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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 52001-23-33-000-2017-00173-01

Fecha
9 de mayo de 2024
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 52001-23-33-000-2017-00173-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F AL L A Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 20 Radicado: 52001-23-33-000-2017-00173-01 (3051-2019) PRIMERO: MODIFICAR LOS ORDINALES PRIMERO Y TERCERO de la sentencia apelada que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, los cuales quedarán de la siguiente manera: «[…] Primero: Declarar probada la excepción de prescripción respecto de las mesadas pensionales causadas a favor de la actora con anterioridad al 12 de julio de 2013, y no probados los demás medios de defensa propuestos por la entidad demandada. […] Tercero: Se ordena a la UGPP que reconozca la pensión gracia a favor de la demandante desde el 15 de septiembre de 2012, pero con efectos fiscales a partir del 12 de julio de 2013 en lo que respecta al pago del retroactivo correspondiente, pues se encuentra probada la prescripción trienal de mesadas. […]». SEGUNDO: CONFIRMAR en todo lo demás la providencia recurrida. TERCERO: ABSTENERSE de condenar en costas de segunda instancia a la entidad demandada según lo manifestado en la parte motiva de la sentencia. CUARTO: SE RECONOCE PERSONERÍA como mandataria general de la UGPP a la abogada Marcela Patricia Ceballos Osorio con tarjeta profesional 214.303, y como apoderada sustituta a la abogada Evelyn María Molina Padilla, portadora de la tarjeta profesional 338.949, ello conforme a los poderes que se observan en los índices 46 y 48 de SAMAI. QUINTO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 52001-23-33-000-2017-00173-01

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

9 de mayo de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá D.C., nueve (9) de mayo de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Radicación: 52001-23-33-000-2017-00173-01 (3051-2019)
Demandante: Emilsy Arboleda Villarreal
Demandada: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)

Temas: Reconocimiento de pensión gracia. Tiempos de servicio docente
en plazas del orden territorial. Aplicación de sentencias de
unificación del 21 de junio de 2018 y del 11 de agosto de 2022.
Análisis de prescripción con varias peticiones. Costas de primera
instancia. MODIFICA Y CONFIRMA SENTENCIA

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala los recursos de apelación interpuestos por ambas partes contra la
sentencia proferida el veinte (20) de marzo de dos mil diecinueve (2019) por el
Tribunal Administrativo de Nariño, por medio de la cual accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda.

ANTECEDENTES

La señora EMILSY ARBOLEDA VILLARREAL instauró demanda en contra de la
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y
CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL (UGPP) en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado
en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, con el fin de que se acceda a las siguientes

PRETENSIONES1

Que se declare la nulidad de la Resoluciones: (i) RDP 045236 del 30 de noviembre
de 2016 y (ii) RDP 010205 del 14 de marzo de 2017 por medio de las cuales se
negó el reconocimiento y pago la pensión gracia a favor de la demandante y se
confirmó tal decisión al resolver el recurso de apelación respectivamente.

1 Folios 9 a 10, C1.

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Radicado: 52001-23-33-000-2017-00173-01 (3051-2019)

Que, a título de restablecimiento del derecho, se condene a la UGPP a reconocer,
liquidar y pagar la mencionada prerrogativa a la actora conforme a las previsiones
de la Ley 114 de 1913, en cuantía del 75% de los factores salariales percibidos por
esta durante el año anterior a la adquisición del estatus jurídico, así como el
retroactivo debidamente actualizado de las mesadas adeudadas por dicho concepto
desde el 15 de septiembre de 2012, reajustadas anualmente y con la cancelación
de los intereses moratorios o comerciales a que haya lugar.

Que la parte pasiva asuma las costas conforme al artículo 188 del CPACA.

HECHOS2

Los hechos en que se fundamenta la demanda pueden resumirse de la siguiente
manera:

Que la demandante nació el 15 de septiembre de 1962. Que durante su vida laboral
se desempeñó como docente oficial municipal dentro los siguientes periodos:
nombrada mediante Decreto 075 de 1980 desde el 15 de septiembre de 1980 hasta
30 de junio de 1986; a través de acto administrativo 313 de 1997 desde el 1.º de
septiembre de 1997 hasta el 7 de mayo de 2000; por Decreto 056 de 2000 desde el
8 de mayo de 2000 hasta el 31 de marzo de 2015; y por último, mediante Decreto
0217 de 2016 desde el 25 de abril de 2016 hasta el 27 de junio de 2016.

Que la reclamante laboró con contratos de prestación de servicios como docente en
la Escuela Rural Mixta Soledad Curay, desde el 1.º de septiembre de 1994 durante
5 meses, desde el 1.º de septiembre de 1995 y desde el 1 de septiembre de 1996
por tres meses.

Que la actora solicitó el reconocimiento de la pensión gracia mediante petición
radicada el 30 de agosto de 2013 ante la UGPP, esto por considerar que había
acreditado los 20 años de servicio como docente. Que dicha autoridad expidió la
Resolución RDP 048512 del 17 de octubre de 2013 con la que negó tal derecho.

Que la señora Arboleda Villarreal insistió ante la parte demandada para obtener la
prerrogativa en comento, por lo que presentó una nueva reclamación administrativa
el 12 de julio de 2016, la cual fue negada a través de la Resolución RDP 045236 del
30 de noviembre de 2016, que fue confirmada por medio de la Resolución RDP
010205 del 17 de marzo de 2017 al resolver un recurso de apelación formulado en
contra de la decisión inicial.

NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN3

2 Folios 1 a 3, C1.
3 Folios 3 a 9, C1.

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Radicado: 52001-23-33-000-2017-00173-01 (3051-2019)

La parte activa asegura que con los actos administrativos demandados se
transgreden los artículos: 53 de la Constitución Política; 1 y 4 de la Ley 114 de 1913;
5 de la Ley 116 de 1928; 3 de la Ley 37 de 1993; 4 de la Ley 4.ª de 1966; y 15 de la
Ley 91 de 1989.

Que no le asiste razón a la administración al negar el reconocimiento de la pensión
gracia al sostener que no se arrima en original el acta de posesión y el decreto de
nombramiento de la reclamante, pues ello viola flagrantemente la normativa en
comento al interpretar a su antojo y no aceptar como idóneos los documentos que
sirven de sustento para acceder al derecho, actuando de mala fe, al no dar el valor
probatorio a los certificados de tiempo de servicio de la peticionaria.

