República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 52001-23-33-000-2021-00215-01
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
5 de marzo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá D.C., cinco (5) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 52001-23-33-000-2021-00215-01 (0437-2025)
Demandante: Segundo Abel Cañar Cañar
Demandada: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)
Tema: pensión gracia. Subtema 1: Validez del tiempo laborado. Docente
alfabetizador. Subtema 2. Origen de los recursos destinados a la financiación de los
salarios de los docentes no incide en la determinación del tipo de vinculación.
Subtema 3. Condena en costas.
Sentencia de segunda instancia
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver el
recurso de apelación interpuesto por la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (en adelante UGPP)
contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño el 15 de
noviembre de 2024, que accedió a las pretensiones de la demanda.
1. Síntesis del caso
1. El demandante solicita la nulidad de los actos administrativos que le negaron el
reconocimiento de una pensión gracia, toda vez que, contrario a lo indicado por estos,
prestó sus servicios en calidad de docente territorial y nacionalizado por más de 20
años, cumple con la edad requerida y desempeñó el cargo con honradez, consagración
y buena conducta. El Tribunal Administrativo de Nariño accedió a lo solicitado, por lo
que la UGPP apeló la decisión con fundamento en que no se valoraron en debida forma
las pruebas obrantes en el expediente que, a su juicio, dan cuenta que el tiempo
laborado por el peticionario obedece a vinculaciones del orden nacional, por lo que no
es posible para acceder a la prestación reclamada. La Sala confirma la decisión de
primera instancia, en la medida en que se encuentra acreditado el tiempo de servicio
docente de 20 años, con vinculación territorial o nacionalizada, para acceder al
reconocimiento y pago de la pensión gracia.
Radicación: 52001-23-33-000-2021-000215-01 (0437-2025)
Demandante: Segundo Abel Cañar Cañar
Demandada. UGPP
2. Antecedentes
2.1. La demanda
2. El señor Segundo Abel Cañar Cañar, mediante apoderado, presentó demanda
en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho el 2 de
junio de 20211, en contra de la UGPP, con las siguientes pretensiones:
a. Se declare la nulidad de las resoluciones RDP 002975 del 9 de febrero
de 2021 y RDP 008374 del 9 de abril de 2021, por medio de las cuales la UGPP
le negó el reconocimiento de la pensión gracia.
b. A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se ordene a la
entidad demandada reconocer y pagar la pensión gracia a favor del demandante,
por reunir los requisitos de edad y tiempo de servicio exigidos por la Ley 114 de
1913. Asimismo, cancelar las mesadas pensionales desde el momento en que
adquirió el estatus (6 de diciembre de 2008), con inclusión de todos los factores
salariales devengados, ajustes e indexaciones a que haya lugar.
2.1.1. Hechos
3. La Sala sintetiza los hechos de la demanda, así:
4. El accionante nació el 30 de mayo de 1949, por lo que cumplió la edad de 50
años el 30 de mayo de 1999. Laboró por más de 20 años al servicio de instituciones
educativas con vinculación de carácter territorial, como docente alfabetizador y
nacionalizado, así:
(a) desde el 10 de marzo de 1976 hasta el 30 de junio de 1976, en virtud de la
Resolución 020 del 10 de marzo de 1976;
(b) a partir del 3 de septiembre de 1976 hasta el 30 de junio de 1977, por
nombramiento que se hiciera a través de la Resolución 209 del 3 de septiembre
de 1976;
(c) del 16 de septiembre de 1977 al 30 de junio de 1978, por mandato de la
Resolución 356 del 16 de septiembre de 1977;
(d) desde el 7 de septiembre de 1978 al 30 de junio de 1979, de acuerdo con la
Resolución 128 del 7 de septiembre de 1978;
(e) a partir del 1 de septiembre de 1979 al 28 de febrero de 1980, en virtud de la
Resolución 220 del 18 de septiembre de 1979;
(f) del 27 de febrero de 1992 hasta el 30 de mayo de 2014, por nombramiento
que se hiciera mediante el Decreto 0184 del 18 de febrero de 1992.
5. Cumplido el tiempo y la edad exigidos legalmente, el accionante le solicitó a la
UGPP el reconocimiento de la pensión gracia, pero su petición fue negada a través
de las resoluciones RDP 002975 del 9 de febrero de 2021 y RDP 008374 del 9 de abril
de 2021, que indicaron que por no estar relacionados los periodos de servicios en la
certificación electrónica de tiempos laborados – CETIL, y debido a que el demandante
1 Samai Tribunal, índice 0006, ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 6, 001_004ACTAREPARTO.
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Demandante: Segundo Abel Cañar Cañar
Demandada. UGPP
no cumplía con los requisitos establecidos para el reconocimiento de la pensión gracia,
no podía otorgarse esta.
6. Estimó que la UGPP desconoció que prestó sus servicios como docente
territorial y nacionalizado, con vinculación anterior al 31 de diciembre de 1980,
presupuestos que le otorgan el derecho al reconocimiento de la pensión gracia al
cumplir, además, con la edad, el tiempo de servicio y haber desempeñado su labor
con honradez, consagración y buena conducta.
2.1.2. Normas violadas y concepto de violación
7. En la demanda se citan las siguientes normas vulneradas:
• Ley 153 de 1987.
• Ley 71 de 1988
• Ley 114 de 1913.
• Ley 116 de 1928.
• Ley 4 de 1966.
• Ley 91 de 1989.
• Ley 37 de 1933.
• Ley 100 de 1993.
• Ley 812 de 2003.
• Decreto Ley 2277 de 1979.
8. La parte demandante transcribió apartes de la normativa y de la jurisprudencia
de esta corporación relacionadas con el reconocimiento de la pensión gracia, para
concluir que en su caso la entidad accionada se apartó del ordenamiento jurídico e
hizo una interpretación errónea de los tiempos de servicio docente.
2.2. Contestación de la demanda
9. La UGPP, a través de apoderado, se opuso a las pretensiones de la demanda,
porque el demandante no probó que estuvo al servicio docente por más de 20 años,
mediante vinculación departamental, municipal, distrital o nacionalizada; al contrario,
las pruebas que obran en el expediente administrativo dan cuenta que su relación fue
del orden nacional, en tanto en sus nombramientos intervino el delegado del Ministerio
de Educación Nacional.
10. Agregó que las documentales no indican el tipo de vinculación ni el origen de
los recursos. Subrayó que el segundo aspecto es de suma importancia, porque si los
salarios devengados por el demandante como docente del departamento de Nariño
fueron pagados con recursos de la Nación y/o del Sistema General de Participaciones,
no tendría derecho a la pensión gracia. Señaló que tampoco probó el peticionario
haber desempeñado el cargo con honradez y buena conducta.
11. Finalmente, propuso las excepciones de cosa juzgada, cobro de lo no debido y
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prescripción de las mesadas pensionales2.
2.3. Sentencia de primera instancia
12. El Tribunal Administrativo de Nariño, en la sentencia del 15 de noviembre de
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2024 , accedió a las pretensiones de la demanda en los siguientes términos:
PRIMERO.- Declarar la nulidad de las Resoluciones RDP 002975 del 9 de febrero de
2021 y RDP 008374 del 9 de abril de 2021 proferidas por la UGPP, mediante las cuales
se negó el reconocimiento de la pensión gracia a favor del señor Segundo Abel Cañar
Cañar.
SEGUNDO.- Ordenar a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social «UGPP» el reconocimiento y pago
de la pensión jubilación gracia al señor Segundo Abel Cañar Cañar del promedio de
todos los factores salariales devengados en el año inmediatamente anterior a la
consolidación de su estatus pensional (30 de septiembre de 2004 a 30 de septiembre
de 2005), estipulados en la ley.
La entidad demandada deberá actualizar los valores debidos en los términos del
artículo 187 del CPACA, debiendo dar aplicación a la fórmula utilizada por la
Jurisprudencia del Consejo de Estado, teniendo en cuenta la fecha de causación y
pago efectivo de esos valores:
R= Rh Índice final
Índice inicial
En la fórmula el valor presente (R) se determina multiplicando el valor histórico (Rh),
que es la diferencia dejada de percibir por el demandante, por el guarismo que resulta
de dividir el índice final de precios al consumidor certificado por el DANE (vigente a la
fecha de ejecutoria esta sentencia) y el índice inicial (vigente para la fecha en que
debió hacerse el pago).
