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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 52001-23-33-000-2015-00654-01

Fecha
4 de agosto de 2022
Consejero ponente
William Hernandez Gomez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 52001-23-33-000-2015-00654-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero: Modificar los ordinales tercero, cuarto y quinto de la sentencia del 27 de marzo de 2019 proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda que, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, interpuso el señor Luis Felipe Ordóñez Armero en contra del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, los cuales quedan de la siguiente manera: «TERCERO.- DECLARAR parcialmente probada la excepción de prescripción extintiva del derecho formulada por la entidad demandada, respecto de las prestaciones sociales causadas en el periodo comprendido entre el 20 de junio de 2001 y el 31 de diciembre de 2002. No obstante, el demandante tiene derecho a que el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, realice las cotizaciones a pensión, por dicho periodo, por tratarse de una prestación imprescriptible, para lo cual deberá observarse el lapso efectivamente ejecutado de los contratos y las determinaciones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 35 «Artículo 366. Liquidación. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera concentrada en el juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente quede ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo dispuesto por el superior, con sujeción a las siguientes reglas: […]» Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 22 CUARTO.- A título de restablecimiento del derecho, CONDENAR al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social a reconocer al señor Luis Felipe Ordoñez Armero las prestaciones sociales de orden legal a las cuales tiene derecho, causadas durante el periodo laboral comprendido entre el 1.º de abril de 2003 y el 13 de abril de 2012, para lo cual se tomará como base de liquidación el valor pactado por honorarios en los respectivos contratos de prestación de servicios. Se precisa que las prestaciones a que haya lugar a pagar, solo deberán ser reconocidas por los tiempos efectivamente laborados, de acuerdo con los […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 52001-23-33-000-2015-00654-01

Consejero ponente: William Hernandez Gomez

4 de agosto de 2022

1

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ

Bogotá D.C., cuatro (4) de agosto de dos mil veintidós (2022)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 52001-23-33-000-2015-00654-01 (5280-2019)
Demandante: LUIS FELIPE ORDOÑEZ ARMERO
Demandada: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA
PROSPERIDAD SOCIAL, DPS1

Tema: Reconocimiento relación laboral.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
Ley 1437 de 2011

ASUNTO

La Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado decide el recurso
de apelación interpuesto por la parte demandante, contra la sentencia del 27
de marzo de 2019 proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño, que
accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

ANTECEDENTES

El señor Luis Felipe Ordóñez Armero, en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho que consagra el artículo 138 de la Ley
1437 del 20112, formuló, en síntesis, las siguientes:

Pretensiones2

1. Declarar la nulidad de los siguientes actos administrativos: i) Oficio
20156100230141 del 10 de marzo de 2015, por medio del cual el DPS negó
el reconocimiento y pago de prestaciones sociales al señor Luis Felipe
Ordóñez Romero; y ii) acto administrativo ficto negativo, configurado por el
silencio de la entidad demandada frente al recurso de reposición y en
subsidio de apelación interpuestos contra el anterior oficio.

2. A título de restablecimiento del derecho, declarar que entre el demandante
y el DPS existió una relación laboral al haberse dado los presupuestos
jurídicos y fácticos que la constituyen, de manera continua e ininterrumpida.

3. Declarar que la entidad demandada adeuda al convocante prestaciones
sociales, indemnización por no pago de cesantías, aportes a pensión y
salud que realizó el señor Ordóñez Romero, así como los demás derechos
derivados de la relación laboral.

1
En adelante DPS.
2
Folios 2 a 4, C1.

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2

4. Condenar a la demandada a pagar a favor del demandante: i) como lucro
cesante, las acreencias laborales causadas de: vacaciones, prima de
vacaciones, prima de navidad, cesantías, intereses a las cesantías, prima
de servicios y bonificación por recreación; ii) las indemnizaciones por
despido sin justa causa y moratoria, por la no cancelación de las cesantías;
iii) a pagar, como daño emergente, la suma que el demandante debió
cancelar de su propio patrimonio para cotizar al sistema general de
seguridad social; iv) los valores adeudados debidamente actualizados a la
fecha de su cancelación efectiva; así como a pagar los intereses de mora
conforme a lo dispuesto en el artículo 195 del CPACA.

Fundamentos fácticos relevantes3

1. El señor Luis Felipe Ordóñez Armero laboró para la Agencia Presidencial
para la Acción Social y la Cooperación Internacional – Acción Social4, hoy
transformada en el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social
– DPS, en la unidad territorial Nariño, que luego pasó a llamarse Regional
Nariño, ubicada en la ciudad de Pasto, ejerciendo el cargo de Coordinador
Regional del programa de Familias en Acción, y desde el 20 de junio de
2001 hasta el 13 de abril de 2012, de manera continua e ininterrumpida.

2. Durante el tiempo en que el demandante prestó sus servicios a la entidad
demandada recibió pagos mensuales que constituyeron salario; en los
espacios temporales en los cuales no se observa celebración de contrato
entre las partes, el convocante continuó laborando a la espera de la firma
del siguiente acuerdo bilateral, de manera que sus funciones no se vieron
interrumpidas.

3. El señor Ordóñez Armero prestó sus servicios de manera personal y
directa, sin subcontratar o acudir a terceros; y cumplió funciones misionales
de la entidad, manejando el grupo de profesionales del programa Familias
en Acción, y representando y ejecutando las actividades propias del
programa.

4. Los contratos suscritos no constituyen prueba de una relación contractual
independiente, sino una inequívoca situación subordinada derivada de una
relación legal y reglamentaria.

5. El señor Luis Felipe Ordóñez Armero radicó petición ante el DPS el 20 de
febrero de 2015, solicitando los derechos derivados de una relación laboral.
Frente a dicha petición, la entidad emitió el Oficio 20156100230141 del 10
de marzo de 2015, a través del cual negó la reclamación, acto
administrativo que no fue notificado en los términos de los artículos 67 a 69
del CPACA.

6. Contra la decisión anterior, el demandante presentó recurso de reposición
y en subsidio de apelación el 26 de marzo de 2015, en el que además se
dio notificado por conducta concluyente.

7. Tales recursos no fueron resueltos, configurándose el silencio
administrativo negativo.

3
Folios 4 a 8, C1.
4
En adelante Acción Social.

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3

DECISIONES RELEVANTES EN LA AUDIENCIA INICIAL

En el marco de la parte oral del proceso, bajo la Ley 1437 de 2011, la principal
función de la audiencia inicial es la de establecer el objeto del proceso y de la
prueba. En esta etapa se revelan los extremos de la demanda o de su reforma,
de la contestación o de la reconvención. Además, se conciertan las principales
decisiones que guiarán el juicio.

Con fundamento en lo anterior, se realiza el siguiente resumen de la audiencia
inicial en el presente caso, a modo de antecedentes:

Resumen de las principales decisiones

Excepciones previas (art. 180-6 CPACA)

En el acta se consignó lo siguiente al momento de decidir las excepciones5:

«La apoderada legal del DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA
PROSPERIDAD SOCIAL, formuló únicamente excepciones de mérito, por lo
tanto las mismas serán resueltas en la sentencia correspondiente.

Se dicta el siguiente auto,

[…].- SIN LUGAR A PRONUNCIARSE sobre excepciones de mérito
denominadas: “PRESCRIPCIÓN DEL DERECHO A RECLAMAR LA
EXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL, INEXISTENCIA DE RELACIÓN
LABORAL, NO EXISTE RELACIÓN LABORAL LEGAL Y REGLAMENTARIA
CON EL PODERDANTE, INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN e
INSUFICIENCIA PROBATORIA” en la presente etapa […]». (Negrillas del texto
original)

Fijación del litigio (art. 180-7 CPACA)

El litigio se fijó en los siguientes términos6:

«¿Debe declararse la nulidad del acto administrativo contenido en el Oficio No.
20156100230141 del 10 de marzo de 2015 y condenarse a la entidad demandada
a reconocer y pagar al actor, los salarios y demás prestaciones sociales que
reclama, con ocasión de la aplicación del principio de la primacía(sic) sobre las
formas?».

SENTENCIA APELADA7

El tribunal de primera instancia dictó sentencia escrita el 27 de marzo de 2019,
a través de la cual accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda,
con sustento en las siguientes consideraciones:

En primer lugar, se refirió al tratamiento legal y jurisprudencial que el
ordenamiento jurídico le ha otorgado a los casos en los que se discute la
existencia de una relación laboral encubierta o subyacente, al cabo de lo cual
concluyó que para acreditar la existencia de un contrato de trabajo, es

5
Folio 187, C1.
6
Folio 187 Vto. y 188, C1.
7
Folios 529 a 542, C4.

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4

necesario demostrar los elementos constitutivos del mismo, especialmente el
de la subordinación.

