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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 52001-23-33-000-2019-00667-01

Fecha
29 de mayo de 2025
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 52001-23-33-000-2019-00667-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida el 25 de noviembre de 2022 por el Tribunal Administrativo de Nariño, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: En su lugar, DECLARAR la nulidad del acto ficto configurado el 27 de julio de 2019, por medio del cual la Nación- Ministerio de Educación Nacional- Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio negó el reconocimiento y pago de una pensión de jubilación por aportes al señor Carlos Alberto Realpe Erazo. TERCERO: A título de restablecimiento del derecho, CONDENAR a la Nación- Ministerio de Educación Nacional- Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio a reconocer y pagar a favor del señor Carlos Alberto Realpe Erazo, desde el 6 de junio de 2014, una pensión de jubilación por aportes con el 75% del promedio de los factores salariales dispuestos en los artículos 6 y 8 del Decreto 2709 de 1994; así como la Ley 62 de 1985 y demás normas especiales, que hayan servido de base de cotizaciones a seguridad social en pensión, en el año anterior a la adquisición del producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio de las de carácter especial como los artículos 265 a 269 del CPACA. Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la Corte Constitucional, que a propósito del régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para imponer la condena en costas el juez ya no tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la hora de condenar en costas, sino la derrota en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo- valorativo.”. En el mismo sentido: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso - Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 7 de abril de 2016, M.P. William Hernández Gómez, rad. 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-14). 27 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicación: 52001-23-33-000-2019-00667-01 (2899-2023) Demandante: Carlos Alberto Realpe Erazo Demandado: Nación- Ministerio de Educación Nacional-Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 52001-23-33-000-2019-00667-01

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

29 de mayo de 2025

Radicación: 52001-23-33-000-2019-00667-01 (2899-2023)
Demandante: Carlos Alberto Realpe Erazo
Demandado: Nación- Ministerio de Educación Nacional-Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: ELIZABETH BECERRA CORNEJO

Bogotá D.C., veintinueve (29) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 52001-23-33-000-2019-00667-01 (2899-2023)
Demandante: Carlos Alberto Realpe Erazo
Demandado: Nación - Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio1
Vinculado: Municipio de Ipiales, Nariño, y la Administradora Colombiana de
Pensiones2

Tema: pensión de jubilación docente. Subtema 1. Vinculación docente antes de la Ley
812 de 2003. Subtema 2. Aplicación de la Ley 71 de 1988.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver el
recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida
el 25 de noviembre de 2022 por el Tribunal Administrativo de Nariño, mediante la cual
se negaron las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

El señor Carlos Alberto Realpe Erazo solicitó la nulidad del acto administrativo ficto
negativo que se configuró por la falta de respuesta de la Secretaría de Educación del
Municipio de Ipiales, Nariño, a la petición de reconocimiento y pago de una pensión de
jubilación por aportes, presentada el 27 de febrero de 2019. Afirmó que es beneficiario
del régimen pensional previsto en la Ley 71 de 1988, toda vez que se vinculó al servicio
docente con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003.

II. ANTECEDENTES

2.1. La demanda

1. Por medio de escrito presentado el 19 de diciembre de 20193, el señor Carlos
Alberto Realpe Erazo por conducto de apoderado, presentó demanda en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, en contra de la Nación -
Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del

1 En adelante FOMAG.
2 En adelante COLPENSIONES.
3 Samai, gestión otros despachos, índice 01.

1

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Demandante: Carlos Alberto Realpe Erazo
Demandado: Nación- Ministerio de Educación Nacional-Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio

Magisterio, según las pretensiones, hechos y fundamentos de derecho que a
continuación se sintetizan4.

2.1.1. Pretensiones

2. La parte accionante solicitó que se declare la nulidad del acto administrativo
ficto configurado por la falta de respuesta a la petición presentada el 27 de febrero de
2019, por medio de la cual la entidad accionada negó el reconocimiento y pago de una
pensión de jubilación por aportes al señor Carlos Alberto Realpe Erazo.

3. A título de restablecimiento, pidió que se ordene a la parte demandada
reconocer y pagar una pensión de jubilación por aportes a favor del accionante en
cuantía equivalente al 75% del salario base y todos los factores salariales devengados
durante el año inmediatamente anterior al cumplimiento del estatus pensional, esto es,
del 6 de junio de 2013 al 5 de junio de 2014.

4. Solicitó que se condene al pago de las mesadas dejadas de cancelar desde la
fecha de consolidación del estatus pensional hasta el día en que se haga efectivo el
pago, sumas que deberán ajustarse de acuerdo con el IPC; y de los intereses de mora
por los valores adeudados, de conformidad con los artículos 192 y 195 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (en adelante CPACA).
También, que se dé cumplimiento al fallo según los artículos 189, 192, 194 y 195 del
CPACA; y se condene en costas a la parte vencida como lo señala el artículo 188 ibidem.

2.1.2. Hechos

5. La Sala los sintetiza así:

6. El señor Carlos Alberto Realpe Erazo nació el 6 de junio de 1954 y superó las
1.900 semanas de cotización en los sectores privado y público, conforme se muestra
a continuación:

Tipo de vinculación Desde Hasta Aportes Días
Aportes al ISS 01/09/1975 31/08/1996 ISS (hoy 6.143
COLPENSIONES)
Docente provisional 15/09/1996 28/06/1998 FNPSM 1.004
OPS 04/10/1999 19/12/2003 N/A 862
Docente en 16/01/2004 23/11/2018 FNPSM 5.340
propiedad

7. El accionante acredita más de 60 años de edad y más de 20 de cotizaciones.
Ello quiere decir que cumple con los requisitos exigidos por la Ley 71 de 1988 para ser
beneficiario de una pensión de jubilación por aportes, por virtud de la Ley 812 de 2003.

8. El 27 de febrero de 2019 presentó petición ante la Nación - Ministerio de
Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio,
representada por la Secretaría de Educación del Municipio de Ipiales, Nariño, con el
fin de que se le reconozca y pague la pensión de jubilación por aportes prevista en la

4 Samai, índice 02, documento
ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar), carpeta Expediente Digital, archivo 01CUADERNO, págs. 5 a 25.
2

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Demandante: Carlos Alberto Realpe Erazo
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Sociales del Magisterio

Ley 71 de 1988. No obstante, habiendo transcurrido más de nueve meses la entidad
no dio respuesta alguna.

2.1.3. Normas violadas y concepto de la violación

• Constitución Política, artículos 1, 2, 4, 6, 13, 25, 29, 48, 53, 58 y 243.
• Ley 6 de 1945, artículo 17.
• Ley 71 de 1988, artículo 7.
• Ley 91 de 1989, artículo 15.
• Ley 100 de 1993, artículo 279.
• Ley 812 de 2003, artículo 81.
• Acto Legislativo 01 de 2005.
• Decreto 2277 de 1979, artículos 1 y 2, literal f) del artículo 36.

9. La parte demandante indicó que de acuerdo con el artículo 81 de la Ley 812 de
2003, los docentes vinculados hasta el 26 de junio de 2003 conservan el régimen
excepcional de pensiones, esto es, las leyes 33 y 62 de 1985 y la Ley 71 de 1988; y
aquellos educadores que por primera vez ingresan al magisterio oficial a partir del 27
de junio de 2003, deben ser afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio y sus derechos pensionales se rigen por las leyes 100 de 1993 y 797 de
2003.

10. Sostuvo que el régimen pensional aplicable al señor Carlos Alberto Realpe
Erazo es el previsto en la Ley 71 de 1988, por cuanto se vinculó a la docencia oficial
antes de la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003. Precisó que los tiempos de servicio
prestados a través de órdenes de prestación de servicios, entre los años 1999 a 2003,
deben ser tenidos en cuenta para efectos pensionales.

11. Adujo que como el accionante demostró tener más de 60 años y más de 20
años de servicios cotizados, es acreedor de una pensión de jubilación por aportes.

2.2. Contestación de la demanda

2.2.1. La Nación - Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio se opuso a las pretensiones de la demanda
con las siguientes consideraciones5:

12. El artículo 15 de la Ley 91 de 1989 dispuso que los docentes vinculados a partir
del 1 de enero de 1981, nacionales o nacionalizados, y aquellos nombrados a partir
del 1 de enero de 1990, tenían derecho, mientras cumplan con los requisitos, a una
pensión de jubilación equivalente al 75% del salario mensual promedio del último año
y gozarían del régimen vigente para los pensionados del sector público nacional.

13. Posteriormente, el artículo 81 de la Ley 812 de 2003 estableció que, a partir de
su entrada en vigor (27 de junio de 2003), a los docentes oficiales les era aplicable el
régimen pensional de prima media dispuesto en las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003,
a excepción del requisito de edad para la pensión de vejez, que sería de 57 años para
hombres y mujeres. Asimismo, previó que para el caso de los docentes oficiales
5 Samai, índice 02, documento
ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar), carpeta Expediente Digital, archivo 03ContestacionDemandaFomag.
3

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Demandante: Carlos Alberto Realpe Erazo
Demandado: Nación- Ministerio de Educación Nacional-Fondo Nacional de Prestaciones
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vinculados con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, aplicaría el
régimen prestacional de la Ley 91 de 1989.

14. En el caso particular no resulta viable el reconocimiento y pago de una pensión
de jubilación por aportes a favor del accionante, teniendo en cuenta que no cumplió
los requisitos para el efecto.

2.2.2. El municipio de Ipiales, vinculado a través de auto del 30 de agosto de 2021,
en calidad de litisconsorte necesario por pasiva, contestó la demanda y solicitó que se
nieguen las pretensiones de la demanda, con los siguientes argumentos6.

15. El señor Carlos Alberto Realpe Erazo no tiene derecho al reconocimiento y pago
de la pensión de jubilación por aportes que reclama, toda vez que se vinculó al servicio
docente oficial afiliado al FOMAG el 16 de enero de 2004, es decir, que el régimen que
le es aplicable es el establecido en las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003.

16. Pidió que se vinculara al proceso a COLPENSIONES, comoquiera que revisada la
historia laboral del demandante y los aportes que efectuó, es la entidad que posee la
mayor cantidad de cotizaciones –6.143 días– y la llamada a reconocerle la pensión de
vejez prevista en las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003.

2.2.3. Colpensiones, entidad vinculada mediante auto del 30 de agosto de 2021, en
calidad de litisconsorte necesario por pasiva, contestó la demanda y solicitó que se
nieguen las súplicas de la demanda, con las siguientes consideraciones7.

17. El accionante se desempeñó como docente público con un total de 6.143 días
cotizados al ISS hoy COLPENSIONES, según la historia laboral; luego de su traslado al
FOMAG, desde el 15 de diciembre de 1996 hasta el 28 de junio de 1998, cotizó 1.004
días adicionales; y del 16 de enero de 2004 al 23 de noviembre de 2018, registró una
nueva afiliación al FOMAG como docente en propiedad, de 5.340 días cotizados.

18. A los docentes afiliados al FOMAG antes de la expedición de la Ley 812 de 2003,
les aplica lo establecido en la Ley 91 de 1989 y su pensión será reconocida bajo las
leyes 33 y 62 de 1985, siendo compatible con el respectivo salario hasta el momento
del retiro.