Que, además esta decisión de la entidad riñe abiertamente con los fines y principios
consagrados en el artículo 53 de la Carta Política, toda vez que se están
desconociendo derechos adquiridos de la accionante en la medida en que ya había
colmado cada uno de los requisitos para acceder a la prerrogativa solicitada.

TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA

La demanda fue admitida mediante auto del 18 de abril de 2017,4 y notificada a la
UGPP5, quien radicó memorial de contestación6 en el que expuso que, no se ha
acreditado en debida forma la vinculación de la reclamante como docente antes del
31 de diciembre de 1980, debido a que en vía administrativa no se aportó copia
auténtica del decreto de nombramiento y acta de posesión que den cuenta que
efectivamente aquella fue designada como tal antes de esta fecha, esto es, entre el
15 de septiembre de 1980 al 30 de junio de 1986, ni tampoco fue demostrada la
vinculación entre el 1 de septiembre de 1997 y el 7 de mayo de 2000, siendo estos
los documentos idóneos para verificar la vinculación legal y reglamentaria. Que
adicionalmente, si en gracia de discusión se tomara como valido los certificados
laborales aportados, estos, permiten establecer que los tiempos de servicio
prestados por la accionante a partir del 1 de septiembre 1997 en adelante, son de
carácter nacional.

Que los tiempos laborados mediante contrato de prestación de servicios como
docente no puede ser tenidos en cuenta para el reconocimiento de la pensión
gracia, toda vez, que no generan una vinculación directa con la entidad que labora.
Además, debió ventilarse en instancia judicial la declaratoria de existencia de
contrato realidad.

Propuso como excepciones las que denominó: (i) prescripción del derecho frente a

4 Folios 44 a 45, C1.
5 Folio 51, C1.
6 Folios 112 a 117, C1.

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Radicado: 52001-23-33-000-2017-00173-01 (3051-2019)

los contratos de prestación de servicios, (ii) inexistencia de vulneración de principios
constitucionales y legales, (iii) cobro de lo no debido (iv) prescripción, y (v) oficiosa.

En la audiencia inicial7 se indicó en la etapa de saneamiento que en el proceso no
hay defecto o vicio que conlleve a nulidad procesal, de las excepciones se consideró
que deberían ser resueltas en la sentencia, por lo que seguidamente se fijó el litigio
estableciéndose el objeto de la demanda y las pretensiones frente a las cuales se
orientaría la decisión, se señaló que no existía ánimo conciliatorio, y se efectuó el
decreto de pruebas conforme al artículo 180 numeral 10 de la Ley 1437 de 2011.

En la audiencia de pruebas8 se incorporaron y practicaron los medios de convicción
recaudados, e igualmente se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión.

SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN9

El Tribunal Administrativo de Nariño mediante sentencia del 20 de marzo de 2019
accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, en el sentido de declarar
la nulidad de los actos demandados y ordenar el reconocimiento de la pensión
gracia a favor de la reclamante desde el cumplimiento del estatus pensional, y
liquidada con el 75% de todo lo devengado en el último año previo a la consolidación
del derecho, esto es, entre el 15 de septiembre de 2011 y el 15 de septiembre de
2012, pero con efectos fiscales a partir del 5 de abril de 2014 por haber declarado
probada la excepción de prescripción trienal de mesadas.

Para ello argumentó que, para el caso concreto, de conformidad con el acto de
nombramiento y el acta de posesión de fecha 15 de septiembre de 1980 allegados
al expediente y el certificado de tiempo laboral, dan cuenta de manera inequívoca
que la demandante laboró desde esta fecha como docente territorial en el municipio
de Tumaco. Que según la data de la misma certificación de la secretaria de
educación emitida el 27 de febrero de 2018, la actora siguió vinculada como docente
coordinadora en la I.E. San José de Caunapi- Tumaco

Que, de acuerdo con las pruebas obrantes, se demostró que la accionante fue
vinculada con anterioridad al 31 de diciembre de 1980, prestó el servicio como
docente municipal (territorial) por 20 años, cumpliendo con el requisito mínimo de la
edad 50 años y el de la buena conducta, por lo que aquella reunía los demás
requisitos exigidos en la ley para el reconocimiento de la pensión gracia.

Que frente a la excepción de prescripción, se encuentra que la señora Arboleda
Villarreal adquirió el estatus pensional el 15 de septiembre de 2012 y presentó la
petición el 30 de agosto de 2013, por lo que interrumpió el término correspondiente

7 Folios 123 a 127, C1.
8 Folios 133 a 135, C1 y 226 a 228, C2.
9 Folios 248 a 257, C2.

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a esta figura solo por una vez hasta el 30 de agosto de 2016, sin embargo, la acción
para reclamar el derecho solo la ejerció hasta el 5 de abril de 2017 cuando presentó
la respectiva demandada, lo que causa que estén prescritas las mesadas con
anterioridad al 5 de abril de 2014.

Que, en atención al criterio objetivo, procede la condena en costas contra la entidad
demandada y a favor de la demandante, ello por cuanto dicha carga se ocasiona
respecto de la parte resulte desfavorecida con la sentencia o recurso de apelación,
sin tener en cuenta su actuar subjetivo.

RECURSOS DE APELACIÓN

La parte demandante10 en su escrito de apelación solicitó que se revoque
parcialmente la sentencia de primera instancia, puntualmente en lo relacionado con
la excepción de prescripción decretada sobre las mesadas pensionales causadas
con anterioridad al 5 de abril de 2014.

Para ello argumentó que, tal fenómeno no se configuró en la medida en que, si bien
presentó una petición el 13 de agosto de 2013 solicitando el reconocimiento y pago
de la pensión gracia, el tribunal de origen olvidó que también formuló una nueva
reclamación el 12 de julio de 2016 con el mismo objeto, pero el fallo recurrido toma
en cuenta para el computo de la prescripción la primera de ella.

Que en este caso no se valoró adecuadamente los términos de interrupción, dado
que, con la primera solicitud que fue resuelta el 19 de noviembre de 2013, se
interrumpió el término hasta el 19 de noviembre de 2016, y como la segunda fue
presentada el 12 de julio de 2016, nuevamente se generó una interrupción desde la
expedición del acto demandado el 17 de marzo de 2017, hasta el 17 de marzo de
2020, lapso en el que se radicó la respectiva demanda (5 de abril de 2017).

