Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 70001-23-31-000-2009-00212-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Acción de reparación directa: no condena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 70001-23-31-000-2009-00212-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 70001-23-31-000-2009-00212-01
Consejero ponente: Marta Nubia Velásquez Rico
30 de mayo de 2019
ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA - No condena.
DAÑO CAUSADO POR LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / RESPONSABILIDAD DEL FUNCIONARIO PÚBLICO / ELEMENTOS DE CULPA EXCLUSIVA DE LA VÍCTIMA - Faltas a la función pública / DEBERES DEL FUNCIONARIO PUBLICO / DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - Los demandantes, con sus conductas, dieron lugar a la investigación y a la medida restrictiva de la libertad que les fue impuesta
SÍNTESIS DEL CASO: Se demanda por la privación de la libertad de que habrían sido objeto los demandantes dentro de una investigación penal que la Fiscalía General de la Nación adelantó por los punibles de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad ideológica en documento público, que culminó con sentencia absolutoria.
FUENTE FORMAL: LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 53 / LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 5 NUMERAL 2 / CÓDIGO CIVIL - ARTÍCULO 63 / LEY 446 DE 1998 - ARTÍCULO 55
COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA - De conocer recurso de apelación / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO - En razón a la naturaleza del asunto
La Sala es competente para conocer del presente asunto en segunda instancia, en razón de los recursos de apelación interpuestos por la parte actora y la Fiscalía General de la Nación en contra de las sentencias proferidas por el Tribunal Administrativo de Sucre, dado que, de conformidad con el artículo 73 de la Ley 270 de 1996, la competencia para conocer de las acciones de reparación directa que se instauren por error jurisdiccional, por privación injusta de la libertad o por defectuoso funcionamiento de la Administración de Justicia, se encuentra radicada en los Tribunales Administrativos en primera instancia y en el Consejo de Estado en segunda instancia sin consideración a la cuantía del proceso
CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / CONTEO DEL TÉRMINO EN LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA POR SENTENCIAS PENALES EN SEGUNDA INSTANCIA / DECLARATORIA DE DESIERTO DEL RECURSO DE CASACIÓN PENAL POR NO PRESENTAR DEMANDA - Fija inicio del término de caducidad de la acción / CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA - No operó. La demanda se presentó de forma oportuna
[E]n el numeral 8 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, la acción de reparación directa puede instaurarse dentro de los dos años contados a partir del día siguiente al acaecimiento del hecho, de la omisión, de la operación administrativa o de la ocupación permanente o temporal de inmueble de propiedad ajena por causa de trabajos públicos o por cualquier otra causa (…) las sentencias penales dictadas en segunda instancia quedan ejecutoriadas desde el vencimiento del plazo para presentar el correspondiente recurso extraordinario de casación, siempre que el mismo resultara procedente (…) En tanto la demanda de casación no se radicó, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Sincelejo, Sala Penal, a través de proveído del 29 de febrero de 2008, lo declaró desierto (…) a fin de contabilizar la caducidad en el presente caso, tendrá como punto de partida el día que se suscribió la providencia que declaró desierto el recurso extraordinario de casación que presentó la entidad territorial recurrente, esto es, el 29 de febrero de 2008, de modo que el último plazo para ejercer el derecho de acción feneció el 1 de marzo de 2010 (…) se impone concluir que los procesos identificados con los radicados No 58.491, 60.358 y 52.416 se radicaron dentro de la oportunidad legal prevista para ello, por cuanto esto ocurrió, en ese mismo orden, el 18 de diciembre de 2009, el 19 de febrero de 2010 y el 20 de junio de 2008. No sucede lo mismo con el proceso identificado con el número de radicado interno 56.327, porque la demanda se presentó, extemporáneamente, el 4 de junio de 2010. No puede pasarse por alto que, el 8 de marzo de 2010, los demandantes radicaron una solicitud de conciliación ante el Ministerio Público; no obstante, como ello sucedió cuando la caducidad ya estaba configurada, de conformidad con el artículo 21 de la Ley 640 de 2001 y el artículo 2, parágrafo 1 del Decreto 1716 de 2009, no tuvo la virtualidad de suspender ningún término
CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA - Operó / PRESENTACIÓN EXTEMPORÁNEA DE LA DEMANDA / DECLARACIÓN OFICIOSA DE LA EXCEPCIÓN DE CADUCIDAD / EXCEPCIÓN DE OFICIO - En procesos de segunda instancia / FACULTADES DEL JUEZ EN SEGUNDA INSTANCIA
Si bien el tema de la presentación oportuna de la demanda no se propuso con los recursos de apelación, lo cierto es que le corresponde al juez, al momento de dictar sentencia, analizar aquellos presupuestos de la acción que le permitan decidir el fondo del asunto, entre ellos, la caducidad de la acción, aspecto que no puede, ni debe entenderse saneado o clausurado por virtud de las omisiones que se hubiesen presentado en el transcurso del proceso, como lo consagra el artículo 164 del Código Contencioso Administrativo (…) No sucede lo mismo con el proceso identificado con el número de radicado interno 56.327, porque la demanda se presentó, extemporáneamente, el 4 de junio de 2010. No puede pasarse por alto que, el 8 de marzo de 2010, los demandantes radicaron una solicitud de conciliación ante el Ministerio Público; no obstante, como ello sucedió cuando la caducidad ya estaba configurada, de conformidad con el artículo 21 de la Ley 640 de 2001 y el artículo 2, parágrafo 1 del Decreto 1716 de 2009, no tuvo la virtualidad de suspender ningún término
LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA DE HECHO POR ACTIVA / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA MATERIAL POR ACTIVA - Acreditado / REQUISITOS DE LA LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA
[L]os señores (…) fueron las personas que, en calidad de demandantes, promovieron el proceso de la referencia, de ahí que se encuentre probada su legitimación en la causa de hecho (…) En relación con la legitimación material, observa la Sala que, de conformidad con el material probatorio que reposa en el expediente, está demostrado que el señor (…) fue la persona que resultó vinculada a la actuación penal que finalizó con decisión absolutoria, de suerte que le asiste legitimación en la causa para acudir ante esta jurisdicción, en este caso, como afectado directo. Frente a las accionantes (…) se allegaron sus registros civiles de nacimiento, con los cuales se acreditó que son hermanas del señor Juan Baldomero y que les asiste legitimación material para concurrir a este proceso
LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA DE HECHO - Acreditado / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA MATERIAL
[L]as acciones y omisiones invocadas a título de causa petendi en los escritos iniciales permiten concluir que la Nación – Fiscalía General de la Nación se encuentra legitimada en la causa por pasiva de hecho, pues de lo narrado en la demanda se concluye que es a dicha entidad a la que se le imputa el daño objeto de la controversia. En relación con la legitimación material de la entidad pública demandada, se advierte que esta, por determinar el sentido de la sentencia -denegatoria o condenatoria-, no se analizará ab initio, sino al adelantar el estudio que permita establecer si existió o no una participación efectiva de aquella en la producción del daño antijurídico alegado por la parte actora
VALOR PROBATORIO DE LAS PRUEBAS TRASLADADAS - Reiteración de jurisprudencia
Se debe aclarar que al caso sub examine, se decretó como prueba el traslado del expediente penal que se adelantó en contra de los tres demandantes principales y otros ciudadanos. Allí obran varias pruebas documentales, así como las indagatorias que rindieron ante la Fiscalía General de la Nación
RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD - Inexistente / DAÑO ANTIJURÍDICO – Privación de la libertad
La Sala, ab initio, encuentra acreditada la existencia del daño, consistente en la privación de la libertad que sufrieron los señores (…) quienes fueron investigados por la Fiscalía General de la Nación, entidad que les imputó los delitos de celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales, falsedad ideológica en documento público y uso de documento público falso; les impuso la medida de aseguramiento de detención preventiva, sin beneficio de excarcelación que, de forma posterior, les fue sustituida por detención domiciliaria, para, finalmente, ser puestos en libertad, pues en la etapa de juicio fueron absueltos tanto en la primera como en la segunda instancia por la Rama Judicial (…) resulta viable concluir que el daño que sirvió de sustento a la presente demanda no tiene el carácter de antijurídico, en la medida en que los aquí actores sí se encontraban en el deber jurídico de soportar la restricción de su libertad, dado que incurrieron en las conductas irregulares que han sido puestas de presente y que incidieron directamente en la medida de aseguramiento de detención preventiva que se les impuso, de ahí que no se configuren en el asunto sub judice los elementos para declarar la responsabilidad patrimonial de la entidad demandada
CULPA EXCLUSIVA DE LA VICTIMA / CAUSAL EXIMENTE DE RESPONSABILIDAD - Culpa exclusiva de la víctima
[A] lo largo de la investigación penal a cargo de la Fiscalía General de la Nación e inclusive en las sentencias que absolvieron a los señores (…) se expusieron los comportamientos reprochables que estos desplegaron y que dieron lugar a que se les privara de su libertad (…) Durante la ejecución de esos contratos primó el desorden y la improvisación, porque como lo describió Findeter en su denuncia penal y la Contraloría General de la República en el acta de la visita técnica que practicó (…) es evidente que con los anteriores comportamientos se vulneraron abiertamente los principios de planeación, economía, responsabilidad, selección objetiva y transparencia, que debían observarse por las entidades públicas contratantes y sus representantes en cualquier proceso de selección (…) Todo lo anterior supone que, si bien los señores (…) sufrieron un daño por la privación de su libertad, aquel no resultó antijurídico, de acuerdo con los parámetros establecidos en la sentencia de unificación del 15 de agosto de 2018 -exp. 46.947-, proferida por la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado (…) a pesar de que los hoy demandantes fueron absueltos dentro del proceso penal que se les siguió por (…) a la Sala no le cabe duda de que aquellos tuvieron unos comportamientos irregulares que justificaron la investigación que se les adelantó y que se dictara en su contra una medida restrictiva de su libertad (…) la Sala concluye que su actuar fue determinante en la producción del daño, entendido como la imposición de medida de aseguramiento, pues se demostró que no obraron de la manera que les era jurídicamente exigible
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejera ponente: MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
Bogotá D.C., treinta (30) de mayo de dos mil diecinueve (2019).
Radicación número: 70001-23-31-000-2009-00212-01(58491)
Actor: JUAN CARLOS FLÓREZ ANAYA Y OTROS
Demandado: NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN Y OTRO
Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA (SENTENCIA) PROCESOS ACUMULADOS: 70001-23-31-000-2010-00134-01(56327), 70001-23-31-000-2008-01092-01(52416) y 70001-23-31-000-2010-00021-01(60358)
Temas: PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD – CADUCIDAD / Las sentencias penales dictadas en segunda instancia quedan ejecutoriadas desde que se declara desierto el recurso extraordinario de casación, siempre que el mismo resultare procedente – CULPA EXCLUSIVA DE LA VÍCTIMA / DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA / Los demandantes, con sus conductas, dieron lugar a la investigación y a la medida restrictiva de la libertad que les fue impuesta.
SÍNTESIS DEL CASO
Se demanda por la privación de la libertad de que habrían sido objeto los demandantes dentro de una investigación penal que la Fiscalía General de la Nación adelantó por los punibles de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad ideológica en documento público, que culminó con sentencia absolutoria. En la primera instancia, el Tribunal Administrativo de Sucre accedió a las pretensiones de las demandas, decisión que será revocada, porque, respecto del proceso No 56.327, se declarará probada, de oficio, la excepción de caducidad de la acción y, en los demás, 52.416, 58.491 y 60.358, se negarán las súplicas al encontrarse demostrada la causal eximente de responsabilidad denominada culpa exclusiva de la víctima.
Procede la Sala a decidir los recursos de apelación interpuestos por el ente acusador y la parte actora en contra de las sentencias proferidas por el Tribunal Administrativo de Sucre el 29 de mayo de 2014, el 17 de junio de 2015, el 30 de marzo de 2016 y el 30 de marzo de 2017, en el trámite de los procesos identificados con los radicados internos Nos 52.416, 56.327, 58.491 y 60.358, respectivamente, mediante las cuales se concedieron parcialmente las súplicas de cada una de las demandas.
Para efectos prácticos y una mayor comprensión, se procederá a consignar la parte resolutiva de cada sentencia, así:
i) Expediente 52.416, en sentencia que se dictó el 29 de mayo de 2014, se dispuso lo siguiente (se trascribe de forma literal, incluidos posibles errores):
“PRIMERO: Téngase por no probada la excepción de culpa exclusiva de la víctima propuesta por la NACIÓN-FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, conforme se expuso en la parte motiva de esta providencia.
“SEGUNDO: DECLÁRASE a la NACIÓN-FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, administrativa y patrimonialmente responsable de la privación injusta de la libertad del señor JUAN BALDOMERO ALDANA TEJADA, dentro del proceso adelantado en su contra por la presunta comisión del delito de PECULADO POR APROPIACIÓN, CELEBRACIÓN INDEBIDA DE CONTRATOS SIN EL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES ESENCIALES, FALSEDAD IDEOLÓGICA EN DOCUMENTO PÚBLICO y PECULADO POR APLICACIÓN OFICIAL DIFERENTE”.
“TERCERO: En consecuencia de la anterior declaración, CONDÉNESE a la NACIÓN-FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN a pagar a los demandantes que a continuación se señalan, como reparación por los daños y perjuicios causados, los siguientes conceptos y valores:
“PERJUICIOS MORALES:
Actor
Parentesco
SMLMV
Juan Baldomero Aldana Tejada
Víctima
55
Cecilia Auxiliadora Aldana Tejada
Hermana
27.5
Clara Beatriz Aldana Tejada
Hermana
27.5
Anastacia Isabel Aldana Tejada
Hermana
27.5
Carmen Teresa Aldana Tejada
Hermana
27.5
Rosario del Socorro Aldana Tejada
Hermana
27.5
“PERJUICIOS MATERIALES. LUCRO CESANTE:
“A favor del señor JUAN BALDOMERO ALDANA TEJADA, en calidad de víctima, la suma de (…) ($3’886.859).
