Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 76001-23-31-000-2011-00497-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 76001-23-31-000-2011-00497-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
Prelación de fallo
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 76001-23-31-000-2011-00497-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 76001-23-31-000-2011-00497-01
Consejero ponente: Marta Nubia Velásquez Rico
14 de marzo de 2019
PRELACIÓN DE FALLO / PRELACIÓN DE FALLO EN PROCESO POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / PROCEDENCIA DE LA PRELACIÓN DE FALLO
En la actualidad, la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado tiene bajo su conocimiento procesos que entraron para dictar fallo definitivo con anterioridad al presente asunto, situación que en los términos del artículo 18 de la Ley 446 de 1998 exigiría su decisión en atención al orden cronológico respecto del cual pasaron los expedientes al Despacho de la Magistrada conductora del proceso; sin embargo, es importante precisar que la mencionada disposición normativa prevé que en los procesos de conocimiento de esta jurisdicción tal orden puede modificarse, en atención a la naturaleza de los asuntos, por importancia jurídica o trascendencia social. En esta misma línea, conviene destacar que la Ley 1285 de 2009, en su artículo 16, permite decidir de manera anticipada, esto es, sin sujeción al orden cronológico de turno, los procesos en relación con los cuales su decisión definitiva “entrañe sólo la reiteración de jurisprudencia”. [L]a Sección Tercera del Consejo de Estado ha tenido la oportunidad de pronunciarse en muchas ocasiones y, en tal sentido, ha fijado una jurisprudencia consolidada y reiterada, motivo por el que, con fundamento en el artículo 16 de la Ley 1285 de 2009, la Subsección se encuentra habilitada para resolver el presente asunto de manera anticipada. NOTA DE RELATORÍA: Al respecto consultar la sentencia del 24 de mayo de 2017, Exp. 49740, sentencia del 30 de agosto de 2017, Exp. 51057, sentencia del 23 de octubre de 2017, Exp. 52070, sentencia del 6 de diciembre de 2017, Exp. 54859.
FUENTE FORMAL: LEY 446 DE 1998 - ARTÍCULO 18 / LEY 1285 DE 2009 - ARTÍCULO 16
ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA POR ERROR JUDICIAL / DAÑO CAUSADO POR LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / ERROR JUDICIAL / COMPETENCIA DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA
[D]e conformidad con el artículo 73 de la Ley 270 de 1996, la competencia para conocer de las acciones de reparación directa que se instauren con fundamento en los títulos de imputación de error jurisdiccional, privación injusta de la libertad o defectuoso funcionamiento de la Administración de Justicia, se encuentra radicada en los Tribunales Administrativos en primera instancia y en el Consejo de Estado en segunda, sin consideración a la cuantía del proceso. NOTA DE RELATORÍA: Sobre este tema consultar auto proferido por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo el 9 de septiembre de 2008, M.P. Mauricio Fajardo Gómez, Exp. 11001-03-26-000-2008-00009-00.
FUENTE FORMAL: LEY 270 DE 1996 - ARTÍCULO 73
CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / CADUCIDAD ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD
Al tenor de lo previsto en el numeral 8 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, la acción de reparación directa debe instaurarse dentro de los dos años contados a partir del día siguiente al acaecimiento del hecho, de la omisión, de la operación administrativa o de la ocupación permanente o temporal de inmueble de propiedad ajena por causa de trabajos públicos o por cualquier otra causa. Tratándose de acciones de reparación directa por la privación injusta de la libertad, la jurisprudencia reiterada de esta Sección del Consejo de Estado ha considerado que el término de caducidad se empieza a contar a partir del día siguiente a la ejecutoria de la providencia que precluyó la investigación, de la sentencia absolutoria o desde el momento en que quede en libertad el procesado, lo último que ocurra, momento a partir del cual se configura el carácter injusto de la limitación del derecho a la libertad. NOTA DE RELATORÍA: Al respecto consultar la sentencia del 22 de junio de 2017, Exp. 44784, M.P. Hernán Andrade Rincón, sentencia del 24 de mayo de 2017, Exp. 42979, M.P. Hernán Andrade Rincón, sentencia del 10 de noviembre de 2017, Exp. 47874, M.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera, sentencia del 28 de septiembre de 2017, Exp. 52897 y sentencia del 10 de noviembre de 2017, Exp. 47294.
FUENTE FORMAL: CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - ARTÍCULO 136, NUMERAL 8
LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA MATERIAL / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA DE HECHO / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA
La legitimación en la causa tiene dos dimensiones, la de hecho y la material. La primera surge de la formulación de los hechos y de las pretensiones de la demanda, por manera que quien presenta el escrito inicial se encuentra legitimado por activa, mientras que el sujeto a quien se le imputa el daño ostenta legitimación en la causa por pasiva. A su vez, la legitimación material es condición necesaria para, según corresponda, obtener decisión favorable a las pretensiones y/o a las excepciones, punto que se define al momento de estudiar el fondo del asunto, con fundamento en el material probatorio debidamente incorporado a la actuación. Tratándose del extremo pasivo, la legitimación en la causa de hecho se vislumbra a partir de la imputación que la demandante hace al extremo demandado y la material únicamente puede verificarse como consecuencia del estudio probatorio, dirigido a establecer si se configuró la responsabilidad endilgada desde el libelo inicial.
CONCEPTO DE COMPAÑERO PERMANENTE / UNIÓN MARITAL DE HECHO / COMPAÑERO PERMANENTE / PRUEBA DE COMPAÑERO PERMANENTE / TESTIMONIO EXTRAPROCESO / VALOR PROBATORIO DEL TESTIMONIO EXTRAPROCESO / RECHAZO DEL TESTIMONIO EXTRAPROCESO / FAMILIA / CONCEPTO DE FAMILIA
[L]a denominación de compañero y compañera permanente, al tenor de lo previsto en el artículo 1º de la Ley 54 de 1990, alude al hombre y a la mujer que forman parte de la unión marital de hecho y, a su turno, el artículo 4 de la misma norma estableció que para acreditar la existencia de la unión marital de hecho se podrá acudir a los medios de prueba consagrados en el Código de Procedimiento Civil. Es de advertir que la Jurisprudencia reiterada de esta Corporación ha sostenido que las declaraciones extraproceso que se practiquen sin citación y asistencia de la parte contraria deben ser ratificadas en el proceso en el cual se pretende hacer valer, so pena de carecer de eficacia probatoria, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 229, 298, 299 del Código de Procedimiento Civil, salvo que esté destinada a servir de prueba sumaria en los casos en los que la ley autoriza la aducción de este medio probatorio. Así las cosas, debido a que la declaración extrajuicio que allegó la parte actora no fue ratificada en el presente asunto, la misma carece de mérito probatorio. (…) [E]s del caso advertir que la familia no está limitada solo por los vínculos naturales o jurídicos, sino que también se extiende a aquellos eventos en los que sus integrantes deciden tener a un sujeto como miembro del grupo familiar, en virtud de los lazos de afecto, respeto, solidaridad, compresión y protección que los unen. Lo anterior, por ejemplo, en los casos en los que una de las personas que conforma la unión marital de hecho decide tener como hijos de crianza a los hijos de su compañero(a) permanente y, como consecuencia de ello, se comparte el mismo techo y se asume el rol de padre o madre, según responda, tanto desde el punto de vista afectivo, como económico. NOTA DE RELATORÍA: Advierte la Sala que el concepto de familia ha sido ampliado por la Corte Constitucional en sus más recientes pronunciamientos, sentencia C-577 de 2011, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo; sentencia C-700 de 2013, M.P. Alberto Rojas Ríos; sentencia C278 de 2014, M.P. Mauricio González y la sentencia C-257 de 2015, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado, concepto que es acogido por esta Corporación. Igualmente consultar la sentencia del 28 de abril de 2010, Exp. 17995, M.P. Mauricio Fajardo Gómez, reiterado en la sentencia del 25 de enero de 2017, Exp. 45351.
FUENTE FORMAL: LEY 54 DE 1990 - ARTÍCULO 1 / CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL - ARTÍCULOS 229, 298 Y 299
DAÑO ANTIJURÍDICO / PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / DOLO / CULPA GRAVE / IMPUTACIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO
[D]e la pruebas relacionadas en precedencia también se desprende que dicho señor tuvo unos comportamientos reprochables que dieron lugar a que se le privara de su libertad -como se verá más adelante-, lo que supone que, si bien sufrió un daño por la privación de su libertad, aquel no resultó antijurídico, de acuerdo con los parámetros establecidos en la reciente sentencia de unificación del 15 de agosto de 2018 -exp. 46.947-, proferida por la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado. Así las cosas, a la luz de la aludida providencia, se examinará, en primer lugar, la antijuridicidad o no del daño o, más bien, de la restricción de la libertad que padeció el ahora demandante; en caso de que se constate que el daño sí resultó antijurídico (…) [E]l estudio de la antijuridicidad del daño se encuentra ligado al comportamiento del aquí accionante desde la óptica del derecho civil: i) Si actuó con dolo o con culpa grave y con ello dio lugar a que se le abriera una investigación penal con la consecuente medida de aseguramiento de detención preventiva, la restricción de su libertad NO podría considerarse antijurídica y, por ende, estaría en la obligación jurídica de soportarla, de manera que ahí culminaría el respectivo análisis de responsabilidad. ii) Contrario sensu, si no tuvo actuaciones o comportamientos reprochables (dolosos o gravemente culposos), la restricción de la libertad padecida por el señor Ortegón Gamba sí habría de considerarse antijurídica y, por tanto, el examen de responsabilidad seguiría con el análisis del elemento de la imputación, que no es otra cosa que la de determinar cuál autoridad debería reparar el daño, sin perjuicio de que se puedan configurar los eximentes como la fuerza mayor y el hecho exclusivo y determinante de un tercero.