Por tratarse de pagos de tracto sucesivo la fórmula citada se aplicará separadamente,
mes por mes, para cada diferencia de la mesada pensional, iniciando desde la fecha
de su causación –teniendo en cuenta que el estatus pensional lo adquirió el 30 de
septiembre de 2005– y observando que el índice inicial es el vigente al momento de
causación de cada mesada pensional”.
TERCERO.- Declarar la prescripción de las mesadas causadas con anterioridad al 10
de septiembre de 2017, conforme a lo expuesto en la presente providencia.
CUARTO.- Condenar en costas de esta instancia a la parte demandada, en favor de
la parte demandante, las cuales se liquidarán por Secretaría conforme a los artículos
365 y 366 del CGP.
QUINTO.- En firme esta providencia, la misma será archivada previas las anotaciones
de rigor.
2 Samai Tribunal, índice 0006, ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 6, 001_008CONTESTACIONUGPP.
3 Samai Tribunal, índice 00044, ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 44, 37_SENTENCIA.
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13. Indicó que se demostró que la parte accionante cumplió la edad de 50 años el
30 de mayo de 1999. Se desempeñó en la labor docente con honradez, consagración
y buena conducta, pues en su contra no se registró ninguna sanción disciplinaria, ni
existe ninguna otra prueba que dé cuenta de lo contrario.
14. Quedó demostrado que la parte accionante se vinculó como profesor de
educación de adultos en el centro La Rosa del municipio de Pasto, por medio de la
Resolución 020 del 10 de marzo de 1976. Luego, a través de las resoluciones 209 del
3 de septiembre de 1976, 356 del 16 de septiembre de 1977, 128 del 7 de septiembre
de 1978 y 220 del 18 de septiembre de 1979 fue nombrado profesor de alfabetización
en el Centro Aranda y como maestro alfabetizador en el cargo de director del centro
Miraflores del municipio de Pasto, respectivamente.
15. Aseveró que la vinculación del demandante fue como alfabetizador de adultos,
que corresponde al ejercicio de la profesión docente, según la jurisprudencia del
Consejo de Estado.
16. Indicó que si bien en la designación que se hizo a través de la Resolución 020
del 10 de marzo de 1976 participó un delegado del Ministerio de Educación Nacional
junto con la respectiva autoridad territorial – secretario de educación, ese hecho no
significa que la vinculación pueda considerarse como nacional, conforme a la
sentencia de unificación SUJ2-011-18 del 21 de junio de 2018 de la Sección Segunda
del Consejo de Estado. Además, los salarios percibidos por el docente costeados con
dineros del situado fiscal no mutan en nacional el carácter de la vinculación.
17. En ese orden, los tiempos laborados en virtud de tales resoluciones sí podían
tenerse en cuenta para efectos de considerar la vinculación antes del 31 de diciembre
de 1980.
18. Por otra parte, encontró probado que: (a) a través del Decreto 0184 del 18 de
febrero de 1992 el gobernador del departamento de Nariño nombró al demandante
como profesor de tiempo completo en el colegio Genaro León del municipio de
Guachucal; (b) por medio del Decreto 031 del 27 de julio de 1992 el alcalde del
municipio de Tangua lo nombró docente nacionalizado como director de la escuela
rural mixta El Tambor; (c) mediante el Decreto 48 del 5 de noviembre de 1993, ese
mismo alcalde lo trasladó en comisión al colegio Pedro León Torres; (d) finalmente,
en virtud del Decreto 004 del 16 de enero de 1996 fue trasladado a la institución
educativa Alberto Quijano Guerrero de Tangua, siendo este el último establecimiento
educativo en el que laboró, sumando un total de servicios prestados de 341 meses,
los cuales superaban los 20 años de trabajo docente con vinculación territorial –
nacionalizada, que lo hacían acreedor de la pensión gracia.
19. Finalmente, manifestó que como el demandante cumplió el estatus pensional
el 30 de septiembre de 2005, radicó la reclamación administrativa el 10 de septiembre
de 2020 y presentó la demanda el 2 de junio de 2021, esto es, dentro de los tres años
siguientes, debían declararse prescritas las mesadas causadas con anterioridad al 10
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de septiembre de 2017.
2.4. Recurso de apelación
20. La UGPP, mediante apoderado, interpuso recurso de apelación4 para que se
revoque la sentencia de primera instancia, con fundamento en los siguientes
razonamientos:
21. No se probó que el demandante estuvo al servicio docente por más de 20 años
mediante vinculación departamental, municipal, distrital o nacionalizada, al contrario,
las pruebas dan cuenta que prestó labores como alfabetizador desde el año 1976 y,
posteriormente, como profesor de tiempo completo a partir del año 1992, ambas
labores de carácter nacional porque en los nombramientos intervinieron delegados del
Ministerio de Educación Nacional.
22. Se debe tener en cuenta que el manejo y financiación de los programas de
alfabetización y educación para adultos estaban a cargo del Ministerio de Educación
Nacional; además, la calidad de docente alfabetizador conlleva al cumplimiento de un
programa de orden nacional, no territorial, por lo que el tiempo de servicio prestado
por el demandante durante esa labor docente no puede computarse para reconocer
la pensión gracia.
23. También, obran los certificados de información laboral que dan cuenta que el
accionante prestó sus servicios como docente a través de vinculaciones de carácter
nacional; en consecuencia, no se demostró la prestación del servicio en la docencia
oficial del orden departamental, municipal o distrital por más de 20 años.
24. Aunado a lo anterior, los tiempos de servicio fueron pagados con dineros
provenientes del situado fiscal o del Sistema General de Participaciones, por lo que
no pueden tenerse como válidos para acreditar el requisito de los 20 años para
reclamar el derecho a la pensión gracia, toda vez que resultan ser recursos exógenos
al ser transferidos por la Nación a las entidades territoriales, sin que por ello dejen de
ser recursos nacionales.
25. Por último, sostuvo que no es procedente la condena en costas porque solo
habrá lugar a esta cuando en el expediente aparezcan causadas y siempre y cuando
estén probadas, situación que no se configuró en este caso por cuanto la entidad obró
conforme al principio de legalidad.
2.5. Trámite procesal en segunda instancia
26. Mediante auto del 5 de mayo de 20255, el despacho ponente admitió el recurso
de apelación según lo previsto en el numeral 3 del artículo 247 del CPACA, modificado
por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021.
4 Samai Tribunal, índice 00048, ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 44,48_RECURSODEAPELACION.
5 Samai, índice 00004, ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 4, 5_AUTOQUEADMITE.
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3. Consideraciones
3.1. Competencia
27. El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso–Administrativo, es competente
para conocer de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias
proferidas en primera instancia por los tribunales administrativos, de conformidad con
el artículo 150 del CPACA.
3.2. Problema jurídico
28. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación contra el
fallo de primera instancia que accedió a las pretensiones de la demanda y en razón a
la competencia del juez de segunda instancia, de conformidad con el artículo 3286 del
Código General del Proceso (CGP), corresponde a la Sala definir si:
29. ¿El demandante cuenta con el tiempo de servicio docente de 20 años con
vinculación territorial o nacionalizada, para acceder al reconocimiento y pago de la
pensión gracia?
30. ¿El Tribunal Administrativo de Nariño debía analizar la conducta de la parte
vencida en juicio para disponer sobre la condena en costas?
3.3. Marco normativo y reiteración jurisprudencial
3.3.1. La pensión gracia
31. La pensión de jubilación gracia fue establecida por la Ley 114 de 19137,
beneficiando a los maestros de las escuelas primarias oficiales que hubieran servido
en el magisterio por al menos 20 años, siempre que desempeñen el empleo con
honradez y consagración y no se reciba otra pensión o recompensa de carácter
nacional.
32. La Ley 116 de 19288 amplió este beneficio a los empleados docentes y
profesores de las escuelas normales, así como a los inspectores de instrucción
pública. Según el artículo 6 de esta ley, se permitió a los docentes sumar los servicios
prestados en diferentes épocas, tanto en la enseñanza primaria como en la normalista,
para completar el tiempo requerido para acceder a la pensión, por lo que se equiparó
la inspección de instrucción pública a la enseñanza primaria para estos efectos.
6 CGP, artículo 328. «Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre
los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos
previstos por la ley. // Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló
hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones. // En la apelación de autos, el superior sólo
tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación
fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella. // En el trámite de la apelación no se
podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la
audiencia».