La parte demandada11 interpuso recurso de apelación contra el fallo de primera
instancia a fin de que este sea revocado, para lo cual argumentó que los tiempos
de servicios tenidos en cuenta para el reconocimiento de la pensión gracia no se
encuentran debidamente acreditados, no existe prueba idónea en donde conste el
tipo de vinculación de la demandante, si es de carácter nacional, nacionalizada o
territorial.

Que los tiempos laborados mediante contratos de prestación de servicios como
docente no pueden ser tenidos en cuenta para el reconocimiento de la pensión
gracia, toda vez que no generan una vinculación directa con la entidad contratante.
Además, debió ventilarse en instancia judicial la declaratoria de existencia de
contrato realidad.

10 Folios 260 a 262, C2.
11 Folios 263 a 265, C2.

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Que no existe certeza si los recursos con los cuales se cancelaron los salarios de
la accionante fueran financiados con recursos propios de la entidad o con el antiguo
situado fiscal hoy sistema de general de participaciones, es decir, con transferencias
de la Nación. En el caso, que fuese financiado los mismos no es posible que el
tiempo se ha tenido en cuenta para acceder a la pensión gracia, pues se
transgrediría el numeral 3 de la Ley 114 de 1913.

Que no es procedente la condena en costas, en razón a que no basta que la parte
sea vencida para que prospere dicha condena, pues debe atenderse lo dispuesto
en el numeral 8.° del artículo 365 del CGP, en concordancia con la pauta
jurisprudencial plasmada en la sentencia del 7 de abril de 2016 proferida por el
Consejo de Estado, en la que se sostiene que debe haber una valoración del
plenario y advertir la causación de dicha carga.

TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

Los recursos de apelación fueron admitidos el 12 de septiembre de 2019, 12 y
posteriormente, mediante auto del 7 de noviembre de 201913 se corrió traslado a las
partes para alegar.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

La parte demandada presentó alegaciones finales14 con las que reiteró los
argumentos expuestos en su recurso de apelación.

La parte demandante radicó alegatos15 en los que sintetizó los mismos
planteamientos de su impugnación sobre la prescripción.

POSICIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO

El Ministerio Público se abstuvo de intervenir en el trámite de segunda instancia.16

CONSIDERACIONES DE LA SALA

El problema que debe resolver la Subsección es el de determinar si la actora cumplió
con la totalidad de los requisitos para el reconocimiento de la pensión gracia,
especialmente los relativos a mantener una o varias vinculaciones con carácter
territorial o nacionalizado durante todo el tiempo de servicio, y en particular una con
anterioridad al 31 de diciembre de 1980. En caso afirmativo se verificará si estuvo
bien declarada la excepción de prescripción de las mesadas pensionales, y si era

12 Folio 306, C2.
13 Folio 312, C2.
14 Folios 317 a 319, C2.
15 Folio 320, C2.
16 Ver constancia secretarial a folio 322, C2.

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procedente la condena en costas de primera instancia a cargo de la entidad
demandada.

Marco normativo y jurisprudencial

Inicialmente, debe destacarse que la pensión gracia ostenta esa denominación,
habida cuenta de que es un beneficio que no requiere efectuar cotizaciones de
ninguna clase, sino, entre otros requisitos, esencialmente demostrar la acumulación
de un tiempo de servicio al Estado, tal como se determinó en la Ley 114 de 1913,
que en su artículo 1.° señaló que:

«Los maestros de escuelas primarias oficiales que hayan servido en el magisterio
por un término no menor de veinte años, tienen derecho a una pensión de jubilación
vitalicia, en conformidad con las prescripciones de la presente ley […]»

Por su parte, el artículo 3.° de dicha norma estableció que: «Los veinte años de
servicio podrán contarse computando servicios en diversas épocas y se tendrán en cuenta
los prestados en cualquier tiempo anterior a la ley que la creó», mientras que el artículo
4.º consagró que, para gozar de la gracia de la pensión, se torna indispensable que
el reclamante demuestre el cumplimiento de los siguientes postulados:

«[…] Artículo 4º.- Para gozar de la gracia de la pensión será preciso que el
interesado compruebe:
1. Que en los empleos que ha desempeñado se ha conducido con honradez y
consagración.
2. (Derogado por la Ley 45 de 1931).
3. Que no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter
nacional. Por consiguiente, lo dispuesto en este inciso no obsta para que un
Maestro pueda recibir a un mismo tiempo sendas pensiones como tal, concedidas
por la Nación o por un Departamento.
4. Que observe buena conducta.
5. (Derogado artículo 8 Ley 45 de 1931).
6. Que ha cumplido cincuenta años, o que se halla en incapacidad por enfermedad
u otra causa, de ganar lo necesario para su sostenimiento.»

Con base en lo anterior, es claro que un maestro de primaria podía recibir de manera
simultánea una pensión de carácter departamental y una nacional, pero en ningún
caso dos pensiones de este último orden.

La pensión gracia se extendió a los empleados y profesores de las escuelas
normales y a los inspectores de la instrucción pública en virtud del artículo 6.° de la
Ley 116 de 1928, pero solo aquellos que laboraran en colegios departamentales o
municipales, planteamiento que se deriva de la prohibición «[…] de recibir dos
pensiones nacionales y que conserva su vigencia, pues la ley 116 citada, en su artículo 6°
señaló que el beneficio se concretaría […] En los términos que contempla la ley 114 de
1913 y demás que esta complementan […]. Lo que supone el cumplimiento de los requisitos

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consagrados en el numeral cuarto de esta Ley»17. Con la expedición de la Ley 37 de
1933 se extendió el alcance de este derecho a los maestros de establecimiento de
enseñanza secundaria, pero no se efectuaron modificaciones o adiciones a los
requisitos previamente consagrados para el efecto.

De otro lado, la Ley 24 de 1947 consagró que: «Cuando se trate de servidores del ramo
docente, las pensiones de jubilación se liquidarán de acuerdo con el promedio de los
sueldos devengados durante el último año». De hecho, la Ley 4.ª de 1966, en su artículo
4.º, modificó la Ley 24 de 1947, indicando que: «la pensión de gracia se liquidará con
base en el 75% del promedio mensual obteniendo en el último año de servicio».

