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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 63001-23-33-000-2022-00117-02

Fecha
16 de abril de 2026
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo

01Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 63001-23-33-000-2022-00117-02

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

16 de abril de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá D.C., dieciséis (16) de abril de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 63001-23-33-000-2022-00117-02 (0316-2025)
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)
Demandada: Eduardo Echeverri Gómez

Tema: pensión gracia – demanda contra el acto de reconocimiento y reliquidación.
Subtema 1. Requisito del tiempo laborado en plazas del orden departamental,
municipal o distrital. Subtema 2. Presunción de buena fe. Devolución de dineros.
Subtema 3. Condena en costas.

Sentencia de segunda instancia

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver
los recursos de apelación interpuestos por las partes contra la sentencia proferida por
el Tribunal Administrativo del Quindío el 8 de noviembre de 2024, que accedió a las
pretensiones de la demanda.

1. Síntesis del caso

La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales
de la Protección Social (en adelante UGPP) solicitó la nulidad de los actos
administrativos por medio de los cuales la extinta Caja Nacional de Previsión Social
(en adelante CAJANAL) le reconoció una pensión gracia al señor Eduardo Echeverri
Gómez, toda vez que, contrario a lo indicado por estos, no prestó sus servicios en
calidad de docente territorial - nacionalizado por más de 20 años. El Tribunal
Administrativo del Quindío accedió a lo solicitado, por lo que el demandado apeló la
decisión con fundamento en que las pruebas dan cuenta de que el tiempo laborado
obedeció a vinculaciones del orden territorial – nacionalizado. Por su parte, la
demandante solicitó revocar la decisión y, en su lugar, acceder al restablecimiento del
derecho y condenar en costas al señor Echeverri Gómez. La Sala confirmará la
decisión de primera instancia, en la medida en que se encuentra acreditado que el
tiempo de servicio docente de 20 años, fue con vinculación nacional.

Radicación: 63001-23-33-000-2022-00117-02 (0316-2025)
Demandante: UGPP
Demandada: Eduardo Echeveri Gómez

2. Antecedentes
2.1. La demanda

1. La UGPP, mediante apoderado, presentó demanda en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho –lesividad– el 29 de noviembre de
20221, en contra de Eduardo Echeverri Gómez, con las siguientes pretensiones:

a. Se declare la nulidad de las resoluciones 19502 del 26 de septiembre de
2003 y 05885 del 12 de marzo de 2007, por medio de las cuales CAJANAL
reconoció una pensión gracia y la reliquidó, respectivamente.

b. A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se ordene al
demandado a pagar o reintegrar a favor de la demandante, todas las sumas de
dinero canceladas de manera indebida.

2.1.1. Hechos

2. La Sala sintetiza los hechos de la demanda, así:

3. La accionante indicó que consta en el expediente administrativo que Eduardo
Echeverri Gómez nació el 1 de noviembre de 1952. Y que prestó sus servicios
docentes, así:

(a) desde el 31 de marzo de 1975 hasta el 31 de mayo de 1976.

(b) del 1 de junio de 1976 hasta el 31 de diciembre de 2008, por nombramiento
que se hiciera a través de la Resolución 4126 del 15 de junio de 1976, expedida
por el Ministerio de Educación Nacional.

4. De acuerdo con lo anterior, CAJANAL estimó cumplido el tiempo de servicio y
la edad exigidos legalmente para el reconocimiento de la pensión gracia, por tanto,
expidió la Resolución 19502 del 26 de septiembre de 2003, a través de la cual accedió
a la petición de la parte accionada y ordenó el pago de la pensión liquidada con el 75
% del promedio de lo devengado en el año inmediatamente anterior a la adquisición
del status –1 de noviembre de 2002–, con inclusión de los factores salariales de
asignación básica y sobresueldo del 20%, en cuantía de $1.416.671.39, efectiva a
partir del 1 de noviembre de 2002.

5. En cumplimiento del fallo de tutela del 29 de noviembre de 2004, expedido por
el Juzgado Primero Penal del Circuito de Bogotá, dentro del proceso con número de
radicado 2004-00397, mediante la Resolución 05885 del 12 de marzo de 2007
CAJANAL reliquidó la pensión gracia con el 75 % de los factores salariales
devengados en el año inmediatamente anterior al estatus pensional de Echeverri
Gómez, con inclusión de los factores salariales de asignación básica, sobresueldo del
20 % y primas de navidad, vacaciones, alimentación y exclusividad, en cuantía de
$1.591.953.76, a partir del 1 de noviembre de 2002 y efectiva desde el 10 de agosto
1 Samai, Tribunal, índice 0004, ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 4, 004_DEMANDA.

