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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 52001-23-33-000-2021-00426-01

Fecha
26 de septiembre de 2024
Consejero ponente
Germán Eduardo Osorio Cifuentes
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 52001-23-33-000-2021-00426-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: MODIFICAR, por las razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia, los ordinales quinto, sexto, séptimo, octavo, décimo primero y décimo segundo de la parte resolutiva de la sentencia proferida el 24 de junio de 2024, por la Sala Primera de Decisión del Tribunal Administrativo de Nariño, los cuales quedarán así: “[…] QUINTO: ORDENAR al municipio de Ipiales y a la sociedad Centrales Eléctricas de Nariño S.A. E.S.P. que, de conformidad con sus competencias constitucionales, legales y reglamentarias, en el término de un (1) mes, realicen una visita técnica al sector de la demanda, con miras a definir: (i) el uso del suelo autorizado en el PBOT; (ii) el estado de cumplimiento de la normatividad RETIE y urbanística por parte de los potenciales suscriptores; y (iii) las características del proyecto de ampliación de cobertura aplicable al caso. En el término de un (1) mes contado a partir de la visita técnica, las citadas entidades asesorarán a los potenciales usuarios, para que cumplan con los requisitos técnicos exigibles para ser beneficiarios del servicio de energía eléctrica. SEXTO: ORDENAR al municipio de Ipiales y a la sociedad Centrales Eléctricas de Nariño S.A. E.S.P. que, de conformidad con sus competencias constitucionales, legales y reglamentarias, una vez la comunidad cumpla con las exigencias técnicas, formulen el proyecto de ampliación de cobertura procedente, en el término de tres (3) meses, conforme a las estrategias de financiamiento que resulten aplicables. A partir de la radicación del proyecto, el titular de la iniciativa, según el caso, allegará un cronograma de trabajo al tribunal, en el que definirá los plazos de las etapas de evaluación y ejecución del proyecto. El cumplimiento de estos términos se entiende incorporado a la presente sentencia, previa aprobación por parte del tribunal. SÉPTIMO: ORDENAR al departamento de Nariño que, en el marco de sus competencias legales, reglamentarias y contractuales, apoye técnicamente al municipio en el cumplimiento de las órdenes a su cargo, previo requerimiento del ente territorial. OCTAVO: EXHORTAR a los potenciales usuarios de las 15 viviendas del debate judicial, […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 52001-23-33-000-2021-00426-01

Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes

26 de septiembre de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., veintiséis (26) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024)

Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Referencia: MEDIO DE CONTROL DE PROTECCIÓN DE DERECHOS E INTERESES
COLECTIVOS
Radicación núm.: 52001-23-33-000-2021-00426-01
Demandante: IVÁN DARÍO CHALACA DÍAZ
Demandados: MUNICIPIO DE IPIALES Y OTROS

Sentencia de segunda instancia

La Sala procede a decidir los recursos de apelación interpuestos por el municipio
de Ipiales y por la sociedad Centrales Eléctricas de Nariño S.A. E.S.P., contra la
sentencia de 24 de junio de 2024, proferida por la Sala Primera de Decisión del
Tribunal Administrativo de Nariño.

I. ANTECEDENTES

I.1. La demanda

1. El señor Iván Darío Chalaca Díaz demandó, en ejercicio de la acción popular, al
municipio de Ipiales, al departamento de Nariño, a la sociedad Centrales Eléctricas
de Nariño S.A. E.S.P. (Cedenar S.A. E.S.P.) y al Ministerio de Minas y Energía, con
el propósito de obtener la protección de los derechos colectivos previstos en los
literales h), j) y n) del artículo 4.º1 de la Ley 472 de 5 de agosto de 19982.

2. En su libelo petitorio, la parte demandante formuló las siguientes pretensiones:

“[…] PRIMERO: DECLARAR violados los derechos colectivos al acceso a los servicios
públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna; el acceso a una infraestructura
de servicios que garantice la salubridad pública y a los derechos de los consumidores
y usuarios, y a su vez protegerlos.

SEGUNDO: DECLARAR que la falta de acceso al servicio público de energía eléctrica
por no contar con una infraestructura adecuada para su prestación a más de quince
familias de la Vereda Santa Rosa amenaza y vulnera los derechos colectivos
mencionados y viola las normas que regulan la materia.

1
“Artículo 4o.- Derechos e Intereses Colectivos. Son derechos e intereses colectivos, entre otros, los relacionados con: […].
h) El acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública; […]
j) El acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna; […]
n) Los derechos de los consumidores y usuarios. […]”.
2
“Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación con el ejercicio de las acciones
populares y de grupo y se dictan otras disposiciones”.

2

Radicación: 52001-23-33-000-2021-00426-01
Demandante: Iván Darío Chalaca Díaz

TERCERO: ORDENAR AL MUNICIPIO DE IPIALES, como responsable directo de la
prestación del servicio público de energía, que en el menor tiempo posible apropie los
recursos necesarios para realizar la instalación de redes eléctricas, transformadores y
todos los elementos y/o materiales necesarios a fin de brindar el servicio de energía a
las quince viviendas de la Vereda Santa Rosa del municipio de Ipiales que se
encuentran sin el servicio de energía eléctrica.

CUARTO: ORDENAR A LA EMPRESA CENTRALES ELÉCTRICAS DE NARIÑO
CEDENAR S.A. E.S.P. como prestadora del servicio público de energía, que, en el
menor tiempo posible, realice la instalación de redes eléctricas, transformadores y
todos los elementos y/o materiales necesarios a fin de brindar el servicio de energía a
las más de quince (15) viviendas de la vereda Santa Rosa del municipio de Ipiales que
se encuentran sin el servicio público de energía eléctrica.

QUINTO: ORDENAR AL DEPARTAMENTO DE NARIÑO, con funciones de
coordinación y complementariedad de la acción municipal, y de intermediación entre
la Nación y los Municipios y de prestación de los servicios que determinen la
constitución y las leyes, que en el menor tiempo posible coordine y apropie los recursos
necesarios para realizar la instalación de redes eléctricas transformadores y todos los
elementos y/o materiales necesarios a fin de brindar el servicio de energía a las más
de quince (15) viviendas de la vereda Santa Rosa del municipio de Ipiales que se
encuentran sin el servicio de energía eléctrica.

SEXTO: ORDENAR AL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA, como departamento
administrativo del gobierno de Colombia, que a través de sus programas y/o unidades
adscritas, que en el menor tiempo posible coordine y apropie los recursos necesarios
para realizar la instalación de redes eléctricas transformadores y todos los elementos
y/o materiales necesarios a fin de brindar el servicio de energía a las más de quince
(15) viviendas de la vereda Santa Rosa del municipio de Ipiales que se encuentran sin
el servicio de energía eléctrica. […]”3.

3.Como fundamento de las pretensiones, la parte demandante informó que 15
familias de la vereda Santa Rosa construyeron sus viviendas con la ayuda del
Resguardo Indígena de Ipiales, hace aproximadamente 6 años. En ese lugar
habitan niños y adultos mayores.

4.Mencionó que los residentes del sector solicitaron al municipio de Ipiales y a la
empresa Cedenar S.A. E.S.P., la prestación del servicio de energía eléctrica, pero
ambas entidades se negaron.

5. Precisó que, según el oficio de 4 de noviembre de 2020, a Cedenar S.A. E.S.P.,
le corresponde suministrar el servicio de energía en el departamento de Nariño, así
como efectuar el mantenimiento y reposición de las redes eléctricas del sistema de
distribución. Mientras que la ejecución de los proyectos de ampliación de cobertura
es responsabilidad de las entidades territoriales, quienes pueden acceder a los
medios de financiación que les confiere el ordenamiento jurídico.

6. Añadió que la comunidad solicitó al alcalde del municipio de Ipiales, mediante
oficio de 11 de mayo de 2021, la construcción de la red de media y baja tensión
para esas familias. En respuesta a la solicitud, el municipio aclaró que su
responsabilidad en la prestación del servicio se limita al área urbana y a los centros

3
Cfr. Índice 3 expediente digital Tribunal Administrativo de Nariño, documento denominado
“1_0001ACCIONPOPULARPD.PDF”.

3

Radicación: 52001-23-33-000-2021-00426-01
Demandante: Iván Darío Chalaca Díaz

rurales conectados a la red local de energía. Además, señaló que quienes
pretendan recibir el servicio deben cumplir con las condiciones técnicas y legales
mínimas exigidas, esto es la licencia de parcelación, de construcción y la normativa
RETIE.

7. Manifestó que el Ministerio de Minas y Energía informó que “[…] cuenta con
diversos programas de apoyo financiero para la ampliación de cobertura del
servicio, entre los cuales se encuentran el FAER, FAZNI, PRONE, SGR y agregó
una dirección electrónica para la consulta de una guía relacionada con el tema […]”.

8. Por último, refirió que la administración departamental de Nariño, ante la
problemática planteada, convocaría una reunión con el Ministerio de Minas y
Energía para solicitar información acerca de todos los proyectos que el ministerio
adelanta en beneficio del departamento de Nariño.

I.2. Actuación procesal en primera instancia

9. El Tribunal Administrativo de Nariño, mediante auto de 25 de marzo de 20224,
admitió la demanda y ordenó la notificación y el traslado correspondiente a las
entidades accionadas para que contestaran, propusieran excepciones y aportaran
y/o solicitaran la práctica de pruebas. Igualmente, notificó al agente del Ministerio
Público, a la Defensoría del Pueblo y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del
Estado. Por último, dispuso comunicar la acción de la referencia a los miembros de
la comunidad.

10. Posteriormente, por auto de 6 de diciembre de 20225, el magistrado declaró
fallida la audiencia especial de que trata el artículo 27 de la Ley 472 de 5 de agosto
de 1998, por ausencia de ánimo conciliatorio entre las partes.

I.3. Contestaciones de la demanda

I.3.1. Centrales Eléctricas de Nariño S.A. E.S.P.

11. El apoderado judicial de la sociedad Centrales Eléctricas de Nariño S.A. E.S.P.,
mediante escrito de 20 de abril de 20226, indicó que esa empresa no vulneró los
derechos colectivos invocados, porque “[…] la obligación de garantizar el acceso a
los servicios públicos como el de energía eléctrica no radica en las empresas de
servicios públicos (…), sino en el Estado como tal […]”.

12. Aseveró que la Nación, los departamentos y los municipios deben velar por la
ampliación de la cobertura de los servicios públicos. Para tal efecto, la Nación creó
fondos especiales para financiar las obras requeridas por los accionantes, “[…] tales
como PRONE, FAER, FAZNI, REGALÍAS […]”.

4
Cfr. índice 5 expediente digital Tribunal Administrativo de Nariño, documento denominado “0008 AUTO ADMISORIO.pdf”.
5
Cfr. Índice 22 expediente digital Tribunal Administrativo de Nariño, documento denominado
“018_ACTAAUDIENCIA_202100426IVANCHAL(.pdf) NroActua 22”.
6
Cfr. índice 23 expediente digital Tribunal Administrativo de Nariño, documento denominado
“20_CONTESTACIONDEMANDA(.pdf) NroActua 23”.

4

Radicación: 52001-23-33-000-2021-00426-01
Demandante: Iván Darío Chalaca Díaz

13. Mencionó que Cedenar S.A. E.S.P., a través de su contratista, realizó visita a la
vereda Santa Rosa. En esa ocasión, se verificó que “[…] no es conveniente ampliar
la red de baja tensión, debido a que se encuentra muy lejos del transformador y por
consiguiente se recomienda la construcción de red de Media Tensión y Baja Tensión
e instalación de un transformador para el sector, debido a que en este sector existen
15 viviendas contando con las 8 que solicitan el servicio nuevo […]”.

14. Consideró que “[…] se debe establecer si la parte actora busca la protección de
derechos colectivos o si, contrario a ello, se trata de la defensa de intereses
particulares […]”. Explicó que los ciudadanos que solicitan el servicio, antes de
construir las viviendas, tenían que “[…] haber planificado la disponibilidad de las
redes eléctricas de media y alta tensión para poder acceder al servicio […]”.

15. Por lo expuesto, propuso las excepciones de: (i) “[…] falta de legitimación en la
causa por pasiva […]”; (ii) “[…] improcedencia de la acción popular para perseguir
derechos particulares […]”; y (iii) “[…] reconocimiento oficioso de excepciones […]”.

I.3.2. Municipio de Ipiales

16. El apoderado judicial del municipio de Ipiales, mediante escrito de 20 de abril de
20227, se opuso a las pretensiones de amparo al considerar que esa entidad no
vulneró los derechos colectivos invocados.

17. Respecto al uso de suelo autorizado en la vereda indicada por los demandantes,
se precisó lo siguiente:

“[…] una vez revisado el inventario de veredas del Municipio, la misma NO EXISTE.
Ahora bien, si el actor popular se refiere al barrio Santa Rosa, se desconoce en la
actualidad si sobre el mismo se han elevado permisos para licencias de construcción,
en todo caso, no es posible determinar tal situación dada la imprecisión del libelo
introductor […]”.

18. Puso de relieve que, para toda ampliación de cobertura del servicio de energía
eléctrica, el asentamiento “[…] debe contar con los respectivos permisos emitidos
por la oficina del PBOT, las licencias de parcelación, construcción y del
cumplimiento del reglamento técnico RETIE, documentos que son anteriores a la
construcción […]”.

19. Adujo que: “[…] se desconoce el tipo de asentamiento que tienen los
accionantes, toda vez que como se certifica por parte de la subsecretaria de
urbanismo, no existe radicación y/o licencia de construcción en favor del señor Iván
Darío Chalaca Díaz, lo que implica que las construcciones son ilegales […]”.

20. Insistió que los accionantes tenían que solicitar las respectivas licencias antes
de construir sus viviendas, “[…] dado que para la expedición de tales documentos

7
Cfr. expediente digital Tribunal Administrativo de Nariño, documento denominado “0029. CONTESTACION DEL MUNICIPIO
DE IPIALES.pdf”.

5

Radicación: 52001-23-33-000-2021-00426-01
Demandante: Iván Darío Chalaca Díaz

debe preverse en primera medida la forma de prestación de servicio, la cantidad de
vatios (red de media o baja) para las construcciones a cubrir, el servicio de
acueducto y alcantarillado, esto a penas (sic) en busca de servicios básicos, pero al
parecer, las licencias no fueron emitidas en forma legal […]”.

21. Aseguró que la competencia para garantizar el servicio público domiciliario de
energía eléctrica recae en la sociedad Cedenar S.A. E.S.P., porque el municipio no
presta el servicio de manera directa. Además, el constructor de las viviendas tenía
que solicitar las licencias urbanísticas que exige la ley, previo a realizar el desarrollo
urbanístico respectivo. Adujo que en tal escenario se verifica la disponibilidad del
servicio.

22. Informó que la administración municipal debe iniciar las actuaciones
administrativas a fin de legalizar las construcciones o demolerlas, y propuso las
excepciones de: (i) “[…] falta de legitimación en la causa por pasiva […]”; e (ii) “[…]
innominada […]”.

I.3.3. Departamento de Nariño

23. La apoderada judicial del departamento de Nariño, mediante escrito de 18 de
abril de 20228, solicitó la desvinculación del ente territorial. Indicó que el
departamento brinda apoyo y coordinación en la prestación del servicio de energía,
pero no lo proporciona directamente, por ser responsabilidad de los municipios y de
las empresas de servicios públicos.

24. Manifestó que, en una mesa técnica de trabajo con el Ministerio de Minas y
Energía, “[…] se encontró que dentro de la matriz de proyectos que se vienen
ejecutando en el departamento de Nariño no se encuentra priorizada la vereda
Santa Rosa del municipio de Ipiales […]”.

25. Destacó que, según la escritura pública núm. 2059 de 9 de agosto de 1955, la
sociedad Centrales Eléctricas de Nariño S.A.S. ESP fue constituida para “[…] la
prestación del servicio de distribución, comercialización y generación de energía
eléctrica […]”.

26. Informó que el servicio público de energía se puede prestar mediante la conexión
física de los usuarios al Sistema Interconectado Nacional (SIN) o a un sistema local
aislado del mismo, conocido como zonas no interconectadas (ZNI). En relación con
estas zonas, aclaró que se deben promover proyectos impulsados por los fondos
de apoyo financiero, tales como: el Fondo de Apoyo Financiero para la Energización
de las Zonas Rurales Interconectadas (FAER), el Fondo de Apoyo Financiero para
la Energización de las Zonas Rurales No Interconectadas (FAZNI), el Programa de
normalización de Redes Eléctricas (PRONE) y el Sistema General de Regalías
(SGR). Precisó que, al optar por cualquiera de ellos, se debe cumplir con los
requerimientos técnicos y financieros del caso.

8
Cfr. expediente digital Tribunal Administrativo de Nariño, documento denominado “0027. CONTESTACION DEPTO. DE
NARIÑo.pdf”.

6

Radicación: 52001-23-33-000-2021-00426-01
Demandante: Iván Darío Chalaca Díaz

27. Mencionó que el departamento no recibió ninguna solicitud de apoyo para la
financiación o gestión de un proyecto de energización en la vereda Santa Rosa, y
formuló las excepciones de: (i) “[…] falta de legitimación en la causa por pasiva […]”;
e (ii) “[…] innominada […]”.

I.3.4. Ministerio de Minas y Energía

28. La apoderada judicial del Ministerio de Minas y Energía, mediante escrito de 7
de abril de 20229, adujo que no se demostró la vulneración de los derechos
colectivos invocados. Aclaró que dicho ministerio, conforme a la Ley 489 de 29 de
diciembre de 199810, la Ley 143 de 11 de julio de 199411 y el Decreto 381 de 16 de
febrero de 201212, tiene “[…] funciones macro encaminadas a la determinación de
políticas generales en materia de distribución y comercialización del citado servicio,
pero en ningún momento direccionadas a la prestación, vigilancia y control de las
empresas de servicio de energía eléctrica […]”.

29. Añadió que tampoco tiene competencias orientadas “[…] a la gestión y […] a la
ejecución de proyectos de expansión de redes, toda vez que las entidades a las que
se les ha diferido esas facultades son a los entes territoriales y las empresas
prestadoras del servicio de energía (operadores de red) […]”.

30. Indicó que la extensión de la cobertura del servicio eléctrico se puede financiar
mediante el Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas Rurales
Interconectadas (FAER). La comunidad puede radicar la respectiva solicitud de
conexión ante el municipio de Ipiales o al operador de energía. Sin embargo, la
solicitud debe “[…] consider[ar] una población objetivo que contemple la mayor
cantidad de usuarios sin servicio […]”.

31. Explicó que el FAER permite que los entes territoriales, con el apoyo de los
operadores o las empresas prestadoras del servicio de energía eléctrica en la zona
de influencia, sean los gestores de planes, programas y proyectos de inversión
priorizados para la construcción e instalación de la nueva infraestructura eléctrica.