Ahora bien, sobre la prerrogativa bajo estudio también resulta necesario precisar
como marco normativo aplicable al caso, que mediante la Ley 43 de 1975 se
desarrolló en Colombia el proceso de nacionalización de la educación, comprendido
desde el 1.º de enero de 1976 hasta el 31 de diciembre de 1980.

Bajo tal contexto fue expedida con posterioridad la Ley 91 de 1989, por medio de la
cual se creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, en la que
a través del artículo 15 se reiteró el derecho a la pensión gracia para los docentes
oficiales en los siguientes términos:

«ARTÍCULO 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente
nacional y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1° de enero de 1990
será regido por las siguientes disposiciones:

(…) 2. Pensiones:

A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de
las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieran
desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de
gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los
requisitos. Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión
Social conforme al Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria
de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la Nación.

B. Para los docentes vinculados a partir del 1° de enero de 1981, nacionales y
nacionalizados, y para aquellos que se nombren a partir del 1o. de enero de 1990,
cuando se cumplan los requisitos de ley, se reconocerá sólo una pensión de
jubilación equivalente al 75% del salario mensual promedio del último año. Estos
pensionados gozarán del régimen vigente para los pensionados del sector público
nacional y adicionalmente de una prima de medio año equivalente a una mesada
pensional.»

Al respecto, la jurisprudencia de esta corporación ha advertido que la pensión gracia
no es un derecho para todo docente que cumpla con los requisitos citados, sino que,

17 Consejo de Estado, Sección Segunda-Subsección- A, Sentencia de 11 de octubre de 2007, C. P. Dr. Gustavo

Gómez Aranguren, expediente 0417-07.

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en virtud de sus condiciones, esta solo está prevista para los de carácter territorial
y nacionalizado, es decir, excluyendo a los docentes nacionales de su
reconocimiento. Sobre el particular, la Sala Plena del Consejo de Estado en
sentencia S-699 del 26 de agosto de 199718 señaló que:

«[…] dentro del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan
incluidos los docentes nacionales sino, exclusivamente, los nacionalizados que,
como dice la Ley 91 de 1989, además de haber estado vinculados hasta el 31 de
diciembre de 1980 “tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia (…)
siempre y cuando cumplan con la totalidad de requisitos”. […].» (Negrilla fuera de
texto).

En lo que referente a la naturaleza de la vinculación del docente (nacional,
nacionalizado o territorial), la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de
Estado en sentencia de unificación CE-SUJ2-011-18 del 21 de junio de 201819
planteó una serie de lineamientos interpretativos de obligatoria observancia en
materia de reconocimiento de la pensión gracia, de los cuales, frente al interrogante
de si los docentes ostentan la condición de educadores nacionales solo por el hecho
de que los recursos para el pago de sus acreencias laborales provengan del
presupuesto general de la Nación, se arribó a las siguientes conclusiones:

«i) Los recursos del situado fiscal que otrora transfería o cedía la Nación a las
entidades territoriales, en vigencia de la Carta de 1886 y hasta cuando
permanecieron en vigor en la Constitución de 1991, no obstante su origen o fuente
nacional, una vez se incorporaban a los presupuestos locales pasaban a ser de
propiedad exclusiva de los referidos entes en calidad de rentas exógenas.

ii) Los entes territoriales son los titulares directos o propietarios de los recursos que
les gira la Nación, provenientes del sistema general de participaciones, por
asignación directa del artículo 356 de la Carta Política de 1991.

iii) La financiación de los gastos que generaban los fondos educativos
regionales no solo dependía de los recursos que giraba la Nación a las entidades
territoriales por concepto del situado fiscal, sino que también correspondía a los
entes locales destinar parte de su presupuesto para atender al sostenimiento de los
referidos fondos educativos (artículos 29 del Decreto 3157 de 1968; y 60, inciso 2.º,
de la Ley 24 de 1988).

iv) Así como los fondos educativos regionales atendían los gastos que generaban
los servicios educativos de los docentes nacionales y nacionalizados12, resulta
factible colegir de manera razonada que lo propio acontecía con algunas de las
erogaciones salariales originadas por el servicio que prestaban los educadores
territoriales, ya que los recursos destinados para tal fin provenían tanto de la Nación
—situado fiscal— como de las entidades territoriales, y además, en uno y otro caso,
el universo de esos recursos le pertenecía de forma exclusiva a los entes locales
dado que ingresaban a sus presupuestos en calidad de
rentas exógenas y endógenas.

18 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia núm. S-699 de 26 de agosto de

1997, actor: Wilberto Therán Mogollón.
19 Proceso identificado con radicación 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014), de Gladys Amanda

Hernández Triana contra la UGPP.

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v) Por tanto, no es dable inferir que los docentes territoriales y/o nacionalizados se
convierten en educadores nacionales (i) cuando en el acto de su vinculación
interviene, además del representante legal de la entidad territorial, el delegado
permanente del Ministerio de Educación Nacional como miembro de la junta
administradora del respectivo fondo educativo regional, así, este último,
certifique la vacancia del cargo junto con la disponibilidad presupuestal13; y (ii) por
el argumento de que los recursos destinados para su sostenimiento tienen su origen
o fuente en la Nación.

vi) Prueba de calidad de docente territorial. Se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer
con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha
previsto como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la
respectiva certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera
inequívoca que el tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial
es de carácter territorial.

vii) Origen de los recursos de la entidad nominadora. Lo esencialmente
relevante, frente al reconocimiento de la pensión gracia, es la acreditación de la
plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial o nacionalizada, pues
conforme a los lineamientos fijados por la Sala en esta providencia, en lo que
respecta a los educadores territoriales, el pago de sus acreencias provenía
directamente de las rentas endógenas de la respectiva localidad, o de las exógenas
—situado fiscal— cuando se sufragaban los gastos a través de los fondos
educativos regionales; y en lo que tiene que ver con los educadores
nacionalizados, las erogaciones que estos generaban se enmarcan en los recursos
del situado fiscal, hoy sistema general de participaciones.» (Resaltado del
texto original)

En atención a lo descrito hasta este punto, se advierte que el carácter territorial o
nacionalizado de una plaza educativa es lo verdaderamente importante para el
reconocimiento de la pensión gracia, al margen del origen de los recursos que
financian el pago de los salarios y prestaciones de los educadores.