7 Por medio de esta ley «se crean pensiones de jubilación a favor de los Maestros de Escuela».
8 «Por la cual se aclaran y reforman varias disposiciones de la Ley 102 de 1927».
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33. Posteriormente, la Ley 37 de 19339 extendió el beneficio de la pensión gracia
de jubilación a los maestros de escuela que hubieran completado el tiempo de servicio
estipulado por la ley en establecimientos de enseñanza secundaria.
34. Por su parte, la Ley 91 de 198910, en el artículo 15, numeral 2, literal a), limitó
la vigencia temporal del derecho al reconocimiento de la pensión gracia para los
docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980, siempre que reunieran la
totalidad de los requisitos legales, señala textualmente la norma en mención que:
Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de las
Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieran
desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia,
se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta
pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión Social conforme al
Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún en
el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la nación.
35. Entonces, es dable afirmar que el punto de partida para definir si el docente
tiene derecho a la pensión gracia se encuentra en la clasificación contenida en la Ley
91 de 1989, cuyo artículo 1.° categorizó y definió a los docentes de la siguiente
manera:
• Personal nacional: son los docentes vinculados por nombramiento del Gobierno
Nacional.
• Personal nacionalizado: son (i) los docentes vinculados por nombramiento de
entidad territorial antes del 1.º de enero de 1976 y (ii) los docentes vinculados a
partir de esa fecha a una plaza nacionalizada en virtud del proceso de
nacionalización de la educación que se adelantó por disposición de la Ley 43 de
1975.
• Personal territorial: son los docentes vinculados por nombramiento de entidad
territorial a partir del 1.º de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito
establecido en el artículo 1011 de la Ley 43 de 1975, de manera que la plaza a
ocupar haya sido creada exclusivamente por la entidad territorial con cargo a su
propio presupuesto.
36. La norma en cita fue estudiada por la Sala Plena de lo Contencioso–
Administrativo del Consejo de Estado en sentencia S-699 de 29 de agosto de 199712,
en los siguientes términos:
9 «Por la cual se decreta el pago de una pensión a un servidor público y sobre jubilación de algunos empleados».
10 «Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio».
11 “En adelante ningún departamento, intendencia o comisaría, ni el Distrito Especial, ni los municipios podrán con
cargo a la Nación, crear nuevas plazas de maestros y profesores de enseñanza primaria o secundaria, ni tampoco
podrán decretar la construcción de nuevos planteles de enseñanza media, sin la previa autorización, en ambos
casos, del Ministerio de Educación Nacional”.
12 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia S-699 de 29 de agosto de 1997.
M.P. Nicolás Pájaro Peñaranda, actor: Wilberto Therán Mogollón.
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La disposición transcrita se refiere de manera exclusiva a aquellos docentes
departamentales o regionales y municipales que quedaron comprendidos en el
mencionado proceso de nacionalización. A ellos, por habérseles sometido
repentinamente a este cambio de tratamiento, se les dio la oportunidad de que se les
reconociera la referida pensión, siempre que reunieran la totalidad de los requisitos y
que hubiesen estado vinculados de conformidad con las Leyes 114 de 1913, 116 de
1928 y 37 de 1933, con el aditamento de su compatibilidad […] También, que dentro
del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan incluidos los docentes
nacionales sino, exclusivamente, los nacionalizados que, como dice la Ley 91 de 1989,
además de haber estado vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 “tuviesen o
llegaren a tener derecho a la pensión de gracia […] siempre y cuando cumplan con la
totalidad de requisitos”. Y por último, que sin la ley 91 de 1989, en especial la norma
contenida en el literal A, numeral 2, de su artículo 15, dichos servidores no podrían
beneficiarse del reconocimiento de tal pensión, pues habiéndose nacionalizado la
educación primaria y secundaria oficiales, dicha prestación, en realidad, no tendría el
carácter de graciosa que inicialmente le asignó la ley.
37. La Sección Segunda, en la sentencia SUJ-11-S2 de 21 de junio de 201813,
señaló que «el numeral 2 del artículo 15 de la Ley 91 de 1989 es de carácter transitorio,
para no desconocer los derechos adquiridos en relación con la pensión gracia, en
tratándose de los docentes nacionalizados», y que:
Para el reconocimiento y pago de la pensión gracia es indispensable acreditar el
cumplimiento de la totalidad de los requisitos establecidos en la normativa que la
regula, entre los que se encuentran, haber prestado los servicios como docente en
planteles departamentales, distritales o municipales por un término no menor de veinte
(20) años y que estuviere vinculado antes del 31 de diciembre de 1980; haber cumplido
cincuenta años de edad; y haberse desempeñado con honradez, consagración y
buena conducta.
38. La citada sentencia estableció las reglas de unificación respecto a que los
recursos que la Nación le transfería o cedía para los fondos educativos regionales,
cuando ingresaban a los presupuestos locales, pasaban a pertenecer a los entes
territoriales, de modo que la intervención en el acto de nombramiento del delegado del
Ministerio de Educación Nacional no cambia la calidad de docente territorial o
nacionalizado que es otorgada por la ley. En este orden, la sentencia de unificación
fijó las siguientes reglas jurisprudenciales:
i) Los recursos del situado fiscal que otrora transfería o cedía la Nación a las
entidades territoriales […], una vez se incorporaban a los presupuestos locales
pasaban a ser de propiedad exclusiva de los referidos entes en calidad de rentas
exógenas.
ii) Los entes territoriales son los titulares directos o propietarios de los recursos que les
gira la Nación, provenientes del sistema general de participaciones, por asignación
directa del artículo 356 de la Carta Política de 1991.
13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso–Administrativo, Sección Segunda, sentencia SUJ2-011-S2 de 21 de
junio de 2018. radicado 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014). M.P. Carmelo Perdomo Cuéter. Actora:
Gladys Amanda Hernández Triana.
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iii) La financiación de los gastos que generaban los fondos educativos regionales no
solo dependía de los recursos que giraba la Nación a las entidades territoriales por
concepto del situado fiscal, sino que también correspondía a los entes locales
destinar parte de su presupuesto para atender al sostenimiento de los referidos fondos
educativos (artículos 29 del Decreto 3157 de 1968; y 60, inciso 2º de la Ley 24 de
1988).
iv) Así como los fondos educativos regionales atendían los gastos que generaban
los servicios educativos de los docentes nacionales y nacionalizados14, resulta factible
colegir de manera razonada que lo propio acontecía con algunas de las erogaciones
salariales originadas por el servicio que prestaban los educadores territoriales […].
v) Por tanto, no es dable inferir que los docentes territoriales y/o nacionalizados se
convierten en educadores nacionales (i) cuando en el acto de su vinculación interviene,
además del representante legal de la entidad territorial, el delegado permanente del
Ministerio de Educación Nacional como miembro de la junta administradora del
respectivo fondo educativo regional y asimismo, este último, certifica la vacancia del
cargo junto con la disponibilidad presupuestal15; y (ii) por el argumento de que los
recursos destinados para su sostenimiento tienen su origen o fuente en la Nación.
vi) Prueba de calidad de docente territorial. Se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer con
suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto
como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la respectiva
certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el
tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial es de carácter
territorial.
vii) Origen de los recursos de la entidad nominadora. Lo esencialmente relevante,
frente al reconocimiento de la pensión gracia, es la acreditación de la plaza a ocupar
[…].
39. De acuerdo con lo expuesto, la pensión gracia de jubilación se otorga a los
docentes que hayan trabajado de manera continua o discontinua, vinculados antes del
31 de diciembre de 1980 y que cumplan con 20 años de servicio en establecimientos
educativos de orden departamental, distrital o municipal, con vinculación territorial o
nacionalizada. No es posible acumular tiempos de servicio del orden nacional.
3.3.2. De la condena en costas
40. De acuerdo con la jurisprudencia de esta Sección, el concepto de las costas
procesales está asociado a «todos los gastos necesarios o útiles dentro de una
actuación de esa naturaleza y comprend[e] los denominados gastos o expensas del
proceso»16. En el CPACA corresponden a los «gastos ordinarios […] y [a] otros como
14 Al respecto se puede consultar el Decreto 3157 (artículo 34) de 1968, la Ley 43 (artículo 6) de 1975, el Decreto
102 de 1976, la Ley 24 (artículo 54) de 1988, y el Decreto 1706 (artículo 10) de 1989.