32. Informó que el objetivo del fondo es ampliar la cobertura y procurar la satisfacción
de la demanda de energía en las zonas rurales interconectadas, conforme a los
planes de ampliación de cobertura que estructuran cada uno de los operadores de
red, y que debe contar con viabilidad de la Unidad de Planeación Minero-Energética
(UPME).

33. Expuso que, presentada la solicitud ante el municipio o el operador de red, estos
evaluarán la posibilidad de estructurar un proyecto con la mejor alternativa de

9
Cfr. expediente digital Tribunal Administrativo de Nariño, documento denominado “0016 CONTESTACION DEL MINISTERIO
DE MINAS.pdf”.
Ibidem, documento denominado “ED_027_ANICONTESTADDA(.pdf) NroActua 2”.
10
“Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las
disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo
189 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones”.
11
“Por la cual se establece el régimen para la generación, interconexión, trasmisión, distribución y comercialización de
electricidad en el territorio nacional, se conceden unas autorizaciones y se dictan otras disposiciones en materia energética”.
12
“Por el cual se modifica la estructura del Ministerio de Minas y Energía”.

7

Radicación: 52001-23-33-000-2021-00426-01
Demandante: Iván Darío Chalaca Díaz

electrificación para la zona objetivo. Los gestores tendrán en cuenta que si el
proyecto consiste en conectar al sector al Sistema Interconectado Nacional (SIN),
podrá ser financiado por el FAER. Puntualizó que los requisitos para adelantar ese
tipo de proyectos se encuentran en la Resolución núm. 41039 de 31 de octubre de
201613, expedida por el Ministerio de Minas y Energía.

34. Reconoció que el ministerio, a través del Grupo de Ejecución Estratégica, puede
otorgar acompañamiento y apoyo a los procesos de estructuración y presentación
de proyectos de inversión del sector minero-energético.

35. Sin embargo, precisó que, para el caso concreto, es el municipio de Ipiales y el
operador de red los que deciden los proyectos de inversión que deben ser
financiados para la ampliación y mejoramiento de la prestación del servicio de
energía eléctrica.

36. En ese sentido, concluyó que el ministerio no tiene la facultad legal para destinar
recursos de los fondos que administra, ni el deber de ejecutar proyectos de
expansión de redes, pues Cedenar S.A. ESP y la entidad territorial no radicaron
ningún proyecto bajo los parámetros y requisitos establecidos en la Resolución núm.
41039, para tal efecto.

II. LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

37. La Sala Primera de Decisión del Tribunal Administrativo de Nariño, mediante
sentencia de 24 de junio de 202414, amparó los derechos colectivos al acceso a los
servicios públicos, a que su prestación sea eficiente y oportuna, al acceso a una
infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública y los derechos de los
consumidores y usuarios, “[…] de los habitantes de las quince (15) viviendas
ubicadas en la vereda Santa Rosa del municipio de Ipiales […]”.

38. Puso de presente que la prueba documental y testimonial demostraba que el
sector del litigio no contaba con servicio de energía. Aunado a ello, las respuestas
brindadas por las entidades demandadas a la solicitud de la comunidad fueron
“inoperantes” e ineficientes ante la gravedad de la problemática.

39. Mencionó que “[…] la carencia de dicho servicio puede afectar en la seguridad
de los habitantes, pero también en otros aspectos, tales como el acceso a la
información o tecnología para aquellas personas que requieran realizar sus labores
académicas o profesionales, principalmente los menores que residen en el sector,
como también personas de la tercera edad, incluso puede afectar en la
conservación de los alimentos diarios y en sí de todas las necesidades básicas […]”.

13
“Por la cual se establecen parámetros para la asignación de recursos del Fondo de Apoyo Financiero para la Energización
de las Zonas Rurales Interconectadas (FAER)”.
Resolución derogada por el artículo 13 de la Resolución 40379 de 2023, “Por la cual se deroga la Resolución número
41039 de 2016 y el artículo 3o de la Resolución número 40094 de 2021, y se establecen nuevos parámetros para la
asignación de recursos del Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas Rurales Interconectadas
(FAER)”.
14
Cfr. Índice 67, expediente digital Tribunal Administrativo de Nariño, documento denominado “68Sentencia
prime_20210426FALLOPRIMERA(.pdf) NroActua 67”.

8

Radicación: 52001-23-33-000-2021-00426-01
Demandante: Iván Darío Chalaca Díaz

40. Añadió que “[…] el servicio de energía eléctrica […] tiene connotación de
servicio público domiciliario, y por lo mismo tienen derecho a él todos los habitantes
del territorio nacional […]”. Además, destacó que la transgresión de los derechos
colectivos invocados es importante, en la medida en que en el sector objeto de la
demanda “[…] hay personas menores y de la tercera edad […]”.

41. Indicó que “[…] las entidades accionadas no pueden seguir excusándose en la
falta de competencia, recursos o trámites, pues claramente la prestación de los
servicios públicos debe ser eficiente y oportuna, y no prolongarse en el tiempo,
como ha ocurrido en el presente caso, cuando después de 6 años de haberse
construido las viviendas no se ha garantizado la prestación de dicho servicio. […]”.

42. Consideró, con fundamento en la Constitución Política y en las Leyes 142 de 11
de julio de 199415, 136 de 2 de junio de 199416 y 715 de 21 de diciembre de 200117,
que “[…] la responsabilidad en primera medida le corresponde al municipio de
Ipiales […], y subsidiariamente, por complementariedad […] la tiene el departamento
de Nariño y la Nación, siempre y cuando esté demostrada la insuficiencia de
recursos en cabeza del municipio […], y por supuesto a la empresa Centrales
Eléctricas de Nariño Cedenar S.A., le corresponde prestar el servicio, por ser la
entidad que lo cubre en el departamento de Nariño […]”.

43. Planteó que el Ministerio de Minas y Energía no tiene la competencia de prestar
el servicio de energía eléctrica, conforme al Decreto 381 de 16 de febrero de 201218,
en tanto dicha cartera ministerial se encarga de “[…] formular, adoptar, dirigir y
coordinar las políticas, planes y programas del Sector de Minas y Energía […]”.

44. Señaló que “[…] los jueces no son administradores y por lo mismo solo les
corresponde determinar qué es lo que deben hacer los obligados para garantizar de
la manera más efectiva los derechos colectivos conculcados, y no la forma como
debe hacerlo, en consecuencia, el municipio de Ipiales (…), en colaboración de la
Empresa Centrales Eléctricas de Nariño - CEDENAR S.A. E.S.P, dentro de lo de
sus competencias, deberán adoptar para garantizar dichos derechos, estudios
técnicos a fin de verificar si es viable extender la cobertura con redes o
transformadores, para la vereda Santa Rosa, o si por el contrario se debe optar por
la construcción de la red de media tensión. […]”.

45. Precisó que integraría el comité de verificación del cumplimiento de la sentencia,
así:

“[…] 1. El Magistrado ponente, quien lo presidirá. 2. El Actor popular. 3. Departamento
de Nariño, gobernador o su delegado. 4. Municipio de Ipiales, alcalde o su delegado
5. El personero municipal del municipio de Ipiales 6. La señora Agente del Ministerio
Público 7. Defensoría del Pueblo, Defensor o su delegado. 8. Dos (2) representantes
de la comunidad de la vereda Santa Rosa del Municipio de Ipiales (…). 9. Empresa

15
“Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones”.
16
“Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios”.
17
“Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad con los artículos 151, 288,
356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones para organizar la prestación
de los servicios de educación y salud, entre otros”.
18
“Por el cual se modifica la estructura del Ministerio de Minas y Energía”.

9

Radicación: 52001-23-33-000-2021-00426-01
Demandante: Iván Darío Chalaca Díaz

Centrales Eléctricas de Nariño CEDENAR S.A, Representante o su delegado
especialmente de carácter técnico

1. Las autoridades antes mencionadas, expedirán un acto administrativo en el cual
señalarán un servidor público que los representará como delegado con amplias
facultades para la toma de decisiones de carácter administrativas, económicas y
técnicas a las que haya lugar.
2. Los delegados deberán ser designados y comunicados por sus titulares dentro de
los treinta (30) días siguientes a la ejecutoria de la presente sentencia.
3. Los delegados de la comunidad, serán designados por su propia comunidad que
tengan relación directa con el tema objeto de estudio, dentro de los treinta (30) días
siguientes a la ejecutoria de la presente sentencia, mediante convocatoria que para
tal efecto realice la Personería Municipal de Ipiales.
4. El Personero municipal de Ipiales, deberá monitorear las órdenes que se imparten
en la presente sentencia y cada tres (3) meses, rendirán un informe al Tribunal que
servirá de insumo para las reuniones del comité.
5. La parte secretarial del Comité, estará a cargo de la Personería Municipal de Ipiales
(…), quien realizará las respectivas invitaciones para las sesiones a las que haya
lugar.
6. El señor presidente del Comité con el acompañamiento de los demás integrantes,
socializará el fallo judicial a la comunidad afectada […]”.

46. Finalmente, el tribunal resolvió lo siguiente:

“[…] PRIMERO: DECLARAR no probada la excepción denominada “Falta de
legitimación en la causa por pasiva”, formulada por el Municipio de Ipiales (…), el
Departamento de Nariño y la Empresa Centrales Eléctricas de Nariño CEDENAR S.A
E.S.P., por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: DECLARAR probada la excepción denominada “Falta de legitimación en
la causa por pasiva”, formulada por el Ministerio de Minas y Energía, por las razones
expuestas en la parte motiva de la presente providencia.

TERCERO: DESVINCULAR de la presente acción constitucional al Ministerio de Minas
y Energía, de acuerdo a la parte motiva de la presente providencia.

CUARTO: AMPARAR el derecho colectivo al acceso a los servicios públicos y a que
su prestación sea eficiente y oportuna, el acceso a una infraestructura de servicios que
garantice la salubridad pública y a los derechos de los consumidores y usuarios, de
los habitantes de las quince (15) viviendas ubicadas en la vereda Santa Rosa del
municipio de Ipiales (N), por las razones expuestas en la parte motiva de la presente
providencia.

QUINTO: ORDENAR al MUNICIPIO DE IPIALES (…), solidariamente con LA
EMPRESA CENTRALES ELÉCTRICAS DE NARIÑO - CEDENAR S.A. E.S.P, cada
uno en lo de su competencia, para que dentro de los seis (06) meses siguientes a la
notificación de la presente sentencia, adelanten un convenio tendiente a realizar todas
la gestiones administrativas, presupuestales, técnicas y operativas para suministrar
energía eléctrica a los habitantes de las quince (15) viviendas ubicadas en la vereda
Santa Rosa del municipio de Ipiales (…).

SEXTO: ORDENAR que dentro del término otorgado en el ordinal anterior, EL
MUNICIPIO DE IPIALES (N), en colaboración de LA EMPRESA CENTRALES
ELÉCTRICAS DE NARIÑO - CEDENAR S.A. E.S.P, en lo de su competencia, elaboren
y presenten los estudios de las medidas a adoptar para la ampliación de las redes
eléctricas o la construcción de redes de media tensión, tendientes a suministrar el
servicio de energía eléctrica a las 15 viviendas ubicadas en la vereda Santa Rosa, en
el municipio de Ipiales (…), debidamente individualizadas, incluidas las labores
necesarias para consideración e inserción en el banco de proyectos ante el

10

Radicación: 52001-23-33-000-2021-00426-01
Demandante: Iván Darío Chalaca Díaz

Departamento de Nariño, quien deberá conceder un orden de prelación o prioridad con
el fin de realizar las respectivas correcciones, ajustes y apoyo técnico que se requiera
en aras de garantizar su viabilidad, periodo de revisión que no podrá superar los dos
(2) meses.

SÉPTIMO: ORDENAR que dentro del mismo término de los seis (06) meses, EL
MUNICIPIO DE IPIALES (…), acredite ante el Tribunal la radicación del respectivo plan
o proyecto, con la totalidad de los requisitos requeridos para que sea técnica, ambiental
y económicamente viable, el suministro de energía eléctrica para las personas de las
viviendas antes referenciadas.

OCTAVO: ORDENAR que una vez vencido el plazo anterior, EL MUNICIPIO DE
IPIALES (…), y LA EMPRESA CENTRALES ELÉCTRICAS DE NARIÑO - CEDENAR
S.A. E.S.P, en lo de su competencia, y en el término de seis (06) meses realicen la
contratación, ejecución y puesta en marcha del proyecto para la ampliación de las
redes eléctricas o la construcción de redes de media tensión tendientes a suministrar
el servicio de energía eléctrica a las quince (15) viviendas ubicadas en la vereda Santa
Rosa, en el municipio de Ipiales (…), para garantizar los derechos colectivos a las
personas de dicha vereda.

NOVENO: ORDENAR a las entidades condenadas acreditar y comunicar al Tribunal
el cumplimiento de las órdenes impartidas dentro de los diez (10) días siguientes al
vencimiento de los términos de cada una de ellas.

DÉCIMO: ORDENAR a las entidades condenadas a publicar la parte resolutiva de la
presente sentencia en sus páginas web, dentro de los cinco (5) días siguientes a la
ejecutoria de la sentencia, al menos por treinta (30) días, para lo cual, sus mandatarios
judiciales, remitirán al Tribunal la constancia respectiva con copia de los pantallazos
de la publicación.

DÉCIMO PRIMERO: CONFORMAR el comité para la verificación del cumplimiento de
la presente sentencia, en los términos que se consignan en la parte motiva de esta
sentencia, de acuerdo a los parámetros de la Ley 472 de 1998.

DÉCIMO SEGUNDO: CONDENAR en costas en esta instancia y de manera
proporcional a la parte vencida, es decir a las entidades condenadas en favor del actor
popular en la medida de su comprobación. Liquídense por conducto de secretaría de
la Corporación. […]”.

III. FUNDAMENTOS DE LOS RECURSOS DE APELACIÓN

III.1. El apoderado judicial de la sociedad Centrales Eléctricas de Nariño S.A.
E.S.P. (Cedenar S.A. E.S.P.), mediante escrito de 2 de julio de 202419, solicitó la
revocatoria de la sentencia de primera instancia.

47. La empresa afirmó que reiteraba los argumentos de oposición propuestos en el
escrito de contestación de la demanda20. Insistió que a Cedenar S.A. E.S.P. “[…]
no le asiste […] la responsabilidad directa de garantizar el acceso a los servicios
públicos como el de energía eléctrica, habida cuenta que dicha obligación no radica
en la empresa de servicios públicos, sino en el Estado como tal […]”.

19
Cfr. Índice 70, expediente digital Tribunal Administrativo de Nariño, documento denominado “70_MemorialWeb_Alegatos-
Gmail2021004260(.pdf) NroActua 70”.
20
Afirmó que: (i) los prestadores no son responsables de garantizar el acceso a los servicios públicos; (ii) el Estado tiene la
obligación de velar por la ampliación de la cobertura de los servicios públicos; (iii) en visita técnica se determinó que la
ampliación de la red hacia el sector objeto de la demanda no es conveniente y se recomendó que se construya una nueva
red e instale un transformador; (iv) para financiar tales proyectos existen fondos dispuestos por la Nación; y (v) los derechos
que se pretende amparar no son colectivos, sino individuales.

11

Radicación: 52001-23-33-000-2021-00426-01
Demandante: Iván Darío Chalaca Díaz

48. Afirmó que los municipios “[…] tienen la obligación de garantizar la prestación
eficiente del servicio público domiciliario de energía eléctrica […]”. Sin embargo,
recordó que la obligación de gestionar y promover la prestación de los servicios
tiene “[…] como condicionantes factores sociales, geográficos y de racionalidad
económica […]”. Además, “[…] la prestación del servicio no debe menoscabar ni
poner en peligro la seguridad de la comunidad […]”.

49. Concluyó que “[…] la supuesta vulneración del derecho por parte de la empresa
electrificadora de Nariño CEDENAR S.A. E.S.P. no existe […]”, pues conforme a
sus finalidades, es el Estado el que debe asegurar su prestación eficiente.

III.2. El apoderado judicial del municipio de Ipiales, mediante escrito de 2 de julio
de 202421, solicitó la revocatoria de la sentencia de primera instancia. Afirmó que la
sentencia carece de motivación, “[…] tiene implicaciones significativas para el erario
público y podría afectar los recursos destinados a proyectos sociales […]”.

50. A su juicio, el municipio no quebrantó ningún derecho colectivo y tampoco el
tribunal podía imponerle una condena en costas. Manifestó que el municipio tiene
la responsabilidad de regular, supervisar y controlar la prestación del servicio de
energía para evitar conexiones ilegales y construcciones no autorizadas, de manera
que a los demandantes “[…] no se les ha negado dicho servicio público […]”.

51. Estimó que la providencia cuestionada “[…] promueve la falta de
responsabilidad por parte de la ciudadanía y fomenta prácticas sin control estatal
[…]”, por las siguientes razones:

“[…] En el caso presente, hemos reiterado a cada uno de los demandantes los
requisitos que deben cumplir para que el municipio pueda emitir los documentos
técnicos necesarios para evaluar la ampliación solicitada. Este estudio se remite a
CEDENAR, quien a su vez debe realizar su propio análisis. Sin embargo, durante los
últimos seis (6) años, como menciona uno de los actores, no han cumplido con dichos
requisitos. […]. En consecuencia […], se evade el deber que tienen los actores de esta
demanda […] [de] presentar los soportes correspondientes para que, como Estado,
iniciemos los trámites administrativos, legales y ejecuciones necesarias para la
prestación de los servicios públicos solicitados […]”.

52. Adujo que las órdenes de amparo no solo desconocen los procedimientos
legales aplicables en materia presupuestal y administrativa, sino que promueven
“[…] el riesgo de enfrentar investigaciones y sanciones por parte de los órganos de
control del Estado […]”.

53. Arguyó que el “[…] fallo sentará un precedente para otros habitantes que
construyen sus viviendas sin ningún estudio técnico previo. Esto niega al Estado la
posibilidad de evaluar si dichas construcciones son seguras o no. Además, al omitir
estos procesos, no podemos registrar ni tener en cuenta las protecciones especiales
que deben brindarse a los ciudadanos en nuestros registros y censos […]”.

Cfr. Índice 72, expediente digital Tribunal Administrativo de Nariño, documento denominado “71_MemorialWeb_Recurso-
21

RECURSODEAPELACION(.pdf) NroActua 72”.

