Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 52001-23-33-000-2015-00388-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 52001-23-33-000-2015-00388-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 52001-23-33-000-2015-00388-01
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
19 de septiembre de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., diecinueve (19) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 52001-23-33-000-2015-00388-01 (5086-2022)
Demandante: Alexandra Anyeli Hernández Tarapuez
Demandados: Departamento Administrativo para la Prosperidad Social1
Tema: Relación laboral encubierta
Sentencia de segunda instancia
________________________________________________________________
Asunto
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada contra
la sentencia proferida el 22 de enero de 2020 por el Tribunal Administrativo de
Nariño, Sala de Decisión Oral, por medio de la cual accedió de manera parcial a las
pretensiones de la demanda.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
1. Alexandra Anyeli Hernández Tarapuez presentó demanda en ejercicio del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo2, en
orden a que se declarara la nulidad del Oficio 20146100981641 del 15 de diciembre
de 2014, por medio del cual la subdirectora de contratación del Departamento
Administrativo para la Prosperidad Social le negó la existencia de una relación
laboral por sus servicios en la Agencia Presidencial para la Acción Social y la
Cooperación Internacional3 como profesional de registro entre el 1º de agosto de
2006 y el 31 de diciembre de 2011 y el pago de las prestaciones sociales y laborales
que se derivaban de ella.
2. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho
1 Antes Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional (Acción Social).
2 En adelante CPACA.
3 En lo sucesivo Acción Social.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 52001-23-33-000-2015-00388-01 (5086-2022)
Demandante: Alexandra Anyeli Hernández Tarapuez
solicitó: i) la declaración de la existencia de una relación laboral entre las partes por
el periodo reclamado; ii) el pago de las prestaciones laborales y sociales, tales como
las cesantías y sus intereses, las vacaciones y las primas de servicios, de navidad
y de vacaciones, y la bonificación especial por recreación; iii) la devolución de los
aportes hechos al sistema de seguridad social (salud y pensión); iv) el
reconocimiento de la indemnización moratoria por el no pago de las cesantías y de
los intereses moratorios a los que haya lugar; v) la indexación de las sumas que
resultaren de la condena; y vi) el cumplimiento de la sentencia en los términos
previstos en el artículo 195 del CPACA.
1.1.2. Fundamentos fácticos
3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:
3.1. Alexandra Anyeli Hernández Tarapuez laboró al servicio de Acción Social como
profesional de registro en la unidad territorial de Nariño entre el 1º de agosto de
2006 y el 31 de diciembre de 2011, vinculada a través de contratos de prestación
de servicios suscritos de manera directa con la entidad, periodo en el que realizó
sus funciones de forma ininterrumpida y permanente, de manera personal en las
instalaciones de la unidad, con un pago mensual como contraprestación por las
actividades que desempeñó y dentro de un horario impuesto de lunes a viernes de
8:00 a 12:00 am y de 2:00 a 6:00 pm, incluso después de esa hora para atender las
cargas laborales.
3.2. Las actividades que desarrolló eran propias de la misión de la entidad, las cuales
consistían en la radicación y valoración de declaraciones, respuestas a derechos de
petición, remisión de los actos administrativos al ministerio público, proceso de
novedades y de notificación, entre otras, y que dieron lugar al cumplimiento de los
objetivos de la entidad en la atención a la población desplazada.
3.3. Sibien es cierto que entre la finalización y el inicio de los contratos se
presentaron interrupciones breves, lo cierto es que durante estas tuvo que acudir
por disposición de la entidad a trabajar, toda vez que las funciones que realizaba no
podían suspenderse, pues eran esenciales para el registro de la población
desplazada.
3.4. En el desarrollo de sus funciones siempre estuvo supeditada a las órdenes y
directrices de sus jefes inmediatos, entre ellos los coordinadores y los directores de
la unidad territorial, los elementos para el desempeño de sus actividades eran
suministrados por la entidad y debía presentar informes escritos y verbales y
solicitar permiso para ausentarse de su sitio de trabajo.
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Demandante: Alexandra Anyeli Hernández Tarapuez
3.5. Las prestaciones sociales y laborales a las cuales tenía derecho por ley, propias
de los empleados de planta que ejercían sus funciones, no le fueron reconocidas y
tuvo que pagar por cuenta propia la seguridad social.
3.6. El 20 de junio de 2012, fue nombrada en provisionalidad como profesional de
registro en la entidad; sin embargo, continuó con el ejercicio de iguales labores a
las que desarrollaba como contratista.
3.7. El 25 de noviembre de 2014, solicitó a la entidad demandada el reconocimiento
de la existencia de la relación laboral por sus servicios en Acción Social entre el 1º
de agosto de 2006 y el 31 de diciembre de 2011 y el pago de las prestaciones que
se derivaban de ella, petición que fue negada por la subdirectora de contratación de
la entidad a través del Oficio 20146100981641 del 15 de diciembre de 2014.
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
4. Como tales, se señalaron los artículos 53 de la Constitución Política; 32 de la Ley
80 de 1993; y 7 del Decreto 1959 de 1973.
5. En cuanto al concepto de violación expuso lo siguiente4:
5.1. El principio de la primacía de la realidad sobre las formas se desconoció, no
obstante haberse configurado los elementos propios de una relación laboral, toda
vez que se acreditó la existencia de un trabajo desarrollado de manera personal,
permanente e ininterrumpido al servicio de Acción Social entre el 1º de agosto de
2006 y el 31 de diciembre de 2011, la sujeción a un horario impuesto, el pago
mensual como retribución por las labores ejercidas y la constante subordinación o
dependencia respecto de sus superiores en el desarrollo de las actividades, las
cuales hacían parte del objeto social de la entidad.
5.2. Este principio
implica develar la desigualdad existente entre trabajadores y
empleadores, así como la necesidad de garantizar los derechos de aquellos, sin
que puedan verse afectados o desmejorados en sus condiciones por las simples
formalidades.
5.3. Si bien es cierto que la Ley 80 de 1993 estableció la posibilidad de que las
entidades acudiesen a la modalidad de contratación de prestación de servicios,
también lo es que las funciones de carácter permanente no pueden ser ejercidas
por el personal vinculado a través de esta figura.
4 Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«16ED_OneDrive_3_282024zip(.zip) NroActua 2», carpetas «02 Demanda.pdf» y «05
CorrecciónDemanda.pdf».
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Demandante: Alexandra Anyeli Hernández Tarapuez
1.2. Contestación de la demanda
6. Laentidad demanda se opuso a la prosperidad de las pretensiones con
fundamento en las siguientes consideraciones5:
6.1. La demandante prestó sus servicios profesionales con autonomía técnica y
administrativa por medio de contratos de prestación de servicios interrumpidos, los
cuales se encontraban regulados por las leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007, sin que
sea posible la existencia de una relación laboral entre las partes.
6.2. En los contratos de prestación de servicios que la actora suscribió se pactó, entre
otras cláusulas, su supervisión y la exclusión de la relación laboral, los cuales fueron
aceptados de manera libre y voluntaria.
6.3. El hecho de presentar informes y la supervisión de los contratos no puede
valorarse o tenerse en cuenta como causantes de subordinación y dependencia de
índole laboral, y mucho menos deducir de ello el pretendido disfraz de una relación
de trabajo bajo el ropaje del contrato de prestación de servicios.
6.4. Propuso las excepciones de: i) falta de acervo probatorio; ii) inexistencia de la
obligación a cargo de la demandada; iii) prescripción trienal; iv) pago; v) inexistencia
del derecho y de la obligación; vi) ausencia del vínculo de carácter laboral; vii) cobro
de lo no debido; y viii) «supervisión no implica subordinación».
1.3. La sentencia apelada
7. El Tribunal Administrativo de Nariño, Sala de Decisión Oral, en sentencia del 22
de enero de 2020 accedió de forma parcial a las pretensiones de la demanda y
condenó en costas a la parte actora. Al efecto dispuso lo siguiente6:
«PRIMERO.- DECLARAR la nulidad del acto administrativo contenido en el oficio No.
20146210658242 del 15 de diciembre de 2014, mediante el cual, se negó el
reconocimiento y pago de las prestaciones sociales derivadas de la relación laboral
existente entre la señora Alexandra Anyeli Hernández Tarapuez y la entidad demandada
SEGUNDO.- DECLARAR la existencia de relación laboral en razón de la aplicación del
principio de primacía de la realidad sobre lo formal, entre la señora Alexandra Anyeli
Hernández Tarapuez y Acción Social, hoy Departamento Administrativo para la
Prosperidad Social – D.P.S. durante el 1 de agosto de 2006 hasta el 31 de diciembre
de 2011.
5 Ibidem, archivo «10 ContestaciónDemanda.pdf».
6 Ibidem, documento «17ED_EXPSEGUNDAPARTEzip(.zip) NroActua 2», archivo «52
SentenciaAccedeParcialmentePretensiones.pdf».
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TERCERO.- Como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho,
CONDENAR al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social – D.P.S.,
reconocer y pagar en favor de la señora Alexandra Ayeli Hernández Tarapuez, las
prestaciones sociales y demás emolumentos laborales causados por el término de la
relación laboral.
Para la liquidación de las prestaciones sociales y demás emolumentos se observará lo
indicado en la parte motiva de esta decisión.
CUARTO.- Como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento de derecho,
CONDENAR al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social – D.P.S. a que
realice el pago de los aportes que corresponda a pensiones al fondo de pensiones al
que esté afiliada la demandante por periodo comprendido entre el 1 de agosto de 2006
hasta el 31 de diciembre del año 2011 dentro de los cuales se verifique la ausencia de
pago dentro de las relaciones laborales o, en caso de subcotización, en la parte que
faltare a cargo del patrono.