“CUARTO: Niéguense las demás pretensiones de la demanda”.
ii) Expediente 56.327, en sentencia proferida el 17 de junio de 2015, se dispuso lo siguiente (se trascribe de forma literal, incluidos posibles errores):
“PRIMERO: DECLÁRASE probada la excepción de falta de legitimación por pasiva de la Rama Judicial, conforme se indicó en la parte motiva.
“SEGUNDO: DECLARAR no probadas las excepciones formuladas por la Fiscalía General de la Nación, por lo anotado en las consideraciones del presente proveído.
“TERCERO: DECLÁRASE administrativamente responsable a la Nación- Fiscalía General de la Nación por el daño antijurídico causado al señor Carlos Alberto Elías Hoyos, con ocasión de la privación injusta de su libertad.
“CUARTO: Como consecuencia de la anterior declaración, CONDÉNASE a la Nación-Fiscalía General de la Nación a pagar las siguientes sumas y conceptos indemnizatorios, así:
“Perjuicios Morales
“CARLOS ALBERTO ELÍAS HOYOS 40 SMLMV
“LUCÍA PATRICIA TOUS DE LA OSSA (ESPOSA) 40 SMLMV
“JULIO JOSÉ ELÍAS HOYOS (HERMANO) 20 SMLMV
“MARÍA AUXILIADORA ELÍAS HOYOS (HERMANA) 20 SMLMV
“ANA MARÍA ELÍAS SAGRE (HERMANA) 20 SMLMV
“ZOILA ALICIA SAGRE GRACIA (MADRE DE CRÍANZA) 40 SMLMV
“Perjuicios materiales
“Lucro Cesante: CONDÉNASE a la Fiscalía General de la Nación, a pagar al señor Carlos Alberto Elías Hoyos, la suma de $3’767.179.67 por concepto de lucro cesante debido.
“QUINTO: Niéguense las demás pretensiones (…)”.
iii) Expediente 58.491, en sentencia del 30 de marzo de 2016, se dispuso lo siguiente (se trascribe de forma literal, incluidos posibles errores):
“PRIMERO: DECLARÁSE no probada la excepción denominada hecho de un tercero, propuesta por la Fiscalía General de la Nación.
“SEGUNDO: DECLARÁSE responsable administrativa y patrimonialmente a la Fiscalía General de la Nación por los perjuicios causados a la parte actora con ocasión de la privación injusta de la libertad de que fue objeto el señor Juan Carlos Flórez Anaya.
“TERCERO: Como consecuencia de lo anterior, CONDÉNASE a la Fiscalía General de la Nación, a pagar en favor de la parte actora las sumas que se relacionan a continuación por los siguientes conceptos:
“Perjuicio moral:
Actor
Parentesco
Monto (…)
Juan Carlos Flórez Anaya
Víctima
80
Lizeth Paola Flórez Córdoba
Hija
80
Juan Carlos Flórez Córdoba
Hijo
80
Aristóbulo Flórez Vergara
Padre
80
María Victoria Flórez Anaya
Hermana
40
Jorge Luis Flórez Anaya
Hermano
40
Cesar Ramón Flórez Anaya
Hermano
40
“Perjuicio material / Lucro cesante: La suma de (…) ($8’301.835.54) a favor de Juan Carlos Flórez Anaya.
“CUARTO: NIEGÁNSE las demás pretensiones de la demanda”.
iv) Expediente 60.358, en sentencia proferida el 30 de marzo de 2017, se dispuso lo siguiente (se trascribe de forma literal, incluidos posibles errores):
“PRIMERO: DECLÁRASE responsable administrativa y patrimonialmente a la Fiscalía General de la Nación por los perjuicios causados a la parte actora con ocasión de la privación injusta de la libertad de que fue objeto el señor Jaime Miguel Cordero Morales.
“SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, CONDÉNASE en abstracto a la Nación- Fiscalía General de la Nación a pagar a favor de los señores que se enlistan a continuación, por los conceptos que adelante se detallan:
“Perjuicio moral a favor de los señores Jaime Miguel Cordero Morales, Lía Margarita Salgado Collantes, Jaime Andrés Cordero Guevara, Mario Alberto Cordero Salgado, Miguel Enrique Cordero Díaz, Elys Margarita Morales Ayus, Betti Margot Cordero Morales, Alba Estela Cordero Morales, Diana Luz Cordero Morales y Robert Emiro Cordero Morales.
“Perjuicio material - Lucro cesante a favor del señor Jaime Miguel Cordero Morales.
“TERCERO: La anterior condena deberá liquidarse mediante trámite incidental que deberán promover los interesados dentro del término de sesenta (60) días contados desde la ejecutoria de esta sentencia y resolverse con sujeción a las pautas indicadas en la parte motiva de este fallo.
“CUARTO: Niéguense las demás pretensiones de la demanda (…)”.
I. A N T E C E D E N T E S
1. Las demandas
1.1. Expediente 52.416
El 20 de junio de 2008, los señores Juan Baldomero Aldana Tejada, Cecilia Auxiliadora Aldana Tejada, Clara Beatriz Aldana Tejada, Anastacia Isabel Aldana Tejada, Carmen Teresa Aldana Tejada y Rosario del Socorro Aldana Tejada interpusieron demanda en ejercicio de la acción de reparación directa contra la Nación – Fiscalía General, con el fin de que se declare su responsabilidad patrimonial por los perjuicios ocasionados como consecuencia de la privación de la libertad que soportó el primero de los mencionados actores dentro de un proceso penal adelantado en su contra.
Como consecuencia de lo anterior, la parte actora, por perjuicios morales, pidió la suma de 100 SMLMV para el señor Juan Baldomero Aldana Tejada y 50 SMLMV para los demás accionantes. A su vez, reclamó por concepto de “perjuicios a la vida de relación” un monto de 200 SMLMV a favor de la víctima directa del daño.
Finalmente, solicitó por lucro cesante el equivalente a $30’000.000 a favor del directamente afectado, en razón de “la pérdida de las ganancias que como ingeniero civil dejó de percibir”.
1.2. Expediente 56.327
El 4 de junio de 2010, los señores Carlos Alberto Elías Hoyos, Lucía Patricia Tous de la Ossa, Zoila Alicia Sagre Gracia, Julio José Elías Hoyos, María Auxiliadora Elías Hoyos y Ana María Elías Sagre interpusieron demanda en ejercicio de la acción de reparación directa contra la Nación – Fiscalía General y la Nación - Rama Judicial, con el fin de que se declare su responsabilidad patrimonial por los perjuicios causados con la restricción de la libertad de que fue objeto el señor Carlos Alberto Elías Hoyos.
Como consecuencia de lo anterior, cada uno de los demandantes solicitó, por perjuicios morales, el equivalente a 500 SMLMV y por “daño a la vida en relación” 1000 SMLMV.
Asimismo, reclamó por lucro cesante “entre el 5 de mayo del 2000 en que se impuso la medida de aseguramiento, hasta el 21 de abril de 2010, fecha de la presentación de la demanda (…) $67’000.000” y por “indemnización futura $5’583.333.33 (…) entre el 21 de abril de 2010 y la fecha en que se produzca la sentencia”.
1.3. Expediente 58.491
El 18 de diciembre de 2009, los señores Juan Carlos Flórez Anaya, Aristóbulo Flórez Vergara, María Victoria Flórez Anaya, Jorge Luis Flórez Anaya, César Ramón Flórez Anaya, Nur Estela Córdoba Vidal, quien actúa en nombre propio y en nombre y representación de sus menores hijos Lizeth Paola Flórez Córdoba y Juan Carlos Flórez Córdoba, en ejercicio de la acción de reparación directa, presentaron demanda en contra de la Nación – Fiscalía General de la Nación, con el fin de que se les indemnizaran los perjuicios ocasionados con la privación injusta de la libertad a la que fue sometido el primero de los aludidos actores.
Como consecuencia de lo anterior, la parte actora pidió, por perjuicios “morales y materiales”, la suma de 100 SMLMV para cada uno de los demandantes, excepto para María Victoria Flórez Anaya y Jorge Luis Flórez Anaya, para quienes reclamó 50 SMLMV.
1.4. Expediente 60.358
El 19 de febrero de 2010, los señores Jaime Miguel Cordero Morales y Lia Salgado Collantes, quienes actúan en nombre propio y en nombre y representación de sus menores hijos, Jaime Andrés Cordero Guevara y Mario Alberto Cordero Salgado, así como los señores Miguel Cordero Díaz, Elis Morales Ayus, Robert Cordero Morales, Betty Cordero Morales, Alba Cordero Morales y Diana Luz Cordero Morales, a través de apoderado judicial y en ejercicio de la acción de reparación directa, presentaron demanda contra la Nación – Fiscalía General de la Nación, con el fin de que se les indemnizaran los perjuicios causados por la privación de la libertad de que fue objeto el primero de los ciudadanos mencionados.
Como consecuencia de la anterior declaración, los demandantes solicitaron, para cada uno de ellos, 100 SMLMV por daños morales y 100 SMLMV por daño a la vida en relación.
Igualmente, para el demandante principal, la suma de 20’000.000 por daño emergente, equivalentes a los “honorarios profesionales del abogado”. Finalmente, $40’000.000, para resarcir el lucro cesante “derivado de lo dejado de percibir durante el tiempo que permaneció privado de la libertad”.
Hechos
Ante la identidad fáctica de los procesos acumulados, la Sala los sintetiza de la siguiente manera:
El municipio de La Unión, Sucre, suscribió los convenios 136 y 137 de 1998 con Findeter, cuyo objeto era la pavimentación de las calles del casco urbano de esa población.
El señor Jaime Miguel Cordero Morales, en su condición de alcalde de esa entidad territorial, suscribió, con diferentes ciudadanos, once contratos con la finalidad de cumplir con el objeto de los convenios descritos; al señor Carlos Alberto Elías Hoyos le fueron adjudicados dos de esos contratos.
Entre tanto, los señores Juan Carlos Flórez Anaya y Juan Baldomero Aldana Tejada, se desempeñaron como interventores de las obras.
El 14 de mayo de 1999, la directora de Findeter radicó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación, en la cual indicó que: i) no se pavimentaron las vías que inicialmente se programaron y viabilizaron; ii) se presentaron inconsistencias en la documentación aportada a fin de obtener el desembolso de los recursos; y iii) existió un fraccionamiento de contratos, pues se omitió la licitación pública.
Como consecuencia de lo anterior, la Fiscalía General de la Nación vinculó a los cuatro demandantes principales y a otros ciudadanos a una investigación penal dentro de la cual les impuso la medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario que luego les sustituyó por prisión domiciliaria.
La Fiscalía General de la Nación, mediante providencia del 16 de agosto de 2002, profirió resolución de acusación en contra de los demandantes como autores materiales de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, uso de documento público falso y falsedad ideológica en documento público.
El 18 de diciembre de 2003, el Juzgado Promiscuo del Circuito de San Marcos, Sucre, absolvió a los demandantes; esa decisión se impugnó y, el 9 de noviembre de 2007, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Sincelejo, Sala Penal, la confirmó.
El apoderado del municipio de La Unión interpuso el recurso extraordinario de casación que, a través de proveído del 29 de febrero de 2008, se declaró desierto por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Sincelejo, Sala Penal, dado que no se radicó la demanda respectiva.
2. Trámite en primera instancia
2.1. Expediente 52.416
La demanda se asignó por reparto al Juzgado 2 Administrativo de Sincelejo, que la inadmitió y luego de subsanada la aceptó. Mediante auto del 23 de febrero de 2009, se declaró incompetente por el factor funcional y ordenó su remisión al Tribunal Administrativo de Sucre. Esa Corporación, a través de auto del 29 de abril de 2009, avocó el conocimiento y declaró la nulidad de todo lo actuado desde la admisión de la demanda; a través de auto del 26 de mayo de ese mismo año admitió el libelo introductorio, decisión que fue notificada en debida forma a la Fiscalía General de la Nación y al Ministerio Público.
2.1.1. La Fiscalía General de la Nación se opuso a las pretensiones de la demanda. Sostuvo que no incurrió en una falla del servicio, en la medida en que actuó de conformidad con las competencias asignadas en el artículo 250 de la Constitución Política y las disposiciones sustanciales y procedimentales vigentes para la época de los hechos.
Explicó que la medida de aseguramiento se profirió con base en los indicios y en las pruebas que se habían recolectado, las cuales cumplían con los requisitos establecidos en el artículo 356 del CPP. Igualmente, que para proferir la medida de aseguramiento no era necesario que existieran pruebas que condujeran a la certeza de la responsabilidad penal del sindicado, porque ese grado de convicción solamente era necesario para proferir la sentencia condenatoria.
Finalmente, propuso “la excepción que denominó culpa exclusiva de la víctima”, dado que la medida de aseguramiento se fundó en la falta del deber de cuidado del demandante, en su condición de interventor de los convenios Nos 136 y 137 de 1998, pues no ejerció un estricto control en la labor encomendada y autorizó a un familiar para que firmara dos actas parciales, situación que resultó determinante en la privación de su libertad.
2.1.2. El Tribunal a quo, mediante auto del 11 de octubre de 2010, decretó las pruebas solicitadas y, una vez concluido el debate probatorio, a través de auto del 13 de diciembre de 2011, se le corrió traslado a las partes para que alegaran de conclusión y al Ministerio Público para que, si lo consideraba pertinente, rindiera concepto de fondo, oportunidad procesal en la cual la parte actora y el ente acusador reiteraron los argumentos expuestos tanto en la demanda como en su contestación.
2.1.3. El Ministerio Público pidió que se declarara probada “la excepción de culpa exclusiva de la víctima” y se negaran las súplicas de la demanda, porque el demandante autorizó a un familiar para que firmara las actas parciales de obra, con lo cual permitió que se le suplantara en su deber y responsabilidad, lo que conllevó a que se le impusiera la medida de aseguramiento.
2.2. Expediente 56.327
Mediante auto del 29 de julio de 2010, el Tribunal Administrativo de Sucre admitió la demanda y ordenó notificar a las entidades demandadas, la Rama Judicial y la Fiscalía General de la Nación, así como al Ministerio Público.
2.2.1. La Rama Judicial señaló que no le asistía responsabilidad por los perjuicios reclamados en la demanda, dado que no adoptó medidas restrictivas de la libertad en contra del señor Carlos Alberto Elías Hoyos.