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Demandante: UGPP
Demandada: Eduardo Echeveri Gómez

de 2003, por prescripción trienal.

6. Posteriormente, CAJANAL denunció al juez primero penal del circuito de
Bogotá, por el delito de prevaricato por acción. El Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Bogotá, Sala de Decisión Penal, le correspondió conocer del proceso –al cual se
le asignó el número de radicado 11001-22-04-000-2015-02072-00–, y mediante
sentencia del 7 de octubre de 2019 resolvió, entre otras cosas, dejar sin efectos el
mencionado fallo de tutela del 29 de noviembre de 2004 y los actos administrativos
por medio de los cuales se le hubiera dado cumplimiento a este, decisión que fue
confirmada por la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, a través de
providencia del 4 de marzo de 2020.

2.1.2. Normas violadas y concepto de violación

7. En la demanda se citan las siguientes normas vulneradas:

• Ley 114 de 1913.
• Ley 116 de 1928.
• Ley 37 de 1933.
• Ley 91 de 1989.
• Ley 1437 de 2011.

8. La parte demandante transcribió apartes de la normativa y de la jurisprudencia
de esta corporación relacionadas con el reconocimiento de la pensión gracia, para
concluir que CAJANAL le reconoció de manera errada dicha pensión al demandado,
pues si bien cumplió 50 años de edad el 1 de noviembre de 2002, fue vinculado a la
docencia oficial antes del 31 de diciembre de 1980, esto fue, en un primer momento,
desde el 31 de marzo de 1975 hasta el 31 de mayo de 1976, mediante vinculación del
orden territorial, y en total prestó sus servicios docentes por 32 años, 7 meses y 1 día,
según consta en las diferentes certificaciones aportadas al expediente administrativo,
lo cierto era que otras documentales daban cuenta que a partir del 1 de junio de 1976
hasta el 11 de enero de 1990 la vinculación fue del orden nacional, por lo que no se
debió reconocer el derecho.

2.2. Contestación de la demanda

9. La parte demandada no se pronunció frente a las pretensiones de la demanda2.

2.3. Sentencia de primera instancia

10. El Tribunal Administrativo del Quindío, en la sentencia del 8 de noviembre de
20243, accedió a las pretensiones de la demanda en los siguientes términos:

PRIMERO: Declarar la nulidad de la Resolución 19502 del 26 de septiembre de 2003,

2 Samai, Tribunal, índice 0022, ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 22_PASOALDESPACHO.
3 Samai, Tribunal, índice 00041, ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 41, 54_SENTENCIAPRIMERAINSTANCIA.

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Demandante: UGPP
Demandada: Eduardo Echeveri Gómez

emitida por la extinta CAJANAL, por medio de la cual se reconoció una pensión gracia
a favor del señor EDUARDO ECHEVERRY GÓMEZ; y de la Resolución 05885 del 12
de marzo de 2007, por medio de la cual se le reliquidó la pensión gracia reconocida.

SEGUNDO: Negar las demás pretensiones de la demanda.

TERCERO: Sin lugar a condena en costas en esta instancia.

CUARTO: En firme esta providencia, archívese el expediente previa anotación en el
programa informático “SAMAI”. Esta providencia se discutió y aprobó conforme consta
en el Acta de Sala de Decisión virtual 36 de la fecha.

11. Indicó que a este proceso fueron allegados los actos de nombramiento y de
posesión, así como diferentes certificaciones, que dan cuenta que la vinculación
docente de Echeverri Gómez fue del orden nacional, desde el 1 de julio de 1976 hasta
el 12 de enero de 1990, en virtud de la Resolución 4126 de 15 de junio de 1976 del
Ministerio de Educación Nacional, por lo que para el momento en que solicitó el
reconocimiento de la pensión gracia no contaba con 20 de servicio territorial –
nacionalizado. En consecuencia, los actos demandados estaban viciados de nulidad.

12. A pesar de lo anterior, sostuvo que no era procedente ordenar el reintegro de
las sumas pagadas al accionado, toda vez que no se probó la mala fe o actuaciones
dolosas dirigidas a obtener el reconocimiento pensional, sino que tal pago obedeció a
un error de la administración, que no se puede endilgar a Eduardo Echeverri Gómez.