En el evento en que la demandante hubiera efectuado aportes para pensión, el
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social solamente deberá pagar al
Fondo de Pensiones la diferencia que como empleador le correspondiere en razón de
subcotización.
La entidad demandada deberá devolver los aportes a seguridad social realizados por el
trabajador en cuyo porcentaje corresponda (como empleado).
QUINTO.- Las sumas que deberá cancelar la entidad demandada se actualizarán de
acuerdo con la fórmula según la cual el valor presente (R) se determinará al multiplicar
el valor histórico (Rh) por el guarismo que resulta de dividir el índice final de precios al
consumidor certificado por el DANE (vigente a la fecha de la sentencia) por el índice
inicial (vigente a la fecha de la causación de la prestación). La fórmula que debe aplicar
la entidad demandada es la siguiente:
R = Rh. Índice final
Índice inicial
Se aclara que por tratarse de obligaciones de tracto sucesivo, dicha fórmula debe
aplicarse mes por mes, conforme el índice inicial es el vigente al momento de la
causación de cada uno de ellos.
SEXTO.- NEGAR las demás pretensiones de la demanda referidas a la indemnización
moratoria» (sic).
8. Como fundamento de su decisión señaló lo siguiente:
8.1. Enatención a los elementos de juicio allegados al expediente, es posible
declarar la relación laboral entre las partes por el periodo comprendido entre el 1º
de agosto de 2006 y el 31 de diciembre de 2011, toda vez que se acreditaron los
elementos para su configuración, esto es la prestación personal del servicio, la
remuneración y la subordinación o dependencia.
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8.2. Lo anterior, toda vez que Alexandra Anyeli Hernández Tarapuez i) realizó sus
actividades en Acción Social de forma permanente, ininterrumpida y personal;
ii) cumplía con un horario de 8:00 a 12:00 am y de 2:00 a 6:00 pm, incluso después
de esta hora para atender la carga laboral; iii) las actividades que ejerció se
encontraban bajo las órdenes e instrucciones de los directores nacional y territorial;
iv) por la labor que ejerció recibió una remuneración como contraprestación; y v) las
funciones que realizó no podían ser ejecutadas de manera independente y libre, las
que guardaban relación directa con la misión de la entidad, como lo es la atención
de la población desplazada.
8.3. Aunado a lo anterior, la demandante debía solicitar permiso y rendir
explicaciones para poder ausentarse de su lugar de trabajo, y la entidad le
suministraba los elementos para la ejecución de sus actividades (equipos, planillas
y programas de cómputo).
8.4. Así las cosas, la actora tiene derecho al reconocimiento de las prestaciones
laborales y sociales generadas con ocasión de sus servicios a través de contratos
de prestación de servicios, las que se liquidarán con base en los honorarios
recibidos, pues no se demostró la existencia del cargo de profesional de registro en
planta de la entidad ni lo que devengaba. Asimismo, al cómputo del tiempo laborado
para efectos pensionales.
8.5. Si bien entre algunos de los contratos de prestación de servicios se presentan
breves interrupciones, lo cierto es que la relación fue continua en consideración a lo
manifestado por los testigos, según los cuales la labor permanecía en esos lapsos
desprovistos de vinculación.
8.6. No operó el fenómeno jurídico de la prescripción, toda vez que la reclamación
de los períodos contractuales tuvo lugar dentro del término de 3 años siguientes a
la culminación de las relaciones respectivas.
8.7. La entidad demandada deberá devolver los aportes a seguridad social realizados
por el trabajador en cuyo porcentaje corresponda (como empleado).
8.8. Es improcedente el reconocimiento de la sanción moratoria, toda vez que
«cuando se logra demostrar la existencia la existencia de un contrato realidad, disfrazado
como un contrato de prestación de servicios, los derechos propios de dicha relación laboral
surgen a partir de la sentencia que así lo declara y no hay lugar a la aplicación de
disposiciones de carácter sancionatorio respecto de la morosidad en el pago de las
prestaciones reclamadas, por cuanto esta empieza a contarse a partir de la ejecutoria de la
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providencia»7.
8.9. Hay lugar a la condena en costas a la parte vencida, de acuerdo con lo previsto
en los artículos 188 del CPACA y 365 del Código General del Proceso (CGP).
1.4. El recurso de apelación
9. El Departamento Administrativo para la Prosperidad Social interpuso recurso de
apelación con fundamento en los siguientes argumentos8:
9.1. Existió una indebida valoración de las pruebas, pues no se demostró dentro del
debate la configuración de los elementos constitutivos de una relación laboral entre
las partes, en especial el de la subordinación o dependencia, toda vez que la actora
desarrolló las obligaciones propias de los contratos de prestación de servicios de
manera autónoma e independiente.
9.2. Lo que existió entre las partes fue una relación contractual, que estuvo regulada
por el artículo 32 de la Ley 80 de 1993, la cual autorizó a las entidades públicas para
celebrar contratos de prestación de servicios, sin ello genere un vínculo laboral y el
derecho a recibir prestaciones sociales.
9.3. El cumplimiento de un horario, el hecho de tener que presentar informes, la
asistencia a las instalaciones de la entidad, el uso de los elementos de esta y la
supervisión de las actividades desarrolladas no configura de manera automática el
elemento de la subordinación, ello es propio de una relación de coordinación entre
el contratante y el contratista en donde el segundo se somete a las condiciones
necesarias para el desarrollo eficiente de la actividad encomendada.
9.4. Sin perjuicio de lo anterior, los derechos causados con anterioridad al contrato
«794 de 2012» se encuentran prescritos.
1.5. Intervenciones en segunda instancia
10. Las
partes presentaron alegatos de conclusión en los que reiteraron los
argumentos expuestos en instancias procesales anteriores9.
1.6. El Ministerio Público
7 Corte Constitucional. Sentencia de unificación del 22 de agosto de 2018. MP: Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub.
8 Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«17ED_EXPSEGUNDAPARTEzip(.zip) NroActua 2», archivo «53 RecursoApelación.pdf».
9 Samai, índices 17 y 18, actuaciones «RECIBE MEMORIALES ONLINE», documentos
«11_MemorialWeb_Alegatos(.pdf) NroActua 17» y «12_MemorialWeb_Alegatos(.pdf) NroActua 18».
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11. El procurador delegado ante el Consejo de Estado no emitió concepto.
2. Consideraciones
2.1. Los problemas jurídicos
12. Los problemas jurídicos que se deben resolver en esta instancia se contraen a
determinar ¿si existió una relación laboral entre Alexandra Anyeli Hernández
Tarapuez y Acción Social, hoy Departamento Administrativo para la Prosperidad
Social? y ¿si tiene derecho al reconocimiento y pago de las prestaciones derivadas
de esa relación laboral?
2.2. Marco normativo y jurisprudencial
2.2.1. Sobre la existencia de las relaciones laborales encubiertas
13. El numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 permite la celebración de
contratos de prestación de servicios con las entidades del sector público, así:
«Artículo 32. De los contratos estatales. Son contratos estatales todos los actos
jurídicos generadores de obligaciones que celebren las entidades a que se refiere el
presente estatuto, previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales, o
derivados del ejercicio de la autonomía de la voluntad, así como los que, a título
enunciativo, se definen a continuación:
(…)
3o. Contrato de Prestación de Servicios.
Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades estatales para
desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la
entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas
actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos
especializados.
En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales y se
celebrarán por el término estrictamente indispensable».
14. Por su parte, el Decreto 2209 de 199810 precisó que «(l)os contratos de prestación
de servicios con personas naturales o jurídicas, sólo se podrán celebrar cuando no exista
personal de planta con capacidad para realizar las actividades que se contratarán».
15. De esta forma, en cuanto tiene que ver con la contratación de personas naturales,
10 «Por el cual se modifican parcialmente los Decretos 1737 y 1738 del 21 de agosto de 1998».
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la norma exige que solo se celebrarán con el propósito de suplir actividades
relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad, o para
desarrollar labores especializadas que no puede asumir el personal de planta. De
allí que la consecuencia jurídica lógica radica en que no se generará una relación
laboral y con ello tampoco se producirá ningún tipo de prestación social.
16. La Corte Constitucional, en sentencia C-147 de 1997, al estudiar la
constitucionalidad de las expresiones «no puedan realizarse con personal de planta o»
y «en ningún caso (...) generan relación laboral ni prestaciones sociales», contenidas en
el citado numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, estableció que el ejercicio
de tal potestad es ajustado a la Carta Política, siempre y cuando la administración
no la utilice para ocultar la existencia de una relación laboral personal subordinada
y dependiente.
17. De tal forma, se hace necesario remitirse al artículo 53 de la Constitución Política
que dispone, frente a los principios mínimos fundamentales en materia laboral, entre
otros, el de la primacía de la realidad sobre las formalidades. Esto señala la norma:
«Articulo 53. El Congreso expedirá el estatuto del trabajo. La ley correspondiente tendrá
en cuenta por lo menos los siguientes principios mínimos fundamentales:
Igualdad de oportunidades para los trabajadores; remuneración mínima vital y móvil,
proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; estabilidad en el empleo; irrenunciabilidad
a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales; facultades para transigir y
conciliar sobre derechos inciertos y discutibles; situación más favorable al trabajador en
caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho;
primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de las
relaciones laborales; garantía a la seguridad social, la capacitación, el adiestramiento
y el descanso necesario; protección especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador
menor de edad.
