sea por duda, pero mantuvo al ciudadano retenido y privado de la libertad y restringiendo sus derechos por un largo lapso de tiempo, sin que le haya podido demostrar en grado de certeza la responsabilidad penal que le imputó”.

Como consecuencia, solicitó que se revocara la sentencia de primera instancia y, en su lugar, se accediera a las pretensiones de la demanda.

6. Trámite en segunda instancia

El recurso así presentado fue admitido mediante auto del 21 de junio de 2012. Luego, se corrió traslado a las partes para que alegaran de conclusión y al Ministerio Público para que, si lo consideraba pertinente, rindiera concepto de fondo, oportunidad en la que intervino tanto la parte demandante como la parte demandada, Fiscalía General de la Nación, para insistir en sus argumentos.

La Rama Judicial y el Ministerio Público guardaron silencio en esta etapa procesal.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

Para resolver la segunda instancia de la presente litis se abordarán los siguientes temas: 1) prelación de fallo; 2) competencia de la Sala; 3) ejercicio oportuno de la acción; 4) parámetros jurisprudenciales acerca de la responsabilidad del Estado por la privación injusta de la libertad; 5) hechos probados; 6) conclusiones probatorias y caso concreto; 6.1) hecho exclusivo de la víctima como causal de exoneración de responsabilidad del Estado y 7) procedencia o no de la condena en costas.

1. Prelación de fallo

En la actualidad, la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado tiene a su conocimiento procesos que entraron para dictar fallo definitivo con anterioridad al presente asunto, situación que, en los términos del artículo 18 de la Ley 446 de 1998, exigiría su decisión en atención al orden cronológico respecto del cual pasaron los expedientes al Despacho de la Magistrada conductora del presente proceso.

No obstante, la Ley 1285 de 2009, en su artículo 16, permite decidir de manera anticipada, esto es, sin sujeción al orden cronológico de turno, los procesos en relación con los cuales para su decisión definitiva “entrañe sólo la reiteración de jurisprudencia”.

En el presente caso se encuentra que el objeto del debate dice relación con la privación injusta de la libertad del señor Wilson Antonio Chaverra González, tema respecto del cual la Sección Tercera del Consejo de Estado ha tenido la oportunidad de pronunciarse en muchas ocasiones, asunto en el que ha fijado una jurisprudencia consolidada y reiterada, motivo por el cual, con fundamento en el artículo 16 de la Ley 1285 de 2009, la Subsección se encuentra habilitada para resolver el presente asunto de manera anticipada.

2. Competencia

La Sala es competente para conocer del presente asunto en segunda instancia, comoquiera que, de conformidad con el artículo 73 de la Ley 270 de 1996, la competencia para conocer de las acciones de reparación directa que se instauren por error jurisdiccional, por privación injusta de la libertad o por defectuoso funcionamiento de la Administración de Justicia, se encuentra radicada en los Tribunales Administrativos en primera instancia y en el Consejo de Estado en segunda instancia sin consideración a la cuantía del proceso.

3. Ejercicio oportuno de la acción

Al tenor de lo previsto en el numeral 8 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, la acción de reparación directa debe instaurarse dentro de los dos años contados a partir del día siguiente al acaecimiento del hecho, de la omisión, de la operación administrativa o de la ocupación permanente o temporal de inmueble de propiedad ajena por causa de trabajos públicos o por cualquier otra causa.

En tratándose de acciones de reparación directa por la privación injusta de la libertad, la jurisprudencia reiterada de esta Sección del Consejo de Estado ha considerado que el término de caducidad se empieza a contar a partir del día siguiente a la ejecutoria de la providencia que precluyó la investigación, de la sentencia absolutoria o desde el momento en que quede en libertad el procesado, lo último que ocurra, momento a partir del cual se configura el carácter injusto de la limitación del derecho a la libertad.

En el presente caso la demanda se originó en los perjuicios que habrían sufrido los demandantes con ocasión de la privación de la libertad de la que fue objeto el señor Wilson Antonio Chaverra González, dentro de una investigación penal adelantada en su contra.

En el expediente reposa copia de la providencia proferida el 27 de diciembre de 2000 por la Sala de Descongestión del Tribunal Superior de Antioquia, a través de la cual se absolvió de responsabilidad penal al señor Wilson Antonio Chaverra González y, como consecuencia, se dispuso su libertad inmediata; sin embargo, como en el plenario no obra certificación alguna que acredite la fecha en la cual quedó ejecutoriada tal providencia, para efectos de contar la caducidad, se tendrá en cuenta la fecha en la que se dictó esa decisión.

