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Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 52001-23-33-000-2021-00090-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 52001-23-33-000-2021-00090-01

Fecha
23 de octubre de 2025
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 52001-23-33-000-2021-00090-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida el 6 de febrero de 2025 por el Tribunal Administrativo del Putumayo, que negó las pretensiones de la demanda, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: En su lugar, DECLARAR la nulidad de la Resolución 2829 del 3 de noviembre de 2020, por las razones expuestas en esta sentencia. TERCERO: A título de restablecimiento del derecho, CONDENAR a la Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio a reconocer y pagar a favor del señor Luis Fernando Caicedo, una pensión de jubilación con el 75% del promedio de los factores salariales dispuestos en el artículo 1 de la Ley 62 de 1985 y en normas posteriores, que hayan sido devengados por el accionante y que hayan servido de base para las cotizaciones a seguridad social en el año anterior a la adquisición del estatus de pensionado, en aplicación de la Ley 33 de 1985, desde el 5 de febrero de 2016, con efectos fiscales a partir del 20 de junio de 2017; sin que deba acreditar el retiro del servicio docente. La entidad demandada hará la actualización sobre las sumas adeudadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 187 [inciso final] del CPACA, en consideración a los índices de precios al consumidor [IPC] certificados por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística [DANE] y mediante la aplicación de la fórmula matemática adoptada por el Consejo de Estado, a saber: R = Rh. índice final__ índice inicial CUARTO: DECLARAR probada de oficio la excepción de prescripción trienal respecto de las mesadas pensionales causadas con anterioridad al 20 de junio de 2017. QUINTO: La Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio podrá recaudar las cotizaciones en favor del demandante en el tiempo en que estuvo contratado a través de órdenes de prestación de servicios y que no se efectuaron. De igual forma, el accionante, en caso de no haberlo hecho, tendrá que realizar los aportes a su cargo durante su vinculación a través de contratos de prestación de servicios. También, el Fondo podrá reclamar la […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 52001-23-33-000-2021-00090-01

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

23 de octubre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá D.C., veintitrés (23) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 52001-23-33-000-2021-00090-01 (0669-2025)
Demandante: Luis Fernando Caicedo
Demandado: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio

Tema: pensión de jubilación docente. Subtema 1. Vinculación docente antes de la Ley
812 de 2003. Subtema 2. Aplicación de la Ley 33 de 1985. Subtema 3. Cómputo de
la labor docente en virtud de los contratos de prestación de servicios para el
reconocimiento pensional.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver el
recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida
el 6 de febrero de 2025 por el Tribunal Administrativo del Putumayo, mediante la cual
negó las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

El señor Luis Fernando Caicedo solicitó la nulidad del acto administrativo a través del
cual la entidad accionada le negó el reconocimiento y pago de una pensión de
jubilación. Manifestó que en calidad de docente oficial tiene derecho a dicha
prestación, bajo el régimen previsto en la Ley 33 de 1985, toda vez que se vinculó al
servicio docente antes de la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003.

II. ANTECEDENTES

2.1. La demanda

1. Por medio de escrito del 1 de marzo de 20211, el señor Luis Fernando Caicedo
por conducto de apoderado, presentó demanda en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho, en contra de la Nación, Ministerio de Educación
Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, según las
pretensiones, hechos y fundamentos de derecho que a continuación se sintetizan2.

1 Samai, gestión en otros despachos, 52001233300020210009000, índice 08, archivo
2_ED:2_520012333000202100090001EXPEDIENTEDIGI20220914104210(.zip), documento
0002OficioOficinaJudicial.
2
Samai, gestión en otros despachos, 52001233300020210009000, índice 08, archivo
2_ED:2_520012333000202100090001EXPEDIENTEDIGI20220914104210(.zip), documento
0001NulidadRestablecimientoDerecho, págs. 7 a 16.
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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 52001-23-33-000-2021-00090-01 (0669-2025)
Demandante: Luis Fernando Caicedo
Demandado: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio

2.1.1. Pretensiones

2. La parte accionante solicitó que se declare la nulidad de la Resolución 2829 del
3 de noviembre de 2020, por medio de la cual la Secretaría de Educación del
Departamento del Putumayo, en representación del Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio, negó el reconocimiento y pago de una pensión de jubilación
al señor Luis Fernando Caicedo.

3. A título de restablecimiento, pidió que se ordene a la parte demandada a
reconocer y pagar una pensión de jubilación a favor del accionante, equivalente al 75%
del promedio de lo devengado durante el año inmediatamente anterior al cumplimiento
del estatus pensional.

4. Solicitó que se reconozca la compatibilidad entre pensión y salario; que se
condene al pago de las mesadas dejadas de cancelar desde la fecha de consolidación
del estatus pensional hasta el día en que se haga efectivo este, sumas que deberán
ajustarse de acuerdo con el IPC; y al reconocimiento de los intereses de mora por los
valores adeudados, de conformidad con el artículo 192 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (en adelante CPACA). También, que
se condene en costas a la parte vencida como lo señala el artículo 188 ibidem.

2.1.2. Hechos

5. La Sala los sintetiza así:

6. El señor Luis Fernando Caicedo nació el 4 de enero de 1961 y se vinculó como
docente, a través de órdenes de prestación de servicios, al municipio de Orito, así:

• Del 1 de enero de 1989 al 30 de junio de 1989.
• Desde el 1 de septiembre de 1989 hasta el 31 de diciembre de 1989.
• Del 1 de enero de 1990 al 30 de junio de 1990.
• Desde el 1 de septiembre de 1990 hasta el 31 de diciembre de 1990.
• Del 1 de enero de 1991 al 30 de junio de 1991.
• Desde el 2 de marzo de 2000 hasta el 31 de diciembre de 2000.
• Del 1 de enero de 2001 al 8 de octubre de 2001.
• Desde el 1 de enero de 2002 hasta el 8 de octubre de 2002.

7. Laboró para la Secretaría de Educación del Departamento del Putumayo, en
calidad de docente, en provisionalidad, en los siguientes periodos:

• Del 27 de enero de 2003 al 11 de abril de 2003.
• Desde el 21 de abril de 2003 hasta el 11 de julio de 2003.
• Del 21 de julio de 2003 al 15 de diciembre de 2003.

8. Luego, el accionante se vinculó como docente en propiedad al servicio de la
Secretaría de Educación del Departamento del Putumayo, a partir del 9 de febrero de
2004 y hasta el 1 de mayo de 2019.

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Demandante: Luis Fernando Caicedo
Demandado: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio

9. El 20 de junio de 2020, solicitó ante la Nación, Ministerio de Educación Nacional,
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, el reconocimiento y pago de
una pensión de jubilación, con fundamento en la Ley 33 de 1985.

10. A través de la Resolución 2829 del 3 de noviembre de 2020, la Secretaría de
Educación del Departamento del Putumayo, en representación de la Nación, Ministerio
de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio negó
el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación reclamada por el demandante, al
considerar que no acreditó el tiempo de servicio requerido para el efecto.

2.1.3. Normas violadas y concepto de la violación

• Constitución Política, artículos 1, 2, 3, 4, 6, 13, 25, 29, 53 y 58.
• Ley 33 de 1985, artículo 1, inciso segundo.
• Ley 62 de 1985.
• Ley 91 de 1989, artículo 15, numerales 1 y 2.
• Ley 60 de 1993, artículo 6.
• Ley 100 de 1993, artículo 279.
• Ley 812 de 2003, artículo 81.
• Acto Legislativo 01 de 2005.
• Decreto 2285 de 1955.
• Decreto 224 de 1972.
• Decreto 1042 de 1978.
• Decreto 1045 de 1978.
• Decreto 2277 de 1979.

11. Adujo que, según el artículo 15 de la Ley 91 de 1989, los docentes vinculados
a partir del 1 de enero de 1981, nacionales o nacionalizados, y aquellos nombrados
desde el 1 de enero de 1990 tenían derecho, mientras cumplieran con los requisitos,
a una pensión de jubilación equivalente al 75% del salario mensual promedio del último
año y gozarían del régimen vigente para los pensionados del sector público nacional.

12. Indicó que posteriormente se expidió la Ley 812 de 2003, que en el artículo 81
dispuso que, a los docentes vinculados antes de la entrada en vigor de tal norma, les
es aplicable el régimen pensional previsto en las leyes 33 y 62 de 1985. En cambio,
aquellos educadores que ingresen por primera vez al magisterio oficial a partir del 27
de junio de 2003 deben afiliarse al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio y sus derechos pensionales se rigen por las leyes 100 de 1993 y 797 de
2003. Tal criterio fue ratificado por el Acto Legislativo 01 de 2005.

13. Afirmó que como el señor Luis Fernando Caicedo se vinculó al servicio docente
antes de la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, es beneficiario del régimen
pensional establecido en la Ley 33 de 1985. Además, es acreedor de la pensión
reclamada, en tanto tiene más de 55 años y 20 años de servicio.

14. Resaltó que la pensión es compatible con el salario, de acuerdo con los decretos
224 de 1972 y 2277 de 1979, y la Ley 60 de 1993. Asimismo, sostuvo que los tiempos
laborados a través de órdenes de prestación de servicios deben tenerse en cuenta
para efectos pensionales, según la sentencia de unificación CE-SUJ2-005-16 del
Consejo de Estado.
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Demandante: Luis Fernando Caicedo
Demandado: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio

2.2. Contestación de la demanda

15. La Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio se opuso a las pretensiones de la demanda, por las siguientes
razones3:

16. El artículo 81 de la Ley 812 de 2003 estableció que, a partir de su entrada en
vigor —27 de junio de 2003—, a los docentes oficiales les era aplicable el régimen
pensional de prima media dispuesto en las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, a
excepción del requisito de edad para la pensión de vejez, que sería de 57 años para
hombres y mujeres. A su vez, dispuso que para el caso de los docentes oficiales
vinculados con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, aplicaría el
régimen pensional de la Ley 91 de 1989, es decir, las leyes 33 y 62 de 1985. Este
criterio fue reiterado por el Acto Legislativo 01 de 2005.