El estado garantiza el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones
legales.
Los convenios internacionales del trabajo debidamente ratificados, hacen parte de la
legislación interna.
La ley, los contratos, los acuerdos y convenios de trabajo, no pueden menoscabar la
libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores». (Resalta la Sala).
18. Así,cuando la norma constitucional alude a los convenios internacionales
debidamente ratificados, impone remitirse a su vez, a la Constitución de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT)11 que previó una garantía al derecho
a la igualdad a través del principio de «salario igual por un trabajo de igual valor».
11 Aprobada el 11 de abril de 1919.
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En igual sentido el artículo 2 del Convenio 111 de esa organización 12, desarrolló el
principio anterior al establecer que «(t)odo miembro para el cual este Convenio se halle
en vigor se obliga a formular y llevar a cabo una política nacional que promueva los métodos
adecuados a las condiciones y a las prácticas nacionales, la igualdad de oportunidades y
de trato en materia de empleo y ocupación, con objeto de eliminar cualquier discriminación
a este respecto».
19. Ahora bien, el «(p)rotocolo de San Salvador: Adicional a la Convención Americana
sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales»13 y
que también fue ratificado por Colombia, establece que todos los Estados parte
deben garantizar, como mínimo, «unas condiciones justas, equitativas y satisfactorias»,
y, en particular «una remuneración que asegure como mínimo a todos los trabajadores
condiciones de subsistencia digna y decorosa para ellos y sus familias y un salario
equitativo e igual por trabajo igual, sin ninguna distinción».
20. Estasobligaciones internacionales, encuentran vigencia en el ordenamiento
colombiano. En particular, el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo señala
los elementos esenciales del contrato de trabajo de la siguiente manera:
«Artículo 23. Elementos esenciales. <Artículo subrogado por el artículo 1o. de la Ley
50 de 1990. El nuevo texto es el siguiente:>
1. Para que haya contrato de trabajo se requiere que concurran estos tres elementos
esenciales:
a. La actividad personal del trabajador, es decir, realizada por sí mismo;
b. La continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto del empleador,
que faculta a éste para exigirle el cumplimiento de órdenes, en cualquier momento, en
cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, e imponerle reglamentos, la cual debe
mantenerse por todo el tiempo de duración del contrato. Todo ello sin que afecte el honor,
la dignidad y los derechos mínimos del trabajador en concordancia con los tratados o
convenios internacionales que sobre derechos humanos relativos a la materia obliguen
al país; y
c. Un salario como retribución del servicio.
2. Una vez reunidos los tres elementos de que trata este artículo, se entiende que existe
contrato de trabajo y no deja de serlo por razón del nombre que se le dé ni de otras
condiciones o modalidades que se le agreguen».
21. Aquí se debe precisar que, en materia probatoria, la presunción que se establece
en la citada norma opera de forma distinta cuando se trata en materia laboral
ordinaria, ya que se está dejando la carga de la prueba en manos del empleador,
12 Aprobado en Colombia mediante la Ley 22 de 1967 y ratificado en 1969.
13 Adoptado en San Salvador, el 17 de noviembre de 1988.
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caso distinto ocurre cuando se involucran relaciones entre los servidores públicos o
particulares frente al Estado, los cuales deberán asumir esa carga siempre que
intenten develar una relación laboral a través de un contrato de prestación de
servicios.
22. Al respecto, la Sección Segunda del Consejo de Estado en la sentencia de
unificación14 del 25 de agosto de 2016, indicó lo siguiente:
«De lo anterior se colige que el contrato de prestación de servicios se desfigura cuando
se comprueban los tres elementos constitutivos de una relación laboral, esto es, la
prestación personal del servicio, la remuneración y la continuada subordinación laboral,
de lo que surge el derecho al pago de prestaciones sociales a favor del contratista, en
aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas
en las relaciones laborales, consagrado en el artículo 53 de la Constitución Política, con
el que se propende por la garantía de los derechos mínimos de las personas
preceptuados en normas respecto de la materia.
En otras palabras, el denominado “contrato realidad” aplica cuando se constata en juicio
la continua prestación de servicios personales remunerados, propios de la actividad
misional de la entidad contratante, para ejecutarlos en sus propias dependencias o
instalaciones, con sus elementos de trabajo, bajo sujeción de órdenes y condiciones de
desempeño que desbordan las necesidades de coordinación respecto de verdaderos
contratistas autónomos, para configurar dependencia y subordinación propia de las
relaciones laborales15». (Resalta la Sala).
23. Así entonces, el Consejo de Estado ha reiterado la necesidad de que se acrediten
fehacientemente los 3 elementos propios de una relación de trabajo, como son la
prestación personal del servicio, la remuneración y, en especial, la subordinación y
dependencia del trabajador respecto del empleador.
24. Ahora, sobre la prescripción del derecho reclamado en el marco de una relación
laboral encubierta, la Sección Segunda del Consejo de Estado, en la referida
sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016, señaló:
«Por lo tanto, si quien pretende el reconocimiento de la relación laboral con el Estado,
se excede de los tres años, contados a partir de la terminación de su vínculo contractual,
para reclamar los derechos en aplicación del principio de la “...primacía de la realidad
sobre las formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales” (artículo
53 constitucional), se extingue el derecho a solicitar las prestaciones que se deriven de
aquella, pues dicha situación se traduciría en su desinterés, que no puede soportar el
Estado, en su condición de empleador.
14 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 25 de agosto de 2016, radicado
230012333000201300260 01 (0088-15) CE–SUJ2-005-16. M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
15 «En similares términos, se pronunció el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, en
sentencia del 27 de enero de 2011, M.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila, expediente: 5001-23-31-
000-1998-03542-01(0202-10)».
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Demandante: Alexandra Anyeli Hernández Tarapuez
Pero en aquellos contratos de prestación de servicios, pactados por un interregno
determinado y que la ejecución entre uno y otro tiene un lapso de interrupción, frente a
cada uno de ellos habrá de analizarse la prescripción a partir de sus fechas de
finalización, puesto que uno de los fundamentos de la existencia del contrato realidad es
precisamente la vocación de permanencia en el servicio. Por consiguiente, le
corresponderá al juez verificar si existió o no la citada interrupción contractual, que será
excluida de reconocimiento y examinada en detalle en cada caso particular, en aras de
proteger los derechos de los trabajadores, que han sido burlados por las autoridades
administrativas al encubrir una relación laboral bajo contratos de prestación de
servicios».
25. Esta providencia aclaró que el fenómeno prescriptivo no opera respecto de los
aportes para pensión, en consideración a la condición periódica del derecho
pensional que los hace imprescriptibles.
26. Además, este mecanismo de contratación tiene un límite temporal, esto es que
solo es posible ejecutarlo por el término indispensable para el cumplimiento de la
labor contratada.
27. Al respecto, la Sección Segunda de esta Corporación en la sentencia SUJ-025-
CE-S2-2021 del 9 de septiembre de 202116 estableció las siguientes reglas de
unificación frente a varios aspectos de las relaciones laborales encubiertas, como
son: i) el sentido y alcance de la expresión «término estrictamente indispensable»
(temporalidad) contenido en el numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993; ii) la
delimitación del término de solución de continuidad en los contratos estatales de
prestación de servicios que ocultaron la existencia de una relación laboral que se
declara, a efectos de determinar la prescripción de derechos; y iii) la improcedencia
de la devolución de los aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud efectuados
por el contratista. Al efecto se señaló:
«(i) La primera regla define que el concepto de «término estrictamente indispensable»,
al que alude el numeral 3.o del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, es el señalado en los
estudios previos y en el objeto del contrato, el cual, de acuerdo con el principio de
planeación, tiene que estar justificado en la necesidad de la prestación del servicio a
favor de la Administración, de forma esencialmente temporal y, de ninguna manera, con
ánimo de permanencia.
(ii) La segunda regla establece un periodo de treinta (30) días hábiles, entre la
finalización de un contrato y la ejecución del siguiente, como término de la no solución
de continuidad, el cual, en los casos que se exceda, podrá flexibilizarse en atención a
las especiales circunstancias que el juez encuentre probadas dentro del expediente.
(iii) La tercera regla determina que frente a la no afiliación al sistema de la Seguridad
Social en salud, por parte de la Administración, es improcedente la devolución de los
16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso- Administrativo, Sección Segunda, sentencia de 9 de
septiembre de 2021, expediente: 1317-2016, magistrado ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas.
12
Radicado: 52001-23-33-000-2015-00388-01 (5086-2022)
Demandante: Alexandra Anyeli Hernández Tarapuez
valores que el contratista hubiese asumido de más, en tanto se recaudaron como
recursos de naturaleza parafiscal».
28. En esta providencia se sostuvo que «aun cuando se acrediten los mencionados
elementos del contrato de trabajo, lo que emerge entre el contratista y la entidad es una
relación laboral, gracias a la aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre las
formalidades, por lo que, en ningún caso, será posible darle la categoría de empleado
público a quien prestó sus servicios sin que concurran los elementos previstos en el artículo
122 de la Carta Política».
29. En línea con lo expuesto, se establece que quien demande tiene que desvirtuar
inicialmente la presunción de legalidad del contrato estatal del artículo 32 de la Ley
80 de 1993. Así que es necesario que se prueben los elementos de la relación
laboral, esto es la actividad personal del trabajador, la subordinación continuada y
dependencia de este y la remuneración como retribución del trabajo prestado, para
que se pueda configurar una relación laboral encubierta.