Incluso, también resulta evidente que para efectos de determinar si un docente es
nacional, territorial o nacionalizado, debe verificarse la naturaleza de la plaza a
ocupar, lo cual se puede advertir, entre otros, observando quién y bajo qué
competencia se expide el acto administrativo de nombramiento, valga decir, si se
da por parte de los alcaldes o gobernadores directamente en calidad de
empleadores, con independencia de los recursos que se utilicen para su
financiación, o si lo propio ocurre en virtud de una autorización legal mediante la
cual dichas autoridades administran al personal de educadores en nombre y
representación del Ministerio de Educación Nacional conforme a los artículos 9 y 10
de la Ley 29 de 1989.

Finalmente, debe recalcarse que en reciente sentencia de unificación SUJ-030-CE-
S2-2022 del 11 de agosto de 2022,20 la Sección Segunda también fijó como regla

20 Proceso identificado con radicación 15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017), de Hirma Nubia Jiménez

Lozano contra la UGPP.

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jurisprudencial sobre la interpretación que debe darse al artículo 15, numeral 2,
literal a, de la Ley 91 de 1989, para efectos del reconocimiento de la pensión gracia,
que «Los docentes pueden acceder a la pensión gracia antes y después del 29 de
diciembre de 1989, siempre y cuando acrediten una vinculación territorial o
nacionalizada con antelación al 31 de diciembre de 1980 y cumplan con los demás
requisitos legalmente establecidos para su reconocimiento».

Se precisa además que las anteriores providencias de unificación jurisprudencial
definieron que las mismas tendrían efectos retrospectivos, razón por la cual son de
obligatoria aplicación para aquellos casos pendientes de resolución en sede
administrativa y judicial.

En tal sentido, conforme a la normativa y la línea jurisprudencial expuesta, se
concluye que para consolidar el derecho a la pensión gracia, el docente oficial debe
cumplir con los siguientes requisitos:

i) Que acredite 50 años de edad.

ii) Que laboró como maestro oficial durante 20 años en establecimientos educativos
oficiales de orden exclusivamente territorial, es decir, distritales, departamentales o
municipales, esto en primaria o en secundaria, bien sea como normalista, inspector
de instrucción pública, o incluso en calidad de educador nacionalizado, con
posibilidad de adicionar períodos en uno u otro cargo, pero de ninguna manera
acumulando o relacionando tiempos de servicio a la Nación, los cuales, en todo
caso, no son aquellos en los que hubiese existido financiación de las acreencias
laborales a través del Sistema General de Participaciones, sino en los que se
advierta que el nombramiento fue efectuado directamente por el Ministerio de
Educación Nacional, o por el un alcalde o gobernador pero en representación del
Gobierno Nacional.

iii) Que haya ostentado alguna vinculación bajo las anteriores calidades con
anterioridad al 31 de diciembre de 1980.

iv) Que haya demostrado buena conducta en su labor, desempeñada con honradez
y consagración.

Resolución del caso concreto

Con el fin de definir litigios como el presente, resulta necesario verificar el
cumplimiento de las exigencias previstas en la normativa aplicable para consolidar
el derecho a la pensión gracia.

Pues bien, frente al primer requisito enunciado anteriormente relacionado con la
edad, se observa que la señora Emilsy Arboleda Villarreal nació el 15 de septiembre

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de 1962,21 de modo que cumplió los 50 años el 15 de septiembre de 2012.

El segundo requisito atinente a la acumulación de 20 años de servicio de la
reclamante como docente territorial o nacionalizada, (el cual es punto de debate en
esta instancia), se realiza el siguiente estudio sobre los tiempos de labor acreditados
en la presente causa judicial.

• Del 15 de septiembre de 1980 al 30 de junio de 1986

Se advierte en primer lugar que, conforme al Formato Único para la Expedición de
Certificado de Historia Laboral emitido el 28 de marzo de 2017 por la Secretaría de
Educación Municipal de Tumaco,22 así como la constancia del 13 de junio de 2016
expedida por la Secretaría de Educación de la referida entidad,23 e igualmente, a
partir de las certificaciones del 17 de abril de 199024 y del 28 de marzo de 201725
suscritas por el respectivo secretario de educación, efectivamente la demandante
laboró en la Escuela Rural Soledad Curay del municipio de Tumaco durante el
período bajo estudio y mediante una vinculación que, según dicho documento, se
asegura que fue territorial (municipal).

Sobre el punto, es del caso precisar que si bien no se encuentra en el proceso la
copia del acto administrativo de nombramiento de la demandante como maestra
oficial a lo largo del mencionado período (Decreto 075 del 15 de septiembre de
1980), lo cierto es que la naturaleza de dicha relación legal y reglamentaria sí es
posible extraerla y determinarla como territorial en el presente caso, ello a partir de
otros medios probatorios como las referidas certificaciones, constancias y su
respectiva valoración bajo elementos propios de la sana crítica, pues tal posibilidad
incluso fue contemplada por el Consejo de Estado en la sentencia de unificación del
21 de junio de 2018 cuando se señaló lo siguiente:

«[…] vi) Prueba de calidad de docente territorial. Se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer
con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha
previsto como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la
respectiva certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera
inequívoca que el tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial
es de carácter territorial. […]»

En tal sentido, según la documentación enlistada previamente en la que se indica
expresamente que la relación legal y reglamentaria de la actora fue del orden
municipal, financiada con recursos propios del municipio de Tumaco, es posible

21 Según registro civil de nacimiento y fotocopia de cedula de ciudadanía obrantes a folios 13 y 14, C1.
22 Folios 26 a 27, C1.
23 Folios 24 a 25, C1.
24 Folio 42, C1.
25 Folios 30 y 40, C1.

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inferir con claridad que la plaza ocupada por la señora Arboleda Villarreal fue del
orden territorial, tal como podría extraerse de la mención efectuada en el acta de
posesión del 15 de septiembre de 198026 en la que se observa lo siguiente:

Por tanto, el período de labor oficial de la reclamante, comprendido entre el 15 de
septiembre de 1980 al 30 de junio de 1986 (5 años, 9 meses y 15 días), sí puede
ser computado para colmar el requisito del tiempo de servicio necesario para
acceder a la pensión gracia solicitada.

• Del 1.º de septiembre de 1997 al 27 de febrero de 2018

Según el Formato Único para la Expedición de Certificado de Historia Laboral
emitido el 27 de febrero de 2018 por la Secretaría de Educación Municipal de
Tumaco,27 resulta claro que la demandante se desempeñó como docente de dicha
entidad territorial desde el 1.º de septiembre de 1997, y al menos, hasta la fecha de
expedición del mentado documento cuando se indica que aún seguía activa.