17. En el asunto particular, el acto administrativo acusado se ajusta a derecho, toda
vez que el accionante solo acreditó 18 años de servicio. Al respecto, los periodos
durante los cuales laboró a través de contratos de prestación de servicios no pueden
tenerse en cuenta para efectos del reconocimiento pensional, comoquiera que son de
naturaleza civil y no laboral.

2.3. Sentencia de primera instancia

18. El Tribunal Administrativo del Putumayo profirió sentencia el 6 de febrero de
2025, a través de la cual negó las pretensiones de la demanda y condenó en costas a
la parte vencida. La providencia se fundó en los siguientes argumentos4:

19. En sentencia de unificación proferida el 25 de abril de 2019, la Sección Segunda
del Consejo de Estado estableció que son dos los regímenes pensionales que regulan
el derecho a la pensión de jubilación del personal docente oficial; condicionados estos
a la fecha de ingreso o vinculación al servicio educativo, en concordancia con el
parágrafo transitorio 1 del Acto Legislativo 01 de 2005. Al respecto, fijó dos reglas
jurisprudenciales:

(i) Para los docentes oficiales que se vincularon antes de la vigencia de la Ley
812 de 2003, se debe aplicar el régimen de pensión ordinaria de jubilación
de la Ley 33 de 1985. Los factores que se deben tener en cuenta son solo
aquellos sobre los que se hayan efectuado los respectivos aportes de
acuerdo con el artículo 1 de la Ley 62 de 1985.
(ii) Para aquellos docentes que se vincularon a partir de la entrada en vigor de
la Ley 812 de 2003, se aplica el régimen pensional de prima media
establecido en las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con excepción de la
edad que será de 57 años para hombres y mujeres. Los factores que se
deben incluir en el ingreso base de liquidación son los previstos en el

3
Samai, gestión en otros despachos, 52001233300020210009000, índice 08, archivo
2_ED:2_520012333000202100090001EXPEDIENTEDIGI20220914104210(.zip), documento
0013.ContestaciónDemandaFomagConPoder.
4 Samai, gestión en otros despachos, 52001233300020210009000, índice 28, archivo
17Sentenciaprime_SENTENCIA_20210009000Sentencia(.pdf).
4

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Demandante: Luis Fernando Caicedo
Demandado: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones
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Decreto 1158 de 1994 sobre los que se efectuaron las respectivas
cotizaciones.

20. Descendiendo al caso concreto, el Tribunal adujo que según se probó en el
expediente, el accionante prestó servicios como docente a partir del 21 de abril de
2003, es decir, antes de la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003. Por ende, es
beneficiario del régimen pensional previsto en la Ley 33 de 1985, que exige para
adquirir el derecho a una pensión de jubilación, tener 55 años de edad y 20 años de
servicio.

21. Manifestó que el accionante presentó la reclamación pensional ante la
administración el 20 de junio de 2020, fecha en la que cumplía con el requisito de la
edad, puesto que acreditaba 59 años, en tanto nació el 4 de enero de 1961.

22. Adujo que, respecto al tiempo de servicios, el demandante probó que estuvo
vinculado como docente a la Secretaría de Educación del Municipio de Orito, mediante
órdenes de prestación de servicios durante 7 años y 58 días, por periodos
discontinuos, entre el 15 de septiembre de 1986 y el 31 de junio de 1991; del 2 de
marzo al 31 de diciembre de 2000; y desde el 1 de enero al 8 de octubre de 2002. No
obstante, dichos lapsos no pueden tenerse en cuenta, puesto que, si bien el Consejo
de Estado ha conceptuado que los tiempos laborados mediante OPS son computables
para efectos de acceder al reconocimiento de la pensión de jubilación, lo cierto es que
en el presente asunto no se tiene certeza en cuál «fondo se realizaron los aportes
como independiente, aunque sí se puede inferir que en el tiempo que laboró como
docente contratista no los realizó en el fondo aquí demandado».

23. Afirmó que la anterior circunstancia condiciona la aplicación de la Ley 33 de
1985 de la manera en la que lo solicitó el accionante en calidad de docente oficial, que
prestó los servicios exclusivamente en el sector público y con cotizaciones únicamente
al FOMAG.

24. Precisó que un escenario distinto hubiese sido que el demandante solicitara el
cómputo de los tiempos cotizados tanto al fondo privado como al FOMAG. Sobre el
particular, señaló que el Consejo de Estado en sentencia del 19 de enero de 20235
dispuso que en esos casos se aplicaba el régimen pensional de la Ley 71 de 1988,
que prevé la denominada «pensión por aportes»; sin embargo, no se estudiaría el
reconocimiento pensional pretendido por el accionante de acuerdo con dicha
normativa, por cuanto el acto administrativo acusado se profirió bajo la consideración
de que el señor Luis Fernando Caicedo acreditaba los requisitos para obtener la
pensión de jubilación de la Ley 33 de 1985.

25. Concluyó que, como el periodo de servicios acumulado por el demandante en
el sector público es de 17 años, 4 meses y 22 días, es decir, menor a 20 años, no tiene
derecho a la pensión de jubilación reclamada y, en tal sentido, el acto acusado
conserva su presunción de legalidad.

26. Decidió condenar en costas a la parte demandante, de conformidad con el
numeral 1 del artículo 365 del CGP, por cuanto resultó vencida en el proceso.

5 Citó: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del

19 de enero de 2023, Rad. 15001-23-33-000-2019-00103-01 (3083-2022), M.P. William Hernández Gómez.
5

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2.4. Recurso de apelación

27. La parte demandante apeló la sentencia de primera instancia. Solicitó que se
revoque la decisión, bajo los siguientes argumentos6:

28. Alegó que el periodo laborado por el accionante en calidad de docente a través
de orden de prestación de servicios se debe tener en cuenta para efectos pensionales,
en virtud del principio de prevalencia de la realidad sobre las formas.

29. Sostuvo que aun cuando el Tribunal reconoció que existe un precedente
jurisprudencial que permite tener como válidos los tiempos laborados a través de
órdenes de prestación de servicios para el reconocimiento de la pensión de jubilación,
lo cierto es que no hizo análisis alguno de las sentencias que constituyen precedente
vertical.

30. Indicó que, en sentencia del 13 de febrero de 20207, la Subsección A de la
Sección Segunda del Consejo de Estado determinó que los periodos trabajados como
docente bajo la modalidad de contrato de prestación de servicios, debidamente
acreditados, son computables frente a la expectativa de obtener la pensión de
jubilación prevista en la Ley 33 de 1985.

31. Señaló que, en la sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016, esta
corporación definió que la vinculación de los docentes a través de contratos de
prestación de servicios no desvirtúa el carácter personal de la labor, ni es ajena al
elemento de subordinación existente con el servicio público de la educación. Por tal
razón, en virtud de los principios de primacía de la realidad sobre las formas e igualdad,
merecen una protección especial por parte del Estado.

32. Resaltó que, según la jurisprudencia del Consejo de Estado8, la condena en
costas no es objetiva, por lo que es deber del juez atender al principio de la buena fe
del que goza la parte respecto a sus actuaciones procesales. Pidió que se revoque la
condena impuesta, comoquiera que no se desvirtuó la buena fe con la que actuó, ni
se evidencia que haya incurrido en acciones temerarias o dilatorias dentro del proceso.

2.5. Trámite procesal en segunda instancia

33. Mediante auto del 12 de mayo de 2025, se admitió el recurso de apelación
presentado por la parte demandante y se prescindió del traslado para alegar de
conclusión, en aplicación de la Ley 2080 de 2021, toda vez que no se solicitaron
pruebas en segunda instancia9.

6
Samai, gestión en otros despachos, 52001233300020210009000, índice 31, archivo 20_MemorialWeb_Recurso-
RECURSODEAPELACION(.pdf).
7
No se hizo referencia adicional alguna a la sentencia.
8 No se referenció providencia alguna.
9 Samai, índice 04.

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2.6. Ministerio Público

34. La Procuraduría Delegada de Intervención 8 Tercera ante el Consejo de Estado
rindió concepto, en el sentido de solicitar que se revoque la sentencia de primera
instancia10.

35. Afirmó que el demandante ingresó al servicio docente antes de la entrada en
vigor de la Ley 812 de 2003, por lo que tiene derecho a que se le aplique el régimen
pensional establecido en la Ley 33 de 1985, y en esa medida se le reconozca una
pensión equivalente al 75% del salario promedio que sirvió de base para los aportes
durante el último año de servicio, sobre los cuales realizó aportes.

36. Enfatizó que el tiempo de servicios prestado por el accionante a través de
órdenes de prestación de servicios, según la jurisprudencia del Consejo de Estado11,
resulta válido para efectos pensionales y en caso de no haberse efectuado aportes
durante esos periodos, la entidad a cargo del reconocimiento tiene el derecho de
repetir contra las entidades oficiales que debieron pagar las respectivas cotizaciones.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

37. El presente asunto es competencia de esta corporación de conformidad con lo
establecido en el inciso primero del artículo 150 del CPACA, según el cual el Consejo
de Estado conoce de las apelaciones contra las sentencias dictadas en primera
instancia por los tribunales administrativos.

3.2. Problemas jurídicos

38. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación contra el
fallo de primera instancia, y teniendo en cuenta que, según el artículo 328 del Código
General del Proceso, el juez de segunda instancia debe pronunciarse solamente sobre
los argumentos expuestos en el recurso de alzada, corresponde a la Sala definir si:

39. ¿Los periodos laborados por el accionante como docente vinculado mediante
contratos de prestación de servicios pueden ser tenidos en cuenta para efectos del
reconocimiento pensional?

40. ¿El demandante tiene derecho a que, en su condición de docente oficial, se le
reconozca y pague una pensión de jubilación en aplicación de la Ley 33 de 1985?