2.4. Recursos de apelación

13. El demandado, mediante apoderada, interpuso recurso de apelación4 para que
se revoque la sentencia de primera instancia, con fundamento en los siguientes
razonamientos:

14. En razón del proceso de nacionalización de la educación, la institución
educativa en la que inició a prestar sus servicios docentes pasó a ser parte del
municipio de Armenia, por tanto, el educador debía ser considerado nacionalizado.

15. La sentencia de primera instancia incurrió en indebida valoración probatoria,
puesto que se le dio credibilidad a una certificación que indica que la vinculación
docente fue nacional, pero se desconocieron otras documentales que son idóneas
para acreditar el vínculo territorial - nacionalizado.

16. Que con tal providencia se vulneraron los principios de buena fe, confianza
legítima, favorabilidad e in dubio pro-operario, así como el artículo 48 de la
Constitución Política sobre la prohibición de suspensión o afectación de mesadas
pensionales reconocidas conforme a derecho.

17. Concluyó que, para establecer si había lugar al reconocimiento de la pensión

4 Samai, Tribunal, índice 00044, ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 44, 57_MEMORIALWEB.

4

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Demandante: UGPP
Demandada: Eduardo Echeveri Gómez

gracia, se deben analizar en conjunto los actos de nombramiento y posesión, la plaza
docente y la vacante, pues únicamente de estos documentos se puede sustentar la
carencia de requisitos para el reconocimiento de dicha pensión.

2.5. Apelación adhesiva

18. La UGPP, mediante apoderada, interpuso recurso de apelación por adhesión5,
con fundamento en lo siguiente:

19. En la sentencia de primera instancia se incurrió en error al negarse el
restablecimiento del derecho, específicamente en la devolución de las sumas pagadas
por concepto de pensión gracia. Además, por no condenar en costas.

20. Sostuvo que es procedente el reintegro de los dineros indebidamente pagados,
en garantía del interés general, la protección del erario y la sostenibilidad financiera
del Sistema General de Pensiones, máxime que constituye un enriquecimiento sin
causa en beneficio del demandado y un empobrecimiento de la entidad demandante.

21. En relación con la condena en costas, consideró que se debió aplicar el criterio
objetivo, conforme a los artículos 188 del CPACA, 365 y 366 del CGP, al haber
resultado vencida la parte demandada.

22. En consecuencia, solicitó que se revoquen los ordinales segundo y tercero de
la parte resolutiva de la sentencia recurrida. Se ordene el reintegro de los valores
pagados indebidamente, indexados, así como que se condene en costas y en
agencias en derecho.

2.6. Trámite procesal en segunda instancia

23. Mediante auto del 26 de noviembre de 20256, el despacho ponente admitió el
recurso de apelación y la apelación adhesiva, según lo previsto en el numeral 3 del
artículo 247 del CPACA, modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, y el
parágrafo 3 del artículo 243 de la Ley 1437 de 2011.

3. Consideraciones
3.1. Competencia

24. El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso–Administrativo, es competente
para conocer de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias
proferidas en primera instancia por los tribunales administrativos, de conformidad con
el artículo 150 del CPACA.

3.2. Problema jurídico

25. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación y en la

5 Samai, Tribunal, índice 00050, ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 50, 62_MEMORIALWEB.
6 Samai, índice 00039, ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 39, 36_AUTOQUEADMITE.

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apelación adhesiva contra el fallo de primera instancia que accedió a las pretensiones
de la demanda y en razón de la competencia del juez de segunda instancia, de
conformidad con el artículo 3287 del Código General del Proceso (CGP), corresponde
a la Sala definir si:

26. ¿El demandado cuenta con el tiempo de servicio docente de 20 años con
vinculación territorial o nacionalizada, para el reconocimiento y pago de la pensión
gracia?

27. En el evento de resultar negativa la pregunta anterior: ¿hay lugar a la
devolución de los dineros pagados con ocasión de la pensión gracia que le fue
reconocida al demandado?

28. ¿El fallador de primera instancia debía analizar la conducta de la parte
vencida en juicio para disponer sobre la condena en costas?

3.3. Marco normativo y reiteración jurisprudencial

3.3.1. La pensión gracia

29. La pensión de jubilación gracia fue establecida por la Ley 114 de 1913 8,
beneficiando a los maestros de las escuelas primarias oficiales que hubieran servido
en el magisterio por al menos 20 años, siempre que desempeñen el empleo con
honradez y consagración y no se reciba otra pensión o recompensa de carácter
nacional.