19. El demandante ingresó al servicio de la docencia oficial el 15 de septiembre de
1996, es decir, antes de la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, el 27 de junio de
2003, razón por la cual afirmó que es probable que su derecho pensional deba
reconocerse conforme con los regímenes pensionales establecidos en las leyes 33 y
62 de 1985; 71 de 1988 y 91 de 1989. De esta manera, sostuvo que la entidad
responsable del reconocimiento y pago de la pensión es el FOMAG y no COLPENSIONES.

2.3. Sentencia de primera instancia

20. El Tribunal Administrativo de Nariño, Sala Primera de Decisión profirió sentencia
el 25 de noviembre de 2022, a través de la cual negó las pretensiones de la demanda
6 Samai, índice 02, documento
ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar), carpeta Expediente Digital, archivo 05ContestacionMunicipioIpialaes.
7 Samai, índice 02, documento
ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar), carpeta Expediente Digital, archivo 14ContestacionColpensiones.
4

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Demandante: Carlos Alberto Realpe Erazo
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Sociales del Magisterio

y condenó a la parte accionante al pago de costas. La providencia se fundó en los
siguientes argumentos8:

21. La Ley 91 de 1989 creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio y dispuso que, a los docentes vinculados a partir del 1 de enero de 1990,
nacionales y nacionalizados, se les reconocería solamente una pensión de jubilación
bajo el régimen general y ordinario de pensiones del sector público nacional, el cual
estaba regulado por los artículos 17 de la Ley 6 de 1945 y 27 del Decreto 3135 de
1968; este último derogado por el artículo 25 de la Ley 33 de 1985. En cambio, aquellos
docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989 mantendrían el régimen
prestacional que venían gozando en cada entidad territorial.

22. Por su parte, la Ley 33 de 1985 unificó el régimen de la pensión de jubilación de
los servidores públicos, aplicable a todos los niveles que no estuviesen exceptuados
por ley, entre estos, los docentes nacionales y nacionalizados. Dicha norma previó que
los empleados oficiales que sirvieran o hubiesen servido 20 años continuos o
discontinuos y llegasen a la edad de 55 años tendrían derecho a pensionarse con el
equivalente al 75% del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el
último año de servicio.

23. La referida norma ha tenido modificaciones legales sustanciales, dentro de las
cuales se destaca la promulgación de la Ley 100 de 1993, que creó el Sistema Integral
de Seguridad Social. Por ende, en cada caso en concreto, debe determinarse qué
régimen pensional le resulta aplicable al docente, si el régimen de prima media de la
referida ley o el régimen anterior, en virtud de la transición establecida en el artículo
36 de esa normativa.

24. Posteriormente, el artículo 81 de la Ley 812 de 2003 estableció que, a partir de
su entrada en vigor —27 de junio de 2003—, a los docentes oficiales les era aplicable
el régimen pensional de prima media dispuesto en las leyes 100 de 1993 y 797 de
2003, a excepción del requisito de edad para la pensión de vejez, que sería de 57 años
para hombres y mujeres.

25. Asu vez, el referido artículo 81 señaló que para el caso de los docentes oficiales
vinculados con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, aplicaría el
régimen prestacional de la Ley 91 de 1989, que, por la remisión de esta, es el contenido
en la Ley 33 de 1985.

26. Ahora bien, en los eventos en que los docentes no hayan servido al Estado
durante toda su vida laboral, sino que prestaron sus servicios en entidades públicas y
privadas, cotizando para pensión al Instituto de Seguros Sociales ( ISS), hoy
COLPENSIONES, durante el periodo laborado en el sector privado, la Ley 71 de 1988
«por la cual se expiden normas sobre pensiones y se dictan otras disposiciones»,
estableció la pensión por aportes. Esta, exige como requisitos para el efecto: (i) 60
años de edad si se es hombre y 55 si se es mujer; y (ii) haber realizado 20 años de
cotizaciones o aportes al ISS y a una o varias de las entidades de previsión social del
sector público, las cuales pueden ser en tiempos continuos o discontinuos y en
cualquier tiempo.

8 Samai, índice 02, documento
ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar), carpeta Expediente Digital, archivo 25 Sentencia 2019-00667.
5

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Sociales del Magisterio

27. Descendiendo al caso particular, el Tribunal señaló que para efectuar el estudio
del reconocimiento pensional reclamado deben tenerse en cuenta los tiempos
trabajados por el accionante a través de órdenes de prestación de servicios,
comoquiera que su labor como docente reúne todos los elementos de una relación
laboral.

28. Indicó que, revisado el plenario, se probó que el demandante se vinculó como
docente oficial a partir del 12 de septiembre de 1996, esto es, antes del 27 de junio de
2003, fecha en la que entró en vigor la Ley 812 de 2003, en consecuencia, en principio,
le sería aplicable lo dispuesto en la Ley 91 de 1989, la cual se remite a la Ley 33 de
1985 en temas pensionales. Sin embargo, «se verifica que no es beneficiario del
régimen de transición, toda vez que, para el 1 de abril de 1994, fecha de entrada en
vigencia de la Ley 100 de 1993, el señor Realpe Eraso tenía 39 años y 740 semanas
cotizadas, equivalentes a 14,1 años de servicios».

29. Aclaró que si bien el accionante acredita 20 años de servicio en el sector público
—21,73 años—, no es beneficiario del régimen de transición para poder acceder a la
pensión por aportes prevista en la Ley 71 de 1988.

30. Finalmente, decidió condenar en costas a la parte demandante, de conformidad
con el artículo 188 del CPACA, en consonancia con el artículo 365 del CGP, toda vez que
se negaron las pretensiones de la demanda.

2.4. Recurso de apelación

31. La parte accionante apeló la sentencia de primera instancia. Solicitó que se
revoque la decisión y en su lugar, se reconozca a su favor una pensión de jubilación
por aportes. Ello, bajo los siguientes argumentos9:

32. En el presente asunto no debe acudirse al régimen de transición de la Ley 100
de 1993 para que sea posible aplicar la Ley 71 de 1988, toda vez que la aplicación de
la norma anterior en el caso de los docentes no deviene de dicho régimen, sino de lo
previsto en el artículo 81 de la Ley 812 de 2003. Ello, aunado a que los docentes
vinculados antes de la entrada en vigor de la Ley 100 de 1993 se encuentran
exceptuados de su aplicación, de acuerdo con los artículos 11 y 279 ibidem, y
conforme lo ha indicado en su jurisprudencia el Consejo de Estado10.

33. El artículo 81 de la Ley 812 de 2003 estableció que, a partir de su entrada en
vigor, a los docentes oficiales les era aplicable el régimen pensional de prima media
dispuesto en las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, a excepción del requisito de edad
para la pensión de vejez, que sería de 57 años para hombres y mujeres. En cambio,
en el caso de los docentes oficiales vinculados con anterioridad a la entrada en vigor
de la Ley 812 de 2003, aplicaría el régimen prestacional de la Ley 91 de 1989, que,
por la remisión de esta, es el contenido en las leyes 33 de 1985 y 71 de 1988.

9 Samai, índice 02, documento
ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar), archivo 2_recurso apelación parte demandante.
10 Cita. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, sentencia de unificación del

28 de agosto de 2018, Rad. 52001-23-33-2012-00143-01; sentencia de unificación SUJ-014-CE-S2-2019 del 25 de
abril de 2019; Subsección A, sentencia del 24 de febrero de 2022, Rad. 63001-23-33-000-2018-00183-01; Sección
Tercera, Subsección A, sentencia de tutela del 6 de septiembre de 2021, Rad. 11001-03-15-000-2021-03766-00.
6

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Sociales del Magisterio

34. Afirmó que el demandante cotizó al ISS, hoy COLPENSIONES, cuando laboró en el
sector privado, del 1 de septiembre de 1975 al 31 de agosto de 1996; luego, del «12
de septiembre de 1996» hasta el 28 de junio de 1999, se vinculó al servicio de la
docencia oficial, nombrado en provisionalidad; a partir del 4 de octubre de 1999 hasta
el 19 de diciembre de 2003, a través de contratos de prestación de servicios; y
finalmente, en provisionalidad y, con posterioridad, en propiedad, desde el 16 de enero
de 2004. Por consiguiente, al acreditar más de 60 años, y haber efectuado cotizaciones
a los sectores público y privado durante más de 20, tiene derecho al reconocimiento y
pago de una pensión por aportes, según lo dispuesto en la Ley 71 de 1988.

2.5. Trámite procesal

35. Mediante auto del 12 de octubre de 2023, se admitió el recurso de apelación
presentado por la parte demandante y se prescindió del traslado para alegar de
conclusión, en aplicación de la Ley 2080 de 2021, toda vez que no se solicitaron
pruebas en segunda instancia11.

2.6. Ministerio Público

36. La Procuraduría Segunda Delegada ante el Consejo de Estado no rindió
concepto12.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

37. El presente asunto es competencia de esta corporación de conformidad con lo
establecido en el inciso primero del artículo 150 del CPACA, según el cual el Consejo
de Estado conoce de las apelaciones contra las sentencias dictadas en primera
instancia por los tribunales administrativos.

3.2. Problemas jurídicos

38. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación contra el
fallo de primera instancia, y teniendo en cuenta que, según el artículo 328 del Código
General del Proceso, el juez de segunda instancia debe pronunciarse solamente sobre
los argumentos expuestos en el recurso de alzada, corresponde a la Sala definir si:

39. ¿El señor Carlos Alberto Realpe Erazo tiene derecho a que, en su condición de
docente oficial, se le reconozca y pague una pensión de jubilación en aplicación de la
Ley 71 de 1988, con fundamento en la Ley 91 de 1989, teniendo en cuenta que se
vinculó por primera vez al servicio antes de la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003?

40. En caso afirmativo, deberá la Sala determinar ¿cuál es la entidad responsable
del reconocimiento y pago de la pensión?

11 Samai, índice 04.
12 Samai, índice 07.

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Demandante: Carlos Alberto Realpe Erazo
Demandado: Nación- Ministerio de Educación Nacional-Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio

41. Para resolver los interrogantes planteados, la Sala abordará los siguientes
temas: (i) el régimen pensional de los docentes oficiales afiliados al Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio; (ii) el régimen pensional aplicable a los
docentes oficiales según la sentencia de unificación SUJ-014-CE-S2-2019 del 25 de
abril de 2019; (iii) sobre el cómputo de la labor docente en virtud de los contratos de
prestación de servicios para el reconocimiento pensional; (iv) el reconocimiento
pensional a la luz de la Ley 71 de 1988 para los docentes; y (v) la compatibilidad de la
pensión y la prestación del servicio docente.

42. A partir de las anteriores consideraciones: (vi) se destacarán los hechos
probados más relevantes, y (vii) en el acápite de análisis del caso concreto se
resolverán los problemas jurídicos planteados.

3.3. Marco normativo y reiteración jurisprudencial

3.3.1. El régimen pensional de los docentes oficiales afiliados al Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio

43. El régimen pensional de los docentes oficiales se encontraba exceptuado del
Sistema General de Pensiones por mandato expreso del artículo 279 de la Ley 100 de
1993, que estableció: «El Sistema Integral de Seguridad Social contenido en la
presente Ley no se aplica [...] a los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio, creado por la Ley 91 de 1989, cuyas prestaciones a cargo
serán compatibles con pensiones o cualquier clase de remuneración».