41. Para resolver los interrogantes planteados, la Sala abordará los siguientes
temas: (i) el régimen pensional aplicable a los docentes oficiales afiliados al Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio; (ii) el régimen pensional aplicable a

10 Samai, índice 10.
11 Citó: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de

unificación del 25 de agosto de 2016, Rad. 23001- 23-33-000-2013-00260-01(0088-15), M.P. Carmelo Perdomo
Cuéter; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del
25 de noviembre de 2021, Rad. 08001-23-33-000-2016-00829-01 (4626-2018), M.P. William Hernández Gómez;
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 11 de
febrero de 2021, Rad. 81001-23-33-000-2013-00079-01(4021-14), M.P. William Hernández Gómez.
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Demandante: Luis Fernando Caicedo
Demandado: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio

los docentes oficiales según la sentencia de unificación SUJ-014-CE-S2-2019 del 25
de abril de 2019; (iii) el cómputo de la labor docente en virtud de los contratos de
prestación de servicios para el reconocimiento pensional; (iv) la compatibilidad de la
pensión y la prestación del servicio docente.

42. A partir de las anteriores consideraciones: (v) se destacarán los hechos
probados más relevantes, y (vi) en el acápite de análisis del caso concreto se
resolverán los problemas jurídicos planteados.

3.3. Marco normativo y reiteración jurisprudencial

3.3.1. El régimen pensional aplicable a los docentes oficiales afiliados al Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio

43. El régimen pensional de los docentes oficiales se encontraba exceptuado del
Sistema General de Pensiones por mandato expreso del artículo 279 de la Ley 100 de
1993, que estableció: «El Sistema Integral de Seguridad Social contenido en la
presente Ley no se aplica [...] a los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio, creado por la Ley 91 de 1989, cuyas prestaciones a cargo
serán compatibles con pensiones o cualquier clase de remuneración».

44. Esta excepción se debía a la existencia previa de un sistema particular de
administración y financiamiento de las prestaciones sociales del magisterio,
establecido por la Ley 91 de 198912, que creó un fondo especial con el objetivo
específico de atender las prestaciones de los docentes nacionales y nacionalizados.

45. La Ley 91 de 1989 dispuso un esquema especial de financiamiento que se
distinguía del régimen general. En su artículo 8 previó un sistema de aportes donde
los docentes contribuyen con el 5% de su sueldo básico mensual, mientras que la
nación aporta el 8% sobre los factores salariales que forman parte del rubro de pago
por servicios personales. Este esquema de financiamiento diferenciado constituyó una
de las principales razones que justifican la excepción del régimen general.

46. La naturaleza exceptuada del régimen se reforzaba con el artículo 15 de la Ley
91 de 1989, que desarrolló reglas específicas para el reconocimiento de las
prestaciones económicas y sociales de los docentes, diferenciando entre el personal
nacionalizado vinculado hasta el 31 de diciembre de 1989, y los docentes que se
vinculen a partir del 1 de enero de 1990.

47. Sin embargo, la Ley 812 de 200313 en el artículo 81 determinó que los docentes
vinculados a partir de su vigencia (27 de junio de 2003) se regirían por el régimen de
prima media de las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, conservando una particularidad
importante: la edad de pensión unificada en 57 años para ambos géneros. Y
posteriormente, el Acto Legislativo 01 de 2005 ratificó el carácter exceptuado del
régimen, al establecer en su parágrafo transitorio 1 que: «El régimen pensional de los
docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, vinculados al servicio público
educativo oficial es el establecido para el Magisterio en las disposiciones legales

12
Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.
13 Por la cual se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 2003-2006, hacia un Estado comunitario. Diario Oficial No.

45.231, de 27 de junio de 2003.
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vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, y lo
preceptuado en el artículo 81 de esta».

48. Lo anterior denota la existencia de dos regímenes, según la fecha de vinculación
al servicio docente. El primero, referente a que los docentes vinculados antes de la
entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, son beneficiarios del mismo régimen pensional
de los empleados públicos del orden nacional (Leyes 33 de 1985 o Ley 71 de 1988).
El segundo, para quienes se vinculan con posterioridad, les es aplicable el régimen de
prima media de las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con excepción de la edad —57
años, para ambos géneros—.

3.3.2. El régimen pensional aplicable a los docentes oficiales según la sentencia
de unificación SUJ-014-CE-S2-2019 del 25 de abril de 201914

49. A propósito de este régimen pensional, debe prestarse especial atención a la
sentencia de unificación proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado el
25 de abril de 2019, a través de la cual se precisaron las reglas para determinar el
ingreso base de liquidación de la pensión ordinaria de jubilación del personal docente
oficial afiliado al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.

50. En efecto, en la aludida sentencia se precisó que de conformidad con el
parágrafo transitorio 1 del Acto Legislativo 01 de 2005 y el artículo 81 de la Ley 812 de
2003, existen dos regímenes prestacionales para el reconocimiento del derecho a la
pensión de jubilación para los docentes oficiales, nacionales, nacionalizados y
territoriales, cuya aplicación está supeditada a la fecha de ingreso al servicio educativo.
Tales regímenes son:

51. (i) Los docentes vinculados antes de la entrada en vigencia de la Ley 812
de 2003, que con ocasión de la Ley 91 de 1989 gozan del mismo régimen
pensional de los servidores públicos del orden nacional establecido en la Ley 33
de 1985, «por la cual se dictan algunas medidas en relación con las Cajas de Previsión
y con las prestaciones sociales para el Sector Público», en el que los únicos factores
que se deben tener en cuenta en el ingreso base de liquidación son aquellos sobre los
que se hayan realizado los respectivos aportes, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 1° de la Ley 62 de 1985. Al respecto se indicó que:

En la liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de los docentes vinculados antes
de la vigencia de la Ley 812 de 2003, que gozan del mismo régimen de pensión ordinaria
de jubilación para los servidores públicos del orden nacional previsto en la Ley 33 de
1985, los factores que se deben tener en cuenta son solo aquellos sobre los que se
hayan efectuado los respectivos aportes de acuerdo con el artículo 1º de la Ley 62 de
1985, y por lo tanto, no se puede incluir ningún factor diferente a los enlistados en el
mencionado artículo.

52. En consecuencia, el derecho a la pensión de jubilación de los docentes
vinculados a partir del 1° de enero de 1981, tanto nacionales como nacionalizados, y
de los nombrados a partir del 1 de enero de 1990, pero antes del 27 de junio de 2003,
cuando entró a regir la Ley 812 de 2003, se regula por las siguientes reglas, conforme
con las leyes 91 de 1989 y 33 de 1985:
14 Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda. Sentencia de unificación jurisprudencial SUJ-014-CE-

S2 -2019. Radicado: 680012333000201500569-01 (0935-17).
9

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✓ Edad: 55 años para hombres y mujeres.
✓ Tiempo de servicio: 20 años.
✓ Tasa de remplazo: 75%.
✓ Ingreso base de liquidación que comprende (i) el periodo del último año de
servicio docente y (ii) los factores que hayan servido de base para calcular los
aportes previstos en la Ley 62 de 1985, que son: asignación básica; gastos de
representación; primas de antigüedad, técnica, ascensional y de capacitación;
dominicales y feriados; horas extras; bonificación por servicios prestados y
trabajo suplementario o realizado en jornada nocturna o en día de descanso
obligatorio.

53. Vale la pena aclarar frente a las consideraciones del fallo de unificación, en
cuanto a los factores a tener en cuenta para determinar el ingreso de base de
liquidación, que además de los antes señalados, deben considerarse los de naturaleza
salarial según las normas posteriores, por ejemplo, la bonificación pedagógica
(Decreto 2354 de 2018)15.

54. (ii) A los docentes vinculados a partir de la entrada en vigor de la Ley 812
de 2003 afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio les
aplica el régimen pensional de prima media regulado en las leyes 100 de 1993 y 797
de 2003, con excepción de la edad que será de 57 años para hombres y mujeres. El
ingreso base de liquidación se rige por lo dispuesto en la Ley 100 de 1993, con los
factores señalados en el Decreto 1158 de 1994, sobre los que se realizaron las
respectivas cotizaciones. En relación con dichos docentes, en la sentencia de
unificación se fijó la siguiente regla:

Los docentes vinculados a partir de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003,
afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, les aplica el régimen
pensional de prima media establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con los
requisitos previstos en dicho régimen, con excepción de la edad que será de 57 años
para hombres y mujeres. Los factores que se deben incluir en el ingreso base de
liquidación son los previstos en el Decreto 1158 de 1994 sobre los que se efectuaron las
respectivas cotizaciones.

55. En tal sentido, los parámetros que se deben tener en cuenta para efectos del
reconocimiento de la pensión de jubilación de los docentes oficiales vinculados con
posterioridad a la Ley 812 de 2003 son:

✓ Edad: 57 años para hombres y mujeres.
✓ Semanas de cotización: artículo 33 de la Ley 100 de 1993 modificado por el
artículo 9 de la Ley 797 de 2003.
✓ Tasa de remplazo: 65%-85%16, con la precisión de que a partir del año 2005
«(e)l valor total de la pensión no podrá ser superior al ochenta (80%) del ingreso
base de liquidación, ni inferior a la pensión mínima», según el último inciso del
artículo 34 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 10 de la Ley 797
de 2003.

15
Ver, entre otros: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 4 de julio de 2024, Rad.
15001-23-33-000-2021-00637-01 (3167-2023), M.P. Jorge Edison Portocarrero Banguera.
16 Porcentajes que varían de acuerdo con lo previsto en el artículo 34 de la Ley 100 de 1993.

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✓ Ingreso base de liquidación que comprende: (i) El promedio de los salarios o
rentas sobre los cuales cotizó el afiliado durante los 10 años anteriores al
reconocimiento de la pensión y (ii) los factores salariales dispuestos en el
Decreto 1158 de 1994: asignación básica mensual; gastos de representación;
prima técnica (cuando sea factor de salario); primas de antigüedad, ascensional
de capacitación cuando sean factor de salario; remuneración por trabajo
dominical o festivo; bonificación por servicios prestados y remuneración por
trabajo suplementario o de horas extras, o realizado en jornada nocturna.

56. Lo anterior, sin perjuicio de lo indicado en líneas atrás, sobre la existencia de
normas especiales que reconozcan o establezcan que un factor salarial hace parte del
ingreso base de cotización.