30. La Ley 116 de 19289 amplió este beneficio a los empleados docentes y
profesores de las escuelas normales, así como a los inspectores de instrucción
pública. Según el artículo 6 de esta ley, se permitió a los docentes sumar los servicios
prestados en diferentes épocas, tanto en la enseñanza primaria como en la normalista,
para completar el tiempo requerido para acceder a la pensión, por lo que se equiparó
la inspección de instrucción pública a la enseñanza primaria para estos efectos.

31. Posteriormente, la Ley 37 de 193310 extendió el beneficio de la pensión gracia
de jubilación a los maestros de escuela que hubieran completado el tiempo de servicio
estipulado por la ley en establecimientos de enseñanza secundaria.

32. Por su parte, la Ley 91 de 198911, en el artículo 15, numeral 2, literal a), limitó
7 CGP, artículo 328. «Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre

los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos
previstos por la ley. // Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló
hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones. // En la apelación de autos, el superior sólo
tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación
fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella. // En el trámite de la apelación no se
podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la
audiencia».
8 Por medio de esta ley «se crean pensiones de jubilación a favor de los Maestros de Escuela».
9 «Por la cual se aclaran y reforman varias disposiciones de la Ley 102 de 1927».
10 «Por la cual se decreta el pago de una pensión a un servidor público y sobre jubilación de algunos empleados».
11 «Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio».

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la vigencia temporal del derecho al reconocimiento de la pensión gracia para los
docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980, siempre que reunieran la
totalidad de los requisitos legales, señala textualmente la norma en mención que:

Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de las
Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieran
desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia,
se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta
pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión Social conforme al
Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún en
el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la nación.

33. Entonces, es dable afirmar que el punto de partida para definir si el docente
tiene derecho a la pensión gracia se encuentra en la clasificación contenida en la Ley
91 de 1989, cuyo artículo 1.° categorizó y definió a los docentes de la siguiente
manera:

• Personal nacional: son los docentes vinculados por nombramiento del Gobierno
Nacional.

• Personal nacionalizado: son (i) los docentes vinculados por nombramiento de
entidad territorial antes del 1.º de enero de 1976 y (ii) los docentes vinculados a
partir de esa fecha a una plaza nacionalizada en virtud del proceso de
nacionalización de la educación que se adelantó por disposición de la Ley 43 de
1975.

• Personal territorial: son los docentes vinculados por nombramiento de entidad
territorial a partir del 1.º de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito
establecido en el artículo 1012 de la Ley 43 de 1975, de manera que la plaza a
ocupar haya sido creada exclusivamente por la entidad territorial con cargo a su
propio presupuesto.

34. La norma en cita fue estudiada por la Sala Plena de lo Contencioso–
Administrativo del Consejo de Estado en sentencia S-699 de 29 de agosto de 199713,
en los siguientes términos:

La disposición transcrita se refiere de manera exclusiva a aquellos docentes
departamentales o regionales y municipales que quedaron comprendidos en el
mencionado proceso de nacionalización. A ellos, por habérseles sometido
repentinamente a este cambio de tratamiento, se les dio la oportunidad de que se les
reconociera la referida pensión, siempre que reunieran la totalidad de los requisitos y
que hubiesen estado vinculados de conformidad con las Leyes 114 de 1913, 116 de
1928 y 37 de 1933, con el aditamento de su compatibilidad […] También, que dentro

12
“En adelante ningún departamento, intendencia o comisaría, ni el Distrito Especial, ni los municipios podrán con
cargo a la Nación, crear nuevas plazas de maestros y profesores de enseñanza primaria o secundaria, ni tampoco
podrán decretar la construcción de nuevos planteles de enseñanza media, sin la previa autorización, en ambos
casos, del Ministerio de Educación Nacional”.
13 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia S-699 de 29 de agosto de 1997.

M.P. Nicolás Pájaro Peñaranda, actor: Wilberto Therán Mogollón.
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del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan incluidos los docentes
nacionales sino, exclusivamente, los nacionalizados que, como dice la Ley 91 de 1989,
además de haber estado vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 “tuviesen o
llegaren a tener derecho a la pensión de gracia […] siempre y cuando cumplan con la
totalidad de requisitos”. Y por último, que sin la ley 91 de 1989, en especial la norma
contenida en el literal A, numeral 2, de su artículo 15, dichos servidores no podrían
beneficiarse del reconocimiento de tal pensión, pues habiéndose nacionalizado la
educación primaria y secundaria oficiales, dicha prestación, en realidad, no tendría el
carácter de graciosa que inicialmente le asignó la ley.