Agregó que no se probó una actuación irregular que le resultara imputable y que, en todo caso, fueron los jueces de conocimiento quienes absolvieron al demandante de los cargos formulados por la Fiscalía General de la Nación.
2.2.2. La Fiscalía General de la Nación contestó de manera oportuna y se opuso a las pretensiones de la demanda. Adujo que actuó en cumplimiento de la función asignada en el artículo 250 de la Constitución Política, esto es, la de investigar las conductas contrarias al derecho penal.
Asimismo, señaló que no se estructuró una falla del servicio, porque la vinculación del demandante se dispuso con fundamento en los elementos probatorios obrantes en el plenario, los cuales permitían endilgarle responsabilidad penal al señor Elías Hoyos e imponerle la medida de aseguramiento; en vista de lo anterior, concluyó que la privación de la libertad de que fue objeto no tenía el carácter de antijurídica y que este se encontraba en el deber de soportarla.
2.2.3. El Tribunal a quo, mediante auto del 3 de agosto de 2011, decretó las pruebas del proceso y, una vez concluido el debate probatorio, a través de auto del 3 de abril de 2013, se corrió traslado a las partes para que alegaran de conclusión y al Ministerio Público para que, si lo consideraba pertinente, rindiera concepto de fondo, oportunidad procesal en la cual la parte actora y la Fiscalía General de la Nación reiteraron los argumentos expuestos tanto en la demanda como en su contestación.
2.2.4. La Rama Judicial y el Ministerio Público guardaron silencio.
2.3. Expediente 58.491
La demanda fue admitida por el Tribunal Administrativo de Sucre, mediante auto del 1 de febrero de 2010, el cual se notificó en debida forma a la Fiscalía General de la Nación y al Ministerio Público.
2.3.1. El ente acusador señaló que no le asistía responsabilidad patrimonial por la detención del ahora demandante, dado que al momento de adoptar la medida restrictiva de su libertad existían pruebas que comprometían su responsabilidad penal en la conducta punible endilgada.
2.3.2. El Tribunal a quo, mediante auto del 20 de septiembre de 2010, decretó las pruebas solicitadas y, una vez concluido el debate probatorio, a través de auto del 7 de diciembre de 2015, se corrió traslado a las partes para que alegaran de conclusión y al Ministerio Público para que, si lo consideraba pertinente, rindiera concepto de fondo, oportunidad procesal en la cual las partes y el Ministerio Público guardaron silencio.
2.4. Expediente 60.358
Mediante auto del 7 de abril de 2010, el Tribunal Administrativo de Sucre admitió la demanda y ordenó notificar a la Fiscalía General de la Nación, así como al Ministerio Público.
2.4.1. La Fiscalía General de la Nación contestó la demanda de manera oportuna y se opuso a las pretensiones.
Adujo que actuó en cumplimiento de la función asignada en el artículo 250 de la Constitución Política y que en este caso no ocurrió una falla en el servicio, porque la vinculación del demandante se dispuso con fundamento en los elementos probatorios obrantes en el plenario, los cuales cumplían con los presupuestos del artículo 388 del CPP, que regulaba el procedimiento que se debía seguir para imponer la medida de aseguramiento de detención preventiva.
2.4.2. El Tribunal a quo, mediante auto del 2 de agosto de 2011, decretó las pruebas del proceso y, una vez concluido el debate probatorio, a través de auto del 12 de enero de 2017, se corrió traslado a las partes para que alegaran de conclusión y al Ministerio Público para que, si lo consideraba pertinente, rindiera concepto de fondo, oportunidad procesal en la cual la parte actora y la Fiscalía General de la Nación reiteraron los argumentos expuestos tanto en la demanda como en su contestación.
2.4.3. El Ministerio Público guardó silencio.
3. Las sentencias de primera instancia
3.1. Expediente 52.416
Mediante sentencia proferida el 29 de mayo de 2014, el Tribunal a quo accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, para lo cual indicó que el daño se encontraba acreditado porque el señor Juan Baldomero Aldana Tejada estuvo privado de su libertad, como consecuencia de la medida de aseguramiento que la Fiscalía General de la Nación le dictó en su contra por el punible de falsedad en documento público.
Del mismo modo, indicó que ese daño le resultaba imputable a la Fiscalía General de la Nación, porque el demandante fue absuelto en la medida en que sus conductas no constituyeron un hecho punible.
Aunado a ello, encontró que los demandantes, con sus registros civiles de nacimiento, probaron su legitimación en la causa por activa.
En último lugar, condenó al pago de perjuicios morales y lucro cesante, y negó el reconocimiento de los perjuicios “a la vida en relación”, dado que no se probaron dentro del proceso.
3.2. Expedientes 56.327
El Tribunal Administrativo de Sucre, mediante sentencia proferida el 17 de junio de 2015, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.
Como sustento de su decisión, en resumen, explicó que si bien no estaba demostrado que el señor Carlos Alberto Elías Hoyos estuvo privado de su libertad de forma intramural o en prisión domiciliaria, lo cierto era que jurídicamente se le limitaron sus derechos fundamentales a la libre circulación, libertad y libre desarrollo de su personalidad, afectaciones que no estaba en el deber de soportar, porque la conducta, por la cual se le sindicó y dictó orden de restricción, no existió. Así (se transcribe de forma literal, incluso con posibles errores):
“[S]i bien en el plenario no reposa documento alguno que credite la internación intramural o el cumplimiento de medida de aseguramiento domiciliaria, no es menos cierto que, tal como lo ha decantado la jurisprudencia del Consejo de Estado, que la detención preventiva y detención domiciliaria dictadas en el curso de un proceso, acompañadas de caución prendaría y de la prohibición de salir del país, conllevan un daño antijurídico (…).
“Así, si bien no hay prueba de la privación física de la libertad, el período de afectación jurídica (…) se extendió (…) por espacio de 11 meses y 4 días”.
Indicó que el daño le era imputable a la Fiscalía General de la Nación que profirió la medida de aseguramiento, decisión en la que la Rama Judicial no tuvo ninguna injerencia, por lo cual, frente a esa última, declaró probado la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva.
El Tribunal de primera instancia reconoció perjuicios morales y materiales, en la modalidad de lucro cesante, para la liquidación de estos últimos tuvo en cuenta los siguientes parámetros (se transcribe de forma literal, incluso con posibles errores):
“El período a liquidar y cuya indemnización se reconoce (…) corresponde al lapso que perduró materialmente la privación de la libertad, que corresponde en este caso a 11 meses 4 días (…) la condena resultante (…) deberá disminuirse en un 50% debido a que el señor Elías Hoyos no demostró privación física de la libertad”.
Finalmente, se abstuvo de condenar al pago de perjuicios por el “daño a la vida de relación”, dado que en el plenario no se demostró que estos se hubieren ocasionado.
3.3. Expediente 58.491
En sentencia del 30 de marzo de 2016, el Tribunal Administrativo de Sucre accedió parcialmente las pretensiones de la demanda.
Sobre el particular explicó que en el sub lite se demostró la ocurrencia del daño, pues el demandante permaneció privado de su libertad por un lapso de 11 meses y 22 días. Igualmente, que ese daño le era imputable a la Fiscalía General de la Nación, porque esa entidad profirió la medida de aseguramiento.
Indicó que la señora Nur Estela Córdoba Vidal no acreditó la condición de esposa del señor Flórez Anaya, por cuanto radicó una partida de matrimonio, lo cual desconoció que, a partir del Decreto ley 1260 de 1970, la única prueba válida del estado civil de las personas era el registro civil. Aclaró que tampoco existían pruebas que permitieran tenerla como tercera afectada.
De esta manera condenó al pago de perjuicios morales y lucro cesante y negó el reconocimiento del daño a la vida en relación, porque el señor Flórez Anaya no demostró que hubiese padecido “una aflicción diferente a la resarcida por concepto de daño moral”.
3.4. Expediente 60.358
En sentencia del 30 de marzo de 2017, el Tribunal Administrativo de Sucre accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, en lo pertinente indicó que el señor Cordero Morales permaneció privado de su libertad del 5 al 24 de mayo del año 2000, cuando salió en detención domiciliaría, con lo cual estaba probado el daño que padeció.
Manifestó que ese daño le era imputable a la Fiscalía General de la Nación, porque adelantó la investigación penal y profirió la medida de aseguramiento.
Sostuvo que condenaría al pago de daños morales y lucro cesante y que no reconocería perjuicios por el daño a la vida en relación, dado que no se encontraba acreditada su causación, así como tampoco el pago de daño emergente, porque en el plenario no se probó el pago de honorarios de abogado.
Explicó que la condena por los perjuicios descritos, en los términos del artículo 172 del CCA, debía ser en abstracto, en vista de que no se tenía certeza del tiempo que el demandante principal permaneció en detención domiciliaría.
4. Los recursos de apelación
4.1. Expedientes 52.416, 58491 y 60.358
En los procesos referidos, la Fiscalía General de la Nación impugnó las sentencias condenatorias, con los mismos argumentos, así:
Sostuvo que no estaba de acuerdo con que se hubiere aplicado una responsabilidad objetiva, porque las hipótesis que contemplaba el artículo 414 del Decreto ley 2700 de 1991 debían analizarse, en cada caso concreto, bajo la falla del servicio.
Explicó que las medidas de aseguramiento en cuestión se dictaron a través de una providencia judicial, de tal manera que lo correcto era analizar si estas habían incurrido en un error jurisdiccional.
Alegó que la Corte Constitucional, en la sentencia C- 037 de 1996, al analizar la constitucionalidad del artículo 68 de la Ley 270 de 1996, estableció que para que procediera la indemnización de perjuicios por la privación de la libertad, debía demostrarse que esta había sido desproporcionada y violatoria de los procedimientos legales, abiertamente arbitraria.
Precisó que esas circunstancias no se presentaron en la investigación penal objeto de la demanda, porque en esta se presentaron hechos indicadores graves que comprometían la responsabilidad de los investigados; asimismo, que obró de conformidad con la Constitución Política y la ley.
Manifestó que pretender que se compromete su responsabilidad cada vez que se precluye una investigación o se absuelve al sindicado sería tanto como aceptar que esa institución no pudiere adelantar una investigación penal, ya que los fiscales “estarían atados de pies y manos, sin autonomía, sin independencia”.
Bajo ese contexto, concluyó que el daño antijurídico que se alegó en la demandas no se encontraba demostrado, por lo cual no había lugar al reconocimiento de perjuicios.
En último lugar, solicitó que se revoquen las sentencias objeto de los recursos de apelación y que se nieguen las súplicas de las demandas.
4.2. Expediente 56.327
4.2.1. La parte actora solicitó que se modifique el numeral tercero, en lo referente a los perjuicios morales, porque el a quo “bajo en un 50%” la condena, al entender, equivocadamente, que el señor Elías Hoyos no permaneció detenido, cuando, en realidad, él estuvo efectivamente privado de su libertad.
Igualmente, solicitó que se modifique la condena al pago de perjuicios materiales y que se tengan como base en los siguientes parámetros: i) que el demandante no percibió ingresos durante 8 años; ii) que los ingresos que se dejaron de percibir equivalían a $67’000.000 por cada año, situaciones que demostró con la prueba testimonial que se decretó y practicó en el proceso.
Finalmente, solicitó que se condene al pago de perjuicios por daño a la vida en relación, dado que la primera fecha de su boda se frustró, y luego, una vez se casó, fue afectado con la detención domiciliaria; también, porque su buen nombre se le afectó y la investigación se prolongó durante ocho años, durante los cuales perdió la posibilidad de contratar con entidades estatales, debido al estigma que se le creó.
4.2.2. La Fiscalía General de la Nación pidió revocar la decisión del a quo, pues la medida de aseguramiento se impuso porque en el proceso existían pruebas que comprometían la responsabilidad del señor Elías Hoyos.
Asimismo, en tanto que para la imposición de dicha medida, según el artículo 215 del CPC, no era necesario que existieran pruebas que condujeran a la certeza de la responsabilidad del sindicado, porque este grado de convicción solo resultaba necesario para la sentencia condenatoria.
Explicó que actuó en cumplimiento de las funciones asignadas por los artículos 250 de la Constitución Política y 120 del Código de Procedimiento Penal, como las de investigar las conductas contrarias al derecho penal, para lo cual observó las normas sustanciales y procesales vigentes para la época de ocurrencia de los hechos, lo que descartaba la configuración de una falla del servicio por error jurisdiccional.
Manifestó que la privación de la libertad de la cual fue objeto el aquí demandante no fue injusta, toda vez que esta se fundó en “pruebas serias que fueron legalmente aportadas a la investigación”.
5. Trámite en segunda instancia
5.1. Expediente 52.416
El Tribunal Administrativo de Sucre concedió el recurso presentado por la Fiscalía General de la Nación, mediante providencia del 15 de agosto de 2014. Esta Corporación los admitió el 7 de noviembre de 2014 y, a través de decisión del 4 de diciembre de la misma anualidad, se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para alegar de conclusión.
5.1.1. La Fiscalía General de la Nación reiteró los argumentos del recurso de apelación.
5.1.2. La parte actora y el Ministerio Público guardaron silencio en esta etapa procesal.
5.2. Expediente 56.327
El a quo concedió los recursos presentados por la parte actora y la Fiscalía General de la Nación, mediante providencia del 27 de noviembre de 2015. Esta Corporación los admitió el 25 de febrero de 2016 y, a través de decisión del 19 de julio de 2017, se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para alegar de conclusión. En dicha oportunidad procesal, el ente acusador y la parte actora reiteraron los argumentos expuestos en sus recursos de apelación.
5.2.1. La Rama Judicial y el Ministerio Público guardaron silencio en esta etapa procesal.
5.3. Expediente 58.491
El Tribunal Administrativo de Sucre concedió el recurso presentado por la Fiscalía General de la Nación, mediante decisión del 22 de noviembre de 2016. Esta Corporación lo admitió el 5 de abril de 2017 y, a través de decisión del 4 de agosto de la misma anualidad, se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para alegar de conclusión.