2.3. Lo probado dentro del proceso
30. Al expediente se aportaron los siguientes documentos17:
30.1. Certificaciones del 21 de junio de 2012 y 21 de noviembre de 2014, expedidas
por la subdirectora de contratación del Departamento Administrativo para la
Prosperidad Social, y contratos de prestación de servicios suscritos entre la
demandante y Acción Social, que dan cuenta de lo siguiente:
Contrato de
Interrupción
prestación de Valor Duración Objeto
días hábiles
servicios
Prestar «servicios profesionales
01-08-2006 para coordinar y apoyar los
284 de 2013 $4.920.000 a procesos relacionados con el -
31-10-2006 Registro Único de Población
Desplazada, en el nivel territorial.
01-11-2006 Aportar en lo que sea inherente a
454 de 2006 $7.280.000 a los compromisos adquiridos por la -
28-02-2007 Subdirección de Atención a
Población Desplazada brindando
información oportuna sobre la
01-03-2007 población vulnerable y en
312 de 2007 $19.200.000 a situación de desplazamiento. -
31-12-2007 Realizar técnicamente el
seguimiento y supervisión de las
17 Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«16ED_OneDrive_3_282024zip(.zip) NroActua 2», carpetas «02 Demanda.pdf» y «05
CorrecciónDemanda.pdf».
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acciones derivadas de la
22-01-2008 ejecución de los proyectos de
100 de 2008 $28.476.000 a apoyo informático que sean 13
31-12-2008 ejecutados por los diferentes
operados y/o entidades
contratadas por la Subdirección,
20-01-2009 así como contribuir y colaborar en
0115 de 2009 $31.800.000 a el desarrollo de las diferentes 11
31-12-2009 actividades propias de esta
dependencia» (sic).
Prestar a Acción Social «servicios
18-01-2010 profesionales a la Subdirección
461 de 2010 $18.960.000 a de Atención a la Población 9
30-09-2010 Desplazada, para coadyuvar en la
atención a la población que se
encuentre en riesgo o situación de
desplazamiento, así como,
25-10-2010 contribuir a colaborar en el
1191 de 2010 $9.480.000 a desarrollo de las diferentes 15
31-12-2010 actividades propias de esta
dependencia» (sic).
Prestar a Acción Social «servicios
18-01-2011
profesionales, encaminados a la
167 de 2011 $9.696.000 a 10
Prevención, Atención y/o
30-03-2011
Reparación a Población Víctimas
de Violación de Derechos
18-04-2011 Humanos y/o Infracción al
1294 de 2011 $29.088.000 a Derecho Internacional 12
31-12-2011 Humanitario Incluido Víctimas
Desplazamiento (…)» (sic).
30.2. En el desarrollo de los contratos de prestación de servicios, entre otras, se
pactaron las siguientes obligaciones:
«1. Realizar el diagnóstico del material físico entregado para el proceso de digitación.
2. Responder por el buen manejo de la documentación y de los archivos recibidos en la
Unidad Territorial para proceso de digitación, acuerdo a los procedimientos establecidos
por el equipo y Registro.
3. Garantizar el envío oportuno de las declaraciones, recursos, solicitudes de novedades
y modificaciones al outsourcing definido por el equipo de Registro de acuerdo al
procedimiento establecido.
4. En la solución de glosas, cuando se requiera.
5. Realizar la depuración y actualización de la información registrada en el Registro
Único de Población Desplazada cuando se requiera, en los casos en que la evidencia
documental demuestre errores en la información, obteniendo soporte confiable para tal
fin teniendo en cuenta los procedimientos definidos por el equipo de Registro.
6. Realizar seguimiento para asegurar la proyección, firma y aprobación oportuna de las
resoluciones de No inclusión y recursos de la vía gubernativa, y de sus respectivas
notificaciones.
7. Evaluar la información del Registro Único de Población Desplazada y reportar la
información a corregir sugiriendo las medidas a tomar, con el fin de mantener la
consistencia de la información contenida.
8. Brindar soporte técnico frente a problemas que se presenten en el Nivel Territorial ya
sea en cuanto a la aplicación de los procedimientos como en la utilización de la
herramienta informática.
9. Apoyar las actividades encaminadas a la implementación de la Red Nacional de
información desde el nivel territorial, siguiendo los lineamientos del equipo y Registro.
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10. Brindar las capacitaciones tanto a usuarios internos como externos cuando así lo
determine la coordinación del equipo de Registro.
11. Apoyar las actividades de recolección de pruebas documentales para procesos de
cesación y exclusión cuando a ello hubiere lugar.
12. Efectuar seguimiento de las devoluciones de declaraciones realizadas al Ministerio
Público.
13. Realizar seguimiento a los procesos de notificación de Actos Administrativos
relacionados con la solicitud de inscripción al Registro Único de Población Desplazada.
14. Participar en jornadas de actualización de información en el Registro Único de
Población Desplazada cuando se requiera y sea aprobada por la coordinación del equipo
de Registro.
15. Gestionar procesos de articulación interinstitucional encaminados al intercambio de
información desde las entidades del Nivel Territorial hacia el equipo de Registro.
16. Informar a la mesa de alerta territorial sobre eventos de orden público que puedan
fortalecer el proceso de valoración y apoyar la obtención de evidencias cuando así lo
requiera la coordinación del equipo.
17. El proceso de valoración o respuesta a recursos si se requiere.
18. Suministrar la información necesaria y requerida para dar respuesta oportuna a
requerimientos de organismos de control y procesos de auditoría de gestión o auditorías
de calidad.
19. Realizar los procedimientos y actividades operativas asociadas al Registro Único de
Población Desplazada, de acuerdo con las directrices establecidas por el equipo de
Registro de la Subdirección de atención a Población Desplazada.
20. Presentar los informes que requiere el equipo de Registro y/o la Subdirección de
Atención a Población Desplazada.
21. Presentar evaluaciones periódicas definidas por el equipo de Registro.
22. Elaborar los planes de trabajo requeridos para el desarrollo de sus obligaciones de
hacer entrega del mismo según solicitud del supervisor.
23. Presentar informes mensuales de actividades, los cuales deberán ser aprobados por
el supervisor del contrato de prestación de servicios.
24. Asesorar y asistir en la orientación y supervisión de los procesos que contribuyen el
cumplimiento de los objetivos de la Subdirección de Atención a Población Desplazada.
25. Realizar las actividades que les sean requeridas y que contribuyan con el
cumplimiento de los objetivos y los procesos de la Subdirección de Atención a Población
Desplazada.
26. Contribuir con las políticas de ACCIÓN SOCIAL para mantener y mejorar el sistema
de gestión integral.
27. Realizar los procedimientos y tareas, adoptando las directrices establecidas por
acción social en el manejo del Sistema de Calidad.
28. Realizar la supervisión y el control de los contratos que le encomiende la Dirección
General o la Secretaría general.
29. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin
de obligarlo hacer u omitir algún acto o hecho, informando inmediatamente a la Acción
Social y demás autoridades competentes cuando se presenten tal es peticiones o
amenazas.
30. Garantizar estricta confidencialidad sobre la información suministrada por las
distintas entidades de autoridades, y no divulgar ni utilizar en beneficio propio ni de
terceros la información que conozca con ocasión del contrato.
31. Sistematizar y llevar un registro documental de las actividades y procesos
desarrollados en cumplimiento del contrato.
32. Disponer lo necesario para que el objeto del presente contrato se cumpla a cabalidad.
Hacer estricto control de calidad de su trabajo.
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33. Responder y velar por la conservación de la información, documentación y equipos
tecnológicos a su cargo» (sic).
30.3. Oficios suscritos por la demandante el 7 de enero de 2009 y el 13 de enero de
2010 y enviados a los personeros de varios municipios de Pasto, por medio de los
cuales les remitió los recursos interpuestos en contra de las resoluciones que
determinaban la no inclusión de algunos ciudadanos en los registros.
31. El 28 de noviembre de 2014, la demandante solicitó al Departamento
Administrativo para la Prosperidad Social el reconocimiento de la existencia de una
relación laboral por sus servicios en Acción Social entre el 1º de agosto de 2006 y
el 31 de diciembre de 2016 y el pago de las prestaciones sociales que se derivaban
de ella. Esta petición fue negada por la subdirectora de contratación de la entidad a
través del Oficio 20146100981641 del 15 de diciembre de 2014, pues «los contratos
ejecutados por usted, cumplieron con las características esenciales del contrato de
prestación de servicios, por lo cual no se coincidieron vínculos diferentes al contractual, por
lo que no hay lugar al reconocimiento de pago de prestaciones sociales del contrato de
trabajo, por ser diametralmente diferente a las finalidades, obligaciones, y
responsabilidades que cumplen quienes ejecutan los contratos de prestación de servicios
de ACCIÓN SOCIAL, hoy Departamento para la Prosperidad Social».
32. En la audiencia de pruebas celebrada el 23 de mayo de 201718, se recibieron los
testimonios de Flor Bibiana Montero Castillo, Fanny Berenice Terán Acosta y
Segundo Aulo Díaz Jaramillo, pedidos por la parte demandante, de los cuales se
extrae lo siguiente:
32.1. Flor Bibiana Montero Castillo es ingeniera de sistemas con especialización
en gerencia social y fue compañera de trabajo de la actora en Acción Social desde
abril de 2007 hasta el año 2011, ella en el proceso de atención humanitaria y aquella
en el de registro; no obstante, estos trabajan de la mano.