CULPA EXCLUSIVA DE LA VÍCTIMA / EXIMENTE DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO / PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / DOLO / CULPA GRAVE
La jurisprudencia de esta Sección ha reiterado que cuando la conducta del procesado justificó la actuación judicial, particularmente en lo que atañe a la restricción de su libertad, es posible concluir que el daño irrogado proviene de la propia víctima, aun cuando no hubiere sido condenada, siempre que su actuar, ya sea activo u omisivo, hubiese sido la causa eficiente y determinante en la producción del resultado lesivo. (…) En concordancia con lo anterior, para identificar los mencionados conceptos de culpa grave y dolo, la jurisprudencia ha acudido a los criterios contemplados en el artículo 63 del Código Civil, de los cuales se extrae que el primero corresponde a un comportamiento grosero, negligente, despreocupado o temerario, mientras que el segundo se equipara con la conducta realizada con la intención de generar daño a una persona o a su patrimonio. En asuntos como el que aquí se debate, la culpa exclusiva de la víctima se configura cuando se acredita que el afectado actuó con temeridad dentro del proceso penal o que incurrió en comportamientos irregulares que ameritaban el adelantamiento de la respectiva investigación y, de manera consecuente, justificaban la imposición de una medida que le privara de su libertad. NOTA DE RELATORÍA: En relación con la culpa exclusiva de la víctima, cita sentencia de 5 de abril de 2017, exp. 41977, sentencia de 26 de abril de 2017, exp. 45313, sentencia del 7 de junio de 2017, exp. 42021, sentencia de 9 de julio de 2014, exp. 38438, M.P. Hernán Andrade Rincón, sentencia de 20 de abril de 2005; exp. 15784; M.P. Ramiro Saavedra Becerra.
FUENTE FORMAL: CÓDIGO CIVIL - ARTÍCULO 63
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejera ponente: MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
Bogotá, D.C., catorce (14) de marzo de dos mil diecinueve (2019)
Radicación número: 76001-23-31-000-2011-00497-01(53695)
Actor: JAIRO AUGUSTO MONTOYA MONTES Y OTROS
Demandado: NACIÓN - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN Y OTROS
Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA
Temas: PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD - verificación de la existencia de los presupuestos de procedibilidad de la acción de reparación directa / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA - compañera permanente e hijos de crianza - declaración extrajuicio no ratificada / CULPA EXCLUSIVA DE LA VÍCTIMA - circunstancia eximente de responsabilidad cuando el procesado, con su conducta, dio lugar a la investigación y a la medida restrictiva de la libertad.
Procede la Sala a decidir el recurso de apelación interpuesto por la Rama Judicial en contra de la sentencia del 27 de noviembre de 2014, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante la cual se efectuaron las siguientes declaraciones y condenas (se transcribe de forma literal, incluso con posibles errores):
“PRIMERO: DECLARAR: probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva de la Fiscalía General de la Nación y el Ministerio de Defensa - Policía Nacional.
“SEGUNDO: DECLARAR: administrativamente responsable a la Nación – Rama Judicial por la privación injusta de la libertad del señor JAIRO AUGUSTO MONTOYA MONTES.
“TERCERO: Como consecuencia de la anterior declaración, CONDENAR a la Nación – Rama Judicial al pago de los perjuicios morales así:
Indemnización
smlmv
JAIRO AUGUSTO MONTOYA MONTES (afectado)
90
ANDRÉS CAMILO MONTOYA VÉLEZ
(hijo)
90
MARÍA ELVIA MONTES
(madre)
90
MARÍA FERNANDA QUINTERO ORTIZ (compañera permanente)
90
LEONEL MONTOYA MONTES
(hermano)
45
MARÍA NIDIA MONTOYA MONTES
(hermana)
45
ALBA MARÍA MONTOYA MONTES
(hermana)
45
JOSÉ DARÍO MONTOYA MONTES
(hermano)
45
MARÍA EUNICE MONTOYA MONTES
(hermana)
45
JOSÉ URIEL MONTOYA MONTES
(hermano)
45
MARTHA LIVIA MONTOYA MONTES
(hermana)
45
JESÚS MARÍA MONTOYA MONTES
(hermano)
45
FLORANYELI RODRÍGUEZ QUINTERO
(tercero damnificado)
13,5
KATERIN FERNANDA OROZCO QUINTERO
(tercero damnificado)
13,5
IVÁN ANDRÉS QUINTERO ORTIZ
(tercero damnificado)
13,5
LUZ KARIME OROZCO QUINTERO
(tercero damnificado)
13,5
“CUARTO: CONDENAR a la Nación – Rama Judicial al pago de los perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente así:
Indemnización
JAIRO AUGUSTO MONTOYA MONTES
$1.752.000
“QUINTO: CONDENAR a la Nación – Rama Judicial al pago de los perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante así:
JAIRO AUGUSTO MONTOYA MONTES
$18.699.832
“SEXTO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.
“SÉPTIMO: SIN COSTAS en esta instancia” (negrillas del texto original).
I. A N T E C E D E N T E S
1. La demanda
En escrito presentado el 6 de abril de 2011, los señores Jairo Augusto Montoya Montes, quien actúa en nombre propio y en representación de su hijo Andrés Camilo Montoya Vélez; María Fernanda Quintero Ortiz, quien actúa en nombre propio y en representación de sus hijos menores Iván Andrés Quintero Ortiz, Floranyeli Rodríguez Quintero, Katerin Fernanda Orozco Quintero y Luz Karime Orozco Quintero; Leonel, María Nidia, José Darío, María Eunice, José Uriel, Martha Livia y Jesús María Montoya Montes; Alba María Montoya de Giraldo y María Elvia Montes de Montoya, por conducto de apoderado judicial, interpusieron demanda en ejercicio de la acción de reparación directa contra la Nación – Fiscalía General de la Nación, el Ministerio de Defensa – Policía Nacional y la Rama Judicial, con el fin de que se les declarara administrativamente responsables por los perjuicios materiales e inmateriales a ellos irrogados, como consecuencia de la privación injusta de la libertad de la cual habría sido víctima el primero de los aludidos actores, dentro de un proceso penal adelantado en su contra, por el delito de receptación.
Como consecuencia de lo anterior, se solicitó que se condenara a las entidades demandadas a pagar, por concepto de “perjuicios morales como daño fisiológico o de relación”, la suma de 300 S.M.L.M.V., para cada uno de los actores.
De igual forma se pidió, por concepto de perjuicios materiales bajo la modalidad de lucro cesante, el equivalente a $37’500.000 a favor del directamente afectado, en razón de los ingresos que dejó de recibir durante el período que estuvo privado de su libertad.
Igualmente, se reclamó por daño emergente un monto de $20’000.000, representados en los honorarios pagados al profesional del derecho que ejerció la defensa técnica del señor Jairo Augusto Montoya Montes.
2. Los hechos
Como fundamento fáctico de las pretensiones se narró que, el 10 de diciembre de 2007, los miembros de la Policía Nacional capturaron a tres ciudadanos, entre ellos, al señor Jairo Augusto Montoya Montes, por cuanto ingresaron en un taxi de marca Daewoo a un lote baldío frente a la discoteca Samba Caramba del municipio de Candelaria (Valle), donde fue encontrando el vehículo Mazda de placas PER-338 totalmente desvalijado, el cual había sido reportado como hurtado el 8 de diciembre de 2007.
En atención a la situación advertida, el 11 de diciembre de 2007, el Juzgado Primero Promiscuo Municipal con Funciones de Control de Garantías de Candelaria (Valle) legalizó la captura del ahora demandante, aceptó la imputación efectuada por la Fiscalía por el delito de receptación y le impuso medida de aseguramiento, consistente en detención preventiva.
El 5 de noviembre de 2008, el Juzgado Cuarto Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Palmira (Valle) condenó a Jairo Augusto Montoya Montes a 6 años de prisión y multa de 7 salarios mínimos legales mensuales vigentes, por considerarlo responsable del delito de receptación.
No obstante, el 16 de febrero de 2009, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga revocó la aludida decisión y, como consecuencia de ello, absolvió al señor Montoya Montes de los cargos formulados en su contra, ordenando su libertad inmediata.
3. Trámite en primera instancia
La demanda fue admitida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante auto del 14 de julio de 2011, el cual se notificó en debida forma a las entidades demandadas y al Ministerio Público.
3.1. Contestación de la demanda
3.1.1. El Ministerio de Defensa – Policía Nacional se opuso a las pretensiones de la demanda, dado que, en su sentir, no se demostró el nexo causal entre el daño y la actividad desplegada por dicha institución, particularmente porque no se acreditó que en el procedimiento de captura del señor Jairo Augusto Montoya Montes se hubiese presentado alguna irregularidad.
Señaló que, si bien la investigación penal se adelantó en virtud del informe de flagrancia que suscribió un miembro de la Policía Nacional, lo cierto es la autoridad competente para establecer si existió o no el hecho punible era la Fiscalía General de la Nación y no el ente policial, toda vez que dicha institución no ejerce funciones jurisdiccionales. En ese sentido, propuso la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva.
3.1.2. La Nación – Rama Judicial sostuvo que no le asistía responsabilidad por la detención del señor Jairo Augusto Montoya Montes, dado que sus actuaciones tuvieron respaldo legal en los elementos probatorios, evidencia física e información legalmente obtenida que exhibió, en audiencia preliminar, la Fiscalía General de la Nación.
Manifestó que no existía nexo de causalidad entre las decisiones adoptadas por los Jueces de la República y el daño antijurídico reclamado por la parte activa de la presente litis, habida cuenta de que fue el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga el que absolvió de responsabilidad penal al señor Jairo Augusto Montoya Montes.
3.1.3. La Nación – Fiscalía General de la Nación contestó la demanda y se opuso a las pretensiones.
Sostuvo que actuó en cumplimiento de la función asignada por el artículo 250 de la Constitución Política, la de investigar las conductas contrarias al derecho penal, para lo cual observó las normas sustanciales y procesales vigentes para la época de ocurrencia de los hechos, lo que descartaba la configuración de un error jurisdiccional o un defectuoso funcionamiento de la Administración de Justicia.
Alegó la falta de legitimación por pasiva, dado que la investigación penal se adelantó de conformidad con la normativa que para la época de ocurrencia de los hechos regulaba este tipo de actuaciones –Ley 906 de 2004-, por manera que los eventuales perjuicios que se le hubieran causado a los demandantes le eran imputables a la Rama Judicial, pues fue esta la autoridad que, por intermedio de los jueces de control de garantías, ordenó la detención preventiva del señor Jairo Augusto Montoya Montes.
Precisó que en el sub lite se configuró el eximente de responsabilidad denominado culpa exclusiva de la víctima, en atención a que el apoderado del señor Montoya Montes no presentó recurso en contra de la medida de aseguramiento que le fue impuesta en contra de su prohijado.
3.2. Etapa probatoria y alegatos de conclusión
A través de providencia del 6 de junio de 2012, el Tribunal a quo decretó algunas de las pruebas solicitadas y, una vez vencido el período probatorio, por auto del 22 de octubre de 2014, corrió traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto de fondo.
3.2.1. La Policía Nacional reiteró -en esencia- los argumentos planteados en la contestación de la demanda, a los que agregó que, a la luz del ordenamiento jurídico, las entidades encargadas de administrar justicia o de disponer la detención intramural de los “reos” eran la Rama Judicial y el ente acusador. Por lo anterior, propuso la excepción del hecho exclusivo y determinante de un tercero.