En ese sentido, como la demanda se interpuso el 19 de diciembre de 2002, se impone concluir que la acción se ejerció oportunamente.

4. Responsabilidad del Estado derivada de la privación injusta de la libertad, en vigencia de la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia. Reiteración de jurisprudencia

En punto a los presupuestos para declarar la responsabilidad del Estado derivada de la privación injusta de la libertad de los ciudadanos, la Sección Tercera del Consejo de Estado ha desarrollado una jurisprudencia consolidada, estable y reiterada, a partir de la interpretación y el alcance del artículo 90 de la Constitución Política, del artículo 414 del Decreto 2700 de 1991 -Código de Procedimiento Penal- y de la Ley 270 de 1996.

En este sentido, de manera general, la jurisprudencia de la Sala ha acudido a la aplicación del régimen objetivo de responsabilidad y se impone su declaración en todos los eventos en los cuales el implicado correspondiente que ha sido privado de la libertad es absuelto o se precluye la investigación a su favor, cuando en el proceso que haya dado lugar a su detención o restricción de la libertad se determine que: i) el hecho no existió; ii) el sindicado no lo cometió y/o iii) la conducta es atípica, siempre y cuando no hubiere mediado una falla en el ejercicio de la función jurisdiccional en cuyo caso podrá aplicarse un régimen subjetivo de responsabilidad.

De igual forma, de conformidad con la postura reiterada, asumida y unificada por la Sección Tercera del Consejo de Estado, se amplió la posibilidad de que se pueda declarar la responsabilidad del Estado por el hecho de la detención preventiva de ciudadanos ordenada por autoridad competente frente a aquellos eventos en los cuales se causa al individuo un daño antijurídico aunque el mismo se derive de la aplicación, dentro del proceso penal respectivo, del principio universal de in dubio pro reo.

Siguiendo ese orden, aunque la privación de la libertad se hubiere producido como resultado de la actividad investigativa correctamente adelantada por la autoridad competente e incluso cuando se hubiere proferido la medida de aseguramiento con el lleno de las exigencias legales, lo cierto es que si el imputado no resulta condenado, se abre paso el reconocimiento de la obligación, a cargo del Estado, de indemnizar los perjuicios irrogados al particular, siempre que este no se encuentre en el deber jurídico de soportarlos, cosa que puede ocurrir, por vía de ejemplo, cuando el hecho exclusivo y determinante de la víctima da lugar a que se profiera, en su contra, la medida de detención preventiva.

Todo lo expuesto con antelación se encuentra reiterado en las sentencias de unificación que ha proferido la Sala Plena de la Sección Tercera, así:

En pronunciamiento del 6 de abril de 2011, expediente 21.653, se sostuvo que el Estado es responsable de los daños ocasionados a una persona que es privada injustamente de la libertad y posteriormente es absuelta en virtud de los supuestos previstos en el artículo 414 del derogado Código de Procedimiento Penal y en la Ley 270 de 1996.

Posteriormente, mediante sentencia proferida el 17 de octubre de 2013, expediente 23.354, se precisó que, además de los supuestos del artículo 414 del Código de Procedimiento Penal y de la Ley 270 de 1996, también es responsable el Estado por los daños ocasionados en virtud de la privación injusta de la libertad de una persona cuando es absuelta por aplicación del principio de in dubio pro reo.

Bajo esta óptica, la Sala procederá al análisis del caso concreto.

5. Hechos probados

Previo al análisis de responsabilidad en el caso concreto, la Sala destaca los siguientes hechos:

5.1. El 15 de mayo de 1996, el entonces personero del municipio Vigía del Fuerte (Antioquia) solicitó a la Fiscalía que investigara al alcalde, Wilson Antonio Chaverra González -quien se había posesionado el 1° de enero de 1995-, porque -a su juicio- infringió el régimen de inhabilidades e incompatibilidades, en razón a que celebró un contrato con su padre Sofonías Chaverra “utilizando al testaferro Félix Palacios”.
5.2. El 11 de junio de 1996, la Fiscalía ordenó la práctica de una investigación previa, con el propósito de determinar la ocurrencia o no del hecho punible. En la diligencia de declaración del señor Félix Palacios Valencia se allegó el contrato de arrendamiento suscrito el 2 de enero de 1995 entre este y la señora Margarita Robledo (esposa del padre de Wilson Antonio Chaverra González).