Con fundamento en lo anterior, adujo que cuando se logra desvirtuar la
presunción que recae sobre el contrato de prestación de servicios,
inexorablemente se conduce al reconocimiento de las prestaciones sociales
causadas por el periodo realmente laborado.

Al abordar el asunto sub examine, el a quo relacionó los elementos de juicio
recaudados en el curso del proceso, y al efectuar el análisis de los mismos,
consideró estructurada la subordinación o dependencia, en tanto existe
consistencia probatoria con respecto a que el señor Luis Felipe Ordóñez
Armero prestó sus servicios de manera continua e ininterrumpida para el DPS,
en donde además, tanto el lugar como el horario de trabajo eran impuestos
por la entidad, y en el cual desempeñó funciones propias de su cargo y
actividades asignadas por los directores territoriales, regionales o nacionales.

En punto a la continuidad del servicio, el tribunal señaló que, si bien es cierto
se evidenció que se presentaron lapsos entre los contratos celebrados, de los
testimonios y el interrogatorio de parte se puede corroborar que las labores
desempeñadas fueron permanentes.

Frente a las pretensiones formuladas en la demanda relacionadas con el
reconocimiento de prestaciones sociales legales y extralegales, incluida la
sanción moratoria y el reembolso de los aportes al sistema general de
seguridad social, recalcó que, el Consejo de Estado, ha precisado que la
condena por la penalidad moratoria es improcedente en asuntos de esta
naturaleza, pues es solo a partir de la ejecutoria de la sentencia que se hacen
exigibles los derechos prestacionales del demandante, con la aclaración de
que en lo atinente a los aportes para pensión, los mismos no son prescriptibles
y deben reconocerse cuando el contrato realidad se declara.

De otro lado, en lo que tiene que ver con la prescripción, el tribunal refirió que,
el demandante, terminó su relación contractual con la entidad demandada el
13 de abril de 2012, teniendo hasta el 13 de abril de 2015 para presentar la
reclamación administrativa, circunstancia que aconteció el 20 de enero de
2015, por lo que se entiende que el fenómeno prescriptivo se interrumpió.

Con todo, resaltó que entre las diferentes órdenes de prestación de servicios
se presentaron interrupciones, de modo que el único contrato vigente en el
término de prescripción, es el celebrado entre el 30 de enero de 2012 y el 13
de abril de la misma anualidad; razón por la cual, no podrán incluirse los
anteriores contratos al haber existido solución de continuidad.

Finalmente indicó que no accedería a ninguna de las indemnizaciones
solicitadas como quiera que no se demostraron en el proceso.

Como consecuencia de lo anterior, el juez de primer grado declaró la
existencia de la relaciona laboral entre las partes, por el periodo comprendido
entre el 20 de junio de 2001 hasta el 13 de abril de 2012; declaró la nulidad
del acto administrativo demandado; declaró probada la excepción de
prescripción formulada por la entidad demandada, respecto de las sumas
generadas con anterioridad al 30 de enero de 2012, fenómeno que no se hace
extensivo a los aportes para pensión; a título de restablecimiento del derecho

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5

condenó al DPS a pagar al demandante las prestaciones sociales reclamadas,
correspondientes al lapso transcurrido entre el 30 de enero de 2012 y el 13 de
abril del mismo año, teniendo como base para la liquidación cada contrato,
periodo, y lo que un empleado de planta con las mismas funciones y
clasificación de empleo hubiera devengado en ese tiempo; condenar a la
demandada a pagar la entidad de seguridad social en pensiones a la que
estuviera afiliado el convocante, los aportes a pensión a partir del 20 de junio
de 2001 y hasta el 13 de abril de 2012, salvo las interrupciones, si dicho pago
ya se hubiere efectuado por el interesado, dichos valores deberán
devolvérsele a título de reintegro y en la proporción que corresponda; y
condenar en costas a la parte demandada.

RECURSO DE APELACIÓN

La parte demandante8 presentó recurso de apelación contra la decisión de
primera instancia, con fundamento en lo siguiente

La providencia que se recurre dispuso la prescripción de algunas de las
prestaciones sociales a reconocer, postura que no se comparte, pues si bien
existieron periodos en los cuales no hubo formalización de un contrato, tal y
como se demostró en el proceso, en dichos interregnos el demandante
continuó laborando por orden de quienes fungieron como jefes inmediatos,
razón por la cual hubo continuidad en la relación laboral. Dicha situación fue
debidamente demostrada con las declaraciones de los testigos, quienes de
manera uniforme manifestaron que el señor Luis Felipe Ordóñez Armero
trabajó durante el tiempo en que no estaba amparado por un contrato, en
cumplimiento de sus funciones.

Ello en atención a la necesidad del programa Familias en Acción de no ser
interrumpido por motivo de los pagos que debían ser efectuados a las
personas beneficiarias, a la coordinación institucional y a otras actividades.

Sostuvo entonces que, no se pueden realizar las rupturas que el tribunal hizo
entre cada contrato para declarar que hubo prescripción, pues lo probado no
solo fue la existencia de la relación laboral, sino que no existió interrupción
alguna en el vínculo durante el periodo comprendido entre el 20 de junio de
2001 y el 13 de abril de 2012.

En ese orden, teniendo en cuenta que la reclamación se realizó antes de los
tres años de la finalización de la relación de trabajo declarada, el derecho a
solicitar las prestaciones derivadas de dicha relación, no se encuentra extinto,
por lo que hay lugar a reconocer las prestaciones sociales y demás
emolumentos por todo el tiempo en que prestó sus servicios al DPS.

Con fundamento en lo expuesto, el demandante solicitó revocar el fallo de
primera instancia en cuanto declaró la prescripción, en los términos indicados
y, en consecuencia, ordenar a la entidad demandada pagar las acreencias
laborales; así como la devolución de lo pagado en exceso por el demandante
al sistema general de seguridad social en salud, pensión y riesgos
profesionales; y a fijar el valor de las costas a cuyo pago se condenó a la
demandada.

8
Folios 544 a 548, C4.

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6

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

La parte demandante9 reiteró los argumentos expuesto en el recurso de
apelación, y referenció elementos normativos y jurisprudenciales sobre los
elementos constitutivos de la relación laboral encubierta.

El Departamento Administrativo para la Prosperidad Social10 solicitó
revocar la sentencia de primer grado que declaró la existencia de un contrato
laboral entre las partes, pues, de conformidad con las conclusiones a las que
se arrima, y luego de ponderar en su conjunto las circunstancias que
acompañaron el decurso de los acontecimientos, los mismos dan cuenta que
el contratista ejecutó actividades técnicas que no fueron realizadas bajo el
factor de subordinación, sino de conformidad con un manual operativo.

De manera subsidiaria, peticionó confirmar la decisión de prosperidad de la
excepción de prescripción, y que al momento de valorar las pruebas
testimoniales se tenga en cuenta que al realizar una verdadera valoración de
sus testimonios aquellos conforman un carrusel, pues este grupo de
declarantes ha requerido a su vez el testimonio del aquí demandante y de los
otros deponentes para sacar adelante sendos procesos que persiguen
desdibujar el contrato de prestación de servicios que cada uno de ellos
celebró.

El Ministerio Público y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del
Estado guardaron silencio en esta etapa, de conformidad con la constancia
secretarial obrante a folio 587 del plenario.

CONSIDERACIONES

Competencia

De conformidad con el artículo 150 del CPACA, el Consejo de Estado es
competente para resolver el recurso de apelación interpuesto. De igual forma,
según el artículo 328 del Código General del Proceso, el juez de segunda
instancia debe pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos en el
recurso de alzada.

Consideración previa

Encuentra la Sala que el escrito de alegatos de conclusión de la entidad
demandada, se encuentra acompañado de argumentos tendientes a obtener
la revocatoria de la sentencia de primera instancia que declaró la existencia
de una relación de trabajo entre el señor Luis Felipe Ordóñez Armero y el DPS.

Al respecto es de anotar que, tal y como lo prescribe el artículo 247 de la Ley
1437 de 2011, modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, la
oportunidad para interponer el recurso de apelación contra las sentencias en
primera instancia, corresponde a «[…] los diez (10) días siguientes a su
notificación. Este término también aplica para las sentencias dictadas en audiencia.
[…]».