12

Radicación: 52001-23-33-000-2021-00426-01
Demandante: Iván Darío Chalaca Díaz

54. Aclaró que “[…] al construir viviendas sin estudios técnicos previos, se pone en
riesgo la seguridad de los ciudadanos y se dificulta el registro adecuado de estas
construcciones […]”. Por ende, solicitó que “[…] se ordene a los accionantes cumplir
con todos los requisitos solicitados por parte de la administración municipal. Esto es
fundamental para iniciar el estudio y posterior realización del paquete técnico
necesario para la ampliación de la red eléctrica u otras acciones pertinentes. La
colaboración de los ciudadanos es esencial para garantizar un proceso transparente
y seguro […]”.

55. Por último, requirió que los términos dados al municipio para cumplir las órdenes
se contabilicen “[…] una vez que los documentos radicados por los accionantes de
las quince (15) viviendas hayan sido subsanados, si es necesario […]”.

IV. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

56. Mediante auto de 10 de julio de 202422, el Tribunal Administrativo de Nariño
concedió ante el Consejo de Estado los recursos de apelación interpuestos por la
sociedad Centrales Eléctricas de Nariño S.A. E.S.P. (Cedenar S.A. E.S.P.) y por el
municipio de Ipiales.

57. Esta autoridad judicial, a través de auto de 28 de agosto de 202423, admitió los
recursos de apelación, advirtió a los sujetos procesales que no había lugar a dar
traslado para alegar de conclusión, e informó al Ministerio Público que se encontraba
habilitado para emitir concepto en la presente causa hasta antes de que el proceso
ingresara al despacho para emitir sentencia.

58. El Procurador Quinto Delegado ante el Consejo de Estado, mediante escrito de
3 de septiembre de 202424, solicitó la confirmación de la sentencia de primera
instancia. Indicó que existen medios de prueba que señalan la responsabilidad de
los accionados, al no solucionar el problema de falta de energía eléctrica que
padece el municipio de Ipiales.

59. Adujo que la vulneración de los derechos colectivos invocados se demostró, en
tanto el suministro de energía eléctrica permite desarrollar garantías como la
dignidad humana, la salud, la educación, el trabajo, la vivienda digna, entre otras.

V. CONSIDERACIONES DE LA SALA

V.1. Competencia

60. De conformidad con lo establecido en el artículo 37 de la Ley 472 de 1998, en
concordancia con lo preceptuado en el artículo 150 de la Ley 1437 de 2011 y en el

22
Cfr. índice 75 expediente digital Tribunal Administrativo de Nariño, documento denominado “74Auto concede
re_AUTOCONCEDERECURSOAC(.pdf) NroActua 75”.
23
Cfr. índice 4 expediente digital Consejo de Estado, documento denominado “8Autoqueadmite
_AP202142601IVANDARIO(.pdf) NroActua 4”.
24
Cfr. Índice 4 expediente digital Consejo de Estado, documento denominado “13RECIBEMEMORIAL
_ANEXOAP20210042601pd(.pdf) NroActua 10”.

13

Radicación: 52001-23-33-000-2021-00426-01
Demandante: Iván Darío Chalaca Díaz

artículo 13 del Acuerdo 080 de 12 de marzo de 201925, la Sección Primera del
Consejo de Estado es competente para conocer en segunda instancia los recursos
de apelación interpuestos en contra de las sentencias proferidas en primera
instancia por los Tribunales Administrativos, en el marco de las acciones populares.

V.2. Planteamiento de los problemas jurídicos

61. El señor Iván Darío Chalaca Díaz atribuyó al municipio de Ipiales, al
departamento de Nariño, a la sociedad Cedenar S.A. E.S.P. y al Ministerio de Minas
y Energía, la transgresión de los derechos colectivos al acceso a los servicios
públicos, a que su prestación sea eficiente y oportuna, al acceso a una
infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública y los derechos de los
consumidores y usuarios, debido a la falta de cobertura del servicio público
domiciliario de energía eléctrica, en un sector de la vereda Santa Rosa del municipio
de Ipiales.

62. El conocimiento del proceso le correspondió en primera instancia al Tribunal
Administrativo de Nariño, autoridad judicial que amparó los citados derechos
colectivos, y ordenó al municipio de Ipiales, a la sociedad Cedenar S.A. ESP y al
departamento de Nariño “[…] realizar todas la gestiones administrativas,
presupuestales, técnicas y operativas para suministrar energía eléctrica a los
habitantes de las quince (15) viviendas […]”, en el marco de sus competencias.

63. El municipio de Ipiales y la sociedad Cedenar S.A. E.S.P., apelaron la anterior
decisión. La empresa prestadora de servicios públicos domiciliaros reiteró los
planteamientos expuestos en la contestación de la demanda sobre: (i) la naturaleza
individual de la controversia; y (ii) las obligaciones del Estado respecto de la
ampliación de la cobertura del servicio.

64. Por su parte, el municipio adujo que: (i) no transgredió los derechos amparados;
(ii) la sentencia afectaría gravemente el erario público; (iii) el cumplimiento de las
órdenes judiciales requiere que los habitantes de Santa Rosa respeten los requisitos
técnicos y urbanísticos; y (iv) las órdenes desconocen las exigencias legales
impuestas a los potenciales usuarios para acceder al servicio de energía.

65. Para resolver estos reparos, la Sala estudiará: (i) la naturaleza colectiva de la
controversia; (ii) los programas de ampliación de la cobertura del servicio de energía
eléctrica; (iii) el deber de los potenciales usuarios relacionado con el cumplimiento
de los requisitos técnicos y urbanísticos; y (iv) los reparos presupuestales y
procedimentales.

V.2.1. La naturaleza colectiva de la controversia

66. El primer eje temático de la apelación señala que la acción popular ejercida era
improcedente, porque “[…] la parte actora busca la protección de (…) intereses
particulares […]”.

25
“Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado”.

14

Radicación: 52001-23-33-000-2021-00426-01
Demandante: Iván Darío Chalaca Díaz

67. Frente a ese reparo, es pertinente recordar que el juez popular, según la
jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, tiene la obligación
de verificar si el derecho en debate es indivisible o transindividual, para determinar
cuándo es procedente el medio de control ejercido26.

68. A partir de la sentencia de 18 de marzo de 2010, esta Sección aclaró que “[…]
no deben confundirse los derechos colectivos con los individuales comunes a un
grupo de personas determinadas o determinables. La distinción entre intereses
subjetivos y colectivos de un grupo depende de la posibilidad de apropiación
exclusiva de los objetos o bienes materiales o inmateriales involucrados en la
relación jurídica […]”27.

69. Sin embargo, es factible “[…] que unos mismos hechos puedan generar
vulneración de derechos fundamentales y afectación, amenaza o vulneración de
derechos colectivos […]”28. En ese escenario, excepcionalmente el juez de la acción
popular podrá emitir un pronunciamiento de fondo si advierte que existe una
conexidad entre ambas prerrogativas que comporta un daño o riesgo al derecho
supraindividual29.

70. Los derechos colectivos descritos en los literales h), j) y n) del artículo 4.º de la
Ley 472 se relacionan con problemas de comunidades específicas en materia de
acceso, eficiencia u oportunidad en la prestación de los servicios públicos. En ese
contexto, al resolver dichos casos, la decisión del juez debe ir más allá de los
intereses individuales, y fundarse en el deber genérico del Estado de asegurar la
prestación eficiente de tales servicios a todos los habitantes del territorio nacional30.

71. Nótese que el Estado no solo interviene los servicios públicos para garantizar
su calidad, sino que también es responsable de promover la ampliación de la
cobertura, mediante sistemas que compensen la falta de capacidad de pago de los
usuarios. Los artículos 334 y 365 de la Constitución Política y el artículo 2.° de la
Ley 142 de 11 de julio de 199431 desarrollan esta premisa.

26
Ver, entre otras, sentencia C-622 de 14 de agosto de 2007 de Corte Constitucional (M. P: Rodrigo Escobar Gil) y sentencia
de 10 de febrero de 2005 del Consejo de Estado, Sección Tercera, C.P: María Elena Giraldo Gómez, radicación núm. 25000-
23-25-000-2003-00254-01(AP)
27
Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Consejera ponente (E): María Claudia
Rojas Lasso. Bogotá D.C., dieciocho (18) de marzo de dos mil diez (2010), radicación núm. 44001-23-31-000-2005-00328-
01(AC). Actor: Bartolo Poveda González. Demandado: Municipio de Maicao y Otros.
28
Cfr. Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 28 de abril de 2011, radicación núm. 76001-23-31-000-2004-02843-
01 (AP). C.P.: María Claudia Rojas Lasso.
29
Cfr. Consejo de Estado, Sección Primera, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, radicación núm.: 44001-23-33-000-2013-
00160-01 (AP) y radicación núm.: 88001-23-33-000-2020-00072-01; Consejo de Estado, Sección Primera, C.P. Germán
Eduardo Osorio Cifuentes, radicación núm.: 88001-23-33-000-2021-00041-02.
30
Cfr. Corte Constitucional, sentencia C-172 de 13 de marzo de 2014, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
31
“Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones […].
Artículo 2. Intervención del Estado en los servicios públicos. El Estado intervendrá en los servicios públicos, conforme a las
reglas de competencia de que trata esta Ley, en el marco de lo dispuesto en los artículos 334, 336, y 365 a 370 de la
Constitución Política, para los siguientes fines: […].
2.2. Ampliación permanente de la cobertura mediante sistemas que compensen la insuficiencia de la capacidad de pago de
los usuarios. […]”.

15

Radicación: 52001-23-33-000-2021-00426-01
Demandante: Iván Darío Chalaca Díaz

72. Según el literal f) del artículo 3.° de la Ley 143 de 11 de julio de 199432,
corresponde al Estado ampliar la cobertura del servicio público domiciliario de
energía eléctrica en las diferentes regiones y sectores del país, que garantice la
satisfacción de las necesidades básicas de los usuarios de los estratos 1, 2, 3 y de
los de menores recursos del área rural, a través de diversos agentes públicos y
privados que presten el servicio.

73. El artículo 6.° de la Ley 143 señaló que, conforme al principio de equidad, el
Estado debe propender por alcanzar una cobertura equilibrada y adecuada en los
servicios de energía en las diferentes regiones y sectores del país. Asimismo, “[…]
en virtud del principio de calidad, el servicio prestado debe cumplir los requisitos
técnicos que se establezcan para él […]”.

74. El artículo 48 ibidem estableció la siguiente obligación:

“[…] Artículo 48. El Gobierno Nacional asignará y apropiará los recursos suficientes
en el Plan Nacional de Desarrollo, en el Plan Nacional de Inversiones Públicas y en
las leyes anuales del presupuesto de rentas y ley de apropiaciones, para adelantar
programas de energización calificados como prioritarios, tanto en las zonas
interconectadas como en zonas no interconectadas con el objeto de que en un
período no mayor de veinte (20) años se alcancen niveles igualitarios de
cobertura en todo el país, en concordancia con el principio de equidad de que trata
el artículo 6 de la presente Ley. […]”.

75. Como puede apreciarse el legislador reconoció que la ampliación de la
cobertura del servicio público domiciliario de energía eléctrica afronta múltiples
dificultades de orden logístico, técnico y económico. En consecuencia, adoptó un
modelo progresivo de implementación a 20 años, cuyo periodo de cumplimiento
finalizó el 11 de julio de la presente vigencia.

76. En concordancia con lo anterior, el régimen jurídico del sector energético cuenta
con varias herramientas jurídicas y presupuestales para materializar el principio de
equidad al interior del Sistema Interconectado Nacional (SIN) y en las Zonas No
Interconectadas (ZNI)33.

77. Existen cinco instrumentos encaminados a expandir el perímetro del servicio de
energía, atendiendo a las condiciones particulares de cada territorio. Estos son: (i)
el modelo de condiciones especiales de prestación del servicio a los usuarios
ubicados en zonas de difícil acceso dentro del Sistema Interconectado Nacional; (ii)
el fondo de apoyo financiero para la energización de las zonas rurales
interconectadas (FAER); (iii) los proyectos de expansión para zonas no
interconectadas (ZNI) por medio del fondo de apoyo financiero para la energización

32
“Por la cual se establece el régimen para la generación, interconexión, trasmisión, distribución y comercialización de
electricidad en el territorio nacional, se conceden unas autorizaciones y se dictan otras disposiciones en materia energética”.
33
“Artículo 11. Para interpretar y aplicar esta Ley se tendrán en cuenta las siguientes definiciones generales: […].
Sistema interconectado nacional: es el sistema compuesto por los siguientes elementos conectados entre sí: las plantas y
equipos de generación, la red de interconexión, las redes regionales e interregionales de transmisión, las redes de distribución,
y las cargas eléctricas de los usuarios.
[…].
Zonas no interconectadas: área geográfica en donde no se presta el servicio público de electricidad a través del Sistema
Interconectado Nacional. […]”.

16

Radicación: 52001-23-33-000-2021-00426-01
Demandante: Iván Darío Chalaca Díaz

de las zonas no interconectadas (FAZNI34); (iv) el programa de normalización de
redes eléctricas (PRONE) para legalizar a los usuarios del servicio y adecuar las
redes a los reglamentos técnicos vigentes en barrios subnormales situados en
municipios del SIN; y (v) los proyectos de energización con fuentes no
convencionales de energía renovable (FNCER).

78. Adicionalmente, se debe tener en cuenta que la Unidad de Planeación Minero
Energética (UPME), a través del plan indicativo de expansión de cobertura de
energía eléctrica (PIEC), proyecta la expansión del servicio considerando criterios
de respuesta de la demanda existente35.

79. Según el artículo 2.2.3.3.1.7. del Decreto 1073 de 26 de mayo de 201536, ese
instrumento es la base para que el Ministerio de Minas y Energía determine las
necesidades y prioridades de desarrollo de infraestructura para extender la
cobertura del servicio público domiciliario de energía eléctrica en el sistema de
transmisión regional (STR) y el sistema de distribución local (SDL), así como en las
ZNI. El PIEC cuenta con los siguientes objetivos:

“[…] El PIEC tendrá los siguientes objetivos:

a. Determinar las zonas geográficas que cuentan con el servicio público domiciliario
de energía eléctrica y aquellas zonas que carecen de dicho servicio.

b. Determinar el número de usuarios, por zona geográfica, que cuentan con el
servicio público domiciliario de energía eléctrica lo mismo que aquellos usuarios que
carecen del servicio.

c. Estimar el costo para atender el déficit de cobertura en cada sitio, localidad
o centro poblado y el agregado nacional para lograr la universalización del servicio
de energía eléctrica.

d. Plantear de forma indicativa diferentes soluciones energéticas en función de
la disponibilidad de recursos, costos y calidad en la prestación del servicio,
para aquellas zonas que no cuentan con el servicio público domiciliario de
energía eléctrica, como pueden ser la interconexión al SIN y soluciones
aisladas centralizadas o individuales. […].

PARÁGRAFO. Las entidades del orden nacional y territorial y los OR,
presentarán colaboración con el objeto de entregar a la UPME la información
que sea requerida por dicha entidad, para elaborar el PIEC. Para lo anterior la
UPME desarrollará una herramienta en línea para que se realice el reporte de
información. […]”. (Negrillas fuera del texto).

80. Como puede apreciarse el régimen jurídico del sector energía reconoce que la
ampliación de la cobertura del servicio es una problemática de naturaleza colectiva
y, en consecuencia, establece herramientas para afrontar los desafíos existentes

34
Ley 633 de 29 de diciembre de 2000, “[…] Por la cual se expiden normas en materia tributaria, se dictan disposiciones sobre
el tratamiento a los fondos obligatorios para la vivienda de interés social y se introducen normas para fortalecer las finanzas
de la Rama Judicial. […]”. Artículo 82.
35
Decreto 1073 de 2015. “[…] ARTÍCULO 2.2.3.2.3.4. Planes de Expansión. En la elaboración del Plan Energético Nacional,
el Plan de Expansión de Referencia y el Plan Indicativo de Expansión de Cobertura de Energía Eléctrica, la Unidad de
Planeación Minero Energética, UPME, deberá considerar criterios de respuesta de la demanda. […]”. (Decreto 2492 de 2014,
art. 2)
36
“Por la cual medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Minas y Energía”.
Subsección 4.1. “Esquemas diferenciales de prestación del servicio en áreas o zonas especiales”.

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Radicación: 52001-23-33-000-2021-00426-01
Demandante: Iván Darío Chalaca Díaz

tanto en el Sistema Interconectado Nacional (SIN) como en las Zonas No
Interconectadas (ZNI).

81. Esto quiere decir que el objeto de la demanda tiene la potencialidad de afectar
derechos supraindividuales y, por lo mismo, la acción popular deviene en el
mecanismo idóneo para resolver la controversia planteada.

V.2.2. Los programas de ampliación de la cobertura del servicio de energía
eléctrica

82. Cedenar S.A. E.S.P. sostiene que el Estado, especialmente el municipio de
Ipiales, es responsable de adelantar los proyectos de ampliación de la cobertura del
servicio de energía eléctrica, a través de los programas y fondos previstos para tal
efecto.

83. Para resolver el planteamiento, la Sala estudiará: (i) lo acreditado en el plenario
sobre el particular; (ii) los actores responsables de solicitar la financiación de los
proyectos de ampliación de la cobertura del servicio de energía eléctrica; y (iii) las
conclusiones sobre el planteamiento.

V.2.2.1. Lo acreditado en el plenario sobre el particular

84. En el expediente obra el oficio de 15 octubre de 2020, por medio del cual el
actor popular solicitó a Centrales Eléctricas de Nariño CEDENAR S.A. E.S.P, al
municipio de Ipiales, al departamento de Nariño y al Ministerio de Minas y Energía,
la instalación de redes eléctricas en un sector de la vereda Santa Rosa, en el que
existen 15 viviendas.

85. Con ocasión de lo anterior, el 21 de octubre de 2020, la sociedad Ingenieros
Civiles y Electricistas de Colombia S.A.S. (Icelco Ingeniería S.A.S.), efectuó una
visita de inspección al sector, en calidad de contratista de Cedenar S.A. E.S.P.37.
En esa oportunidad se verificó lo siguiente:

“[…] Se observa una red de baja tensión energizada del transformador 28TA300170,
la cual se encuentra aproximadamente a 600 mts de distancia desde el
transformador, adicionalmente el usuario con código interno 1190544 manifiesta
haber construido una red de baja tensión de aproximadamente 150 m para
energizar su vivienda.

Para nosotros NO es conveniente ampliar la red de baja tensión, debido a que
se encuentra muy lejos del transformador y se recomienda la construcción de
red de Media Tensión y Baja Tensión e instalación de un transformador para el
sector, debido a que en este sector existen 15 viviendas contando con las 8 que
solicitan el servicio nuevo, y así poder garantizar un buen servicio de energía. […]”.
(Negrilla fuera del texto).