35. La Sección Segunda, en la sentencia SUJ-11-S2 de 21 de junio de 201814,
señaló que «el numeral 2 del artículo 15 de la Ley 91 de 1989 es de carácter transitorio,
para no desconocer los derechos adquiridos en relación con la pensión gracia, en
tratándose de los docentes nacionalizados», y que:

Para el reconocimiento y pago de la pensión gracia es indispensable acreditar el
cumplimiento de la totalidad de los requisitos establecidos en la normativa que la
regula, entre los que se encuentran, haber prestado los servicios como docente en
planteles departamentales, distritales o municipales por un término no menor de veinte
(20) años y que estuviere vinculado antes del 31 de diciembre de 1980; haber cumplido
cincuenta años de edad; y haberse desempeñado con honradez, consagración y
buena conducta.

36. La citada sentencia estableció las reglas de unificación respecto a que los
recursos que la Nación le transfería o cedía para los fondos educativos regionales,
cuando ingresaban a los presupuestos locales, pasaban a pertenecer a los entes
territoriales, de modo que la intervención en el acto de nombramiento del delegado del
Ministerio de Educación Nacional no cambia la calidad de docente territorial o
nacionalizado que es otorgada por la ley. En este orden, la sentencia de unificación
fijó las siguientes reglas jurisprudenciales:

i) Los recursos del situado fiscal que otrora transfería o cedía la Nación a las
entidades territoriales […], una vez se incorporaban a los presupuestos locales
pasaban a ser de propiedad exclusiva de los referidos entes en calidad de rentas
exógenas.

ii) Los entes territoriales son los titulares directos o propietarios de los recursos que les
gira la Nación, provenientes del sistema general de participaciones, por asignación
directa del artículo 356 de la Carta Política de 1991.

iii) La financiación de los gastos que generaban los fondos educativos regionales no
solo dependía de los recursos que giraba la Nación a las entidades territoriales por
concepto del situado fiscal, sino que también correspondía a los entes locales
destinar parte de su presupuesto para atender al sostenimiento de los referidos fondos
educativos (artículos 29 del Decreto 3157 de 1968; y 60, inciso 2º de la Ley 24 de
1988).

14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso–Administrativo, Sección Segunda, sentencia SUJ2-011-S2 de 21 de

junio de 2018. radicado 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014). M.P. Carmelo Perdomo Cuéter. Actora:
Gladys Amanda Hernández Triana.
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iv) Así como los fondos educativos regionales atendían los gastos que generaban
los servicios educativos de los docentes nacionales y nacionalizados15, resulta factible
colegir de manera razonada que lo propio acontecía con algunas de las erogaciones
salariales originadas por el servicio que prestaban los educadores territoriales […].

v) Por tanto, no es dable inferir que los docentes territoriales y/o nacionalizados se
convierten en educadores nacionales (i) cuando en el acto de su vinculación interviene,
además del representante legal de la entidad territorial, el delegado permanente del
Ministerio de Educación Nacional como miembro de la junta administradora del
respectivo fondo educativo regional y asimismo, este último, certifica la vacancia del
cargo junto con la disponibilidad presupuestal16; y (ii) por el argumento de que los
recursos destinados para su sostenimiento tienen su origen o fuente en la Nación.

vi) Prueba de calidad de docente territorial. Se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer con
suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto
como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la respectiva
certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el
tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial es de carácter
territorial.

vii) Origen de los recursos de la entidad nominadora. Lo esencialmente relevante,
frente al reconocimiento de la pensión gracia, es la acreditación de la plaza a ocupar
[…].

37. De acuerdo con lo expuesto, la pensión gracia de jubilación se otorga a los
docentes que hayan trabajado de manera continua o discontinua, vinculados antes del
31 de diciembre de 1980 y que cumplan con 20 años de servicio en establecimientos
educativos de orden departamental, distrital o municipal, con vinculación territorial o
nacionalizada. No es posible acumular tiempos de servicio del orden nacional.

3.3.2. De la condena en costas

38. De acuerdo con la jurisprudencia de esta Sección, el concepto de las costas
procesales está asociado a «todos los gastos necesarios o útiles dentro de una
actuación de esa naturaleza y comprend[e] los denominados gastos o expensas del
proceso»17. En el CPACA corresponden a los «gastos ordinarios […] y [a] otros como
son los necesarios para [el] traslado de testigos y para la práctica de la prueba pericial,
los honorarios de auxiliares de la justicia como peritos y secuestres, transporte de
expediente al superior en caso de apelación, pólizas, copias, etc.»18.