9
Memorial visible a índice 12 del aplicativo SAMAI.
10
Memorial visible a índice 13 del aplicativo SAMAI.

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7

A folio 549 del expediente obra constancia secretarial de la escribiente del
Tribunal Administrativo de Nariño, con fecha 26 de julio de 2019, en la que
informa lo siguiente:

«[…]
• Por conducto de Secretaría, el día 09 de julio de 2019, se notificó vía
electrónica, la sentencia de primera instancia de fecha 27 de marzo del
mismo año (folio 543).
• El día 19 de julio de 2019, el apoderado judicial de la parte demandante,
interpuso oportunamente recurso de apelación contra la sentencia de
primera instancia (folios 544 a 549)
[…]».

A su turno, el juez de primer grado en auto del 12 de agosto de 201911 señaló
que fijaría fecha y hora para celebrar la audiencia de conciliación de que trata
el artículo 192 del CPACA, para lo cual indicó además, la interposición del
recurso de apelación por parte del apoderado legal del señor Ordóñez Armero
contra la providencia dictada el 27 de marzo de 2019.

En audiencia de conciliación celebrada el 29 de agosto de 201912, el Tribunal
Administrativo de Nariño concedió en el efecto suspensivo el recurso de
apelación interpuesto por el demandante y dispuso la remisión del expediente
al Consejo de Estado.

En ese orden, deviene claro que la entidad demandada no allegó dentro del
término perentorio previsto para los efectos, el recurso de alzada con los
argumentos de inconformidad que, frente la providencia de primera instancia,
pretendía fueran analizados en sede de segunda. En consecuencia, no resulta
procedente para esta Corporación efectuar valoración alguna sobre la
exposición realizada en el escrito de alegatos de conclusión.

Se considera entonces que, el estudio que habrá de efectuarse respecto de
las alegaciones finales, se circunscribirá a los planteamientos referenciados
por la demandada que encuentran similitud con el recurso de apelación
elevado por el demandante, y que para el presente caso se limita al estudio
del fenómeno jurídico de la prescripción.

Problema jurídico

De conformidad con los planteamientos derivados de la sentencia impugnada
y de los recursos de apelación elevados por la parte demandante y por el
Ministerio de Salud y Protección Social, los problemas jurídicos a resolver en
esta instancia se circunscriben a:

¿Hay lugar a declarar probada la excepción de prescripción extintiva del
derecho, al haber transcurrido más de tres años entre la finalización de todos
o algunos de los periodos contractuales y la reclamación administrativa?

La Subsección sostendrá la siguiente tesis: los interesados en la declaratoria
de existencia de una relación laboral encubierta no pueden exonerarse de
reclamar el derecho dentro de los tres años siguientes a la finalización del
vínculo contractual; es por ello que, en el presente caso se encuentra

11
Folio 550, C4.
12
Folios 560 a 562, C4.

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8

configurado el fenómeno jurídico de la prescripción extintiva respecto de
algunas de las prestaciones sociales a las que tendría derecho el demandante,
toda vez que entre los diferentes contratos de prestación de servicios se
verificaron interregnos superiores a 30 días hábiles de interrupción, por lo que,
en atención a lo dispuesto en la sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-2021
del 9 de septiembre de 2021, se deberá determinar que existió solución de
continuidad.

Advierte la Sala que, en el presente asunto, el demandante pretende la
declaración de la existencia de una relación laboral entre él y el Departamento
Administrativo para la Prosperidad Social, desde el 20 de junio de 2001 al 13
de abril de 2012 y, en consecuencia, que se ordene el reconocimiento y pago
de las prestaciones sociales de ley y demás acreencias laborales que surjan
con ocasión de dicha declaratoria.

El tribunal de primera instancia consideró acreditada la relación laboral
aducida por el señor Luis Felipe Ordóñez Armero, por cuanto del material
probatorio allegado al plenario es posible evidenciar la configuración de los
elementos constitutivos del contrato de trabajo cuales son la prestación
personal del servicio, la remuneración periódica y la subordinación continuada
durante el tiempo de vinculación con la entidad. Sin embargo, encontró
probada la excepción de prescripción extintiva del derecho con relación a los
emolumentos y acreencias laborales causadas con anterioridad al 30 de enero
de 2012.

En ese sentido, se tiene que el recurso de alzada presentado por el
demandante, se encuentra encaminado a que por parte de esta Corporación
se revoque parcialmente la sentencia, en cuanto, no hay lugar a declarar la
procedencia del fenómeno jurídico de la prescripción, al no haber existido
solución de continuidad entre los contratos celebrados por el señor Ordóñez
Armero y el DPS.

Resulta necesario anotar, que en esta instancia la existencia de la relación
laboral encubierta o subyacente, por la comprobación de los elementos
constitutivos de la relación laboral no es objeto de debate, por lo que las
consideraciones que se siguen se limitaran a los planteamientos señalados en
el escrito de apelación, y que no son otros que los relacionados con la
prescripción.

Prescripción aplicada a la relación laboral encubierta o subyacente

En materia de derechos laborales de los empleados públicos, los artículos 41
del Decreto 3135 de 196813 y 102 del Decreto 1848 de 196914 (reglamentario
del primero), regulan que las acciones que emanen de los derechos
consagrados en dichas normas prescriben en tres años contados desde que
la respectiva obligación se haya hecho exigible.
13
«Artículo 41. Las acciones que emanen de los derechos consagrados en este decreto prescribirán en
tres años contados desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible.
El simple reclamo escrito del empleado o trabajador ante la autoridad competente, sobre un derecho o
prestación debidamente determinado, interrumpe la prescripción, pero sólo por un lapso igual.»
14
«Artículo 102. Las acciones que emanen de los derechos consagrados en el Decreto 3135 de 1968
y en este Decreto, prescriben en tres (3) años, contados a partir de la fecha en que la respectiva
obligación se haya hecho exigible.
El simple reclamo escrito del empleado oficial formulado ante la entidad o empresa obligada, sobre un
derecho o prestación debidamente determinado, interrumpe la prescripción, pero solo por un lapso
igual.»

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9

Particularmente, en cuanto al reconocimiento de la existencia de la relación
laboral encubierta a través de un contrato de prestación de servicios, esta
Sección, en sentencia de unificación jurisprudencial del 25 de agosto de 2016,
estipuló las siguientes reglas respecto a la prescripción extintiva de los
derechos salariales y prestacionales derivados del contrato realidad15:

«[…] i) Quien pretenda el reconocimiento de la relación laboral con el Estado y, en
consecuencia, el pago de las prestaciones derivadas de esta, en aplicación del
principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades, deberá reclamarlos
dentro del término de tres años contados a partir de la terminación de su vínculo
contractual.

ii) Sin embargo, no aplica el fenómeno prescriptivo frente a los aportes para
pensión, en atención a la condición periódica del derecho pensional y en armonía
con los derechos constitucionales a la igualdad e irrenunciabilidad a los beneficios
mínimos laborales y los principios de in dubio pro operario, no regresividad y
progresividad.

iii) Lo anterior, no implica la imprescriptibilidad de la devolución de los dineros
pagados por concepto de aportes hechos por el trabajador como contratista, pues
esto sería un beneficio propiamente económico para él, que no influye en el
derecho pensional como tal (que se busca garantizar), sino en relación con las
cotizaciones adeudadas al sistema de seguridad social en pensiones, que podrían
tener incidencia al momento de liquidarse el monto pensional.

iv) Las reclamaciones de los aportes pensionales adeudados al sistema integral
de seguridad social derivados del contrato realidad, por su carácter de
imprescriptibles y prestaciones periódicas, también están exceptuadas de la
caducidad del medio de control (de acuerdo con el artículo 164, numeral 1, letra c,
del CPACA).

v) Tampoco resulta exigible el agotamiento de la conciliación extrajudicial como
requisito previo para demandar a través del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, dado que al estar involucrados en este tipo de
controversias (contrato realidad) derechos laborales irrenunciables (cotizaciones
que repercuten en el derecho a obtener una pensión), que a su vez comportan el
carácter de ciertos e indiscutibles, no son conciliables.

vi) El estudio de la prescripción en cada caso concreto será objeto de la sentencia,
una vez abordada y comprobada la existencia de la relación laboral, pues el hecho
de que esté concernido el derecho pensional de la persona (exactamente los
aportes al sistema de seguridad social en pensiones), que por su naturaleza es
imprescriptible, aquella no tiene la virtualidad de enervar la acción ni la pretensión
principal (la nulidad del acto administrativo que negó la existencia del vínculo
laboral).

vii) El juez contencioso-administrativo se debe pronunciar, aunque no se haya
deprecado de manera expresa, respecto de los aportes al sistema de seguridad
social en pensiones, una vez determinada la existencia del vínculo laboral entre el
demandante y la agencia estatal accionada, sin que ello implique la adopción de
una decisión extra petita, sino una consecuencia indispensable para lograr la
efectividad de los derechos del trabajador. […]». (Subrayado de la Subsección)

15
Consejo de Estado, Sección Segunda. Sentencia de Unificación Jurisprudencial CE-SUJ2-05 del 25
de agosto de 2016. Consejero Ponente Dr. Carmelo Perdomo Cuéter. Radicación 23001-23-33-000-
2013-00260-01 (0088-2015).