32.1.1. La demandante se encontraba vinculada a través de contratos de prestación
de servicios y dentro de sus funciones, las cuales eran de la naturaleza de la entidad
y permanentes, realizaba labores de atención a la población desplazada, recepción
y valoración de declaraciones y de registro y notificación dentro de los procesos y
proyección de las resoluciones de inclusión o no en los registros. Ella recibía
órdenes del nivel nacional y del territorial para el desarrollo de sus actividades, a
través de jefes y directores, ya fuera por escrito a través de oficios y correos
electrónicos o verbal por teléfono y de forma personal.
32.1.2. Tanto ella como la demandante tenían que pedir permiso para ausentarse de
18 Samai Tribunal Administrativo de Nariño, índice 32.
16
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su lugar de trabajo y debían cumplir un horario de trabajo impuesto de lunes a
viernes de 8:00 a 12:00 am y de 2:00 a 6:00 pm, incluso después de esa hora y los
sábados en horas de la mañana debido a la gran cantidad de trabajo que tenían.
32.1.3. La demandante ejerció funciones diferentes a las establecidas en los contratos
de prestación de servicios, pues tuvo que apoyar otras áreas diferentes a la suya
(registro), como la de atención humanitaria, y hacer registros en otros municipios,
esto por órdenes y en coordinación del director territorial.
32.1.4. Si bien entre los contratos que suscribió la actora se presentaron breves
interrupciones, lo cierto es que ella en ese tiempo continuó con la prestación de sus
servicios, para los cuales la entidad le suministraba los elementos de trabajo para
su desarrollo, como los sistemas de información «Sipot» y Orfeo.
32.1.5. Los contratos de prestación de servicios fueron desarrollados en un 100% por
la demandante, es decir estos nunca fueron desempeñados por un tercero, y por su
ejecución recibía una asignación mensual que era consignada en su cuenta
bancaria, previo el lleno del formato dispuesto para ello.
32.1.6. No le consta que dentro de la planta de personal de la entidad existía un
empleado de planta que se ejerciera iguales funciones que las desempeñadas por
la demandante.
32.1.7. La testigo presentó demanda en procura del reconocimiento de sus derechos
laborales por hechos similares a los ocurridos en este proceso.
32.2. Fanny Berenice Terán Acosta es trabajadora social y laboró con la actora en
Acción Social, juntas vinculadas a través de contratos de prestación de servicios
entre los años 2010 y 2011. Las funciones que desarrollaba la testigo como
profesional de oferta tenían que ver con las ejercidas por la demandante como
profesional de registro, por ello trabajaban de manera conjunta.
32.3. Ambas debían cumplir un horario de trabajo de lunes a viernes de 8:00 a 12:00
am y de 2:00 a 6:00, sin embargo, a la demandante de tocaba quedarse después
de esta hora para poder cumplir con la carga de trabajo. A su vez, tenían unos
superiores jerárquicos, el jefe nacional y el director territorial, quienes les daban
órdenes y lineamientos para el desarrollo de sus funciones.
32.4. Las labores que ejerció la demandante eran parte de la misión de la entidad,
pues ella era la encargaba del ingreso de las víctimas del conflicto armado en el
registro de desplazados, así como su notificación.
17
Radicado: 52001-23-33-000-2015-00388-01 (5086-2022)
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32.4.1. La actora tenía que ejercer de manera esporádica actividades adicionales para
las que fue contratada, ello en virtud de los planes de contingencia que la entidad
implementaba para el cumplimiento de sus objetivos. El trabajo de ella, por sus
funciones de registro, era desarrollado en la entidad; sin embargo, en algunas
ocasiones debió salir a realizar trabajo de campo, por órdenes y en coordinación
con el director territorial.
32.4.2. Semanalmente ambas acudían junto con todos los profesionales de los
diferentes procesos a reuniones, en las cuales tenían que rendir informes y
coordinar y planear las actividades a desempeñar. Además, debían cumplir unas
metas y tenían que pedir permiso para poder ausentarse de su sitio de trabajo por
cualquier razón.
32.4.3. Los contratos de prestación de servicios que suscribieron se interrumpieron
por breves periodos; no obstante, en ese tiempo acudían a la oficina a prestar
labores.
32.4.4. No conoció la existencia de un cargo en la planta de personal de la entidad
que realizara las funciones de la demandante.
32.5. Segundo Aulo Díaz Jaramillo es ingeniero de sistemas y laboró con la actora
en Acción Social en el proceso de población desplazada entre los años 2006 y 2011,
ella fue vinculada por medio de contratos de prestación de servicios y en un principio
cumplía las funciones de auxiliar de registro y luego las de profesional.
32.6. Tanto él como la demandante atendían un horario de trabajo que era
establecido por la entidad, de 8:00 a 12:00 am y de 2:00 a 6:00 pm, y debían
someterse a reglamentos y a las órdenes y lineamientos de sus superiores del nivel
nacional y del territorial para el desarrollo de sus actividades, esto último ya fuera a
través de correos electrónicos, llamadas telefónicas o de forma presencial. Los
lunes debían asistir a una reunión de 7:00 a 8:00 am, en la que se definían las
actividades semanales.
32.7. El trabajo que realizaban se hacía en la entidad; sin embargo, en algunas
ocasiones debieron desplazarse a otros municipios para realizar jornadas de
atención a la población desplazada, previa autorización del director territorial. Para
ausentarse de su sitio de trabajo para atender alguna diligencia debían solicitar
permiso; en alguna ocasión la actora lo hizo sin autorización y aquel funcionario le
llamó la atención.
32.8. Todas las personas que prestaban sus servicios en la entidad, incluidos los
vinculados mediante contratos de prestación de servicios, estaban sometidos a la
18
Radicado: 52001-23-33-000-2015-00388-01 (5086-2022)
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oficina de control interno, la que ejercía el poder disciplinario.
32.8.1. La actora debió ejercer labores diferentes para las que fue contratada, pues
en desarrollo de los planes de choque que implementaba la entidad, para la
descongestión de algún proceso, tuvo que apoyar otras áreas.
32.8.2. Entre las breves interrupciones que se presentaron entre la finalización y el
inicio de los contratos quienes los suscribían se presentaban a la entidad para
trabajar.
32.8.3. Loselementos que utilizaban para el ejercicio de sus labores eran
suministrados por la entidad, dentro de los que se encontraban los equipos de
cómputo y los sistemas de gestión documental y de registro de la población
desplazada. Las actividades eran desempeñadas de manera personal y por el
ejercicio de ellas recibían un pago mensual como contraprestación, esto último
previo a un informe que tenían que presentar.
32.8.4. El trabajo que realizaban él y la demandante era permanente y hacía parte de
la misión de la entidad, toda vez se dedicaban a la atención de la población
desplazada.
32.8.5. El testigo presentó una demanda con iguales pretensiones a las solicitadas en
este proceso.
2.4. Análisis sustancial del caso concreto
2.4.1. Sobre los elementos que permiten configurar una relación laboral
33. Con fundamento en lo expuesto, la Sala analizará si se acreditaron los elementos
que permiten configurar una relación de trabajo entre Alexandra Anyeli Hernández
Tarapuez y Acción Social, hoy Departamento Administrativo para la Prosperidad
Social.
2.5.1.1. Prestación personal del servicio
34. De las pruebas relacionadas se tiene que la demandante prestó sus servicios en
Acción Social para la atención de la población desplazada, a través de contratos de
prestación de servicios suscritos directamente con la entidad ejecutados entre el 1º
de agosto y el 31 de octubre de 2016, el 1º de noviembre de 2006 y el 28 de febrero
de 2007, el 1º de marzo y el 31 de diciembre de 2007, el 22 de enero y 31 de
diciembre de 2008, el 20 de enero y el 31 de diciembre de 2009, el 18 de enero y el
30 de septiembre de 2010, el 25 de octubre y el 31 de diciembre de 2010, el 18 de
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Demandante: Alexandra Anyeli Hernández Tarapuez
enero y el 30 de marzo de 2011 y el 18 de abril y el 31 de diciembre de 2011, con
interrupciones entre estos de 13, 11, 9, 15, 10 y 12 días hábiles, respectivamente.
35. En consecuencia, de los testimonios, las certificaciones, las copias de los
contratos de prestación de servicios y demás pruebas documentales, se advierte
que la demandante efectivamente fue contratada para desarrollar funciones en
aquella entidad durante el periodo comprendido entre el 1º de agosto de 2006 y el
31 de diciembre de 2011, con varias interrupciones inferiores a 30 días hábiles, y
que la labor la ejerció ella y no otra persona.
2.5.1.2. Remuneración
36. Ahora bien, aquella percibió una remuneración por el trabajo realizado, tal y como
se evidencia de los testimonios de Flor Bibiana Montero Castillo y Segundo Aulo
Díaz Jaramillo, de los contratos de prestación de servicios y de las certificaciones,
en los que se advierte que se estipuló el valor y la forma de pago, lo que se entiende
como la remuneración pactada por el servicio o el trabajo prestado,
independientemente de su denominación (honorarios o salario).
2.5.1.3. Continuada subordinación o dependencia
37. Una vez valoradas en conjunto las pruebas documentales aportadas, se tiene
que las funciones desempeñadas por la demandante no se realizaron de forma
autónoma e independiente, sino que estas estaban sujetas a horarios, instrucciones
y órdenes que son de naturaleza subordinada pues atienden al control de un
superior (coordinador y directores nacional y territorial) para ejecutar las
obligaciones contractuales, por lo que existió una sujeción de ella respecto de
Acción Social y, en tal sentido, esta contaba en todo momento con la posibilidad de
disponer de su servicio, y aquella, a su vez, tenía la obligación correlativa de
obedecerle, lo que evidencia el ejercicio del ius variandi por parte de la entidad.