39. Respecto de su imposición, la jurisprudencia ha identificado dos criterios a partir

15 Al respecto se puede consultar el Decreto 3157 (artículo 34) de 1968, la Ley 43 (artículo 6) de 1975, el Decreto

102 de 1976, la Ley 24 (artículo 54) de 1988, y el Decreto 1706 (artículo 10) de 1989.
16
Artículo 73 (numerales 8 y 15) del Decreto 525 de 1990.
17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 7 de

abril de 2016, exp. 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-14), M.P. William Hernández Gómez. // Consejo de
Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 20 de febrero de
2025, exp. 05001-23-33-000-2021-01292-02 (3768-2022), M.P. Luis Eduardo Mesa Nieves.
18 Ibidem.

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de la regulación normativa, a saber, el objetivo-valorativo y el subjetivo. Para ello, se
debe tener en cuenta el artículo 188 del CPACA, modificado por el artículo 47 de la
Ley 2080 de 2021, que dispone lo siguiente:

Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil [hoy CGP].

En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal.

3.3.2.1. Del criterio subjetivo en la condena en costas

40. De la lectura de la norma citada, se ha considerado que la expresión «disponer»
hace referencia a «deliberar, determinar, mandar lo que ha de hacerse» 19 —de
acuerdo con la Real Academia Española—. En ese orden, «disponer» en la sentencia
«sobre la condena en costas no presupone su causación per se contra la parte que
pierda el litigio y solo, en caso de que estas sean impuestas, se acudirá a las normas
generales del procedimiento para su liquidación y ejecución»20.

41. Por esta razón, se ha indicado que, de conformidad con el artículo citado, la
condena no es «automática» u «objetiva» en relación con la parte vencida en el
proceso21, puesto que se ha considerado necesario el análisis de otros factores, tales
como «temeridad, la mala fe y la existencia de pruebas en el proceso sobre los gastos
y costas en el curso de la actuación, en donde el juez debía ponderar dichas
circunstancias y sustentar la decisión, existiendo un margen de análisis mínimo en el
que el director del proceso evaluara las circunstancias para imponerla o no»22.

42. Por lo anterior, se ha concluido que la imposición de la referida condena, en
materia contenciosa-administrativa, requiere un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes23. En ese sentido, antes de
su imposición, el juez debe verificar diferentes factores, tales como la temeridad o
mala fe de las partes. Al respecto, esta Subsección24 ha precisado lo siguiente:

19 https://dle.rae.es/disponer.
20 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 1 de

diciembre de 2016, exp. 70001-23-33-000-2013-00065-01 (1908-14), M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
21 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 7 de

abril de 2016, exp. 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-14), M.P. William Hernández Gómez.
22 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 7 de

noviembre de 2024, exp. 50001-23-33-000-2018-00212-01 (2428-2023), M.P. Luis Eduardo Mesa Nieves.
23 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 1 de

diciembre de 2016, exp. 70001-23-33-000-2013-00065-01 (1908-14), M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
24 En igual sentido, se pueden consultar las siguientes providencias, proferidas con posterioridad a la expedición

de la Ley 2080 de 2021: (a) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda,
Subsección B, sentencia del 6 de febrero de 2025, exp. 08001-23-33-000-2016-00419-01 (0145-2023), M.P. Juan
Enrique Bedoya Escobar; (b) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda,
Subsección B, sentencia del 13 febrero de 2025, exp. 76001-33-33-004-2019-00626-01 (5758-2022), M.P. Juan
Enrique Bedoya Escobar; (c) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda,
Subsección B, sentencia del 27 de febrero de 2025, exp. 76001-23-33-000-2018-00791-01 (0251-2023) M.P. Juan
Enrique Bedoya Escobar; y (d) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda,
Subsección B, sentencia del 10 de abril de 2025, exp. 15001-2333-000-2017-00604-01 (0552-2021), M.P. Jorge
Edison Portocarrero Banguera; entre otras.
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Demandante: UGPP
Demandada: Eduardo Echeveri Gómez

[El] juicio de ponderación supone que el reproche hacia la parte vencida esté revestido
de acciones temerarias o dilatorias que dificulten el curso normal de las diferentes
etapas del procedimiento, cuando por ejemplo sea manifiesta la carencia de fundamento
legal de la demanda, excepción, recurso, oposición o incidente, o a sabiendas se
aleguen hechos contrarios a la realidad; se aduzcan calidades inexistentes; se utilice el
proceso, incidente o recurso para fines claramente ilegales o con propósitos dolosos o
fraudulentos; se obstruya, por acción u omisión, la práctica de pruebas; se entorpezca
el desarrollo normal y expedito del proceso; o se hagan transcripciones o citas
deliberadamente inexactas (artículo 79 CGP)25.