86. La propuesta contiene un registro fotográfico que da cuenta de la ruralidad del
sector, así como el siguiente diagrama de la red de baja y media tensión:

37
Cfr. índice 23 expediente digital Tribunal Administrativo de Nariño, documento denominado
“20_CONTESTACIONDEMANDA(.pdf) NroActua 23”.

18

Radicación: 52001-23-33-000-2021-00426-01
Demandante: Iván Darío Chalaca Díaz

38

87. En el plenario obra el oficio de 4 de noviembre de 202039, a través del cual
Cedenar S.A. E.S.P. contestó el derecho de petición al actor popular. Se aclaró que
la empresa presta el servicio de energía eléctrica en el departamento de Nariño. Sin
embargo, se puntualizó que no está obligada a realizar la construcción de nuevas
redes eléctricas.

88. El oficio concluye que “[…] no es posible ampliar la red de baja tensión, dada
las condiciones de proyección de vivienda […]”. Por ende, “[…] los peticionarios […]
deben adelantar el proyecto eléctrico para la construcción de la red de media tensión
y la instalación de un transformador, para ello se recomienda gestionar los recursos
necesarios ante el gobierno nacional, departamental o municipal […] en fondos tales
como PRONE, FAER, FAZNI, REGALÍAS […]”.

89. En síntesis, se consideró que el municipio de Ipiales debe elaborar un proyecto
de energización del sector, a efectos de obtener los recursos de la administración
del nivel nacional, y que “[…] al tramitar ante CEDENAR lo correspondiente al
servicio de energía eléctrica, el inmueble debe contar con lo exigido por el
Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE) […]”.

90. En el acervo probatorio obra además el oficio de 10 de mayo de 202140,
elaborado por la Oficina Asesora Jurídica de Ipiales. Allí se mencionó que la línea
estratégica 4 del plan de desarrollo municipal 2020-2023 “[…] tiene como objetivo
reducir las inequidades y brechas sociales en habitabilidad brindando acceso a la
vivienda, al agua potable, alcantarillado, saneamiento básico, electrificación, e
infraestructura sociocultural y deportiva, con el propósito de mejorar calidad de vida
de los ipialeños […]”. Acto seguido, se adujo que el ente territorial solo es
responsable de la prestación de los servicios públicos en el perímetro urbano y en
los centros poblados rurales.

38
Cfr. índice 23 expediente digital Tribunal Administrativo de Nariño, documento denominado
“20_CONTESTACIONDEMANDA(.pdf) NroActua 23”.
39
Ibidem., folios 33 y ss.
40
Cfr. Índice 3 expediente digital Tribunal Administrativo de Nariño, documento denominado
“1_0001ACCIONPOPULARPD.PDF”.

19

Radicación: 52001-23-33-000-2021-00426-01
Demandante: Iván Darío Chalaca Díaz

91. El mismo documento plantea que los residentes deben instalar la red de
electricidad respectiva:

“[…] Por lo cual en el caso puntual que nos atañe, la empresa CENTRALES
ELÉCTRICAS DE NARIÑO S.A E.S.P (CEDENAR) el día 09 de abril del presente
año dio respuesta a la petición instaurada por los señores Sandra Jaqueline
Benavides, Fabián Benavides, Lendi Tulcán, Manuel Cuastumal, Segundo Taimbud
y Luis Antonio Telpud, en el cual se les informo (sic) que “deberán instalar con
recursos propios la red de baja tensión para energizar sus viviendas, obras que los
suscriptores deberán asumir por no encontrarse en el programa de inversiones de la
empresa. Según lo estipulado en el artículo 3 del Decreto 1842 de 1991” […]”.

92. Se insistió que “[…] la responsabilidad del Municipio en la prestación de
servicios públicos domiciliarios y la disponibilidad inmediata de los mismos está
circunscrita al interior del perímetro urbano y a los centros poblados rurales que se
encuentren conectados a la red del sistema de distribución local de energía eléctrica
[…]”. Y se advirtió que los solicitantes deben acreditar el cumplimiento de los
requisitos técnicos del RETIE para efectos de convertirse en suscriptores del
servicio de energía eléctrica.

93. Mediante oficio SIMM-015 de 1.° de abril de 202241, la Subsecretaría de Minas
y Energía de la Gobernación de Nariño informó que:

“[…] realizada mesa técnica con el Ministerio de Minas y Energía, desde la
Subsecretaria de Minas, solicitamos la matriz de los proyectos que se vienen
ejecutando en el Departamento de Nariño, encontrando que no se encuentra
priorizada la vereda de Santa Rosa del Municipio de Ipiales, por lo tanto se realiza
un traslado por competencia a la Empresa CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO
CEDENAR S.A. E.S.P., para que ellos como ente encargado de realizar las
actividades de electrificación en el Departamento, incluyan a los habitantes de este
sector en sus procesos. […].

En virtud de lo anterior sugerimos acudir a la empresa CEDENAR, teniendo en cuenta
que desde dicha institución ya han estructurado y ejecutado proyectos por medio
del Fondo de Apoyo Financiero para Energización de Zonas Rurales
Interconectadas FAER. […]”. (Negrilla fuera del texto).

94. La Secretaría de Planeación de Ipiales, mediante comunicación de 24 de abril
de 202142, se refirió a la ampliación del perímetro del servicio de energía eléctrica
al sector objeto de la demanda, en los siguientes términos:

“[…] el municipio tiene contemplado dentro del Plan de Desarrollo 2020-2023
“Hablamos con hechos”, en la Línea Estratégica 5: 2.5.1.4, el objetivo de
electrificación de viviendas en zonas rurales al conectarlas a la red del sistema
de distribución local de energía eléctrica, con una meta de 200 viviendas las
cuales están priorizadas en el Corregimiento Cofanía Jardines de Sucumbíos.
[…].

Por otra parte y en el caso puntual que nos atañe, CEDENAR E.S.P. da respuesta
[…], donde se les informa a los interesados que deberán instalar con recursos
propios la red de baja tensión para energizar sus viviendas, obras que los

41
Cfr. índice 9 expediente digital Tribunal Administrativo de Nariño, documento denominado “0027. CONTESTACION DEPTO.
DE NARIÑo.pdf”, folios 21 y 22.
42
Cfr. índice 9 expediente digital Tribunal Administrativo de Nariño, documento denominado “0034. certificación Secretaría
de Planeación Municipal”.

20

Radicación: 52001-23-33-000-2021-00426-01
Demandante: Iván Darío Chalaca Díaz

suscriptores deberán asumir por no encontrase en el programa de inversiones
de la empresa (Artículo 3 del Decreto 1842 de 1991 y Articulo 93 de la Ley 142 de
1994).

[…] sobre el suscriptor potencial de servicios públicos también recaen
responsabilidades como lo son el cumplir con unas condiciones técnicas y
jurídicas mínimas para la conexión (licencia de parcelación, licencia de
construcción, cumplimiento de normativa RETIE, etc.). Por tal motivo, los
moradores de la Vereda Santa Rosa, además de cumplir con el lleno que exige la
normativa nacional y municipal en cuanto a permisos de construcción y usos de
suelo, deberán acogerse a los requisitos de CEDENAR E.S.P. ya que la ley prevé
que las empresas privadas apoyen a los entes territoriales en la prestación de
servicios cuando este último no cuente con las herramientas ni la capacidad
financiera para hacerlo (Ley 142 de 1994). […]”. (Negrilla fuera del texto).

95. En el plenario se encuentra el testimonio de Wilson Alexander Vallejo Coral43,
quien en calidad de funcionario de Cedenar S.A. E.S.P., en la audiencia de 1.° de
noviembre de 202344, precisó cuál fue el trámite dado a la petición cuestionada, así:

“[…] En el caso concreto, (…) se trataba de una ampliación de redes, se hacen las
verificaciones del caso (…). El ingeniero (…) contratista (…) Andrés Amésquita de la
firma ICELCO, es el encargado de ir a terreno y hacer los levantamientos respectivos.
(…) Concretamente se hace una negación acá porque se trata de una ampliación de
redes (…). El fin de la empresa no es hacer ampliaciones, nuestro fin es garantizar la
prestación del servicio en los términos que establecen la ley 143 y 142 de 1994, y
obviamente todo esto lo hacíamos con los recursos que se obtienen vía tarifa.

Desafortunadamente no son tan amplios como para poder hacer un trabajo extenso
en todo el departamento. Nos dedicamos exclusivamente, pues, a hacer el
mantenimiento correctivo y preventivo de nuestras redes y estamos garantizando la
continuidad de la prestación de servicio bajo unos indicadores de calidad. Unos
indicadores que tienen que ver con la duración de las suspensiones y la frecuencia
de la suspensión. Es por ello que los recursos que tenemos van enfocados hacia allá,
hacer reposición de redes, cambio de postes, pero no las ampliaciones (…). La ley
claramente determina que eso no es una función directa de las electrificadoras, son
funciones generales de la Nación, del departamento, de los municipios, inclusive de
los privados. Los particulares con sus recursos propios también pueden hacer las
ampliaciones. […]”45.

96. A la pregunta sobre los planes de expansión de las redes, el testigo señaló:

“[…] La empresa, pues, tiene también unos planes de acción y dentro de esos están
unos planes para mejorar la prestación del servicio y se incluyen en algunos casos,
dependiendo de los recursos, hacer expansiones extensiones. Sea usuarios que
quedan retirados del transformador principal, pues obviamente, ya haciendo un nuevo
replanteo se pretende hacer, ya una nueva construcción, un nuevo diseño, un nuevo
transformador para que se abarque un mayor número de usuarios. Eso es bajo unas
condiciones, pues obviamente que la empresa las tiene definidas y son estos
planes de acción que corresponden unos planes de remodelación que en
ocasiones se convienen también con la CREG. O sea, sobre todo para poder
garantizar en algunos sectores de bajos recursos llevar el servicio de energía
eléctrica. […]”46. (Negrilla fuera del texto).

43
Ingeniero electricista, con especialización en Administración de Empresas, Constructores y Alta Gerencia. Funcionario
desde hace 33 años.
44
Cfr., índice 35, documento denominado “32_ACTADEAUDDEPRUEBAS(.pdf) NroActua 35”.
45
Ibidem.
46
Ibidem.

21

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Demandante: Iván Darío Chalaca Díaz

97. El testigo informó que la empresa no cuenta con ningún proyecto de ampliación
de redes en el sector, y que esa entidad informó a los miembros de la comunidad
cuál era el procedimiento que debían adelantar para que el proyecto se financiara
con recursos estatales, a través del FAER, el PRONE y el FAZNI. Puso de presente
que la empresa no es la responsable de presentar esos proyectos, sino los
departamentos, los municipios y los particulares, tal como lo reconoce el contrato
de condiciones uniformes.

98. Sobre los requisitos técnicos aplicables para la prestación del servicio, se
explicó lo siguiente:

“[…] En la parte urbana claramente están definidos los espacios donde se coloca la
infraestructura, (…) pero en las áreas rurales en ocasiones debemos atravesar
predios, (…) con el consentimiento de los propietarios y es ahí que con el pasar de
los tiempos se hacen las construcciones, y puede ser que hagan construcciones
debajo de las redes. Obviamente hay unas normativas al respecto, en este caso ya
es el RETIE que viene desde el año 2005, donde pues se prohíbe prácticamente
a cualquier persona construir debajo de redes de distribución de 34513 a 1200.
Más, sin embargo, pues en esos sectores especiales de resguardos indígenas
hacen construcciones y por ahí se pueden presentar algunas dificultades. Pero
lo cierto es que la normatividad habla de que no podemos hacer construcciones por
encima de las viviendas.
Una vez llevada a cabo la verificación se pudo constatar (…) que estas viviendas
fueron construidas sin prever.
(…) Sí, sí hay redes que están cerca las viviendas, no hay donde ellos, donde los
actores están pidiendo que les pongan energía eléctrica. […]”47. (Negrilla fuera del
texto).

99. Recopiló cuáles son los pasos necesarios para tramitar esta tipología de
proyectos, así:

“[…] Inicialmente el contratar un ingeniero electricista que levante los proyectos,
obviamente, después de un trabajo de georreferenciación, identifican las necesidades
de materiales y pues la cobertura y (…) con las justificaciones socioeconómicas se
hace la presentación de estos proyectos y se les asignarían los recursos necesarios
para llevarse a cabo. Entonces sí hay unos lineamientos que deben cumplir estos
proyectos eléctricos que obviamente deben entrar también a una cola de una
serie de proyectos que están ahí en trámite. […]”

Las redes eléctricas tienen un centro (…) de potencia y sobre ese tiene un cubrimiento
más o menos a 400 m a la redonda podríamos darle servicio de energía. Pero si ya
se separan de estas distancias, (…) ya se tiene que pensar no sólo en ampliar
las redes de baja tensión, sino ampliar las redes de media tensión. (…) Estas
ampliaciones de red de media tensión implican instalar nuevos transformadores. (…)
Obviamente le decía que, si es en la parte rural, hasta 50 M llevaríamos en el cable
normal de acometidas, sino es más de esa distancia, se tiene que pensar en
instalar nuevos postes, instalar cable. (…) La red principal tiene unos calibres que
son un poco altos. (…) Cada vez que haya un grupo de usuarios que amerite instalar
transformador, se tiene que pensar ya en un proyecto eléctrico. […]”48. (Negrilla fuera
del texto).

47
Ibidem.
48
Ibidem.

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Demandante: Iván Darío Chalaca Díaz

100. En la misma audiencia, rindió testimonio el señor Vicente Omar Paz Paredes49,
quien efectuó la visita técnica por solicitud de la empresa de servicios públicos
domiciliarios demandada. El testigo relató los siguientes hechos:

“[…] se hizo una revisión a la vereda Santa Rosa, se hicieron una especie de un
levantamiento en el cual se verificaba que se necesitaba ampliar las redes de media
y baja tensión, pues para ello también tocaba colocar unos transformadores.
cuando fuimos yo creo que había como (…) unas 10 casitas. Pero cuando fuimos
que (…) iban a construir en el futuro. (…) Ahorita en la actualidad no sé qué han
ampliado o si (…) han hecho algunas ampliaciones. (….) Se mencionan 80 casas.
[…]”50. (Negrilla fuera del texto).

101. A su vez, el testigo Jorge Andrés Amézquita Espinosa, quien realizó la visita al
sector junto con el señor Vicente Omar Paz Paredes, explicó que en esa
oportunidad se verificó que 1 o 2 casas construyeron su propia instalación eléctrica.

102. Por otra parte, respecto del uso del suelo previsto para el sector del proceso
judicial, se debe tener en cuenta que, mediante oficio de 12 de abril de 202251, la
Subsecretaría de Ordenamiento Territorial de Ipiales realizó las siguientes
precisiones:

“[…] 2) De acuerdo al PBOT de Ipiales, identificar la ubicación de la Vereda Santa
Rosa y de acuerdo a ello, establecer las razones por las cuales no se encuentran
instaladas las redes eléctricas del Municipio.

Respuesta: Dentro del inventario de Veredas que hacen parte del Municipio, no
se encuentra ninguna con el nombre Santa Rosa. Aunque, en el costado norte
del Barrio el Chambu existe el Barrio Santa Rosa, el cual está localizado en el
Sector 2 en el Área de Actividad Residencial Mediana Densidad (Acuerdo 024 de
2011 – PBOT).

Por otra parte, hay que recordar que los Urbanizadores o constructores ya sea en
suelo urbano o rural, son los responsables de adelantar la instalación de la red
de media o baja según sea el caso, para lo cual el potencial suscriptor deberá
dirigirse a la División de Operaciones de CEDENAR S.A. E.S.P., donde se le
suministrará la información del trámite que deberá adelantar para la energización.
[…]. (Negrilla fuera del texto).

103. La Subsecretaría de Urbanismo de Ipiales, por comunicado de 19 de abril de
202252, certificó lo siguiente:

“[…] Una vez revisada la base de datos de la Subsecretaría de Urbanismo adscrita a
la Secretaría de Planeación Municipal, se informa que a nombre del señor Iván Darío
Chalaca Díaz […] para inmuebles ubicados en la vereda Santa Rosa de esta
ciudad, NO existe radicación y/o licencia de construcción en ninguna
modalidad que le permita o autorice realizar intervenciones hasta la fecha […].
(Negrilla fuera del texto).

49
Representante legal de ICELCO, sociedad que celebró un contrato de mantenimiento de las redes con la empresa de
servicios públicos domiciliarios demandada.
50
Cfr., índice 35, documento denominado “32_ACTADEAUDDEPRUEBAS(.pdf) NroActua 35”.
51
Cfr. índice 9 expediente digital Tribunal Administrativo de Nariño, documento denominado “0035. certificación Subsecretaria
de Ordenamiento Territorial”.
52
Cfr. índice 9 expediente digital Tribunal Administrativo de Nariño, documento denominado “0036. Certificación subsecretaria
de urbanismo”.

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Radicación: 52001-23-33-000-2021-00426-01
Demandante: Iván Darío Chalaca Díaz

104. El 6 de diciembre de 2022, la Secretaría de Planeación53 y la Subsecretaría de
Urbanismo54 del municipio de Ipiales expidieron la siguiente certificación:

“[…] a partir de la información suministrada en la solicitud elevada por su despacho,
y nuevamente revisado el archivo institucional así como las bases de datos que
reposan en la Subsecretaría de Urbanismo, NO se encontró registro de expedición
de licencias urbanísticas en cualquier modalidad para los predios ubicados en
la Vereda (Barrio) Santa Rosa a nombre de los señores Iván Darío Chalaca Diaz,
Sandra Jackeline Benavides, Fabian Alfredo Benavides, Lendi Esperanza
Tulcán Tovar, Manuel Andrés Cuastumal Diaz, Segundo Marino Taimbud
Chalacan y Luis Antonio Tepud.

Por otra parte, recomendamos ampliar la información relacionada con los inmuebles
objeto de la solicitud, con el fin de profundizar los criterios de búsqueda toda vez que
información tal como: número de identificación del titular, número de matrícula
inmobiliaria y código predial de los mismos hacen parte integral de las solicitudes
para la expedición de los actos administrativos. […]. (Negrilla fuera del texto).

105. Así mismo, el apoderado judicial del municipio, en el escrito de alegatos de
conclusión de 22 de mayo de 2023, insistió que no es posible determinar cuáles son
los usos del suelo del sector del cuestionado, por las siguientes razones:

“[…] La vereda Santa Rosa, mencionada por el actor popular, no figura en los
registros de la Subsecretaría de Ordenamiento Territorial del Municipio de
Ipiales. En su lugar, existe el barrio Santa Rosa, se estima entonces que no son las
mismas, pues la vereda, cuya ubicación exacta; no ha sido precisada por el actor, lo
que impide determinar la comunidad referida. […]. (Negrilla fuera del texto).