38. Los testimonios de Flor Bibiana Montero Castillo, Fanny Berenice Terán Acosta
y Segundo Aulo Díaz Jaramillo, dan buena cuenta de las condiciones bajo las cuales
la actora prestaba sus servicios a Acción Social, de las que se resalta que en
ejercicio de sus funciones cumplía con un horario y seguía órdenes e instrucciones
de los coordinadores y directores nacional y territorial. Además, que las labores
desarrolladas debían realizarse de forma continua en las instalaciones de la entidad
o «en campo» y no podían ejecutarse de manera autónoma e independiente.
39. Alrespecto señalaron que era necesario ejercer las labores derivadas del
contrato dentro de las instalaciones de la unidad territorial, salvo en las ocasiones
en las que había que salir a hacer registros de la población desplazada en
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Demandante: Alexandra Anyeli Hernández Tarapuez
municipios por orden del director, lo que muestra que la entidad modificaba las
condiciones de la labor (en cuanto al lugar de trabajo) de acuerdo sí con las
necesidades del servicio, pero resulta una muestra evidente del ejercicio del ius
variandi; y, con mayor razón, esta Sala advierte que si la actora atendía público, era
ella quien necesariamente debía cumplir un horario. Además, los testigos indicaron
que los contratistas recibían directrices y órdenes en del desarrollo de sus labores
y tenían que acudir a reuniones para la programación de las actividades semanales
a realizar.
40. En efecto, el empleador impuso las condiciones de tiempo, modo y lugar,
inclusive con sus propios elementos o instrumentos, para que la trabajadora
desarrollara sus labores, sin que le hubiere asistido ningún tipo de independencia.
41. Esto se advierte también luego de analizadas las funciones realizadas por la
demandante, en las que se aprecian actividades que exigen para su ejecución
necesaria dependencia y subordinación, por lo que la Sala, al realizar una valoración
bajo las reglas de la sana crítica, encuentra que es posible determinar la existencia
de una relación laboral subordinada, siendo incuestionable el ánimo de Acción
Social de emplear de modo permanente y continuo los servicios de aquella para la
atención de la población desplazada, pues la labor se desarrolló por espacio de 5
años, 2 meses y 20 días aproximadamente.
42. Lo
expuesto se funda en que Alexandra Anyeli Hernández Tarapuez se
comprometió, entre otras, a «(a)poyar las actividades encaminadas a la implementación
de la Red Nacional de información desde el nivel territorial, siguiendo los lineamientos
del equipo y Registro», «(b)rindar las capacitaciones tanto a usuarios internos como
externos cuando así lo determine la coordinación del equipo de Registro», «(r)ealizar
los procedimientos y actividades operativas asociadas al Registro Único de Población
Desplazada, de acuerdo con las directrices establecidas por el equipo de Registro de
la Subdirección de atención a Población Desplazada», «(a)poyar las actividades
encaminadas a la implementación de la Red Nacional de información desde el nivel
territorial, siguiendo los lineamientos del equipo y Registro», «(b)rindar las
capacitaciones tanto a usuarios internos como externos cuando así lo determine la
coordinación del equipo de Registro», «(a)sesorar y asistir en la orientación y supervisión
de los procesos que contribuyen el cumplimiento de los objetivos de la Subdirección de
Atención a Población Desplazada, «(r)ealizar las actividades que les sean requeridas y
que contribuyan con el cumplimiento de los objetivos y los procesos de la Subdirección de
Atención a Población Desplazada, «(c)ontribuir con las políticas de ACCIÓN SOCIAL para
mantener y mejorar el sistema de gestión integral» y «(r)ealizar los procedimientos y tareas,
adoptando las directrices establecidas por acción social en el manejo del Sistema de
Calidad» (sic) (se resalta).
43. Las anteriores obligaciones ponen en evidencia que no realizó sus labores en
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forma autónoma e independiente, pues estas tienen relación de correspondencia
con el ejercicio del poder subordinante por parte del empleador y con el ejercicio del
ius variandi.
44. Aunado a lo expuesto, se advierte que la misión de Acción Social era atender y
prevenir «el desplazamiento de comunidades vulnerables. Acción Social se concentra en
las estrategias de desarrollo en zonas deprimidas y de conflicto, así como de promoción y
protección de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario, enmarcadas
dentro del objetivo de brindar Seguridad Democrática»19, función de carácter
permanente que cumplía en desarrollo de su actividad, y lo cierto es que las
actividades desempeñadas por la demandante permitían el desarrollo de ese objeto
misional, en tanto se trataba de la ejecución de las labores permanentes necesarias
para cumplirlo, como lo es la atención de la población desplazada.
45. Lo anterior, denota una sujeción y dependencia de quien ejerce «actividades y
acciones vinculadas a la atención al público y algunas acciones relacionadas a la etapa
administrativa y a la etapa judicial», al tiempo que corrobora que no puede dejar de
existir imposición de órdenes en la ejecución de su objeto contractual para
desempeñar esa labor, puesto que se trataba de funciones que atañen a la esencia
y finalidad de la entidad y por ser necesarias para apoyar y desarrollar sus
actividades misionales.
46. Se aclara que la situación descrita en el sub judice no corresponde a la que es
propia del principio de coordinación, que «consiste en la sincronización de las
actividades que ejerce el contratista con las directrices que imparte el contratante para la
ejecución eficiente y eficaz del contrato, por lo que es indispensable que exista una
concertación contractual, en la que aquel cumple su contrato con independencia, pero en
armonía con las condiciones necesarias impuestas por su contraparte, respecto de las
cuales esta ejerce control, seguimiento y vigilancia al pacto suscrito»20.
47. Otra es la subordinación, «en virtud de la cual existe una sujeción del trabajador hacia
su empleador y, en tal sentido, este cuenta en todo momento con la posibilidad de disponer
del trabajo de aquel, quien a su vez tiene la obligación correlativa de obedecerle. En efecto,
el empleador impone las condiciones de tiempo, modo y lugar, inclusive con sus propios
elementos o instrumentos, para que el trabajador desarrolle sus labores, sin que a este
respecto le asista ningún tipo de independencia»21.
48. Así las cosas, en el presente asunto no puede hablarse de coordinación, puesto
que el desempeño de las funciones por parte de la demandante estaba sujeto a
19 https://www.mineducacion.gov.co/1621/article-82821.html
20 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 3 de noviembre de 2022,
radicado 63001-23-33-000-2020-00365-01 (2181-2022). M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
21 Ibidem.
22
Radicado: 52001-23-33-000-2015-00388-01 (5086-2022)
Demandante: Alexandra Anyeli Hernández Tarapuez
medidas u órdenes de Acción Social, a saber: la imposición de un horario y la
sujeción a directrices de los directores nacional y territorial, lo que demuestra que
esta, en su calidad de empleadora, contaba con la posibilidad de disponer del
trabajo de aquella, lo que denota la existencia de una indiscutible subordinación.
49. Es incuestionable el hecho de que la ejecución del objeto convenido no se realizó
de forma autónoma e independiente como corresponde a una relación de carácter
contractual soportada en la autonomía de la voluntad, sino que se trató de una en
la que las funciones se ejercieron bajo los condicionamientos fijados por la entidad,
lo que la asimila a una de carácter laboral, en la que se asignaron responsabilidades
indispensables en el funcionamiento de la entidad al punto que se prolongaron por
alrededor de 5 años, 2 meses y 20 días.
50. Echa de menos la Sala que pese a las disposiciones contenidas en la Ley 909
de 2004, la entidad no haya hecho uso de la creación de plantas temporales que
atiendan a la oferta y la demanda en la prestación del servicio. Por lo tanto, la
ausencia de personal suficiente que ejecute las obligaciones para las cuales fue
contratado el demandante no es un argumento que enerve las consideraciones
expuestas en esta decisión, pues no justifica la ausencia de planeación y desconoce
que las labores desarrolladas se ejercieron bajo la subordinación de la entidad.
51. Valga precisar que el hecho de que Acción Social haya acudido a las leyes 80 de
1993 y 1150 de 2007 para justificar la contratación, no puede ser entendido como
una carta abierta a efectos de desconocer derechos y garantías laborales, pues lo
cierto es que tal como se advirtió en esta decisión, la naturaleza contractual con la
cual se revistió la vinculación de Alexandra Angeli Hernández Tarapuez y aquella
se desnaturalizó al desarrollarse sin autonomía ni independencia, las cuales se
constituyen en las características propias de la referida relación contractual.
52. Así las cosas, para los periodos comprendidos entre el 1º de agosto de 2006 y el
31 de diciembre de 2011, salvo sus interrupciones, se encuentra demostrada la
existencia de los elementos de la relación laboral.
2.5.2. En torno a la prescripción de los derechos en litigio
53. Establecido lo anterior, la Sala procederá con el análisis de la prescripción de las
prestaciones sociales a que tiene derecho el demandante, en consonancia con la
declaratoria del reconocimiento de la relación laboral encubierta.