Adicionalmente, en esta prueba se asegura que su vinculación fue del orden
municipal, lo cual fue ratificado en la constancia del 13 de junio de 2016 expedida

26 Folio 147, C1.
27 Folio 194, C1.

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por la Secretaría de Educación de la referida entidad,28 e igualmente, a partir de las
certificaciones del 17 de abril de 199029 y del 28 de marzo de 201730 suscritas por
el respectivo secretario de educación.

Ahora bien, del acto administrativo de nombramiento de la actora, esto es, del
Decreto 313 del 1.º de septiembre de 1997,31 no se encuentra intervención directa
ni indirecta del Ministerio de Educación en la decisión de nombramiento, o al menos
autorización de este para que la entidad territorial tomara la decisión en su nombre
y representación, ello en la medida en que tampoco se afirma que la plaza ocupada
por la accionante fuese propia de la planta de personal de dicha cartera
gubernamental.

Por el contrario, a partir del mencionado decreto y de la correspondiente acta de
posesión,32 es posible concluir que el empleo ejercido por la señora Arboleda
Villarreal estaba provisto dentro de la misma estructura funcional del municipio de
Tumaco, y financiado directamente con recursos propios de esta entidad.

Ello se advierte en la medida en que la plaza en cuestión se suplió en virtud de un
concurso de méritos adelantado por dicha autoridad conforme a las previsiones de
los artículos 105 y 106 de la Ley 115 de 1994 y el Decreto 1140 de 1995, el cual si
bien tuvo que ser aprobado por el Ministerio de Educación, no conlleva que este
último hubiese intervenido a través de un representante ante el Fondo Educativo
Regional para cofinanciar las acreencias laborales de los docentes a través del
SGP, tal como se muestra en las siguientes imágenes en las que no se verifica firma
de ningún funcionario de tal autoridad:

28 Folios 24 a 25, C1.
29 Folio 42, C1.
30 Folios 30 y 40, C1.
31 Folios 36 a 38, C1.
32 Folio 35, C1.

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Como se aprecia de lo anterior, el nombramiento de la actora en este caso tuvo
lugar por decisión autónoma y directa del alcalde de Tumaco, lo que indica que tal
vínculo lo fue en calidad de docente territorial del nivel municipal, toda vez que
en la parte motiva de los actos en mención no se señala que esta plaza se hubiese
creado y ocupado en cumplimiento del artículo 10 de la Ley 43 de 1975, ni bajo los
postulados del artículo 6.° de dicha norma, en virtud del cual los recursos para
atender el proceso de nacionalización serían administrados por los Fondos
Educativos Regionales (FER) con sujeción a los planes que en su momento debía
establecer el Ministerio de Educación, intervención que tampoco se encuentra en el
decreto referido previamente.

Ahora, como sustento adicional para arribar a esta conclusión y determinar que la
demandante fue maestra oficial territorial y no nacional, así como tampoco
nacionalizada, es adecuado resaltar que el Consejo de Estado33 ha precisado sobre
esta última clasificación que: «El carácter nacionalizado de la designación […] encuentra
respaldo en el artículo 1 de la Ley 91 de 1989, en tanto dispone que son nacionalizados
aquellos «docentes vinculados por nombramiento de entidad territorial antes del 1 de enero
de 1976 y los vinculados a partir de esta fecha, de conformidad con lo dispuesto por la Ley
43 de 1975». De hecho, acerca de este punto también se ha pronunciado la Corte
Constitucional a través de la sentencia C-085 de 2002 en la que manifestó que los
docentes nacionalizados son «los vinculados antes del 31 de diciembre de 1980, por las
entidades territoriales».

Por lo tanto, aun bajo el entendido de que el nombramiento de la reclamante fue
posterior al proceso de nacionalización, este no podría asumirse como

33 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del

13 de julio de 2023. Radicado: 25000 23 42 000 2019 00093 01 (3408–2021)

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nacionalizado, pues debe tenerse en cuenta que no hubo ninguna participación en
la decisión por parte de algún delegado del Ministerio de Educación Nacional o de
un representante del Fondo Educativo Regional que permita inferir que la plaza fue
creada u ocupada en virtud de los presupuestos de la Ley 43 de 1975, más aún
cuando tal situación se ajusta a la interpretación que se desarrolló en la sentencia
de unificación CE-SUJ2-011-18 del 21 de junio de 2018, según la cual es territorial
la plaza creada de forma exclusiva por el distrito, departamento o municipio
respectivo, y cuyos gastos se cubran con cargo a su propio presupuesto, tal como
sucede en el asunto bajo examen.

Lo expuesto se afirma además al verificar que el fundamento jurídico del acto
administrativo de nombramiento de la accionante fue el artículo 105 de la Ley 115
de 199434 y el Decreto 1140 de 1995,35 es decir, con base en las normas que
permiten ocupar una vacante propia de una entidad territorial a través de un
concurso de méritos, que en este caso se desarrolló para una plaza docente que no
había sido creada en virtud del artículo 10 de la Ley 43 de 1975, sino que estaba
incluida en la propia planta de personal del municipio de Tumaco, financiada con
recursos propios de dicha autoridad, tal como lo habilitaba el artículo 10 del decreto
precitado que consagra lo siguiente:

«[…] Artículo 10.- Convocatoria de concursos por parte de alcaldes municipales. Los
alcaldes municipales convocarán y realizarán los concursos para la provisión de
vacantes de las plantas de personal docente y administrativo con cargo a los
recursos propios, de acuerdo con los procedimientos legales y reglamentarios
vigentes en el momento de la convocatoria, entre otros los del artículo 105 de la Ley
115 de 1994. Su incumplimiento generará sanciones de acuerdo con el artículo 107
de la misma Ley. […]». (Líneas y negrilla fuera de texto).

En consecuencia, el tiempo de labor oficial de la demandante como educadora
estatal del orden territorial comprendido entre el 1.º de septiembre de 1997 y el
27 de febrero de 2018 (20 años, 5 meses y 26 días), efectivamente puede ser
tenido en cuenta para colmar la exigencia de 20 años de servicio necesarios para
acceder a la prerrogativa solicitada, por lo que, junto al período anterior, se concluye
que la accionante acreditó en debida forma esta exigencia bajo estudio.