5.3. El 6 de marzo de 1997, la Fiscalía 113 Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Turbo (Antioquia) dio apertura formal a la investigación.

5.4. El 23 de mayo de 1997, el señor Wilson Antonio Chaverra González rindió indagatoria. En síntesis, señaló que no tenía ningún vínculo familiar con Félix Palacios, pero que sí tenía vínculo de afinidad con la señora Margarita Robledo, porque esta era la esposa de su padre. Dijo que su padre Sofonías Chaverra le prestó una plata a Félix Palacios y que, gracias a ello, montó un granero y tomó en arriendo una gasolinera -contrato que celebró con Margarita Robledo-.

Adicionalmente, manifestó que Félix le vendía combustible al Municipio y que el pago se hacía a través de cheques. Al preguntársele acerca de si tenía conocimiento de que la señora Margarita Robledo recogía los cheques, señaló que no, porque estos los entregaban en la tesorería.

5.5. A través de providencia del 13 de marzo de 1998, la Fiscalía General de Nación - Unidad de Fiscalía Delegada ante los Jueces Penales del Circuito le impuso medida de aseguramiento de detención preventiva al aquí demandante, por el delito de violación del régimen legal de inhabilidades e incompatibilidades para contratar. El 17 de marzo de este mismo año se hizo efectiva la captura.
5.6. Mediante proveído del 13 de julio de 1998, la Fiscalía dictó resolución de acusación en su contra como autor del respectivo delito.

5.7. El 29 de noviembre de 1999, el Juzgado 2º Penal del Circuito de Turbo (Antioquia) declaró la responsabilidad penal del señor Wilson Antonio Chaverra González como autor del delito de violación del régimen legal de inhabilidades e incompatibilidades para contratar.

5.8. El 27 de diciembre de 2000, la Sala Penal del Tribunal Superior de Antioquia revocó la sentencia condenatoria; en su lugar, absolvió de responsabilidad penal al señor Wilson Antonio Chaverra González, en aplicación del “principio universal de in dubio pro reo” y, como consecuencia, ordenó su libertad inmediata.

6. Conclusiones probatorias y caso concreto

La Sala, ab initio, encuentra acreditada la existencia del daño, consistente en la privación de la libertad que sufrió el señor Wilson Antonio Chaverra González, con ocasión del proceso penal adelantado en su contra por el delito de violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades para contratar.

Ahora, para determinar si le asiste responsabilidad o no a las entidades demandadas por la privación de la libertad de la aquí demandante, se hará el análisis de imputación, con el fin de establecer si, en efecto, ese daño le es atribuible a las demandadas y, por ende, si estas tienen el deber jurídico de resarcir los perjuicios que del mismo se derivan.

Pues bien, está probado que, mediante providencia del 13 de marzo de 1998, la Fiscalía le impuso medida de aseguramiento de detención preventiva sin beneficio de excarcelación al señor Wilson Antonio Chaverra González; luego, a través de sentencia del 29 de noviembre de 1999, el Juzgado 2º Penal del Circuito de Turbo (Antioquia) lo condenó como autor del delito de violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades para contratar; sin embargo, a través de fallo del 27 de diciembre de 2000, la Sala Penal del Tribunal Superior de Antioquia absolvió de responsabilidad penal al aquí demandante y, como consecuencia de ello, ordenó su libertad inmediata. Estas fueron las razones de la absolución:

“Ahora bien, dice la sentencia que varios hechos indican la vulneración del régimen de inhabilidades e incompatibilidades relativo a esta específica causal, consistiendo el primero de ellos en que el contrato de arrendamiento entre MARGARITA ROBLEDO y FÉLIX PALACIOS ostenta como fecha dos de enero de mil novecientos noventa y cinco y se autenticó en el mes de marzo del mismo año. Igualmente se cuestiona que PALACIOS adquiriera desde esa fecha capacidad económica para arrendar la gasolinera y dar crédito al Municipio reemplazando a SOFONÍAS CHAVERRA.

“Alude igualmente el fallador, que no es explicable que fuera la señora ROBLEDO quien recogiera los cheques de los suministros y además resalta que mientras el procesado sostiene que su padre le concedió un crédito a PALACIO para hacerse cargo del negocio, SOFONÍAS CHAVERRA no hace alusión a esta situación y MARGARITA ROBLEDO asegura haber encontrado una sociedad de hecho con FÉLIX PALACIOS en la que ella le proveía combustible.