3.2.2. La Rama Judicial alegó la falta de legitimación en la causa por pasiva, al considerar que con el sistema penal acusatorio, el ente investigador es el encargado de allegar los elementos de juicio para acreditar la responsabilidad del sindicado.
3.2.3. La Fiscalía General de la Nación reiteró que en el caso concreto actuó en cumplimiento de la función de investigar las conductas contrarias al derecho penal, para lo cual observó las normas sustanciales y procesales vigentes para la época de ocurrencia de los hechos, lo que descartaba la configuración de una falla del servicio.
3.2.4. La parte actora y el Ministerio Público guardaron silencio en esta etapa procesal.
4. La sentencia de primera instancia
El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante sentencia proferida el 27 de noviembre de 2014, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.
Como sustento de su decisión, en resumen, consideró que si bien el juez de control de garantías, al momento de proferir medida de aseguramiento en contra del señor Jairo Augusto Montoya Montes contaba con elementos que permitían colegir su participación en la conducta investigada, no era menos cierto que la jurisprudencia de esta Corporación había señalado que en los casos en los que la absolución del procesado se enmarque en uno de los supuestos del artículo 414 del Decreto 2700 de 1991, tal como ocurrió en el sub lite, el Estado debía ser condenado bajo un régimen objetivo de responsabilidad.
Así las cosas, debido a que el proceso penal se tramitó bajo los parámetros establecidos en la Ley 906 de 2004, el Tribunal a quo endilgó responsabilidad a la Rama Judicial, en atención a que dicha entidad fue la que profirió la medida de aseguramiento de detención preventiva en contra del señor Jairo Augusto Montoya Montes.
Como consecuencia de ello, el Tribunal de primera instancia condenó a la Rama Judicial a pagar, por concepto de perjuicios morales, a favor de Jairo Augusto Montoya Monte, Andrés Camilo Montoya Vélez, María Elvia Montes y María Fernanda Quintero Ortiz 90 SMLMV, para cada uno de ellos; asimismo para Leonel, María Nidia, Alba María, José Darío, María Eunice, José Uriel, Martha Livia y Jesús María Montoya Montes 45 SMLMV, para cada uno de ellos y para los menores Floranyeli Rodríguez Quintero, Katerin Fernanda, Iván Andrés y Luz Karime Orozco Quintero 13,5 SMLMV, para cada uno de ellos.
A título de daño emergente, reconoció la suma de $1’752.000 a favor del directamente afectado y, por lucro cesante, el equivalente a $18’699.832, para el señor Jairo Augusto Montoya Montes.
Adicionalmente, negó la reparación reclamada por concepto de “daño a la vida de relación”, por no estar acreditada dentro del plenario.
Finalmente, declaró probada excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva respecto de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, en tanto que dichas entidades no adoptaron ni participaron en las decisiones mediante las cuales se ordenó privar de la libertad al señor Jairo Augusto Montoya Montes.
5. Recurso de apelación
La Rama Judicial, de manera oportuna, interpuso recurso de apelación en contra de la decisión de primera instancia, con el fin de que sea revocada.
Como sustento del recurso, afirmó que los jueces a cargo de la actuación en sus distintas etapas no incurrieron en una actuación ilegal ni desproporcionada, por lo que no había lugar a la declaratoria de responsabilidad, entre otras razones, porque no se demostró la existencia de una falla del servicio con vocación de generar el daño alegado por los demandantes.
Por otra parte, sostuvo que la medida de aseguramiento que profirió el Juez de Control de Garantías en contra del aquí demandante se fundamentó en elementos probatorios y la evidencia física que presentó la Fiscalía General de la Nación, sin que por ello pueda concluirse que medió su participación en la producción de daño.
Alegó la falta de legitimación en la causa por pasiva, toda vez que los eventuales perjuicios que se les hubieran causado a los demandantes le eran imputables al ente acusador, pues “no logró demostrar la responsabilidad del demandante, conllevando con ello que el Juez de conocimiento determinara la absolución”.
Finalmente, señaló que los perjuicios no contaban con sustento probatorio.
6. El trámite en segunda instancia
El recurso presentado en los términos expuestos fue concedido mediante proveído del 24 de septiembre de 2015 y admitido por auto calendado el 11 de noviembre de la misma anualidad. Posteriormente se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para que alegaran de conclusión, oportunidad procesal en la cual la parte actora reiteró, en idénticos términos, los argumentos expuestos en el libelo inicial.
6.1. La Policía Nacional pidió confirmar la decisión apelada en cuanto no se probó una actuación irregular que le resultara imputable y porque, en todo caso, no cuenta con funciones jurisdiccionales para adoptar medidas restrictivas de la libertad en contra un ciudadano.
6.2. La Fiscalía General de la Nación solicitó que se confirme la decisión de primera instancia, en tanto no se probó una falla en el servicio que le fuera atribuible y, además, porque las medidas restrictivas de la libertad de las que fue objeto el señor Montoya Montes fueron adoptadas por la Rama Judicial, por conducto de los jueces de control de garantías.
6.3. La Rama Judicial y el Ministerio Público guardaron silencio en esta etapa procesal.
6.4. El 1º de febrero de 2018, la Sala, con fundamento en lo previsto en el artículo 169 del Código Contencioso Administrativo, ordenó oficiar al Juzgado Cuarto Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Palmira (Valle), para que remitiera el audio de las diligencias realizadas dentro del proceso penal No. 76130-6000-169-2007-80312, adelantado en contra del señor Jairo Augusto Montoya Montes, por el delito de receptación.
En atención a que las aludidas piezas procesales no fueron allegadas al proceso, el Despacho, mediante auto del 28 de agosto de 2018, requirió a dicha entidad para que procediera de conformidad.
Mediante Oficio No. 9896 del 8 de noviembre de 2018, el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Palmira (Valle) remitió los audios solicitados, archivos respecto de los que, en los términos previstos en el artículo 289 del Código de Procedimiento Civil, se surtió traslado por el término de 5 días, período durante el cual las partes guardaron silencio.
La Sala, al no encontrar causal de nulidad alguna que pudiera invalidar lo actuado, procede a resolver de fondo el asunto.
II. C O N S I D E R A C I O N E S
1. Prelación de fallo
En la actualidad, la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado tiene bajo su conocimiento procesos que entraron para dictar fallo definitivo con anterioridad al presente asunto, situación que en los términos del artículo 18 de la Ley 446 de 1998 exigiría su decisión en atención al orden cronológico respecto del cual pasaron los expedientes al Despacho de la Magistrada conductora del proceso; sin embargo, es importante precisar que la mencionada disposición normativa prevé que en los procesos de conocimiento de esta jurisdicción tal orden puede modificarse, en atención a la naturaleza de los asuntos, por importancia jurídica o trascendencia social.
En esta misma línea, conviene destacar que la Ley 1285 de 2009, en su artículo 16, permite decidir de manera anticipada, esto es, sin sujeción al orden cronológico de turno, los procesos en relación con los cuales su decisión definitiva “entrañe sólo la reiteración de jurisprudencia”.
En el presente caso se encuentra que el tema objeto de debate dice relación con la privación injusta de la libertad del señor Jairo Augusto Montoya Montes, tema respecto del cual la Sección Tercera del Consejo de Estado ha tenido la oportunidad de pronunciarse en muchas ocasiones y, en tal sentido, ha fijado una jurisprudencia consolidada y reiterada, motivo por el que, con fundamento en el artículo 16 de la Ley 1285 de 2009, la Subsección se encuentra habilitada para resolver el presente asunto de manera anticipada.
2. La competencia de la Sala
La Sala es competente para conocer del presente asunto en segunda instancia en razón del recurso de apelación interpuesto por la Rama Judicial en contra de la sentencia proferida el 27 de noviembre de 2014 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, dado que, de conformidad con el artículo 73 de la Ley 270 de 1996, la competencia para conocer de las acciones de reparación directa que se instauren con fundamento en los títulos de imputación de error jurisdiccional, privación injusta de la libertad o defectuoso funcionamiento de la Administración de Justicia, se encuentra radicada en los Tribunales Administrativos en primera instancia y en el Consejo de Estado en segunda, sin consideración a la cuantía del proceso.
3. Ejercicio oportuno de la acción
Al tenor de lo previsto en el numeral 8 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, la acción de reparación directa debe instaurarse dentro de los dos años contados a partir del día siguiente al acaecimiento del hecho, de la omisión, de la operación administrativa o de la ocupación permanente o temporal de inmueble de propiedad ajena por causa de trabajos públicos o por cualquier otra causa.
Tratándose de acciones de reparación directa por la privación injusta de la libertad, la jurisprudencia reiterada de esta Sección del Consejo de Estado ha considerado que el término de caducidad se empieza a contar a partir del día siguiente a la ejecutoria de la providencia que precluyó la investigación, de la sentencia absolutoria o desde el momento en que quede en libertad el procesado, lo último que ocurra, momento a partir del cual se configura el carácter injusto de la limitación del derecho a la libertad.
En el caso bajo estudio, encuentra la Sala que el 5 de noviembre de 2008, el Juzgado Cuarto Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Palmira (Valle), condenó a 6 años de prisión al señor Jairo Augusto Montoya Montes, por considerarlo responsable del delito de receptación.
No obstante, en providencia del 16 de febrero de 2009, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga revocó la aludida decisión y, como consecuencia de ello, absolvió al referido demandante de todos los cargos formulados en su contra, ordenando su libertad inmediata. Dicha decisión quedó en firme ese día, por cuanto ninguna de las partes interpuso recurso de casación.
En ese sentido, se infiere que el término de caducidad de la presente acción debe contabilizarse a partir del día siguiente a la ejecutoria de dicha decisión, es decir, desde el 17 de febrero de 2009, por tanto, el término de los dos (2) años vencería el 17 de febrero de 2011.
En el expediente obra constancia expedida por el Procurador 20 Judicial II Administrativo del Valle del Cauca, en la cual se evidencia que la parte actora presentó solicitud de conciliación extrajudicial el 13 de diciembre de 2010, cuando el término de caducidad aún no había fenecido -restaban dos (2) meses y cuatro (4) días-, es decir, que desde esa fecha dicho término de caducidad quedó suspendido.
El aludido cómputo se reanudó con la expedición del acta que declaró fallida la conciliación -numeral 1, del artículo 2 de la Ley 640 de 2001-, el 9 de marzo de 2011, de modo que a partir del día siguiente a esa fecha se retomó el conteo de los dos (2) meses y cuatro (4) días que restaba cuando se suspendió el término de caducidad, lo cual permite concluir que el plazo para impetrar la demanda fenecía el 14 de mayo de 2011 y, dado que la misma se presentó el 6 de abril de la misma anualidad, se impone concluir que la acción de reparación directa se interpuso en tiempo, de conformidad con lo normado en el ordinal 8º del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo.