44. Esta excepción se debía a la existencia previa de un sistema particular de
administración y financiamiento de las prestaciones sociales del magisterio,
establecido por la Ley 91 de 198913, que creó un fondo especial con el objetivo
específico de atender las prestaciones de los docentes nacionales y nacionalizados.

45. La Ley 91 de 1989 dispuso un esquema especial de financiamiento que se
distinguía del régimen general. En su artículo 8 previó un sistema de aportes donde
los docentes contribuyen con el 5% de su sueldo básico mensual, mientras que la
nación aporta el 8% sobre los factores salariales que forman parte del rubro de pago
por servicios personales. Este esquema de financiamiento diferenciado constituyó una
de las principales razones que justifican la excepción del régimen general.

46. La naturaleza exceptuada del régimen se reforzaba con el artículo 15 de la Ley
91 de 1989, que desarrolló reglas específicas para el reconocimiento de las
prestaciones económicas y sociales de los docentes, diferenciando entre el personal
nacionalizado vinculado hasta el 31 de diciembre de 1989, y los docentes que se
vinculen a partir del 1° de enero de 1990.

47. Sin embargo, la Ley 812 de 200314 en el artículo 81 determinó que los docentes
vinculados a partir de su vigencia (27 de junio de 2003) se regirían por el régimen de
prima media de las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, conservando una particularidad
importante: la edad de pensión unificada en 57 años para ambos géneros. Y

13 Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.
14 Por la cual se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 2003-2006, hacia un Estado comunitario. Diario Oficial No.

45.231, de 27 de junio de 2003.
8

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Radicación: 52001-23-33-000-2019-00667-01 (2899-2023)
Demandante: Carlos Alberto Realpe Erazo
Demandado: Nación- Ministerio de Educación Nacional-Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio

posteriormente, el Acto Legislativo 01 de 2005 ratificó el carácter exceptuado del
régimen, al establecer en su parágrafo transitorio 1 que: «El régimen pensional de los
docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, vinculados al servicio público
educativo oficial es el establecido para el Magisterio en las disposiciones legales
vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, y lo
preceptuado en el artículo 81 de esta».

48. Lo anterior denota la existencia de dos regímenes, según la fecha de vinculación
al servicio docente. El primero, referente a que los docentes vinculados antes de la
entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, son beneficiarios del mismo régimen pensional
de los empleados públicos del orden nacional (Leyes 33 de 1985 o Ley 71 de 1988).
El segundo, para quienes se vinculan con posterioridad, les es aplicable el régimen de
prima media de las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con excepción de la edad —57
años, para ambos géneros—.

3.3.2. El régimen pensional aplicable a los docentes oficiales según la sentencia
de unificación SUJ-014-CE-S2-2019 del 25 de abril de 201915

49. A propósito de este régimen pensional, debe prestarse especial atención a la
sentencia de unificación proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado el
25 de abril de 2019, a través de la cual se precisaron las reglas para determinar el
ingreso base de liquidación de la pensión ordinaria de jubilación del personal docente
oficial afiliado al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.

50. En efecto, en la aludida sentencia se precisó que de conformidad con el
parágrafo transitorio 1° del Acto Legislativo 01 de 2005 y el artículo 81 de la Ley 812
de 2003, existen dos regímenes prestacionales para el reconocimiento del derecho a
la pensión de jubilación para los docentes oficiales, nacionales, nacionalizados y
territoriales, cuya aplicación está supeditada a la fecha de ingreso al servicio educativo.
Tales regímenes son:

51. (i) Los docentes vinculados antes de la entrada en vigencia de la Ley 812
de 2003, que con ocasión de la Ley 91 de 1989 gozan del mismo régimen
pensional de los servidores públicos del orden nacional establecido en la Ley 33
de 1985, «por la cual se dictan algunas medidas en relación con las Cajas de Previsión
y con las prestaciones sociales para el Sector Público», en el que los únicos factores
que se deben tener en cuenta en el ingreso base de liquidación son aquellos sobre los
que se hayan realizado los respectivos aportes, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 1° de la Ley 62 de 1985. Al respecto se indicó que:

En la liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de los docentes vinculados antes
de la vigencia de la Ley 812 de 2003, que gozan del mismo régimen de pensión ordinaria
de jubilación para los servidores públicos del orden nacional previsto en la Ley 33 de
1985, los factores que se deben tener en cuenta son solo aquellos sobre los que se
hayan efectuado los respectivos aportes de acuerdo con el artículo 1º de la Ley 62 de
1985, y por lo tanto, no se puede incluir ningún factor diferente a los enlistados en el
mencionado artículo.

15 Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda. Sentencia de unificación jurisprudencial SUJ-014-CE-

S2 -2019. Radicado: 680012333000201500569-01 (0935-17).
9

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Radicación: 52001-23-33-000-2019-00667-01 (2899-2023)
Demandante: Carlos Alberto Realpe Erazo
Demandado: Nación- Ministerio de Educación Nacional-Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio

52. En consecuencia, el derecho a la pensión de jubilación de los docentes
vinculados a partir del 1° de enero de 1981, tanto nacionales como nacionalizados, y
de los nombrados a partir del 1° de enero de 1990, pero antes del 27 de junio de 2003,
cuando entró a regir la Ley 812 de 2003, se regula por las siguientes reglas, conforme
con las leyes 91 de 1989 y 33 de 1985:

✓ Edad: 55 años para hombres y mujeres.
✓ Tiempo de servicio: 20 años.
✓ Tasa de remplazo: 75%.
✓ Ingreso base de liquidación que comprende (i) el periodo del último año de
servicio docente y (ii) los factores que hayan servido de base para calcular los
aportes previstos en la Ley 62 de 1985, que son: asignación básica; gastos de
representación; primas de antigüedad, técnica, ascensional y de capacitación;
dominicales y feriados; horas extras; bonificación por servicios prestados y
trabajo suplementario o realizado en jornada nocturna o en día de descanso
obligatorio.

53. Vale la pena aclarar frente a las consideraciones del fallo de unificación, en
cuanto a los factores a tener en cuenta para determinar el ingreso de base de
liquidación, que además de los antes señalados, deben considerarse los de naturaleza
salarial según las normas posteriores, por ejemplo, la bonificación pedagógica
(Decreto 2354 de 2018)16.

54. (ii) A los docentes vinculados a partir de la entrada en vigor de la Ley 812
de 2003 afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio les
aplica el régimen pensional de prima media regulado en las leyes 100 de 1993 y 797
de 2003, con excepción de la edad que será de 57 años para hombres y mujeres. El
ingreso base de liquidación se rige por lo dispuesto en la Ley 100 de 1993, con los
factores señalados en el Decreto 1158 de 1994, sobre los que se realizaron las
respectivas cotizaciones. En relación con dichos docentes, en la sentencia de
unificación se fijó la siguiente regla:

Los docentes vinculados a partir de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003,
afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, les aplica el régimen
pensional de prima media establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con los
requisitos previstos en dicho régimen, con excepción de la edad que será de 57 años
para hombres y mujeres. Los factores que se deben incluir en el ingreso base de
liquidación son los previstos en el Decreto 1158 de 1994 sobre los que se efectuaron las
respectivas cotizaciones.

55. En tal sentido, los parámetros que se deben tener en cuenta para efectos del
reconocimiento de la pensión de jubilación de los docentes oficiales vinculados con
posterioridad a la Ley 812 de 2003 son:

✓ Edad: 57 años para hombres y mujeres.
✓ Semanas de cotización: artículo 33 de la Ley 100 de 1993 modificado por el
artículo 9 de la Ley 797 de 2003.

16 Ver, entre otros: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 4 de julio de 2024, Rad.

15001-23-33-000-2021-00637-01 (3167-2023), M.P. Jorge Edison Portocarrero Banguera.
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Sociales del Magisterio

✓ Tasa de remplazo: 65%-85%17, con la precisión de que a partir del año 2005
«(e)l valor total de la pensión no podrá ser superior al ochenta (80%) del ingreso
base de liquidación, ni inferior a la pensión mínima», según el último inciso del
artículo 34 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 10 de la Ley 797
de 2003.
✓ Ingreso base de liquidación que comprende: (i) El promedio de los salarios o
rentas sobre los cuales cotizó el afiliado durante los 10 años anteriores al
reconocimiento de la pensión y (ii) los factores salariales dispuestos en el
Decreto 1158 de 1994: asignación básica mensual; gastos de representación;
prima técnica (cuando sea factor de salario); primas de antigüedad, ascensional
de capacitación cuando sean factor de salario; remuneración por trabajo
dominical o festivo; bonificación por servicios prestados y remuneración por
trabajo suplementario o de horas extras, o realizado en jornada nocturna.

56. Lo anterior, sin perjuicio de lo indicado en líneas atrás, sobre la existencia de
normas especiales que reconozcan o establezcan que un factor salarial hace parte del
ingreso base de cotización.

57. Como puede apreciarse, la sentencia de unificación fue enfática en señalar que
el factor determinante para la aplicación de uno u otro régimen es la fecha de
vinculación inicial al servicio docente, esto es, antes o después del 27 de junio de 2003.
Estas reglas tienen importantes implicaciones prácticas, que han sido destacadas en
la jurisprudencia de esta Sección18, tales como:

(i) No se requiere continuidad en el servicio para mantener el régimen anterior a la
Ley 812 de 2003, siempre que la vinculación inicial haya sido anterior a su
vigencia.
(ii) Los docentes vinculados antes de la Ley 812 de 2003 mantienen su régimen
pensional incluso si tienen interrupciones en el servicio, aspecto que cobra
especial relevancia en casos de vinculaciones mediante contratos de prestación
de servicios.
(iii) La aplicación del régimen está determinada por la fecha de la primera
vinculación, independientemente de la modalidad de vinculación (carrera
docente, provisional o por contrato de prestación de servicios).
58. Este criterio diferenciador establecido por la Ley 812 de 2003 responde a la
necesidad de preservar las expectativas legítimas de quienes ingresaron al servicio
docente bajo un régimen específico, mientras se implementa progresivamente el
nuevo sistema para las vinculaciones posteriores, garantizando así la sostenibilidad
financiera del sistema sin afectar derechos adquiridos.

17
Porcentajes que varían de acuerdo con lo previsto en el artículo 34 de la Ley 100 de 1993.
18 Ver entre otras: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B,

sentencia del 30 de enero de 2025, M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar, Rad. 66001-23-33-000-2020-00492-01
(0391-2022). Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B,
sentencia del 8 de noviembre de 2024, M.P. Elizabeth Becerra Cornejo, Rad. 25000-23-42-000-2019-00655-01
(2532-2021). Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B,
sentencia del 18 de septiembre de 2020. Rad. 66001-23-33-000-2017-00470-01(3514-2019), M.P. Carmelo
Perdomo Cuéter. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A,
sentencia del 6 de febrero de 2020. Rad. 54001-23-33-000-2014-00363-01(2960-2015), M.P. Gabriel Valbuena
Hernández.

11

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Sociales del Magisterio

3.3.3. Sobre el cómputo de la labor docente en virtud de contratos de prestación
de servicios para el reconocimiento pensional

59. En relación con los tiempos laborados por los docentes mediante contratos de
prestación de servicios, esta corporación ha precisado que también puede
considerarse para efectos de acreditar el ejercicio de la función oficial docente y, por
consiguiente, que el tiempo durante el cual se ejerció esta debe computarse para
efectos pensionales.