“(…).

“Ahora bien, cierto es que uno de los indicios de mayor fuerza probatoria para predicar la utilización de FÉLIX PALACIOS para contratar con el Municipio y así ocultar la presunta incompatibilidad existente respecto de SOFONÍAS CHAVERRA y su esposa, es el hecho de que esta última era la persona que recogía los cheques como lo menciona FÉLIX PALACIOS. A pesar de lo anterior, obsérvese que desde un principio dicha señora asevera la existencia de una sociedad de hecho con PALACIOS y no solo de un arrendamiento, a más de ello, no niega, sino contrariamente explica que le proveía combustible a FÉLIX PALACIOS (…) al respecto cabría preguntarse, ¿si en verdad la señora ROBLEDO o su esposo fueron escogidos en forma subjetiva y subrepticia por el encausado para suministrar el combustible al Municipio, por lo cual obviamente tendría aquella interés en favorecer al encausado, cuál es la razón para que mencione desde un principio la existencia de la sociedad con PALACIO? (lo que implica, como se analizará, la acreditación objetiva de una causal de incompatibilidad en perjuicio del procesado).

“De otro lado, esta situación además constituye por lo menos en un principio de explicación al hecho de que MARGARITA ROBLEDO recogiera en algunas oportunidades los cheques, pues no solo debía recibir el valor del arrendamiento sino como socio capitalista de PALACIOS vigilar las cuentas y utilidades.

“Ahora bien, sobre las razones vertidas al proceso por SOFONÍAS CHAVERRA, WILSON CHAVERRA y MARGARITA ROBLEDO, sobre la relación negocial que existía entre aquella y FÉLIX PALACIOS, se tiene que mientras el encausado dice que su padre le dio un crédito a PALACIOS, a su vez SOFONÍAS CHAVERRA dice que su esposa realizó motu proprio un contrato de arrendamiento con este [se refiere a FÉLIX PALACIOS], y MARGARITA ROBLEDO sostiene la existencia de una sociedad; en verdad de estas manifestaciones disímiles no se puede predicar la incompatibilidad aludida (…) Sobre este último aspecto, debe además clarificar la Sala, ya que se ha hecho alusión tangencial al dolo del enjuiciado, que algunas de las pruebas anotadas y analizadas anteriormente, sirven al mismo tiempo para predicar no solamente la falta de certeza sobre el elemento normativo del penal relativo a la incompatibilidad para contratar por el parentesco, sino también la imposibilidad de aseverar con certeza el dolo del procesado, pues si bien, algunas de las probanzas apuntan a ello, otras lo desvirtúan al punto que nos encontramos frente a una probabilidad, estado mental que genera duda y por ello su consecuencia es la absolución como se ha explicado suficientemente.

“(…).

“Concluye entonces la Sala, que analizados los indicios mencionados por el a quo, no tienen a la luz de la sana crítica la fuerza probatoria que este les imprime para acreditar con certeza la causal de incompatibilidad del numeral b, ordinal 2, del artículo 8 de la Ley 80 de 1993, vale decir, no puede afirmarse sin duda alguna que el encausado utilizó una tercera persona para contratar con sus parientes consanguíneos como SOFONÍAS CHAVERRA, o por afinidad como MARGARITA ROBLEDO, pues tal como se ha estudiado, existen probanzas que tienden a desvirtuar esta afirmación, sin que pueda predicarse en forma cierta y veraz la existencia del ilícito que se atribuye al procesado y más exactamente de uno de los elementos del tipo penal consistente en la violación del régimen de incompatibilidades.

“(…).

“El análisis integral de las pruebas existentes por parte de la Sala, aunado al estudio de cada uno de los juiciosos argumentos de la defensa, permite, contrario a lo afirmado por el fallador, concluir que no existe certeza sobre la existencia de la incompatibilidad del numeral B del ordinal 2 del artículo 8 de la Ley 80 de 1993, y aunque objetivamente, teniendo en cuenta algunas probanzas analizadas por la Sala, podría concluirse probada la del ordinal D ibídem, tampoco puede predicarse con certeza el dolo del encausado, vale decir, la culpabilidad sin lo cual no es posible proferir, como lo hizo el a quo, sentencia de condena en su contra.