3.3.2.2. Del criterio objetivo valorativo en la condena en costas

43. En contraposición a la postura descrita, se encuentra la perspectiva objetivo–
valorativa, según la cual la parte vencida debe asumir las costas procesales
(componente objetivo), siempre y cuando se hayan causado (elemento valorativo),
independientemente de la conducta de los sujetos procesales durante la actuación.

44. Para tal efecto, se considera que en el Decreto 01 de 1984 se dispuso que en
todos los procesos habría condena en costas (criterio objetivo); posteriormente, la Ley
446 de 1998 introdujo como modificación, que el juez debía tener en cuenta la
conducta asumida por las partes (criterio subjetivo). No obstante, en el año 2011, el
legislador dejó de referirse al elemento subjetivo «conducta asumida por las partes»,
para implementar un criterio objetivo-valorativo, con salvedad de los procesos en los
que se ventile un interés público. Finalmente, en el año 2021, la Ley 2080 adicionó un
inciso al artículo 188 del CPACA, según el cual la condena en costas procede en los
casos en los que se presentó la demanda con «manifiesta carencia de fundamento
legal».

45. Asimismo, desde esta perspectiva se considera que la adición del inciso
segundo al artículo 188 del CPACA (por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021) no
implica una variación al régimen de las costas previsto por el legislador de 2011. Lo
anterior, porque el inciso primero de esa disposición no fue objeto de modificación o
adición y, en tal sentido, el criterio objetivo-valorativo26 para su imposición (adoptado
desde el año 2011) se mantiene vigente y, bajo ese entendido, el juez siempre
«dispondrá» sobre las costas, de acuerdo con los supuestos previstos en el artículo
365 del CGP, sin que haya lugar a valorar la conducta procesal de la parte a la cual
se impone la condena, dado que el CPACA y, a su turno, el CGP no exigen tal

25 Ibidem.
26 En sentencia de 23 de julio de 2020, exp. 11001032500020170007300 (0301-2017), M.P. William Hernández

Gómez, la Subsección A de la Sección Segunda de esta corporación explicó que, en materia de condena en costas,
el CPACA adoptó un criterio objetivo-valorativo para su imposición. Se dijo en esa oportunidad que: // «a) El
legislador introdujo un cambio sustancial respecto de la condena en costas, al pasar de un criterio «subjetivo» —
CCA— a uno «objetivo valorativo» —CPACA—. // b) Se concluye que es «objetivo» porque en toda sentencia se
«dispondrá» sobre costas, es decir, se decidirá, bien sea para condenar total o parcialmente, o bien para
abstenerse, según las precisas reglas del CGP. // c) Sin embargo, se le califica de «valorativo» porque se requiere
que en el expediente el juez revise si las mismas se causaron y en la medida de su comprobación. Tal y como lo
ordena el CGP, esto es, con el pago de gastos ordinarios del proceso y con la actividad del abogado efectivamente
realizada dentro del proceso. Se recalca, en esa valoración no se incluye la mala fe o temeridad de las partes.
[…]». Sobre esta temática también puede verse el auto de 7 de abril de 2016. Exp. 13001-23-33-000-2013-00022-
01 (1291-2014), proferido por la misma Subsección de esta corporación.
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Demandada: Eduardo Echeveri Gómez

condicionamiento27.

46. En ese orden de ideas, se ha considerado que el criterio es objetivo-valorativo,
objetivo, porque en la sentencia «se dispondrá» sobre la condena en costas de
acuerdo con las reglas del CGP, es decir, en contra de la parte vencida. Valorativo,
por cuanto «se requiere que el juez revise si ellas se causaron y en la medida de su
comprobación (como sucede con el pago de gastos ordinarios del proceso y con la
actividad profesional realizada dentro del proceso), sin que en esa valoración se
incluya la mala fe o temeridad de las partes»28.