4. Legitimación en la causa
La legitimación en la causa tiene dos dimensiones, la de hecho y la material. La primera surge de la formulación de los hechos y de las pretensiones de la demanda, por manera que quien presenta el escrito inicial se encuentra legitimado por activa, mientras que el sujeto a quien se le imputa el daño ostenta legitimación en la causa por pasiva.
A su vez, la legitimación material es condición necesaria para, según corresponda, obtener decisión favorable a las pretensiones y/o a las excepciones, punto que se define al momento de estudiar el fondo del asunto, con fundamento en el material probatorio debidamente incorporado a la actuación.
Tratándose del extremo pasivo, la legitimación en la causa de hecho se vislumbra a partir de la imputación que la demandante hace al extremo demandado y la material únicamente puede verificarse como consecuencia del estudio probatorio, dirigido a establecer si se configuró la responsabilidad endilgada desde el libelo inicial.
4.1. Legitimación en la causa de los demandantes
A este proceso acudieron como demandantes Jairo Augusto Montoya Montes, Andrés Camilo Montoya Vélez, Floranyeli Rodríguez Quintero, María Fernanda e Iván Andrés Quintero Ortiz; Katerin Fernanda y Luz Karime Orozco Quintero; Leonel, María Nidia, José Darío, María Eunice, José Uriel, Martha Livia y Jesús María Montoya Montes; Alba María Montoya de Giraldo y María Elvia Montes de Montoya, de ahí que esté probada su legitimación en la causa de hecho.
En cuanto a la legitimación material, encuentra la Sala que, de conformidad con los elementos probatorios que reposan en el expediente, está demostrado que el señor Jairo Augusto Montoya Montes fue procesado por la supuesta comisión del delito de receptación, que en el curso de esa actuación estuvo privado de su libertad, de suerte que le asiste legitimación en la causa para acudir ante esta Jurisdicción, en este caso, como víctima directa.
Respecto de la demandante María Elvia Montes de Montoya, encuentra la Subsección que, a folio 11 del cuaderno No. 1, reposa la copia del registro civil de nacimiento de la víctima directa, en el que se acredita su parentesco como madre del mismo.
Asimismo, se hizo parte el menor Andrés Camilo Montoya Vélez, quien es hijo del señor Jairo Augusto Montoya Montes, según la copia del registro civil de nacimiento obrante a folio 12 del cuaderno 1.
En cuanto a los señores Alba María Montoya de Giraldo, Leonel, María Nidia, José Darío, María Eunice, José Uriel, Martha Livia y Jesús María Montoya Montes, la Sala encuentra acreditado el parentesco en segundo grado de consanguinidad con el señor Jairo Augusto Montoya Montes, en tanto que la copia de los registros civiles de nacimiento obrantes a folios 17 a 24 del cuaderno No. 1, dan cuenta de su condición de hermanos, por ser hijos de los señores María Elvia Montes de Montoya y Pablo María Montoya Montes.
Frente a la accionante María Fernanda Quintero Ortíz, quien, según la demanda, es la compañera permanente del señor Jairo Augusto Montoya Montes, se allegó una declaración extrajudicial suscrita por los referidos actores, con la cual se pretendió demostrar su convivencia desde hace más de seis (5) años.
Pues bien, la denominación de compañero y compañera permanente, al tenor de lo previsto en el artículo 1º de la Ley 54 de 1990, alude al hombre y a la mujer que forman parte de la unión marital de hecho y, a su turno, el artículo 4 de la misma norma estableció que para acreditar la existencia de la unión marital de hecho se podrá acudir a los medios de prueba consagrados en el Código de Procedimiento Civil. Es de advertir que la Jurisprudencia reiterada de esta Corporación ha sostenido que las declaraciones extraproceso que se practiquen sin citación y asistencia de la parte contraria deben ser ratificadas en el proceso en el cual se pretende hacer valer, so pena de carecer de eficacia probatoria, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 229, 298, 299 del Código de Procedimiento Civil, salvo que esté destinada a servir de prueba sumaria en los casos en los que la ley autoriza la aducción de este medio probatorio.
Así las cosas, debido a que la declaración extrajuicio que allegó la parte actora no fue ratificada en el presente asunto, la misma carece de mérito probatorio.
La situación descrita se traduce en la falta de legitimación en la causa por activa de la señora María Fernanda Quintero Ortiz; además, en el expediente tampoco reposa medio de prueba alguno que permita considerarla como tercera damnificada, en la forma prevista por la jurisprudencia de esta Sección del Consejo de Estado.
Finalmente, en relación con los demandantes Floranyeli Rodríguez Quintero, Iván Andrés Ortiz Quintero, Katerin Fernanda y Luz Karime Orozco Quintero, quienes manifestaron ser hijos de crianza del señor Jairo Augusto Montoya Montes, es del caso advertir que la familia no está limitada solo por los vínculos naturales o jurídicos, sino que también se extiende a aquellos eventos en los que sus integrantes deciden tener a un sujeto como miembro del grupo familiar, en virtud de los lazos de afecto, respeto, solidaridad, compresión y protección que los unen.
Lo anterior, por ejemplo, en los casos en los que una de las personas que conforma la unión marital de hecho decide tener como hijos de crianza a los hijos de su compañero(a) permanente y, como consecuencia de ello, se comparte el mismo techo y se asume el rol de padre o madre, según responda, tanto desde el punto de vista afectivo, como económico.
Descendiendo al caso concreto, encuentra la Sala que, si bien al proceso se allegaron dos declaraciones extrajudiciales suscritas por Iván Andrés Quintero Ortiz, Floranyeli Rodríguez Quintero y María Fernanda Quintero Ortiz, madre de las menores Katerin Fernanda y Luz Karime Orozco Quintero, con las cuales se pretendió demostrar que, para la época de ocurrencia de los hechos, convivían bajo el mismo techo, conformaban un mismo núcleo familiar, lo cierto es que las mismas carecen de mérito probatorio, por cuanto no fueron ratificadas dentro del proceso.
Como consecuencia de lo anterior, se declarará la falta de legitimación en la causa de Floranyeli Rodríguez Quintero, Iván Andrés Ortiz Quintero, Katerin Fernanda y Luz Karime Orozco Quintero, con fundamento en lo establecido en el artículo 164 del Decreto 01 de 1984.
4.2. Legitimación de la demandada
En el caso bajo estudio, las acciones y omisiones invocadas a título de causa petendi en el escrito inicial permiten concluir que la Nación – Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial se encuentran legitimadas en la causa por pasiva de hecho, pues de lo narrado en la demanda se concluye que es a dichas entidades a las que se les imputa el daño objeto de la controversia.
En relación con la legitimación material de las entidades públicas demandadas, se advierte que esta, por determinar el sentido de la sentencia -denegatoria o condenatoria-, no se analizará ab initio, sino al adelantar el estudio que permita establecer si existió o no una participación efectiva de aquellas en la producción del daño antijurídico alegado por la parte actora.
En este punto, conviene precisar que no se analizarán las actuaciones de la Policía Nacional, por cuanto en la sentencia de primera instancia se declaró que dicha entidad no era responsable de la restricción de la libertad del señor Jairo Augusto Montoya Montes y la Rama Judicial no cuestionó este punto en su recurso de apelación.
5. Valoración probatoria y análisis de responsabilidad en el caso concreto
La Sala, ab initio, encuentra acreditada la existencia del daño, consistente en la privación de la libertad que sufrió el señor Jairo Augusto Montoya Montes, quien fue vinculado a una investigación por el delito de receptación.
De conformidad con el material probatorio que reposa en el expediente, la Subsección encuentra probados los siguientes hechos:
El 10 de diciembre de 2007, un miembro de la Policía Nacional recibió una llamada en la que le informaban que un taxi Daewoo estaba entrando y saliendo de un lote baldío frente a la discoteca Samba Caramba del municipio de Candelaria (Valle), donde supuestamente se almacenaba pólvora, en virtud de ello, varios uniformados se dirigieron hasta el lugar indicado, encontrando un vehículo Mazda de placas PER-338 totalmente desvalijado, el cual había sido reportado como hurtado el 8 de diciembre de 2007.
Cuando los policiales se disponían a salir del lote, observaron que ingresaba un vehículo con las características señaladas por el informante, razón por la cual los miembros de la fuerza pública procedieron a requisar a los tres ocupantes del automotor, entre ellos, el señor Jairo Augusto Montoya Montes encontrando la llave del carro hurtado y un juego de herramienta idónea para la labor que aparentemente estaban cometiendo. Por dicha circunstancia, los tres ciudadanos fueron aprehendidos.
El Subteniente Nelson Arturo Riscanevo Restrepo suscribió el informe de vigilancia en casos de captura en flagrancia –FPJ4, en el cual consignó las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos objeto de controversia (se transcribe fielmente del original, incluidos posibles errores):
“Siendo aproximadamente las 12:55 el señor SI Cabal Chávez Esneider solicitó apoyo en un lote valdío (sic) frente a la discoteca Samba Caramba ya que había recibido una información de un vehículo taxi Daewoo con unas personas a bordo se encontraban saliendo y entrando de dicho lote al parecer guardando pólvora al entrar y verificar encontraron un automóvil Mazda de placas PER 338 color gris deshuesado por tal motivo nos dirigimos al lugar indicado para ayudar a sacar las partes del vehículo, en el momento en que nos disponíamos a salir del lote observamos que había entrado un taxi Daewoo de placas VCA 860 que al notar la patrulla empezó a retroceder por tal motivo se procedió a detener el taxi y solicitarle a sus acompañantes que se bajaran del vehículo para practicarle una requisa, en ese instante, se encontró en la parte del asiento delantero del pasajero donde iba sentado el señor Pablo Andrés Galeano Castillo un juego de herramienta de copas y rachin, al señor John Jairo Montoya Pilaquinga se le solicitó que sacara lo que tenía en los bolsillos y sacó de su bolsillo trasero lado derecho unas llaves de un vehículo que tiene un logo de un Mazda y el control de la alarma con otras llaves, y el señor Jairo Augusto Montoya Montes, conductor del taxi en el que se desplazaban las dos personas antes en mención” (se destaca).
Como consecuencia de ello, el 11 de diciembre de 2007, el Juzgado Primero Promiscuo Municipal con Funciones de Control de Garantías de Candelaria (Valle) legalizó la captura del señor Jairo Augusto Montoya Montes, aceptó la imputación efectuada por la Fiscalía por el delito receptación y le impuso medida de aseguramiento, consistente en detención preventiva. Cabe mencionar que en esta etapa procesal el aludido demandante no aceptó los cargos que le fueron imputados.