57. Como puede apreciarse, la sentencia de unificación fue enfática en señalar que
el factor determinante para la aplicación de uno u otro régimen es la fecha de
vinculación inicial al servicio docente, esto es, antes o después del 27 de junio de 2003.
Estas reglas tienen importantes implicaciones prácticas, que han sido destacadas en
la jurisprudencia de esta Sección17, tales como:

(i) No se requiere continuidad en el servicio para mantener el régimen anterior a la
Ley 812 de 2003, siempre que la vinculación inicial haya sido anterior a su
vigencia.
(ii) Los docentes vinculados antes de la Ley 812 de 2003 mantienen su régimen
pensional incluso si tienen interrupciones en el servicio, aspecto que cobra
especial relevancia en casos de vinculaciones mediante contratos de prestación
de servicios.
(iii) La aplicación del régimen está determinada por la fecha de la primera
vinculación, independientemente de la modalidad de vinculación (carrera
docente, provisional o por contrato de prestación de servicios).

58. Este criterio diferenciador establecido por la Ley 812 de 2003 responde a la
necesidad de preservar las expectativas legítimas de quienes ingresaron al servicio
docente bajo un régimen específico, mientras se implementa progresivamente el
nuevo sistema para las vinculaciones posteriores, garantizando así la sostenibilidad
financiera del sistema sin afectar derechos adquiridos.

3.3.3. Sobre el cómputo de la labor docente en virtud de contratos de prestación
de servicios para el reconocimiento pensional

59. En relación con los tiempos laborados por los docentes mediante contratos de
prestación de servicios, esta corporación ha precisado que también puede
considerarse para efectos de acreditar el ejercicio de la función oficial docente y, por

17 Ver entre otras: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B,

sentencia del 30 de enero de 2025, M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar, Rad. 66001-23-33-000-2020-00492-01
(0391-2022). Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B,
sentencia del 8 de noviembre de 2024, M.P. Elizabeth Becerra Cornejo, Rad. 25000-23-42-000-2019-00655-01
(2532-2021). Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B,
sentencia del 18 de septiembre de 2020. Rad. 66001-23-33-000-2017-00470-01(3514-2019), M.P. Carmelo
Perdomo Cuéter. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A,
sentencia del 6 de febrero de 2020. Rad. 54001-23-33-000-2014-00363-01(2960-2015), M.P. Gabriel Valbuena
Hernández.

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Sociales del Magisterio

consiguiente, que el tiempo durante el cual se ejerció esta debe computarse para
efectos pensionales.

60. Al respecto, ha indicado que, de acuerdo con el artículo 2 del Decreto 2277 de
1979, la labor docente hace alusión al «ejercicio de la enseñanza en planteles oficiales
y no oficiales de educación en los distintos niveles», definición que se centra en la
naturaleza material de la actividad, independientemente de la forma de vinculación.

61. En desarrollo de este concepto, la jurisprudencia ha establecido que los
docentes vinculados mediante contratos de prestación de servicios, al igual que los
docentes empleados públicos, desarrollan su labor de manera personal y subordinada
a los reglamentos propios del servicio público educativo. En tal sentido, en la sentencia
de unificación del 25 de agosto de 201618 la Sección Segunda del Consejo de Estado
precisó lo siguiente:

[…] la vinculación de docentes bajo la modalidad de prestación de servicios, no desvirtúa
el carácter personal de su labor ni mucho menos es ajena al elemento subordinación
existente con el servicio público de educación, en razón a que al igual que los docentes
– empleados públicos (i) se someten permanentemente a las directrices, inspección y
vigilancia de las diferentes autoridades educativas, por lo que carecen de autonomía en
el ejercicio de sus funciones, (ii) cumplen órdenes por parte de sus superiores jerárquicos
y (iii) desarrollan sus funciones durante una jornada laboral de acuerdo con el calendario
académico de los establecimientos educativos estatales en los que trabajen, motivo por
el cual en virtud de los principios de primacía de la realidad sobre las formalidades e
igualdad, los docentes-contratistas merecen una protección especial por parte del
Estado.

62. Por consiguiente, «se ha establecido que el proceso ordinario de
reconocimiento de la pensión de jubilación con inclusión de tiempos laborados a través
de contratos de prestación de servicios es viable cuando se pretende la declaración
de la existencia de una relación laboral encubierta o en el evento en que únicamente
se solicite para efectos del cómputo de los periodos laborados bajo la forma
contractual19»20 (se destaca). Lo anterior, en virtud de los principios como el de la
primacía de la realidad sobre las formas, el de favorabilidad y el pro homine, cuya
aplicación permite que los tiempos laborados en ejercicio de la función docente
mediante contratos de prestación de servicios puedan ser computados para efectos
pensionales.

63. En línea con lo expuesto, la Sala destaca que la posibilidad de tener en cuenta
los tiempos laborados bajo dicha modalidad no es óbice para que se empleen los
mecanismos previstos en el ordenamiento para el debido recaudo de los aportes al

18 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de
unificación del 25 de agosto de 2016, Rad. 23001- 23-33-000-2013-00260-01(0088-15), M.P. Carmelo Perdomo
Cuéter.
19 En atención a que el Decreto 1848 de 1969 «[p]or el cual se reglamenta el Decreto 3135» permite la acumulación

de tiempos de servicio (artículo 72) con la posibilidad de que la entidad o empresa a cuyo cargo esté el
reconocimiento y pago de la pensión de jubilación, tiene derecho a repetir contra las entidades y empresas oficiales
obligadas al reembolso de la cantidad proporcional que les corresponda, a prorrata del tiempo de servicios en cada
una de aquellas (artículo 75, numeral 3), tal como lo señaló el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección
A, sentencia del 13 de febrero del 2020 proferida dentro del proceso con radicación 54001-23-33-000-2014-00106-
01(0156-15). M.P. Gabriel Valbuena Hernández.
20 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 30

de enero de 2025, Rad. 66001-23-33-000-2020-00492-01 (0391-2022), M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar.
12

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Sistema de Seguridad Social, en caso de que se hubiese omitido su pago oportuno o
que el monto consignado sea inferior al establecido en la ley. Al respecto, cabe
recordar que, de acuerdo con el artículo 2 del Decreto 3752 de 2003, a las entidades
territoriales o las entidades de previsión social a las que se hubieren realizado los
aportes, tendrán a su cargo los trámites relativos a las prestaciones sociales de los
docentes que se hubieren causado con anterioridad a su afiliación al FOMAG. Por esta
razón, tales autoridades serán responsables de la omisión en el pago de los aportes
en los lapsos laborados por contratos de prestación de servicios y en esa medida
deberán adelantar las actuaciones pertinentes para obtener su respectivo pago.

64. En relación con lo anterior, la ley establece, entre otras medidas para lograr el
pago de los aportes, las siguientes: (i) la existencia de un interés moratorio a cargo de
los empleadores que no realicen el pago de los aportes —artículo 23 de la Ley 100 de
1993—; (ii) consecuencias disciplinarias para quienes actúen como ordenadores del
gasto que se abstengan de realizar las cotizaciones de forma oportuna sin justa causa;
(iii) la posibilidad de adelantar acciones de cobro y de cobro coactivo—artículos 24 y
57 de la Ley 100 de 1993—; y (iv) la facultad de las cajas de previsión obligadas al
pago de la pensión, de «repetir contra los organismos no afiliados a ellas, o contra las
respectivas Cajas de Previsión, a prorrata del tiempo que el pensionado hubiere
servido o aportado a ellos» —artículo 2 de la Ley 33 de 1985—.

65. En conclusión, y de acuerdo con lo expuesto, para la aplicación de la Ley 812
de 2003, si un docente se vinculó mediante contrato de prestación de servicios antes
del 27 de junio de 2003, le será aplicable el régimen pensional anterior, es decir, el
establecido en la Ley 91 de 1989 que remite a la Ley 33 de 1985, independientemente
de que posteriormente haya tenido interrupciones en el servicio o se haya vinculado
bajo otras modalidades.

Esta interpretación se fundamenta en dos consideraciones adicionales: (i) la Ley 812
de 2003 no estableció distinciones respecto a la modalidad de vinculación, únicamente
estableció el criterio temporal de ingreso al servicio; y (ii) de acuerdo con la sentencia
C-555 de 1994 de la Corte Constitucional, en la que se analizó la constitucionalidad
del parágrafo del artículo 6 de la Ley 60 de 1993 y el parágrafo 3 del artículo 105 de la
Ley 115 de 199421, la diferenciación de los docentes vinculados como empleados
públicos y los contratados por prestación de servicios no puede significar el
desconocimiento de derechos y garantías laborales que son irrenunciables, por cuanto
realizan una actividad igual.

66. Por consiguiente, cuando se analiza la aplicación del régimen pensional
docente, el hecho de que la vinculación anterior a la Ley 812 de 2003 haya sido
mediante contratos de prestación de servicios no impide la aplicación del régimen
anterior.

21
Ley 115 de 1994, artículo 105. «Vinculación al servicio educativo estatal. La vinculación de personal docente,
directivo y administrativo al servicio público educativo estatal, sólo podrá efectuarse mediante nombramiento hecho
por decreto y dentro de la planta de personal aprobada por la respectiva entidad territorial. // Únicamente podrán
ser nombrados como educadores o funcionarios administrativos de la educación estatal, dentro de la planta de
personal, quienes previo concurso, hayan sido seleccionados y acrediten los requisitos legales […]».
13

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3.3.4. Sobre la compatibilidad de la pensión y la prestación del servicio docente

67. Como lo ha precisado esta Sección en anteriores oportunidades22, sobre la
presunta incompatibilidad entre la pensión y la prestación del servicio docente, debe
considerarse el artículo 279 de la Ley 100 de 1993, que expresamente señala que para
los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio las
prestaciones «serán compatibles con pensiones o cualquier clase de remuneración».
Este carácter compatible reconocido por la Ley 100, en otros momentos ha sido
otorgado por las siguientes disposiciones:

(i) El Decreto 224 de 197223 (art. 5) que estableció que el ejercicio de la docencia
no sería incompatible con el goce de la pensión de jubilación.
(ii) El artículo 70 del Decreto 2277 de 197924 que señaló que el goce de la pensión
no sería incompatible con el ejercicio de empleos docentes; norma que se
advierte, fue declarada inexequible por la Corte Suprema de Justicia mediante
sentencia del 20 febrero de 1981.
(iii) La Ley 60 de 199325 (art. 6) que ratificó, durante su vigencia26, esta
compatibilidad al establecer que el régimen prestacional de los docentes incluía
este beneficio.
(iv) Específicamente para la pensión por aportes, el artículo 2.° del Decreto 2709
de 1994 que reglamenta la Ley 71 de 1988, si bien establece que «la pensión
de jubilación por aportes, para los servidores públicos se hará efectiva una vez
se retiren del servicio», agrega: «salvo las excepciones previstas en la ley».