5.3.1. La Fiscalía General de la Nación Reiteró los argumentos del recurso de apelación y agregó que en este caso se configuró la causal eximente de responsabilidad denominada culpa exclusiva de la víctima, al respecto explicó que la medida la medida de aseguramiento se le impuso al demandante porque, en su indagatoria, reconoció que manejó los dineros del anticipo del contrato en una cuenta común con el señor Bernardo Elías Nader y, además, el interventor no suscribió las actas de recibo a satisfacción sino una tercera persona.
5.3.2. El Ministerio Público rindió su concepto y solicitó que confirme la sentencia objeto del recurso de apelación, dado que el demandante fue privado de su libertad por la Fiscalía General de la Nación y, posteriormente, la Rama Judicial lo absolvió porque el hecho punible no existió, situación que configuró un daño antijurídico que la parte actora no estaba en la obligación de soportar.
Asimismo, explicó que el señor Flórez Anaya estuvo privado de la libertad en su domicilio, por lo cual debía disminuirse la indemnización decretada por la primera instancia en un 50%.
5.3.3. La parte actora guardó silencio en esta etapa procesal.
5.4. Expediente 60.358
El a quo concedió el recurso presentado por la Fiscalía General de la Nación, mediante decisión del 19 de junio de 2018. Esta Corporación lo admitió el 2 de agosto de 2018 y, a través de proveído del 4 de octubre de ese mismo año, se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para alegar de conclusión. En dicha oportunidad procesal, el ente acusador reiteró los argumentos expuestos en su recurso de apelación.
5.4.1. El Ministerio Público rindió concepto y solicitó que se revoque la sentencia de la primera instancia, porque en este caso se configuró una culpa exclusiva de la víctima, dado que fue la conducta del demandante, en su condición de alcalde, la que dio lugar a la investigación penal y a la imposición de la medida de aseguramiento, pues suscribió varios contratos de forma irregular.
5.4.2. La parte actora guardó silencio en esta etapa procesal.
5.5. La acumulación procesal
Mediante auto del 13 de julio de 2018, se dispuso, de manera oficiosa, la acumulación procesal de los asuntos identificados con los números de radicación 58.491, 56.327 y 52.416, por cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 157 del Código de Procedimiento Civil; de forma posterior, en providencia del 30 de enero de 2019, se decretó la acumulación del proceso No 60.358.
La Sala, al no encontrar causal de nulidad alguna que pudiera invalidar lo actuado, procede a resolver de fondo el asunto.
II. C O N S I D E R A C I O N E S
1. Prelación de fallo
En la actualidad, la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado tiene bajo su conocimiento procesos que entraron para dictar fallo definitivo con anterioridad al presente asunto, situación que en los términos del artículo 18 de la Ley 446 de 1998 exigiría su decisión en atención al orden cronológico respecto del cual pasaron los expedientes al Despacho de la Magistrada conductora del proceso; sin embargo, es importante precisar que la mencionada disposición normativa prevé que en los procesos de conocimiento de esta jurisdicción tal orden puede modificarse, en atención a la naturaleza de los asuntos, por importancia jurídica o trascendencia social.
En esta misma línea, conviene destacar que la Ley 1285 de 2009, en su artículo 16, permite decidir de manera anticipada, esto es, sin sujeción al orden cronológico de turno, los procesos en relación con los cuales su decisión definitiva “entrañe sólo la reiteración de jurisprudencia”.
En el presente caso se encuentra que el tema objeto de debate dice relación con la privación injusta de la libertad de los señores Juan Carlos Flórez Anaya, Jaime Miguel Cordero Morales, Juan Baldomero Aldana Tejada y Carlos Alberto Elías Hoyos, tema respecto del cual la Sección Tercera del Consejo de Estado ha tenido la oportunidad de pronunciarse en muchas ocasiones y, en tal sentido, ha fijado una jurisprudencia consolidada y reiterada, motivo por el que, con fundamento en el artículo 16 de la Ley 1285, la Subsección se encuentra habilitada para resolver el presente asunto de manera anticipada.
2. La competencia de la Sala
La Sala es competente para conocer del presente asunto en segunda instancia, en razón de los recursos de apelación interpuestos por la parte actora y la Fiscalía General de la Nación en contra de las sentencias proferidas por el Tribunal Administrativo de Sucre, dado que, de conformidad con el artículo 73 de la Ley 270 de 1996, la competencia para conocer de las acciones de reparación directa que se instauren por error jurisdiccional, por privación injusta de la libertad o por defectuoso funcionamiento de la Administración de Justicia, se encuentra radicada en los Tribunales Administrativos en primera instancia y en el Consejo de Estado en segunda instancia sin consideración a la cuantía del proceso.
3. El ejercicio oportuno de la acción
Al tenor de lo previsto en el numeral 8 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, la acción de reparación directa puede instaurarse dentro de los dos años contados a partir del día siguiente al acaecimiento del hecho, de la omisión, de la operación administrativa o de la ocupación permanente o temporal de inmueble de propiedad ajena por causa de trabajos públicos o por cualquier otra causa.
Tratándose de acciones de reparación directa por privación injusta de la libertad, la jurisprudencia reiterada de esta Sección del Consejo de Estado ha considerado que el término de caducidad se empieza a contar a partir del día siguiente a la ejecutoria de la providencia que precluyó la investigación, de la sentencia absolutoria o desde el momento en que quede en libertad el procesado, lo último que ocurra, momento a partir del cual se configura el carácter injusto de la limitación del derecho a la libertad.
Igualmente, que la “ejecutoria se presentaría cuando no procede la casación o cuando, de proceder, no se interpone o se resuelve”, dado que: “el plazo para interponer recursos, incluso el extraordinario de casación, tiene incidencia en su ejecutoria, pues se ha dicho que las impugnaciones tienen la virtualidad de extender el término de ejecutoria de las providencias”.
En ese orden de ideas, la Subsección A, en asuntos de similares connotaciones, tomó en consideración que las sentencias penales dictadas en segunda instancia quedan ejecutoriadas desde el vencimiento del plazo para presentar el correspondiente recurso extraordinario de casación, siempre que el mismo resultara procedente.
Descendiendo al caso objeto de estudio, la Sala encuentra acreditadas las siguientes circunstancias:
— El Juzgado Promiscuo del Circuito de San Marcos, Sucre, mediante providencia del 18 de diciembre de 2003, absolvió a los demandados de los punibles de contrato sin el cumplimiento de requisitos legales, falsedad ideológica en documento público y uso de documento público falso.
— Esta decisión se confirmó, en segunda instancia, por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Sincelejo, Sala Penal, en sentencia del 9 de noviembre de 2007.
— Cabe anotar que, en contra de esa última providencia, el apoderado del municipio de La Unión, Sucre, interpuso el recurso extraordinario de casación y que, mediante proveído del 14 de diciembre de ese mismo año, la citada Corporación lo concedió, para lo cual le otorgó a la parte interesada el término de 30 días hábiles a fin de que procediera a presentar la demanda respectiva, que corrieron del 18 de enero de 2008 al 28 de febrero de esa anualidad.
En tanto la demanda de casación no se radicó, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Sincelejo, Sala Penal, a través de proveído del 29 de febrero de 2008, lo declaró desierto.
En el contexto descrito, la Subsección, a fin de contabilizar la caducidad en el presente caso, tendrá como punto de partida el día que se suscribió la providencia que declaró desierto el recurso extraordinario de casación que presentó la entidad territorial recurrente, esto es, el 29 de febrero de 2008, de modo que el último plazo para ejercer el derecho de acción feneció el 1 de marzo de 2010.
En ese sentido, se impone concluir que los procesos identificados con los radicados No 58.491, 60.358 y 52.416 se radicaron dentro de la oportunidad legal prevista para ello, por cuanto esto ocurrió, en ese mismo orden, el 18 de diciembre de 2009, el 19 de febrero de 2010 y el 20 de junio de 2008.
No sucede lo mismo con el proceso identificado con el número de radicado interno 56.327, porque la demanda se presentó, extemporáneamente, el 4 de junio de 2010.
No puede pasarse por alto que, el 8 de marzo de 2010, los demandantes radicaron una solicitud de conciliación ante el Ministerio Público; no obstante, como ello sucedió cuando la caducidad ya estaba configurada, de conformidad con el artículo 21 de la Ley 640 de 2001 y el artículo 2, parágrafo 1 del Decreto 1716 de 2009, no tuvo la virtualidad de suspender ningún término.
Vistas así las cosas, la Sala declarará, de oficio, la excepción de caducidad de la acción respecto del proceso indicado.
Si bien el tema de la presentación oportuna de la demanda no se propuso con los recursos de apelación, lo cierto es que le corresponde al juez, al momento de dictar sentencia, analizar aquellos presupuestos de la acción que le permitan decidir el fondo del asunto, entre ellos, la caducidad de la acción, aspecto que no puede, ni debe entenderse saneado o clausurado por virtud de las omisiones que se hubiesen presentado en el transcurso del proceso, como lo consagra el artículo 164 del Código Contencioso Administrativo:
“En la sentencia definitiva se decidirá sobre las excepciones propuestas y sobre cualquiera otra que el fallador encuentre probada.
“(…).
“El silencio del inferior no impedirá que el superior estudie y decida todas la excepciones de fondo, propuestas o no, sin perjuicio de la reformatio in pejus” (se destaca).
En sentencia de unificación del 6 de abril de 2018, la Sala Plena de esta Sección, en relación con la posibilidad que tiene el juez de lo contencioso administrativo de decretar excepciones, puntualizó (se transcribe de forma literal):
“Este entendimiento del principio de congruencia y de los límites competenciales del ad quem frente el recurso de apelación es el que la Sala acoge y reitera, de manera que si se apela un aspecto global de la sentencia, el juez adquiere competencia para revisar todos los asuntos que hacen parte de ese aspecto más general, aunque de manera expresa no se haya referido a ellos el apelante único. Lo anterior, desde luego, sin perjuicio de la potestad que tiene el juzgador de pronunciarse oficiosamente sobre todas aquellas cuestiones que sean necesarias para proferir una decisión de mérito, tales como la caducidad, la falta de legitimación en la causa y la indebida escogencia de la acción, aunque no hubieran sido propuestos por el apelante como fundamentos de su inconformidad con la providencia censurada” (se destaca).
Se debe aclarar que, en adelante, el estudio del caso se efectuará respecto de los procesos identificados con los siguientes radicados y respecto de los cuales se acreditó que se presentaron dentro de la oportunidad prevista para ello: 52.416, 58491 y 60.358.
4. Legitimación en la causa
La legitimación en la causa tiene dos dimensiones, la de hecho y la material. La primera surge de la formulación de los hechos y de las pretensiones de la demanda, por manera que quien presenta el escrito inicial se encuentra legitimado por activa, mientras que el sujeto a quien se le imputa el daño ostenta legitimación en la causa por pasiva.
A su vez, la legitimación material es condición necesaria para, según corresponda, obtener decisión favorable a las pretensiones y/o a las excepciones, punto que se define al momento de estudiar el fondo del asunto, con fundamento en el material probatorio debidamente incorporado a la actuación.
Así, tratándose del extremo pasivo, la legitimación en la causa de hecho se vislumbra a partir de la imputación que la demandante hace al extremo demandado y la material únicamente puede verificarse como consecuencia del estudio probatorio, dirigido a establecer si se configuró la responsabilidad endilgada desde el libelo inicial.
4.1. Legitimación en la causa de los demandantes
4.1.1. Expediente 52.416
En este asunto, los señores Juan Baldomero Aldana Tejada, Cecilia Auxiliadora Aldana Tejada, Clara Beatriz Aldana Tejada, Anastacia Isabel Aldana Tejada, Carmen Teresa Aldana Tejada y Rosario del Socorro Aldana Tejada fueron las personas que, en calidad de demandantes, promovieron el proceso de la referencia, de ahí que se encuentre probada su legitimación en la causa de hecho.
En relación con la legitimación material, observa la Sala que, de conformidad con el material probatorio que reposa en el expediente, está demostrado que el señor Juan Baldomero Aldana Tejada fue la persona que resultó vinculada a la actuación penal que finalizó con decisión absolutoria, de suerte que le asiste legitimación en la causa para acudir ante esta jurisdicción, en este caso, como afectado directo.
Frente a las accionantes Cecilia Auxiliadora Aldana Tejada, Clara Beatriz Aldana Tejada, Anastacia Isabel Aldana Tejada, Carmen Teresa Aldana Tejada y Rosario del Socorro Aldana Tejada, se allegaron sus registros civiles de nacimiento, con los cuales se acreditó que son hermanas del señor Juan Baldomero y que les asiste legitimación material para concurrir a este proceso.
4.1.2. Expediente 58.491
Juan Carlos Flórez Anaya, Aristóbulo Flórez Vergara, María Victoria Flórez Anaya, Jorge Luis Flórez Anaya, César Ramón Flórez Anaya, Nur Estela Córdoba Vidal, Lizeth Paola Flórez Córdoba y Juan Carlos Flórez Córdoba fueron las personas que, en calidad de demandantes, promovieron el proceso de la referencia, de ahí que se encuentre probada su legitimación en la causa de hecho.
En relación con la legitimación material, observa la Sala que, de conformidad con el material probatorio que reposa en el expediente, está demostrado que el señor Juan Carlos Flórez Anaya fue la persona que resultó vinculada a la actuación penal que finalizó con decisión absolutoria, de suerte que le asiste legitimación en la causa para acudir ante esta jurisdicción, en este caso, como afectado directo.
Respecto de Lizeth Paola Flórez Córdoba y Juan Carlos Flórez Córdoba, se observa que a folios 29 y 30 del cuaderno 1 (exp. 58.491), reposan las copias de sus registros civiles de nacimiento, con los cuales se acredita su parentesco en calidad de hijos de la víctima directa del daño.
Asimismo, se encuentra probada la legitimación en la causa por activa del Aristóbulo Flórez Vergara, toda vez que, mediante la copia del registro civil de nacimiento de Juan Carlos Flórez Anaya, probó ser el padre del citado accionante.
En relación con los señores María Victoria Flórez Anaya, Jorge Luis Flórez Anaya, César Ramón Flórez Anaya, en el proceso obran las copias de sus registros civiles de nacimiento, con los cuales se demuestra su parentesco en la calidad hermanos de la víctima directa del daño. Información que se acompasa con la copia del registro civil de nacimiento del señor Juan Carlos Flórez Anaya .