106. Del material probatorio, la Sala destaca que las viviendas objeto de la solicitud
de ampliación de cobertura, en principio, se construyeron sin obtener de forma
previa licencia de parcelación y construcción. Además, el municipio ha sostenido a
lo largo del proceso que no sabe cuál es la ubicación exacta del sector objeto del
litigio y, por ello, no fue posible determinar cuál es el uso del suelo previsto en el
PBOT.

107. Se demostró que, un grupo de residentes de la vereda Santa Rosa solicitó en
octubre de 2020, a las entidades demandadas, la instalación de redes eléctricas
para 15 viviendas. Para atender la petición, el 21 de octubre de 2020 la empresa
Ingenieros Civiles y Electricistas de Colombia SAS inspeccionó el área y concluyó
que la ampliación de la red de baja tensión no era viable, debido a la distancia del
transformador. En consecuencia, el contratista recomendó a CEDENAR SA ESP la
construcción de una red de media tensión y la instalación de un nuevo
transformador.

108. En el marco de esos resultados técnicos, la empresa prestadora del servicio
demandada sugirió a los peticionarios que debían gestionar los recursos necesarios

53
Cfr. índice 39 expediente digital Tribunal Administrativo de Nariño, documento denominado
“37_RESPUESTASOLICITUDCUMPLIMIENTOAUTO(.pdf) NroActua 39”.
54
Cfr. índice 39 expediente digital Tribunal Administrativo de Nariño, documento denominado
“36_RESPUESTAOFICIO1851(.pdf) NroActua 39”.

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para el proyecto eléctrico, ante el gobierno nacional, departamental o municipal, a
través de fondos como FAER, FAZNI y PRONE.

109. Por su parte, el municipio de Ipiales, mediante oficios de mayo y abril de 2021,
aclaró a los peticionarios que el desarrollo de las obras era responsabilidad de los
constructores de las viviendas, haciendo énfasis en que esas construcciones no
obtuvieron licencias de parcelación, de construcción y no cumplían con el RETIE.

110. La Gobernación de Nariño, en abril de 2022, informó que la vereda Santa Rosa
no estaba priorizada en los proyectos de electrificación del departamento y le sugirió
a la comunidad acudir a CEDENAR SA ESP para que incluya a los habitantes en
futuros procesos. Se mencionó que esa empresa había estructurado y ejecutado
proyectos a través del Fondo de Apoyo Financiero para Energización de Zonas
Rurales Interconectadas (FAER).

V.2.2.2. Los actores responsables de solicitar la financiación de los proyectos
de ampliación de la cobertura del servicio de energía eléctrica

111. De conformidad con lo señalado en los acápites V.2.1. y V.2.2.1., la Sala
advierte que el municipio de Ipiales y la empresa prestadora de servicios públicos
domiciliarios cuentan con distintos instrumentos financieros y jurídicos, a efectos de
lograr la ampliación de la cobertura del servicio de energía. Esos programas
responden a un criterio territorial (zonas rurales, zonas de difícil gestión, barrios
subnormales urbanos y zonas de difícil acceso dentro del SIN) o a un criterio técnico
(normalización de redes eléctricas o uso de fuentes no convencionales de energía
renovable).

112. Sin embargo, en el proceso no se demostró si la “vereda Santa Rosa” hace
parte de la zona rural o urbana, y si los predios hacen parte del Sistema
Interconectado Nacional (SIN) o de las Zonas No Interconectadas (ZNI). Incluso el
testigo Wilson Alexander Vallejo Coral sugirió que las viviendas podían pertenecer
a un resguardo indígena.

113. Por ello, para resolver el argumento de los apelantes en el contexto de esa
omisión probatoria, se estudiará el rol que desempeñan los recurrentes respecto de
los diferentes mecanismos jurídicos y financieros previstos para tal propósito en
nuestro ordenamiento jurídico. Esto es: (i) el fondo de apoyo financiero para la
energización de las zonas rurales interconectadas (FAER); (ii) el fondo de apoyo
financiero para la energización de las zonas no interconectadas (FAZNI55); (iii) el
programa de normalización de redes eléctricas (PRONE); (iv) los proyectos de
energización con Fuentes No Convencionales de Energía Renovable (FNCER); y,
(v) el modelo de condiciones especiales de prestación del servicio a los usuarios
ubicados en zonas de difícil acceso dentro del Sistema Interconectado Nacional.

55
Ley 633 de 29 de diciembre de 2000, “[…] Por la cual se expiden normas en materia tributaria, se dictan disposiciones sobre
el tratamiento a los fondos obligatorios para la vivienda de interés social y se introducen normas para fortalecer las finanzas
de la Rama Judicial. […]”. Artículo 82.

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A. El fondo de apoyo financiero para la energización de las Zonas Rurales
Interconectadas - FAER

114. Este fondo fue creado por el artículo 105 de la Ley 788 de 27 de diciembre de
200256, con el propósito de ampliar la cobertura y procurar la satisfacción de la
demanda de energía en las zonas rurales interconectadas. Con los recursos de este
fondo los entes territoriales y las empresas prestadoras del servicio de energía
eléctrica actúan como gestores de planes, programas y proyectos de inversión
priorizados para la construcción e instalación de la nueva infraestructura. Su
vigencia, conforme a la Ley 1955 de 25 de mayo de 2019, es hasta el 31 de
diciembre de 2030.

115. Según lo dispuesto en el artículo 2.2.3.3.1.5. del Decreto 1073 de 2015, el
Ministerio de Minas y Energía adoptó, mediante Resolución 40379 de 16 de mayo
de 202357, el reglamento de las convocatorias para la presentación, evaluación y
aprobación de los planes de expansión de cobertura que presenten los operadores
de red, así como para la asignación de recursos del FAER.

116. En materia de legitimación el artículo 3.° de la Resolución 40379 señaló lo
siguiente:

“[…] ARTÍCULO 3o. PRESENTACIÓN DE PROYECTOS FINANCIADOS CON
RECURSOS FAER. Están facultados para presentar planes, programas o proyectos
de inversión priorizados para la construcción e instalación de nueva infraestructura
eléctrica en las zonas rurales interconectadas, el Operador de Red de energía
eléctrica y el Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para
las Zonas No Interconectadas (IPSE).
PARÁGRAFO 1o. Las Entidades Territoriales podrán presentar proyectos de
ampliación de cobertura de energía eléctrica en el Sistema Interconectado Nacional,
siempre y cuando cuenten con el Aval técnico y financiero para su ejecución y
operación en la etapa de Administración, Operación y Mantenimiento (AOM) por parte
del Operador de Red de la zona de influencia del proyecto. […]”. (Negrilla fuera del
texto).

117. En cuanto a los requisitos necesarios para la presentación del proyecto, el
artículo 4.° reguló que:

“[…] ARTÍCULO 4o. REQUISITOS NECESARIOS PARA LA PRESENTACIÓN DE
PROYECTOS. Quien presente planes, programas o proyectos que busquen
financiarse con cargo a los recursos del Fondo de Apoyo Financiero para la
Energización de las Zonas Rurales Interconectadas (FAER), deberán entregar en
medio digital y/o magnético a la Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME) o
al Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para las Zonas
No Interconectadas (IPSE) o quien haga de sus veces, la siguiente documentación:
1. Carta de presentación para la solicitud de recursos. (…)
2. Metodología de Marco Lógico. (…)
3. Aval técnico y Financiero del Operador de Red. Documento firmado por el
Representante Legal del Operador de Red sobre la viabilidad técnica y financiera del

56
“Por la cual se expiden normas en materia tributaria y penal del orden nacional y territorial; y se dictan otras disposiciones”.
57
“Por la cual se deroga la Resolución número 41039 de 2016 y el artículo 3o de la Resolución número 40094 de 2021, y se
establecen nuevos parámetros para la asignación de recursos del Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las
Zonas Rurales Interconectadas (FAER)”.

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Radicación: 52001-23-33-000-2021-00426-01
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proyecto de inversión y en su etapa de Administración, Operación y Mantenimiento
(AOM); y además se deberá indicar que el Operador de Red se obliga a:
a) Autorizar la energización de los activos que se construyan de acuerdo con el
proyecto de inversión;
b) Recibir los activos construidos como resultado de la ejecución del proyecto para
efectuar las labores de Administración, Operación y Mantenimiento (AOM);
c) Efectuar la reposición de los activos cuando sea necesario;
d) Garantizar la prestación del servicio de energía eléctrica a los suscriptores
potenciales, ofreciendo los índices de calidad y continuidad previstos en la regulación;
e) Que el proyecto cumple con las especificaciones y normas técnicas que han sido
establecidas para los materiales y equipos, así como para la construcción e
instalación de la nueva infraestructura eléctrica.
4. Análisis de costos y presupuesto. (…)
5. Diseños técnicos. Diseños eléctricos, civiles, ambientales con los respectivos
estudios de campo, laboratorio, según aplique de acuerdo con la tipología del
proyecto, planos en formato DWG y PDF elaborados por capas que coincida con las
convenciones indicadas en el mismo, así como las memorias de cálculo donde se
deberá consignar información sobre la infraestructura eléctrica proyectada y
existente, de ser necesario esta última. Todos los documentos de diseños técnicos
deberán contar con la firma del profesional competente con su respectiva matrícula
profesional.
Adicionalmente, se debe presentar por parte del profesional competente el
certificado en el cual conste que se cumplen las normas técnicas colombianas
(NTC) y el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE) aplicables.
6. Renuncia a los derechos de autor.
7. Certificado de selección de la mejor alternativa.
(…) 9. Usuarios beneficiados.
10. Cronograma de etapas y actividades.
12. Certificación de que el proyecto no se encuentra ubicado en Zona de Alto
Riesgo.
14. Concepto de pertinencia y oportunidad de consulta previa.
15. Acta de socialización y compromisos con los actores. Documento en el que
deben quedar consignados los compromisos de la comunidad, el ente territorial y el
Operador de Red (OR) del área de influencia. Así mismo, deberá consignar
información sobre la capacidad de pago de los usuarios y el número de usuarios
beneficiados con el proyecto, especificando cuales corresponden a suscriptores,
nuevos y cuáles mejorarían su servicio de energía eléctrica y los posibles usuarios
por ampliación de cobertura.
18. Carta a autoridades ambientales. […]”. (Negrilla fuera del texto).

118. Nótese que los operadores de red tienen el deber de materializar la expansión
del STR y del SDL en zonas que carezcan del servicio. Para la remuneración de
esa expansión se tendrán en cuenta los modelos tarifarios y los recursos del FAER,
tal y como lo ordena el artículo 2.2.3.3.1.8. del Decreto 1073.

B. El fondo de apoyo financiero para la energización de las zonas no
interconectadas – FAZNI

119. La Ley 633 de 29 de diciembre de 200058 creó el FAZNI con el objeto de
financiar planes, programas y proyectos de inversión, destinados a la construcción
e instalación de infraestructura eléctrica en zonas no interconectadas. La Ley 1955

58
“Por la cual se expiden normas en materia tributaria, se dictan disposiciones sobre el tratamiento a los fondos obligatorios
para la vivienda de interés social y se introducen normas para fortalecer las finanzas de la Rama Judicial”.

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de 2019 amplió la vigencia de este fondo hasta el 31 de diciembre de 2030, y definió
su alcance así:

“[…] Artículo 287. Servicio público domiciliario de energía eléctrica en zonas no
interconectadas - ZNI. El Servicio Público Domiciliario de Energía Eléctrica en ZNI es
el transporte de energía eléctrica desde la barra de entrega de energía de un
Generador al Sistema de Distribución hasta el domicilio del usuario final,
incluida su conexión y medición. El suministro de energía eléctrica a un
domicilio mediante soluciones individuales de generación también se
considera, servicio público domiciliario de energía eléctrica en ZNI.

Los recursos del Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas No
Interconectadas - FAZNI, y del Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de
las Zonas Rurales Interconectadas - FAER se podrán utilizar para la reposición de
los activos necesarios para la prestación de este servicio. […]”. (Negrilla fuera del
texto).

120. El artículo 2.2.3.3.2.4. del Decreto 1073 aclaró que los recursos del FAZNI59 se
utilizarán “[…] para financiar planes, programas y/o proyectos priorizados de
inversión para la construcción e instalación de la nueva infraestructura eléctrica y
para la reposición o la rehabilitación de la existente, con el propósito de ampliar la
cobertura y procurar la satisfacción de la demanda de energía en las Zonas No
Interconectadas […]”. Esos recursos también “[…] podrán destinarse a la
energización de Usuarios Aislados que serán atendidos mediante Redes Logísticas
y de Servicios […]”.

121. Recientemente, la Resolución 40378 de 16 de mayo de 2023 estableció los
parámetros para la asignación de recursos del FAZNI60. El artículo 2.2.3.3.2.2.2.2
del Decreto 1073 y el artículo 3.° de la Resolución 40378 precisaron que los
proyectos de ampliación de cobertura pueden ser presentados e impulsados por las
entidades territoriales, el Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones
Energéticas para las Zonas No Interconectadas (IPSE)61, los operadores de red y
las empresas prestadoras del servicio de energía eléctrica.

122. Los requisitos técnicos previstos en el artículo 4.° de la Resolución 40378 son
similares a los exigidos para acceder al FAER. Específicamente, se destaca el
relacionado con el cumplimiento de la normativa técnica que es del siguiente tenor:

“[…] 5. Diseños técnicos. (…) Adicionalmente, se debe presentar por parte del
profesional competente, un certificado en el cual conste que los diseños
cumplen con las normas técnicas colombianas (NTC) y el Reglamento Técnico
de Instalaciones Eléctricas (RETIE) aplicables.

59
Ley 633 de 29 de diciembre de 2000, “[…] Por la cual se expiden normas en materia tributaria, se dictan disposiciones sobre
el tratamiento a los fondos obligatorios para la vivienda de interés social y se introducen normas para fortalecer las finanzas
de la Rama Judicial. […]”. Artículo 82.
60
“Por la cual se deroga la Resolución número 41208 de 2016, y se establecen nuevos parámetros para la asignación de
recursos del Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas No Interconectadas (FAZNI)”.
61
“[…] Artículo 1.2.1.1.5.1. Objeto. El Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para las Zonas no
Interconectadas, IPSE, tendrá por objeto identificar, promover, fomentar, desarrollar e implementar soluciones energéticas
mediante esquemas empresariales eficientes, viables financieramente y sostenibles en el largo plazo, procurando la
satisfacción de las necesidades energéticas de las Zonas no Interconectadas, ZNI, apoyando técnicamente a las entidades
definidas por el Ministerio de Minas y Energía.
(Decreto 257 de 2004, art. 4) […]”.

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Los diseños de los proyectos con SISFV deberán contemplar las condiciones
de distancia respecto de la red y dispersión de los usuarios potenciales
contenidas en la metodología del PIEC. […]”. (Negrilla fuera del texto).

123. Aunado a ello, se debe demostrar que estos usuarios no se encuentran dentro
del Plan de Expansión del Operador de Red y que tampoco se previó su conexión
en un horizonte de por lo menos 5 años.

124. El artículo 2.2.3.3.2.2.2.6. precisó que “[…] Los activos que se construyan con
los recursos del Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas No
Interconectadas, FAZNI, podrán ser aportados al Operador de Red o la Empresa
que se responsabilizará de la operación comercial, que brindó concepto técnico y
financiero favorable al plan, programa o proyecto […]”.

125. El Decreto 1073, adicionado por el Decreto 1623 de 11 de agosto de 201562,
indicó que la ampliación de la cobertura del servicio público de energía eléctrica a
usuarios que “[…] no sea eficiente conectar al sistema interconectado nacional –
SIN, se podrá realizar mediante soluciones centralizadas o individuales, las cuales
serán construidas y operadas principalmente por un operador de red del sistema
interconectado nacional – SIN, o a través de esquemas empresariales tales como
áreas de servicio exclusivo – ASE. Dichas inversiones podrán ser realizadas tanto
con recursos públicos como recursos mixtos o privados […]”.

126. Para el desarrollo de tales soluciones centralizadas o individuales, el artículo
2.2.3.3.2.2.3.1. del decreto ibidem advirtió que “[…] las empresas deberán priorizar
fuentes no convencionales de energía o gas licuado de petróleo, según sea
económica y/o técnicamente más eficiente […]”.

127. Finalmente se debe tener en cuenta que el Ministerio de Minas y Energía, a
través de la Resolución 40257 de 27 de julio de 202263, estableció los criterios para
certificar la idoneidad, la capacidad financiera y la experiencia de los proveedores
del servicio de energía eléctrica que se comprometan a asegurar la sostenibilidad
de proyectos eléctricos individuales en zonas no interconectadas financiados con
recursos públicos.

C. El programa de normalización de redes eléctricas PRONE

128. El artículo 1.° de la Ley 1117 de 27 de diciembre de 200664, modificado por el
artículo 238 de la Ley 2294 de 19 de mayo de 202365, creó el programa de
normalización de redes eléctricas (PRONE), con el fin de legalizar a los usuarios del
servicio, adecuar las redes a los reglamentos técnicos vigentes, e instalar sistemas
de autogeneración a pequeña escala a partir de fuentes no convencionales de

62
“Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1073 de 2015, en lo que respecta al establecimiento de los lineamientos de
política para la expansión de la cobertura del servicio de energía eléctrica en el Sistema Interconectado Nacional y en las
Zonas No Interconectadas”.
63
“Por la cual se reglamenta el artículo 35 de la Ley 2099 de 2021”.
64
“Por la cual se expiden normas sobre normalización de redes eléctricas y de subsidios para estratos 1 y 2”.
65
“Por el cual se expide el plan nacional de desarrollo 2022- 2026 “Colombia potencia mundial de la vida”.

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energía en barrios subnormales situados en municipios del Sistema Interconectado
Nacional.

129. Esa norma señala que “[…] las empresas distribuidoras y comercializadoras
de energía eléctrica participarán en los programas de normalización con recursos
económicos, aportando a título gratuito los diseños y especificaciones técnicas, así
como la interventoría técnica. […]”.