60. Al respecto, ha indicado que, de acuerdo con el artículo 2 del Decreto 2277 de
1979, la labor docente hace alusión al «ejercicio de la enseñanza en planteles oficiales
y no oficiales de educación en los distintos niveles», definición que se centra en la
naturaleza material de la actividad, independientemente de la forma de vinculación.

61. En desarrollo de este concepto, la jurisprudencia ha establecido que los
docentes vinculados mediante contratos de prestación de servicios, al igual que los
docentes empleados públicos, desarrollan su labor de manera personal y subordinada
a los reglamentos propios del servicio público educativo. En tal sentido, en la sentencia
de unificación del 25 de agosto de 201619 la Sección Segunda del Consejo de Estado
precisó lo siguiente:
[…] la vinculación de docentes bajo la modalidad de prestación de servicios, no desvirtúa
el carácter personal de su labor ni mucho menos es ajena al elemento subordinación
existente con el servicio público de educación, en razón a que al igual que los docentes
– empleados públicos (i) se someten permanentemente a las directrices, inspección y
vigilancia de las diferentes autoridades educativas, por lo que carecen de autonomía en
el ejercicio de sus funciones, (ii) cumplen órdenes por parte de sus superiores jerárquicos
y (iii) desarrollan sus funciones durante una jornada laboral de acuerdo con el calendario
académico de los establecimientos educativos estatales en los que trabajen, motivo por
el cual en virtud de los principios de primacía de la realidad sobre las formalidades e
igualdad, los docentes-contratistas merecen una protección especial por parte del
Estado.

62. Por consiguiente, «se ha establecido que el proceso ordinario de
reconocimiento de la pensión de jubilación con inclusión de tiempos laborados a través
de contratos de prestación de servicios es viable cuando se pretende la declaración
de la existencia de una relación laboral encubierta o en el evento en que únicamente
se solicite para efectos del cómputo de los periodos laborados bajo la forma
contractual20»21 (se destaca). Lo anterior, en virtud de los principios como el de la
primacía de la realidad sobre las formas, el de favorabilidad y el pro homine, cuya
aplicación permite que los tiempos laborados en ejercicio de la función docente

19 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, sentencia de unificación
jurisprudencial CE-SUJ2-005-16 del 25 de abril de 2016. Radicado número 23001-23-33-000-2013-00260-01(0088-
2015).
20 En atención a que el Decreto 1848 de 1969 «[p]or el cual se reglamenta el Decreto 3135» permite la acumulación

de tiempos de servicio (artículo 72) con la posibilidad de que la entidad o empresa a cuyo cargo esté el
reconocimiento y pago de la pensión de jubilación, tiene derecho a repetir contra las entidades y empresas oficiales
obligadas al reembolso de la cantidad proporcional que les corresponda, a prorrata del tiempo de servicios en cada
una de aquellas (artículo 75, numeral 3), tal como lo señaló el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección
A, sentencia del 13 de febrero del 2020 proferida dentro del proceso con radicación 54001-23-33-000-2014-00106-
01(0156-15). M.P. Gabriel Valbuena Hernández.
21 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 30

de enero de 2025, M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar, Rad. 66001-23-33-000-2020-00492-01 (0391-2022).
12

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mediante contratos de prestación de servicios puedan ser computados para efectos
pensionales.

63. En línea con lo expuesto, la Sala destaca que la posibilidad de tener en cuenta
los tiempos laborados bajo dicha modalidad no es óbice para que se empleen los
mecanismos previstos en el ordenamiento para el debido recaudo de los aportes al
Sistema de Seguridad Social, en caso de que se hubiese omitido su pago oportuno o
que el monto consignado sea inferior al establecido en la ley. Al respecto, cabe
recordar que, de acuerdo con el artículo 2 del Decreto 3752 de 2003, a las entidades
territoriales o las entidades de previsión social a las que se hubieren realizado los
aportes, tendrán a su cargo los trámites relativos a las prestaciones sociales de los
docentes que se hubieren causado con anterioridad a su afiliación al FOMAG. Por esta
razón, tales autoridades serán responsables de la omisión en el pago de los aportes
en los lapsos laborados por contratos de prestación de servicios y en esa medida
deberán adelantar las actuaciones pertinentes para obtener su respectivo pago.

64. En relación con lo anterior, la ley establece, entre otras medidas para lograr el
pago de los aportes, las siguientes: (i) la existencia de un interés moratorio a cargo de
los empleados que no realicen el pago de los aportes —artículo 23 de la Ley 100 de
1993—; (ii) consecuencias disciplinarias para quienes actúen como ordenadores del
gasto que se abstengan de realizar las cotizaciones de forma oportuna sin justa causa;
(iii) la posibilidad de adelantar acciones de cobro y de cobro coactivo—artículos 24 y
57 de la Ley 100 de 1993—; y (iv) la facultad de las cajas de previsión obligadas al
pago de la pensión, de «repetir contra los organismos no afiliados a ellas, o contra las
respectivas Cajas de Previsión, a prorrata del tiempo que el pensionado hubiere
servido o aportado a ellos» —artículo 2 de la Ley 33 de 1985—.

65. En conclusión, y de acuerdo con lo expuesto, para la aplicación de la Ley 812
de 2003, si un docente se vinculó mediante contrato de prestación de servicios antes
del 27 de junio de 2003, le será aplicable el régimen pensional anterior, es decir, el
establecido en la Ley 91 de 1989 que remite a la Ley 33 de 1985, independientemente
de que posteriormente haya tenido interrupciones en el servicio o se haya vinculado
bajo otras modalidades.

66. Esta interpretación se fundamenta en dos consideraciones adicionales: (i) la Ley
812 de 2003 no estableció distinciones respecto a la modalidad de vinculación,
únicamente estableció el criterio temporal de ingreso al servicio; y (ii) de acuerdo con
la sentencia C-555 de 1994 de la Corte Constitucional, en la que se analizó la
constitucionalidad del parágrafo del artículo 6 de la Ley 60 de 1993 y el parágrafo 3
del artículo 105 de la Ley 115 de 199422, la diferenciación de los docentes vinculados
como empleados públicos y los contratados por prestación de servicios no puede
significar el desconocimiento de derechos y garantías laborales que son
irrenunciables, por cuanto realizan una actividad igual.

22 Ley 115 de 1994, artículo 105. «Vinculación al servicio educativo estatal. La vinculación de personal docente,

directivo y administrativo al servicio público educativo estatal, sólo podrá efectuarse mediante nombramiento hecho
por decreto y dentro de la planta de personal aprobada por la respectiva entidad territorial. // Únicamente podrán
ser nombrados como educadores o funcionarios administrativos de la educación estatal, dentro de la planta de
personal, quienes previo concurso, hayan sido seleccionados y acrediten los requisitos legales […]».
13

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67. Por consiguiente, cuando se analiza la aplicación del régimen pensional
docente, el hecho de que la vinculación anterior a la Ley 812 de 2003 haya sido
mediante contratos de prestación de servicios no impide la aplicación del régimen
anterior.

3.3.4. Del reconocimiento pensional a la luz de la Ley 71 de 1988 para los
docentes

68. La necesidad de revisar la aplicabilidad de la Ley 71 de 1988 en materia de
pensiones docentes surge de una realidad práctica: muchos educadores han prestado
servicios tanto en el sector público como en el privado durante su vida laboral,
acumulando aportes en diferentes regímenes pensionales. Esta situación genera un
interrogante jurídico fundamental, pues si bien los docentes están exceptuados del
régimen general de pensiones por el artículo 279 de la Ley 100 de 1993, y tienen su
propio régimen en la Ley 91 de 1989, existía discusión en punto a si podían acceder a
los beneficios de la pensión por aportes establecida en la Ley 71 de 1988.

69. La discusión cobra especial relevancia para aquellos docentes vinculados antes
de la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, pues en algunos casos, la aplicación de
la Ley 71 de 1988 podría resultar más favorable que el régimen general docente —Ley
33 de 1985—, especialmente cuando no alcanzan el tiempo de servicio requerido
exclusivamente en el sector público, pero sí cuentan con el tiempo necesario al sumar
sus aportes en diferentes sectores.

70. En efecto, la Ley 71 de 1988 establece un régimen específico para la pensión
por aportes, con los siguientes requisitos según su artículo 7:

• Para mujeres: 55 años.
• Para hombres: 60 años.
• 20 años de aportes acumulados en cualquier tiempo entre entidades de
previsión social del sector público y el ISS (hoy Colpensiones).
• Tasa de reemplazo: 75% del salario promedio base para los aportes durante el
último año de servicios.

71. Con respecto al ingreso base de liquidación, el Decreto 2709 de 1994 que
reglamentó esta ley, establece en sus artículos 623 y 8 que la pensión se liquida con el
75% del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de
servicios. Ello, con la inclusión de los factores previstos en la Ley 62 de 198524 y demás
normas especiales que creen emolumentos con carácter de factor salarial, y que, en
consecuencia, sirven de base para calcular los aportes a pensión.

72. Ahora bien, en relación con la liquidación de la pensión, debe tenerse en cuenta
que el artículo 1 de la Ley 62 de 1985, que modificó la Ley 33 de 1985, dispuso que
los factores que se debían tener en cuenta para tal efecto son «[la] asignación básica,
[los] gastos de representación; [las] primas de antigüedad, técnica, ascensional y de

23 La referida norma fue derogada por el artículo 24 del Decreto 1474 de 1997. Sin embargo, esta Sección, mediante

sentencia del 15 de mayo de 2014 declaró su nulidad parcial, puntualmente «en la parte que derogó el artículo 6
del Decreto 2709 de 1994». // Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda,
sentencia del 15 de mayo de 2014, rad. núm. 11001-03-25-000-2011-00620-00(2427-11), M.P. Gerardo Arenas
Monsalve.
24 En aplicación del artículo 11 del Decreto 2709 de 1994.

14

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capacitación; [los] dominicales y feriados; [las] horas extras; [la] bonificación por
servicios prestados; y [el] trabajo suplementario o realizado en jornada nocturna o en
día de descanso obligatorio». La norma citada también previó que, «[e]n todo caso, las
pensiones de los empleados oficiales de cualquier orden, siempre se liquidarán sobre
los mismos factores que hayan servido de base para calcular los aportes».

73.En ese sentido, para la definición del IBL, en atención a lo previsto en la referida
norma, se han desarrollado dos interpretaciones en relación con los factores que se
deben incluir en la liquidación de la pensión, como se explica a continuación:

(i) Una que concluye que el artículo 1 de la Ley 62 de 1985 estableció un listado
taxativo de los factores que se pueden incluir en el IBL, siempre y cuando
sobre ellos se hayan realizado aportes a seguridad social. Esto motivado en
los antecedentes de la señalada disposición, que apuntaban a la necesidad
de precisar los conceptos que debían servir de base para la liquidación de
la pensión.
(ii) Otra que estima que ese listado no es excluyente, en tanto se admite la
inclusión de otros conceptos en el IBL, bajo la condición de que hayan sido
reconocidos normativamente como factores salariales por la autoridad
competente, y servido de base para las cotizaciones a seguridad social; lo
que atiende al contenido integral del artículo 1 de la Ley 62, que en su
primera parte relacionó los principales factores a tener en cuenta, y, en la
segunda, dejó a salvo la posibilidad de incluir los que hayan servido de base
para calcular los aportes a seguridad social.