15 Artículo 73 (numerales 8 y 15) del Decreto 525 de 1990.
16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 7 de
abril de 2016, exp. 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-14), M.P. William Hernández Gómez. // Consejo de
Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 20 de febrero de
2025, exp. 05001-23-33-000-2021-01292-02 (3768-2022), M.P. Luis Eduardo Mesa Nieves.
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son los necesarios para [el] traslado de testigos y para la práctica de la prueba pericial,
los honorarios de auxiliares de la justicia como peritos y secuestres, transporte de
expediente al superior en caso de apelación, pólizas, copias, etc.»17.
41. Respecto de su imposición, la jurisprudencia ha identificado dos criterios a partir
de la regulación normativa, a saber, el objetivo-valorativo y el subjetivo. Para ello, se
debe tener en cuenta el artículo 188 del CPACA, modificado por el artículo 47 de la
Ley 2080 de 2021, que dispone lo siguiente:
Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil [hoy CGP].
En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal.
3.3.2.1. Del criterio subjetivo en la condena en costas
42. De la lectura de la norma citada, se ha considerado que la expresión «disponer»
hace referencia a «deliberar, determinar, mandar lo que ha de hacerse»18 —de
acuerdo con la Real Academia Española—. En ese orden, «disponer» en la sentencia
«sobre la condena en costas no presupone su causación per se contra la parte que
pierda el litigio y solo, en caso de que estas sean impuestas, se acudirá a las normas
generales del procedimiento para su liquidación y ejecución»19.
43. Por esta razón, se ha indicado que, de conformidad con el artículo citado, la
condena no es «automática» u «objetiva» en relación con la parte vencida en el
proceso20, puesto que se ha considerado necesario el análisis de otros factores, tales
como «temeridad, la mala fe y la existencia de pruebas en el proceso sobre los gastos
y costas en el curso de la actuación, en donde el juez debía ponderar dichas
circunstancias y sustentar la decisión, existiendo un margen de análisis mínimo en el
que el director del proceso evaluara las circunstancias para imponerla o no»21.
44. Por lo anterior, se ha concluido que la imposición de la referida condena, en
materia contenciosa-administrativa, requiere un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes22. En ese sentido, antes de
su imposición, el juez debe verificar diferentes factores, tales como la temeridad o
mala fe de las partes. Al respecto, esta Subsección23 ha precisado lo siguiente:
17 Ibidem.
18 https://dle.rae.es/disponer.
19 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 1 de
diciembre de 2016, exp. 70001-23-33-000-2013-00065-01 (1908-14), M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
20 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 7 de
abril de 2016, exp. 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-14), M.P. William Hernández Gómez.
21 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 7 de
noviembre de 2024, exp. 50001-23-33-000-2018-00212-01 (2428-2023), M.P. Luis Eduardo Mesa Nieves.
22 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 1 de
diciembre de 2016, exp. 70001-23-33-000-2013-00065-01 (1908-14), M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
23 En igual sentido, se pueden consultar las siguientes providencias, proferidas con posterioridad a la expedición
de la Ley 2080 de 2021: (a) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda,
Subsección B, sentencia del 6 de febrero de 2025, exp. 08001-23-33-000-2016-00419-01 (0145-2023), M.P. Juan
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[El] juicio de ponderación supone que el reproche hacia la parte vencida esté revestido
de acciones temerarias o dilatorias que dificulten el curso normal de las diferentes
etapas del procedimiento, cuando por ejemplo sea manifiesta la carencia de fundamento
legal de la demanda, excepción, recurso, oposición o incidente, o a sabiendas se
aleguen hechos contrarios a la realidad; se aduzcan calidades inexistentes; se utilice el
proceso, incidente o recurso para fines claramente ilegales o con propósitos dolosos o
fraudulentos; se obstruya, por acción u omisión, la práctica de pruebas; se entorpezca
el desarrollo normal y expedito del proceso; o se hagan transcripciones o citas
deliberadamente inexactas (artículo 79 CGP)24.
3.3.2.2. Del criterio objetivo valorativo en la condena en costas
45. En contraposición a la postura descrita, se encuentra la perspectiva objetivo–
valorativa, según la cual la parte vencida debe asumir las costas procesales
(componente objetivo), siempre y cuando se hayan causado (elemento valorativo),
independientemente de la conducta de los sujetos procesales durante la actuación.
46. Para tal efecto, se considera que en el Decreto 01 de 1984 se dispuso que en
todos los procesos habría condena en costas (criterio objetivo); posteriormente, la Ley
446 de 1998 introdujo como modificación, que el juez debía tener en cuenta la
conducta asumida por las partes (criterio subjetivo). No obstante, en el año 2011, el
legislador dejó de referirse al elemento subjetivo «conducta asumida por las partes»,
para implementar un criterio objetivo-valorativo, con salvedad de los procesos en los
que se ventile un interés público. Finalmente, en el año 2021, la Ley 2080 adicionó un
inciso al artículo 188 del CPACA, según el cual la condena en costas procede en los
casos en los que se presentó la demanda con «manifiesta carencia de fundamento
legal».
47. Asimismo, desde esta perspectiva se considera que la adición del inciso
segundo al artículo 188 del CPACA (por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021) no
implica una variación al régimen de las costas previsto por el legislador de 2011. Lo
anterior, porque el inciso primero de esa disposición no fue objeto de modificación o
adición y, en tal sentido, el criterio objetivo-valorativo25 para su imposición (adoptado
Enrique Bedoya Escobar; (b) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda,
Subsección B, sentencia del 13 febrero de 2025, exp. 76001-33-33-004-2019-00626-01 (5758-2022), M.P. Juan
Enrique Bedoya Escobar; (c) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda,
Subsección B, sentencia del 27 de febrero de 2025, exp. 76001-23-33-000-2018-00791-01 (0251-2023) M.P. Juan
Enrique Bedoya Escobar; y (d) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda,
Subsección B, sentencia del 10 de abril de 2025, exp. 15001-2333-000-2017-00604-01 (0552-2021), M.P. Jorge
Edison Portocarrero Banguera; entre otras.
24 Ibidem.
25 En sentencia de 23 de julio de 2020, exp. 11001032500020170007300 (0301-2017), M.P. William Hernández
Gómez, la Subsección A de la Sección Segunda de esta corporación explicó que, en materia de condena en costas,
el CPACA adoptó un criterio objetivo-valorativo para su imposición. Se dijo en esa oportunidad que: // «a) El
legislador introdujo un cambio sustancial respecto de la condena en costas, al pasar de un criterio «subjetivo» —
CCA— a uno «objetivo valorativo» —CPACA—. // b) Se concluye que es «objetivo» porque en toda sentencia se
«dispondrá» sobre costas, es decir, se decidirá, bien sea para condenar total o parcialmente, o bien para
abstenerse, según las precisas reglas del CGP. // c) Sin embargo, se le califica de «valorativo» porque se requiere
que en el expediente el juez revise si las mismas se causaron y en la medida de su comprobación. Tal y como lo
ordena el CGP, esto es, con el pago de gastos ordinarios del proceso y con la actividad del abogado efectivamente
realizada dentro del proceso. Se recalca, en esa valoración no se incluye la mala fe o temeridad de las partes.
[…]». Sobre esta temática también puede verse el auto de 7 de abril de 2016. Exp. 13001-23-33-000-2013-00022-
01 (1291-2014), proferido por la misma Subsección de esta corporación.
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desde el año 2011) se mantiene vigente y, bajo ese entendido, el juez siempre
«dispondrá» sobre las costas, de acuerdo con los supuestos previstos en el artículo
365 del CGP, sin que haya lugar a valorar la conducta procesal de la parte a la cual
se impone la condena, dado que el CPACA y, a su turno, el CGP no exigen tal
condicionamiento26.
48. En ese orden de ideas, se ha considerado que el criterio es objetivo-valorativo,
objetivo, porque en la sentencia «se dispondrá» sobre la condena en costas de
acuerdo con las reglas del CGP, es decir, en contra de la parte vencida. Valorativo,
por cuanto «se requiere que el juez revise si ellas se causaron y en la medida de su
comprobación (como sucede con el pago de gastos ordinarios del proceso y con la
actividad profesional realizada dentro del proceso), sin que en esa valoración se
incluya la mala fe o temeridad de las partes»27.