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www.consejodeestado.gov.co

10

Conforme con lo previsto en la sentencia de unificación jurisprudencial citada,
en su aparte aquí transcrito, se tiene que:

• El término para exigir el reconocimiento de una relación laboral con el
Estado es de tres años, contados a partir de la terminación del vínculo
contractual, y que pasado dicho tiempo se extingue el derecho a solicitar
las prestaciones que se deriven de aquella.

• En aquellos casos donde existe interrupción entre los contratos de
prestación de servicios y en su ejecución, debe analizarse la prescripción
frente a cada uno de ellos, a partir de sus fechas de finalización.

Sobre el particular, la sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016
indicó:
«[…] Pero en aquellos contratos de prestación de servicios, pactados por un
interregno determinado y que la ejecución entre uno y otro tiene un lapso de
interrupción, frente a cada uno de ellos habrá de analizarse la prescripción a
partir de sus fechas de finalización, puesto que uno de los fundamentos de la
existencia del contrato realidad es precisamente la vocación de permanencia
en el servicio. Por consiguiente, le corresponderá al juez verificar si existió o no
la citada interrupción contractual, que será excluida de reconocimiento y
examinada en detalle en cada caso particular, en aras de proteger los derechos
de los trabajadores, que han sido burlados por las autoridades administrativas
al encubrir una relación laboral bajo contratos de prestación de servicios. […]».
(Subrayado de la Subsección)

Ahora, si bien es cierto que esta Sala ha sostenido en varias ocasiones,
particularmente en el año 2018, que cuando existen múltiples contratos u
órdenes de prestación de servicios y entre uno y otro se presentaban
interrupciones de al menos un día, debe considerarse suficiente para
determinar la interrupción el vínculo contractual, de manera que a partir de la
finalización de cada uno de estos periodos debe iniciar la contabilización del
término de prescripción, lo anterior fue revaluado ante la disparidad de criterios
sobre el momento a partir del cual ha de contarse el fenómeno extintivo del
derecho.

En tal sentido, y de conformidad con la sentencia de unificación del 9 de
septiembre de 202116, esta Sección ha adoptado un nuevo enfoque que
considera menos lesivo para efectos de contabilizar dicho lapso, en tanto que
se ha dispuesto fijar un periodo de treinta (30) días hábiles como indicador
temporal de la no solución de continuidad entre contratos sucesivos de
prestación de servicios, sin que este, se itera, constituya una «camisa de
fuerza» para el juez contencioso que, en cada caso y de acuerdo con los
elementos de juicio que obren dentro del plenario, habrá de determinar si se
presentó o no la rotura del vínculo que se reputa laboral.

Lo anterior permite aclarar que, en caso de múltiples vinculaciones
contractuales en los que se presenten interrupciones, debe entenderse que,
para efectos de determinar la fecha a partir de la cual empieza a correr el
término prescriptivo, no habrá solución de continuidad cuando entre contrato
y contrato no transcurran más de 30 días hábiles (sin perjuicio de que el juez
contencioso pueda determinar un término superior en un caso específico).

16
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Radicado: 05001-23-
33-000-2013-01143-01 (1317-2016). Bogotá, D. C., nueve (9) de septiembre de dos mil veintiuno (2021).

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11

En otras palabras, si entre uno y otro vínculo contractual no transcurren más
de 30 días hábiles de interrupción, el juez contencioso deberá determinar que
no existió solución de continuidad, de modo que no podrá tener como extremo
para contabilizar la prescripción la finalización del primer vínculo, en tanto, se
reitera, a la luz de la jurisprudencia se debe entender que no hubo una ruptura
del vínculo y, por consiguiente, se debe contabilizar como una única relación.

Ahora bien, para la Sala resulta pertinente exponer que, de establecerse la no
solución de continuidad, los efectos jurídicos de dicha declaración serán
solamente los de concluir que, a pesar de haberse presentado interrupciones
entre uno y otro contrato, no se configura la prescripción de los derechos que
pudiesen derivarse de cada vínculo contractual. Razonamiento del cual debe
concluirse que del hecho de que no hubo solución de continuidad solo lleva
aparejado la no configuración de la prescripción extintiva frente a la
reclamación de reconocimiento de la relación laboral encubierta, y no puede
interpretarse como una obligación de la entidad pública a liquidar las
prestaciones a las cuales resulte condenada, sobre los tiempos en los que se
interrumpió la relación contractual.

Así las cosas, y de acuerdo a la documentación obrante en el expediente, se
observa que el señor Luis Felipe Ordóñez Armero, prestó sus servicios al
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, de la siguiente
manera:

Vinculación contractual directa17

N.º de Periodo Objeto Folio
contrato
u orden

1020/2001 20/06/01 Prestará sus servicios para la coordinación de la operación del Programa 22 a 24,
20/09/01 Familias en Acción a Nivel Regional y zonal en el Departamento de Nariño 101 a
104, C1.
1642/2001 02/10/01 Prestará por sus propios medios con plena autonomía técnica los servicios de 22 a 24,
31/12/01 coordinación de la operación del Programa Familias en Acción. 105 a
108, C1.
237/2002 04/02/02 Contrato de prestación de Servicios RAS Familias UCR Nariño. 22 a 24,
31/12/02 109 a
112, C1.
2127/2003 01/04/03 Prestar al DAPR-FIP por sus propios medios con plena autonomía técnica y 22 a 24,
31/12/04 administrativa sus servicios en la coordinación regional del programa Familias 113 a
en Acción en el departamento de Nariño. 116C1.
142/2004 30/12/04 El contratista prestará a la ACCIÓN SOCIAL -FIP, por sus propios medios con 117 y
28/02/05 plena autonomía técnica y administrativa sus servicios profesionales, como 118, C1.
coordinador regional del Programa Familias en Acción – FIP, en el
departamento de Nariño, para coadyuvar a la eficiencia y eficacia en los
temas que son de competencia.
219/2005 11/03/05 Prestar sus servicios profesionales como coordinador regional del Programa 22 a 24,
30/06/06 Familias en Acción en el departamento de Nariño. 119 a
123, C1.
361/2006 01/07/06 El contratista prestará a la ACCIÓN SOCIAL -FIP, por sus propios medios con 22 a 24,
31/12/06 plena autonomía técnica y administrativa sus servicios profesionales, como 125 a
coordinador regional del Programa Familias en Acción – FIP, en el 130C1.
departamento de Nariño, para coadyuvar a la eficiencia y eficacia en los
temas que son de competencia.
064/2007 11/01/07 El contratista prestará a la ACCIÓN SOCIAL -FIP, por sus propios medios con 22 a 24,
31/12/07 plena autonomía técnica y administrativa sus servicios profesionales, como C1.
coordinador regional del Programa Familias en Acción – FIP.
346/2008 22/01/08 Prestar a la ACCIÓN SOCIAL, por sus propios medios con plena autonomía 22 a 24,
31/12/08 técnica y administrativa sus servicios profesionales, en el Programa Familias C1.
en Acción – FIP, como coordinador UCR en la Unidad Coordinadora Regional
de Nariño, así como contribuir y colaborar en el desarrollo de las diferentes
actividades propias de esta dependencia.

17
De conformidad con la certificación expedida por la Subdirectora de Contratación del Departamento
para la Prosperidad Social el 18 de julio de 2012 (fls. 22 a 24, C1.)

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12

458/2009 28/01/09 Prestar a la ACCIÓN SOCIAL, por sus propios medios con plena autonomía 22 a 24,
31/12/09 técnica y administrativa sus servicios profesionales, en el Proceso Familias C1.
en Acción, como coordinador UCR en la Unidad Coordinadora Regional de
Nariño, así como contribuir y colaborar en el desarrollo de las diferentes
actividades propias de esta dependencia.
539/2010 21/01/10 Ibídem. 22 a 24,
31/12/10 C1.
312/2011 26/01/11 Ibídem. 22 a 24,
31/12/11 C1.
686/2012 30/01/12 Prestar al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, por sus 22 a 24,
13/04/12 propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios C1.
profesionales, como Coordinador Regional de Familias en Acción en el
departamento de Nariño, así como, contribuir y colaborar en el desarrollo de
las diferentes actividades propias de esta dependencia.