Seguidamente, sobre el tercer requisito referente a la necesidad de demostrar
alguna vinculación en una plaza docente de iguales calidades a las mencionadas
con anterioridad, ello previo al 31 de diciembre de 1980, lo propio se deriva sin
dificultad del hecho de que la actora efectivamente se desempeñó como tal al
servicio del municipio de Tumaco, nombrada como docente para el período del 15
de septiembre de 1980 al 30 de junio de 1986, es decir, en un lapso anterior a la
primera data en comento, por lo que se encuentra colmado este presupuesto objeto

34 «Por la cual se expide la ley general de educación.»
35 «Por el cual se establecen los criterios y las reglas generales para la organización de las plantas de personal

docente, directivo docente y administrativo del servicio público educativo estatal y por parte de los
departamentos y distritos y se dictan otras disposiciones.»

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de análisis.

En punto de cumplir el cuarto requisito que se circunscribe a la verificación de la
buena conducta de la accionante, entendida como el ejercicio del cargo con
honradez y consagración, se resalta que este aspecto no se discutió en sede
administrativa, ni en primera instancia, así como tampoco mediante el recurso de
apelación analizado en esta oportunidad, por lo que se presume la buena fe de la
interesada en cuanto a la acreditación de este requerimiento normativo.

Con base en lo expuesto, se estima que el tribunal de primera instancia fue acertado
en el fallo apelado para acceder al reconocimiento de la prerrogativa solicitada por
la parte activa, de suerte que habrá de confirmarse dicha providencia en este punto.
Ahora, dado que el único punto de inconformidad de la reclamante es la declaratoria
de la prescripción, se hace necesario efectuar un examen sobre dicho fenómeno.

Análisis de la prescripción

El Consejo de Estado36 ha señalado que la estructuración de la mentada figura
requiere que transcurra un determinado lapso durante el cual no se hayan ejercido
las acciones correspondientes para reclamar los derechos que considera
vulnerados. Ese tiempo se cuenta por 3 años desde que la obligación se haya hecho
exigible, con una posibilidad de interrupción del término por un lapso igual, tal como
lo indica el artículo 102 del Decreto 1848 de 1969 aplicable al presente caso.

Pues bien, para determinar el momento de exigibilidad del derecho a restablecer a
partir de la cual debe comenzar a contabilizarse el término referido en el presente
caso, tendrá que considerarse el hecho de que esta fecha se concretó desde el 15
de septiembre de 201237 cuando la actora acreditó los 50 años de edad, esto es,
posterior al cumplimiento de los 20 años de servicio (16 de noviembre de 2011) 38,
pues ese primer momento fue en el que acreditó la totalidad de requisitos para
consolidar la prerrogativa bajo estudio.

Ahora bien, tal como se verifica en la parte considerativa de la Resolución RDP
048512 del 17 de octubre de 201339, la señora Arboleda Villarreal presentó una

36 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 15

de noviembre de 2012, número interno: 1446-2012.
37 Dado que nació el 15 de septiembre de 1962.
38 Resultado al sumar el cálculo del tiempo relacionado en la tabla de la prestación del servicio hasta esta fecha

de configuración, así:

DESDE HASTA AÑOS MESES DÍAS
15/09/1980 30/06/1986 5 9 15
1/09/1997 16/11/2011 14 2 15
TOTAL 19 +1 = 20 años 11 + 1 = 12 meses (1 año) 30 (1 mes)

39 Folios 21 a 23, C1.

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primera petición ante la UGPP el 30 de agosto de 2013 y fue resuelta en forma
negativa por la administración, fecha para la cual logró interrumpir la prescripción
hasta el 30 de agosto de 2016.

Sin embargo, la actora en su momento no acudió a la jurisdicción para reclamar el
derecho pensional, sino que presentó por segunda vez el 12 de julio de 2016 una
petición tendiente al reconocimiento de la pensión, tal como lo señaló la UGPP en
la Resolución RDP 045236 del 30 de noviembre de 201640, lo que, por tratarse de
prestaciones periódicas, generó una nueva interrupción por las nuevas mesadas
causadas hasta el 12 de julio de 2019.

En este caso se observa que la accionante radicó la demanda el 5 de abril de 2017,41
esto es, por fuera del término de los 3 primeros años contados a partir de la fecha
del estatus, pero dentro del lapso de interrupción de la segunda petición (del 12 de
julio de 2016 hasta el 12 de julio de 2019), razón por la cual se declarará probada
la prescripción respecto de las mesadas causadas a su favor, pero respecto de las
anteriores al 12 de julio de 2013 y no del 5 de abril de 2014 como lo había
determinado el tribunal de origen.

De hecho, sobre la forma de interrupción y análisis de la referida figura, encuentra
sustento en lo dispuesto por esta Corporación42, en el entendido que una vez se
haga exigible el derecho y ante la presentación de la reclamación administrativa, la
parte interesada debe presentar en el término de los 3 años la demanda judicial, de
lo contrario, se somete a la activación del término prescriptivo y la pérdida del
derecho de las prestaciones periódicas causadas.

Es decir, que al considerarse la pensión gracia como una prestación que se causa
periódicamente, el análisis de la prescripción deberá realizarse de acuerdo con el
término de interrupción que se genere con la última petición al momento de reclamar
el derecho, máxime cuando estas sean presentadas en tiempos distantes a la
configuración del estatus y sobre las cuáles haya operado esta figura como ocurre
en el presente asunto, pero no iniciando el término de interrupción desde la fecha
del acto administrativo como lo asegura la parte activa, sino desde la radicación de
la reclamación.

Con fundamento en lo expuesto anteriormente, se modificarán los ordinales primero
y tercero de la sentencia apelada, a fin de declarar la prescripción de mesadas
anteriores al 12 de julio de 2013, y adicionalmente ordenando el reconocimiento y
pago de la pensión gracia reclamada por la actora, ello en cuantía del 75% del
promedio de los factores salariales devengados por la demandante en el año

40 Folios 15 a 16, C1.
41 Según sello de radicación visible a folio 12, C1.

42 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencias del 2 de febrero de 2012, radicado:
150012333000201300718 01 (1218-2015); Subsección A, del 17 de marzo de 2021, radicado: 76001-23-33-
000-2016-00438-01 (2939-2019); 2 de marzo de 2023, radicado: 05001233300020140102501 (1239-2016).