3.3.2.3. Del criterio mayoritario de la Sección Segunda, Subsección B del
Consejo de Estado
49. Frente a la discusión existente sobre las referidas alternativas interpretativas,
que no es pacífica al interior del Consejo de Estado, esta Subsección ha acogido de
forma mayoritaria, más no unánime (debido a la posición de la magistrada ponente28),
el criterio subjetivo que, como se indicó, consiste en que para decretar la condena en
costas se debe verificar que la parte vencida actuó de manera temeraria o de mala fe;
perspectiva de análisis a partir de la cual se resolverá el problema planteado en esta
oportunidad.
3.4. Hechos probados
50. En el plenario obran las pruebas que dan cuenta de los siguientes hechos:
26 En este mismo sentido pueden consultarse las siguientes providencias de esta corporación: i) Sección
Primera, sentencia del 29 de agosto de 2024, exp. 05001-23-33-000-2014-01093-01; ii) Sección Tercera,
Subsección A, sentencia del 13 de agosto de 2024, exp. 52001-23-33-000-2015-00128-01 (66.988), y iii) Sección
Cuarta, sentencia del 3 de agosto de 2023, exp. 19001-23-33-000-2020-00018-01 (26447).
27 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 2 de
diciembre de 2021, exp. 08001-23-31-000-2014-01019-01 (2665-19).
28 La magistrada ponente considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un criterio
objetivo valorativo por varias razones a saber: (a) El artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de
procedencia en materia de costas para el proceso de lo contenciosoadministrativo. (b) Dicho artículo 188 no
excluye la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en el
expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». (c) La temeridad o mala fe deben ser
valoradas por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de determinar la eventual
responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (d) El inciso segundo del artículo 188 no
morigera el criterio objetivo, por el contrario, amplía su espectro al considerar que en los asuntos en los que se
ventila un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se establezca que
se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal». (e) Los parámetros antes enunciados son
producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio de las de carácter especial
como los artículos 265 a 269 del CPACA. // Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la
Corte Constitucional, que a propósito del régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para
imponer la condena en costas el juez ya no tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la
hora de condenar en costas, sino la derrota en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo-
valorativo”. En el mismo sentido: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda,
Subsección A, sentencia de 7 de abril de 2016, exp. 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-14), M.P. William
Hernández Gómez.
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• Edad
51. Para reconocer el derecho pensional reclamado se requiere haber cumplido 50
años. En el caso concreto, el señor Segundo Abel Cañar Cañar nació el 30 de mayo
de 1949, según copia de su cédula de ciudadanía29, en consecuencia, cumplió la edad
de 50 años el 30 de mayo de 1999.
• Vinculación docente
52. Según las copias de las diferentes resoluciones, el secretario de educación
pública del departamento de Nariño nombró al señor Segundo Abel Cañar Cañar
como profesor, en diferentes instituciones educativas del municipio de Pasto. En
dichos nombramientos intervino el delegado del Ministerio de Educación Nacional. Las
designaciones corresponden a las siguientes:
• Resolución 020 del 10 de marzo de 197630, como profesor de educación de
adultos en el Centro La Rosa.
• Resolución 209 del 3 de septiembre de 197631, como profesor de alfabetización
de educación de adultos en el Centro Aranda.
• Resolución 356 del 16 de septiembre de 197732, como profesor de
alfabetización de educación de adultos en el cargo de director del Centro
Miraflores.
• Resolución 128 del 7 de septiembre de 197833, como profesor alfabetizador del
Centro Miraflores.
• Resolución 220 del 18 de septiembre de 197934, como profesor de
alfabetización en el cargo de director del Centro Miraflores.
53. La anterior información se constata de la copia del certificado de tiempos
laborados -CETIL- del 1 de septiembre de 202035, que da cuenta que el peticionario
laboró para el departamento de Nariño, durante los siguientes periodos: (a) del 10 de
marzo de 1976 al 30 de junio de 1976; (b) desde el 3 de septiembre de 1976 al 30 de
junio de 1977; (c) a partir del 16 de septiembre de 1977 al 30 de junio de 1978; (d) del
7 de septiembre de 1978 al 30 de junio de 1979.
54. En la copia de la constancia de la oficina de recursos humanos de la Secretaría
de Educación Departamental de Nariño del 20 de febrero de 202036, se observa que
29 Samai Tribunal, índice 0006, ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 6, 1_001_ED_DEMANDAYANEXOS, pp.41.
30 Samai Tribunal, índice 0006, ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 6, 1_001_ED_DEMANDAYANEXOS, pp.54.
31 Samai Tribunal, índice 0006, ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 6, 1_001_ED_DEMANDAYANEXOS, pp.55 a 57.
32 Samai Tribunal, índice 0006, ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 6, 1_001_ED_DEMANDAYANEXOS, pp.58 a 59.
33 Samai Tribunal, índice 0006, ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 6, 1_001_ED_DEMANDAYANEXOS, pp.61 a 63.
34 Samai Tribunal, índice 0006, ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 6, 1_001_ED_DEMANDAYANEXOS, pp.64 a 66.
35 Samai Tribunal, índice 0006, ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 6, 1_001_ED_DEMANDAYANEXOS, pp.64 a 66.
36 Samai Tribunal, índice 0006, ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 6, 1_001_ED_DEMANDAYANEXOS, pp.42 Y 43.
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el peticionario laboró en el Centro Miraflores desde el 1 de septiembre de 1979 hasta
el 28 de febrero de 1980 en virtud de la Resolución 128 del 7 de septiembre de 1978.
55. Según la copia del Decreto 0184 del 18 de febrero de 199237, el gobernador del
departamento de Nariño nombró a Cañar Cañar profesor de tiempo completo en el
colegio Genaro León del municipio de Guachucal, en reemplazo de Baudilio Lupercio
Obando. Dicho acto fue suscrito también por el secretario de educación y el delegado
del Ministerio de Educación.
56. La copia del acta de posesión del 27 de febrero de 199238, señala que Segundo
Abel Cañar Cañar se presentó al despacho de la secretaría de educación pública de
Nariño con el objeto de tomar posesión del cargo de profesor de tiempo completo del
colegio Genaro León del municipio de Guachucal, para el que fue nombrado mediante
el Decreto 0184 del 18 de febrero de 1992.
57. Según la copia del Decreto 031 del 27 de julio de 199239 el alcalde municipal
de Tangua, en ejercicio de sus facultades legales conferidas por el artículo 9 de la Ley
29 de 1989 y de conformidad con los decretos 2277 de 1979 y 1706 de 1989, nombró
al señor Cañar Cañar en propiedad como docente nacionalizado de primaria para
ocupar el cargo de director de la Escuela Rural Mixta el Tambor de ese municipio, el
cual se encontraba vacante al haber renunciado la señora Doris Gilma Mejía
Benavides.
58. La copia del acta del 29 de julio de 199240 da cuenta que el señor Segundo
Abel Cañar Cañar se presentó al despacho del alcalde municipal de Tangua para
tomar posesión del cargo de docente nacionalizado de primaria en la escuela rural
mixta el Tambor.
59. Mediante el Decreto 033 el 13 de agosto de 199241 se aclaró el Decreto 031 del
27 de julio de 1992 (referido con anterioridad), en el sentido de indicar que el señor
Cañar Cañar ocuparía el cargo de docente nacionalizado de primaria en la seccional
de la Escuela Mixta el Tambor y no como director de esa institución.
60. Según la copia del Decreto 048 del 5 de noviembre de 199342, el alcalde del
municipio de Tangua trasladó por necesidad del servicio al ciudadano Cañar Cañar al
colegio Pedro León Torres. Del anterior cargo tomó posesión el peticionario el 5 de
diciembre de 199343.
61. La anterior información se corroboró con la copia del formato único para la
expedición de certificado de historia laboral, expedido por la Secretaría de Educación
37 Samai Tribunal, índice 0006, ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 6, 1_001_ED_DEMANDAYANEXOS, pp.67.
38 Samai Tribunal, índice 0006, ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 6, 1_001_ED_DEMANDAYANEXOS, pp.68.
39 Samai Tribunal, índice 0006, ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 6, 1_001_ED_DEMANDAYANEXOS, pp.70.
40 Samai Tribunal, índice 0006, ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 6, 1_001_ED_DEMANDAYANEXOS, pp.71.
41 Samai Tribunal, índice 0006, ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 6, 1_001_ED_DEMANDAYANEXOS, pp.72.
42 Samai Tribunal, índice 0006, ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 6, 1_001_ED_DEMANDAYANEXOS, pp.73.
43 Samai Tribunal, índice 0006, ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 6, 1_001_ED_DEMANDAYANEXOS, pp.74.
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del departamento de Nariño el 11 de agosto de 202044.