“En razón de lo analizado se impone la revocatoria integral de la sentencia impugnada, tal como lo solicita la defensa y en su lugar se profiere sentencia absolutoria en favor de Wilson Antonio Chaverra González, en desarrollo del principio universal de in dubio pro reo, por lo que se dispone su libertad inmediata e incondicional” (Se destaca por la Sala).
Como se observa del aparte transcrito de la providencia, se absolvió de responsabilidad penal al señor Wilson Antonio Chaverra González con fundamento en el principio de in dubio pro reo, toda vez que no se probó fehacientemente su responsabilidad por el delito de violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades para contratar, razón por la cual fue la falta de certeza lo que llevó a su absolución, manteniéndose incólume la presunción de su inocencia.

Según los lineamientos jurisprudenciales, la absolución en aplicación del principio de in dubio pro reo constituye uno de los eventos determinantes de la privación injusta de la libertad, que, al amparo de un régimen de responsabilidad objetiva, implicaría la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado; sin embargo, ello no significa que en estos casos no estén llamadas a configurarse las denominadas causales eximentes de responsabilidad.

Así pues, atendiendo a las particularidades del caso concreto, la Sala entrará a analizar si en el presente asunto se configuró o no la causal de exoneración consistente en el hecho exclusivo de la víctima; es decir, se estudiará la conducta de la víctima y su relación con el daño cuya reparación pretende.

6.1. Hecho exclusivo de la víctima como causal de exoneración de responsabilidad del Estado en casos de privación de la libertad

Tratándose de casos en los que se analiza la responsabilidad del Estado bajo un régimen objetivo, la jurisprudencia de esta Corporación ha sido reiterada y pacífica al sostener que este tipo de análisis no supone, de entrada, la prosperidad de las pretensiones ni la obligación inmediata de reparar patrimonialmente al extremo activo, habida cuenta de que es posible que en estos eventos se configuren situaciones como la fuerza mayor, el hecho exclusivo y determinante de un tercero o la culpa exclusiva de la víctima, con la virtualidad de exonerar de responsabilidad a la entidad pública.

En materia de privación injusta se ha sostenido que cuando la actuación del procesado justificó la actuación judicial, particularmente en lo que atañe a la restricción de su libertad, es posible concluir que el daño irrogado proviene de la propia víctima, aun cuando no hubiere sido condenado.

La jurisprudencia reiterada de la Sala ha sostenido que, para efectos de que opere el hecho de la víctima como eximente de responsabilidad, es necesario determinar, en cada caso concreto, si el proceder -activo u omisivo- de aquel tuvo o no injerencia y en qué medida en la producción del daño. Así lo ha entendido esta Corporación:

“Cabe recordar que la culpa exclusiva de la víctima, entendida como la violación por parte de esta de las obligaciones a las cuales está sujeto el administrado, exonera de responsabilidad al Estado en la producción del daño.

“(…).

“Específicamente, para que pueda hablarse de culpa de la víctima jurídicamente, ha dicho el Consejo de Estado, debe estar demostrada además de la simple causalidad material según la cual la víctima directa participó y fue causa eficiente en la producción del resultado o daño, el que dicha conducta provino del actuar imprudente o culposo de ella, que implicó la desatención a obligaciones o reglas a las que debía estar sujeta.

“De igual forma, se ha dicho:

‘… para que la culpa de la víctima releve de responsabilidad a la administración, aquella debe cumplir con los siguientes requisitos:

‘Una relación de causalidad entre el hecho de la víctima y el daño. Si el hecho del afectado es la causa única, exclusiva o determinante del daño, la exoneración es total. Por el contrario, si ese hecho no tuvo incidencia en la producción del daño, debe declararse la responsabilidad estatal. Ahora bien, si la actuación de la víctima concurre con otra causa para la producción del daño, se producirá una liberación parcial, por aplicación del principio de concausalidad y de reducción en la apreciación del daño, de acuerdo con lo previsto en el artículo 2357 del Código Civil” (Negrillas y subrayas de la Sala).

En línea con lo anterior, para identificar los mencionados conceptos de culpa grave y dolo, la jurisprudencia ha acudido a los criterios contemplados en el artículo 63 del Código Civil, de los cuales se extrae que el primero corresponde a un comportamiento grosero, negligente, despreocupado o temerario, mientras que el segundo se equipara con la conducta realizada con la intención de generar daño a una persona o a su patrimonio.

Bajo ese panorama, en asuntos como el que aquí se debate, la culpa exclusiva de la víctima se configura cuando se acredite que el afectado actuó con temeridad dentro del proceso penal o incurrió en comportamientos irregulares que ameritaban el adelantamiento de la respectiva actuación y, de manera consecuente, justificaban la imposición de una medida restrictiva de la libertad, circunstancias que deben determinarse si se presentaron en el caso concreto.