74. Así, la Sala aplicará la segunda postura, en la medida en que, bajo el principio de
favorabilidad, integra las distintas partes de la norma, y permite un margen de
protección reforzado para el derecho a la seguridad social, por ejemplo, cuando
factores adicionales a los señalados en la Ley 62 de 1985 son considerados como
base de cotización por normas especiales, sin poner en riesgo la sostenibilidad del
sistema, toda vez que debe verificarse y/o garantizarse que sobre aquellos se efectúen
los aportes correspondientes.

75. Además, porque tal perspectiva está en consonancia con el Acto Legislativo 01 de
2005, en cuanto señala que «para la liquidación de las pensiones sólo se tendrán en
cuenta los factores sobre los cuales cada persona hubiere efectuado las cotizaciones»,
y con pronunciamientos de unificación, como la sentencia del 28 de agosto de 2018
de la Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo del Consejo de Estado, en la que
frente a la reglas aplicables a los destinatarios de la Ley 33 de 1985, por aplicación del
régimen de transición de la Ley 100 de 1993, indicó que25:

«La segunda subregla es que los factores salariales que se deben incluir en el IBL para
la pensión de vejez de los servidores públicos beneficiarios de la transición son
únicamente aquellos sobre los que se hayan efectuado los aportes o cotizaciones al
Sistema de Pensiones».

76. Ahora bien, retomando la discusión existente sobre la pensión por aportes, esta

25 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 28 de agosto de 2018, rad. 52001-23-

33-000-2012-00143-01, M.P. Cesar Palomino Cortés.
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Demandante: Carlos Alberto Realpe Erazo
Demandado: Nación- Ministerio de Educación Nacional-Fondo Nacional de Prestaciones
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Subsección recientemente, mediante sentencia del 30 de enero de 2025 26, expuso
cinco razones fundamentales por las cuales la Ley 71 de 1988 es aplicable a los
docentes, a saber:

(i) La intención legislativa expresada en los debates de la Ley 91 de 1989
incluía la aplicación de la Ley 71 de 1988, al considerar que esta última hacía
parte del «régimen vigente para los pensionados del sector público
nacional».
(ii) La Ley 71 de 1988 «de manera explícita señaló que regula las pensiones de
todos los servidores públicos, sin excepción», por lo que encaja en la
remisión que hace la Ley 91 de 1989 (art. 15, literal b), para efectos
pensionales de los docentes, al régimen del sector público nacional.
(iii) La Ley 71 de 1988 hace parte de la normativa que contiene los «derechos
mínimos» en materia pensional aplicables al sector público en general, que
no pueden ser desconocidos a ningún servidor público.
Dicho de otro modo, excluir a los docentes del artículo 7 de la Ley 71 de
1988 supondría suprimir uno de estos derechos esenciales, al impedirles
completar el requisito de tiempo de servicios mediante la acumulación de
aportes en sectores público y privado.
(iv) No existe mandato legal que exija a los docentes ejercer durante toda su
vida laboral la enseñanza en el sector público para acceder a los beneficios
pensionales.
(v) Si bien la «Ley 33 de 1985 en su artículo 1 dispuso que quedaban cobijados
por sus reglas todos los empleados públicos salvo “los empleados oficiales
que trabajan en actividades que por su naturaleza justifiquen la excepción
que la Ley haya determinado expresamente, ni aquellos que por ley disfruten
de un régimen especial de pensiones”, lo cierto es que tal enunciado
normativo que establece una excepción tan estricta no implica que a los
docentes no los pueda gobernar otra norma en temas pensionales porque
las leyes 71 de 1988 y 91 de 1989 se expidieron con posterioridad».

77. Es importante aclarar que la aplicabilidad de la Ley 71 de 1988 no reemplaza ni
excluye la posibilidad que tienen los docentes vinculados con anterioridad a la
expedición de la Ley 812 de 2003, de pensionarse exclusivamente con tiempo público
bajo la Ley 33 de 1985. Por el contrario, constituye una opción adicional y favorable
para aquellos docentes que han acumulado tiempos tanto en el sector público como
en el privado. Esta interpretación se alinea con el principio de favorabilidad en materia
laboral, pues amplía las posibilidades de acceso a la pensión sin eliminar las ya
existentes.

78. En conclusión, en la sentencia antes mencionada se precisó que la Ley 71 de 1988
es aplicable a los docentes vinculados antes de la Ley 812 de 2003, como parte del
«régimen vigente para los pensionados del sector público nacional» al que remite la
Ley 91 de 1989. La Ley 71 de 1988 establece una modalidad pensional que requiere
55 años para mujeres y 60 para hombres y 20 años de aportes, los cuales pueden ser
acumulados entre el sector público y privado. En cualquier caso, la pensión se liquidará
con el 75% del promedio del salario que sirvió de base para los aportes durante el

26 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 30

de enero de 2025, M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar, Rad. 66001-23-33-000-2020-00492-01 (0391-2022).

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último año de servicios.

79. Ahora bien, no puede perderse de vista que la sentencia del 30 de enero de 2025
se pronunció frente a la situación particular de una docente vinculada con anterioridad
a la Ley 812 de 2003. Por lo tanto, las consideraciones desarrolladas en ella no pueden
entenderse como una imposibilidad de la aplicación de la Ley 71 de 1988 a quienes
iniciaron su vinculación laboral docente después del 27 de junio de 2003. Esto se debe
a que esta podría ser la norma a tener en cuenta por vía del régimen de transición de
que trata el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, en especial, cuando la normativa anterior
resulta más favorable.

80. Lo antedicho supondría, según la interpretación que se ha hecho del señalado
artículo 36, en especial en la sentencia del 28 de agosto de 2018 de la Sala Plena de
lo Contencioso-Administrativo de esta corporación27, la aplicación de normas
anteriores (v.gr. la Ley 71) en cuanto al tiempo de servicios, edad y tasa de reemplazo,
pero no respecto del ingreso base de liquidación, pues este se calcularía a partir de
los artículos 21 y 36, inciso 3, de la Ley 100 de 1993.

3.3.5. Sobre la compatibilidad de la pensión y la prestación del servicio docente

81. Como lo ha precisado esta Sección en anteriores oportunidades28, sobre la
presunta incompatibilidad entre la pensión y la prestación del servicio docente, debe
considerarse el artículo 279 de la Ley 100 de 1993, que expresamente señala que para
los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio las
prestaciones «serán compatibles con pensiones o cualquier clase de remuneración».
Este carácter compatible reconocido por la Ley 100, en otros momentos ha sido
otorgado por las siguientes disposiciones:

(i) El Decreto 224 de 197229 (art. 5) que estableció que el ejercicio de la docencia
no sería incompatible con el goce de la pensión de jubilación.
(ii) El artículo 70 del Decreto 2277 de 197930 que señaló que el goce de la pensión
no sería incompatible con el ejercicio de empleos docentes; norma que se
advierte, fue declarada inexequible por la Corte Suprema de Justicia mediante
sentencia del 20 febrero de 1981.

27 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, fallo del 28 de agosto de 2018, M.P. César

Palomino Cortés, proceso con radicado 52001-23-33-000-2012-00143-01.
28 Ver: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 22 de noviembre de 2012, Rad. 15001
23 31 000 2004 02695 01 (0133-10), M.P. Luis Rafael Vergara Quintero. Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B, sentencia del 8 de agosto de 2019, Rad. 05001-23-33-000-2013-01456-01 (1499-2015), M. P.
Carmelo Perdomo Cuéter. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, providencia del 25 de septiembre
de 2020, expediente 25000-23-42-000-2013-01579-01 (3862-2014), M. P. César Palomino Cortés. Consejo de
Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 22 de junio de 2023,
M.P. Jorge Iván Duque Gutiérrez, Rad. 17001-23-33-000-2017-00853-01 (0276-2021). Consejo de Estado, Sala de
lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 18 de abril de 2024, M.P. Juan
Enrique Bedoya Escobar, Rad. 25000-23-42-000-2020-00549-01 (3118-2022). Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 20 de noviembre de 2024, Rad. 05001-
23-33-000-2020-00472-01 (1251-2024), M.P. Jorge Edison Portocarrero Banguera. Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 30 de enero de 2025, M.P. Juan
Enrique Bedoya Escobar, Rad. 66001-23-33-000-2020-00492-01 (0391-2022).
29 «Por el cual se dictan normas relacionadas con el ramo docente».
30 «Por el cual se adoptan normas sobre el ejercicio de la profesión docente».

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(iii) La Ley 60 de 199331 (art. 6) que ratificó, durante su vigencia32, esta
compatibilidad al establecer que el régimen prestacional de los docentes incluía
este beneficio.
(iv) Específicamente para la pensión por aportes, el artículo 2° del Decreto 2709 de
1994 que reglamenta la Ley 71 de 1988, si bien establece que «la pensión de
jubilación por aportes, para los servidores públicos se hará efectiva una vez se
retiren del servicio», agrega: «salvo las excepciones previstas en la ley».

(v) A las anteriores disposiciones debe añadirse el literal g) del artículo 19 de la Ley
4 de 1992, que entre las excepciones para percibir doble asignación del tesoro
público, consagra «(l)as que a la fecha de entrar en vigencia la presente Ley
beneficien a los servidores oficiales docentes pensionados», respecto de la cual
tratándose del régimen pensional docente, esta Subsección ha considerado que
no hace alusión a los docentes pensionados para el momento en que entró en
vigor la norma, sino a las disposiciones que para la misma fecha beneficiaban
a los docentes pensionados. Sobre el particular, en providencia del 8 de agosto
de 201933 se reiteró:
«Ahora bien, respecto de la excepción a la que alude el literal g) del artículo 19 de la
Ley 4 de 1992, esta corporación, en sentencia de 6 de marzo de 2003, expediente
05001-23-31-000-1995-01799-01, magistrado ponente Alejandro Ordóñez
Maldonado, sostuvo:

Al establecer la excepción, no se estaba señalando a los docentes que ya estaban
pensionados, sino a las disposiciones que en esa fecha beneficiaban a los docentes
pensionados, pues se trataba era de establecer excepciones a la prohibición, no de
aclarar situaciones ya definidas como eran los docentes pensionados:
Es la lectura que debe darse a la disposición, pues no resultaría comprensible que
el legislador, en vez de establecer excepciones, como lo anuncia, derogue las
existentes.
El sentido de la ley, al establecer las excepciones a la prohibición de percibir
simultáneamente más de una asignación del tesoro público, al expresar que a la
fecha de entrar en vigencia dicha ley beneficiaran a los servidores oficiales docentes
pensionados, contempló la posibilidad de que tales servidores se siguieran
beneficiando de la normatividad que les permitía percibir simultáneamente pensión
y sueldo o pensión ordinaria de jubilación y pensión gracia, siempre y cuando
cumplieran todas las exigencias legales.
La anterior apreciación la corrobora el mismo legislador, que en los años siguientes
a la expedición de la Ley 4 de 1992, reiteró la compatibilidad en examen, como lo
establecen, los artículos 6° de la Ley 60 de 1993, 279 de la Ley 100 del mismo año
y 115 de la Ley 115 de 1994.
En esas condiciones, entendiendo que la Ley 4' de 1992, art. 19, literal g) al
establecer las excepciones en examen, contempló las disposiciones que al entrar
en vigencia dicha ley, beneficiaban a los docentes pensionados, una de ellas, es el
artículo 50 del Decreto 224 de 1972 que dispone:
'El ejercicio de la docencia no será incompatible con el goce de la pensión de
jubilación siempre y cuando el beneficiario esté mental y físicamente apto para la

31 «Por la cual se dictan normas orgánicas sobre la distribución de competencias de conformidad con los artículos

151 y 288 de la Constitución Política y se distribuyen recursos según los artículos 356 y 357 de la Constitución
Política y se dictan otras disposiciones.».
32 Porque fue derogada por el artículo 113 de la Ley 715 de 2001.
33 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 8 de agosto de 2019, Rad. 05001-23-33-000-

2013-01456-01 (1499-2015), M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
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tarea docente, pero se decretará el retiro forzoso al cumplir sesenta y cinco (65)
años de edad'.