130. En desarrollo de lo anterior, el artículo 2.2.3.3.3.3.3.3. del Decreto 1073 definió
cuáles son los requerimientos básicos que el operador de red debe presentar ante
el Ministerio de Minas y Energía para obtener la financiación de proyectos con
recursos del PRONE:

“[…] 1 Carta de presentación con la solicitud de recursos. Se deberán especificar los
datos generales del plan, programa o proyecto y se debe incluir el domicilio para el
envío de la correspondencia e indicar el correo electrónico para facilitar la
comunicación.
2. El proyecto ajustado a la Metodología General que genere el archivo mga, para
transmitir el BPIN al DNP.
3. Garantía de seriedad y/o cumplimiento de la oferta otorgada de acuerdo al valor
que se determine en cada convocatoria, que cubra la responsabilidad de los diseños
y presupuestos presentados, así como los compromisos del Operador de Red en su
propio plan de inversión en normalización de redes.
4. Plan de inversiones quinquenal de normalización con recursos del Operador de
Red en donde se incluyen los barrios, municipios, cobertura expresada en usuarios
y cronograma que se cubrirá con recursos del Operador de Red.
5. Análisis de Costos y Presupuesto, que incluye el análisis de costos globales
y unitarios estimados para la ejecución del proyecto.
6. Diseños Eléctricos y Memorias de Cálculo, que consiste en los planos y
memorias de cálculo donde se deberá consignar información sobre la infraestructura
eléctrica existente, así como la proyectada. Estos se aportarán a título gratuito de
acuerdo con lo establecido en la Ley 1117 de 2006.
7. Identificación de la población, que corresponde a la certificación que expida
la entidad territorial definiendo la calidad actual del barrio como subnormal y
la estratificación socioeconómica en que quedará el barrio una vez
normalizadas las redes eléctricas.
8. Acuerdo suscrito entre el Operador de Red y el comercializador, en el que conste
el compromiso de este último para la atención a los usuarios normalizados.
9. Certificado del registro de los barrios subnormales en el Sistema Único de
Información que administra la Superintendencia de Servicios Públicos, SSPD,
correspondiente al Plan, Programa o Proyecto.
10 Cronograma, que consiste en el tiempo que el ejecutor estime para el desarrollo
de las obras.
11. Carta de compromiso suscrita por el Representante Legal de la Entidad Territorial
mediante la cual se compromete a gestionar los recursos necesarios requeridos para
la infraestructura de alumbrado público. […]”. (Negrilla fuera del texto).

131. Valga destacar que, en desarrollo del programa de normalización de redes
eléctricas, se expidió el Decreto 1023 de 12 de agosto de 2024 (compilado en el
Decreto 1073) a efectos de “[…] incorporar la instalación de sistemas de
autogeneración a pequeña escala a partir de fuentes no convencionales de energía
en barrios subnormales situados en municipios del sistema interconectado nacional
• SIN, como uno de los objetivos del Prone […]”66.

66
Subsección 3.4., artículos 2.2.3.3.3.3.4.1. y ss.

30

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132. El artículo 2.2.3.1.1. definió las fuentes no convencionales de energía (FNCE),
así:

“[…] Son aquellos recursos de energía disponibles a nivel mundial que son
ambientalmente sostenibles, pero que en el país no son empleadas o son utilizados
de manera marginal y no se comercializan ampliamente. Se considera (FNCE) la
energía nuclear o atómica y las FNCER. Otras fuentes podrán ser consideradas como
FNCE según lo determine la UPME. […]”.

133. Para el impulso de este tipo de planes, programas y proyectos, el artículo
2.2.3.3.3.3.4.2. del Decreto 1073 indicó que el Ministerio de Minas y Energía deberá
realizar las convocatorias con los requisitos, plazos y condiciones para su
priorización y ejecución. Asimismo, el ministerio priorizará las zonas de
normalización “[…] buscando favorecer las poblaciones con mayores índices de
pobreza […]”.

134. Con el fin de obtener la financiación correspondiente con cargo del PRONE, el
operador de red debe radicar ante el ministerio los siguientes requerimientos,
establecidos en el artículo 2.2.3.3.3.3.4.4.:

“[…] 1. Carta de presentación con la solicitud de recursos. Se deberán
especificar los datos generales del plan, programa o proyecto y se debe incluir
el domicilio para el envío de la correspondencia e indicar el correo electrónico para
facilitar la comunicación.
2. El proyecto ajustado a la Metodología General que genere el archivo, mga, para
transmitir el BPIN al DNP.
3. Garantía de seriedad y/o cumplimiento de la oferta otorgada de acuerdo al valor
que se determine en cada convocatoria, que cubra la responsabilidad de los diseños
y presupuestos presentados, así como los compromisos del Operador de Red en
su propio plan de inversión en normalización de redes.
4. Plan de inversiones quinquenal de normalización con recursos del Operador de
Red en donde se incluyen los barrios, municipios, cobertura expresada en usuarios
y cronograma que se cubrirá con recursos del Operador de Red.
5. Análisis de Costos y Presupuesto, que incluye el análisis de costos globales y
unitarios estimados para la ejecución del proyecto.
6. Diseños de ingeniería y memorias de Cálculo, que consiste en los planos y
memorias de cálculo donde se deberá consignar información sobre la infraestructura
existente, así como del proyecto del sistema de autogeneración a pequeña escala a
partir de fuentes no convencionales de energía. Estos se aportarán a título gratuito
de acuerdo con lo establecido en la Ley 1117 de 2006.
7. Identificación de la población, que corresponde a la certificación que expida
la entidad territorial definiendo la calidad actual del barrio como subnormal y
la estratificación socioeconómica en que quedará el barrio una vez instalado
los sistemas de autogeneración a pequeña escala a partir de fuentes no
convencionales de energía.
8. Acuerdo suscrito entre el Operador de Red y el comercializador, en el que conste
el compromiso de este último para la atención a los usuarios normalizados con los
sistemas de autogeneración a pequeña escala a partir de fuentes no convencionales
de energía.
9. Certificado del registro de los barrios subnormales en el Sistema Único de
Información que administra la Superintendencia de Servicios Públicos, SSPD,
correspondiente al proyecto de sistemas de autogeneración a pequeña escala a partir
de fuentes no convencionales de energía.
10. Cronograma, que consiste en el tiempo que el ejecutor estime para el desarrollo
de las obras.

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Radicación: 52001-23-33-000-2021-00426-01
Demandante: Iván Darío Chalaca Díaz

11. Carta de compromiso suscrita por el Representante Legal de la Entidad
Territorial mediante la cual se compromete a gestionar los recursos necesarios
requeridos para la infraestructura de alumbrado público.
12. Plan de sostenibilidad en el cual se presenten objetivos, acciones a
implementar e indicadores que permitan determinar estrategias de
sostenibilidad del proyecto y que abarquen las dimensiones social, ambiental
y económica. […]”. (Negrilla fuera del texto).

135. El artículo 2.2.3.3.3.3.4.5. del Decreto 1073 describe cuáles son los gastos
elegibles del PRONE, así: “[…] únicamente el suministro e instalación de las redes
de distribución, los transformadores de distribución, las acometidas a las viviendas
de los usuarios, el suministro e instalación de los sistemas de autogeneración a
pequeña escala a partir de fuentes no convencionales de energía y los medidores
o sistema de medición del consumo […]”. Sin embargo, en caso de que el proyecto
requiera de gastos adicionales, “[…] estos deberán contar con la correspondiente
justificación técnica y soportes para ser presentados ante el comité de
administración del Prone […]”.

136. La misma norma advierte que las inversiones ejecutadas “[…] tendrán como
titular a la Nación – Ministerio de Minas y Energía en proporción a su parte […]”. No
obstante, el artículo 2.2.3.3.3.3.4.6. establece que tales activos podrán ser
aportados por el ministerio a “[…] prestadores de servicios comunitarios, incluyendo
aquellos bajo la figura de comunidades energéticas, para que adelanten su
administración, operación y mantenimiento […]”.

D. Las comunidades energéticas

137. La ampliación de la cobertura del servicio de energía también fue objeto de
medidas a través del artículo 1.° de la Ley 2036 de 27 de julio de 202067. Esa norma
autorizó al Gobierno Nacional a financiar proyectos de generación, distribución,
comercialización y autogeneración de energía a pequeña escala y generación
distribuida utilizando Fuentes No Convencionales de Energía Renovable (FNCER)
como biomasa, eólica, solar y otras, con recursos del presupuesto general de la
Nación y del Sistema General de Regalías, priorizando el sector rural y siguiendo
los lineamientos de la Ley 1715 de 13 de mayo de 201468.

138.Se debe precisar que el artículo 2.2.9.1.2. del Decreto 1073 definió las
comunidades energéticas en los siguientes términos:

“[…] son comunidades organizadas que surgen en virtud de un acuerdo entre
personas naturales y/o jurídicas de derecho público o privado que cooperan entre sí
a través de un contrato o convenio asociativo para desarrollar las siguientes
actividades: generación, comercialización y uso eficiente de la energía a través del
uso de Fuentes No Convencionales de Energía Renovables -FNCER-, combustibles
renovables y recursos energéticos […]”.

67
“Por medio del cual se promueve la participación de las entidades territoriales en los proyectos de generación de energías
alternativas renovables y se dictan otras disposiciones”.
68
“Por medio de la cual se regula la integración de las energías renovables no convencionales al Sistema Energético
Nacional”.

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Radicación: 52001-23-33-000-2021-00426-01
Demandante: Iván Darío Chalaca Díaz

139. El artículo 2.2.9.1.8. precisó que el objeto de las comunidades energéticas es
“[…] generar, comercializar y usar eficientemente la energía a partir de fuentes no
convencionales de energía renovables y los recursos energéticos distribuidos, de
forma comunitaria, en el marco de […]” los siguientes objetivos:

“[…] a) Aumentar la cobertura del servicio de energía y garantizar el acceso de
las poblaciones vulnerables a dicho servicio.
b) Aumentar la eficiencia energética evitando las pérdidas de energía mediante la
proximidad del lugar de generación de energía al lugar del consumo.
c) Democratizar la energía a partir de la participación de los usuarios y
potenciales usuarios como generadores y gestores de las Fuentes No
Convencionales de Energía Renovables -FNCER-, combustibles renovables y
recursos energéticos distribuidos.
d) Descentralizar la generación, el almacenamiento y el consumo de energía
hacia las comunidades, especialmente, hacia las comunidades que
experimentan condiciones de vulnerabilidad.
e) Descarbonizar la economía a partir de Fuentes No Convencionales de
Energía Renovables -FNCER-, combustibles renovables y recursos energéticos
distribuidos.
f) Desarrollar la economía local y territorial, en el marco del desarrollo
sostenible, a partir de la generación de energía, el almacenamiento y el uso eficiente
de la energía de las comunidades, especialmente, de las comunidades que
experimentan condiciones de vulnerabilidad.
g) Aumentar la confiabilidad del sistema mediante la inclusión de Fuentes No
Convencionales de Energía Renovables -FNCER-, combustibles renovables y
recursos energéticos distribuidos, bajo gestión comunitaria.
h) Ofrecer unas condiciones económicas asequibles al servicio de energía para
las comunidades, especialmente, aquellas que experimentan condiciones de
vulnerabilidad.
i) Fomentar o promover modelos de desarrollo energéticos respetuosos con el
medio ambiente.
j) Generar procesos de aprovechamiento eficientemente y socioambientalmente
responsable de los potenciales energéticos renovables regionales. […]”. (Negrilla
fuera del texto).

140. Dichas comunidades energéticas, conforme al artículo 2.2.9.2.4., podrán
contar con la asesoría y el acompañamiento técnico del Ministerio de Minas y
Energía o su delegado para “[…] el diseño, estructuración, financiación y operación
de la Autogeneración Colectiva (AGRC)[69] y la Generación Distribuida Colectiva
(GDC), así como también, asesoría para el perfeccionamiento de asociaciones de
comunidades energéticas y el relacionamiento con terceros de los sectores público,
privado y/o popular. Dicha asesoría y acompañamiento contará con enfoque
diferencial […]”.

E. Los usuarios ubicados en zonas de difícil acceso dentro del sistema
Interconectado Nacional

69
“Artículo 2.2.9.1.1. Definiciones. Además de las definiciones establecidas en las Leyes 142 y 143 de 1994, y en la regulación
vigente de la CREG y la UPME, las siguientes definiciones deberán ser tenidas en cuenta para la interpretación y aplicación
de este decreto:
Autogeneración colectiva (AGRC): Actividad realizada por la comunidad energética que produce energía, principalmente, para
atender su propia demanda de energía. En el evento en que se generen excedentes de energía a partir de tal actividad, estos
podrán entregarse a la red, en los términos que establezca la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) para tal fin
[…]”.

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Radicación: 52001-23-33-000-2021-00426-01
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141. El artículo 18 de la Ley 1753 de 3 de junio de 201570 facultó a la Comisión de
Regulación de Energía y Gas (CREG) para que estableciera “[…] condiciones
especiales de prestación del servicio a los usuarios ubicados en zonas de difícil
acceso dentro del sistema Interconectado Nacional, que permitan aumentar la
cobertura, disminuir los costos de comercialización y mitigar el riesgo de cartera,
[…]”.

142. Con fundamento en lo anterior, la Comisión de Regulación de Energía y Gas
definió cuáles son los escenarios catalogados como “áreas de difícil acceso para la
prestación del servicio público domiciliario de electricidad”. En estos sectores se
aplican condiciones especiales enfocadas a: (i) disminuir los costos de
comercialización; (ii) reducir el riesgo de cartera; y (iii) promover la expansión
eficiente de la cobertura71.

143. Concretamente, la Resolución 037 de 9 de abril de 201872 reguló las zonas de
difícil acceso en el SIN, los criterios para su delimitación y las condiciones
especiales de prestación del servicio. Dicho régimen aplica a los sectores que
cumplan con uno de los criterios fijados para tal efecto, a saber: tipo de usuario73,
“[…] tipo de municipio […]”74, “[…] tipo de red […]”75 y “[…] tipo de acceso de
domicilio al usuario […]”76.

144. En esta modalidad el comercializador debe tener en cuenta que los ajustes
tecnológicos, técnicos, de comunicación o logísticos correrán por su cuenta. Sin
embargo, esas inversiones en el mediano plazo reducirán los costos de prestación.

V.2.2.3. Las conclusiones sobre el reparo en concreto

145. El marco normativo supra demuestra que el argumento de la empresa
prestadora del servicio de energía eléctrica no cuenta con vocación de prosperidad
porque, junto con los municipios y otras autoridades públicas, los operadores de red
desempeñan un rol importante en la elaboración y ejecución de los proyectos de
ampliación de cobertura del servicio de energía, al interior del Sistema
Interconectado Nacional (SIN) y de las Zonas No Interconectadas (ZNI)77.

70
“Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo país””.
71
Los comercializadores podrán aplicar condiciones especiales para medir, facturar y recaudar el consumo eléctrico en las
ZDA, tales como medición flexible, facturación flexible, periodos de prestación del servicio, recaudo flexible y pago anticipado
o prepago. La medición flexible permite periodos de medición de uno a seis meses. La facturación flexible establece
mecanismos para emitir facturas múltiples y ajustar los periodos facturables a las condiciones de pago de los usuarios. El
recaudo flexible permite pagos parciales sin generar mora y acumular pagos cuando el valor de la factura es menor al costo
de desplazamiento del usuario. El pago anticipado o prepago requiere la instalación de medidores prepago y se utiliza para
sanear la cartera vencida.
72
“Por la cual se definen zonas de difícil acceso en el SIN, los criterios para su delimitación y se establecen condiciones
especiales de prestación del servicio de energía eléctrica en esas zonas”.
73
El artículo 6.° considera en una ZDA aquellos que residen en zonas rurales y que se conectaron al SIN en cumplimiento de
los Planes de Cobertura del Gobierno Nacional.
74
El artículo 7.° incluye a todos los usuarios en zonas rurales de municipios clasificados como rurales dispersos según el
Departamento Nacional de Planeación (DNP) también se consideran en una ZDA.
75
El artículo 8.° cobija a los usuarios conectados a transformadores ubicados en zonas rurales que pertenecen a circuitos de
distribución del SIN con ciertas características de longitud y densidad de usuarios se incluyen en las ZDA.
76
El artículo 9.° incluye los usuarios ubicados a cinco kilómetros o más de la última vía transitable por vehículos automotores
y que requieren otros medios de transporte para llegar a su hogar son considerados en una ZDA.
77
“Artículo 11. Para interpretar y aplicar esta Ley se tendrán en cuenta las siguientes definiciones generales: […].
Sistema interconectado nacional: es el sistema compuesto por los siguientes elementos conectados entre sí: las plantas y
equipos de generación, la red de interconexión, las redes regionales e interregionales de transmisión, las redes de distribución,
y las cargas eléctricas de los usuarios.

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Radicación: 52001-23-33-000-2021-00426-01
Demandante: Iván Darío Chalaca Díaz

146. Conforme al certificado de existencia y representación legal de Cedenar S.A.
E.S.P., dicha sociedad fue constituida con el siguiente objeto social:

“[…] LA SOCIEDAD TENDRÁ POR OBJETO LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO
PÚBLICO DOMICILIARIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y SUS ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS DE GENERACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y
COMERCIALIZACIÓN, ASÍ COMO LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS CONEXOS O
RELACIONADOS CON LA ACTIVIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS, DE ACUERDO
CON EL MARCO LEGAL Y REGULATORIO.- IGUALMENTE PARA LOGRAR LA
REALIZACIÓN DE LOS FINES QUE PERSIGUE LA SOCIEDAD O QUE SE
RELACIONEN CON SU EXISTENCIA O FUNCIONAMIENTO, LA EMPRESA
PODRÁ CELEBRAR Y EJECUTAR CUALESQUIERA ACTOS Y CONTRATOS,
ENTRE OTROS: PRESTAR SERVICIOS DE ASESORÍA, CONSULTORÍA,
INTERVENTORÍA, INTERMEDIACIÓN, IMPORTAR, EXPORTAR,
COMERCIALIZAR Y VENDER TODA CLASE DE BIENES O SERVICIOS,
RECAUDO, FACTURACIÓN, TOMA DE LECTURAS, REPARTO DE FACTURAS,
CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA, PRESTAR TODA CLASE DE SERVICIOS
TÉCNICOS, DE ADMINISTRACIÓN , OPERACIÓN O MANTENIMIENTO DE
CUALQUIER BIEN, CONTRATOS DE LEASING O CUALQUIER OTRO CONTRATO
DE CARÁCTER FINANCIERO QUE SE REQUIERA, CONTRATOS DE RIESGO
COMPARTIDO Y DEMÁS QUE RESULTEN NECESARIOS Y CONVENIENTES
PARA EL EJERCICIO DE SU OBJETO SOCIAL […]”78. (Negrilla fuera del texto).

147. En relación con el FAER y el FAZNI, aquel operador puede presentar planes,
programas o proyectos de inversión para la construcción e instalación de nueva
infraestructura eléctrica en zonas rurales interconectadas. Además, es responsable
de proporcionar un aval técnico y financiero para los proyectos, y se compromete a
energizar, recibir, operar y mantener los activos construidos.

148. En cuanto al PRONE, la empresa no solo participa aportando a título gratuito
los diseños, especificaciones e interventoría técnica, sino que debe presentar
planes de inversión quinquenales de normalización con recursos propios, y
garantizar la atención a los usuarios normalizados.

149. Además, si se cumplen los criterios para implementar un modelo de condiciones
especiales de prestación del servicio a usuarios en zonas de difícil acceso, la
empresa demandada podría beneficiarse de tales condiciones para ampliar la
cobertura.