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anterior a la consolidación de su estatus pensional, comprendido entre el 15 de
septiembre de 2011 y el 14 de septiembre de 2012, efectiva a partir del 15 de
septiembre de 2012, pero con efectos fiscales a partir del 12 de julio de 2013 por
prescripción trienal de mesadas.

La referida liquidación es consonante con los artículos 4 de la Ley 4 de 1966, 5 del
Decreto 1743 de 1966 y los lineamientos jurisprudenciales trazados por esta
corporación frente al monto de la prestación, esto es, que «la pensión gracia debe
liquidarse con base en los emolumentos devengados durante el año anterior a la adquisición
del estatus pensional».43

La suma de dinero que resulte de la condena anterior se ajustará al valor presente
de acuerdo con el artículo 187 del CPACA y la fórmula adoptada por el Consejo de
Estado, según la cual:

R= RH Índice Final
Índice inicial

En la que el valor presente (R) se determina multiplicando el valor histórico (RH),
que es lo dejado de percibir por la parte demandante por concepto de mesadas
pensionales, por el guarismo que resulte de dividir el índice final de precios al
consumidor certificado por el DANE, vigente a la ejecutoria de la sentencia, por el
índice vigente a la fecha en que la parte actora obtuvo el estatus pensional. Por
tratarse de prestaciones de tracto sucesivo, la indexación deberá hacerse mes por
mes.

De la condena en costas: análisis de primera y segunda instancia

Procederá la Sala a analizar lo relacionado con la condena en costas impuesta en
primera instancia, en consideración a que, para la entidad demandada, actualmente
no existe un fundamento que justifique la imposición de esta carga, solo por el hecho
de ser vencido en juicio, por lo que considera que esta orden debe ser revocada.

En lo que respecta a este punto de impugnación, la Sala en el caso particular acudirá
a la tesis que se había sostenido con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley
2080 de 2021 (25 de enero de 2021), pues se entiende que la decisión de primera
instancia fue proferida previamente a la referida circunstancia (20 de marzo de
2019).

Es decir, resultaba acertado al momento de la expedición de la sentencia apelada,
asumir que en virtud del criterio objetivo valorativo para la imposición de las costas,

43 Al respecto pueden consultarse las siguientes sentencias de la Sección Segunda del Consejo de Estado: i)

del 25 de enero de 2007, radicado: 25000-23-25-000-2002-08879-01 (2748-05); ii) del 22 de marzo de 2018,
radicado: 25000-23-42-000-2014-03987-02 (1663-17); iii) del 14 de agosto de 2020, radicado: 15001-23-33-
000-2014-00462-01 (1644-19).

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Radicado: 52001-23-33-000-2017-00173-01 (3051-2019)

debía excluirse el elemento subjetivo de la mala fe o la temeridad de las partes y
que en consecuencia procedía la referida condena contra la parte demandada por
haber resultado vencida en juicio y haberse demostrado la causación de las
agencias en derecho en el monto que el tribunal estimó conforme a las previsiones
del artículo 188 del CPACA y 365 del CGP, así como la demás normativa que regula
la materia.

En tal sentido, se confirmará el fallo apelado en este punto sobre la decisión de
condena en costas de primera instancia a cargo de la accionada.

Ahora bien, para el caso de análisis en segunda instancia, es importante aclarar que
si bien la jurisprudencia de la Subsección A del Consejo de Estado venía aplicando
el mencionado criterio objetivo valorativo consagrado en el artículo 188 de la Ley
1437 de 2011, dicho criterio fue variado con la adición introducida por el artículo 47
de la Ley 2080 de 2021, en el que indica que la condena en costas es viable,
siempre y cuando se acredite que la parte vencida obró con manifiesta carencia de
fundamento legal.

Teniendo en cuenta el cambio introducido por el legislador en la materia, la
Subsección A aclara que adoptó una nueva postura en la cual, en las sentencias
proferidas a la luz de la nueva normativa se deberá analizar la conducta realizada
por las partes en el proceso, entre ello, si se presentó o no, carencia de
fundamentación jurídica conforme a lo señalado en el inciso 2.º del artículo 188 de
la Ley 1437 de 2011, mas no con base en el artículo 366 del CGP como lo adujo el
demandante en su apelación, pues para estos efectos existe la referida norma
especial que debe ser aplicada en su integridad.

Por ello, en el presente asunto, se procederá a analizar dicha situación a la luz de
la normativa vigente, así:

En el presente caso, aplicando el criterio anunciado, la Sala observa que los
argumentos de los recursos de apelación presentados por las partes demandante y
demandada no presentan una carencia de fundamentación legal que dé lugar a la
condena en costas. Contrario a ello, ambos extremos del litigio manifestaron
planteamientos razonables para la defensa jurídica de sus intereses. En
consecuencia, no se impondrá condena en costas en esta instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F AL L A

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www.consejodeestado.gov.co
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Radicado: 52001-23-33-000-2017-00173-01 (3051-2019)

PRIMERO: MODIFICAR LOS ORDINALES PRIMERO Y TERCERO de la
sentencia apelada que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, los
cuales quedarán de la siguiente manera:

«[…] Primero: Declarar probada la excepción de prescripción respecto de las
mesadas pensionales causadas a favor de la actora con anterioridad al 12 de julio
de 2013, y no probados los demás medios de defensa propuestos por la entidad
demandada.

[…] Tercero: Se ordena a la UGPP que reconozca la pensión gracia a favor de la
demandante desde el 15 de septiembre de 2012, pero con efectos fiscales a partir
del 12 de julio de 2013 en lo que respecta al pago del retroactivo correspondiente,
pues se encuentra probada la prescripción trienal de mesadas. […]».

SEGUNDO: CONFIRMAR en todo lo demás la providencia recurrida.

TERCERO: ABSTENERSE de condenar en costas de segunda instancia a la
entidad demandada según lo manifestado en la parte motiva de la sentencia.

CUARTO: SE RECONOCE PERSONERÍA como mandataria general de la UGPP
a la abogada Marcela Patricia Ceballos Osorio con tarjeta profesional 214.303, y
como apoderada sustituta a la abogada Evelyn María Molina Padilla, portadora de
la tarjeta profesional 338.949, ello conforme a los poderes que se observan en los
índices 46 y 48 de SAMAI.

QUINTO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

LOS MAGISTRADOS,

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
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