(v) A las anteriores disposiciones debe añadirse el literal g) del artículo 19 de la Ley
4 de 1992, que entre las excepciones para percibir doble asignación del tesoro
público, consagra «(l)as que a la fecha de entrar en vigencia la presente Ley
beneficien a los servidores oficiales docentes pensionados», respecto de la cual
tratándose del régimen pensional docente, esta Subsección ha considerado que
no hace alusión a los docentes pensionados para el momento en que entró en
vigor la norma, sino a las disposiciones que para la misma fecha beneficiaban

22 Ver: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 22 de noviembre de 2012, Rad. 15001

23 31 000 2004 02695 01 (0133-10), M.P. Luis Rafael Vergara Quintero. Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B, sentencia del 8 de agosto de 2019, Rad. 05001-23-33-000-2013-01456-01 (1499-2015), M. P.
Carmelo Perdomo Cuéter. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, providencia del 25 de septiembre
de 2020, expediente 25000-23-42-000-2013-01579-01 (3862-2014), M. P. César Palomino Cortés. Consejo de
Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 22 de junio de 2023,
M.P. Jorge Iván Duque Gutiérrez, Rad. 17001-23-33-000-2017-00853-01 (0276-2021). Consejo de Estado, Sala de
lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 18 de abril de 2024, M.P. Juan
Enrique Bedoya Escobar, Rad. 25000-23-42-000-2020-00549-01 (3118-2022). Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 20 de noviembre de 2024, Rad. 05001-
23-33-000-2020-00472-01 (1251-2024), M.P. Jorge Edison Portocarrero Banguera. Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 30 de enero de 2025, M.P. Juan
Enrique Bedoya Escobar, Rad. 66001-23-33-000-2020-00492-01 (0391-2022).
23 «Por el cual se dictan normas relacionadas con el ramo docente».
24
«Por el cual se adoptan normas sobre el ejercicio de la profesión docente».
25 «Por la cual se dictan normas orgánicas sobre la distribución de competencias de conformidad con los artículos

151 y 288 de la Constitución Política y se distribuyen recursos según los artículos 356 y 357 de la Constitución
Política y se dictan otras disposiciones.».
26 Porque fue derogada por el artículo 113 de la Ley 715 de 2001.

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a los docentes pensionados. Sobre el particular, en providencia del 8 de agosto
de 201927 se reiteró:
Ahora bien, respecto de la excepción a la que alude el literal g) del artículo 19 de la
Ley 4 de 1992, esta corporación, en sentencia de 6 de marzo de 2003, expediente
05001-23-31-000-1995-01799-01, magistrado ponente Alejandro Ordóñez
Maldonado, sostuvo:

Al establecer la excepción, no se estaba señalando a los docentes que ya estaban
pensionados, sino a las disposiciones que en esa fecha beneficiaban a los docentes
pensionados, pues se trataba era de establecer excepciones a la prohibición, no de
aclarar situaciones ya definidas como eran los docentes pensionados:
Es la lectura que debe darse a la disposición, pues no resultaría comprensible que
el legislador, en vez de establecer excepciones, como lo anuncia, derogue las
existentes.
El sentido de la ley, al establecer las excepciones a la prohibición de percibir
simultáneamente más de una asignación del tesoro público, al expresar que a la
fecha de entrar en vigencia dicha ley beneficiaran a los servidores oficiales docentes
pensionados, contempló la posibilidad de que tales servidores se siguieran
beneficiando de la normatividad que les permitía percibir simultáneamente pensión
y sueldo o pensión ordinaria de jubilación y pensión gracia, siempre y cuando
cumplieran todas las exigencias legales.
La anterior apreciación la corrobora el mismo legislador, que en los años siguientes
a la expedición de la Ley 4 de 1992, reiteró la compatibilidad en examen, como lo
establecen, los artículos 6° de la Ley 60 de 1993, 279 de la Ley 100 del mismo año
y 115 de la Ley 115 de 1994.
En esas condiciones, entendiendo que la Ley 4' de 1992, art. 19, literal g) al
establecer las excepciones en examen, contempló las disposiciones que al entrar
en vigencia dicha ley, beneficiaban a los docentes pensionados, una de ellas, es el
artículo 50 del Decreto 224 de 1972 que dispone:
'El ejercicio de la docencia no será incompatible con el goce de la pensión de
jubilación siempre y cuando el beneficiario esté mental y físicamente apto para la
tarea docente, pero se decretará el retiro forzoso al cumplir sesenta y cinco (65)
años de edad'.

Las razones antes expuestas permiten a la sala concluir que los docentes oficiales
siguen gozando de la prerrogativa de acceder a la pensión y seguir percibiendo
sueldo, por permitirlo así expresamente la normatividad antes citada.

El anterior derrotero jurisprudencial fue acogido por la sala de consulta y servicio civil de
esta Corporación en concepto de 23 de noviembre de 2000 y reiterado en fallo de 22 de
noviembre de 2012, expediente 15001-23-31-000- 2004-02695-01 (0133-10), C.P. Luis
Rafael Vergara Quintero.

(vi) El artículo 1928 de la Ley 344 de 199629, al dejar a salvo lo dispuesto en las
leyes 91 de 1989, 60 de 1993 y 115 de 1994, «disposiciones de las que se

27 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 8 de agosto de 2019, Rad. 05001-23-33-000-

2013-01456-01 (1499-2015), M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
28 «ARTÍCULO 19.- Sin perjuicio de lo estipulado en las Leyes 91 de 1989, 60 de 1993 y 115 de 1994, el servidor

público que adquiera el derecho a disfrutar de su pensión de vejez o jubilación podrá optar por dicho beneficio o
continuar vinculado al servicio, hasta que cumpla la edad de retiro forzoso. Los docentes universitarios podrán
hacerlo hasta por diez años más. La asignación pensional se empezará a pagar solamente después de haberse
producido la terminación de sus servicios en dichas instituciones».
29 Por la cual se dictan normas tendientes a la racionalización del gasto público, se conceden unas facultades

extraordinarias y se expiden otras disposiciones.
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desprende la compatibilidad entre la pensión y el salario percibido con ocasión
del ejercicio docente»30.

(vii) La única disposición que textualmente estableció una incompatibilidad entre el
salario de los docentes y la pensión de jubilación fue el artículo 45 31 del Decreto
1278 de 200232, declarado inexequible por la Corte Constitucional (sentencia C-
1157 de 200333), al advertir que el Ejecutivo legisló sobre una materia para la
que no fue habilitado; circunstancia en virtud de la cual esta Subsección en
providencia del 20 de noviembre de 202434 indicó:

Este planteamiento de la Corte Constitucional para declarar inexequible el precepto
bajo estudio, demuestra que el legislador, en el marco de sus potestades, había
contemplado una clara excepción a la prohibición del artículo 128 de la Constitución
Política en cabeza de los docentes estatales, la cual no podía ser modificada por el
Ejecutivo, en razón a que claramente, desde la concepción de la Ley 4ª de 1992, se
pretendió eliminar la incompatibilidad para tales servidores de percibir el salario y la
pensión de jubilación de manera concomitante, ello para nivelar sus condiciones
remunerativas y la especialidad diferenciadora de su labor dentro de la función
pública35.

Así las cosas, la posición jurisprudencial asumida por esta Subsección en asuntos
con contornos similares ha sido pacífica al interpretar que los maestros oficiales
pueden devengar salario y pensión de forma simultánea, sin que incurran en ninguna
incompatibilidad.

68. La anterior conclusión, ha sido reiterada por esta Subsección, en casos en los
que se discute la compatibilidad de la pensión y el salario de los docentes, ya sea
vinculados con anterioridad36 o posterioridad37 a la Ley 812 de 2003, por cuanto, de
acuerdo con el desarrollo normativo, aquella se estableció a favor de quienes prestan
sus servicios como maestros oficiales, esto es en razón a la actividad docente y no
con ocasión de un régimen prestacional determinado. Por lo que, no es dable limitar
30 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 18

de abril de 2024, M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar, Rad. 25000-23-42-000-2020-00549-01 (3118-2022).
31 «ARTÍCULO 45. Además de las establecidas en la Constitución y en las leyes para todos los servidores públicos,

el ejercicio de cargos en el sector educativo estatal es incompatible con:
a) El desempeño de cualquier otro cargo o servicio público retribuido;
b) El goce de la pensión de jubilación, vejez, gracia o similares».
32 Por el cual se expide el Estatuto de Profesionalización Docente.
33
M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
34 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 20

de noviembre de 2024, Rad. 05001-23-33-000-2020-00472-01 (1251-2024), M.P. Jorge Edison Portocarrero
Banguera.
35 A dicha conclusión arribó la Sección Segunda, Subsección A de esta Corporación, en la sentencia del 22 de junio

de 2023, rad. 17001-23-33-000-2017-00853-01 (0276-2021), C.P. Jorge Iván Duque Gutiérrez.
36 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 30

de enero de 2025, M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar, Rad. 66001-23-33-000-2020-00492-01 (0391-2022). En
esta providencia se analizó con detalle la aplicabilidad del régimen de pensión por aportes, para los docentes
vinculados con anterioridad al 27 de junio de 2003, fecha de entrada en vigor de la Ley 812.
37 Ver, por ejemplo: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B,

sentencia del 18 de abril de 2024, M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar, Rad. 25000-23-42-000-2020-00549-01
(3118-2022). En esta providencia se indicó: «Finalmente, es importante concluir que la compatibilidad entre salario
y pensión de la que son beneficiarios los docentes se encuentra vigente, incluso con posterioridad a la expedición
de la Ley 812 de 2003, que incorporó a los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio al
régimen pensional de prima media establecido en las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, por cuanto, de acuerdo
con el desarrollo normativo, aquella se estableció a favor de quienes prestan sus servicios como maestros oficiales,
esto es en razón a la actividad docente y no con ocasión de un régimen prestacional determinado. Por lo que, no
es dable limitar esta excepción a aquellas pensiones reconocidas bajo un régimen específico, puesto que no fue
un requisito o límite establecido por el legislador».
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esta excepción a aquellas pensiones reconocidas bajo un régimen específico, puesto
que no fue un requisito o límite establecido por el legislador.