La anterior relación probatoria se efectuó de conformidad con los documentos
que se encuentran adjuntos a la actuación. Es de anotar que en lo que tiene
que ver con los extremos temporales de cada uno de los contratos y su valor,
la información se extrajo de la certificación expedida por la Subdirectora de
Contratación del Departamento para la Prosperidad Social el 18 de julio de
2012, en la que además constan los números de los acuerdos bilaterales y los
objetos convenidos, en tanto no se allegaron al plenario la totalidad de los
contratos u órdenes de prestación de servicios.

Así, toda vez que la información contenida en los elementos de juicio a que se
hace referencia, no es objeto de discusión por las partes ni existe
cuestionamiento alguno sobre su veracidad, al contar con los datos necesarios
para la identificación de las condiciones contractuales, la Sala les otorgará
plena validez y sobre los mismos efectuará la valoración probatoria respectiva.

Con fundamento en lo anterior es posible colegir que, entre el 20 de junio de
2001 y el 13 de abril de 2012, el señor Luis Felipe Ordoñez Armero prestó sus
servicios profesionales de manera directa a la Agencia Presidencial para la
Acción Social y la Cooperación Internacional – Acción Social – Fondo de
Inversión para la Paz; y al Departamento para la Prosperidad Social, mediante
contratos de prestación de servicios, con apenas algunas interrupciones en
términos de días.

Es de anotar que, de conformidad con la referida certificación expedida por la
Subdirectora de Contratación del DPS, pese a la diferencia que pueda
evidenciarse en la denominación de la entidad contratante en los diferentes
momentos contractuales, los acuerdos bilaterales previamente referenciados
fueron, en su totalidad, suscritos con la misma entidad, hoy transformada en
el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social.

Ahora, encuentra la Subsección que la parte demandante sustenta su recurso
de apelación sobre la base de que las pruebas testimoniales recaudadas en el
curso del proceso resultan suficientes para determinar la continuidad de la
prestación del servicio pues son consistentes en indicar que durante el tiempo
en que no se verificó la suscripción de contratos u ordenes de prestación de
servicios, el señor Ordóñez siguió desarrollando las labores encomendadas
por razón de la importancia del Programa Familias en Acción.

Al respecto es de anotar que, si bien la prueba testimonial es un medio idóneo
para analizar la existencia de una relación laboral encubierta como bien
aconteció en este proceso, y fue referenciado como tal en la sentencia de
primera instancia, la misma no extiende dicha capacidad a la determinación
exacta y precisa de los extremos temporales de cada una de las vinculaciones

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13

contractuales que haya tenido el interesado con la entidad cuestionada, más
allá de una simple referencia general de lo que pudo ser el término de la
relación de trabajo.

El artículo 176 del Código General del Proceso prevé que las «[…] pruebas
deberán ser apreciadas en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin
perjuicio de las solemnidades prescritas en la ley sustancial para la existencia o
validez de ciertos actos. El juez expondrá siempre razonadamente el mérito que le
asigne a cada prueba.»

A su turno el artículo 225 ibídem, señala que «La prueba de testigos no podrá
suplir el escrito que la ley exija como solemnidad para la existencia o validez de un
acto o contrato. Cuando se trate de probar obligaciones originadas en contrato o
convención, o el correspondiente pago, la falta de documento o de un principio de
prueba por escrito, se apreciará por el juez como un indicio grave de la inexistencia
del respectivo acto, a menos que por las circunstancias en que tuvo lugar haya sido
imposible obtenerlo, o que su valor y la calidad de las partes justifiquen tal omisión.»

Frente al particular, esta Subsección18 ha sostenido en oportunidad reciente
que el contrato estatal por regla general es solemne, y sobre lo cual la doctrina
ha afirmado lo siguiente:

«[…]Ahora bien, dada la naturaleza del contrato del Estado, este es
esencialmente formalista en atención a motivos de certeza, claridad y seguridad,
amén de la aplicación irrestricta de los principios de la función administrativa,
entre ellos, la publicidad y la transparencia (art. 23 de la Ley 80 y 13 de la Ley
1150 de 2007), de modo que acá no opera el principio de la libertad de forma de
manifestación del consentimiento para efectos de su celebración y configuración.
Por ello, su nacimiento a la vida jurídica debe rodearse del cumplimento de
requisitos que, de no reunirse a cabalidad, traerían como consecuencia su
inexistencia, diferencia básica con el régimen privado, en donde la autonomía de
la voluntad en este aspecto tiene total aplicación, salvo que exista norma especial
que exija una forma determinada, cual es el caso de la hipoteca previsto en el
artículo 2434 CC, y más específicamente lo que consagra el inciso 1.° del artículo
39110] de la Ley 80 de 1993, que exige el escrito en los contratos que impliquen
mutación del dominio o imposición de gravámenes y servidumbres sobre bienes
inmuebles y, en general, aquellos que conforme a las leyes vigentes deban
cumplir con dicha formalidad.

Como consecuencia de lo anterior, en consideración a las clasificaciones legales
y las elaboradas por la doctrina iusprivatista, se puede afirmar que el contrato
estatal es de carácter i) bilateral, por cuanto las partes adquieren obligaciones
que se miran como recíprocas; ii) oneroso, en cuanto reporta utilidad o beneficio
para ambos contratantes, gravándose uno a favor del otro; iii) conmutativo, como
regla general, porque cada una de las partes se obliga a dar o hacer una cosa
que se entiende como equivalente a lo que la otra parte debe dar o hacer a su
vez, y iv) principalmente, solemne, ya que la manifestación de voluntad, si no
se expresa bajo la forma ad solemnitatem o ad substantiam actus exigida por la
ley, es inexistente, es decir, se entiende que el contrato jamás ha sido creado
para el mundo jurídico. Así, el contrato estatal es esencialmente formalista, a
diferencia de lo que acontece en el derecho privado en donde impera, por regla
general, la plena libertad de forma conforme al principio solus consensus obligat,
en virtud del cual, con la mera aceptación de la oferta, nace el contrato a la vida
jurídica. Ello significa que en el derecho administrativo la solemnidad es la regla

18
Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia del 17 de marzo de 2022. Expediente
Rad. Núm. 08001-23-33-000-2015-00542-01 (5593-2018).

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14

general y absoluta para poder hablar de contrato estatal, de tal manera que acá
opera el brocárdico romano forma dat esse rei»19.

Así las cosas, es con base en los datos contenidos y relacionados en el cuadro
que antecede que se procederá a analizar la configuración o no del fenómeno
jurídico de la prescripción extintiva.

De conformidad con la decisión de primer grado, en el asunto que se debate,
está plenamente acreditada la vinculación contractual directa del señor Luis
Felipe Ordóñez Armero con Acción Social, y posteriormente con el
Departamento para la Prosperidad Social entre el 20 de junio de 2001 y el
13 de abril de 2012, en los siguientes lapsos:

1er. Periodo Del 20 de junio de 2001 al 31 de diciembre de 2002
2do. Periodo Del 1.º de abril de 2003 al 13 de abril de 2012

Se reitera que no es posible extraer del material probatorio allegado al
expediente, una causal justificativa que imponga a esta Sala analizar la
posibilidad de ampliar el término de 30 días hábiles definido en la sentencia de
unificación del 9 de septiembre de 2021.

Asimismo, como se ha indicado y vale la pena reiterar, la demanda persigue,
entre otros aspectos, el reconocimiento y pago de las acreencias laborales por
el periodo en que el señor Ordóñez Armero prestó sus servicios profesionales
a Acción Social, Hoy DPS, durante el tiempo transcurrido entre el 20 de junio
de 2001 y el 13 de abril de 2012.

De conformidad con lo señalado en la multicitada sentencia de unificación, el
estudio de la prescripción deberá efectuarse siempre que se aborde y
compruebe la existencia de la relación laboral reclamada, pues el hecho de
que esté contenido el derecho pensional, que se recuerda, es imprescriptible
no implica que esa imprescriptibilidad se haga extensiva a los demás derechos
laborales que derivan del contrato realidad.

En ese sentido, y para los precisos efectos de esta decisión, se tiene que la
última fecha en la que el demandante estuvo vinculado contractualmente con
la entidad demandada, corresponde al 13 de abril de 2012.

De acuerdo a la revisión efectuada en el plenario, se encuentra probado que
la solicitud administrativa que perseguía el reconocimiento y pago de las
acreencias laborales, fue radicada ante el DPS el 20 de febrero de 201520.

A su turno, se tiene que el escrito petitorio fue presentado ante la jurisdicción
de lo contencioso administrativo el 28 de agosto de 201521.