Descendiendo al caso concreto, si bien durante el proceso penal se señaló que el señor Wilson Antonio Chaverra González utilizó una tercera persona para obtener provecho ilícito y beneficiar con dicho contrato a sus parientes más cercanos, lo cierto es que no se pudo establecer con certeza que el negocio en cuestión se hubiere celebrado por interpuesta persona, con el fin de esconder el favorecimiento a sus parientes, motivo que condujo a su absolución.

Sin embargo, del material probatorio que reposa en el expediente se desprende que, pese a que la conducta del señor Wilson Antonio Chaverra González no alcanzó a tener connotación frente a la responsabilidad penal, sí se presentaron ciertas irregularidades que condujeron a que se le investigara y se le dictara medida de aseguramiento en su contra.

Partiendo de estas consideraciones y bajo la precisión de que a esta jurisdicción no le corresponde calificar las decisiones adoptadas por el juez penal, en orden a determinar si fueron acertadas o no, la Sala considera que el material probatorio que reposa en la actuación involucra seriamente al aquí demandante.

En efecto, en el proceso penal se acreditó: i) que Wilson Antonio Chaverra González se posesionó el 1° de enero de 1995 como alcalde del municipio Vigía del Fuerte (Antioquia); ii) que, el 2 de enero del mismo año, Félix Palacios celebró un contrato de arrendamiento de una gasolinera con la señora Margarita Robledo (esposa del padre del alcalde) y iii) que, como Félix Palacios acreditó la tenencia de una gasolinera, el señor Chaverra González, en representación del Municipio, lo contrató para que le suministrara combustible a ese ente territorial. Esto último se desprende de la indagatoria rendida por el aquí demandante:

“PREGUNTADO: qué negocio tenía FÉLIX en la época en que le vendía al municipio. CONTESTADO: tenía un negocio de víveres y demás y una gasolinera, no recuerdo cómo se llamaba (...) PREGUNTADO: usted mencionó que el señor FÉLIX se hizo a este negocio por medio de un crédito, puede usted decirnos el origen de este crédito, si fue personal o a través de una entidad bancaria. CONTESTADO: tengo entendido que mi familia le prestó plata, por el cariño y tantos años de trabajo que le había prestado a mi padre (…) mi papá le prestó una plata para que montara un granero y le arrendaron la gasolinera con el ánimo de ayudarlo (…) PREGUNTADO: usted sabe o le consta si el negocio que manejaba el señor FÉLIX aparece registrado él como responsable en industria y comercio. CONTESTADO: él me mostró un contrato de arrendamiento de la gasolinera que había suscrito con doña MARGARITA ROBLEDO, por eso nosotros contratamos con él (…) PREGUNTADO: usted se enteró del destino final de los cheques mediante los cuales el municipio le pagaba al señor FÉLIX VALENCIA los suministros del municipio. CONTESTADO: el municipio cumplía con pagarles los suministros, de allí en adelante no sé absolutamente nada, porque nunca participé del tipo de negociación que tenía FÉLIX con mi padre y doña MARGARITA ROBLEDO (…)” (Se destaca).

De lo dicho se destaca que el señor Félix Palacios, con quien se contrató el suministro de combustible para el municipio Vigía del Fuerte (Antioquia), era cercano al padre de Wilson Antonio Chaverra González, tanto así que el señor Sofonías Chaverra (padre del aquí demandante) le prestó dinero y, además, su esposa Margarita Robledo le arrendó una gasolinera -2 de enero de 1995-.

Se resalta, además, que el móvil para que se contratara el suministro de combustible con el señor Félix Palacios fue el contrato arrendamiento que este último había suscrito con la señora Margarita Robledo (esposa del padre del aquí demandante), pues así lo dijo Wilson Antonio Chaverra González “él me mostró un contrato de arrendamiento de la gasolinera que había suscrito con doña MARGARITA ROBLEDO, por eso nosotros contratamos con él” (se destaca), actuación que merece reproche por parte de la Sala.

A lo anterior debe sumarse que, según se observa del fallo absolutorio, el Municipio le pagaba –por el suministro de combustible- al señor Félix Palacios con cheques, sin embargo, aquellos no eran recogidos y cobrados por este mismo señor, sino por la señora Margarita Robledo (esposa del padre de Wilson Antonio Chaverra González).