69. Es importante precisar que la compatibilidad entre la pensión y la remuneración
está limitada al ejercicio de la docencia oficial. Esta precisión resulta fundamental pues
delimita el alcance de la excepción a la prohibición general de recibir doble asignación
del tesoro público, circunscribiéndola específicamente al ejercicio de la función
docente oficial.

70. Por tanto, no es dable condicionar la pensión de jubilación del docente a la
desvinculación del servicio. Esta compatibilidad constituye uno de los elementos
diferenciadores del régimen del magisterio.

3.4. Hechos probados

71. De conformidad con las pruebas que obran en el expediente se evidencia lo
siguiente:

72. El señor Luis Fernando Caicedo nació el 4 de enero de 1961, según copia de la
cédula de ciudadanía38, por lo tanto, para el 20 de junio de 202039, fecha de la
reclamación pensional ante la entidad accionada, contaba con 59 años.

73. El accionante se vinculó como docente al municipio de Orito, Putumayo, a través
de órdenes de prestación de servicios, durante 7 años, 2 meses y 2 días, conforme
se muestra a continuación40:

Vinculación Entidad Desde Hasta Tiempo
OPS Municipio de Orito 15/09/1986 30/06/1991 4 años, 9 meses y 16
días
OPS Municipio de Orito 02/03/2000 31/12/2000 10 meses
OPS Municipio de Orito 01/01/2001 08/10/2001 9 meses y 8 días
OPS Municipio de Orito 01/01/2002 08/10/2002 9 meses y 8 días
TOTAL 7 años, 2 meses y 2
días

74. Después, prestó sus servicios en calidad del docente a la Secretaría de
Educación del Putumayo, por un lapso de 17 años, 2 meses y 25 días, así41:

38 Samai, gestión en otros despachos, 52001233300020210009000, índice 08, archivo
2_ED:2_520012333000202100090001EXPEDIENTEDIGI20220914104210(.zip), documento
0001NulidadRestablecimientoDerecho, pág. 21.
39 Conforme con la Resolución 2829 de 2020, visible en Samai, gestión en otros despachos,

52001233300020210009000, índice 08, archivo
2_ED:2_520012333000202100090001EXPEDIENTEDIGI20220914104210(.zip), documento
0001NulidadRestablecimientoDerecho, pág. 23.
40 Según el certificado emitido el 22 de septiembre de 2022 por el jefe de la oficina de Talento Humano del Municipio

de Orito, Putumayo, que obra en Samai, gestión en otros despachos, 52001233300020210009000, índice 09,
archivo 3_RECIBEMEMORIALES_0035OFICIORESPONDERE(.pdf), pág. 5.
41 Conforme con el certificado de tiempo de servicio expedido el 20 de octubre de 2006 por la Secretaría de

Educación del Departamento del Putumayo, y el formato único para la expedición de certificado de historia laboral
emitido el 1 de julio de 2020 por el mismo ente territorial, visibles en Samai, gestión en otros despachos,
52001233300020210009000, índice 08, archivo
2_ED:2_520012333000202100090001EXPEDIENTEDIGI20220914104210(.zip), documentos
0001NulidadRestablecimientoDerecho, pág. 29; y 0031OficioRespondeRequerimiento-SEDPutumayo, págs. 11 a
14.
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Vinculación Entidad Desde Hasta Tiempo
Provisionalidad Departamento del 27/01/2003 11/04/2003 2 meses y 15 días
Putumayo
Provisionalidad Departamento del 21/04/2003 11/07/2003 2 meses y 21 días
Putumayo
Provisionalidad Departamento del 21/07/2003 15/12/2003 4 meses y 25 días
Putumayo
Provisionalidad Departamento del 09/02/2004 25/02/2007 3 años y 17 días
Putumayo
Periodo de Departamento del 26/02/2007 31/03/2008 1 año, 1 mes y 6 días
prueba Putumayo
Propiedad Departamento del 01/04/2008 01/07/202042 12 años, 3 meses y 1
Putumayo día
TOTAL 17 años, 2 meses y
25 días

75. El 20 de junio de 2020, el accionante solicitó a la entidad accionada el
reconocimiento y pago de una pensión de jubilación43.

76. Mediante la Resolución 2829 del 3 de noviembre de 2020, la Secretaría de
Educación del Departamento del Putumayo, en representación de la Nación, Ministerio
de Educación, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, negó la
pensión pretendida al considerar que el demandante no cumplía con el requisito de
tiempo de servicios exigido por la Ley 33 de 198544.

3.5. Caso concreto. Análisis de la Sala

77. La parte demandante sostuvo que el señor Luis Fernando Caicedo se vinculó al
servicio de la docencia oficial antes de la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003; por
consiguiente, es beneficiario del régimen pensional previsto en la Ley 33 de 1985 y
tiene derecho al reconocimiento y pago de una pensión de jubilación, al acreditar más
de 55 años de edad y 20 de servicios públicos.

78. Afirmó que los tiempos en los que laboró a través de órdenes de prestación de
servicios son válidos para efectos del cómputo del tiempo para el reconocimiento
pensional; máxime cuando así lo ha definido esta corporación en su jurisprudencia.

79. Al respecto, se advierte que en la sentencia de primera instancia se negó el
reconocimiento y pago de una pensión de jubilación a favor del accionante, al
considerar que no se probaron los 20 años de servicio exigidos en la Ley 33 de 1985,
toda vez que durante los periodos en los que laboró a través de contratos de prestación
42 Fecha en la que se expidió el formato único para la expedición de certificado de historia laboral ibidem y hasta la

cual se tiene certeza del ejercicio docente.
43 Según se lee en la Resolución 2829 de 2020, vista en Samai, gestión en otros despachos,

52001233300020210009000, índice 08, archivo
2_ED:2_520012333000202100090001EXPEDIENTEDIGI20220914104210(.zip), documento
0001NulidadRestablecimientoDerecho, pág. 23.
44
Samai, gestión en otros despachos, 52001233300020210009000, índice 08, archivo
2_ED:2_520012333000202100090001EXPEDIENTEDIGI20220914104210(.zip), documento
0001NulidadRestablecimientoDerecho, págs. 23 a 24.
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de servicios no realizaron los aportes correspondientes en calidad de empleado
público afiliado al FOMAG.

80. En primer lugar, se recuerda que los docentes vinculados antes de la vigencia
de la Ley 812 de 2003 gozan del régimen pensional previsto en la Ley 33 de 1985. En
cambio, a aquellos vinculados con posterioridad, afiliados al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, se les debe aplicar el régimen de prima media
de las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con excepción de la edad que será de 57
años para hombres y mujeres.

81. En el caso particular, se demostró que el señor Luis Fernando Caicedo se
vinculó por primera vez al servicio docente antes de la entrada en vigor de la Ley 812
de 2003 —27 de junio de 2003—, esto es, el 15 de septiembre de 198645.

82. Ahora bien, de acuerdo con la documental que reposa en el expediente, y
conforme se detalló en el acápite de hechos probados de esta sentencia, se tiene que
el accionante laboró como docente al servicio del municipio de Orito, Putumayo, a
través de contratos de prestación de servicios, por un periodo de 7 años, 2 meses y 2
días.

83. Al respecto, conforme se estudió en el acápite de marco normativo de esta
providencia, se destaca que los docentes vinculados mediante contratos de prestación
de servicios no ejercen su labor de manera independiente, pues al igual que los
docentes-empleados públicos, desempeñan sus funciones de manera personal y
subordinada a los reglamentos propios del servicio público de la educación. Tan es así
que, como lo definió la Sección Segunda de esta corporación en la sentencia de
unificación jurisprudencial del 25 de agosto de 201646, carecen de autonomía en el
desarrollo de su actividad, pues se someten a directrices, inspección y vigilancia de
las autoridades educativas; y sus funciones las ejercen durante una jornada laboral
que está sometida a un calendario académico, lo que los hace merecedores de una
protección especial por parte del Estado.

84. A su vez, la reclamación del reconocimiento de una pensión de jubilación con
inclusión de tiempos laborados a través de contratos de prestación de servicios, en el
curso de un proceso ordinario es posible, según lo ha estudiado esta corporación, (i)
cuando se persiga la declaración de la existencia de una relación laboral encubierta o
(ii) en aquellos casos en los que solo se pretenda el cómputo de los periodos laborados
bajo esa forma contractual. Frente al segundo escenario la jurisprudencia ha
señalado47:

(…) es posible que el proceso ordinario se adelante únicamente con la comparecencia
de la entidad de previsión. Esto por cuanto el Decreto 1848 de 1969 «Por el cual se

45 Conforme con el certificado emitido el 22 de septiembre de 2022 por el jefe de la oficina de Talento Humano del

Municipio de Orito, Putumayo, que obra en Samai, gestión en otros despachos, 52001233300020210009000, índice
09, archivo 3_RECIBEMEMORIALES_0035OFICIORESPONDERE(.pdf), pág. 5.
46 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de

unificación del 25 de agosto de 2016, Rad. 23001- 23-33-000-2013-00260-01(0088-15), M.P. Carmelo Perdomo
Cuéter.
47
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 6 de
febrero de 2020. Rad. 54001-23-33-000-2014-00363-01(2960-2015); sentencia del 13 de febrero del 2020.
Radicado número 54001-23-33-000-2014-00106-01(0156-15).
19

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reglamenta el Decreto 3135»48 permite la acumulación de tiempos de servicio con la
posibilidad de exigir la cuota parte de las otras entidades oficiales, al indicar que la
pensión de jubilación correspondiente se reconocerá y pagará al empleado oficial por la
entidad de previsión social a la cual estuvo afiliado al tiempo de cumplir el tiempo de
servicios requerido por la ley y que en los casos de acumulación de tiempo de servicios
la entidad o empresa a cuyo cargo esté el reconocimiento y pago de la pensión de
jubilación, tiene derecho a repetir contra las entidades y empresas oficiales obligadas al
reembolso de la cantidad proporcional que les corresponda, a prorrata del tiempo de
servicios en cada una de aquellas.