En cuanto a la imposición de la medida de aseguramiento, el juez de control de garantías concluyó que la restricción de la libertad del señor Montoya Montes resultaba procedente, porque participó en el transporte de las personas que estaban desvalijando el vehículo hurtado. La decisión se apoyó en el siguiente raciocinio (se transcribe literal, incluso con los posibles errores):
“(...) uno de los tres indiciados al llegar al lote donde aparentemente se desvalijaba el carro portaba la llave del vehículo hurtado, esto es, a John Jairo Montoya Pilaquinga, quien se ha dicho registra circunstancias de antecedentes penales por delito similar como el de receptación y fue condenado por el. De que Pablo Andrés Galeano Castillo llevaba consigo una herramienta que es idónea para lo que se estaba ejecutando dentro del lote, esto es, el desvalijamiento del automotor Mazda (...) y de que el señor Jairo Augusto Montoya Montes prestó su colaboración, en cuanto fue quien los llevó en el taxi y que de acuerdo con el informe de la Policía entraba y salía reiteradamente de este lote donde se deshuesaba el carro hurtado (...) atendiendo a ello se proferirá medida de aseguramiento de detención preventiva en contra de los tres imputados, porque es cierto que previo a la presunta receptación endilgada a los tres imputados se cometió un delito cuando bajo la modalidad de atraco a mano armada la persona que manejaba el automotor y cuya denuncia fue ilustrada por la Fiscalía con arma de fuego fue despojado del automotor (...) se puede inferir razonablemente que pueden ser autores o partícipes del delito de receptación porque John Jairo Montoya Pilaquinga llevaba consigo precisamente la llave del carro hurtado dos días antes que se estaba deshuesando en ese sitio (…) en cuanto a Pablo Andrés Galeano Castillo llevaba herramienta idónea que para la labor que aparentemente estaban cometiendo, esto es, desvalijar el automotor y Jairo Augusto Montoya Montes les prestaba el servicio del acarreo en el taxi (…)” (se destaca).
El 19 de febrero de 2008, a solicitud de los acusados, entre ellos, el señor Jairo Augusto Montoya Montes, se suscribió un preacuerdo con la Fiscalía 131 Seccional de Candelaria (Valle), en el cual se pactó que los implicados aceptarían su responsabilidad en calidad de autores del delito de receptación y obtendrían la reducción de la mitad de la pena correspondiente.
El 7 de marzo de 2008, se instaló la audiencia de verificación de preacuerdo, en la cual los procesados manifestaron estar conformes con lo pactado; no obstante, el Juzgado Primero Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Palmira (Valle) rechazó por ilegal el consenso logrado entre las partes, en atención a que el mismo se suscribió con posterioridad a la presentación del escrito de acusación y, por tanto, la rebaja de la pena establecida para ese momento procesal era de la 3ª parte y no del 50% de la condena.
Inconformes con la aludida decisión, dos de los procesados, entre ellos, el señor Jairo Augusto Montoya Montes interpusieron recurso de apelación; sin embargo, el mismo fue resuelto de manera desfavorable por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, al considerar que el límite temporal máximo permitido para la dosificación de pena de un 50%, a través de la figura de los preacuerdos, es hasta la presentación del escrito de acusación. Esto se consignó en la referida decisión (se transcribe de forma literal, con posibles errores incluidos):
“La razón expuesta por los recurrentes como fundamento de su pretensión se materializa en el hecho de que cuando se presentó el pre-acuerdo, así el ente Fiscal hubiere presentado el escrito de Acusación, aún no se había verificado la correspondiente Audiencia, por lo tanto concluyeron que ante esa circunstancia, el asunto debe resolverse conforme a lo preceptuado por el Artículo 350 de la Ley 906 de 2004 y obtener una rebaja de ‘hasta en la mitad’, como lo precisa el Artículo 351, correspondiendo esta aplicación, precisamente, a lo acordado por las partes y que fuere improbado por el Juez de Conocimiento.
“(…).
“Por lo tanto, se ha de concluir que lo decidido por la Juez Primero Penal del Circuito de Palmira se ha de confirmar, por cuanto, con ese actuarse garantizó el principio de ‘legalidad’. De este no hace parte la interpretación dada por los recurrentes al término ‘escrito de acusación’, quienes, en legítimo ejercicio de su derecho de contradicción, pretenden ampliar ese momento procesal hasta el de la ‘audiencia de acusación’ (…) pues el escrito de acusación se convierte en fundamento esencial de la Audiencia de Acusación y en límite temporal máximo para permitir la rebaja de pena ‘hasta en la mitad’, a través de la figura de los preacuerdos.
“ RESUELVE
“PRIMERO: CONFIRMAR el auto interlocutorio No. 010 calendado del 7 de marzo de 2008, proferido por la Juez Primera Penal del Circuito de Palmira (Valle), teniendo en cuenta lo considerado en esta providencia” (se destaca).
El 17 de junio de 2008, se llevó a cabo la audiencia de formulación de acusación, en la cual los señores John Jairo Montoya Pilaquinga y Pablo Andrés Galeano Castillo aceptaron los cargos formulados en su contra por el delito de receptación, mientras que, Jairo Augusto Montoya Montes, negó su autoría en la aludida conducta punible, al señalar que su presencia en el lugar de los hechos se debió a la presentación de su servicio como taxista.
El 5 de noviembre de 2008, durante la audiencia de juicio oral, el Juez Cuarto Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Palmira (Valle) condenó al señor Montoya Montes a 6 años de prisión y multa de 7 salarios mínimos legales mensuales vigentes, por considerarlo responsable del delito de receptación.
Finalmente, en virtud del recurso de apelación interpuesto por el apoderado del aquí demandante, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga (Valle) revocó la anterior decisión y, como consecuencia de ello, absolvió al señor Jairo Augusto Montoya Montes de los cargos formulados en su contra, pues, en su sentir, si bien aquel ingresó, junto con los ciudadanos que se declararon responsables por el delito de receptación al lote baldío donde se encontró un vehículo desvalijado, lo cierto es que no se probó que el taxi que aquel conducía era el mismo que había estado entrado y saliendo a lo largo del día en dicho lugar.
Para adoptar la mencionada decisión, la autoridad judicial expuso, entre otras consideraciones, las que a continuación se transcriben, de forma literal:
“Por intermedio de los testigos el Sub-intendente NELSON ARTURO RISCANEVO RESTREPO y el Agente JAIR GUTIERREZ BARRERA, el Ente Acusador estableció la materialidad de la referida conducta punible con el hallazgo del vehículo fragmentado para transferir sus partes y encubrir así su origen ilícito, Igualmente, determinó la existencia de elementos materiales de prueba en poder de los hoy condenados, constituyendo la base de la aceptación de cargos determinados en el acuerdo. Respecto del acusado MONTOYA MONTES estableció por ese medio probatorio, que era el conductor del vehículo taxi donde aquellos se movilizaban.
“En los registros de los citados testimonios, se puede establecer, que cuando se materializó el procedimiento de captura el aquí acusado desempeñaba el específico rol de ser el responsable de la conducción del automotor donde ocupaban puesto los hallados responsable del delito investigado. En su poder no se encontró elemento alguno que determinara algún vínculo con esa actividad delictiva, concretándose que lo único que hizo fue tratar de retroceder al momento de entrar al sitio cuando observó al interior los integrantes de la Policía que del fondo salían, luego de detectar el carro desvalijado.
“El efecto vinculante deducido por la Juez de Instancia se concreta en la causa que determinó la intervención policiva, la cual, obedeció a las continuas llamadas que estos recibieron de parte de la ciudadanía, quienes, ante el frecuente ingreso al lote baldío de un ‘taxi’ y presumiendo se trataba del almacenamiento de ‘pólvora’, lo cual, la llevó a concluir que era ‘imposible que un taxista que está entrando y saliendo a un sitio donde se desvalija un vehículo no se percate que ese acto es ilícito’. Acorde con lo transcrito en el fallo se dio por cierto que el taxi al cual se refirieron las llamadas ciudadanas era el conducido por el acusado MONTOYA MONTES. Sin embargo, al interrogar a los testigos de la Fiscalía si ellos recibieron, por ese medio, información alguna sobre los mecanismos de identificación del vehículo que llamó su atención, fueron enfáticos en señalar que no les dijeron ‘placa ni número de móvil. Solo taxi Daewoo’ (…).
“Significa lo anterior, que no existe en ese material de valoración probatoria elemento de prueba alguno que establezca planamente que el taxi conducido por el aquí imputado era el mismo que en repetidas ocasiones a lo largo del día ingresó a ese lote de terreno donde se encontró el vehículo desvalijado. Por lo tanto, la conclusión de la Juzgadora de primera instancia, no tiene el soporte probatorio necesario para considerarla como factor decisivo de la decisión condenatoria recurrida.
“El único elemento de vinculación directa de JAIRO AUGUSTO MONTOYA MONTES con la conducta punible investigada lo constituir la ejecución laboral que desempeñaba al momento de su captura, la cual, como se ha venido precisando, corresponde al desarrollo de actividades propias de la conducción de vehículos destinados al servicio público. Precisamente el condenado por esa conducta y que ocupaba un lugar en el taxi JHON JAIRO MONTOYA PILAQUINGA, al declarar afirmó que fue él el encargado de solicitarle ese servicio en el ‘Romboy (sic) de López’ en la ciudad de Cali y quien, en el lugar de los hechos, cuando sorpresivamente vieron la policía le dijo ‘que parara y se devolviera’. Esto es corroborado por su compañero de condena PABLO ANDRES GALEANO CASTILLO.
“La condición de ser los citados declarantes integrantes del grupo sorprendido por la Policía Nacional con elementos materiales que motivaron su condena, conduciría a deducir que con sus versiones pretenden favorecer los intereses libertarios del taxista. Sin embargo, esta conclusión se queda en una mera especulación, pues, salvo ese vínculo circunstancial de encontrarse todos en el taxi al momento de la intervención policiva, no existe otro elemento del cual pueda deducirse una conexidad más directa que permita considerarlos como integrantes de ese grupo dedicado a la ejecución de esa conducta típica. Por lo tanto, con esas versiones se ha de establecer el surgimiento de una específica probabilidad comprendida en que efectivamente, el vínculo con ellos por parte de MONTOYA MONTES se debió a la realización, de un acto propio de su actividad como taxista.