150. Finalmente, en los proyectos de energización con fuentes no convencionales de
energía renovable, podrá participar en la implementación de sistemas de
autogeneración a pequeña escala en barrios subnormales. Sin embargo, no
desempeñará ninguna labor o responsabilidad si se adopta el modelo de
comunidades energéticas.

[…].
Zonas no interconectadas: área geográfica en donde no se presta el servicio público de electricidad a través del Sistema
Interconectado Nacional. […]”.
78
Cfr. índice 23 expediente digital Tribunal Administrativo de Nariño, documento denominado
“20_CONTESTACIONDEMANDA(.pdf) NroActua 23”, folios 12 y ss.

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Radicación: 52001-23-33-000-2021-00426-01
Demandante: Iván Darío Chalaca Díaz

151. En este contexto, la Sala aclara que la causa de la amenaza de los derechos
colectivos por parte de la empresa demandada no radica en la falta de cobertura del
servicio de energía eléctrica, en una zona externa a su perímetro de prestación79.
Sino que el hecho que amenazó tales garantías es no haber demostrado un ejercicio
eficiente de las competencias otorgadas por el ordenamiento jurídico a efectos de
promover una cobertura equitativa del servicio.

152. Los testigos Vicente Omar Paz Paredes y Jorge Andrés Amézquita Espinosa
reconocieron que durante la visita técnica la empresa no verificó si los potenciales
usuarios podían cumplir o no con las normas del RETIE. A pesar de ello, se informó
que debían solicitar el apoyo de la Nación, el departamento y el municipio, a través
de los programas en los que esa entidad cuenta con legitimación para elevar
proyectos.

153. Tampoco se acreditó la elaboración y evaluación interna del respectivo
proyecto, y ni si quiera la entidad determinó a cuál de los fondos es posible acudir
conforme a la situación particular de esos usuarios y del territorio.

154. Ahora bien, lo anterior no afecta la premisa, conforme a la cual el municipio debe
garantizar la prestación de los servicios de manera directa, en aquellos sectores de
su jurisdicción donde no hay un prestador encargado, siempre y cuando las
características técnicas y económicas del servicio y las conveniencias generales lo
permitan y aconsejen80.

155. Alrespecto, el artículo 2.2.3.2.2.7. del Decreto 1073 de 2015 dispuso lo
siguiente:

“[…] Artículo 2.2.3.2.2.7. Barrios subnormales. Los municipios son los
responsables de la prestación directa del servicio público de energía eléctrica
en los casos previstos en el artículo 6 de la Ley 142 de 1994. En consecuencia,
previa solicitud de la alcaldía respectiva, los Operadores de Red deberán
desarrollar los proyectos relacionados con la normalización del servicio en
estos barrios, siempre que sea técnica, económica y financieramente factible.

Si la respectiva alcaldía municipal o distrital, no manifiesta en forma expresa su
solicitud para que el OR proceda a normalizar las redes de un barrio subnormal, o
habiéndolo hecho, no ejecuta las acciones necesarias para que la normalización
sea posible, la alcaldía municipal o distrital, será el prestador del servicio según lo
dispone la ley. […]”81. (Negrilla fuera del texto).

156. Por ende, la Sala comparte la decisión del juez de primera instancia de declarar
responsables a ambas entidades por la amenaza de los derechos colectivos
amparados. Por lo tanto, este argumento no prospera.

79
Cfr. Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 30 de mayo de 2024, radicación núm. 63001 23 33 000 2020 00407
01. C.P.: Oswaldo Giraldo López.
80
Artículo 6.° de la Ley 142 de 11 de julio de 1994.
81
Decreto 388 de 2007, artículo 8.

36

Radicación: 52001-23-33-000-2021-00426-01
Demandante: Iván Darío Chalaca Díaz

V.2.3. El deber de los potenciales usuarios relacionado con el cumplimiento
de los requisitos técnicos y urbanísticos

157. El municipio de Ipiales en la alzada afirmó que no puede cumplir las órdenes
judiciales dictadas por el tribunal de primera instancia, hasta que los habitantes
cumplan con los requisitos técnicos exigidos para evaluar la ampliación solicitada.
Concretamente, adujo que los accionantes deben acatar “[…] unas condiciones
técnicas y jurídicas mínimas para la conexión (licencia de parcelación, licencia de
construcción, cumplimiento de normativa RETIE, etc.) […]”.

158. Frente a dicho planteamiento, se debe tener en cuenta que, según el artículo
9.3. de la Ley 142 de 1994, los usuarios de los servicios públicos tienen derecho a
“[…] solicitar y obtener los bienes y servicios ofrecidos en calidad o cantidad superior
a las proporcionadas de manera masiva, siempre que ello no perjudique a terceros y
que el usuario asuma los costos correspondientes […]”.

159. En desarrollo de esa prerrogativa, la Comisión de Regulación de Energía y Gas
(CREG) en la Resolución núm. 025 de 13 de julio de 199582, precisó el siguiente
deber de los usuarios del servicio de energía eléctrica:

“[…] 4.2. OBLIGACIONES DEL USUARIO. […]

El Usuario debe cumplir las normas técnicas de diseño, construcción, montaje,
puesta en servicio, operación y mantenimiento de sus instalaciones y equipos,
según lo establecido en los Numerales 7, 8, 9 y 10.. […]”. (Negrilla fuera del texto).

160. La relación que existe entre la licencia de parcelación y la disponibilidad del
servicio de energía fue desarrollada por el artículo 2.2.6.1.1.5. del Decreto 1077 de
26 de mayo de 201583, en los siguientes términos:

“[…] Artículo 2.2.6.1.1.5 Licencia de parcelación. Es la autorización previa para
ejecutar en uno o varios predios localizados en suelo rural y suburbano, la creación
de espacios públicos y privados, y la ejecución de obras para vías públicas que
permitan destinar los predios resultantes a los usos permitidos por el Plan de
Ordenamiento Territorial, los instrumentos que lo desarrollen y complementen y la
normatividad ambiental aplicable a esta clase de suelo. Estas licencias se podrán
otorgar acreditando la autoprestación de servicios públicos, con la obtención
de los permisos, autorizaciones y concesiones respectivas otorgadas por las
autoridades competentes. […]”. (Negrilla fuera del texto).

161. Por otro lado, el mismo Decreto 1077 precisó que la licencia de construcción es:

“[…] Artículo 2.2.6.1.1.7 Licencia de construcción y sus modalidades. Es la
autorización previa para desarrollar edificaciones, áreas de circulación y zonas
comunales en uno o varios predios, de conformidad con lo previsto en el Plan de
Ordenamiento Territorial, los instrumentos que lo desarrollen y complementen, los
Planes Especiales de Manejo y Protección de Bienes de Interés Cultural, y demás
normatividad que regule la materia. En las licencias de construcción se
concretarán de manera específica los usos, edificabilidad, volumetría,

82
“Por la cual se establece el Código de Redes, como parte del Reglamento de Operación del Sistema Interconectado
Nacional”.
83
“Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio”.

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accesibilidad y demás aspectos técnicos aprobados para la respectiva
edificación. […]”. (Negrilla fuera del texto).

162. También se debe tener en cuenta que, mediante Resolución núm. 40117 de 2
de abril de 2024, el Ministerio de Minas y Energía modificó el Reglamento Técnico
de Instalaciones Eléctricas (Retie). En el marco de su libro 3, referente a las “[…]
instalaciones objeto del Retie […]”, se reguló el diseño de instalaciones eléctricas.
El artículo 3.3.1. estableció que las instalaciones eléctricas para urbanizaciones,
conjuntos o agrupaciones de edificaciones objeto de una misma licencia o permiso
de construcción requiere de diseño de instalaciones eléctricas, así:

“[…] Artículo 3.3.1. Instalaciones eléctricas que requieren diseño
Toda instalación eléctrica a la que le aplique el RETIE debe contar con un diseño
realizado por un profesional o profesionales legalmente competentes para
desarrollar esa actividad. El diseño podrá ser detallado o básico según el tipo
de instalación.
Las siguientes instalaciones eléctricas, que conllevan mayor riesgo, previa a su
construcción deben contar con un diseño:
Centrales de generación eléctrica; líneas de transmisión; redes de distribución,
subestaciones; equipos paquetizados o prearmados para uso final, instalaciones
eléctricas para uso final clasificadas como especiales, procesos de generación con
Fuentes No Convencionales de Energía – FNCER conectadas a la red de uso general,
o individuales que, a pesar de no estar interconectado a una red general, tenga una
capacidad instalable mayor o igual a de 10 kVA. Instalaciones básicas localizadas en
edificaciones con más de cuatro cuentas de energía de cualquier carga instalada;
instituciones de enseñanza; lugares donde se atienda al público; grandes superficies;
instalaciones para urbanizaciones, conjuntos o agrupaciones de edificaciones
objeto de una misma licencia o permiso de construcción que contemplen más
de cuatro cuentas cualquiera sea su potencia individual instalada, instalaciones
básicas de 10 kVA de capacidad instalable o más, y en general aquellas instalaciones
que requieran dictamen de inspección o certificación plena como método de
demostración de la conformidad según lo indicado en el artículo 4.3.2. […]”. (Negrilla
fuera del texto).

163. La misma sección del RETIE estableció los requisitos para el diseño básico y
detallado de instalaciones eléctricas, veamos:

“[…] 3.3.1.1. Diseño detallado

(…) El diseño debe contemplar la evaluación y realización de los siguientes ítems que
le apliquen al tipo de instalación.

a. Análisis de riesgos de origen eléctrico y medidas para mitigarlos.
b. Análisis de riesgos por descargas eléctricas atmosféricas (rayos) y medidas de
protección.
c. Análisis y cálculo de cargas iniciales y futuras, incluyendo factor de potencia y
armónicos.
d. Coordinación de aislamiento eléctrico.
e. Análisis y cálculos de cortocircuito, arco eléctrico y falla a tierra.
f. Análisis del nivel tensión requerido.
g. Cálculos de campos electromagnéticos.
h. Cálculo de transformadores incluyendo efectos de los armónicos y factor de
potencia en la carga.
i. Sistema de puesta a tierra.(…)
l. Cálculo mecánico de estructuras y de elementos de sujeción y soporte de
redes de transmisión, de distribución, subestaciones y centrales de generación.

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m. Cálculo y coordinación de protecciones contra sobrecorrientes. En baja tensión se
permite la coordinación con las características de limitación de corriente de los
dispositivos según IEC 60947-2 Anexo A.
n. Cálculos de canalizaciones (tubos, ductos, canales y electroductos), bandejas
portacables y volumen de encerramientos (cajas, conduletas, armarios, etc.)
o. Cálculo de pérdidas de energía, teniendo en cuenta los efectos de armónicos y
factor de potencia.
p. Cálculos de regulación de tensión.
q. Áreas clasificadas como peligrosas.
r. Diagramas unifilares.
s. Planos eléctricos para construcción
t. Especificaciones de construcción complementarias a los planos, incluyendo
las de tipo técnico de equipos y materiales y sus condiciones particulares.
u. Distancias de seguridad o servidumbre requeridas.
v. Justificación de desviaciones técnicas cuando sea estrictamente necesarias,
siempre y cuando no comprometa la seguridad de las personas o de la instalación.
w. Los demás estudios que el tipo de instalación requiera para su correcta y
segura operación, tales como condiciones sísmicas, acústicas, mecánicas o
térmicas.(…)

3.3.1.2. Diseño básico

El diseño básico debe ser ejecutado por profesionales de la ingeniería de acuerdo
con la competencia otorgada por su matrícula profesional. (…)
El diseño básico se aplica para los siguientes casos:

a. Instalaciones eléctricas de vivienda unifamiliar o bifamiliares y pequeños
comercios o pequeñas industrias de capacidad instalable mayor de 7 kVA y
menor o igual de 15 kVA, tensión no mayor a 240 V, que no tengan ambientes o
equipos especiales y no hagan parte de edificaciones multifamiliares o
construcciones consecutivas objeto de una misma licencia o permiso de
construcción que tengan más de cuatro cuentas del servicio de energía y se
especifique lo siguiente:

1. Análisis de riesgos de origen eléctrico y medidas para mitigarlos.
2. Diseño del sistema de puesta a tierra.
3. Cálculo y coordinación de protecciones contra sobrecorrientes.
4. Cálculos de canalizaciones y volumen de encerramientos (tubos, ductos, canales,
electroductos).
5. Cálculos de regulación de tensión.
6. Elaboración de diagramas unifilares.
7. Elaboración de planos eléctricos para construcción.
8. Establecer las distancias de seguridad requeridas.

b. Ramales de redes aéreas rurales de hasta 50 kVA y 13,2 kV, por ser de menor
complejidad. El diseño básico debe basarse en especificaciones predefinidas por el
operador de red y cumplir lo siguiente:

1. Análisis de riesgos de origen eléctrico y medidas para mitigarlos.
2. Diseño de puesta a tierra.
3. Protecciones contra sobrecorriente y sobretensión.
4. Elaboración de planos eléctricos para construcción.
5. Especificar las distancias mínimas de seguridad requeridas.
6. Definir tensión mecánica máxima de conductores y templetes.

(…) Parágrafo 3: Para un análisis de riesgos de origen eléctrico, el diseñador
debe hacer una descripción de los factores de riesgo potenciales o presentes
en la instalación y las recomendaciones y medidas consideradas para
minimizarlos. El análisis debe tener en cuenta los riesgos de origen eléctrico sobre
las personas y los diferentes elementos asociados, tanto a la misma infraestructura

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eléctrica como a aquellas cercanas a la instalación que pudieran ser afectadas. […]”.
(Negrilla fuera del texto).

164. El RETIE también estableció los requisitos exigibles a “[…] esquemas
constructivos […]”, para aquellos eventos en los que no se requieren diseños
previos, por la baja complejidad de las instalaciones eléctricas.

“[…] Artículo 3.3.2. Instalaciones que requieren esquema constructivo

Las siguientes instalaciones eléctricas no requieren diseño eléctrico debido a su baja
complejidad, por lo tanto, la construcción de estas se puede soportar en estándares
usados en la formación y capacitación de técnicos, tecnólogos o ingenieros en
electricidad, mediante un esquema constructivo:
Instalaciones básicas, individuales de capacidad instalable menor o iguales a 7
kVA y tensiones no mayores a 240 V que no estén señaladas en el artículo 3.3.1
de los siguientes tipos:

a. Instalaciones domiciliarias o similares.
b. Instalaciones de pequeños comercios.
c. Instalaciones de pequeñas industrias.

3.3.2.1. Esquema constructivo

Como mecanismo de verificación de la instalación eléctrica que no requiere diseño,
quien la construye debe entregar un esquema constructivo, el cual debe ser acorde
con el esquema arquitectónico de la construcción donde se va a incorporar la
instalación eléctrica.
El esquema debe permitir identificar la disposición física de los principales elementos
de la instalación para posteriores intervenciones de operación o mantenimiento. El
esquema constructivo debe contener la siguiente información:
Para instalaciones individuales de uso final catalogadas como básicas, el esquema
constructivo debe señalar lo siguiente:
a. Ubicación de la puesta a tierra incluyendo la longitud y material del electrodo,
calibre y tipo del conductor.
b. Ubicación del sistema de medida.
c. Ubicación del tablero general y de distribución.
d. Ubicación de las canalizaciones y encerramientos (tubos, canales y cajas), así
como los diámetros de tuberías, ancho y profundidad de canales, tipo de canalización
y material constructivo de las mismas.
e. Número y calibres de conductores en cada tramo de tubo o canales (neutro, fases,
tierra), indicando el tipo y el material.
f. Ubicación de los aparatos (interruptores, tomacorriente, timbres, protecciones
diferenciales) y puntos de iluminación, indicando el tipo y capacidad de los mismos.
[…]”. (Negrilla fuera del texto).

165. El título 4 del mismo libro, referente a los espacios que se requieren para la
instalación de infraestructura eléctrica, hace la siguiente precisión en materia
urbanística:

“[…] Los lugares donde se construya cualquier instalación eléctrica deben
contar con espacios para entrada y salida, montaje de los equipos eléctricos.
Igualmente, debe cumplir las distancias mínimas de seguridad para la operación y
mantenimiento de los equipos (espacios de trabajo) y demás componentes, de tal
manera que se garantice la seguridad tanto de las personas como de la misma
instalación y los bienes aledaños, sobre este aspecto se debe tener en cuenta lo
siguiente:

40

Radicación: 52001-23-33-000-2021-00426-01
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a. En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 388 de 1997, en los planes de
ordenamiento territorial, se debe disponer de los espacios para la construcción,
operación y mantenimiento de las redes de distribución, las líneas de
transmisión y las subestaciones, esto con el fin de garantizar los anchos de
servidumbre y las distancias mínimas de seguridad establecidas en el Título 10
del presente Libro. Las autoridades de planeación municipal y curadurías deben
tener un especial cuidado al momento de otorgar licencias o permisos de
construcción, para que se garantice el cumplimiento de las servidumbres y las
distancias mínimas de seguridad. […]”. (Negrilla fuera del texto).

166. El título 7 del libro 3 del RETIE estableció la necesidad de que las instalaciones
eléctricas cumplan con la normativa ambiental y las disposiciones de planeación del
territorio respectivo. El reglamento formuló el siguiente lineamiento:

“[…] a Toda instalación eléctrica debe cumplir las normas que le apliquen,
establecidas por las autoridades ambientales y por los entes de planeación de las
entidades territoriales, en este sentido las obras de las instalaciones deben atender
los planes o esquemas de ordenamiento territorial señalados por dichas
entidades. […]”. (Negrilla fuera del texto).

167. En cuanto a la instalación de estructuras de soporte para las redes de
distribución aérea, el artículo 3.20.4. del RETIE estableció que la instalación de
postes y estructuras debe cumplir con las distancias mínimas de seguridad y estar
debidamente empotrados. No se permite el montaje de transformadores en postes
de madera, y los postes o estructuras con fisuras o deterioros no deben ser
utilizados. En zonas urbanas, las estructuras deben considerar la instalación de
alumbrado público. También es obligatorio instalar una puesta a tierra en los postes
de concreto o metálicos, exceptuando los de baja tensión. Finalmente, si se
requieren cargas de rotura o longitudes mayores a las estandarizadas, el usuario
debe justificar su uso y especificar las necesidades técnicas al fabricante.

168. Con fundamento en la normativa técnica, en el contrato de condiciones
uniformes para la prestación del servicio público domiciliario de energía eléctrica por
parte de Cedenar S.A. E.S.P., se estableció la necesidad de realizar un estudio
preliminar para efectos de determinar si la conexión del servicio resulta viable
conforme a las disposiciones técnicas aplicables:

“[…] ESTUDIO PRELIMINAR: Es un procedimiento mediante el cual, previo estudio
de factibilidad de la conexión y del proyecto respectivo, el prestador del servicio
determina las condiciones técnicas y operativas bajo las cuales está en
disposición de suministrar el servicio de energía cumpliendo con la normativa
técnica vigente. […]”. (Negrilla fuera del texto).