62. Se resalta que en dicho formato en los acápites «III. SITUACIÓN LABORAL» e
«IV. HISTORIA LABORAL», consta que el demandante laboró como docente en
provisionalidad con vinculación «nacional», por nombramiento que se hiciera a través
del Decreto 0184 del 18 de febrero de 1992 y que tomó posesión del cargo el 27 de
febrero próximo. También registró la designación que se le hizo en propiedad a través
del Decreto 031 de julio de 1992 y la correspondiente posesión del 29 de julio del
mismo año.
63. El mencionado documento también reporta como «NOVEDADES» que el
peticionario fue trasladado a diferentes instituciones educativas después del anterior
nombramiento y que se retiró el 30 de mayo de 2014. Asimismo, reporta del 27 de
febrero de 1992 a la data antes señalada, un tiempo total de servicios de 22 años, 3
meses y 4 días, sin registrar ausencias ni suspensiones.
64. En resumen, de las copias de las resoluciones y decretos de nombramiento,
actas de posesión y del formato único para la expedición de certificado de historia
laboral, se demuestra que el demandante prestó el servicio docente durante los
siguientes periodos:
Institución Cargo Acto Periodo Tiempo
educativa administrativo Fecha de Fecha de laborado
inicio finalización
La Rosa Alfabetizador Resolución 020 10/03/1976 30/06/1976 3 meses y
(municipio del 10 de marzo 21 días
de Pasto) de 1976
Centro Alfabetizador Resoluciones 03/09/1976 30/06/1977 9 meses y
Aranda 209 del 3 de 28 días
(municipio septiembre 1976
de Pasto)
Centro Alfabetizador Resolución 356 16/09/1977 30/06/1978 9 meses y
Miraflores del 16 de 15 días
(municipio septiembre de
de pasto) 1977
Centro Alfabetizador Resolución 128 07/09/1978 30/06/1979 9 meses y
Miraflores del 7 de 24 días
(municipio septiembre de
de Pasto) 1978
Centro Alfabetizador Resolución 220 01/09/1979 28/02/1980 5 meses y
Miraflores del 18 de 28 días
(municipio septiembre de
de Pasto) 1979
Genaro Docente de Decreto 0184 del 27/02/1992
León tiempo 18 de febrero de
(municipio completo – 1992
de provisionalidad
44 Samai Tribunal, índice 0006, ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 6, 1_001_ED_DEMANDAYANEXOS, pp.44.
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Demandante: Segundo Abel Cañar Cañar
Demandada. UGPP
Guachucal)
Escuela Docente en Decreto 031 del 29/07/1992 Traslados
Mixta el propiedad 27 de julio de
Tambor 1992
(municipio
de Tangua)
Pedro León Decreto 048 del 30/05/2014 22 años, 3
Torres 5 de noviembre meses y 4
(municipio de 1993 días
de Tangua)
– traslado
Total 25 años y
tiempo de 6 meses
servicio
Tabla 1. Tiempos de servicios (elaboración propia)
• Actos demandados
65. La UGPP, mediante las resoluciones RDP 002975 del 9 de febrero de 202145 y
RDP 008374 del 9 de abril de 202146, negó el reconocimiento de la pensión gracia
solicitada el 10 de septiembre de 2020. Ello, al considerar que los tiempos de servicio
fueron prestados en virtud de nombramientos del orden nacional.
3.5. Caso concreto
66. En el asunto bajo análisis, el accionante solicita la nulidad de las resoluciones
que le negaron el reconocimiento de la pensión gracia, por cuanto cumple la edad, el
tiempo de servicio para acceder a dicho derecho y se desempeñó como docente con
buena conducta.
67. El Tribunal accedió al reconocimiento de la pensión gracia con fundamento en
que el demandante cumple con la totalidad de los requisitos establecidos para el efecto.
68. Inconforme con esta decisión, la UGPP interpuso recurso de apelación para que
se revoque la sentencia y se nieguen las pretensiones de la demanda. Estima que los
tiempos de servicio prestados por el demandante fueron del orden nacional, según los
diferentes documentos obrantes en el plenario; máxime que el manejo y financiación
de los programas de alfabetización y educación para adultos se encontraban a cargo
del Ministerio de Educación Nacional, por lo que tal calidad -alfabetizador- conlleva al
cumplimiento de un programa de orden nacional. Además, los salarios por esa labor
fueron financiados por el Sistema General de Participaciones.
69. En este contexto, la Sala procede a verificar si el demandante tiene derecho al
reconocimiento de la pensión gracia.
45 Samai Tribunal, índice 0006, ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 6, 1_001_ED_DEMANDAYANEXOS, pp.17 a 19.
46 Samai Tribunal, índice 0006, ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 6, 1_001_ED_DEMANDAYANEXOS, pp.22 a 28.
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Demandante: Segundo Abel Cañar Cañar
Demandada. UGPP
3.5.1. Vinculación docente antes del 31 de diciembre de 1980
70. El análisis en conjunto de las copias de las resoluciones 020 del 10 de marzo
de 1976, 209 del 3 de septiembre 1976, 356 del 16 de septiembre de 1977, 128 del 7
de septiembre de 1978 y 220 del 18 de septiembre de 1979, demuestra que la parte
demandante fue nombrada, por el secretario de educación pública de Nariño, como
profesor de alfabetización de educación de adultos en diferentes instituciones
educativas del municipio de Pasto, de lo cual también dan cuenta los actos de
posesión ante los diferentes despachos de los alcaldes municipales.
71. Al respecto, lo primero que debe decirse es que el ejercicio de la docencia en
programas de educación de adultos en el nivel de alfabetización, conforme a lo
dispuso el artículo 7.º del Decreto 1830 de 1966, tiene como misión específica la
enseñanza de la lectura, escritura, cívica y nociones de aritmética, la iniciación en
actividades profesionales y habilitar al alfabetizado para su ingreso a los cursos de
educación general básica y a los de formación profesional.
72. Con la expedición del Decreto 378 de 1970, «por el cual se establece la
educación primaria para adultos en todo el territorio nacional», se incluyó, además de
la enseñanza referida con anterioridad, los estudios de ciencias sociales y naturales y
el de formación religiosa.
73. En el artículo 2 del Decreto 2277 de 1979, «por el cual se adoptan normas sobre
el ejercicio de la profesión docente», se previó lo siguiente:
Profesión docente. Las personas que ejercen la profesión docente se denominan
genéricamente educadores.
Se entiende por profesión docente el ejercicio de la enseñanza en planteles
oficiales y no oficiales de educación en los distintos niveles de que trata este
Decreto. Igualmente incluye esta definición a los docentes que ejercen funciones
de dirección y coordinación de los planteles educativos, de supervisión e
inspección escolar, de programación y capacitación educativa, de consejería y
orientación de educandos, de educación especial, de alfabetización de adultos y
demás actividades de educación formal autorizadas por el Ministerio de
Educación Nacional, en los términos que determine el reglamento ejecutivo.
74. Ahora, la Sala estima pertinente señalar que la labor de alfabetización fue
definida expresamente en el parágrafo del artículo 3 del Decreto 0428 del 7 de febrero
de 1986 y, a su turno, en el artículo 6 de Decreto 3011 de 19 de diciembre de 1997
que indicó:
Para efectos del presente decreto la alfabetización es un proceso formativo tendiente
a que las personas desarrollen la capacidad de interpretar la realidad y de actuar, de
manera transformadora, en su contexto, haciendo uso creativo de los conocimientos,
valores y habilidades a través de la lectura, escritura, matemática básica y la cultura
propia de su comunidad.
El proceso de alfabetización hace parte del ciclo de educación básica primaria y su
propósito fundamental es el de vincular a las personas adultas al servicio público
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educativo y asegurar el ejercicio del derecho fundamental a la educación y la
consecución de los fines de la educación consagrados en el artículo 5º de la Ley 115
de 1994.
75. La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante
sentencia del 27 de mayo de 201547, con ponencia del magistrado Gerardo Arenas
Monsalve, explicó en los siguientes términos por qué quienes ejercen la labor de
alfabetización no desempeñan una tarea administrativa, sino docente, que permite
catalogar a los que la realizan, en representación del Estado, como maestros oficiales:
Al respecto, las normas en cita le permiten a la Sala arribar a la conclusión de que la
instrucción en alfabetización, dispuesta por el Gobierno Nacional, implica el ejercicio
de la actividad docente en estricta observancia de los contenidos curriculares
diseñados por el Ministerio de Educación Nacional, de acuerdo a las necesidades y el
entorno de la comunidad educativas del país.