“Finalmente, debe la Sala precisar, que el acto de retroceder el vehículo ante la presencia de la Policía, permite establecer una dualidad de conjeturas cuya solución no fue posible concretar a través de las pruebas recaudadas. Ese acto puede establecerse como una reacción evasiva por tener el conductor MONTOYA MONTES relación directa con la ilicitud bien, como él lo señaló en su declaración, porque ‘se asustó, le dio miedo’ al deducir, en ese momento, que se encontraba en una situación no favorable a sus intereses. Si lo primero, daría lugar a determinar en su contra una sentencia condenatoria, o bien como autor del punible de ‘RECEPTACIÓN’ o por complicidad en su realización; si lo segundo, a proferir a su favor una decisión absolutoria. Ese conjunto de probabilidades determina en el campo de la ponderación probatoria el surgimiento de la ‘duda’, la cual, atendiendo la razonabilidad expuesta debe resolverse a favor del acusado y por lo tanto, la decisión condenatoria proferida deberá ser revocada para en su lugar, dictar una de carácter absolutoria, disponiendo la libertad inmediata de JAIRO AUGUSTO MONTOYA MONTES, que harán efectivas las autoridades penitenciarias, siempre y cuando no sea requerido por otra autoridad judicial del País.
“(…).
“ RESUELVE
“PRIMERO: REVOCAR la sentencia condenatoria No. 072 datada del 05 de noviembre de 2008 proferida por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito con Funciones de Juzgamiento de la ciudad de Palmira – Valle. Para en su lugar, ABSOLVER al señor JHON (sic) JAIRO AUGUSTO MONTOYA MONTES del cargo de RECEPTACIÓN que le fuera deducido en el escrito de acusación.
“SEGUNDO: Consecuente con la decisión apelada, se ordenará su libertad inmediata e incondicional, la cual se hará efectiva si el absuelto no se encentra requerido por otra autoridad judicial” (se destaca).
Como puede verse, el señor Jairo Augusto Montoya Montes recuperó su libertad porque en el proceso primigenio no se logró establecer que el vehículo de servicio público que aquel conducía era el mismo que en repetidas ocasiones había ingresado al lote baldío frente a la discoteca Samba Caramba del municipio de Candelaria (Valle), donde se encontró el vehículo desvalijado, que fue hurtado el 8 de diciembre de 2007.
Sin embargo, de la pruebas relacionadas en precedencia también se desprende que dicho señor tuvo unos comportamientos reprochables que dieron lugar a que se le privara de su libertad -como se verá más adelante-, lo que supone que, si bien sufrió un daño por la privación de su libertad, aquel no resultó antijurídico, de acuerdo con los parámetros establecidos en la reciente sentencia de unificación del 15 de agosto de 2018 -exp. 46.947-, proferida por la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado.
Así las cosas, a la luz de la aludida providencia, se examinará, en primer lugar, la antijuridicidad o no del daño o, más bien, de la restricción de la libertad que padeció el ahora demandante; en caso de que se constate que el daño sí resultó antijurídico, se establecerá, en segundo lugar, a cuál autoridad le correspondería reparar el mencionado daño (imputación).
Esto dijo la aludida sentencia de unificación:
“En consecuencia, procede la Sala a modificar y a unificar su jurisprudencia en relación con los casos cuya litis gravita en torno a la responsabilidad patrimonial del Estado por privación de la libertad, en el sentido de que, en lo sucesivo, cuando se observe que el juez penal o el órgano investigador levantó la medida restrictiva de la libertad, sea cual fuere la causa de ello, incluso cuando se encontró que el hecho no existió, que el sindicado no cometió el ilícito o que la conducta investigada no constituyó un hecho punible, o que la desvinculación del encartado respecto del proceso penal se produjo por la aplicación del principio in dubio pro reo, será necesario hacer el respectivo análisis a la luz del artículo 90 de la Constitución Política, esto es, identificar la antijuridicidad del daño.
“Adicionalmente, deberá el juez verificar, imprescindiblemente, incluso de oficio, si quien fue privado de la libertad actuó, visto exclusivamente bajo la óptica del derecho civil, con culpa grave o dolo, y si con ello dio lugar a la apertura del proceso penal y a la subsecuente imposición de la medida de aseguramiento de detención preventiva.
“Si el juez no halla en el proceso ningún elemento que le indique que quien demanda incurrió en esa clase de culpa o dolo, debe establecer cuál es la autoridad u organismo del Estado llamado a reparar el daño.
“El funcionario judicial, en preponderancia de un juicio libre y autónomo y en virtud del principio iura novit curia, puede encausar el análisis del asunto bajo las premisas del título de imputación que considere pertinente, de acuerdo con el caso concreto y deberá manifestar de forma razonada los fundamentos que le sirven de base para ello (…)”.
Del citado pronunciamiento también se desprende que el estudio de la antijuridicidad del daño se encuentra ligado al comportamiento del aquí accionante desde la óptica del derecho civil:
i) Si actuó con dolo o con culpa grave y con ello dio lugar a que se le abriera una investigación penal con la consecuente medida de aseguramiento de detención preventiva, la restricción de su libertad NO podría considerarse antijurídica y, por ende, estaría en la obligación jurídica de soportarla, de manera que ahí culminaría el respectivo análisis de responsabilidad.
ii) Contrario sensu, si no tuvo actuaciones o comportamientos reprochables (dolosos o gravemente culposos), la restricción de la libertad padecida por el señor Ortegón Gamba sí habría de considerarse antijurídica y, por tanto, el examen de responsabilidad seguiría con el análisis del elemento de la imputación, que no es otra cosa que la de determinar cuál autoridad debería reparar el daño, sin perjuicio de que se puedan configurar los eximentes como la fuerza mayor y el hecho exclusivo y determinante de un tercero.
6. Culpa exclusiva de la víctima
La jurisprudencia de esta Sección ha reiterado que cuando la conducta del procesado justificó la actuación judicial, particularmente en lo que atañe a la restricción de su libertad, es posible concluir que el daño irrogado proviene de la propia víctima, aun cuando no hubiere sido condenada, siempre que su actuar, ya sea activo u omisivo, hubiese sido la causa eficiente y determinante en la producción del resultado lesivo. Así lo ha entendido esta Corporación:
“Cabe recordar que la culpa exclusiva de la víctima, entendida como la violación por parte de esta de las obligaciones a las cuales está sujeto el administrado, exonera de responsabilidad al Estado en la producción del daño.
“(…).
“Específicamente, para que pueda hablarse de culpa de la víctima jurídicamente, ha dicho el Consejo de Estado, debe estar demostrada además de la simple causalidad material según la cual la víctima directa participó y fue causa eficiente en la producción del resultado o daño, el que dicha conducta provino del actuar imprudente o culposo de ella, que implicó la desatención a obligaciones o reglas a las que debía estar sujeta.
“De igual forma, se ha dicho:
‘… para que la culpa de la víctima releve de responsabilidad a la administración, aquella debe cumplir con los siguientes requisitos:
‘Una relación de causalidad entre el hecho de la víctima y el daño. Si el hecho del afectado es la causa única, exclusiva o determinante del daño, la exoneración es total. Por el contrario, si ese hecho no tuvo incidencia en la producción del daño, debe declararse la responsabilidad estatal. Ahora bien, si la actuación de la víctima concurre con otra causa para la producción del daño, se producirá una liberación parcial, por aplicación del principio de concausalidad y de reducción en la apreciación del daño, de acuerdo con lo previsto en el artículo 2357 del Código Civil” (negrillas y subrayas de la Sala).
En concordancia con lo anterior, para identificar los mencionados conceptos de culpa grave y dolo, la jurisprudencia ha acudido a los criterios contemplados en el artículo 63 del Código Civil, de los cuales se extrae que el primero corresponde a un comportamiento grosero, negligente, despreocupado o temerario, mientras que el segundo se equipara con la conducta realizada con la intención de generar daño a una persona o a su patrimonio.
En asuntos como el que aquí se debate, la culpa exclusiva de la víctima se configura cuando se acredita que el afectado actuó con temeridad dentro del proceso penal o que incurrió en comportamientos irregulares que ameritaban el adelantamiento de la respectiva investigación y, de manera consecuente, justificaban la imposición de una medida que le privara de su libertad.
En ese entendido, a pesar de que al señor Jairo Augusto Montoya Montes recuperó su libertad porque no se logró establecer que el taxi que aquel conducía era el mismo que había ingresado a lo largo del día en el citado lote baldío, a la Sala no le cabe duda de que se presentaron algunas situaciones que incidieron en la privación de su libertad, lo cual, desde luego, no implica una calificación de las decisiones adoptadas por la justicia ordinaria, en orden a determinar si fueron acertadas o no.
La primera de ellas fue que una vez los uniformados observaron que ingresaba el taxi marca Daewoo al lote baldío frente a la discoteca Samba Caramba del municipio de Candelaria (Valle), le solicitaron al conductor detenerse, pero el señor Jairo Augusto Montoya Montes desacató dicha orden y retrocedió.
En este sentido, para la Sala no es de recibo que los tres investigados, en audiencia preparatoria, afirmaran que el aquí demandante realizó dicha maniobra por miedo y porque uno de ellos le dijo que huyera, pues se infiere que si el señor Montoya Montes no tenía nada que ver con el ilícito que se estaba cometiendo en dicho lugar, al notar tanto la presencia de los uniformados como la orden impartida por ellos, hubiera parado de manera voluntaria y accedido a la requisa.
No obstante, el registro del vehículo y de sus ocupantes se logró realizar porque, en el momento en el que trataban de evadir el control Policial, llegaron los miembros de la Sijin en una camioneta y les cerraron el paso.
En suma, observa la Subsección que ni siquiera el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga descartó la conducta irregular del accionante, pues en la sentencia absolutoria precisó que “el acto de retroceder el vehículo ante la presencia de la Policía (…) puede establecerse como una reacción evasiva por tener el conductor MONTOYA MONTES relación directa con la ilicitud (…) es en ese momento, que se encontraba en una situación no favorable a sus intereses”.
Así las cosas, por el hecho de que el señor Montoya Montes intentara huir del lugar de los hechos y, además, procurara ocultar a las personas que se transportaban con él, era razonable suponer que el mencionado demandante estaba involucrado en algún tipo de actividad ilegal y, por tanto, se le privara de la libertad.
De igual forma, no resulta admisible que el señor Montoya Montes y los otros dos sindicados, en audiencia preparatoria, afirmaran que la presencia del ahora demandante en el lugar de los hechos obedeció a la prestación del servicio público de transporte, dado que, ni al momento de la captura ni en la audiencia preliminar señalaron que aquel se encontraba en el lote baldío por un acto propio de su actividad como taxista, razón por la cual no existe justificación válida para que en un primer momento expresaran su aceptación -como se verá más adelante- y luego modificaran su dicho.