85. Así, la Sala estima que el periodo laborado por el demandante mediante
contratos de prestación de servicios resulta válido para contabilizar el tiempo de
servicios con efectos pensionales, en virtud de los principios de primacía de la realidad
sobre las formalidades e igualdad.

86. Ahora, respecto a la omisión en el pago de aportes para pensión, se ha dicho
por parte de esta corporación que, tales cotizaciones tienen el carácter de
imprescriptibles49 y las entidades no pueden sustraerse de su pago cuando ello puede
llegar a repercutir en el derecho de acceso a una pensión. Asimismo, es el Fondo, por
tener a cargo el reconocimiento y pago de la asignación aquí reclamada, el que tiene
la potestad de repetir en contra de las entidades y/o personas obligadas a cotizar, el
reembolso de los aportes a pensiones en la proporción que les corresponda, en el caso
de que no lo hubiesen hecho.

87. Sobre el particular, contrario a lo afirmado por el Tribunal, esta corporación en
sentencia de unificación del 28 de julio de 202250, definió que el descuento y pago
oportuno de aportes no puede ser obstáculo para el reconocimiento de la pensión,
pues las entidades de previsión deben adelantar las gestiones pertinentes para su
cobro. Esto, en los siguientes términos:

[…]

107. Según el artículo 17 de la Ley 100 de 1993, durante la vigencia de la relación laboral
existe el deber de realizar cotizaciones obligatorias al sistema general de pensiones
tanto por los afiliados como por los empleadores. En armonía con lo anterior, el artículo

48 «ARTÍCULO 75.- Efectividad de la pensión. 1. La pensión de jubilación correspondiente se reconocerá y pagará

al empleado oficial por la entidad de previsión social a la cual estuvo afiliado al tiempo de cumplir el tiempo de
servicios requerido por la ley, si para entonces se hubiere retirado del servicio oficial sin tener la edad exigida para
tal fin, o por la entidad de previsión a que esté afiliado al tiempo del retiro, si entonces cumple los requisitos de
tiempo de servicios y edad señalados para el goce de la pensión. 2. Si el empleado oficial no estuviere afiliado a
ninguna entidad de previsión social al tiempo de retirarse del servicio oficial, el reconocimiento y pago se hará
directamente por la última entidad o empresa oficial empleadora. 3. En los casos de acumulación de tiempo de
servicios a que se refiere el artículo 72 de este Decreto, la entidad o empresa a cuyo cargo esté el reconocimiento
y pago de la pensión de jubilación, tiene derecho a repetir contra las entidades y empresas oficiales obligadas al
reembolso de la cantidad proporcional que les corresponda, a prorrata del tiempo de servicios en cada una de
aquellas. En este caso, se procederá con sujeción al procedimiento señalado al efecto en el Decreto 2921 de 1948
y, si transcurrido el término de quince (15) días del traslado a que se refiere el artículo 3o. del citado decreto la
entidad obligada a la cuota pensional no ha contestado, o lo ha hecho oponiéndose sin fundamente legal, se
entenderá que acepta el proyecto y se procederá a expedir la resolución definitiva de reconocimiento de la pensión.
El expresado término comenzará a correr desde la fecha en que la entidad correspondiente reciba el proyecto de
reconocimiento de la pensión».
49
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de
unificación del 25 de agosto de 2016, Rad. 23001- 23-33-000-2013-00260-01(0088-15), M.P. Carmelo Perdomo
Cuéter.
50 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia SUJ-028-CE-S2-2022 del 28 de julio de 2022, radicado 25000-

23-42-000-2013-02380-01(2656-2014), M.P. William Hernández Gómez.
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22 prescribe que el empleador es el responsable del pago de sus aportes y los de sus
trabajadores. Para ello, deduce del salario del empleado el valor de la cotización
obligatoria. La totalidad de las sumas deben ser trasladadas a la entidad de previsión
social, dentro de los plazos señalados por el gobierno nacional. En todo caso, es el
empleador el responsable por la totalidad del aporte «aun en el evento de que no hubiere
efectuado el descuento al trabajador». Este contenido normativo es reiterado en el
Decreto 692 del 29 de marzo de 199451 (artículo 27).

108. Por su parte, el artículo 53 de la Ley 100 de 1993 confirió a las entidades
administradoras amplias facultades de fiscalización e investigación sobre los
empleadores para asegurar el cumplimiento de dicha ley. Dentro de aquellas está la de
verificación de la exactitud de las cotizaciones y aportes. Igualmente, el Decreto 1161
del 3 de junio de 199452 impuso a las administradoras de pensiones el deber de
verificación de las consignaciones «en especial, si los valores aportados se ajustan a la
ley» (artículo 8 compilado por el Decreto 1833 de 2016, artículo 2.2.3.1.18).

109. De acuerdo con esta verificación y en caso de que la administradora observe que
los valores no se ajustan a la ley, bien sea porque se omite el pago oportuno o el monto
consignado es inferior, el ordenamiento jurídico colombiano contiene los mecanismos
para asegurar el cumplimiento de aquellas obligaciones y señala las consecuencias de
su incumplimiento.

[…]

111. Todo lo anterior permite garantizar que el trabajador logre acceder a su derecho
pensional con la plenitud de condiciones que las normas consagran, así como la
sostenibilidad financiera del sistema pensional. Ello atiende el principio protector que
está ligado con la propia razón de ser del derecho del trabajo. Este principio parte de la
consideración especial que se tiene frente a quien se presenta en el extremo más débil
de la relación laboral, por ende, hay desigualdad o discriminación positiva en su favor a
fin de equipararlo con la otra parte, de manera que se tiende a brindar una protección
jurídica favorable para el trabajador53.

112. Sobre la inobservancia de la obligación patronal en comento, la jurisprudencia ha
reiterado de manera consistente que la omisión de este deber no puede ser imputable al
trabajador ni puede ser oponible para impedirle acceder al pleno reconocimiento de su
pensión. Para este último, la falta de diligencia del empleador implica la vulneración de
su derecho a la seguridad social54.

[…]

115. De esta manera, el hecho de que el empleador no haya cumplido con el descuento
y pago oportuno de los aportes correspondientes y de que la entidad administradora de
pensiones haya omitido su deber de verificación y ejecución de los procedimientos
tendientes a su pago, en manera alguna puede imponerse como un obstáculo para el
reconocimiento de la pensión, que tiene la finalidad de cubrir los riesgos derivados de la
vejez, invalidez o muerte, pues se trata de la negligencia de las entidades cuyas
consecuencias no pueden ser trasladadas al trabajador.

[…]».

51
«Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 100 de 1993».
52 «Por el cual se dictan normas en materia del Sistema General de Pensiones».
53
Plá Rodríguez, Américo. Los principios del Derecho del Trabajo, ediciones De la Palma, Buenos Aires 1990,
segunda edición, pp. 23 – 25.
54 Ver sentencia T-064 de 2018.

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Radicación: 52001-23-33-000-2021-00090-01 (0669-2025)
Demandante: Luis Fernando Caicedo
Demandado: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio

88. Precisado lo anterior, con el fin de definir el régimen pensional aplicable al
demandante, se recuerda que los docentes vinculados antes de la vigencia de la Ley
812 de 2003, gozan del régimen pensional previsto en la Ley 33 de 1985 o el
establecido en la Ley 71 de 1988, esta última cuando acumulen aportes por servicios
prestados en los sectores oficial y privado, teniendo en cuenta que la Ley 91 de 1989
no la restringió. En cambio, a aquellos docentes vinculados con posterioridad, afiliados
al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, se les debe aplicar el
régimen de prima media dispuesto en las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con
excepción de la edad que será de 57 años para hombres y mujeres.

89. En tal sentido, como el señor Luis Fernando, según se dijo antes, se vinculó por
primera vez al servicio docente el 15 de septiembre de 1986, esto es, antes de la
entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, le es aplicable la Ley 91 de 1989 y se estima
que es beneficiario del régimen pensional previsto en la Ley 33 de 1985.

90. Sobre el particular, es necesario resaltar que la interrupción o suspensión del
servicio oficial docente no puede ser óbice para determinar el régimen pensional que
cobija la situación jurídica, pues como quedó visto antes en esta providencia, la
corporación55 ha avalado el reconocimiento de la pensión de jubilación del personal
docente, considerando la totalidad de los periodos laborados, aun cuando existiere
discontinuidad entre estos.

91. En este orden de ideas, se destaca que el artículo 1 de la Ley 33 de 1985 prevé
como requisitos para acceder a la pensión de jubilación los siguientes:

(i) La edad de 55 años para hombres y mujeres.
(ii) El tiempo de cotización equivalente a 20 años de servicio.

92. Ahora bien, de acuerdo con las pruebas que obran en el expediente, y se detalló
en el acápite de hechos probados de esta sentencia, se observa que el señor Luis
Fernando Caicedo cumplió 55 años de edad el 4 de enero de 2016 —nació el 4 de
enero de 1961— y prestó servicios al sector público durante 24 años, 4 meses y 27
días56.

93. Así, comoquiera que el demandante acreditó 55 años de edad y más de 20 de
servicio oficial al momento en que presentó la solicitud pensional —20 de junio de
2020—, se considera que tiene derecho al reconocimiento de una pensión de jubilación
prevista en la Ley 33 de 1985.