Se recuerda que la primera instancia decretó la falta de legitimación en la causa por activa de la señora Nur Estela Córdoba Vidal, quien alegó ser la esposa del señor Juan Carlos Flórez Anaya, dado que para demostrar esa condición no radicó el registro civil del matrimonio, según lo exigía el Decreto ley 1260 de 1970, sino, únicamente, la partida de matrimonio.
En efecto, a folio 35 del cuaderno No. 1 (expediente 58.491), obra una copia de la partida eclesiástica de matrimonio de los señores Juan Carlos Flórez Anaya y Nur Stella Córdoba, que ocurrió el 19 de junio de 1993 y que no es el documento idóneo para demostrar ese acontecimiento; sin embargo, la Sala la reconocerá como tercera damnificada.
4.1.3. Expediente 60.358
Jaime Miguel Cordero Morales, Lia Salgado Collantes, Jaime Andrés Cordero Guevara, Mario Alberto Cordero Salgado, Miguel Cordero Díaz, Elis Morales Ayus, Robert Cordero Morales, Betty Cordero Morales, Alba Cordero Morales y Diana Luz Cordero Morales corresponden a los demandantes en este asunto, en cuanto promovieron el proceso de la referencia, de ahí que se encuentre probada su legitimación en la causa de hecho.
Respecto de la legitimación material, encuentra la Sala que, de conformidad con el material probatorio que reposa en el plenario, está demostrado que el señor Jaime Miguel Cordero Morales se encuentra legitimado para actuar, pues la Fiscalía General de la Nación le impuso la medida de aseguramiento de detención preventiva dentro de la investigación penal objeto del caso sub examine, por la cual le asiste legitimación en la causa para acudir ante esta Jurisdicción, en este caso, como víctima directa.
Por su parte, su esposa, Lia Salgado Collantes, se encuentra legitimada materialmente, de conformidad con la copia de su registro civil de matrimonio allegado al expediente.
En cuanto a los hijos del señor Jaime Miguel Cordero Morales, Jaime Andrés Cordero Guevara y Mario Alberto Cordero Salgado, se allegaron al proceso sus registros civiles de nacimiento, documentos que para esta Sala resultan suficientes para acreditarlos en dicha calidad.
Miguel Cordero Díaz y Elis Morales Ayus, demostraron que son los padres de la víctima directa.
Igualmente, con sus registros civiles de nacimiento, los señores Robert Cordero Morales, Betty Cordero Morales, Alba Cordero Morales y Diana Luz Cordero Morales, acreditaron que son hermanos del señor Jaime Miguel Cordero Morales.
4.2. Legitimación de las entidades demandadas
En el caso bajo estudio, las acciones y omisiones invocadas a título de causa petendi en los escritos iniciales permiten concluir que la Nación – Fiscalía General de la Nación se encuentra legitimada en la causa por pasiva de hecho, pues de lo narrado en la demanda se concluye que es a dicha entidad a la que se le imputa el daño objeto de la controversia.
En relación con la legitimación material de la entidad pública demandada, se advierte que esta, por determinar el sentido de la sentencia -denegatoria o condenatoria-, no se analizará ab initio, sino al adelantar el estudio que permita establecer si existió o no una participación efectiva de aquella en la producción del daño antijurídico alegado por la parte actora.
5. Objeto de los recursos de apelación
Como ya se advirtió, en los procesos objeto de análisis los argumentos de los recursos de apelación que interpuso la Fiscalía General de la Nación fueron, en esencia, los mismos.
Estos se circunscribieron a desvirtuar la declaratoria de responsabilidad, porque este asunto debía analizarse desde la existencia de una falla en el servicio, que no se encontraba probada, puesto que las medidas de aseguramiento que se impusieron a los tres demandantes se soportaron en las pruebas obrantes en la investigación penal que llevaban a concluir la existencia de hechos indicadores graves que comprometían la responsabilidad de los procesados.
Así las cosas, la privación de la libertad de la que fueron objeto los demandantes no se podía calificar como injusta.
6. Las pruebas trasladadas
Se debe aclarar que al caso sub examine, se decretó como prueba el traslado del expediente penal que se adelantó en contra de los tres demandantes principales y otros ciudadanos. Allí obran varias pruebas documentales, así como las indagatorias que rindieron ante la Fiscalía General de la Nación.
La Sala precisa que las valorará, de conformidad con la sentencia de unificación de la Sala Plena de la Sección Tercera, proferida el 11 de septiembre de 2013 dentro del expediente No 20.601, pues, de una parte, se decretaron a instancia de la parte actora, la entidad demandada no las tachó y, de otra, las utilizó como soporte de sus argumentos de su defensa y de los recursos de apelación.
Respecto de la indagatoria que los señores Juan Carlos Flórez Anaya, Jaime Miguel Cordero Morales y Juan Baldomero Aldana Tejada rindieron ante la Fiscalía General de la Nación, sin el apremio del juramento, se debe expresar que también serán valoradas, de conformidad con la jurisprudencia de la Subsección, según la cual:
“Valga aclarar que la Sala Plena de esta Corporación, ha dado valor a la indagatoria como medio probatorio en esta sede judicial, en la medida en que siendo esta una fuente de información de obligatoria recepción en los procesos penales, con individualidad propia en lo que tiene que ver con su práctica y contradicción, debe reconocérsele su mérito probatorio, como lo exigen los derechos fundamentales de acceso a la justicia y a probar, los principios de prevalencia del derecho sustancial, de libertad de medios probatorios, de contradicción, de libre valoración racional de la prueba y la demás normativa que rige en materia probatoria, para lo cual, además, no resulta ajena al deber de ser valorada en conjunto con los demás elementos de convicción y con arreglo a los criterios rectores de la sana crítica”.
Es preciso señalar que las indagatorias de los demandantes no serán el único referente que se tendrá en cuenta y que serán confrontadas con las demás pruebas obrantes en el plenario.
7. Análisis del caso concreto
La Sala, ab initio, encuentra acreditada la existencia del daño, consistente en la privación de la libertad que sufrieron los señores Juan Carlos Flórez Anaya, Jaime Miguel Cordero Morales y Juan Baldomero Aldana Tejada, quienes fueron investigados por la Fiscalía General de la Nación, entidad que les imputó los delitos de celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales, falsedad ideológica en documento público y uso de documento público falso; les impuso la medida de aseguramiento de detención preventiva, sin beneficio de excarcelación que, de forma posterior, les fue sustituida por detención domiciliaria, para, finalmente, ser puestos en libertad, pues en la etapa de juicio fueron absueltos tanto en la primera como en la segunda instancia por la Rama Judicial.
De conformidad con el material probatorio que reposa en el expediente, la Subsección encuentra probados los siguientes hechos:
— El municipio de La Unión, Sucre y Findeter suscribieron los convenios números 136 y 137 de 1998, cuyo objeto fue el mejoramiento de las vías urbanas de esa entidad territorial.
— El 14 de mayo de 1999, mediante el oficio No 514-01371, la Directora de los Fondos de Cofinanciación de Findeter puso en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación las irregularidades que, a su parecer, se habrían cometido por el alcalde de La Unión, Sucre, en la ejecución de esos negocios jurídicos (se transcribe de forma literal, incluso con posibles errores)
“(…) El interventor (igual para los dos proyectos) recibe a satisfacción las obras y cantidades contratadas para las calles aprobadas y especificadas en el proyecto viabilizado según acta de recibo suscrita el 8 de febrero de 1.999 (para los dos proyectos).
“En visita de campo realizada el 23 de marzo de 1999, en conjunto con funcionarios de la UDECO, el funcionario encargado del FIU, el Secretario de Planeación Municipal, se constató que las calles recibidas por la interventoría no corresponden a las incluidas en el proyecto viabilizado y en el convenio de cofinanciación suscrito.
“El municipio no solicitó modificación ni reprogramación a la UDECO ni al FIU. Así mismo los contratos de obra no presentan otro sí o modificación que sustente el cambio realizado.
“La totalidad de la documentación que hace parte de las carpetas de los proyectos se refiere a las calles inicialmente previstas sin que exista evidencia del cambio realizado.
“Se presenta por parte de la administración municipal un decreto sin fecha y sin número donde el Alcalde modifica las vías viabilizadas y aprobadas inicialmente en el proyecto.
“(..) En las calles inicialmente aprobadas se ejecutaron obras que alcanzan un 35% de avance para el convenio 136 y un 25% para el convenio 137. Sin embargo en el informe de interventoría aparece el proyecto ejecutado en un 100%.
“(…) Por comunicación del 27 de marzo, la comunidad beneficiaria del proyecto solicita a FINDETER el cumplimiento del objeto del convenio (proyecto aprobado y viabilizado) en el sentido que el alcalde dio orden al contratista de pavimentar otras calles diferentes a las contratadas y solicitan suspender los desembolsos pendientes, hasta tanto no se cumpla la pavimentación de las calles que se encuentran debidamente contratadas.
“El 29 de marzo el Sr Aníbal José Monterrosa Ricardo (Representante a la Cámara), remite comunicación a FINDETER, donde presenta su inconformidad con la ejecución del proyecto por las siguientes razones:
“- Fallas en las obras realizadas (…).
“- Contratación fraccionada.
“- No se siguió el procedimiento establecido para la modificación del proyecto (no existe autorización de la comunidad, UDECO, FIU e interventor)”.
— El 24 de mayo de 1999, la comunidad del Barrio Santo Domingo de La Unión, Sucre, radicó un escrito ante la Fiscalía General de la Nación, en el que puso en conocimiento las siguientes irregularidades (se transcribe de forma literal, incluso con posibles errores):
“Reportes a la UDECO por parte de la Alcaldía de calles pavimentadas las cuales se habían hecho con anterioridad con otros recursos, pero sin ser reportadas por el interventor en su informe final (pavimentación de 113 metros lineales en la carrera 13 con calles 7 y 8).
“Realización de dos contratos con los señores Carlos A. Elías Hoyos y Adalberto S. Bula García por valores de $44’354.763 y $46’128.550, respectivamente, para pavimentar la calle 14 entre carreras 8 y 8B, la cual se había pavimentado con anterioridad con recursos del convenio 846 de 1996.
“Fraccionamiento de los convenios en múltiples contratos (en total 20), cuando estos son globales, y además en múltiples oportunidades con la misma persona natural, por ejemplo con el señor Adalberto S. Bula García se celebraron cuatro contratos por valor de $166’997.000. Es decir, no sabemos cuál es el monto legal a que está autorizado el señor Alcalde para contratar directamente, en caso de que pudiera”.
— El 10 de septiembre de 1999, Findeter le allegó a la Fiscalía General de la Nación una copia del informe de la visita a las obras de pavimentación del municipio de La Unión que realizó del 2 al 4 de junio de 1999 y en el que, entre otras cosas, le explicó cuál era el procedimiento que debió adelantar para proceder a modificar las calles a pavimentar, así como las inconsistencias en que había incurrido (se transcribe de forma literal, incluso con posibles errores):
“El municipio no cumplió con el objeto contratado que se encuentra especificado en el proyecto viabilizado. Cualquier cambio propuesto debió cumplir con el procedimiento establecido en la cláusula tercera, literal H (…) donde se establece que el ente debe ejecutar la realización del proyecto objeto del convenio de conformidad con el presupuesto del proyecto presentado por la entidad territorial y viabilizado. En el evento que se presenten modificaciones de fondo que impliquen reprogramación de actividades y cantidades aprobadas en el proyecto al cual se le dio viabilidad, se debe obtener previamente el concepto de la UDECO y autorización escrita de FINDETER – FIU. Es decir que se requería aprobación previa por parte del Comité Técnico del Fondo de Infraestructura Urbana que avalara los cambios y los aprobara.
“[L]a certificación de la interventoría que se encuentra suscrita por los contratistas y el alcalde, se refiere a las calles inicialmente programadas que no fueron realmente ejecutadas (…) se hace constar que las vías que fueron pavimentadas y recibidas por la administración en febrero de 1999 son las inicialmente incluidas en el proyecto y no las realmente ejecutadas.
“(…) Toda vez que los contratos y las actas de recibo de obra no coinciden con lo realmente ejecutado, no es posible determinar que los recursos del Fondo fueron destinados al pago de las vías ejecutadas y no contratadas”.
— El 28 de octubre de 1999, la Personera de La Unión, Sucre, le allegó a la Fiscalía General de la Nación un dictamen grafológico practicado por la Contraloría General de la República que concluyó que las firmas del señor Juan Baldomero Aldana Tejada, interventor de los convenios No 136 y 137 de 1998, que se encontraban plasmadas en varios documentos tales como pólizas de cumplimiento, comprobantes de egreso, cheques y actas de liquidación, eran falsas “por imitación”.
— En esa misma fecha, el señor Jaime Miguel Cordero Morales rindió indagatoria ante la Fiscalía General de la Nación y explicó, en lo que importa para resolver el presente asunto, lo siguiente:
Que modificó unilateralmente, de buena fe y con la finalidad de beneficiar a una mayor población, las vías que se había comprometido a pavimentar en el convenio suscrito con Findeter y afirmó que esta entidad nunca le informó que necesitaba autorización para proceder en ese sentido.
Reconoció que los contratos para la ejecución de las obras de pavimentación los adjudicó directamente, para evitar que se perdieran los recursos asignados en el presupuesto nacional.
— Juan Carlos Flórez Anaya rindió indagatoria el 8 de noviembre de 1999 y, entre otras cosas, explicó lo siguiente: i) que se le habían adjudicado dos contratos para pavimentar el mismo número de calles en el municipio de La Unión y ii) que el anticipo lo manejó “en una cuenta común, en un mutuo acuerdo que tuvimos con Bernardo Elías”.
La Sala subraya que al presente proceso se remitieron las indagatorias que rindieron los ciudadanos que abajo se relacionan y de las que se destaca que cada uno de ellos reconoció que se les habían adjudicado, por separado, contratos para pavimentar algunas vías del municipio de La Unión, con los recursos de los convenios 136 y 137 en mención, y que los dineros de los anticipos se los habían consignado en una cuenta del señor Bernardo Miguel Elías Nader, para que él los administrara y porque, entre ellos, habían pactado realizar “una especie de consorcio de hecho” a fin de cumplir con los objetos contractuales.