Ello, a diferencia de lo considerado por el Tribunal, no comporta el ejercicio de una
actividad administrativa sino, por el contrario, de la actividad docente propiamente
dicha en la que un educador transmite, a través de un método pedagógico, las
nociones de lectoescritura a una población adulta previamente definida.
Sobre este mismo particular, resulta relevante destacar que, esta Sección ha sostenido
en forma consistente e invariable que la labor docente, a diferencia de lo expresado
por el Tribunal, se concibe como la prestación de un servicio público subordinado al
cumplimiento de los reglamentos propios del servicio público de la educación48. Así las
cosas, estima la Sala, no le asiste la razón al Tribunal cuando afirma que dicho
servicio, tratándose de docentes alfabetizadores, corresponde a una tarea
eminentemente administrativa y voluntaria.
Lo anterior, toda vez que independientemente de los contenidos que estos transmitan
en ejercicio de su catedra, llámese educación formal, no formal o instrucción por
alfabetización, su condición no es otra que la de docentes oficiales.
76. A partir de la caracterización de la alfabetización y de la precisión de su ejercicio
como una labor docente de carácter oficial, esta corporación de manera reiterada
ha indicado que el tiempo laborado en dicha tarea válidamente puede computarse
para efectos del reconocimiento de la pensión gracia, como lo justificó la Sección
Segunda, Subsección A del Consejo de Estado, en sentencia del 25 de septiembre
de 202549, así:
En este punto, debe destacarse que a través del Decreto 1830 de 1966 se reglamentó
la educación para adultos, cuyo artículo 7 determinó que la alfabetización «constituye
la etapa inicial de programas más amplios de educación de adultos y tiene como misión
específica la enseñanza de la lectura, escritura, cívica y nociones de aritmética, la
iniciación en actividades profesionales, habilitando al alfabetizado para su ingreso a
los cursos de educación general básica y a los de formación
profesional». Posteriormente, el Decreto 378 de 1970 estableció la educación primaria
para adultos en todo el territorio nacional y mediante el artículo 2 del Decreto 2277 de
47 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, exp. 25000-23-25-
000-2012-01126-01(2823-13).
48 Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “B”, Consejero Ponente: Dr. Jesús María
Lemos Bustamante, Expediente No. interno 2460-2003, Actora: Sonia Stella Prada Cáceres.
49 Rad. 76001 23 33 000 2021 00954 01 (0390-2025), M.P. Juan Camilo Morales Trujillo.
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Demandada. UGPP
197950 se dispuso que el ejercicio de la profesión docente incluye la alfabetización de
adultos.
42. Esta Corporación ha sostenido que la labor docente de alfabetización es
computable para efectos de acceder a la pensión gracia, así51:
«De acuerdo con las normas antes mencionadas, el tiempo servido como docente en
programas de alfabetización debe tomarse como laborado en educación primaria, por
lo que es dable tenerlo en cuenta para efecto de calcular el requerido para acceder a
la pensión gracia y sumarlo al que se laboró en educación secundaria, pues como ya
se expuso el artículo 3.° de la Ley 37 de 1933, extendió dicha prestación a los maestros
que completaron los años de servicio previstos en la Ley 114 de 1913 en
establecimientos del nivel educativo antes mencionado.»
Así las cosas, resulta necesario determinar si los servicios prestados por el actor como
maestro de adultos en la entidad territorial son computables para acceder a la pensión
gracia, teniendo en cuenta que la actividad desempeñada como maestro alfabetizador
encaja dentro de la normatividad aplicable, siempre y cuando el vínculo tenga el
carácter de territorial o nacionalizado.
77. Bajo estos supuestos, la vinculación del señor Segundo Abel Cañar Cañar,
como docente alfabetizador, entre 1976 y 1980, resulta apta para efectos de computar
los 20 años de servicio exigidos por el legislador en el marco del reconocimiento de
una prestación pensional gracia, siempre que la misma –la vinculación– se encuentre
alineada con el supuesto consistente en que haya sido en instituciones educativas del
orden territorial o nacionalizadas.
78. Al respecto, se encuentra que las resoluciones de nombramiento fueron
expedidas por el secretario de educación pública de Nariño y la designación fue en
diferentes instituciones educativas del municipio de Pasto.
79. Lo anterior indica que el nombramiento lo realizó un funcionario competente del
departamento de Nariño, sin que se evidencie que lo haya hecho como mandatario de
una entidad pública del orden nacional. Además, la designación se estableció para
una plaza del orden territorial, por lo que lleva a concluir que la vinculación del
peticionario es de esa misma naturaleza –territorial–.
80. Si bien en los referidos nombramientos intervino el delegado del Ministerio de
Educación Nacional, lo cierto es que, en virtud de las reglas fijadas en la sentencia
SUJ-11-S2 del 21 de junio de 2018, esa situación no muta el tipo de vinculación del
demandante, pues este se encuentra determinado por el carácter de la plaza a ocupar.
50 «Por el cual se adoptan normas sobre el ejercicio de la profesión docente».
51 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 23 de junio de 2016, radicado 19001-23-
33-000-2013-00138-01 (2497-2014). En igual sentido pueden consultarse las siguientes sentencias: a) del 15 de
agosto de 2013, radicado 19001-23-31-000-2011-00303-01 (0106-2013); b) del 6 de julio de 2017, radicado 52001-
23-33-000-2014-00257-01 (4537-2016), c) del 17 de julio de 2020, radicado 52001-23-33-000-2014-00255-01
(4850-2016); d) del 27 de mayo de 2021, radicado 41001-23-33-000-2016-00553-01(1062-20); e) del 29 de julio
de 2021, radicado 76001-23-33-000-2017-01130-01(0523-20); f) del 14 de octubre de 2021, radicados 25000-23-
42-000-2016-03173-01(4060-19) y 76001-23-33-000-2017-01199-01(5496-19); g) del 23 de junio de 2022,
radicado 41001-23-33-000-2016-00462-00 (1503-2021).
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81. En consecuencia, el peticionario ejerció el empleo de docente antes del 31 de
diciembre de 1980, mediante una vinculación que habilita el reconocimiento de la
pensión gracia.
3.5.2. Tiempos laborados desde el 27 de febrero 1992
82. En relación con el tiempo de servicio docente prestado por el demandante a
partir del 27 de febrero de 1992, conforme a los hechos probados, se tiene que:
83. Según la copia del Decreto 0184 del 18 de febrero de 1992, el gobernador del
departamento de Nariño nombró al señor Cañar Cañar como profesor de tiempo
completo en el colegio Genaro León del municipio de Guachucal. Dicho acto también
fue suscrito por el secretario de educación y el delegado del Ministerio de Educación.
Se recuerda que respecto de esta designación la posesión respectiva se llevó a cabo
el 27 de febrero de 1992.
84. En el formato único para la expedición de certificado de historia laboral, emitido
el 11 de agosto de 2020 por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio – Secretaría de Educación del departamento de Nariño, se mencionó que
el tipo de vinculación del docente fue en provisionalidad del orden «nacional», desde
el 27 de febrero de 1992.
85. Sin embargo, al revisar el Decreto 0184 del 18 de febrero de 1992, se observa
que el demandante fue nombrado por una autoridad territorial, esto es, por el
gobernador del departamento de Nariño. Asimismo, analizada el acta de posesión del
27 de febrero de 1992, el señor Cañar Cañar se presentó al despacho de la Secretaría
de Educación Pública de Nariño. Estas circunstancias permiten concluir que la
naturaleza jurídica de la vinculación fue territorial.
86. Adicionalmente, aunque el Decreto 0184 del 18 de febrero de 1992 también fue
suscrito por el delegado del Ministerio de Educación Nacional ante el Fondo Educativo
Regional –FER– de Nariño, la Sala reitera las reglas de unificación definidas en la
sentencia SUJ-11-S2 de 21 de junio de 2018, según las cuales, por un lado, el origen
de los recursos destinados a la financiación de los salarios de los docentes no incide
en la determinación del tipo de vinculación, pues lo «esencialmente relevante frente
al reconocimiento de la pensión gracia es la acreditación de la plaza» con carácter
territorial o nacionalizado, en especial si una vez los entes territoriales reciben las
transferencias provenientes del Sistema General de Participaciones, estos recursos
pasan a ser de su propiedad. Por el otro, que dicha intervención del delegado no muta
el tipo de vinculación del accionante, pues este se encuentra determinado por el
carácter de la plaza a ocupar.