94. En punto al estatus pensional, se estima que, de conformidad con el artículo 1
de la Ley 33 de 1985, lo consolidó el 5 de febrero de 201657, fecha en la que cumplió

55 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 18

de septiembre de 2020. Rad. 66001-23-33-000-2017-00470-01(3514-2019).
Criterio reiterado por la Sección Segunda, Subsección A, en sentencia del 2 de junio de 2022. Rad. 25000-23-42-
000-2019-00143-01 (3061-2021).
56
Total que se obtiene de sumar el periodo laborado por el demandante como docente, a través de OPS al municipio
de Orito, Putumayo, esto es, 7 años, 2 meses y 2 días, más los 17 años, 2 meses y 25 días de servicio al
Departamento del Putumayo en provisionalidad y propiedad.
57
De acuerdo con lo siguiente:

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Demandante: Luis Fernando Caicedo
Demandado: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio

20 años de servicio, y para la cual tenía más de 55 años de edad —que cumplió el 4
de enero de 2016—.

95. Así las cosas, se revocará la sentencia de primera instancia que negó las
pretensiones de la demanda. En consecuencia, al evidenciarse que el señor Luis
Fernando Caicedo cumple con los requisitos de edad y tiempo de servicios para ser
acreedor de la pensión de jubilación establecida en la Ley 33 de 1985, contrario a lo
concluido en el acto acusado, se declarará su nulidad. A título de restablecimiento del
derecho, se condenará a la entidad demandada al reconocimiento y pago de una
pensión de jubilación a favor del accionante con el 75% del promedio de los factores
salariales dispuestos en el artículo 1 de la Ley 62 de 1985 y en normas posteriores,
que hayan sido devengados por el demandante y que hayan servido de base para las
cotizaciones a seguridad social en el año anterior a la adquisición del estatus de
pensionado, en aplicación de la Ley 33 de 1985, sin que deba acreditar el retiro del
servicio docente, en virtud de la compatibilidad de la pensión y el salario de los
maestros oficiales, como se explicó en el capítulo 3.3.4 de esta providencia.

96. Sobre el punto, en el evento de que no se hayan efectuado los aportes al
sistema pensional que debió hacer el empleador y empleado en el porcentaje
correspondiente, como lo ordena la ley, se aclara que las entidades de previsión deben
adelantar las gestiones necesarias para su cobro, pues no se pierde de vista que son
necesarios para la financiación de la prestación y la sostenibilidad del sistema.

97. En tal sentido, corresponde al FOMAG realizar los trámites legales necesarios
para recaudar las cotizaciones en favor del demandante en el tiempo en que estuvo
contratado a través de órdenes de prestación de servicios y que no se efectuaron. De
igual forma, el accionante, en caso de no haberlo hecho, tendrá que realizar los aportes
a su cargo durante su vinculación mediante órdenes de prestación de servicios.

• Prescripción trienal

98. La Sala precisa que de conformidad con el artículo 41 del Decreto 3135 de 1968,
en este caso operó la prescripción trienal de las mesadas causadas con anterioridad
al 20 de junio de 2017, en atención a que entre la adquisición del estatus pensional —
5 de febrero de 2016— y la petición de reconocimiento —20 de junio de 2020—,

1. Se observa que el accionante al 31 de marzo de 2008, acreditaba 12 años, 1 mes y 26 días —contados todos
los tiempos que se acreditaron desde el 15 de septiembre de 1986, prestados de manera interrumpida al municipio
de Orito, a través de OPS, y a la Secretaría de Educación del Departamento del Putumayo, en provisionalidad y
propiedad, según la documental allegada al expediente relacionada en el acápite de hechos probados de esta
sentencia—.
2. Se destaca que su vinculación por última vez fue, en propiedad, a partir del 1 de abril de 2008 al 1 de julio de
2020, por 12 años, 3 meses y 1 día.
3. Así, corresponde establecer, desde el 1 de abril de 2008, instante para el cual tenía 12 años, 1 mes y 26 días de
servicio, cuánto debía trabajar el demandante para cumplir 20 años. Entonces:
Hasta el 31 de marzo de 2008, tenía acumulados: 12 años, 1 mes y 26 días. Tiempo faltante para los 20 años: 7
años, 10 meses y 4 días.
El accionante volvió a trabajar el 1 de abril de 2008.
Se suma el tiempo faltante a esta fecha:
(i) Se suma 7 años: 1 de abril de 2008 + 7 años = 1 de abril de 2015.
(ii) Se suma 10 meses: 1 de abril de 2015 + 10 meses = 1 de febrero de 2016.
(iii) Se suma 4 días: 1 de febrero de 2016 + 4 días = 5 de febrero de 2016.
Por lo tanto, el demandante completó sus 20 años de servicios el 5 de febrero de 2016.

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transcurrieron más de tres años. Esto quiere decir que dicha solicitud interrumpió el
término de prescripción de las mesadas causadas con tres años de antelación, esto
es, del 20 de junio de 2017 en adelante.

99. Por consiguiente, se declarará probada de oficio la excepción de prescripción
trienal y se ordenará el pago de la pensión de jubilación reconocida con efectos fiscales
a partir del 20 de junio de 2017.

3.6. Conclusión de la decisión

100. Con fundamento en lo expuesto, la Sala concluye que el tiempo de servicio
prestado por el demandante como docente, a través de contratos de prestación de
servicios, puede computarse para acreditar la vinculación exigida para efectos
pensionales. Así, al haberse probado que se vinculó al servicio docente antes de la
entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, es beneficiario del régimen pensional previsto
en Ley 33 de 1985.

101. En consonancia, al evidenciarse que el señor Luis Fernando Caicedo tiene más
de 55 años de edad y más de 20 años de servicio al sector oficial, se estima que tiene
derecho al reconocimiento y pago de una pensión de jubilación. Por tal razón se
revocará la decisión apelada y, en su lugar, se declarará la nulidad del acto
administrativo demandado. En consecuencia, se condenará a la entidad accionada al
reconocimiento y pago de la pensión de jubilación, desde el 5 de febrero de 2016, con
efectos fiscales a partir del 20 de junio de 2017, por prescripción trienal, en cuantía
equivalente al 75% del promedio de los factores salariales dispuestos en el artículo 1
de la Ley 62 de 1985 y en normas posteriores, que hayan servido de base de
cotizaciones a seguridad social, en el año anterior a la adquisición del estatus de
pensionado; sin que deba acreditar el retiro del servicio docente.

3.7. Costas

102. La presente providencia acoge el criterio de interpretación mayoritario 58 de la
Subsección sobre el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, consistente en que para
decretar la condena en costas debe verificarse que la parte vencida actuó de manera
temeraria o de mala fe. Por lo tanto, no hay lugar en el caso de autos a imponer dicha

58 La magistrada ponente considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un criterio

objetivo valorativo por varias razones a saber: (i) El artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de procedencia
en materia de costas para el proceso de lo contencioso administrativo. (ii) Dicho artículo 188 no excluye la aplicación
del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en el expediente aparezca
que se causaron y en la medida de su comprobación». (iii) La temeridad o mala fe deben ser valoradas por el juez
en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de determinar la eventual responsabilidad
patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (iv) El inciso segundo del artículo 188 no morigera el criterio
objetivo, por el contrario, amplía su espectro al considerar que en los asuntos en los que se ventila un interés
público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se establezca que se presentó la
demanda con manifiesta carencia de fundamento legal». (v) Los parámetros antes enunciados son producto de una
interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio de las de carácter especial como los
artículos 265 a 269 del CPACA.
Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la Corte Constitucional, que a propósito del
régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para imponer la condena en costas el juez ya no
tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la hora de condenar en costas, sino la derrota
en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo- valorativo.”. En el mismo sentido: Consejo
de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 7 de abril de
2016, M.P. William Hernández Gómez, rad. 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-14).
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condena, en atención a que no se advierte que aquella haya incurrido en las anteriores
conductas.

103. Bajo el anterior razonamiento, también se considera necesario revocar la
condena en costas impuesta en primera instancia a la parte accionante.

104. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida el 6 de febrero de 2025 por el Tribunal
Administrativo del Putumayo, que negó las pretensiones de la demanda, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: En su lugar, DECLARAR la nulidad de la Resolución 2829 del 3 de
noviembre de 2020, por las razones expuestas en esta sentencia.

TERCERO: A título de restablecimiento del derecho, CONDENAR a la Nación,
Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio a reconocer y pagar a favor del señor Luis Fernando Caicedo, una pensión
de jubilación con el 75% del promedio de los factores salariales dispuestos en el
artículo 1 de la Ley 62 de 1985 y en normas posteriores, que hayan sido devengados
por el accionante y que hayan servido de base para las cotizaciones a seguridad social
en el año anterior a la adquisición del estatus de pensionado, en aplicación de la Ley
33 de 1985, desde el 5 de febrero de 2016, con efectos fiscales a partir del 20 de junio
de 2017; sin que deba acreditar el retiro del servicio docente.

La entidad demandada hará la actualización sobre las sumas adeudadas, de
conformidad con lo establecido en el artículo 187 [inciso final] del CPACA, en
consideración a los índices de precios al consumidor [IPC] certificados por el
Departamento Administrativo Nacional de Estadística [DANE] y mediante la aplicación
de la fórmula matemática adoptada por el Consejo de Estado, a saber:

R = Rh. índice final__
índice inicial

CUARTO: DECLARAR probada de oficio la excepción de prescripción trienal respecto
de las mesadas pensionales causadas con anterioridad al 20 de junio de 2017.

QUINTO: La Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio podrá recaudar las cotizaciones en favor del
demandante en el tiempo en que estuvo contratado a través de órdenes de prestación
de servicios y que no se efectuaron. De igual forma, el accionante, en caso de no
haberlo hecho, tendrá que realizar los aportes a su cargo durante su vinculación a
través de contratos de prestación de servicios. También, el Fondo podrá reclamar la
cuota parte a las demás entidades de previsión social o fondos de pensiones en los
que el accionante realizó cotizaciones.

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Demandante: Luis Fernando Caicedo
Demandado: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio

SEXTO: Sin condena en costas en las dos instancias.

SÉPTIMO: Dar cumplimiento a lo dispuesto en la sentencia en los términos previstos
en el artículo 192 del CPACA.

OCTAVO: En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen,
previas las anotaciones en el aplicativo SAMAI.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, a través del siguiente enlace https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

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