54. Respecto del término de interrupción o solución de continuidad esta
23
Radicado: 52001-23-33-000-2015-00388-01 (5086-2022)
Demandante: Alexandra Anyeli Hernández Tarapuez
corporación en sentencia de unificación22 dispuso que:
«150. Como se indicó en el apartado anterior, aunque en la actualidad la Sección
Segunda aplica el criterio pacífico sobre el término y el momento a partir del cual debe
computarse la prescripción extintiva, la existencia de vinculaciones contractuales
consecutivas hace necesario el examen de sus interrupciones, con el fin de establecer
si se presentó o no la solución de continuidad en la relación laboral declarada. En ese
sentido, la Sala considera adecuado establecer un periodo de treinta (30) días hábiles
como indicador temporal de la no solución de continuidad entre contratos
sucesivos de prestación de servicios, sin que este, se itera, constituya una «camisa
de fuerza» para el juez contencioso que, en cada caso y de acuerdo con los elementos
de juicio que obren dentro del plenario, habrá de determinar si se presentó o no la rotura
del vínculo que se reputa laboral.
151. Adicionalmente, como complemento de la anterior regla, deberán atenderse las
siguientes recomendaciones:
152. Primera: cuando las entidades estatales a las que se refiere el artículo 2 de la Ley
80 de 1993 celebren contratos de prestación de servicios en forma sucesiva con una
misma persona natural, en los que concurran todos los elementos constitutivos de una
auténtica relación laboral, se entenderá que no hay solución de continuidad entre el
contrato anterior y el sucedáneo, si entre la terminación de aquél y la fecha en que inicie
la ejecución del otro, no han transcurrido más de treinta (30) días hábiles, siempre y
cuando se constate que los objetos contractuales y las obligaciones emanadas de ellos
son iguales o similares y apuntan a la satisfacción de las mismas
necesidades.(Subrayado fuera de texto)
153. Segunda: en cualquier caso, de establecerse la no solución de continuidad, los
efectos jurídicos de dicha declaración serán solamente los de concluir que, a pesar de
haberse presentado interrupciones entre uno y otro contrato, no se configura la
prescripción de los derechos que pudiesen derivarse de cada vínculo contractual. En el
evento contrario, el juez deberá definir si ha operado o no tal fenómeno extintivo respecto
de algunos de los contratos sucesivos celebrados, situación en la cual no procederá el
reconocimiento de los derechos salariales o prestacionales que de aquellos hubiesen
podido generarse».
55. Esta decisión fue aclarada mediante auto del 11 de noviembre de 2021, en el que
la Sección Segunda de esta corporación precisó que «el término de treinta (30) días
hábiles, a que alude la segunda regla de unificación, tal como se dijo en la sentencia del 9
de septiembre de 2021, debe entenderse como un indicador temporal para inferir que no
hay solución de continuidad entre un contrato y otro sucedáneo, y solo para efectos de la
prescripción de derechos laborales».
56. Asimismo, en la sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016, con referencia
SUJ2-005-16, proferida por el Consejo de Estado, se establecieron las siguientes
22 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, nueve (9) de
septiembre de dos mil veintiuno (2021), Asunto: sentencia de unificación de jurisprudencia conforme
al artículo 271 de la Ley 1437 de 2011, Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho,
Radicado: 05001-23-33-000-2013-01143-01 (1317-2016), Demandante: Gloria Luz Manco Quiroz.
24
Radicado: 52001-23-33-000-2015-00388-01 (5086-2022)
Demandante: Alexandra Anyeli Hernández Tarapuez
subreglas:
«(…)
En aquellos contratos de prestación de servicios, pactados por un interregno
determinado y que la ejecución entre uno y otro tiene un lapso de interrupción, frente a
cada uno de ellos habrá de analizarse la prescripción a partir de sus fechas de
finalización, puesto que uno de los fundamentos de la existencia del contrato realidad es
precisamente la vocación de permanencia en el servicio. Por consiguiente, le
corresponderá al juez verificar si existió o no la citada interrupción contractual, que será
excluida de reconocimiento y examinada en detalle en cada caso particular, en aras de
proteger los derechos de los trabajadores, que han sido burlados por las autoridades
administrativas al encubrir una relación laboral bajo contratos de prestación de servicios.
Pese a lo expuesto, la Sala aclara que la prescripción extintiva no se aplica frente a los
aportes para pensión, en atención a la condición periódica del derecho pensional, que
los hace imprescriptibles, pues aquellos se causan día a día y en tal sentido se pueden
solicitar en cualquier época, mientras que las prestaciones sociales y salariales, al ser
pagadas por una sola vez, sí son susceptibles del mencionado fenómeno, por tener el
carácter de emolumentos económicos temporales (…)». (Se subraya).
57. Así las cosas, esta Sala reitera lo expuesto en precedencia, según lo cual «(q)uien
pretenda el reconocimiento de la relación laboral con el Estado y, en consecuencia, el
pago de las prestaciones derivadas de esta, en aplicación del principio de la primacía de
la realidad sobre las formalidades, deberá reclamarlos dentro del término de tres años
contados a partir de la terminación de su vínculo contractual»23.
58. De acuerdo con lo anterior, en el sub judice, al verificarse que la solicitud del
reconocimiento de la relación laboral fue presentada ante la entidad demandada el
28 de noviembre de 201424, se establece que no acaeció el fenómeno jurídico de
la prescripción, pues no transcurrió un lapso superior a 3 años para solicitar por vía
administrativa el reconocimiento de la relación laboral y por ende el pago de los
salarios y prestaciones, toda vez que la relación culminó el 31 de diciembre de 2011
y que entre una vinculación y otra no se presentaron interrupciones superiores a 30
días hábiles que implicaran la solución de continuidad en la prestación del servicio
y le exigieran presentar la reclamación administrativa.
59. Valgaprecisar que, contrario a lo señalado por la entidad apelante, la
demandante no suscribió el contrato «794 de 2012», pues el último, acreditado en el
proceso es el CPS 1294 de 2011; por lo que, el argumento según el cual los
derechos causados con anterioridad a ese contrato se encuentran prescritos no está
23 Sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016, con referencia SUJ2-005-16, proferida por el
Consejo de Estado.
24 Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«16ED_OneDrive_3_282024zip(.zip) NroActua 2», carpetas «02 Demanda.pdf» y «05
CorrecciónDemanda.pdf».
25
Radicado: 52001-23-33-000-2015-00388-01 (5086-2022)
Demandante: Alexandra Anyeli Hernández Tarapuez
llamado a prosperar.
2.5.3. Sobre los salarios y prestaciones objeto del restablecimiento del
derecho
60. Por lo analizado, la actora tiene derecho al reconocimiento y pago de los valores
que por concepto de prestaciones laborales legales derivadas de la relación laboral
debieron liquidarle, y el criterio de la Sala es que la liquidación tendrá que realizarse
en consideración al salario de un empleado de planta que desarrollaba iguales
funciones a las que ejecutó y, solo en caso de no existir, con base en los honorarios
pactados en los contratos de prestación de servicios, correspondientes al periodo
comprendido entre el 1º de agosto de 2006 y el 31 de diciembre de 2011, salvo sus
interrupciones.
61. Lo anterior, en consideración al principio de «a trabajo igual salario igual», que se
deriva del artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales25 frente al cual la Corte Constitucional ha señalado que la remuneración
de los trabajadores en general debe estar acorde con los criterios de
proporcionalidad, cantidad y calidad del trabajo, entre quienes se encuentren en
igualdad de condiciones, sin desconocer la admisión de diversidad de reglas cuando
se trata de hipótesis distintas26.
62. Con fundamento en iguales consideraciones, en criterio de la Sala se tendrá que
calcular el ingreso base de cotización (IBC) pensional. De manera que se deberá
cotizar al respectivo fondo pensional en el porcentaje que le correspondía al
empleador. Para estos efectos, la actora deberá acreditar las cotizaciones que
realizó al mencionado sistema durante sus vínculos contractuales, con la salvedad
de que en caso de no haberse realizado o de existir diferencia en su contra, tendrá
la carga de pagar o completar el porcentaje que le correspondía como empleada.
63. Es importante aclarar que frente al reconocimiento de las prestaciones que
25 «Artículo 7 Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al
goce de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias que le aseguren en especial:
a) Una remuneración que proporcione como mínimo a todos los trabajadores:
i) Un salario equitativo e igual por trabajo de igual valor, sin distinciones de ninguna especie; en
particular, debe asegurarse a las mujeres condiciones de trabajo no inferiores a las de los hombres,
con salario igual por trabajo igual;
ii) Condiciones de existencia dignas para ellos y para sus familias conforme a las disposiciones del
presente Pacto;
b) La seguridad y la higiene en el trabajo;
c) Igual oportunidad para todos de ser promovidos, dentro de su trabajo, a la categoría superior que
les corresponda, sin más consideraciones que los factores de tiempo de servicio y capacidad;
d) El descanso, el disfrute del tiempo libre, la limitación razonable de las horas de trabajo y las
vacaciones periódicas pagadas, así como la remuneración de los días festivos». (Resalta la Sala).
26 Sentencia SU-519 de 1997, M. P. José Gregorio Hernández Galindo.
26
Radicado: 52001-23-33-000-2015-00388-01 (5086-2022)
Demandante: Alexandra Anyeli Hernández Tarapuez
deberán ser reconocidas a la demandante se sostuvo en anterior providencia27 que
«el reconocimiento de la primacía de la realidad sobre las formalidades que conlleva a la
declaración de existencia de una relación laboral subyacente de un contrato de prestación
de servicio, no puede otorgar al accionante la calidad de empleado público», lo que no
impide que se reconozcan las prestaciones laborales reclamadas en virtud del
aludido principio de «a trabajo igual salario igual».