87. Seguidamente, se tiene que el peticionario fue nombrado en propiedad para
trabajar como docente nacionalizado en la Escuela Mixta El Tambor, a través del
Decreto 031 de 1992 del alcalde de la Tangua, aclarado mediante el Decreto 033 de
la misma anualidad. Estos actos administrativos, expedidos por una autoridad
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territorial, de forma inequívoca señalan la condición de maestro nacionalizado del
demandante, sin que se advierta intervención alguna del Ministerio de Educación, por
lo que no hay razón para considerar, contrario a lo indicado por el UGPP, que la
vinculación fue nacional.
88. Ahora, lo que se observa de la copia del formato único para la expedición del
certificado de historia laboral, es que el peticionario después del mencionado
nombramiento fue trasladado a otra institución educativa del departamento de Nariño,
circunstancia respecto de la cual la jurisprudencia de esta Sección52 ha precisado que
las situaciones administrativas no afectan la naturaleza de la vinculación, ya que «no
constituyen un nuevo nombramiento, lo que implica que el tipo de vinculación tampoco
ha sufrido alteración».
89. En consecuencia, la sumatoria total de servicio docente en plazas territoriales
• nacionalizadas es de 25 años y 6 meses, como quedó consignado en la tabla 1, lo
que hace beneficiario al peticionario del reconocimiento de la pensión gracia.
3.5.3. De la condena en costas
90. En el presente asunto, el Tribunal Administrativo de Nariño decidió condenar
en costas a la parte accionada por resultar vencida en el trámite de primera instancia,
de conformidad con el artículo 188 del CPACA.
91. Inconforme con la decisión, la demandada solicitó que se revocara la condena
en costas, al considerar que para el efecto debió valorarse la conducta de la parte
vencida.
92. La Sala advierte que el Tribunal aplicó un criterio objetivo en la imposición de
la condena en costas, en la medida en que la decretó como consecuencia de que
accedió a las pretensiones de la demanda.
93. Sobre el particular, según se explicó en el marco normativo y jurisprudencial de
la presente sentencia, esta Subsección ha acogido de forma mayoritaria53 el criterio
subjetivo en la condena en costas. Por tal razón, se estima que para decretar la
referida condena en primera instancia el Tribunal debió analizar la conducta de la parte
vencida, con el fin de determinar si actuó de forma temeraria o de mala fe.
94. Por lo tanto, de la revisión de las pruebas aportadas al expediente y de las
actuaciones procesales, no se advierte que la parte demandada haya obrado de mala
fe o con temeridad, en tanto no se observa conducta alguna o circunstancia irregular
que afectara el trámite procesal. Por el contrario, se observa que la accionada actuó
sin realizar acciones dilatorias o encaminadas a afectar u obstruir el curso del proceso.
52 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 16
de marzo de 2023, exp. 17001-23-33-000-2015-00695-01 (4210–2017), M.P. Gabriel Valbuena Hernández.
53 Con la precisión que la magistrada ponente considera que la condena en costas se rige por el criterio objetivo-
valorativo, por las razones que se sintetizaron en la nota al pie 28.
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95. Así las cosas, como no hay actuaciones ni pruebas dentro del expediente que
demuestren un actuar temerario o contrario a la buena fe, no había lugar a condenar
en costas en primera instancia. En consecuencia, se revocará dicha condena.
96. Por las mismas razones tampoco hay lugar a imponer esta con ocasión del
trámite en segunda instancia.
3.6. Conclusión
97. La Sala concluye que el tiempo laborado por el señor Segundo Abel Cañar
Cañar entre los años 1976 y 2014 es válido para el reconocimiento de la pensión
gracia, lo que permite cumplir con el requisito de los 20 años de servicio en plazas
territoriales y nacionalizadas, cuyo cumplimiento no se ve afectado por el hecho de
que en algunos de los nombramientos haya intervenido el delegado del Ministerio de
Educación Nacional, ni porque los recursos destinados a la financiación de los salarios
provengan del Sistema General de Participaciones.
3.6.1. De la verificación de la fecha en que se consolidó el estatus pensional
98. En lo que respecta a la consolidación del estatus pensional, si bien este aspecto
no fue objeto de controversia en el recurso de apelación, la Sala encuentra que el a
quo, de conformidad con el cómputo de tiempo de servicios acreditado en el
expediente, señaló que para el 30 de septiembre de 2005 el señor Segundo Abel
Cañar Cañar adquirió su estatus pensional. Se destaca esta fecha porque fue la
señalada por la sentencia impugnada.
99. No obstante, se advierte que el peticionario, que cumplió 50 años de edad el
30 de mayo de 1999, completó los 20 de servicio en la docencia oficial el 1 de
diciembre de 2008. Esto teniendo en cuenta que frente a las primeras vinculaciones
comprendidas entre 1976 y 1980, que dan cuenta la tabla número 1 de esta
providencia, suman 3 años, 2 meses y 26 días, por lo que los 16 años, 9 meses y 4
días faltantes para cumplir las dos décadas de servicios, deben computarse desde la
segunda vinculación—que se desarrolló de manera ininterrumpida—, que tuvo lugar
desde el 27 de febrero 1992, lo que permite concluir que el tiempo de servicio para
adquirir la pensión gracia se cumplió el 1 de diciembre de 2008. En ese orden, se
modificará la decisión.
100. Ahora, en cuanto al cómputo de la prescripción, se observa que el demandante
consolidó el estatus pensional el 1 de diciembre de 2008, fecha en la cual completó
los 20 años de servicio docente oficial. La solicitud de reconocimiento de la pensión
gracia fue presentada el 10 de septiembre de 2020 ante la demandada. En
consecuencia, el mencionado fenómeno operó respecto de las mesadas causadas
con anterioridad al 10 de septiembre de 2017, como lo indicó el juez de primera
instancia. Así las cosas, únicamente se modificará la fecha de consolidación del
estatus pensional consignada en la providencia.
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101. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,
Falla:
Primero. Modificar el ordinal segundo de la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo de Nariño el 15 de noviembre de 2024, que accedió a las pretensiones
de la demanda, el cual quedará así:
SEGUNDO.- Ordenar a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social «UGPP» el reconocimiento y pago
de la pensión jubilación gracia al señor Segundo Abel Cañar Cañar del promedio de
todos los factores salariales devengados en el año inmediatamente anterior a la
consolidación de su estatus pensional (1 de diciembre de 2007 a 1 de diciembre de
2008), estipulados en la ley.
La entidad demandada deberá actualizar los valores debidos en los términos del
artículo 187 del CPACA, debiendo dar aplicación a la fórmula utilizada por la
Jurisprudencia del Consejo de Estado, teniendo en cuenta la fecha de causación y
pago efectivo de esos valores:
R= Rh Índice final
Índice inicial
En la fórmula el valor presente (R) se determina multiplicando el valor histórico (Rh),
que es la diferencia dejada de percibir por el demandante, por el guarismo que resulta
de dividir el índice final de precios al consumidor certificado por el DANE (vigente a la
fecha de ejecutoria esta sentencia) y el índice inicial (vigente para la fecha en que
debió hacerse el pago).
Por tratarse de pagos de tracto sucesivo la fórmula citada se aplicará separadamente,
mes por mes, para cada diferencia de la mesada pensional, iniciando desde la fecha
de su causación –teniendo en cuenta que el estatus pensional lo adquirió el 1 de
diciembre de 2008– y observando que el índice inicial es el vigente al momento de
causación de cada mesada pensional”.
Segundo. Revocar el ordinal cuarto de la parte resolutiva de la sentencia proferida
por el Tribunal Administrativo de Nariño el 15 de noviembre de 2024, para en su lugar
negar la condena en costas.
Tercero. Confirmar en lo demás la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo
de Nariño el 15 de noviembre de 2024.
Cuarto. Devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones en el
aplicativo Samai.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
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Demandante: Segundo Abel Cañar Cañar
Demandada. UGPP
Notifíquese y cúmplase.
Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente
Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado electrónicamente
Jorge Edison Portocarrero Banguera
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: la presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme a lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, a través del siguiente enlace https://Samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
25
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