• Bernardo Miguel Elías Nader (se le adjudicaron cuatro contratos). En la indagatoria ese ciudadano sostuvo lo siguiente (se transcribe de forma literal, incluso con posibles errores):
“[A]l comenzar el contrato o los contratos habían varios contratistas que eran del municipio de Sahagún otro de Montería, viendo la complejidad de las obras y la cercanía del invierno nos reunimos entre todos los contratistas, que éramos creo que 12 o 13 no recuerdo bien, y acordamos para no tener que saliera más costosa la obra, tener un solo ingeniero residente, un solo topógrafo, y una persona que negociara los materiales, ósea una persona después de la adjudicación, quedando como ingeniero residente de todas las obras el Doctor Adalberto Santos Bula García y para manejar la parte económica y compra de materiales me escogieron a mí por mis relaciones bancarias y capacidad económica (…)”.
• Adalberto Santos Bula García (se le adjudicaron cuatro contratos).
• Carlos Alberto Elías Hoyos (se le adjudicaron tres contratos). En su indagatoria indicó que (se transcribe de forma literal, incluso con posibles errores):
“[S]e hizo como un consorcio de hecho entre varios contratistas: mi persona, Bernardo Elías Nader, Adalberto Bula, Juan Carlos Flórez, Tufic Nader, Alberto Muskus y Carlos Aldana, y estuvimos de acuerdo en nombrar al señor Bernardo Elías como tesorero en la parte financiera, ya que él tenía una capacidad financiera más alta que la de nosotros, y para comprar los materiales al tiempo, esto con el fin de aminorar los costos, a la vez se nombró como ingeniero residente al Dr. Adalberto Bula, ya que este había tenido unos trabajos con anticipación con el municipio y conocía mejor lo que era la cuestión o ubicación de los materiales (…)”.
Tufic José Nader Sánchez (se le adjudicó un contrato). En su indagatoria describió que (se transcribe de forma literal, incluso con posibles errores):
“[E]ste contrato se desarrolló de común acuerdo verbal para que el anticipo en lo que hacía relación a los materiales y a la mano de obra lo manejara el arquitecto Bernardo Elías Nader, esto se motivó por cuestión de aprovechar la maquinaría que el Dr. Elías tenía desde algún tiempo en esta ciudad, periódicamente mi persona hacía presencia en esta ciudad con el fin de establecer y cumplir con la responsabilidad que conlleva este tipo de construcciones, el anticipo se manejó a través de una cuenta del Dr. Bernardo Elías Nader”.
• Alberto Mario Muskus Otero (se le adjudicaron dos contratos). En su indagatoria refirió que (se transcribe de forma literal, incluso con posibles errores):
“[U]na vez tenido el anticipo en cheques entonces los ingenieros del mismo convenio como había mucha confusión de calles decidimos manejar el convenio como una especia de consorcio, entonces yo, el anticipo lo reclamo en cheque, entonces yo hablé con el señor Bernardo Elías quien era una persona pudiente para que pudiera financiar la obra, y además que era una persona que tiene muy buenas relaciones bancarias, entonces los anticipos se los consigné en la cuenta de él en cheques”.
— El 23 de noviembre de 1999, el señor Juan Baldomero Aldana Tejada rindió indagatoria ante la entidad demandada y reconoció que suscribió dos contratos para la interventoría de las obras a ejecutar con base en los convenios 136 y 137 de 1998. Asimismo, que las actas de la interventoría no fueron firmadas “por mí directamente sino por una persona de mi entera confianza, es un familiar mío, no fueron todas sino solo algunas, creo que fueron actas parciales y otras finales”.
— El 1 de febrero de 2000, la Fiscalía General de la Nación practicó una inspección judicial en las instalaciones de la Personería municipal de La Unión, Sucre, y allí le entregaron una copia del informe técnico que la Contraloría General de la República elaboró respecto de los convenios 136 y 137 de 1998. En dicho documento se plasmaron las siguientes irregularidades (se transcribe de forma literal, incluso con posibles errores):
“En desarrollo de estos dos convenios (…) se programaron veintiún (…) contratos de pavimentación en concreto (…) para diferentes vías urbanas (…).
“Ninguno de los contratos fue numerado y se asignaron tramos de manera general para diferentes contratistas, sin que hubiera sido posible poder establecer la localización exacta de cada uno de los sectores, por cuanto el abscisado (puntos de inicio y terminación) no fue determinado dentro del texto contractual, sino la longitud de cada uno.
“De acuerdo con el proyecto de pavimentación presentado por el municipio a FINDETER, trece (13) obras dejaron de ser ejecutadas de acuerdo con la localización y objeto del contrato (…).
“[C]uando se hizo la asignación inicial, quedaron sobrepuestos contractualmente dos (2) contratos (que fueron trasladados posteriormente) (…).
“De acuerdo con lo manifestado por la Personera Municipal de La Unión, el ingeniero Baldomero Aldana, quien había sido incluido como interventor para los 21 contratos de pavimentos (y a quien le fueron elaborados dos contratos en fechas diferentes), no tenía conocimiento de ello y sin embargo aparecía su firma en varios documentos, motivo por el cual se presentó a reclamarle al Alcalde municipal, asistido por un abogado, para discutir sobre su inclusión como tal y resultó nombrado como interventor de las obras.
“En todos los contratos de este grupo se pueden establecer como un común denominador de fallas administrativas, las siguientes:
“- No fueron numerados los contratos.
“- No se llevó programación alguna.
“- Las obras no fueron recibidas en el terreno por el interventor, y las cantidades de obra contratadas son exactamente las canceladas en los (…) 21 contratos, caso ‘sui generis’ en obras de ingeniería, pese a no tener abscisado previo, lo que comprueba la inexistencia de una labor de interventoría.
“- No hubo control de inversión de acuerdo con la programación.
“(…) Las pólizas de los contratos no fueron aprobadas por la Oficina Jurídica.
“- No hubo control por parte del interventor, para el manejo de las cuentas de anticipo.
“- No existe el acta de liquidación final en ninguno de los contratos (…)”.
— El 15 de marzo de 2000, un ingeniero civil adscrito al CTI de la Fiscalía General de la Nación rindió un dictamen pericial y expuso que técnicamente el fraccionamiento de los contratos que se realizó en cumplimiento de los convenios en comento no era recomendable porque (se transcribe de forma literal, incluso con posibles errores):
“Desde el punto técnico administrativo considero que no se hace necesario el fraccionamiento de la contratación cuando se trata de una misma vía y más si esta empieza y termina en una intersección, puesto que dicho fraccionamiento acarrearía imprecisiones topográficas y gastos administrativos contractuales innecesarios. El fraccionamiento de los contratos aumenta la posibilidad de sobre costos en los valores unitarios de las actividades de obra, como se pudo comprobar en el análisis de los contratos en cuestión, ya que todos presentaron diferentes precios en el metro cuadrado de pavimentación, igualmente el fraccionamiento disminuye la precisión y la calidad de la obra, aumenta el trabajo y por ende los costos en la interventoría de obra (…)”.
— La Fiscalía General de la Nación, mediante proveído del 5 de mayo de 2000, a través del cual les resolvió la situación jurídica a los implicados, le impuso a los hoy demandantes y a otros ciudadanos, la medida de aseguramiento de detención preventiva, por los punibles de peculado por apropiación, celebración indebida de contratos sin el cumplimiento de requisitos legales y falsedad ideológica en documento público.
En ese proveído explicó que el señor Jaime Miguel Cordero Morales, en su condición de alcalde la Unión Sucre, fraccionó los contratos que suscribió para cumplir el objeto de los convenios 136 y 137 de 1998, pues omitió la licitación pública a la que se encontraba obligado.
Frente al señor Juan Baldomero Aldana Tejada, interventor, sostuvo que no firmó las actas parciales, finales de obra, cheques y otros documentos, y que permitió que lo hiciera un familiar por él.
Frente a los contratistas, entre ellos el señor Juan Carlos Flórez Anaya, les censuró el haber convenido crear un “consorcio como excusa” y así manejar los dineros en una sola cuenta con el fin de desfalcar al municipio de La Unión.
— A través de proveído del 22 de mayo de ese mismo año, el ente acusador repuso, parcialmente, la decisión descrita y desistió de imputarles a los demandantes el delito de peculado por apropiación, pues estos demostraron que no se les había pagado la totalidad del dinero pactado en los contratos que ejecutaron; además, les otorgó la prisión domiciliaria.
— El 16 de agosto de 2002, la Fiscalía General de la Nación profirió resolución de acusación en contra de los hoy demandantes y otros ciudadanos por los punibles de contrato sin el cumplimiento de requisitos legales, en concurso con el delito de uso de documento público falso y falsedad ideológica en documento público.
Respecto del alcalde de La Unión, Sucre, el señor Jaime Miguel Cordero Morales, expuso que incurrió en un fraccionamiento de contratos, porque suscribió 19 acuerdos de voluntades ajustando el valor de cada uno de estos para que no sobrepasaran la menor cuantía y no realizar una licitación pública (se transcribe de forma literal, incluso con posibles errores):
“Se encuentra demostrado que el monto del presupuesto municipal de la ciudad de La Unión para el año 1998 ascendió a la suma de $1.564’004.270 pesos, la cual sumada a la adición presupuestal del mes de junio del mismo año de $855’000.000 produjo un presupuesto tal de $2.419’004.270, el cual, en aplicación a lo preceptuado por el artículo 24, numeral primero, literal a de la Ley 80 prenombrada quedaría la menor cuantía en $50’956.500, suma esta que al sobrepasarla lo obligaba a realizar un contrato con formalidades plenas, es decir, tenía que efectuar un proceso licitatorio, situación que se concretiza en el caso en mención pues se hacía obligatorio hacerlo dado que el valor de los contratos celebrados ascendía a la suma de $933’947.370 (…)”.
Asimismo, porque vulneró el principio de transparencia y varió unilateralmente las obras a realizar sin contar con la autorización de Findeter, a lo cual se encontraba obligado según se pactó en los convenios 136 y 137 de 1998.
En cuanto al interventor, el señor Juan Baldomero Aldana Tejada, le reprochó el haber permitido que un familiar, con su anuencia, suscribiera varios documentos contractuales; igualmente, indicó que los contratistas, dentro de los que se encontraba el señor Juan Carlos Flórez Anaya, eran cómplices de esa irregularidad, dado que firmaron las actas anómalas, con pleno convencimiento de que las calles que allí se certificaban no correspondían a las que realmente se pavimentaron.
— En sentencia de primera instancia del 18 de diciembre de 2003, el Juzgado Promiscuo del Circuito de San Marcos, Sucre, absolvió a los procesados; en suma, sostuvo que el interventor, el señor Juan Baldomero Aldana Tejada, no causó ningún daño o perjuicio con su actuar, porque, a la larga, las obras se ejecutaron y no hubo pérdida de dineros públicos, consideraciones que le eran extensibles a los contratistas.
En lo que concierne con el Alcalde, el señor Cordero Morales, expresó que no existían pruebas de su culpabilidad.
— Esa decisión se apeló por la Fiscalía General de la Nación y por el Ministerio Público y, en segunda instancia, el 9 de noviembre de 2007, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Sincelejo, Sala Penal, la confirmó, porque encontró que la falsedad cometida por el interventor no podía ser objeto de reproche penal ante la falta de antijuridicidad formal, dado que las obras contratadas se ejecutaron sin sobrecostos y no se puso en peligro o se lesionó un interés jurídicamente tutelado.
Respecto del señor Cordero Morales explicó que no se probó el fraccionamiento de los contratos, porque, si bien “objetivamente” sucedió esa conducta, el mencionado ciudadano explicó en su indagatoria que firmó los contratos de forma directa para no perder los recursos asignados y la posibilidad de beneficiar a la comunidad, circunstancia que no se investigó por la Fiscalía General de la Nación, por lo cual la duda debía resolverse en favor del acusado, amén de que si se admitiera el fraccionamiento “el mismo no fue motivado por intereses mezquinos o corruptos del alcalde, sino por un interés general de beneficio para la comunidad”.
En cuanto al cambio unilateral de los tramos a pavimentar manifestó que no compartía la excusa que ofreció el alcalde referente a que Findeter no le informó de la autorización que debía conseguir para proceder en ese sentido, porque así aparecía establecido en los convenios 136 y 137 de 1998; sin embargo, concluyó que esa circunstancia no configuraba el delito de celebración indebida de contratos, pues la variación de las vías tuvo como fin primordial resguardar el interés general, como principio rector de la contratación pública.
Como puede verse, a lo largo de la investigación penal a cargo de la Fiscalía General de la Nación e inclusive en las sentencias que absolvieron a los señores Juan Carlos Flórez Anaya, Jaime Miguel Cordero Morales y Juan Baldomero Aldana Tejada, se expusieron los comportamientos reprochables que estos desplegaron y que dieron lugar a que se les privara de su libertad, en particular, los siguientes:
— El señor Jaime Miguel Cordero Morales, en su condición de alcalde de La Unión, Sucre, omitió celebrar una licitación pública para adjudicar el contrato de pavimentación de las vías de esa entidad territorial, de conformidad con los convenios No 136 y 137 que suscribió con Findeter, pues la cuantía de estos ascendió a la suma de $933’947.370 y, en su lugar, suscribió directamente un total de 21 contratos, según lo indicó la Contraloría General de la República en su informe, con 6 constructores diferentes.
Durante la ejecución de esos contratos primó el desorden y la improvisación, porque como lo describió Findeter en su denuncia penal y la Contraloría General de la República en el acta de la visita técnica que practicó, el señor Cordero Morales:
i) Cambió unilateralmente los tramos que se debían pavimentar en 13 trayectos y desconoció que los convenios 136 y 137 de 1998 le imponían el deber de consultar cualquier variación con Findeter.
ii) No le informó a Findeter de esos cambios y con el interventor y los contratistas suscribió unas actas de recibido a satisfacción en las que mintió, porque con estas intentó hacerle creer a dicha entidad que se habían pavimentado las calles inicialmente acordadas, cuando, en verdad, se intervinieron otras.
iii) Las actas de obra radicadas ante Findeter no coincidían con lo ejecutado, por lo cual no resultó posible realizar un seguimiento estricto a los dineros públicos invertidos.
iv) Los contratos no se numeraron y los tramos se asignaron sin rigor y con total falta de planeación, porque no se tenía certeza de los trayectos que cada uno de los contratistas debía ejecutar, en dónde comenzaba, en qué lugar terminaba, ni su longitud.
v) No hubo programación ni control de la inversión en la ejecución de los contratos, no se aprobaron las pólizas y estos no se liquidaron.
vi) El perito de la Fiscalía General de la Nación fue explícito al afirmar que técnica y administrativamente no era aconsejable fraccionar ese tipo de contratos, porque generaba sobrecostos y falta de precisión y calidad de las obras.