De lo anterior, advierte la Sala que el aquí demandante sí realizó un comportamiento indebido, el cual llevó a que se iniciara la actuación penal necesaria para esclarecer las circunstancias que los relacionaban con los hechos y a que se les impusiera la medida de aseguramiento de detención preventiva, pues no puede entenderse como algo normal que: i) las características del vehículo en el que se movilizaba el señor Jairo Augusto Montoya Montes eran las mismas que habían sido reportadas por el ciudadano -taxi Daewoo-; ii) no acatara la orden impartida por el ente policial, en el sentido de detener el automotor y iii) no señalara, al momento de la captura ni en la audiencia preliminar, que su presencia en el lugar de los hechos obedeció a la prestación del servicio público de transporte.
La situación más relevante que, en criterio de la Sala, involucró al señor Jairo Augusto Montoya Montes con la conducta investigada, tiene que ver con el hecho de que su apoderado presentó una solicitud de preacuerdo ante la Fiscalía, con el fin de que se le redujera en un 50%.
En efecto, el 19 de febrero de 2008, las aludidas partes llegaron al siguiente consenso (se transcribe de forma literal, con posibles errores incluidos):
“6. Términos de la aceptación de culpabilidad por preacuerdo con la Fiscalía:
“A ESTE DESPACHO SE ALLEGÓ SOLICITUD DE LOS SEÑORES PABLO ANDRÉS GALEANO CASTILLO, JHON JAIRO MONTOYA PILAQUINGA Y JAIRO AUGUSTO MONTOYA MONTES, CON AUDIENCIA DE SUS DEFENSORES (…) PARA QUE SE LLEVE A CABO DILIGENCIA DE PREACUERDO COMO LO DISPONE EL ARTÍCULO 348 Y SIGUIENTES DEL ORDENAMIENTO PROCESAL.
“LOS ELEMENTOS PROBATORIOS E INFORMACIÓN LEGALMENTE OBTENIDA QUE CONSTITUYEN LA BASE DE LOS CARGOS IMPUTADOS SON LOS NECESARIOS PARA INFERIR LA AUTORÍA Y LA TIPICIDAD EN LA CONDUCTA, PORQUE DESDE EL MISMO INFORME DEL UNIFORMADO NELSON RISCANEVO RESTREPO SE DEJÓ EN CLARO LAS CIRCUNSTANCIAS DE TIEMPO, MODO Y LUGAR COMO OCURRIERA LA APREHENSIÓN DE LOS IMPUTADOS Y LOS MOTIVOS POR LOS CUALES SE LE PRESENTARA ANTE EL JUEZ PRIMERO PROMISCUO MUNICIPAL DE CONTROL DE GARANTÍAS Y QUE COMO YA SE HA DICHO NO SE ALLANARON A LOS CARGOS QUE LES FORMULARA LA FISCALÍA.
“EN ESAS CONDICIONES Y CONTANDO CON LO ANTES PREVISTO Y EN ESPECIAL A QUE EN ESTE PREACUERDO SE CONVIENE CON LOS ACUSADOS, EN PRESENCIA DE SUS ABOGADOS DEFENSORES, QUE ACEPTAN LOS CARGOS POR EL PUNIBLE DE RECEPTACIÓN DE QUE TRATA EL ARTÍCULO 447 INC. 2 DEL CÓDIGO PENAL, TAL COMO FUERON FORMULADOS EN LA DILIGENCIA DE ACUSACIÓN Y QUE EL JUEZ DE CONOCIMIENTO, UNA VEZ VERIFICADA SU AUTENTICIDAD, DOSIFICARÁ LA PENA A IMPONER (…).
“EN RAZÓN A ESTE PREACUERDO ENTRE LA FISCALÍA Y LOS SEÑORES PABLO ANDRES GALEANO CASTILLO, JOHN JAIRO MONTOYA PILAQUINGA Y JAIRO AUGUSTO MONTOYA MONTES, LA FISCALÍA SOLICITARÁ AL JUEZ DE CONOCIMIENTO UNA REDUCCIÓN DE LA PENA EN LA MITAD DEL MÍNIMO FIJADO EN EL ART. 447 INC. 2 DE LA RECEPTACIÓN (…)” (se destaca).
En relación con los efectos de un preacuerdo, la Corte Suprema de Justicia, ha señalado lo siguiente (se transcribe de forma literal, con posibles errores incluidos)
“(…) todo preacuerdo debe fundarse en la aceptación de responsabilidad del acusado sobre la conducta imputada, tras lo cual puede negociarse dentro de los límites de la legalidad las concesiones en términos de punibilidad ofrecidas por el acusador.
“(…).
“La aceptación de responsabilidad por parte del acusado, por la vía del allanamiento a cargos o de un preacuerdo celebrado con la Fiscalía, (…) es vinculante para estos (…)”.
“(…).
“Por obvias razones los preacuerdos (…) ante todo requieren que la defensa, ya conozca cuáles son los hechos endilgados y a qué clase de adecuación típica corresponden (…)” (se destaca).
En cuanto a la aceptación de responsabilidad por parte del procesado, el artículo 283 de la Ley 906 de 2004, establece que “la aceptación por el imputado, es el reconocimiento libre, consciente y espontáneo de haber participado en alguna forma o grado en la ejecución de la conducta delictiva que se investiga”.
De lo expuesto, observa la Sala que la solicitud de preacuerdo que elevó el señor Jairo Augusto Montoya Montes da cuenta de su relación con los hechos objeto de controversia, por cuanto aceptó de manera libre y voluntaria su responsabilidad en la conducta punible endilgada, tan es así que cuando el Juzgado Primero Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Palmira (Valle) lo rechazó porque la dosificación de la pena para ese estadio procesal era de la 3ª parte y no del 50% de la sanción, el apoderado del aludido demandante apeló dicha decisión.
Es del caso advertir que, a pesar de que el consenso llegado entre las partes no surtió efectos dentro del proceso penal, lo cierto es que dicha situación no obedeció a una irregularidad procesal o a la violación del derecho de defensa del señor Jairo Augusto Montoya Montes, por el contrario, de las pruebas obrantes en el expediente se extrae que el citado actor contaba con un defensor de confianza, sabía las consecuencias jurídicas que comportaba esa actuación, al punto de que fueron los mismos imputados los que solicitaron la celebración del preacuerdo y apelaron la decisión que lo rechazó.
Por otro lado, de las pruebas que obran en el proceso se infiere que el señor Jairo Augusto Montoya Montes, en la audiencia preliminar, no aceptó los cargos formulados en su contra por el delito de receptación, porque la dosificación de la pena no sería del 50% sino de la 3ª parte, debido a que el preacuerdo se suscribió con posterioridad a la presentación del escrito de acusación.
Dicho de otra manera, el procesado no aceptó la imputación efectuada por el delito de receptación porque la rebaja de la sanción fue menor a la que inicialmente se había pactado en el preacuerdo y NO porque, desde un principio, haya señalado que no le asistía responsabilidad penal, por cuanto su presencia en el lugar de los hechos habría sido circunstancial.
De conformidad con lo expuesto, la Sala considera que la causa determinante del daño en el caso bajo estudio no fue la actuación de la Fiscalía ni de la Rama Judicial al solicitar e imponer medida de aseguramiento, respectivamente, al señor Jairo Augusto Montoya Montes sino justamente la conducta de aquel -i) no atender a la orden impartida por los policiales, tratando de evadir la requisa de dichos funcionarios; ii) no señalar al momento de su captura ni en la audiencia preliminar que su presencia en el lugar de los hechos se debió a un acto propio de su actividad como taxista y iii) solicitar un preacuerdo ante la Fiscalía General de la Nación-; asunto distinto es que no se logró establecer que el vehículo que ingresó a lo largo del día al lote baldío era el mismo que el señor Jairo Augusto Montoya Montes conducía.
A manera de conclusión y en los términos de la sentencia de unificación a la que se ha hechos alusión, resulta viable concluir que el daño que sirvió de sustento a la presente demanda no tiene el carácter de antijurídico, en la medida en que el aquí actor sí se encontraba en el deber jurídico de soportar la restricción de su libertad, dado que incurrió en las conductas irregulares que han sido puestas de presente y que incidieron directamente en la restricción de su derecho a la libertad, de ahí que no se configuren en el asunto sub judice los elementos para declarar la responsabilidad patrimonial de la entidad demandada.
Como consecuencia de ello, la Sala modificará la sentencia apelada y negará las pretensiones.
8. Condena en costas
En vista de que no se observa en este caso temeridad o mala fe en el actuar de las partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas, de conformidad con lo previsto en el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
PRIMERO: MODIFICAR, de acuerdo con la parte motiva de esta providencia, la sentencia proferida el 27 de noviembre de 2014, por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, las cual quedará así:
“1. DECLARAR la falta de legitimación en la causa por pasiva respecto de la Policía Nacional, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de esta providencia.
“2. DECLARAR la falta de legitimación en la causa por activa de los demandantes Iván Andrés Ortiz Quintero, María Fernanda Quintero Ortiz, Floranyeli Rodríguez Quintero, Katerin Fernanda y Luz Karime Orozco Quintero, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
“3. NEGAR las pretensiones de la demanda, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
“4. Sin condena en costas.
SEGUNDO: Ejecutoriada esta providencia devuélvase el expediente al Tribunal de origen.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO MARÍA ADRIANA MARÍN
CARLOS ALBERTO ZAMBRANO BARRERA
Folio 246 del cuaderno No. 1.
Se destaca que, si bien en el registro civil de nacimiento la demandante aparece con el nombre de Alba María Montoya Montes, lo cierto es que, de conformidad con el poder obrante a folio 4 del cuaderno No. 1, su nombre es Alba María Montoya de Giraldo. Lo anterior se acompasa con la información contenida en el certificado de antecedentes de la Procuraduría General de la Nación.
Se advierte que, si bien en el registro civil de nacimiento la accionante aparece con el nombre de María Elvia Montes Aristizábal, lo cierto es que, de conformidad con el poder obrante a folio 8 del cuaderno No. 1, su nombre es María Elvia Montes de Montoya. Lo anterior se acompasa con la información contenida en el certificado de antecedentes de la Procuraduría General de la Nación.
A folios 1 a 10 del cuaderno No. 1 reposan los poderes otorgados por los aludidos actores.
Folio 224 a 226 del cuaderno No. 1.
El 14 de abril de 2011, el mencionado Tribunal inadmitió la demanda, ante la falta de requisitos formales. Folio 218 del cuaderno No. 1.
Folios 229 a 231 del cuaderno No. 1.