Las razones antes expuestas permiten a la sala concluir que los docentes oficiales
siguen gozando de la prerrogativa de acceder a la pensión y seguir percibiendo
sueldo, por permitirlo así expresamente la normatividad antes citada.

El anterior derrotero jurisprudencial fue acogido por la sala de consulta y servicio civil de
esta Corporación en concepto de 23 de noviembre de 2000 y reiterado en fallo de 22 de
noviembre de 2012, expediente 15001-23-31-000- 2004-02695-01 (0133-10), C.P. Luis
Rafael Vergara Quintero».

(vi) El artículo 1934 de la Ley 344 de 199635, al dejar a salvo lo dispuesto en las
leyes 91 de 1989, 60 de 1993 y 115 de 1994, «disposiciones de las que se
desprende la compatibilidad entre la pensión y el salario percibido con ocasión
del ejercicio docente»36.

(vii) La única disposición que textualmente estableció una incompatibilidad entre el
salario de los docentes y la pensión de jubilación fue el artículo 4537 del Decreto
1278 de 200238, declarado inexequible por la Corte Constitucional (sentencia C-
1157 de 200339), al advertir que el Ejecutivo legisló sobre una materia para la
que no fue habilitado; circunstancia en virtud de la cual esta Subsección en
providencia del 20 de noviembre de 202440 indicó:

Este planteamiento de la Corte Constitucional para declarar inexequible el precepto
bajo estudio, demuestra que el legislador, en el marco de sus potestades, había
contemplado una clara excepción a la prohibición del artículo 128 de la Constitución
Política en cabeza de los docentes estatales, la cual no podía ser modificada por el
Ejecutivo, en razón a que claramente, desde la concepción de la Ley 4ª de 1992, se
pretendió eliminar la incompatibilidad para tales servidores de percibir el salario y la
pensión de jubilación de manera concomitante, ello para nivelar sus condiciones
remunerativas y la especialidad diferenciadora de su labor dentro de la función
pública41.

Así las cosas, la posición jurisprudencial asumida por esta Subsección en asuntos
con contornos similares ha sido pacífica al interpretar que los maestros oficiales

34 «ARTÍCULO 19.- Sin perjuicio de lo estipulado en las Leyes 91 de 1989, 60 de 1993 y 115 de 1994, el servidor

público que adquiera el derecho a disfrutar de su pensión de vejez o jubilación podrá optar por dicho beneficio o
continuar vinculado al servicio, hasta que cumpla la edad de retiro forzoso. Los docentes universitarios podrán
hacerlo hasta por diez años más. La asignación pensional se empezará a pagar solamente después de haberse
producido la terminación de sus servicios en dichas instituciones».
35 Por la cual se dictan normas tendientes a la racionalización del gasto público, se conceden unas facultades

extraordinarias y se expiden otras disposiciones.
36 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 18

de abril de 2024, M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar, Rad. 25000-23-42-000-2020-00549-01 (3118-2022).
37
«ARTÍCULO 45. Además de las establecidas en la Constitución y en las leyes para todos los servidores públicos,
el ejercicio de cargos en el sector educativo estatal es incompatible con:
a) El desempeño de cualquier otro cargo o servicio público retribuido;
b) El goce de la pensión de jubilación, vejez, gracia o similares».
38 Por el cual se expide el Estatuto de Profesionalización Docente.
39 M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
40 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 20

de noviembre de 2024, Rad. 05001-23-33-000-2020-00472-01 (1251-2024), M.P. Jorge Edison Portocarrero
Banguera.
41 A dicha conclusión arribó la Sección Segunda, Subsección A de esta corporación, en la sentencia del 22 de junio

de 2023, rad. 17001-23-33-000-2017-00853-01 (0276-2021), C.P. Jorge Iván Duque Gutiérrez.
19

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pueden devengar salario y pensión de forma simultánea, sin que incurran en ninguna
incompatibilidad.

82. La anterior conclusión, ha sido reiterada por esta Subsección, en casos en los
que se discute la compatibilidad de la pensión y el salario de los docentes, ya sea
vinculados con anterioridad42 o posterioridad43 a la Ley 812 de 2003, por cuanto, de
acuerdo con el desarrollo normativo, aquella se estableció a favor de quienes prestan
sus servicios como maestros oficiales, esto es en razón a la actividad docente y no
con ocasión de un régimen prestacional determinado. Por lo que, no es dable limitar
esta excepción a aquellas pensiones reconocidas bajo un régimen específico, puesto
que no fue un requisito o límite establecido por el legislador.

83. Es importante precisar que la compatibilidad entre la pensión y la remuneración
está limitada al ejercicio de la docencia oficial. Esta precisión resulta fundamental pues
delimita el alcance de la excepción a la prohibición general de recibir doble asignación
del tesoro público, circunscribiéndola específicamente al ejercicio de la función
docente oficial.

84. Por tanto, no es dable condicionar la pensión de jubilación del docente a la
desvinculación del servicio. Esta compatibilidad constituye uno de los elementos
diferenciadores del régimen del magisterio.

3.4. Hechos probados

85. De conformidad con las pruebas que obran en el expediente se evidencia lo
siguiente:

86. El señor Carlos Alberto Realpe Erazo nació el 6 de junio de 1954, según registro
civil de nacimiento44.

87. El accionante tiene un total de 877,43 semanas, equivalentes a 17 años, 22
días, cotizadas al ISS, hoy COLPENSIONES, desde el 1 de septiembre de 1975 hasta el
31 de agosto de 1996, de acuerdo con el reporte de semanas cotizadas en pensiones
de dicha entidad, actualizado a 7 de diciembre de 2018, que reposa en el expediente45.

42 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 30

de enero de 2025, M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar, Rad. 66001-23-33-000-2020-00492-01 (0391-2022). En
esta providencia se analizó con detalle la aplicabilidad del régimen de pensión por aportes, para los docentes
vinculados con anterioridad al 27 de junio de 2003, fecha de entrada en vigor de la Ley 812.
43 Ver, por ejemplo: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B,

sentencia del 18 de abril de 2024, M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar, Rad. 25000-23-42-000-2020-00549-01
(3118-2022). En esta providencia se indicó: «Finalmente, es importante concluir que la compatibilidad entre salario
y pensión de la que son beneficiarios los docentes se encuentra vigente, incluso con posterioridad a la expedición
de la Ley 812 de 2003, que incorporó a los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio al
régimen pensional de prima media establecido en las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, por cuanto, de acuerdo
con el desarrollo normativo, aquella se estableció a favor de quienes prestan sus servicios como maestros oficiales,
esto es en razón a la actividad docente y no con ocasión de un régimen prestacional determinado. Por lo que, no
es dable limitar esta excepción a aquellas pensiones reconocidas bajo un régimen específico, puesto que no fue
un requisito o límite establecido por el legislador».
44 Samai, índice 02, documento
ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar), carpeta Expediente Digital, archivo 01CUADERNO, pág. 29.
45 Samai, índice 02, documento
ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar), carpeta Expediente Digital, archivo 01CUADERNO, págs. 87 a 93.
20

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88. El demandante laboró al servicio de la Secretaría de Educación del
Departamento de Nariño, en calidad de docente, a partir del 15 de septiembre de 1996
hasta el 28 de junio de 1999, equivalente a 2 años, 9 meses y 14 días, conforme con
el formato único para la expedición de certificado de historia laboral, emitido el 11 de
diciembre de 2018, emitido por la misma entidad46.

89. El accionante prestó sus servicios como docente al Departamento de Nariño, a
través de contratos de prestación de servicios (OPS), por un total de 2 años, 5 meses
y 2 días, según se muestra a continuación47:

Tipo de Desde Hasta Días Meses
vinculación48
OPS 04/10/1999 16/12/1999 73 2 meses, 13 días
OPS 17/01/2000 17/04/2000 91 3 meses, 1 día
OPS 26/04/2000 30/06/2000 65 2 meses, 5 días
OPS 05/09/2000 04/12/2000 90 3 meses
OPS 05/12/2000 15/12/2000 11 11 días
OPS 15/01/2001 06/04/2001 82 2 meses, 22 días
OPS 16/04/2001 29/06/2001 74 2 meses, 14 días
OPS 08/10/2002 20/12/2002 73 2 meses, 13 días
OPS 08/01/2003 25/07/2003 198 6 meses, 18 días
OPS 25/08/2003 19/12/2003 115 3 meses, 25 días

90. El accionante prestó sus servicios a la Secretaría de Educación del Municipio
de Ipiales, Nariño, como docente, nombrada del 16 de enero de 2004 al 23 de
noviembre de 2018, según el formato único para la expedición de certificado de historia
laboral, expedido por la entidad ese mismo último día49, por un total de 14 años, 10
meses, 8 días.

91. En el expediente obra petición de reconocimiento y pago de una pensión de
jubilación a favor del demandante50, presentada, según se relata en el hecho 3 de la
demanda, el 27 de febrero de 2019 ante la Secretaría de Educación del Municipio de
Ipiales. Al respecto, si bien se allegó con el escrito de la demanda, copia de la referida
solicitud, se advierte que no es legible en cuanto a la fecha de radicación; no obstante,
como tal hecho fue aceptado en la contestación de la demanda51 por el municipio de
Ipiales, se tiene por probada la data de presentación de la petición pensional. Sobre el
particular, no se evidencia contestación alguna ni notificación de la respuesta dada al
interesado.

46 Samai, índice 02, documento
ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar), carpeta Expediente Digital, archivo 01CUADERNO, págs. 71 a 73.
47 Samai, índice 02, documento
ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar), carpeta Expediente Digital, archivo 01CUADERNO, págs. 31 a 35.
48 Contratos de prestación de servicios visibles en Samai, índice 02, documento
ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar), carpeta Expediente Digital, archivo 01CUADERNO, págs. 37 a 55. Igualmente,
en Samai, índice 02, documento
ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar), carpeta Expediente Digital, archivo 06ExpedienteAdministrativo, págs. 72 a 80.
49 Samai, índice 02, documento
ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar), carpeta Expediente Digital, archivo 01CUADERNO, págs. 75 a 81.
50 Hecho que no fue controvertido por las partes. La petición obra en Samai, índice 02, documento

ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar), carpeta Expediente Digital, archivo 01CUADERNO, págs. 97 a 103.
51 Samai, índice 02, documento
ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar), carpeta Expediente Digital, archivo 05ContestacionMunicipioIpialaes, pág. 4.
21

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Radicación: 52001-23-33-000-2019-00667-01 (2899-2023)
Demandante: Carlos Alberto Realpe Erazo
Demandado: Nación- Ministerio de Educación Nacional-Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio

3.5. Caso concreto. Análisis de la Sala

92. La parte recurrente afirmó que el señor Carlos Alberto Realpe Erazo se vinculó
al servicio docente antes de la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003. Además, que
realizó cotizaciones en el sector privado a partir del 1 de septiembre de 1975, por lo
que es beneficiario de la pensión de jubilación por aportes prevista en la Ley 71 de
1988.