Vistas así las cosas, es evidente que con los anteriores comportamientos se vulneraron abiertamente los principios de planeación, economía, responsabilidad, selección objetiva y transparencia, que debían observarse por las entidades públicas contratantes y sus representantes en cualquier proceso de selección.
— El señor Juan Baldomero Aldana Tejada, en su condición de interventor, actuó de forma poco ética pues designó a un familiar para que firmara por él varios documentos contractuales como actas de recibido a satisfacción parciales y finales, así como algunos cheques; asimismo, le envió a Findeter, como ya se dijo, junto con el alcalde y los demás contratistas, unas actas suscritas en las que no se contaba la verdad sobre los cambios que se hicieron en las vías a pavimentar; igualmente, Findeter y la Contraloría General de la República hallaron, en su actuar, los siguientes comportamientos:
i) Certificó que las calles estaban pavimentadas en un 100% cuando en el convenio 136 apenas avanzaron un 35% y en el convenio 137 un 25%.
ii) No recibió las obras en terreno.
iii) No controló el manejo de las cuentas de los anticipos.
Cabe anotar que para la fecha de los hechos se encontraba vigente el artículo 53 de la Ley 80 de 1993, según el cual, entre otros, los interventores debían responder civil, fiscal, penal y disciplinariamente (se transcribe de forma literal, incluso con posibles errores):
“[T]anto por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de interventoría, como por los hechos u omisiones que le sean imputables y causen daño o perjuicio a las entidades, derivados de la celebración y ejecución de los contratos respecto de los cuales hayan ejercido o ejerzan las funciones de interventoría, incluyendo la etapa de liquidación de los mismos siempre y cuando tales perjuicios provengan del incumplimiento o responsabilidad directa, por parte del interventor, de las obligaciones que a este le correspondan conforme con el contrato de interventoría”.
— Finalmente, el contratista demandante, el señor Juan Carlos Flórez Anaya, reconoció que no ejecutó directamente los dos contratos que se le adjudicaron, pues, sin una justificación aceptable y válida, consignó los dineros de los anticipos en una cuenta a nombre del señor Bernardo Elías Nader, quien, en realidad, y de conformidad con lo manifestado por él mismo y los demás contratistas en sus indagatorias, era el verdadero encargado de ejecutar la pavimentación de las vías de La Unión, Sucre, pues tenía la capacidad económica, la maquinaría y las relaciones con los bancos.
Con lo anterior se quiere significar que el señor Flórez Anaya y, en general, los otros contratistas mencionados a lo largo de este fallo, con el actuar descrito, crearon un manto de duda que no se despejó, pues los comportamientos desplegados no son normales dentro de la ejecución de esta clase de contratos, porque se supone que el contratista adjudicatario debe contar con la capacidad económica, técnica y financiera necesaria para cumplir el compromiso que adquiere al suscribir con el Estado un negocio jurídico de este tipo.
Si lo hace y no cuenta con los medios para cumplir con el objeto contractual pactado entonces falta a la verdad e incumple con uno de sus deberes, según lo establecía el artículo 5.2 de la Ley 80 de 1993, este es el de “obrar con lealtad y buena fe”.
Todo lo anterior supone que, si bien los señores Juan Carlos Flórez Anaya, Jaime Miguel Cordero Morales y Juan Baldomero Aldana Tejada sufrieron un daño por la privación de su libertad, aquel no resultó antijurídico, de acuerdo con los parámetros establecidos en la sentencia de unificación del 15 de agosto de 2018 -exp. 46.947-, proferida por la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado.
Al respecto, la jurisprudencia de esta Sección ha reiterado que cuando la conducta del procesado justificó la actuación judicial, particularmente en lo que atañe a la restricción de su libertad, es posible concluir que el daño irrogado proviene de la propia víctima, aun cuando no hubiere sido condenada, siempre que su actuar, ya sea activo u omisivo, hubiese sido la causa eficiente y determinante en la producción del resultado lesivo. Así lo ha entendido esta Corporación:
“Cabe recordar que la culpa exclusiva de la víctima, entendida como la violación por parte de esta de las obligaciones a las cuales está sujeto el administrado, exonera de responsabilidad al Estado en la producción del daño.
“(…).
“Específicamente, para que pueda hablarse de culpa de la víctima jurídicamente, ha dicho el Consejo de Estado, debe estar demostrada además de la simple causalidad material según la cual la víctima directa participó y fue causa eficiente en la producción del resultado o daño, el que dicha conducta provino del actuar imprudente o culposo de ella, que implicó la desatención a obligaciones o reglas a las que debía estar sujeta.
“De igual forma, se ha dicho:
‘… para que la culpa de la víctima releve de responsabilidad a la administración, aquella debe cumplir con los siguientes requisitos:
‘Una relación de causalidad entre el hecho de la víctima y el daño. Si el hecho del afectado es la causa única, exclusiva o determinante del daño, la exoneración es total. Por el contrario, si ese hecho no tuvo incidencia en la producción del daño, debe declararse la responsabilidad estatal. Ahora bien, si la actuación de la víctima concurre con otra causa para la producción del daño, se producirá una liberación parcial, por aplicación del principio de concausalidad y de reducción en la apreciación del daño, de acuerdo con lo previsto en el artículo 2357 del Código Civil” (negrillas y subrayas de la Sala).
En concordancia con lo anterior, para identificar los mencionados conceptos de culpa grave y dolo, la jurisprudencia ha acudido a los criterios contemplados en el artículo 63 del Código Civil, de los cuales se extrae que el primero corresponde a un comportamiento grosero, negligente, despreocupado o temerario, mientras que el segundo se equipara con la conducta realizada con la intención de generar daño a una persona o a su patrimonio.
En asuntos como el que aquí se debate, la culpa exclusiva de la víctima se configura cuando se acredita que el afectado actuó con temeridad dentro del proceso penal o que incurrió en comportamientos irregulares que ameritaban el adelantamiento de la respectiva investigación y, de manera consecuente, justificaban la imposición de una medida que le privara de su libertad.
En ese entendido, a pesar de que los hoy demandantes fueron absueltos dentro del proceso penal que se les siguió por los punibles de celebración de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, falsedad en documento público y uso de documento público falso, a la Sala no le cabe duda de que aquellos tuvieron unos comportamientos irregulares que justificaron la investigación que se les adelantó y que se dictara en su contra una medida restrictiva de su libertad, lo cual, desde luego, no implica una calificación de las decisiones adoptadas por la justicia ordinaria, en orden a determinar si fueron acertadas o no.
En línea con lo anterior, se precisa que si bien las conductas de los demandantes no tuvieron implicaciones penales desde el punto de vista de una condena por los delitos imputados, la Sala concluye que su actuar fue determinante en la producción del daño, entendido como la imposición de medida de aseguramiento, pues se demostró que no obraron de la manera que les era jurídicamente exigible.
A manera de conclusión y en los términos de la sentencia de unificación a la que se ha hecho alusión, resulta viable concluir que el daño que sirvió de sustento a la presente demanda no tiene el carácter de antijurídico, en la medida en que los aquí actores sí se encontraban en el deber jurídico de soportar la restricción de su libertad, dado que incurrieron en las conductas irregulares que han sido puestas de presente y que incidieron directamente en la medida de aseguramiento de detención preventiva que se les impuso, de ahí que no se configuren en el asunto sub judice los elementos para declarar la responsabilidad patrimonial de la entidad demandada.
En síntesis, la Sala revocará las sentencias objeto de los recursos de apelación y se resolverá lo siguiente: en el proceso No 56.327 se declarará probada, de oficio, la excepción de caducidad de la acción y, en los demás, 52.416, 58.491 y 60.358, se negarán las súplicas al encontrarse demostrada la causal eximente de responsabilidad denominada culpa exclusiva de la víctima.
8. Condena en costas
En vista de que no se observa en este caso temeridad o mala fe en el actuar de las partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas, de conformidad con lo previsto en el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida el 29 de mayo de 2014 (52.416), por el Tribunal Administrativo de Sucre, la cual quedará así:
“PRIMERO: NEGAR las súplicas de la demanda.
“SEGUNDO: Sin condena en costas”.
SEGUNDO: REVOCAR la sentencia proferida el 17 de junio de 2015 (56.327), por el Tribunal Administrativo de Sucre, la cual quedará así:
“PRIMERO: DECLARAR que ocurrió la caducidad de la acción de reparación directa, por los fundamentos expuestos en la parte motiva de esta providencia.
“SEGUNDO: NEGAR las súplicas de la demanda.
“TERCERO: Sin condena en costas”.
TERCERO: REVOCAR la sentencia proferida el 30 de marzo de 2016 (58.491), por el Tribunal Administrativo de Sucre, la cual quedará así:
“PRIMERO: NEGAR las súplicas de la demanda.
“SEGUNDO: Sin condena en costas”.
CUARTO: REVOCAR la sentencia proferida el 30 de marzo de 2017 (60.358), por el Tribunal Administrativo de Sucre, la cual quedará así:
“PRIMERO: NEGAR las súplicas de la demanda.
“SEGUNDO: Sin condena en costas”.
QUINTO: Ejecutoriada la presente providencia, por Secretaría DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
MARÍA ADRIANA MARÍN MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
CARLOS ALBERTO ZAMBRANO BARRERA
Folios 318 a 332 del cuaderno de segunda instancia (exp. 52.416). Folios 454 a 471 del cuaderno de segunda instancia (exp. 56.327). Folios 283 a 294 del cuaderno de segunda instancia (exp. 58.491). Folios 356 a 369 del cuaderno de segunda instancia (exp.60.358). Folios 16 y 77 del cuaderno 1 (exp.52.416). Los demandantes acudieron a través de apoderado y los poderes obran de folios 23 a 28 del cuaderno 1 (exp.52.416). Folios 26 del cuaderno 1 y 290 del cuaderno 2 (exp.56.327). Los demandantes acudieron a través de apoderado y los poderes obran de folios 27 a 31 del cuaderno 1 (exp.56.327). Folios 19 y 179 del cuaderno 1. Exp. 58.491. Los demandantes acudieron a través de apoderado y los poderes obran de folios 23 a 28 del cuaderno 1 (exp.58.491). Folio 13 vuelto y 170 del cuaderno 1 (exp.60.358)
De conformidad con los poderes obrantes en los folios 14 y 15 del cuaderno 1 (exp.60.358). Lo anterior sucedió a través de autos del 9 de julio de 2008 y del 6 de agosto del mismo año (fl.79 y 168 del cuaderno 1. Expediente 52.416). Folios 174 a 175 del cuaderno 1. Expediente 52.416
Folios 180 a 184 del cuaderno 1. Expediente 52.416
Folios 186 a 187 del cuaderno 1. Expediente 52.416
Folio 187 vuelto y 199 del cuaderno 1. Expediente 52.416
Folios 201 a 210 del cuaderno 2 (exp. 52.416). Folio 280 del cuaderno 2 (exp. 52.416). Folios 282 a 296 y 304 a 310 del cuaderno 2 (exp. 52.416). Folios 311 a 315 del cuaderno 2 (exp. 52.416). Folios 292 y 293 del cuaderno 2 (exp. 56.327). Las notificaciones se surtieron en debida forma según se observa a folios 293 vuelto, 296 y 297 del cuaderno 2 (expediente 56.327). Folios 299 a 305 del cuaderno 2 (exp. 56.327). Folios 309 a 319 del cuaderno 2 (exp. 56.327). Folios 373 a 374 del cuaderno 2 (exp. 56.327). Folio 393 del cuaderno 2 (exp. 56.327). Folios 395 a 418 del cuaderno 2 (exp. 56.327). Folios 181 y 182 del cuaderno 1 (exp. 58.491). Folios 182 vuelto y 186 del cuaderno 1 (exp. 58.491). Folios 188 a 198 del cuaderno 1 (exp. 58.491). Folios 235 a 237 del cuaderno 2 (exp. 58.491). Folio 278 del cuaderno 2 (exp. 58.491). Folios 172 y 173 del cuaderno 1 (expediente 60.358). Las notificaciones se surtieron en debida forma según se observa a folios 173 vuelto y 176 del cuaderno 1 (expediente 60.358). El a quo, en la sentencia de primera instancia, no tuvo en cuenta la contestación de la demanda de la Fiscalía General de la Nación, porque, según lo indicó, esta se radicó extemporáneamente; sin embargo, la Sala observa que esa conclusión no es válida, dado que la fijación en lista se efectuó el 6 de octubre de 2010, de tal manera que los diez días vencieron el 20 de ese mismo mes y año, fecha en la cual se presentó el escrito aludido (folios 177 y 178 del cuaderno 1. Expediente 60.358). Folios 178 a 189 del cuaderno 1 (exp. 60.358). Folios 240 a 241 del cuaderno 1 (exp. 60.358). Folio 307 del cuaderno 1 (exp. 60.358). Folios 309 a 319 del cuaderno 1 (exp. 60.358). Folios 318 a 332 del cuaderno de segunda instancia. Expediente 52.416. Folios 454 a 471 del cuaderno de segunda instancia. Expediente 56.327. Folios 283 a 294 del cuaderno de segunda instancia. Expediente 58.491. Folios 356 a 369 del cuaderno de segunda instancia (exp. 60.358). Folios 334 a 346 del cuaderno de segunda instancia (exp. 52.416); Folios 373 a 381 del cuaderno de segunda instancia (exp. 60.358) y 298 a 307 del cuaderno de segunda instancia (exp. 58.491). Folios 487 a 498 del cuaderno de segunda instancia (exp. 56.327). Folios 475 a 486 del cuaderno de segunda instancia (exp.56.327). Folio 386 del cuaderno de segunda instancia (exp. 52.416). Folios 391 a 392 del cuaderno de segunda instancia (exp. 52.416). Folio 394 del cuaderno de segunda instancia (exp. 52.416). Folios 395 a 401del cuaderno de segunda instancia (exp. 52.416). Folio 524 del cuaderno de segunda instancia (exp. 56.327). Folio 528 del cuaderno de segunda instancia (exp. 56.327). Folio 546 del cuaderno de segunda instancia (exp. 56.327).