Folio 226 vuelto del cuaderno No. 1.
Folios 241 a 248 del cuaderno No. 1.
Folios 254 a 261 del cuaderno No. 1.l
Folios 265 a 277 del cuaderno No. 1.
El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca decretó los documentos aportados con la demanda, ordenó librar los oficios solicitados por la parte accionante y negó el decretó de los testimonios pedidos en el escrito inicial. Folios 281 a 282 del cuaderno No. 1.
Folio 311 del cuaderno No. 1.
Folios 312 a 322 del cuaderno No. 1.
Folios 331 a 332 del cuaderno No. 1.
Folios 357 a 370 del cuaderno principal.
Folios 357 a 370 del cuaderno principal.
Folios 371 a 373 del cuaderno principal.
Folio 430 del cuaderno principal.
Folio 433 del cuaderno principal.
Folio 435 del cuaderno principal.
Folios 436 a 474 del cuaderno principal.
Folios 475 a 480 del cuaderno principal.
Folios 492 a 495 del cuaderno principal.
Folio 510 del cuaderno principal.
Esto consagra el mencionado artículo: “En cualquiera de las instancias el Ponente podrá decretar de oficio las pruebas que considere necesarias para el esclarecimiento de la verdad (…).
“Además, en la oportunidad procesal de decidir, la Sala, Sección o Subsección también podrá disponer que se practiquen las pruebas necesarias para esclarecer puntos oscuros o dudosos de la contienda. Para practicarlas deberá señalar un término de hasta diez (10) días, descontada la distancia, mediante auto contra el cual no procede ningún recurso” (se resalta).
Folio 525 del cuaderno principal.
Folio 528 del cuaderno principal.
Se hace la precisión de que si bien el aludido Juzgado allegó 11 CDS de las actuaciones surtidas en el proceso penal, lo cierto es que: i) el audio No. 10 contiene, al igual que el No. 1, la audiencia preliminar y ii) Nos. 3 y 11 están en blanco.
Al respecto consultar la sentencia del 24 de mayo de 2017, expediente 49.740, sentencia del 30 de agosto de 2017, expediente 51.057, sentencia del 23 de octubre de 2017, expediente 52.070, sentencia del 6 de diciembre de 2017, expediente 54.859, entre muchas otras decisiones de la Sala.
Sobre este tema consultar auto proferido por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo el 9 de septiembre de 2008, Magistrado Ponente: Mauricio Fajardo Gómez, expediente 11001-03-26-000-2008-00009-00, actor: Luz Elena Muñoz y otros.
Al respecto consultar la sentencia del 22 de junio de 2017, expediente 44784, Magistrado Ponente: Dr. Hernán Andrade Rincón, sentencia del 24 de mayo de 2017, expediente 42979, Magistrado Ponente: Dr. Hernán Andrade Rincón, sentencia del 10 de noviembre de 2017, expediente 47874, Magistrado Ponente: Dr. Carlos Alberto Zambrano Barrera, sentencia del 28 de septiembre de 2017, expediente 52.897 y sentencia del 10 de noviembre de 2017, expediente 47.294, entre muchas otras providencias.
Folio 282 a 286 del cuaderno No. 2.
Folio 195 del cuaderno No. 1.
Ley 640 de 2001: “ARTICULO 2. CONSTANCIAS. El conciliador expedirá constancia al interesado en la que se indicará la fecha de presentación de la solicitud y la fecha en que se celebró la audiencia o debió celebrarse, y se expresará sucintamente el asunto objeto de conciliación, en cualquiera de los siguientes eventos:
“1. Cuando se efectúe la audiencia de conciliación sin que se logre acuerdo”.
ARTICULO 21. Suspensión de la prescripción o de la caducidad. La presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial en derecho ante el conciliador suspende el término de prescripción o de caducidad, según el caso, hasta que se logre el acuerdo conciliatorio o hasta que el acta de conciliación se haya registrado en los casos en que este trámite sea exigido por la ley o hasta que se expidan las constancias a que se refiere el artículo 2o. de la presente ley o hasta que se venza el término de tres (3) meses a que se refiere el artículo anterior, lo que ocurra primero. Esta suspensión operará por una sola vez y será improrrogable” (se destaca).
Folios 192 a 194 del cuaderno No. 1.
Se destaca que, si bien en el registro civil de nacimiento la demandante aparece con el nombre de Alba María Montoya Montes, lo cierto es que, de conformidad con el poder obrante a folio 4 del cuaderno No. 1, su nombre es Alba María Montoya de Giraldo. Lo anterior se acompasa con la información contenida en el certificado de antecedentes de la Procuraduría General de la Nación.
Se advierte que, si bien en el registro civil de nacimiento la accionante aparece con el nombre de María Elvia Montes Aristizábal, lo cierto es que, de conformidad con el poder obrante a folio 8 del cuaderno No. 1, su nombre es María Elvia Montes de Montoya. Lo anterior se acompasa con la información contenida en el certificado de antecedentes de la Procuraduría General de la Nación.
Folio 28 del cuaderno No. 1.
Advierte la Sala que el concepto de familia ha sido ampliado por la Corte Constitucional en sus más recientes pronunciamientos: sentencia C-577 de 2011, Magistrado Ponente: Gabriel Eduardo Mendoza Martelo; sentencia C-700 de 2013, Magistrado Ponente: Alberto Rojas Ríos; sentencia C-278 de 2014, Magistrado Ponente: Mauricio González y la sentencia C-257 de 2015, Magistrada Ponente: Gloria Stella Ortiz Delgado, concepto que es acogido por esta Corporación.
“La existencia de la unión marital de hecho se establecerá por los medios ordinarios de prueba, consagrados en el Código de Procedimiento Civil y será de conocimiento de los jueces de familia, en primera instancia”.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 28 de abril de 2010, expediente 17.995, Magistrado Ponente: Mauricio Fajardo Gómez, reiterado por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 25 de enero de 2017 expediente 45.351.
Folios 294 a 295 del cuaderno No. 1.
Esto consagra el citado artículo: “Artículo 164. Excepciones de fondo (…).
“En la sentencia definitiva se decidirá sobre las excepciones propuestas y sobre cualquiera otra que el fallador encuentre probada.
“Son excepciones de fondo las que se oponen a la prosperidad de la pretensión.
“El silencio del inferior no impedirá que el superior estudie y decida todas la excepciones de fondo, propuestas o no, sin perjuicio de la "reformatio in pejus".
Ver acta de derechos del capturado (Folio 33 del cuaderno No. 2).
A folio 41 a 43 del cuaderno No. 2 obra copia de la denuncia presentada el 8 de diciembre de 2007 por Bryan Steven Cruz Bonilla.
Ver acta de derechos del capturado (Folio 33 del cuaderno No. 2).
Folios 24 A 25 del cuaderno No. 2.
Minutos 18:36 a 1:00:00 del CD No. 1 que obra a folio 528 del cuaderno principal.
Minutos 1:03:42 a 1:16:64 del CD No. 1 que obra a folio 528 del cuaderno principal.
Minutos 1:16:27 a 1:50:22 del CD No. 1 que obra a folio 528 del cuaderno principal.
A folio 57 del cuaderno No. 2 reposa la boleta de encarcelación No. 029 del 11 de diciembre de 2007, por medio de la cual el citado Juzgado ordenó al director de la cárcel Villa de las Palmas de Palmira (Valle) mantener retenido al señor Jairo Augusto Montoya Montes.
Minutos 1:15:54 a 1:16:04 del CD No. 1 que obra a folio 528 del cuaderno principal.
Minutos 1:47:00 a 1:54:45 del CD No. 1 que obra a folio 528 del cuaderno principal.
A folios 121 a 126 del cuaderno No. 2 obra el acta de preacuerdo.
Minutos 16:34 a 25:18 del CD No. 2 que obra a folio 528 del cuaderno principal.
Minutos 26:27 a 28:00 del CD No. 2 que obra a folio 528 del cuaderno principal.
Acta No. 072. Folios 156 a 163 del cuaderno No. 2.
Se advierte que el al expediente no se allegó el audio de la citada diligencia.
A folio 195 del cuaderno No. 2 obra el acta de audiencia de formulación de acusación.
Minutos 48:25 a 53:00 del CD No. 5 que obra a folio 528 del cuaderno principal.
Folios 219 a 224 del cuaderno No. 2.
A folios 248 a 249 obra el acta de la audiencia de lectura del fallo.
Se advierte que en los audios allegados por Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Palmira (Valle) no obra el de la audiencia de lectura de fallo.
De conformidad con el certificado expedido por el Inpec, se tiene que el señor Jairo Augusto Montoya Montes recuró su libertad el 20 de febrero de 2009. Folio 305 del cuaderno No. 1.
A folios 277 a 280 del cuaderno No. 2 obra el acta de audiencia de fallo No. 048.
A folio 528 del cuaderno principal reposa el CD No. 8, el cual contiene el audio de la aludida audiencia.
M.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 5 de abril de 2017, exp. 41977, radicado No. 05001-23-31-000-2003-00113-01. Actor: Wilson Antonio Chaverra González y otros. Demandado: Nación – Rama Judicial – Fiscalía General de la Nación; sentencia del 26 de abril de 2017, exp. 45313, radicación No. 25000-23-31-000-2009-00414-01. Actor: Luis Porfidio Farías Sánchez y otros. Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación; sentencia del 7 de junio de 2017, exp. 42021, radicación No. 25000-23-26-000-2009-00496-01. Actor: Jairo Hernán Benjumea y otros. Demandado. Nación – Fiscalía General de la Nación, entre muchas otras.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 9 de julio de 2014, expediente 38.438, M.P. Hernán Andrade Rincón.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 20 de abril de 2005; expediente 15784; Magistrado Ponente: Ramiro Saavedra Becerra.
En este sentido se pueden consultar, entre otras, las siguientes providencias: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 18 de febrero de 2010, exp. 17.933, M.P. Ruth Stella Correa Palacio; Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 30 de abril de 2014, exp. 27.414, M.P. Danilo Rojas Betancourth; Sección Tercera Subsección B, sentencia de 2 de mayo de 2016, exp. 32.126, M.P. Danilo Rojas Betancourth, reiteradas por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 1 de agosto de 2016, exp. 41.601, M.P. Hernán Andrade Rincón.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 20 de abril de 2005; expediente 15784; Magistrado Ponente: Ramiro Saavedra Becerra.
A folios 121 a 126 del cuaderno No. 2 obra el acta de preacuerdo.
Corte Suprema de Justicia, providencia del 23 de noviembre de 2016, radicado No. 46.684, Magistrado Ponente: Fernando Alberto Castro Caballero.
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.