93. Ahora bien, con el fin de definir el régimen pensional aplicable al accionante, se
recuerda que los docentes vinculados antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003,
gozan del régimen pensional previsto en la Ley 33 de 1985 o el establecido en la Ley
71 de 1988, cuando acumulen aportes por servicios prestados en los sectores oficial y
privado, teniendo en cuenta que la Ley 91 de 1989 no la restringió. En cambio, a
aquellos docentes vinculados con posterioridad, afiliados al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, se les debe aplicar el régimen de prima media
dispuesto en las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con excepción de la edad que será
de 57 años para hombres y mujeres.

94. Adicionalmente, es necesario resaltar que la interrupción o suspensión del
servicio oficial docente no puede ser óbice para determinar el régimen pensional que
cobija la situación jurídica, pues como quedó visto antes en esta providencia, la
corporación52 ha avalado el reconocimiento de la pensión de jubilación del personal
docente, considerando la totalidad de los periodos laborados, aun cuando existiere
discontinuidad entre estos.

95. Por otra parte, conforme se estudió en el acápite de marco normativo de esta
decisión, se destaca que los docentes vinculados mediante contratos de prestación de
servicios no ejercen su labor de manera independiente, pues al igual que los docentes-
empleados públicos, desempeñan sus funciones de manera personal y subordinada a
los reglamentos propios del servicio público de la educación. Tan es así que, como lo
definió la Sección Segunda de esta corporación en la sentencia de unificación
jurisprudencial del 25 de agosto de 201653, carecen de autonomía en el desarrollo de
su actividad, pues se someten a directrices, inspección y vigilancia de las autoridades
educativas; y sus funciones las ejercen durante una jornada laboral que está sometida
a un calendario académico, lo que los hace merecedores de una protección especial
por parte del Estado.

96. A su vez, la reclamación del reconocimiento de una pensión de jubilación con
inclusión de tiempos laborados a través de contratos de prestación de servicios, en el
curso de un proceso ordinario es posible, según lo ha estudiado esta corporación, (i)
cuando se persiga la declaración de la existencia de una relación laboral encubierta o
(ii) en aquellos casos en los que solo se pretenda el cómputo de los periodos laborados

52 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 18

de septiembre de 2020. Radicado número 66001-23-33-000-2017-00470-01(3514-2019).
Criterio reiterado por la Sección Segunda, Subsección A, en sentencia del 2 de junio de 2022. Radicado número
25000-23-42-000-2019-00143-01 (3061-2021).
53 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, sentencia de unificación

jurisprudencial CE-SUJ2-005-16 del 25 de abril de 2016. Radicado número 23001-23-33-000-2013-00260-01(0088-
2015).
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bajo esa forma contractual. Escenario este último en el que como lo ha definido la
jurisprudencia54:

(…) es posible que el proceso ordinario se adelante únicamente con la comparecencia
de la entidad de previsión. Esto por cuanto el Decreto 1848 de 1969 «Por el cual se
reglamenta el Decreto 3135»55 permite la acumulación de tiempos de servicio con la
posibilidad de exigir la cuota parte de las otras entidades oficiales, al indicar que la
pensión de jubilación correspondiente se reconocerá y pagará al empleado oficial por la
entidad de previsión social a la cual estuvo afiliado al tiempo de cumplir el tiempo de
servicios requerido por la ley y que en los casos de acumulación de tiempo de servicios
la entidad o empresa a cuyo cargo esté el reconocimiento y pago de la pensión de
jubilación, tiene derecho a repetir contra las entidades y empresas oficiales obligadas al
reembolso de la cantidad proporcional que les corresponda, a prorrata del tiempo de
servicios en cada una de aquellas.

97. Así, la Sala estima que el periodo laborado por el accionante a través de
contratos de prestación de servicios, resulta válido para contabilizar el tiempo de
servicios con efectos pensionales, en virtud de los principios de primacía de la realidad
sobre las formalidades e igualdad, toda vez que, según se expuso en el marco
normativo y jurisprudencial de esta sentencia, dicha modalidad de vinculación docente
no desvirtúa el carácter personal de la labor ni es ajena al elemento subordinación
existente con el servicio público de educación.

98. Aclarado lo anterior, y según se detalló en el acápite de hechos probados de
esta sentencia, se tiene que el señor Carlos Alberto Realpe Erazo laboró por primera
vez al servicio docente, el 15 de septiembre de 1996, es decir, antes de la entrada en
vigor de la Ley 812 de 2003 —27 de junio de 2003—. Por ende, le es aplicable la Ley
91 de 1989 y comoquiera que según se probó en el plenario, acumuló tiempos de
servicio públicos y privados, durante 37 años, 1 mes y 16 días56, es beneficiario del
régimen pensional previsto en la Ley 71 de 1988.

99. En tal sentido, se destaca que, según el artículo 7 de la mencionada ley, por ser
hombre debía acreditar 60 años de edad y 20 años de cotizaciones continuas o

54 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 6 de

febrero de 2020. Radicado número 54001-23-33-000-2014-00363-01(2960-2015); sentencia del 13 de febrero del
2020. Radicado número 54001-23-33-000-2014-00106-01(0156-15).
55 «ARTÍCULO 75.- Efectividad de la pensión. 1. La pensión de jubilación correspondiente se reconocerá y pagará

al empleado oficial por la entidad de previsión social a la cual estuvo afiliado al tiempo de cumplir el tiempo de
servicios requerido por la ley, si para entonces se hubiere retirado del servicio oficial sin tener la edad exigida para
tal fin, o por la entidad de previsión a que esté afiliado al tiempo del retiro, si entonces cumple los requisitos de
tiempo de servicios y edad señalados para el goce de la pensión. 2. Si el empleado oficial no estuviere afiliado a
ninguna entidad de previsión social al tiempo de retirarse del servicio oficial, el reconocimiento y pago se hará
directamente por la última entidad o empresa oficial empleadora. 3. En los casos de acumulación de tiempo de
servicios a que se refiere el artículo 72 de este Decreto, la entidad o empresa a cuyo cargo esté el reconocimiento
y pago de la pensión de jubilación, tiene derecho a repetir contra las entidades y empresas oficiales obligadas al
reembolso de la cantidad proporcional que les corresponda, a prorrata del tiempo de servicios en cada una de
aquellas. En este caso, se procederá con sujeción al procedimiento señalado al efecto en el Decreto 2921 de 1948
y, si transcurrido el término de quince (15) días del traslado a que se refiere el artículo 3o. del citado decreto la
entidad obligada a la cuota pensional no ha contestado, o lo ha hecho oponiéndose sin fundamente legal, se
entenderá que acepta el proyecto y se procederá a expedir la resolución definitiva de reconocimiento de la pensión.
El expresado término comenzará a correr desde la fecha en que la entidad correspondiente reciba el proyecto de
reconocimiento de la pensión».
56 Total que resulta de la suma del tiempo de servicios prestados (i) al sector privado: 17 años, 22 días; (ii) primer

periodo laborado al sector público como docente: 2 años, 9 meses y 14 días; (ii) a través de OPS en calidad de
docente: 2 años, 5 meses y 2 días; y (iv) última vinculación al sector público como docente: 14 años, 10 meses y 8
días, conforme se detalló en el acápite de hechos probados de esta sentencia.
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discontinuas en el Instituto de Seguros Sociales (hoy COLPENSIONES) y en una o varias
de las entidades de previsión social del sector público; en ambos casos, con una tasa
de reemplazo del 75% de los factores sobre los cuales efectuó cotizaciones durante el
último año de servicio, de conformidad con la Ley 71 de 1988 y los artículos 6 y 8 del
Decreto 2709 de 1994; así como la Ley 62 de 1985 y demás normas especiales.

100. Así, toda vez que el señor Carlos Alberto Realpe Erazo cumplió 60 años el 6 de
junio de 2014 y acumuló, como se dijo antes, un total de 37 años, 1 mes y 16 días de
cotización, al momento en que presentó la solicitud pensional (27 de febrero de 2019),
se considera que tiene derecho al reconocimiento de una pensión de jubilación por
aportes, en aplicación de lo previsto en los artículos 6 y 8 del Decreto 2709.

101. En punto al estatus pensional, se estima que lo adquirió el 6 de junio de 2014,
fecha en la que cumplió 60 años —nació el 6 de junio de 1954—, momento para el
cual tenía más 20 años de aportes —los cuales alcanzó el 28 de noviembre de
199957— acumulados en las diferentes entidades de previsión social, de conformidad
con el artículo 7 de la Ley 71 de 1988 y el Decreto 2709 de 1994.

102. Por ende, se revocará la sentencia de primera instancia que negó las
pretensiones de la demanda. En su lugar, se declarará la nulidad del acto ficto
administrativo acusado, toda vez que se logró probar su configuración, en tanto la
entidad accionada tenía 4 meses desde la presentación de la solicitud pensional— del
27 de febrero de 2019—para proferir y notificar la respuesta correspondiente, con
fundamento en la aplicación del artículo 19 del Decreto 656 de 199458 y según lo ha
expuesto la Corte Constitucional59; y no se advierte que un mes después de dicho
plazo —el 27 de julio de 2019— se haya dictado la respuesta correspondiente, de
manera tal que se configuró el silencio administrativo negativo al tenor del inciso
segundo del artículo 83 del CPACA60.
57 De acuerdo con lo siguiente:

1. Se observa que al 31 de agosto de 1996 el accionante cotizó al ISS 17 años, 22 días.
2. Se tiene que, del 15 de septiembre de 1996 al 28 de junio de 1999, laboró 2 años, 9 meses y 14 días, como
docente afiliado al FOMAG.
3. Al sumar los anteriores periodos, se encuentra que, al 28 de junio de 1999 acreditaba 19 años, 10 meses y 6
días de servicios.
4. Se destaca que de nuevo se vinculó como docente a través de OPS, inicialmente, a partir del 4 de octubre de
1999 al 16 de diciembre de 1999 por 2 meses y 13 días.
5. Así, corresponde establecer, desde el 28 de junio de 1999, instante para le cual tenia 19 años, 10 meses y 6
días de servicios, cuánto tenía que trabajar el demandante para cumplir 20 años. Entonces:
Hasta el 28 de junio de 1999, tenía acumulados: 19 años, 10 meses y 6 días. Tiempo faltante para los 20 años: 1
mes y 24 días.
El accionante volvió a trabajar el 4 de octubre de 1999.
Se suma el tiempo faltante a esta fecha:
(i) Se suma 1 mes: 4 de octubre de 1999 + 1 mes = 4 de noviembre de 1999.
(ii) Se suma 24 días: 4 de noviembre de 1999 + 24 días = 28 de noviembre de 1999.
Por lo tanto, el accionante completó sus 20 años de servicios el 28 de noviembre de 1999.
58 «Artículo 19. El Gobierno Nacional establecerá los plazos y procedimientos para que las administradoras decidan

acerca de las solicitudes relacionadas con pensiones por vejez, invalidez y sobrevivencia, sin que en ningún caso
puedan exceder de cuatro (4) meses.
[…]».
59 Ver sentencias: Corte Constitucional SU-975 de 2003; T-257 de 2005; T-556 de 2013; y T-045 de 2022, entre

otras.
60 «Artículo 83. Silencio negativo. Transcurridos tres (3) meses contados a partir de la presentación de una petición

sin que se haya notificado decisión que la resuelva, se entenderá que esta es negativa.
En los casos en que la ley señale un plazo superior a los tres (3) meses para resolver la petición sin que
esta se hubiere decidido, el silencio administrativo se producirá al cabo de un (1) mes contado a partir de
la fecha en que debió adoptarse la decisión.