Folios 547 a 554 y 574 a 590 del cuaderno de segunda instancia (exp. 56.327). Folios 349 a 350 del cuaderno de segunda instancia (exp. 58.491). Folio 358 del cuaderno de segunda instancia (exp. 58.491). Folio 360 del cuaderno de segunda instancia (exp. 58.491). Folios 361 a 371 del cuaderno de segunda instancia (exp. 58.491). Folios 384 a 390 del cuaderno de segunda instancia (exp.58.491). Folios 430 y 431 del cuaderno de segunda instancia (exp. 60.358). Folio 436 del cuaderno de segunda instancia (exp. 60.358). Folio 438 del cuaderno de segunda instancia (exp. 60.358). Folios 440 a 447 del cuaderno de segunda instancia (exp. 60.358). Folios 462 a 477 del cuaderno de segunda instancia (exp. 60.358). Folios 431 a 433 y 445 a 447 del cuaderno de segunda instancia (exp. 58.491). Al respecto consultar la sentencia del 24 de mayo de 2017, expediente 49.740, sentencia del 30 de agosto de 2017, expediente 51.057, sentencia del 23 de octubre de 2017, expediente 52.070, sentencia del 6 de diciembre de 2017, expediente 54.859, entre muchas otras decisiones de la Sala. Sobre este tema consultar auto proferido por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo el 9 de septiembre de 2008, C.P. Mauricio Fajardo Gómez, expediente 11001-03-26-000-2008-00009-00, actor: Luz Elena Muñoz y otros. Al respecto consultar la sentencia del 22 de junio de 2017, expediente 44784, Magistrado Ponente: Hernán Andrade Rincón, sentencia del 24 de mayo de 2017, expediente 42979, Magistrado Ponente: Hernán Andrade Rincón, sentencia del 10 de noviembre de 2017, expediente 47874, Magistrado Ponente: Carlos Alberto Zambrano Barrera, sentencia del 28 de septiembre de 2017, expediente 52.897 y sentencia del 10 de noviembre de 2017, expediente 47.294, entre muchas otras providencias. Al respecto, consultar las siguientes decisiones de la Subsección: i) sentencia del 1 de octubre de 2018, expediente No 25000-23-26-000-2010-00442-01 (47672); y ii) auto del 31 de enero de 2019, expediente No. 81001-23-33-003-2017-0023-01 (61.265). Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 1° de octubre de 2018, expediente 47672. Folios 170 a 196 del cuaderno 1 (exp. 56.327). Folios 198 a 233 del cuaderno 1 y 234 a 245 del cuaderno 2 (exp. 56327). El artículo 197 del Decreto Ley 2700 de 1991, Código de Procedimiento Penal vigente para la época, señalaba:
“Artículo 197.- Ejecutoria de las providencias. Las providencias quedan ejecutoriadas tres días después de notificadas si no se han interpuesto los recursos y no deban ser consultadas. La que decide el recurso de casación, salvo cuando se sustituya la sentencia materia del mismo, la que lo declara desierto, y las que deciden la acción de revisión, los recursos de hecho, o de apelación contra las providencias interlocutorios, quedan ejecutoriadas el día en que sean suscritas por el funcionario correspondiente (…)” (se destaca). Folios 19 y 179 del cuaderno 1 (exp. 58.491). En este proceso se radicó ante la Procuraduría General de la Nación una solicitud de conciliación extrajudicial el 13 de octubre de 2009 y el acta de no acuerdo se expidió el 24 de noviembre de ese mismo año. Durante ese lapso el término de caducidad se suspendió (fl. 22 del cuaderno 1). Folios 13 vuelto y 170 del cuaderno 1 (exp. 60.358). En este proceso se radicó ante la Procuraduría General de la Nación una solicitud de conciliación extrajudicial el 19 de noviembre de 2009 y el acta de no acuerdo se expidió el 19 de febrero de 2010. Durante ese lapso el término de caducidad se suspendió (fl. 167 del cuaderno 1). Folios 16 y 77 del cuaderno 1 (exp. 52.416). Folios 26 del cuaderno 1 y 290 del cuaderno 2 (exp.56.327). Folio 289 del cuaderno 2 (exp. 56.327).
“ARTICULO 21. SUSPENSION DE LA PRESCRIPCION O DE LA CADUCIDAD.
La presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial en derecho ante el conciliador suspende el término de prescripción o de caducidad, según el caso, hasta que se logre el acuerdo conciliatorio o hasta que el acta de conciliación se haya registrado en los casos en que este trámite sea exigido por la ley o hasta que se expidan las constancias a que se refiere el artículo 2° de la presente ley o hasta que se venza el término de tres (3) meses a que se refiere el artículo anterior, lo que ocurra primero. Esta suspensión operará por una sola vez y será improrrogable” (se destaca).
“Artículo 2°. Asuntos susceptibles de conciliación extrajudicial en materia contencioso administrativa (…).
“Parágrafo 1°. No son susceptibles de conciliación extrajudicial en asuntos de lo contencioso administrativo:
“(…) Los asuntos en los cuales la correspondiente acción haya caducado” (se destaca). Expediente número 46.005. M.P. Danilo Rojas Betancourth. Que obran a folios 17 a 22 del cuaderno 1 (exp. 52.416). Folio 33 del cuaderno 1 (exp. 58.491). Folios 31, 32 y 34 del cuaderno 1 (exp. 58.491). Folio 33 del cuaderno 1 (exp. 58.491). De conformidad con lo establecido en la Ley 92 de 1938, las partidas eclesiásticas son documentos idóneos para acreditar situaciones del estado civil de las personas ocurridas durante su vigencia, la cual se extendió hasta la entrada en vigencia del artículo 105 del Decreto 1260 del 5 de agosto de 1970 y, comoquiera que el matrimonio de los mencionados ciudadanos fue celebrado el 19 de junio de 1993, se concluye que el documento aportado con el libelo introductorio no resulta válido para acreditar la calidad de cónyuges entre estos. Sobre el tema, se pronunció la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en sentencia del 25 de febrero de 2009, expediente 18106, Magistrada Ponente: Dra. Ruth Stella Correa Palacio, la cual fue reiterada por la Subsección A de la Sección Tercera de esta Corporación, en providencia del 1 de agosto de 2016, expediente 42.259. Folio 18 del cuaderno 1 (exp. 60.358)
Folios 24 y 26 del cuaderno 1 (exp. 60.358). Así se desprende del registro civil de nacimiento del señor Jaime Miguel Cordero Morales visto a folio 16 del cuaderno 1 (exp. 60.358). Folios 19 a 22 del cuaderno 1 (exp. 60.358). Se recuerda que en los procesos identificados con los números de radicado interno 52.416, 58.491 y 60.358, y respecto de los cuales no se declaró la caducidad de la acción, porque la demanda se presentó de forma oportuna, solamente se demandó a la Fiscalía General de la Nación. Radicado No 41001-23-31-000-1994-07654-01, M.P. Danilo Rojas Betancourth, según la cual:
“(…) se considera en este punto que, el hecho de que los intervinientes del proceso hubieran conocido el contenido de los documentos allegados como prueba trasladada, permite fallar de fondo el presente asunto con base en ellos, toda vez que resultaría contrario a la lealtad procesal que las partes utilizaran unas pruebas como fundamento de sus alegaciones y que luego, al ver que su contenido puede resultar desfavorable a sus intereses, predicaran su ilegalidad, pretextando que en el traslado de los documentos no se cumplió con las formalidades establecidas en el Código de Procedimiento Civil. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Magistrado Ponente: Gustavo Eduardo Gómez Aranguren, sentencia del 12 de marzo de 2013, Radicación número: 110010315000201100/2012-00899, reiterada por la Subsección A de la Sección Tercera de esta Corporación en sentencias del 8 de noviembre de 2016, expediente 44.697 y del 1 de marzo de 2018, expediente 49.884, Magistrada Ponente: María Adriana Marín.
La medida de aseguramiento de detención preventiva se les impuso a los investigados por la Fiscalía General de la Nación mediante proveído del 5 de mayo de 2000, a través del cual se les resolvió la situación jurídica una vez rindieron las indagatorias; en tanto que la prisión domiciliaria se les otorgó, por esa misma institución, a través de proveído del 22 de mayo de ese mismo año (folios 463 a 477 y 653 a 657 del cuaderno de pruebas 8. Expediente 52.416). Esta información se desprende de la denuncia penal que Findeter radicó ante la Fiscalía General de la Nación el 14 de mayo de 1999 (fl. 1 a 5 del cuaderno de pruebas 8. Expediente 52.416). Folios 1 a 5 del cuaderno de pruebas 8. Expediente 52.416. Folios 14 a 18 del cuaderno de pruebas 8. Expediente 52.416. Folios 59 a 100 del cuaderno de pruebas 8. Expediente 52.416. Folios 123 a 140 del cuaderno de pruebas 8. Expediente 52.416. Folios 146 a 153 del cuaderno de pruebas 8. Expediente 52.416. Folios 183 a 187 del cuaderno de pruebas 8. Expediente 52.416. Folios 155 a 164 del cuaderno de pruebas 8. Expediente 52.416. Folios 171 a 176 del cuaderno de pruebas 8. Expediente 52.416. En su indagatoria explico que (se transcribe de forma literal, incluso con posibles errores): “Después de adjudicados los contratos, un grupo de contratistas nos reunimos con el fin de darle agilidad a las obras y optamos porque el encargado de las obras fuese un solo ingeniero sin quitarle responsabilidad a los contratistas, agilidad que se vería reflejada en la rapidez de ejecutar las obras (…)”. Folios 171 a 176
Folios 171 a 176 del cuaderno de pruebas 8. Expediente 52.416. Folios 188 a 193 del cuaderno de pruebas 8. Expediente 52.416. Folios 195 a 199 del cuaderno de pruebas 8. Expediente 52.416. Folios 204 a 208 del cuaderno de pruebas 8. Expediente No 52.416. Folios 320 a 338 del cuaderno de pruebas 8. Expediente No 52.416. Folios 450 a 462 del cuaderno de pruebas 8. Expediente No 52.416. Folios 463 a 477 del cuaderno de pruebas 8. Expediente No 52.416. Folios 653 a 657 del cuaderno de pruebas 8. Expediente No 52.416. Folios 843 a 866 del cuaderno de pruebas 1 y 867 a 869 del cuaderno de pruebas 3. Expediente 52.416. Folios 138 a 164 del cuaderno 1. Expediente 52.416. Folios 91 a 125 del cuaderno 1. Expediente 52.416. Según el cual, las entidades estatales debían “elaborar, antes de emprender el proceso de selección del contratista, los estudios completos y análisis serios que el proyecto demande, los cuales inciden en la etapa de formación del contrato y en forma –si se quiere más significativa- en su etapa de ejecución”, en la medida en que: “ (…) no se puede licitar ni contratar la ejecución de una obra sin que previamente se hayan elaborado los planos, proyectos y presupuesto respectivos, y determinado las demás especificaciones necesarias para su identificación. Sentencia del 19 de junio de 2008, radicación número: AP-19001-23-31-000-2005-00005-01, C.P. Ruth Stella Correa Palacio. Según el artículo 26 de la Ley 80 de 1993, con base en este principio:
“1o. Los servidores públicos están obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la contratación, a vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y a proteger los derechos de la entidad, del contratista y de los terceros que puedan verse afectados por la ejecución del contrato (…)”.
“5o. La responsabilidad de la dirección y manejo de la actividad contractual y la de los procesos de selección será del jefe o representante de la entidad estatal, quien no podrá trasladarla a las juntas o consejos directivos de la entidad, ni a las corporaciones de elección popular, a los comités asesores, ni a los organismos de control y vigilancia de la misma”.
Indicaba el artículo 29 de la Ley 80 de 1993 que: “Es objetiva la selección en la cual la escogencia se hace al ofrecimiento más favorable a la entidad y a los fines que ella busca, sin tener en consideración factores de afecto o de interés y, en general, cualquier clase de motivación subjetiva”. Establecía el artículo 24.1 de la Ley 80 de 1993 que: “1o. La escogencia del contratista se efectuará siempre a través de licitación o concurso públicos, salvo en los siguientes casos en los que se podrá contratar directamente (…)”. M.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 5 de abril de 2017, exp. 41977, radicado No. 05001-23-31-000-2003-00113-01. Actor: Wilson Antonio Chaverra González y otros. Demandado: Nación – Rama Judicial – Fiscalía General de la Nación; sentencia del 26 de abril de 2017, exp. 45313, radicación No. 25000-23-31-000-2009-00414-01. Actor: Luis Porfidio Farías Sánchez y otros. Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación; sentencia del 7 de junio de 2017, exp. 42021, radicación No. 25000-23-26-000-2009-00496-01. Actor: Jairo Hernán Benjumea y otros. Demandado. Nación – Fiscalía General de la Nación, entre muchas otras. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 9 de julio de 2014, expediente 38.438, M.P. Hernán Andrade Rincón. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 20 de abril de 2005; expediente 15784; Magistrado Ponente: Ramiro Saavedra Becerra. En este sentido se pueden consultar, entre otras, las siguientes providencias: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 18 de febrero de 2010, exp. 17.933, M.P. Ruth Stella Correa Palacio; Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 30 de abril de 2014, exp. 27.414, M.P. Danilo Rojas Betancourth; Sección Tercera Subsección B, sentencia de 2 de mayo de 2016, exp. 32.126, M.P. Danilo Rojas Betancourth, reiteradas por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 1 de agosto de 2016, exp. 41.601, M.P. Hernán Andrade Rincón. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 20 de abril de 2005; expediente 15784; Magistrado Ponente: Ramiro Saavedra Becerra.
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