De esta manera, por tratarse de vinculaciones interrumpidas al servicio
público, el término para contar la prescripción extintiva debe empezar a partir
de la finalización de cada uno de los periodos laborados, lo que quiere decir
que para el presente asunto, el plazo para reclamar los derechos
prestacionales derivados del último periodo de vinculación laboral (2do. en el

19
Cit. de cit. «Juan Carlos Expósito Vélez, Forma, formalidades y contenido del contrato estatal. Bogotá.
Universidad Externado de Colombia. 2020».
20
Folios 25 a 27, C1.
21
Folio 45, C1.

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15

análisis aquí efectuado), comprendido entre el 1.º de abril de 2003 y el 13 de
abril de 2012, corrió hasta el 13 de abril de 2015; luego, recordando que la
reclamación administrativa se radicó el 20 de febrero de 2015, se concluye que
frente a dicho periodo no se evidencia la prescripción de las prestaciones
causadas por virtud de la relación laboral comprobada.

Ahora, el análisis respectivo frente al 1er. periodo de vinculación, cuya última
fecha corresponde al 31 de diciembre de 2002, permite concluir que con
respecto a dicho lapso transcurrieron más de tres años, entre la finalización
del último contrato de esta fase y la presentación de la petición tendiente al
reconocimiento y pago de las prestaciones sociales que, se itera, ocurrió el 20
de febrero de 2015, por lo que debe concluirse que prescribieron las
prestaciones causadas en el periodo anotado.

No obstante, de acuerdo con la sentencia de unificación del 26 de agosto de
2016, la prescripción no puede aplicarse a los aportes que por pensión se
debían realizar por parte del empleador, que en este caso es el Departamento
Administrativo para la Prosperidad Social.22

Dicha regla jurisprudencial tiene fundamento en: i) la irrenunciabilidad de los
beneficios mínimos laborales23; ii) el principio in dubio pro operario24; iii) el
derecho constitucional fundamental a la igualdad25 y; iv) el principio de no
regresividad en armonía con el mandato de progresividad26.

Y, en consecuencia, precisó que la imprescriptibilidad frente a los aportes a
seguridad social en pensiones no opera frente a la devolución de los dineros
pagados por concepto de aportes hechos por el trabajador como contratista,
sino en relación con las cotizaciones adeudadas al sistema de Seguridad
Social que podrían tener incidencia al momento de liquidarse el monto
pensional.

Para el efecto, indicó que la administración se encuentra en la obligación de
determinar mes a mes si existe diferencia entre los aportes que se debieron
efectuar y los realizados por el contratista, y cotizar al respectivo fondo de
pensiones la suma faltante por concepto de aportes a pensión solo en el
porcentaje que le correspondía al empleador, lo que permite concluir la

22
«[…] En este orden de ideas, las reclamaciones de los aportes pensionales adeudados al sistema
integral de seguridad social derivados del contrato realidad, por su carácter de imprescriptibles y
prestaciones periódicas, están exceptuadas no solo de la prescripción extintiva sino de la caducidad del
medio de control (de acuerdo con el artículo 164, numeral 1, letra c, del CPACA)22, y por ende, pueden
ser solicitados y demandados en cualquier momento, puesto que la Administración no puede sustraerse
al pago de los respectivos aportes al sistema de seguridad social en pensiones, cuando ello puede
repercutir en el derecho de acceso a una pensión en condiciones dignas y acorde con la realidad laboral,
prerrogativa que posee quien ha servido al Estado mediante una relación de trabajo.[…]»
23
«[…] que se orienta a que las prerrogativas reconocidas en las preceptivas que rigen la relación entre
empleadores y trabajadores no se modifiquen en perjuicio de estos últimos, por cuanto tienen relación
directa con el mejoramiento constante del nivel de vida y la dignidad humana.»
24
«[…] conforme al cual en caso de duda ha de prevalecer la interpretación normativa más favorable a
los intereses del trabajador, premisa contenida tanto en el artículo 53 de la Constitución Política como
en el 21 del Código Sustantivo del Trabajo.»
25
«[…] en virtud del cual el Estado debe propender por un trato igualitario para todos aquellos que
prestan (o han prestado) sus servicios al Estado bajo una verdadera relación laboral, cualquiera que sea
su denominación (servidor público o contratista), a quienes habrá de protegerse especialmente la
posibilidad de acceder a un derecho pensional.»
26
«[…] que implica el avance o desarrollo en el nivel de protección de los trabajadores, en armonía con
el mandato de progresividad, que se encuentran consagrados en las normas de derecho internacional
que hacen parte del bloque de constitucionalidad […]»

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16

improcedencia de la devolución de los valores cotizados al sistema pensional,
cuando haya lugar al reconocimiento de la relación laboral.

En conclusión y de conformidad con los razonamientos precedentes,
considera esta Subsección que al señor Luis Felipe Ordoñez Armero se le
extinguió el derecho, por prescripción, a los emolumentos deprecados como
son las cesantías, intereses a las cesantías, vacaciones, primas, entre otros,
a que habría lugar a reconocer y pagar entre el 20 de junio de 2001 y el 31 de
diciembre de 2002, excepto en lo relacionado con los aportes a seguridad
social en pensiones por tratarse de una prestación imprescriptible, para lo cual
deberá observarse el lapso efectivamente ejecutado de los contratos y las
determinaciones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

En ese orden, habrá de modificarse en lo pertinente la sentencia recurrida.

Sobre el reembolso de las sumas pagadas por concepto de aportes al
sistema de seguridad social en salud, pensión y riesgos profesionales

Ahora bien, de conformidad con la sentencia de unificación del 9 de septiembre
de 2021, el reconocimiento al que hay lugar en materia de seguridad social,
específicamente frente a los aportes a salud y pensión, comprende
únicamente el pago de los porcentajes que debieron haber sido cotizados por
los empleadores al fondo de pensión respectivo, durante el tiempo en que se
acreditó la relación laboral.

Como se indicó en precedencia, la sentencia de unificación del 26 de agosto
de 2016 ordenó al Juez Administrativo estudiar en todos los procesos en los
cuales proceda el reconocimiento de la relación laboral o contrato realidad,
aunque no se haya solicitado expresamente, el tema concerniente a las
cotizaciones adeudadas por la administración al Sistema de Seguridad Social
en Pensiones.

Dicha circunstancia conlleva a que también se verifiquen las reglas
jurisprudenciales desarrolladas por la sentencia de unificación del 9 de
septiembre de 2021 que, en materia de devolución de los aportes efectuados
al Sistema de Seguridad Social en Salud, por los beneficiarios de una relación
laboral comprobada, señaló:

«[…]
161. Finalmente, por albergar el fundamento de la interpretación que aquí se
adopta, merece especial consideración lo señalado por la misma Corte
Constitucional en la Sentencia C-895 de 2009, que frente a la protección
constitucional de los recursos de la Seguridad Social y la destinación específica
de los aportes a salud y pensión, expuso, de manera concreta, lo siguiente:

Teniendo en cuenta este mandato superior, la jurisprudencia ha reconocido de
manera uniforme y pacífica que los recursos que ingresan al Sistema de
Seguridad Social, tanto en salud como en pensiones, con independencia de la
denominación que de ellos se haga (cotizaciones, aportes, cuotas
moderadoras, copagos, tarifas, deducibles, bonificaciones, etc.), no pueden
ser utilizados para propósitos distintos a los relacionados con la
seguridad social debido a su naturaleza parafiscal. Al referirse al alcance
del artículo 48 de la Constitución en este aspecto, la Corte ha explicado lo
siguiente:

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17

“En relación con dicho precepto superior [artículo 48 CP] la Corte
Constitucional en numerosas decisiones de tutela ha estado llamada a
examinar el tratamiento que se debe dar a los recursos de la seguridad
social que se encuentren depositados en entidades financieras en
liquidación para asegurar precisamente el mandato de destinación y
utilización exclusiva de los recursos de las instituciones de seguridad
social.

Al respecto la Corte ha hecho énfasis en i) la naturaleza parafiscal de
los recursos de la seguridad social tanto en materia de salud como en
pensiones ii) en el tratamiento particular que debe dársele a dichos
recursos en los procesos de liquidación de las entidades financieras y
iii) en la imposibilidad de asimilar el caso de los depósitos de recursos
parafiscales de la seguridad social en las entidades financieras con las
indemnizaciones debidas por concepto de contratos de reaseguro de
las enfermedades de alto costo”.