Pues bien, la Sala considera que si el alcalde Wilson Antonio Chaverra González contrató el suministro de combustible con el señor Félix Palacios, lo jurídicamente exigible era que este último señor recogiera los cheques y los cobrara, cuestión que no siempre fue así, pues la señora Margarita Robledo (esposa del padre del alcalde) recogió y cobró esos cheques -en algunas oportunidades-, lo que a todas luces resulta irregular, circunstancia relevante para que al señor Wilson Antonio Chaverra González se le investigara y, en efecto, se le impusiera medida de aseguramiento.

Ahora, el hecho de que la señora Margarita Robledo haya tenido una supuesta sociedad con el señor Félix Palacios, no justificaba -en manera alguna- que la primera cobrara los cheques relacionados con el pago del suministro de combustible al Municipio, pues, como ya se dijo, quien debía hacerlo era el señor Félix Palacios, persona con la cual se había contratado el abastecimiento de gasolina para el ente territorial de Vigía del Fuerte (Antioquia).

De otra parte, se observa que del suministro de gasolina que realizaba el señor Félix Palacios al municipio de Vigía del Fuerte (Antioquia), también se beneficiaba la señora Margarita Robledo (esposa del padre del alcalde), pues -según se desprende del fallo absolutorio- le quedaban utilidades por el expendio de combustible que hacía Félix Palacios, lo cual resulta reprochable, porque tal situación permite entender de que el señor Chaverra González favoreció a la esposa de su padre Sofonías Chaverra al celebrar el contrato de suministro de gasolina con el señor Félix Palacios.

A pesar de las anteriores circunstancias, que dan cuenta de ciertas irregularidades, el señor Wilson Antonio Chaverra González fue absuelto de responsabilidad penal, porque no se acreditó que el contrato de suministro se hubiere celebrado con un pariente dentro del grado de consanguinidad o afinidad exigidos por la Ley para que se configure la incompatibilidad, así como tampoco se probó con certeza que ese contrato se hubiere celebrado por interpuesta persona, con el fin de esconder el favorecimiento a sus parientes.

No obstante, al margen de que esas irregularidades no tuvieron implicaciones para el aquí demandante en el ámbito penal, pues fue absuelto de responsabilidad, la Sala considera que sí dieron lugar a que se le iniciara una investigación y se le impusiera medida de aseguramiento de detención preventiva, en razón a que el señor Wilson Antonio Chaverra González, en su condición de alcalde, no obró en la forma debida o, mejor, en la que le era jurídicamente exigible.

En efecto, para la Sala resulta cuestionable el hecho de que el móvil para que el señor Chaverra González -así lo dijo en su indagatoria- contratara el suministro de combustible con el señor Félix Palacios fuera el contrato de arrendamiento que este último había suscrito con la señora Margarita Robledo (esposa de su padre Sofonías Chaverra), lo que se traduce en una conducta irregular y sospechosa; así como también resulta censurable que la mencionada señora fuera quien -en algunas oportunidades- recogiera y cobrara los cheques con los que el Municipio le pagaba a Félix Palacios por el suministro de gasolina, negocio del cual, además, ella se beneficiaba, porque de aquel obtenía utilidades, según se indicó anteriormente.

Dicho de otra manera, aun cuando aquí no se debate la responsabilidad penal ni se cuestiona la decisión de fondo proferida por la jurisdicción ordinaria, sí se advierte que las circunstancias en las que se presentaron los hechos que sirven de sustento a la demanda dan cuenta de varias situaciones que involucraron al procesado y mediaron para la imposición de la medida de aseguramiento que se tradujo en la restricción de su libertad.
Con fundamento en lo expuesto, la Sala considera que la causa determinante del daño en el caso bajo estudio no fue la actuación de la Fiscalía ni de la Rama Judicial al imponer medida de aseguramiento al aquí demandante y posteriormente proferir sentencia condenatoria -que luego fue revocada en segunda instancia-, sino justamente las irregularidades anotadas en precedencia -que involucran al aquí demandante-, quien, de acuerdo con las pruebas obrantes en el expediente, dio lugar a la investigación que se adelantó en su contra y a las decisiones proferidas por la Fiscalía y el Juez de primera instancia.

Así las cosas, la Sala confirmará la sentencia de primera instancia, pero por las razones expuestas en esta providencia, porque las anotadas actuaciones irregulares en las que se vio involucrado el aquí demandante determinaron que este debiera asumir la privación de la libertad de la que fue objeto.