64. En consideración a esto, a la actora le asiste el derecho al reconocimiento de las
prestaciones laborales de carácter legal que devengara un empleado de planta que
desarrollaba iguales funciones a las suyas, tales como vacaciones, primas,
bonificaciones y cesantías, entre otras.
65. Lo explicado con anterioridad, que es la posición adoptada por la Sala para la
liquidación de las prestaciones laborales a la cuales tendría derecho el demandante
y para el cálculo del ingreso base de cotización (IBC), daría lugar a la modificación
de la orden proferida por el a quo al establecer que la entidad demandada debía
realizar la liquidación con base «en el valor de los honorarios percibidos en cada uno de
los contratos»; no obstante, al ser la entidad el apelante único en este asunto, no se
modificará la providencia en este aspecto con el ánimo de no desmejorar su
situación en virtud del principio de la non reformatio in pejus.
66. En igual sentido, si bien en aplicación de las garantías de orden constitucional
que impone a las autoridades proteger los principios de igualdad de oportunidades
para los trabajadores; remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad
y calidad de trabajo; irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en
normas laborales; y la primacía de la realidad sobre las formas establecidas por los
sujetos de las relaciones laborales, esta Sala ha señalado que en asuntos relativos
a las relaciones laborales encubiertas, es procedente el reconocimiento y pago de
las diferencias que resulten entre lo que recibió la demandante por concepto de
honorarios y lo que debió recibir, en igualdad de condiciones de dicho cargo de la
entidad; no es menos cierto que, en el presente asunto la entidad demandada funge
como apelante único, razón por la cual en virtud del mencionado principio no habrá
lugar a modificar la sentencia en este aspecto y, en consecuencia, bajo ese
entendido se confirmará.
67. Por lo hasta aquí analizado, con fundamento en el material probatorio valorado y
la normativa aplicable al asunto, esta Sala concluye que se demostraron los
elementos constitutivos de una relación laboral encubierta entre la demandante y
Acción Social en los periodos comprendidos entre el 1º de agosto de 2006 y el 31
de diciembre de 2011, salvo sus interrupciones, y el consecuente pago de las
27 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 6 de octubre de 2016, radicado
66001 23 33 000 2013 00091 01 (0237 2014).
27
Radicado: 52001-23-33-000-2015-00388-01 (5086-2022)
Demandante: Alexandra Anyeli Hernández Tarapuez
prestaciones laborales que surjan de esta, tiempo que se tendrá en cuenta para
efectos pensionales.
68. No obstante, se aclara que, contrario a lo establecido por el a quo, en el periodo
laborado por la actora sí existieron interrupciones, las cuales si bien no eran
superiores a 30 días hábiles, lo cierto es que no se pueden tener en cuenta en la
relación laboral, para el pago de las prestaciones laborales y para efectos
pensionales. Por lo tanto, habrá de modificarse la decisión de primera instancia.
69. Ahora, si bien es cierto que ella envío unos oficios en uno de aquellos días en los
que no mediaba vinculación contractual y que los testigos manifestaron que acudían
a Acción Social en las interrupciones de los contratos, lo cierto es que ello por sí
solo no permite establecer que el desarrollo de esa labor en esos lapsos se realizó
con la anuencia de la entidad, pues no existen más pruebas que así lo acrediten, y
lo cierto es que más allá de su dicho y el envío de un oficio (en principio, por voluntad
de la demandante) es necesario su total demostración con otros medios probatorios,
de que esto ocurrió con el consentimiento y la aprobación de la demandada, los que
no se allegaron al plenario.
70. Valga precisar que es necesario acreditar que el ejercicio de actividades al
servicio del Estado se realizó de conformidad con el beneplácito de las autoridades,
pues lo contrario implicaría permitir que cualquier demostración de una labor sirva
para exigirle a la administración el pago de salarios y prestaciones, lo que desdibuja
el análisis de las autoridades judiciales cuando pretenden garantizar los derechos
mínimos irrenunciables de los trabajadores al servicio de una entidad pública,
pues esto necesariamente impone considerar que la entidad requirió de su labor.
40. Ahora, en lo referente a la orden de la devolución de los aportes efectuados al
sistema de seguridad social, la Sala advierte que es improcedente, tal y como se
indicó en la sentencia de unificación del 9 de septiembre de 202128, toda vez que,
de acuerdo con lo que ha venido señalando esta corporación, a pesar de que se
haya declarado a su favor la existencia de una relación laboral encubierta o
subyacente, en función de su naturaleza parafiscal, estos recursos son de
obligatorio pago y recaudo para un fin especifico «lo que excluye la posibilidad de
titularidad que sobre los mismos pretenda el actor ejercer»29, por tanto, se revocará la
orden del a quo en tal sentido.
71. Por lo analizado, la Sala confirmará parcialmente la sentencia apelada, pues se
28 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso- Administrativo, Sección Segunda, sentencia de 9 de
septiembre de 2021, expediente: 1317-2016, magistrado ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas.
29 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso- Administrativo, Sección Segunda, radicado 76001-
23-33-000-2012-00288-01 (3681-2013), magistrado ponente: Sandra Lisset Ibarra Vélez.
28
Radicado: 52001-23-33-000-2015-00388-01 (5086-2022)
Demandante: Alexandra Anyeli Hernández Tarapuez
modificarán las órdenes contenidas en el ordinal 2 para establecer que relación
laboral encubierta entre las partes existió entre los periodos comprendidos entre el
1º de agosto de 2006 y el 31 de diciembre de 2011, salvo sus interrupciones, y el
consecuente pago de las prestaciones laborales que surjan de esta, tiempo que se
tendrá en cuenta para efectos pensionales.
72. Asimismo, se revocará la orden contenida en el ordinal 4, en cuanto a la
devolución de los aportes a seguridad social. Además, se dispondrá la manera en
la cual la entidad demandada deberá calcular el ingreso base de cotización (IBC),
tal y como se indicó con anterioridad.
2.5. Costas
73. La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:
«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».
74. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada,
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales
del procedimiento para su liquidación y ejecución.
75. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma30.
76. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones temerarias,
dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas del
procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si se causaron
dichas costas.
77. En el caso concreto, como no se evidenció que la parte vencida actuase con
30 En este sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter, radicación 70001-23-33-000-
2013-00065-01 (1908-2014).
29
Radicado: 52001-23-33-000-2015-00388-01 (5086-2022)
Demandante: Alexandra Anyeli Hernández Tarapuez
temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el transcurso
del trámite procesal, la Sala se abstendrá de condenar en costas y revocará la
condena impuesta en primera instancia.
3. Conclusión
78. Con fundamento en lo expuesto, la Sala encuentra que existió una relación
laboral entre Alexandra Anyeli Hernández Tarapuez y Acción Social, en la
actualidad Departamento Administrativo de Prosperidad Social entre el 1º de agosto
de 2006 y el 31 de diciembre de 2011, salvo sus interrupciones, y por lo tanto tiene
derecho al consecuente pago de las prestaciones laborales que surjan de esta. Este
tiempo se tendrá en cuenta para efectos pensionales.
79. Es improcedente la devolución de los aportes efectuados a seguridad social y en
consecuencia se revocará el ordinal 4 de la sentencia apelada. Además, se
dispondrá la manera en la cual la entidad demandada deberá calcular el ingreso
base de cotización (IBC), tal y como se indicó con anterioridad.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Modificar el ordinal 2 de la sentencia proferida el 22 de enero de 2020 por
el Tribunal Administrativo de Nariño, Sala de Decisión Oral, que accedió de manera
parcial a las pretensiones de la demanda presentada por Alexandra Anyeli
Hernández Tarapuez en contra del Departamento Administrativo para la
Prosperidad Social, conforme con lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia, el cual quedará así:
Segundo: Declarar la existencia de relación laboral en razón de la aplicación del
principio de primacía de la realidad sobre lo formal, entre Alexandra Anyeli
Hernández Tarapuez y Acción Social, hoy Departamento Administrativo para la
Prosperidad Social, entre el 1º de agosto de 2006 y el 31 de diciembre de 2011,
salvo sus interrupciones.
Segundo: Revocar el ordinal 4 de la sentencia, conforme con lo expuesto en la
parte motiva de esta providencia, y en su lugar se dispone lo siguiente:
Cuarto: Como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del
derecho, el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social deberá
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Radicado: 52001-23-33-000-2015-00388-01 (5086-2022)
Demandante: Alexandra Anyeli Hernández Tarapuez
calcular el ingreso base de cotización (IBC) pensional de Alexandra Anyely
Hernández Tarapuez, que corresponde a los honorarios pactados en los
contratos de prestación de servicios en el periodo comprendido entre el 1º de
agosto de 2006 y el 31 de diciembre de 2011, salvo sus interrupciones. La
entidad deberá cotizar al respectivo fondo pensional en el porcentaje que le
correspondía.
Para estos efectos, la actora deberá acreditar las cotizaciones que realizó al
mencionado sistema durante sus vínculos contractuales, con la salvedad de que
en caso de no haberse realizado o de existir diferencia en su contra, tendrá la
carga de pagar o completar el porcentaje que le correspondía como empleada.
Tercero. Revocar la condena en costas impuesta en el ordinal 7 de la sentencia y
en su lugar no condenar en costas de primera y segunda instancia.
Cuarto. Confirmar en lo demás la sentencia apelada.
Quinto. Devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones en el
aplicativo Samai.
Sexto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala
en la plataforma del Consejo de Estado denominada Samai. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de
conformidad con el artículo 186 del CPACA.
LAVM
31
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