3.1.2 Esta Corporación de manera reiterada ha precisado en efecto que los
recursos que ingresan al Sistema de Seguridad Social, tanto en Salud (C-
577/97, C-542/98, T-569/99, C1707/00) como en pensiones (C-179/97),
llámense cotizaciones, aportes, cuotas moderadoras, pagos compartidos,
copagos, tarifas, deducibles o bonificaciones, son en realidad contribuciones
parafiscales de destinación específica, en cuanto constituyen un gravamen,
fruto de la soberanía fiscal del Estado, que se cobra obligatoriamente a
determinadas personas para satisfacer sus necesidades de salud y pensiones
y que, al no comportar una contraprestación equivalente al monto de la
tarifa fijada, se destinan también a la financiación global bien del Sistema
General de Seguridad Social en Salud, bien del Sistema General de
Seguridad Social en Pensiones (C086/02, C-789/02). [Negrilla fuera de texto].

162. En definitiva, es claro que las anteriores sentencias se encuentran en
armonía con el artículo 48 de la Carta, que consagra expresamente que «no se
podrán destinar ni utilizar los recursos de las instituciones de la Seguridad Social
para fines diferentes a ella»,27 […].

163. En atención a la naturaleza parafiscal de los recursos de la Seguridad Social,
el parágrafo del artículo 182 de la Ley 100 de 1993 ordena a las empresas
promotoras de salud (EPS) manejar los recursos provenientes de las cotizaciones
de los afiliados «en cuentas independientes del resto de rentas y bienes de la
entidad». Esto, porque tales dineros únicamente pueden ser previstos y
empleados para garantizar la prestación de los servicios sanitarios en los dos
regímenes (subsidiado y contributivo), sin que quepa destinarlos para otros
presupuestos. Asimismo, estos recursos ostentan la condición de ingresos no
gravados fiscalmente, pues su naturaleza parafiscal (establecida en la Ley 100
de 1993, en desarrollo del artículo 48 constitucional) prohíbe su destinación y
utilización para fines distintos a los consagrados en ella.

164. Las anteriores razones han conducido a esta Sección28 a considerar
improcedente la devolución de los aportes a salud realizados por el contratista, a
pesar de que se haya declarado a su favor la existencia de una relación laboral
encubierta. Como se ha indicado, en función de su naturaleza parafiscal,29 estos
recursos son de obligatorio pago y recaudo para un fin específico y, por tanto,
independientemente de que se haya prestado o no el servicio de salud, no
constituyen un crédito a favor del interesado, pues su finalidad era garantizar la

27
Corte Constitucional, Sentencia C – 824 de 2004. M.P. Rodrigo Uprimy Yepes.
28
Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B. Radicado 76001 23 33 000 2012 00288 01
(3681 2013) C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
29
Consejo de Estado, Sección Segunda. Sentencia de 28 de septiembre de 2016. Radicación 76001 23
33 000 2012 00288 01 (3681 2013) C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.

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prestación de los servicios sanitarios para los dos regímenes que integran el
sistema, «lo que excluye la posibilidad de titularidad que sobre los mismos
pretenda el actor ejercer».30

165. Por consiguiente, dado que corresponde al contratista sufragar dicha
contribución, en tanto está obligado por la ley a efectuarla,31 no es procedente
ordenar su devolución, aunque se haya declarado la existencia de una relación
laboral encubierta. Además, reembolsar estos aportes implicaría contradecir al
legislador, cuya voluntad, como se expuso, buscaba que su recaudo fuera
directamente a las administradoras de servicios de salud, por tratarse, se itera,
de contribuciones de pago obligatorio con una destinación específica y con
carácter parafiscal.

166. En ese orden de ideas, la Sala unifica su jurisprudencia en el sentido de
precisar que, frente al hecho consumado de la no afiliación a las
contingencias de salud y riesgos laborales por parte de la Administración,
es improcedente el reembolso de los aportes que el contratista hubiese
realizado de más, por constituir estos aportes obligatorios de naturaleza
parafiscal».

De lo que se sigue la improcedencia del traslado de montos reconocidos por
concepto de salud y riesgos profesionales, a favor de la persona beneficiaria
de un contrato realidad.

En cuanto al pago de las cotizaciones realizadas al sistema de seguridad
social en pensiones, este aspecto de retribución, originado en la declaración
de la existencia de la relación laboral, se acompasa con la imprescriptibilidad
de los derechos pensionales en los términos definidos en la sentencia de
unificación del 26 de agosto de 2016.

Se reitera pues que, dicha prerrogativa no ampara la devolución de los dineros
pagados por concepto de aportes hechos por el trabajador como contratista,
sino las cotizaciones adeudadas que podrían afectar la liquidación del monto
pensional, y que se derivan de la relación de trabajo comprobada, que
comprende la obligación, a cargo del empleador, de efectuar los
correspondientes aportes al sistema.

De manera que no hay lugar a la reclamación de devolución de los pagos
efectuados por este concepto por parte del contratista, sino al efectivo pago
del porcentaje de cotización al sistema pensional que le correspondía al
contratante por virtud de la mencionada relación de trabajo.

En esa medida, el beneficio derivado de la declaratoria de existencia de una
relación laboral encubierta entre un particular y una entidad pública, en materia
de seguridad social, solo abarca la obligación de la administración de
determinar mes a mes si existe diferencia entre los porcentajes de cotización
que se debieron efectuar por ésta y los realizados por el contratista para, en
consecuencia, cotizar al respectivo fondo la suma faltante por concepto de
aportes a pensión, en el porcentaje que le concernía como empleador.

30
Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B. Radicado 76001 23 33 000 2012 00288 01
(3681 2013) C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
31
Situación que también cambia y amerita mención especial con la entrada en vigor del Decreto 1273
de 2018 « Por el cual se modifica el artículo 2.2.1.1.1.7, se adiciona el Título 7 a la Parte 2 del Libro 3
del Decreto 780 de 2016, Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social, en relación al pago
y retención de aportes al Sistema de Seguridad Integral y Parafiscales de los trabajadores
independientes y modifica los artículos 2.2.4.2.2.13 y 2.2.4.2.2.15 del Decreto 1072 de 2015, Único
Reglamentario del Sector Trabajo»

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Por tal motivo, en aplicación de las reglas de unificación aludidas, no resulta
procedente la devolución de los valores pagados por el demandante por
concepto de salud y riesgos profesionales; y el reconocimiento a que hay lugar,
en materia pensional, solo comprende el traslado de los aportes al fondo
respectivo, en el porcentaje que le correspondía al contratante, conforme
quedó suficientemente aclarado en líneas que anteceden.

Lo anterior, debe advertirse, no va en perjuicio del principio de no reforma en
peor que opera en favor del apelante único, en tanto que con la presente
decisión se amplía considerablemente el periodo de reconocimiento de las
prestaciones sociales comunes a las que tendría derecho, de modo que no se
hace más gravosa la situación del libelista.

De este modo, habrá de modificarse la sentencia de primera instancia en lo
concerniente a la orden impartida al DPS de reintegrar al señor Ordóñez
Armero, los valores pagados por él al sistema de seguridad social en pensión.

Por último, observa la Sala que, dentro del recurso de apelación presentado
por el apoderado de la parte demandante, se solicita que por esta Corporación
se proceda a fijar el valor de las costas procesales a las cuales se condenó en
primera instancia a la entidad demandada, por cuanto el juez de conocimiento
no efectuó la correspondiente tasación.

Al respecto suficiente es indicar que una vez esté en firme la providencia que
ponga fin al proceso o a la actuación en la que se condenó en costas, o
después de la notificación del auto de obedecimiento a lo dispuesto por el
superior, según el caso, es el secretario del despacho judicial que conoció del
proceso en primera o única instancia quien liquidará de forma concentrada
todas las costas, es decir, liquidará en un solo acto las costas de todas las
actuaciones procesales de ambas instancias, de así haberse dispuesto32.

Decisión de segunda instancia

De acuerdo con las razones que anteceden, esta Subsección modificará los
ordinales tercero, cuarto y quinto de la sentencia de primera instancia, los
cuales quedarán de la siguiente manera:

«TERCERO.- DECLARAR parcialmente probada la excepción de prescripción
extintiva del derecho formulada por la entidad demandada, respecto de las
prestaciones sociales causadas en el periodo comprendido entre el 20 de junio
de 2001 y el 31 de diciembre de 2002.

No obstante, el demandante tiene derecho a que el Departamento Administrativo
para la Prosperidad Social, realice las cotizaciones a pensión, por dicho periodo,
por tratarse de una prestación imprescriptible, para lo cual deberá observarse el
lapso efectivamente ejecutado de los contratos y las determinaciones expuestas
en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO.- A título de restablecimiento del derecho, CONDENAR al
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social a reconocer al señor
Luis Felipe Ordóñez Armero las prestaciones sociales de orden legal a las cuales
tiene derecho, causadas durante el periodo laboral comprendido entre el 1.º de
abril de 2003 y el 13 de abril de 2012, para lo cual se tomará como base de

32
Artículo 366 del CGP.

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liquidación el valor pactado por honorarios en los respectivos contratos de
prestación de servicios.