7. Condena en costas

En vista de que en este caso no se observa temeridad o mala fe en el actuar de las partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas, de conformidad con lo previsto en el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A :

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia apelada, esto es, la proferida el 27 de noviembre de 2009, por el Tribunal Tribunal Administrativo de Antioquia, por medio de la cual se negaron las súplicas de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Sin condena en costas.

TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de origen para lo de su cargo.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

HERNÁN ANDRADE RINCÓN

MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

CARLOS ALBERTO ZAMBRANO BARRERA
Aclaró voto
Nombres tomados de los respectivos registros civiles de nacimiento de cada uno de ellos.
Folios 17-37 del cuaderno de primera instancia.
Folios 39-40 del cuaderno de primera instancia.
Folios 44-50 del cuaderno de primera instancia.
Folios 133-152 del cuaderno de primera instancia.
Folios 168-190 del cuaderno de primera instancia.
Folios 192-208 del cuaderno de primera instancia.
Folios 177-120 del cuaderno de segunda instancia.
Folio 122 del cuaderno de segunda instancia.
Folios 123-144 del cuaderno principal.
Folios 166-174 del cuaderno principal.
De acuerdo con lo decidido por la Sala Plena de la Sección Tercera en sesión del 25 de abril de 2013, según acta No. 10.
Sobre este tema consultar auto proferido por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo el 9 de septiembre de 2008, C.P. Mauricio Fajardo Gómez, expediente 11001-03-26-000-2008-00009-00, actor: Luz Elena Muñoz y otros.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 14 de febrero de 2002, expediente 13.622, M.P. María Elena Giraldo Gómez, reiterado en sentencia del 11 de agosto de 2011, expediente 21.801.
Consejo de Estado. Sala Plena de la Sección Tercera. Sentencia del 17 de octubre de 2013. Expediente: 23.354.
Folios 1-2 del cuaderno de pruebas No. 1.
Folio 66 del cuaderno de pruebas No. 1.
Folios 185-188 del cuaderno de pruebas No. 1.
Aunque las indagatorias rendidas en procesos penales no tienen eficacia probatoria en estos procesos contenciosos administrativos, porque no cumplen con la formalidad del juramento –artículo 227 del Código de Procedimiento Civil-, lo cierto es que, para el caso concreto, en aras de alcanzar la verdad material, la Subsección le dará valor probatorio, de conformidad con el criterio que ha decantado la Sala Plena del Consejo de Estado en reiteradas oportunidades (Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Consejero Ponente: Dr. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren, sentencia de 12 de marzo de 2013, Radicado No.11001-03-15-000-2011-00125-00, sentencia de 5 de noviembre de 2014, Radicado No. 110010315000201200900-00/2012-00899 y 2012-00960, Consejera Ponente. Stella Conto Díaz del Castillo).
Folios 294-298 del cuaderno de pruebas No. 1.
Folios 551 a 571 del cuaderno de pruebas.
Folio 578 del cuaderno de pruebas.
Folios 767 a 798 del cuaderno de pruebas.
Folios 968 a 985 del cuaderno de pruebas.
Folios 1130-1149 del cuaderno de pruebas.
En similares términos, consultar las sentencias del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, del 9 de julio de 2014, expediente 38.438, Magistrado Ponente: Dr. Hernán Andrade Rincón y la sentencia del 11 de abril de 2012, expediente 23.513, Magistrado Ponente: Dr. Mauricio Fajardo Gómez.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 9 de julio de 2014, expediente 38.438, Magistrado Ponente: Dr. Hernán Andrade Rincón.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 20 de abril de 2005; expediente 15784; Magistrado Ponente: Dr. Ramiro Saavedra Becerra.
En este sentido se pueden consultar, entre otras, las siguientes providencias: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 18 de febrero de 2010, exp. 17.933, M.P. Dra. Ruth Stella Correa Palacio; Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 30 de abril de 2014, exp. 27.414, M.P. Dr. Danilo Rojas Betancourth; Sección Tercera Subsección B, sentencia de 2 de mayo de 2016, exp. 32.126, M.P. Dr. Danilo Rojas Betancourth, reiteradas por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 1 de agosto de 2016, exp. 41.601, M.P. Dr. Hernán Andrade Rincón.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 20 de abril de 2005; expediente 15784; Magistrado Ponente: Dr. Ramiro Saavedra Becerra.

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