169. El mismo contrato reconoce que la instalación del servicio de energía está
condicionada a que el inmueble del usuario reúna las siguientes condiciones
mínimas:

“[…] CLÁUSULA OCTAVA. Obligaciones del Suscriptor y/o Usuario: 1) Aplicar las
normas técnicas establecidas para el diseño y construcción de redes eléctricas
para las instalaciones internas de baja, media y alta tensión reglamentada por
CEDENAR S.A. E.S.P, por el Reglamento Técnico de Instalaciones eléctricas

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(RETIE) y demás normas vigentes y concordantes, así como en las
modificaciones, ampliaciones y trabajos similares.

CLÁUSULA DÉCIMA. Obligaciones de CEDENAR S.A. E.S.P.: 1) Suministrar el
servicio de energía eléctrica al inmueble en forma continua y con los parámetros de
eficiencia y calidad establecidos por la normatividad vigente, siempre que sea
técnicamente posible y que el suscriptor haya cumplido con las condiciones
técnicas y legales requeridas.

CLÁUSULA UNDÉCIMA. Condiciones para la Prestación del Servicio: CEDENAR
S.A. E.S.P. celebrará el presente contrato con cualquier persona legalmente
capaz que lo solicite, siempre que sea poseedor, propietario o tenedor con la
respectiva autorización de su propietario y el inmueble donde se prestará el
servicio cumpla con las condiciones técnicas establecidas en el RETIE, normas
de diseño y construcción del sistema de distribución de CEDENAR S.A. E.S.P.
y demás normas vigentes que las adicionen, modifiquen, deroguen, complementen
o desarrollen. 11.1. Solicitud del Servicio: La solicitud de conexión debe
presentarse con el cumplimiento de todos los requisitos establecidos por
CEDENAR S.A. E.S.P. […]. PARAGRAFO 4. Cuando una solicitud de conexión
implicare estudios particularmente complejos, su costo justificado en detalle
podrá cobrarse al interesado salvo que se trate de un suscriptor o usuario
residencial perteneciente a los estratos 1, 2 y 3. 11.2. Condiciones técnicas: 1) Las
solicitudes de conexión serán responsabilidad del usuario quien podrá hacerlo
directamente o a través de un tercero con la respectiva autorización para actuar para
lo cual deberá diligenciar el formato de Solicitud de conexión de servicio de energía
eléctrica. 2) La conexión de la acometida a la red deberá ser efectuada por CEDENAR
S.A. E.S.P., por el personal autorizado por ésta y en los casos de proyectos eléctricos
el constructor. 3) Las instalaciones internas son responsabilidad del suscriptor
y/o usuario y deberán cumplir con las condiciones técnicas exigidas en el
RETIE. […].

CLÁUSULA DECIMOSEGUNDA. Redes e Instalaciones: Los particulares no podrán
hacer uso de las redes locales del servicio o aquellas que hayan sido entregadas a
CEDENAR S.A. E.S.P. para su administración, ni realizar obras sobre éstas, salvo
autorización previa y expresa de la misma. En todo caso CEDENAR S.A. E.S.P. o a
quien ésta autorice, podrá realizar extensiones, derivaciones, modificaciones u otro
tipo de trabajo en las redes operadas y administradas por aquélla. 12.1. Condiciones
técnicas: a) CEDENAR S.A. E.S.P. hará el mantenimiento y reparación de las redes
de toda la infraestructura eléctrica que está a cargo del operador de red. b) La
construcción de instalaciones internas para un inmueble, estará a cargo del
suscriptor o usuario quien deberá cumplir con la reglamentación vigente. c)
Cuando el usuario o potencial usuario deba realizar ampliaciones o
construcciones de cualquier tipo de inmueble y preexistan redes eléctricas en
el área objeto de la construcción, deberá dar estricto cumplimiento al RETIE. Si
para el cumplimiento de este requisito se hace necesario el traslado y/o reubicación
de la infraestructura eléctrica preexistente, los costos deberán ser asumidos
totalmente por el usuario y en caso de que no se garanticen las normas de seguridad
se informará a la autoridad competente para que se determine la procedencia de la
suspensión de la obra y los efectos que de ella se deriven serán imputables al
responsable de la construcción. […]”. (Negrilla fuera del texto).

170. Conforme a lo anterior, la Sala coincide con el municipio de Ipiales en que los
habitantes del sector objeto de la controversia deben atender los lineamientos
técnicos requeridos para la adecuada instalación del servicio reclamado. Sin
embargo, se aclara que corresponde a las autoridades recurrentes precisar a esos
ciudadanos cuáles son las adecuaciones que deben realizar en sus inmuebles a
efectos de viabilizar la prestación del servicio.

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171. El municipio de Ipiales afirma que la comunidad, desde hace 6 años, no le ha
remitido los soportes técnicos necesarios para formular un proyecto de ampliación
de cobertura que cumpla con la normativa técnica y urbanística. Sin embargo, a
mayo de 2023 el ente territorial reconoce que ni siquiera ha identificado cuál es el
sector en donde se ubican las 15 viviendas. Tampoco precisó cuál es el uso del
suelo aplicable, a qué fondo o programa puede acudir, si es posible implementar
una comunidad energética, o legalizar las instalaciones existentes, ni evaluó a
profundidad si las viviendas cuentan con licencia de construcción o parcelación,
pues lo cierto es que la consulta de las bases de datos se hizo sin conocer el número
de identificación predial.

172. Todo lo anterior significa que al municipio le asiste la razón cuando afirma que,
el ejercicio de los derechos de los usuarios del servicio público domiciliario de
energía eléctrica implica responsabilidades en materia técnica y urbanística. Sin
embargo, esto no quiere decir que el municipio pueda resolver de forma genérica
las solicitudes de ampliación del servicio, sin verificar en campo cuáles son las
condiciones de los potenciales usuarios. Esta conducta amenaza los derechos
colectivos amparados, máxime cuando actúa como prestador directo del servicio
público domiciliario.

173. En otras palabras, en el proceso no se demostró que el municipio haya
efectuado un acompañamiento oportuno a la comunidad, antes de concluir que los
residentes del sector cuestionado no podían acceder al servicio de energía eléctrica,
en el contexto de las competencias mencionadas en los apartados V.2.2.2. y
V.2.2.3. de esta providencia.

174.Adicionalmente, en el marco del principio de corresponsabilidad, esta
corporación ha sostenido que la participación de la comunidad en la transgresión o
amenaza de los derechos colectivos no constituye una causal de exoneración de
responsabilidad para las autoridades públicas84.

V.2.4. Los reparos presupuestales y procedimentales

175.El apoderado judicial del municipio de Ipiales sostuvo que la sentencia de
primera instancia “[…] tiene implicaciones significativas para el erario público y
podría afectar los recursos destinados a proyectos sociales […]”. Adujo que las
órdenes de amparo desconocen los procedimientos legales aplicables en materia
presupuestal y administrativa, y promueven “[…] el riesgo de enfrentar
investigaciones y sanciones por parte de los órganos de control del Estado […]”.

176. Requirió que: (i) “[…] se ordene a los accionantes cumplir con todos los
requisitos solicitados por parte de la administración municipal […]”; y que (ii) los
términos dados al municipio para cumplir las órdenes se contabilicen “[…] una vez
los documentos radicados por los accionantes de las quince (15) viviendas hayan
sido subsanados […]”.

84
Ver Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia proferida el 1º de marzo de 2018;
proceso identificado con número único de radicación 19001-33-31-005-2011-00294-01, C.P. Hernando Sánchez Sánchez.

43

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177. Frente al primer reparo, la Sala pone de presente que, en criterio de esta
jurisdicción, “[…] los trámites presupuestales y de planeación, la falta de
disponibilidad presupuestal o de recursos económicos, no es de ninguna manera un
argumento válido para desvirtuar la afectación de los derechos colectivos y mucho
menos para cohibir al juez de la acción popular de adoptar las medidas de amparo
que las circunstancias ameriten en aras de la protección de tales derechos”85.

178. Incluso el argumento asociado a la presunta afectación de los recursos
destinados a otros proyectos sociales, además de carecer de fundamento
probatorio, no tiene en cuenta los instrumentos jurídicos y financieros previstos en
el ordenamiento jurídico para corregir la problemática que motivó este proceso
judicial.

179. Frente al segundo y tercer planteamiento, resulta pertinente modificar los ordinales
quinto, sexto, séptimo y octavo de la sentencia de primera instancia, con el propósito
de otorgar un margen suficiente de libertad a la administración local y a la empresa de
servicios públicos para que evalúen las necesidades del sector y determinen cuál es
el mecanismo de financiación que se utilizará para ampliar la cobertura al área
cuestionada, previo cumplimiento de los requisitos técnicos y urbanísticos por parte
de los potenciales usuarios.

180. Igualmente, se ordenará al departamento de Nariño que, en el marco de sus
competencias legales, reglamentarias y contractuales, apoye técnicamente al
municipio en el cumplimiento de las órdenes a su cargo, previo requerimiento del
ente territorial.

181. Se exhortará a los potenciales usuarios para que, de forma célere, den
cumplimiento a las recomendaciones técnicas que impartan el municipio de Ipiales y
la sociedad Centrales Eléctricas de Nariño S.A. E.S.P., para garantizar una ampliación
segura de la cobertura del servicio de energía eléctrica.

182. Asimismo, la Sala modificará el ordinal décimo primero de la providencia
recurrida en el sentido de ordenar la conformación del comité de cumplimiento de la
sentencia en los términos establecidos en el artículo 34 de la Ley 472 de 1998.

V.2.5. Las costas procesales

183. El municipio de Ipiales indicó que la condena en costas afecta los recursos del
municipio destinados a proyectos sociales. Al respecto, cabe recordar que la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo de esta corporación en sentencia de 6 de

85
Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencias de 25 de octubre de 2001.
Rad. N.º 2000-0512-01(AP), C. P: Gabriel Eduardo Mendoza Martelo; 5 de septiembre de 2002, Rad. N.° 2001-00303-01, C.
P: Camilo Arciniegas Andrade; 10 de abril de 2008, Rad. N.° 2001-01961-01, C. P: María Claudia Rojas Lasso; 15 de
septiembre de 2011, Rad. N.° 2004-01241-01 y 22 de enero de 2015 Rad. N.° 2011-00256-01, C. P: Guillermo Vargas Ayala;
15 de diciembre de 2016, C. P: Roberto Augusto Serrato Valdés (E); 11 de mayo de 2020, Rad. N.° 2010-01363-01, C. P:
Oswaldo Giraldo López; 26 de junio de 2020, Rad. N.° 2018-00091-01(AP), C. P: Roberto Augusto Serrato Valdés; 3 de junio
de 2021, Rad. N.° 2010-01320-01(AP), C. P: Roberto Augusto Serrato Valdés.

44

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agosto de 201986 unificó lo relacionado con el reconocimiento, la condena y la
liquidación de costas en el trámite del medio de control de protección de los
derechos e intereses colectivos.

184. La Sala Plena señaló que la condena en costas “[…] incluye las expensas,
gastos y agencias en derecho con independencia de que la parte actora haya
promovido y/o concurrido al proceso mediante apoderado judicial o lo haya hecho
directamente […]”. Pero se precisó que las expensas y/o gastos procesales se
reconocen cuando estas estén causadas en el proceso y se liquidan en la medida
de su comprobación. Y, para la tasación de las agencias en derecho, se le ordenó
al juez tener en cuenta “[…] la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada
por el apoderado o la parte que litigó personalmente, [entre] otras circunstancias
especiales […]”.

185. En el caso concreto, la Sala encuentra que el actor presentó la demanda87,
aportó las peticiones de prestación del servicio y las respuestas de las diversas
entidades accionadas, estuvo presente en la audiencia de pacto de cumplimiento
celebrada el 6 de diciembre de 202288, y asistió a las audiencias de pruebas
celebradas los días 29 de noviembre de 202389 y 15 de mayo de 202490, lo cual da
cuenta que las agencias se encuentran causadas a favor del actor popular.

186. Por ello, teniendo en cuenta “[…] la naturaleza, la calidad y la duración de la
gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía
del proceso y demás circunstancias especiales directamente relacionadas con dicha
actividad […]”, como lo señala el artículo 366 del CGP y los artículos 2.°, 3.° y 5.°
del Acuerdo núm. PSAA16-10554 de 5 de agosto de 201691, el tribunal de primera
instancia deberá liquidar las agencias en derecho a favor del demandante.

187. Sin embargo, la Sala modificará el ordinal décimo segundo de la sentencia de
primera instancia, en atención a que no está probada la causación de gastos
procesales. Y, de conformidad con el artículo 38 de la Ley 472 y el numeral 5.º del
artículo 365 de la Ley 1564, no se condenará en costas en esta instancia, porque
no se acreditó su causación.

86
Cfr. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Veintisiete Especial de Decisión, C.P. Rocío
Araújo Oñate, sentencia de 6 de agosto de 2019, núm. único de radicación 15001-33-33-007-2017-00036-01(AP)REV-SU.
87
Cfr. Índice 3 expediente digital Tribunal Administrativo de Nariño, documento denominado
“1_0001ACCIONPOPULARPD.PDF”.
88
Cfr. Índice 22 expediente digital Tribunal Administrativo de Nariño, documento denominado
“018_ACTAAUDIENCIA_202100426IVANCHAL(.pdf) NroActua 22”.
89
Cfr. Índice 35 expediente digital Tribunal Administrativo de Nariño, documento denominado
“32_ACTADEAUDDEPRUEBAS(.pdf) NroActua 35”.
90
Cfr. Índice 60 expediente digital Tribunal Administrativo de Nariño, documento denominado
“60Audiencia_20210426PROTOCOLOAUD(.pdf) NroActua 60”.
91
“Por el cual se establecen las tarifas de agencias en derecho”. 1.El artículo 3.° se establece que cuando la demanda no
contenga pretensiones de índole pecuniario, o cuando se trate de la segunda instancia, de recursos, de incidentes o asuntos
similares, las tarifas se establecen en salarios mínimos Según lo dispuesto por el parágrafo 1.° de esta norma, son
pretensiones de dicha índole aquellas en las que se pide la simple declaración o ejecución de obligaciones de hacer o no
hacer, entre otras. El artículo 5.° del mismo Acuerdo, fija las tarifas de las agencias en derecho de conformidad con la
instancia, en tal sentido, prevé que en los procesos sin cuantía o sin pretensiones pecuniarias de primera instancia el
reconocimiento de las agencias en derecho oscila entre 1 y 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Y, en los de
segunda instancia de idénticas características, entre 1 y 6 salarios mínimos mensuales legales vigentes.

45

Radicación: 52001-23-33-000-2021-00426-01
Demandante: Iván Darío Chalaca Díaz

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

F A L L A:

PRIMERO: MODIFICAR, por las razones expuestas en la parte considerativa de
esta providencia, los ordinales quinto, sexto, séptimo, octavo, décimo primero y
décimo segundo de la parte resolutiva de la sentencia proferida el 24 de junio de
2024, por la Sala Primera de Decisión del Tribunal Administrativo de Nariño, los
cuales quedarán así:

“[…] QUINTO: ORDENAR al municipio de Ipiales y a la sociedad Centrales Eléctricas
de Nariño S.A. E.S.P. que, de conformidad con sus competencias constitucionales,
legales y reglamentarias, en el término de un (1) mes, realicen una visita técnica al
sector de la demanda, con miras a definir: (i) el uso del suelo autorizado en el PBOT;
(ii) el estado de cumplimiento de la normatividad RETIE y urbanística por parte de los
potenciales suscriptores; y (iii) las características del proyecto de ampliación de
cobertura aplicable al caso.

En el término de un (1) mes contado a partir de la visita técnica, las citadas entidades
asesorarán a los potenciales usuarios, para que cumplan con los requisitos técnicos
exigibles para ser beneficiarios del servicio de energía eléctrica.

SEXTO: ORDENAR al municipio de Ipiales y a la sociedad Centrales Eléctricas de
Nariño S.A. E.S.P. que, de conformidad con sus competencias constitucionales,
legales y reglamentarias, una vez la comunidad cumpla con las exigencias técnicas,
formulen el proyecto de ampliación de cobertura procedente, en el término de tres (3)
meses, conforme a las estrategias de financiamiento que resulten aplicables.

A partir de la radicación del proyecto, el titular de la iniciativa, según el caso, allegará
un cronograma de trabajo al tribunal, en el que definirá los plazos de las etapas de
evaluación y ejecución del proyecto. El cumplimiento de estos términos se entiende
incorporado a la presente sentencia, previa aprobación por parte del tribunal.

SÉPTIMO: ORDENAR al departamento de Nariño que, en el marco de sus
competencias legales, reglamentarias y contractuales, apoye técnicamente al
municipio en el cumplimiento de las órdenes a su cargo, previo requerimiento del ente
territorial.

OCTAVO: EXHORTAR a los potenciales usuarios de las 15 viviendas del debate judicial,
para que, de forma célere, den cumplimiento a las recomendaciones técnicas que
impartan el municipio de Ipiales y la sociedad Centrales Eléctricas de Nariño S.A. E.S.P.,
para garantizar una ampliación segura de la cobertura del servicio de energía eléctrica.

[…] DÉCIMO PRIMERO: CONFORMAR un comité para la verificación del
cumplimiento de esta providencia, el cual estará integrado por la Sala Primera de
Decisión del Tribunal Administrativo de Nariño a través de su magistrado ponente -
quien lo presidirá-, por el demandante, por el municipio de Ipiales, el departamento de
Nariño, la sociedad Centrales Eléctricas de Nariño S.A. E.S.P., y por el agente del
Ministerio Público, quienes deberán hacer seguimiento a lo ordenado en la presente
decisión.

DÉCIMO SEGUNDO: CONDENAR en costas en esta instancia a la parte vencida, en
favor del actor popular, en el concepto de agencias en derecho, de manera
proporcional y en la medida de su comprobación. […]”.

46

Radicación: 52001-23-33-000-2021-00426-01
Demandante: Iván Darío Chalaca Díaz

SEGUNDO: CONFIRMAR en lo demás, por las razones expuestas en la parte
considerativa de esta providencia, la sentencia recurrida.

TERCERO: SIN COSTAS en esta instancia.

CUARTO: REMITIR copia del presente fallo a la Defensoría del Pueblo, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley 472 de 1998.

QUINTO: DEVOLVER el expediente al tribunal de origen una vez ejecutoriada esta
providencia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.

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