Se precisa que las prestaciones a que haya lugar a pagar, solo deberán ser
reconocidas por los tiempos efectivamente laborados, de acuerdo con los
contratos de prestación de servicios, esto es, sin lugar a incluir los lapsos en los
que entre estos hubo interrupciones.

QUINTO.- CONDENAR al Departamento Administrativo para la Prosperidad
Social a realizar las cotizaciones a pensión a favor del señor Luis Felipe Ordoñez
Armero, por el periodo durante el cual se comprobó la relación laboral, esto es,
entre el 20 de junio de 2001 y el 13 de abril de 2012, observando para los efectos,
el lapso efectivamente ejecutado de los contratos y las determinaciones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

Para tales efectos, deberá tomar el ingreso base de cotización o IBC pensional33
del demandante, dentro de los periodos laborados por prestación de servicios,
mes a mes, y si existe diferencia entre los aportes realizados por el señor
Ordóñez Armero como contratista y los que se debieron efectuar, cotizar al
respectivo fondo de pensiones la suma faltante por concepto de aportes a
pensión, solo en el porcentaje que le correspondía como empleador. Para efectos
de la respectiva condena, deberá tomarse como base de liquidación el valor
pactado por honorarios en los respectivos contratos.

En ese sentido, el demandante deberá acreditar las cotizaciones que realizó al
Sistema General de Seguridad Social en pensiones durante el tiempo que
duraron los referidos vínculos contractuales, y en la eventualidad de que no las
hubiese hecho o existiese diferencia en su contra, tendrá la carga de cancelar o
completar, según el caso, el porcentaje que le incumbía como trabajador.»

Finalmente, confirmará en lo demás la providencia recurrida.

De la condena en costas

Esta Subsección en providencias del 7 de abril de 201634 sentó posición sobre
la condena en costas en vigencia del CPACA, en aquella oportunidad se
determinó el criterio objetivo-valorativo para la imposición de condena en
costas por lo siguiente:

a) El legislador introdujo un cambio sustancial respecto de la condena en
costas, al pasar de un criterio «subjetivo» –CCA- a uno «objetivo
valorativo» –CPACA-.

b) Se concluye que es «objetivo» porque en toda sentencia se «dispondrá»
sobre costas, es decir, se decidirá, bien sea para condenar total o
parcialmente, o bien para abstenerse, según las precisas reglas del CGP.

c) Sin embargo, se le califica de «valorativo» porque se requiere que en el
expediente el juez revise si las mismas se causaron y en la medida de su
comprobación. Tal y como lo ordena el CGP, esto es, con el pago de
gastos ordinarios del proceso y con la actividad del abogado efectivamente

33
Para el efecto y según la sentencia de unificación jurisprudencial CE-SUJ2-005 del 25 de agosto de
2016, el ingreso sobre el cual han de calcularse las prestaciones dejadas de percibir, corresponderá a
los honorarios pactados en el contrato de prestación de servicios.
34
Al respecto ver sentencias de 7 de abril de 2016, Expedientes: 4492-2013, Actor: María del Rosario
Mendoza Parra y 1291-2014, Actor: José Francisco Guerrero Bardi.

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realizada dentro del proceso. Se recalca, en esa valoración no se incluye
la mala fe o temeridad de las partes.

d) La cuantía de la condena en agencias en derecho, en materia laboral, se
fijará atendiendo la posición de los sujetos procesales, pues varía según
sea la parte vencida el empleador, el trabajador o el jubilado, estos últimos
más vulnerables y generalmente de escasos recursos, así como la
complejidad e intensidad de la participación procesal (Acuerdo núm. 1887
de 2003 Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura).

e) Las estipulaciones de las partes en materia de costas se tendrán por no
escritas, por lo que el juez en su liquidación no estará atado a lo así pactado
por éstas.

f) La liquidación de las costas (incluidas las agencias en derecho), la hará el
despacho de primera o única instancia, tal y como lo indica el CGP35, previa
elaboración del secretario y aprobación del respectivo funcionario judicial.

g) Procede condena en costas tanto en primera como en segunda instancia.

Por tanto, y en ese hilo argumentativo, en el presente caso hay lugar a
condenar en costas de segunda instancia a la parte demandada por cuanto el
recurso de apelación interpuesto por el apoderado del demandante resultó
parcialmente próspero, y la actuación del DPS en segunda instancia no se
limitó a exponer sus alegaciones de conclusión, sino que pretendió revivir
términos vencidos a efectos de obtener la revocatoria de la sentencia de primer
grado a su favor.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia
en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero: Modificar los ordinales tercero, cuarto y quinto de la sentencia del 27
de marzo de 2019 proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño, que
accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda que, en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, interpuso el señor
Luis Felipe Ordóñez Armero en contra del Departamento Administrativo para
la Prosperidad Social, los cuales quedan de la siguiente manera:

«TERCERO.- DECLARAR parcialmente probada la excepción de prescripción
extintiva del derecho formulada por la entidad demandada, respecto de las
prestaciones sociales causadas en el periodo comprendido entre el 20 de junio
de 2001 y el 31 de diciembre de 2002.

No obstante, el demandante tiene derecho a que el Departamento Administrativo
para la Prosperidad Social, realice las cotizaciones a pensión, por dicho periodo,
por tratarse de una prestación imprescriptible, para lo cual deberá observarse el
lapso efectivamente ejecutado de los contratos y las determinaciones expuestas
en la parte motiva de esta providencia.

35
«Artículo 366. Liquidación. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera
concentrada en el juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente
quede ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo
dispuesto por el superior, con sujeción a las siguientes reglas: […]»

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22

CUARTO.- A título de restablecimiento del derecho, CONDENAR al
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social a reconocer al señor
Luis Felipe Ordoñez Armero las prestaciones sociales de orden legal a las cuales
tiene derecho, causadas durante el periodo laboral comprendido entre el 1.º de
abril de 2003 y el 13 de abril de 2012, para lo cual se tomará como base de
liquidación el valor pactado por honorarios en los respectivos contratos de
prestación de servicios.

Se precisa que las prestaciones a que haya lugar a pagar, solo deberán ser
reconocidas por los tiempos efectivamente laborados, de acuerdo con los
contratos de prestación de servicios, esto es, sin lugar a incluir los lapsos en los
que entre estos, hubo interrupciones.

QUINTO.- CONDENAR al Departamento Administrativo para la Prosperidad
Social a realizar las cotizaciones a pensión a favor del señor Luis Felipe Ordoñez
Armero, por el periodo durante el cual se comprobó la relación laboral, esto es,
entre el 20 de junio de 2001 y el 13 de abril de 2012, observando para los efectos,
el lapso efectivamente ejecutado de los contratos y las determinaciones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

Para tales efectos, deberá tomar el ingreso base de cotización o IBC pensional36
del demandante, dentro de los periodos laborados por prestación de servicios,
mes a mes, y si existe diferencia entre los aportes realizados por el señor
Ordoñez Armero como contratista y los que se debieron efectuar, cotizar al
respectivo fondo de pensiones la suma faltante por concepto de aportes a
pensión, solo en el porcentaje que le correspondía como empleador. Para efectos
de la respectiva condena, deberá tomarse como base de liquidación el valor
pactado por honorarios en los respectivos contratos.

En ese sentido, el demandante deberá acreditar las cotizaciones que realizó al
Sistema General de Seguridad Social en pensiones durante el tiempo que
duraron los referidos vínculos contractuales, y en la eventualidad de que no las
hubiese hecho o existiese diferencia en su contra, tendrá la carga de cancelar o
completar, según el caso, el porcentaje que le incumbía como trabajador.»

Segundo: Confirmar en lo demás la sentencia recurrida.

Tercero: Condenar en costas de segunda instancia a la parte demandada, de
conformidad con lo expuesto en precedencia.

Cuarto: Ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al Tribunal de
origen, previas las anotaciones correspondientes en la aplicación “SAMAI”.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la
sesión de la fecha.

Firmado electrónicamente
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ

36
Para el efecto y según la sentencia de unificación jurisprudencial CE-SUJ2-005 del 25 de agosto de
2016, el ingreso sobre el cual han de calcularse las prestaciones dejadas de percibir, corresponderá a
los honorarios pactados en el contrato de prestación de servicios.

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23

Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Firmado electrónicamente
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ

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