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103. En consecuencia, a título de restablecimiento del derecho se condenará al
FOMAG al reconocimiento y pago de la pensión de jubilación por aportes a favor del
accionante con el 75% del promedio de los factores salariales dispuestos en los
artículos 6 y 8 del Decreto 2709 de 1994; así como la Ley 62 de 1985 y demás normas
especiales, que hayan servido de base de cotizaciones a seguridad social en pensión,
en el año anterior a la adquisición del estatus de pensionado, en aplicación de la Ley
71 de 1988, sin que deba acreditar el retiro del servicio docente, como se explicó en el
numeral 3.3.5. de esta providencia.

104. Sobre el punto, si bien el artículo 6 del Decreto 2709 de 1994 estableció que la
pensión por aportes se liquida con el 75% del salario promedio que sirvió de base para
los aportes durante el último año de servicios, en este caso, como se ha dispuesto en
otras oportunidades por la Sala, debido a que no hay incompatibilidad entre la función
docente y el derecho al goce pensional, la pensión que se reconoce debe calcularse
con el promedio de lo devengado durante el año anterior a aquel en el que el docente
adquirió el estatus de pensionado, porque una vez consolidado este puede percibir la
pensión sin necesidad de retirarse del servicio.

• Prescripción trienal

105. La Sala precisa que de conformidad con el artículo 41 del Decreto 3135 de 1968,
en este caso operó la prescripción trienal de las mesadas causadas con anterioridad
al 27 de febrero de 2016, en atención a que entre la adquisición del estatus pensional
—6 de junio de 2014— y la petición de reconocimiento —27 de febrero de 2019—,
transcurrieron más de tres años. Esto quiere decir que dicha solicitud interrumpió el
término de prescripción de las mesadas causadas con tres años de antelación, de
manera que estas se deben reconocer del 27 de febrero de 2016 en adelante.

106. Por consiguiente, se declarará probada de oficio la excepción de prescripción
trienal y se ordenará el pago de la pensión de jubilación por aportes reconocida con
efectos fiscales a partir del 27 de febrero de 2016.

• Entidad encargada del reconocimiento y pago de la pensión de la
demandante

107. Ahora bien, al haberse definido que el accionante tiene derecho a una pensión
de jubilación por aportes, y probado que durante el tiempo de prestación de servicios
antes de estar afiliado al FOMAG, realizó aportes al ISS, hoy COLPENSIONES, resulta
necesario determinar cuál es la entidad encargada de realizar y pagar la pensión.

108. El artículo 10 del Decreto 2709 de 1994, dispone que «[l]a pensión de jubilación
por aportes será reconocida y pagada por la última entidad de previsión a la que se
efectuaron aportes, siempre y cuando el tiempo de aportación continuo o discontinuo
en ellas haya sido mínimo de seis (6) años. En caso contrario, la pensión de jubilación

La ocurrencia del silencio administrativo negativo no eximirá de responsabilidad a las autoridades. Tampoco las
excusará del deber de decidir sobre la petición inicial, salvo que el interesado haya hecho uso de los recursos
contra el acto presunto, o que habiendo acudido ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo se haya
notificado auto admisorio de la demanda». (Negrilla fuera del texto)

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por aportes será reconocida y pagada por la entidad de previsión a la cual se haya
efectuado el mayor tiempo de aportes».

109. En estos términos, y comoquiera que se probó que la última afiliación al sistema
general de pensiones del demandante fue en el FOMAG —del 16 de enero de 2004 al
23 de noviembre de 2018— por un periodo superior a 6 años —14 años, 10 meses y
8 días—, se estima que es a dicho Fondo al que le corresponde reconocer la pensión
de jubilación al señor Carlos Alberto Realpe Erazo. Decisión que se acompasa con lo
previsto en el numeral 1 del artículo 5 de la Ley 91 de 1989, según el cual, uno de los
objetivos del FOMAG es el de «[e]fectuar el pago de las prestaciones sociales del
personal afiliado».

110. Finalmente, se aclara que el Fondo podrá reclamar la cuota parte a las
entidades de previsión social o fondos pensionales en los que cotizó el demandante,
de conformidad con el artículo 11 del Decreto 2709 de 1994.

3.6. Conclusión de la decisión

111. A partir del estudio del régimen pensional aplicable a los docentes oficiales, se
concluye que como el señor Carlos Alberto Realpe Erazo se vinculó con anterioridad
a la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, el régimen pensional que le es aplicable
es el previsto en la Ley 71 de 1988. Así, al haberse probado que tiene más de 60 años
de edad y 20 de cotizaciones en los sectores público y privado, se estima que tiene
derecho al reconocimiento y pago de una pensión de jubilación por aportes, la cual
deberá ser reconocida por el FOMAG, de conformidad con el artículo 10 del Decreto
2709 de 1994.

112. El accionante también tiene derecho a la compatibilidad entre el salario y la
pensión, motivo por el cual, no se le puede exigir el retiro definitivo del cargo para la
efectividad de la prestación

113. Por ende, se debe revocar la sentencia de primera instancia, en cuanto a que
se declare la nulidad del acto acusado y, a título de restablecimiento del derecho, se
reconozca y pague a favor del demandante la pensión por aportes prevista en la Ley
71 de 1988, desde el 6 de junio de 2014, con efectos fiscales a partir del 27 de febrero
de 2016, por prescripción trienal. Esto, teniendo en cuenta que la prestación es
compatible con el salario como docente del sector oficial en actividad.

3.7. Costas

114. La presente providencia acoge el criterio de interpretación mayoritario 61 de la
Subsección sobre el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, consistente en que para
61 La magistrada ponente considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un criterio

objetivo valorativo por varias a razones a saber: (i) El artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de
procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso administrativo. (ii) Dicho artículo 188 no excluye
la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en el expediente
aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». (iii) La temeridad o mala fe deben ser valoradas
por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de determinar la eventual
responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (iv) El inciso segundo del artículo 188 no
morigera el criterio objetivo, por el contrario, amplía su espectro al considerar que en los asuntos en los que se
ventila un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se establezca que
se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal». (v) Los parámetros antes enunciados son

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decretar la condena en costas debe verificarse que la parte vencida actuó de manera
temeraria o de mala fe. Por lo tanto, no hay lugar en el caso de autos a imponer dicha
condena, en atención a que no se advierte que aquella haya incurrido en las anteriores
conductas.

115. Además, como se accede a las pretensiones de la demanda, lo que implica
revocar la sentencia de primera instancia, tampoco hay lugar a mantener la condena
en costas a la parte demandante, que en su momento se impuso bajo un criterio
objetivo - valorativo.

3.8. Otros aspectos

116. Finalmente, se reconocerá personería jurídica para actuar al profesional del
derecho al que se le confirió poder general para representar a COLPENSIONES, quien, a
su vez, en debida forma sustituyó este.

117. Seguidamente, se aceptará la renuncia al poder de sustitución allegada por el
apoderado del municipio de Ipiales, por cumplir con los requisitos del artículo 76 del
CGP.

118. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida el 25 de noviembre de 2022 por el
Tribunal Administrativo de Nariño, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva
de esta providencia.

SEGUNDO: En su lugar, DECLARAR la nulidad del acto ficto configurado el 27 de
julio de 2019, por medio del cual la Nación- Ministerio de Educación Nacional- Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio negó el reconocimiento y pago de
una pensión de jubilación por aportes al señor Carlos Alberto Realpe Erazo.

TERCERO: A título de restablecimiento del derecho, CONDENAR a la Nación-
Ministerio de Educación Nacional- Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio a reconocer y pagar a favor del señor Carlos Alberto Realpe Erazo, desde
el 6 de junio de 2014, una pensión de jubilación por aportes con el 75% del promedio
de los factores salariales dispuestos en los artículos 6 y 8 del Decreto 2709 de 1994;
así como la Ley 62 de 1985 y demás normas especiales, que hayan servido de base
de cotizaciones a seguridad social en pensión, en el año anterior a la adquisición del

producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio de las de carácter especial
como los artículos 265 a 269 del CPACA.
Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la Corte Constitucional, que a propósito del
régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para imponer la condena en costas el juez ya
no tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la hora de condenar en costas, sino la derrota
en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo- valorativo.”. En el mismo sentido: Consejo
de Estado, Sala de lo Contencioso - Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 7 de abril de
2016, M.P. William Hernández Gómez, rad. 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-14).

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estatus de pensionado, en aplicación de la Ley 71 de 1988, con efectos fiscales a partir
del 27 de febrero de 2016; sin que deba acreditar el retiro del servicio docente.

La entidad demandada hará la actualización sobre las sumas adeudadas, de
conformidad con lo establecido en el artículo 187 [inciso final] del CPACA, en
consideración a los índices de precios al consumidor [ IPC] certificados por el
Departamento Administrativo Nacional de Estadística [DANE] y mediante la aplicación
de la fórmula matemática adoptada por el Consejo de Estado, a saber:

R = Rh. índice final__
índice inicial

CUARTO: DECLARAR probada de oficio la excepción de prescripción trienal respecto
de las mesadas pensionales causadas con anterioridad al 27 de febrero de 2016.

QUINTO: La Nación- Ministerio de Educación Nacional- Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio podrá reclamar la cuota parte a las demás
entidades de previsión social o fondos de pensiones en los que el demandante realizó
cotizaciones de conformidad con el artículo 11 del Decreto 2709 de 1994.

SEXTO: Sin condena en costas en segunda instancia.

SÉPTIMO: RECONOCER personería a la abogada Karina Vence Peláez identificada
con cédula de ciudadanía 42.403.532 y tarjeta profesional 81.621 del Consejo Superior
de la Judicatura, para actuar como apoderada principal de COLPENSIONES, en los
términos de la escritura pública 803 del 16 de mayo de 2023, visible a índice 14 de
SAMAI; y, a la abogada Adriana María Chingaté Barbosa identificada con cédula de
ciudadanía 52.729.825 y tarjeta profesional 364.036 del Consejo Superior de la
Judicatura, para actuar como apoderada sustituta de la entidad, para los efectos de la
sustitución que obra a índice 14 de SAMAI.

OCTAVO: ACEPTAR la renuncia al poder presentada por el abogado Andrés
Fernando Misnaza Burbano, apoderado del municipio de Ipiales, por cumplir con los
requisitos previstos en el artículo 76 del CGP, visible a índices 10 y 12 de SAMAI.

NOVENO: En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen,
previas las anotaciones en el aplicativo SAMAI.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente

28

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Radicación: 52001-23-33-000-2019-00667-01 (2899-2023)
Demandante: Carlos Alberto Realpe Erazo
Demandado: Nación- Ministerio de Educación Nacional-Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Ausente con permiso

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, a través del siguiente enlace https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

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