3.3.2.3. Del criterio mayoritario de la Sección Segunda, Subsección B del
Consejo de Estado

47. Frente a la discusión existente sobre las referidas alternativas interpretativas,
que no es pacífica al interior del Consejo de Estado, esta Subsección ha acogido de
forma mayoritaria, más no unánime (debido a la posición de la magistrada ponente 29),
el criterio subjetivo que, como se indicó, consiste en que para decretar la condena en
costas se debe verificar que la parte vencida actuó de manera temeraria o de mala fe;
perspectiva de análisis a partir de la cual se resolverá el problema planteado en esta
oportunidad.

3.4. Hechos probados

48. En el plenario obran las pruebas que dan cuenta de los siguientes hechos:

• Actos que reconocieron la pensión gracia

49. Obra la copia de la Resolución 19502 del 26 de septiembre de 200330, mediante
la cual, en atención a la petición formulada el 26 de diciembre de 2002, CAJANAL

27 En este mismo sentido pueden consultarse las siguientes providencias de esta corporación: i) Sección
Primera, sentencia del 29 de agosto de 2024, exp. 05001-23-33-000-2014-01093-01; ii) Sección Tercera,
Subsección A, sentencia del 13 de agosto de 2024, exp. 52001-23-33-000-2015-00128-01 (66.988), y iii) Sección
Cuarta, sentencia del 3 de agosto de 2023, exp. 19001-23-33-000-2020-00018-01 (26447).
28 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 2 de

diciembre de 2021, exp. 08001-23-31-000-2014-01019-01 (2665-19).
29 La magistrada ponente considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un criterio

objetivo valorativo por varias razones a saber: (a) El artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de
procedencia en materia de costas para el proceso de lo contenciosoadministrativo. (b) Dicho artículo 188 no
excluye la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en el
expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». (c) La temeridad o mala fe deben ser
valoradas por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de determinar la eventual
responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (d) El inciso segundo del artículo 188 no
morigera el criterio objetivo, por el contrario, amplía su espectro al considerar que en los asuntos en los que se
ventila un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se establezca que
se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal». (e) Los parámetros antes enunciados son
producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio de las de carácter especial
como los artículos 265 a 269 del CPACA. // Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la
Corte Constitucional, que a propósito del régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para
imponer la condena en costas el juez ya no tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la
hora de condenar en costas, sino la derrota en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo-
valorativo”. En el mismo sentido: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda,
Subsección A, sentencia de 7 de abril de 2016, exp. 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-14), M.P. William
Hernández Gómez.
30 Samai, Tribunal, índice 0005, ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 5, 8_ANEXOSDEMANDA, pp.36 a 38.

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Demandada: Eduardo Echeveri Gómez

reconoció y ordenó el pago de una pensión gracia a favor del demandado.

50. Según se indica en ese acto administrativo, el señor Eduardo Echeverri Gómez
prestó sus servicios como docente al departamento del Quindío, desde el 1 de julio de
1976 hasta el 30 de octubre de 2002, para un total de 1354 semanas. También, que
para esa época el peticionario contaba con 50 años de edad y el estatus pensional lo
adquirió el 1 de noviembre de 2002.

51. La copia de la Resolución 05885 del 12 de marzo de 200731 da cuenta de que,
por solicitud del interesado del 10 de agosto de 2006, CAJANAL procedió a reliquidar
la pensión gracia reconocida mediante la Resolución 19502 del 26 de septiembre de
2003, accediendo a la inclusión de nuevos factores salariales como prima de navidad,
prima de vacaciones, prima de alimentación y prima de exclusividad, en cuantía de
$1.591.953.76, efectiva a partir del 1 de noviembre de 2002, pero con efectos fiscales
a partir del 10 de agosto de 2003, por prescripción trienal.

• Edad

52. Para reconocer el derecho pensional reclamado se requiere haber cumplido 50
años. En el caso concreto, el señor Eduardo Echeverri Gómez nació el 1 de noviembre
de 1952, según copia de su cédula de ciudadanía32. En consecuencia, cumplió la edad
de 50 años el 1 de noviembre de 2002.

• Vinculación docente

53. Obra la constancia del 31 de agosto de 197833, expedida por la jefe de personal
del departamento del Quindío, que da cuenta de que Eduardo Echeverri Gómez prestó
sus servicios a ese departamento como profesor de enseñanza secundaria a partir del
31 de marzo de 1975 hasta el 1 de junio de 1976, cuando le fue aceptada la renuncia
en el Decreto 0265 del 9 de julio de 1976.

54. Según la copia de la Resolución 4126 del 15 de junio de 197634, el ministro de
educación nacional nombró a Eduardo Echeverri Gómez profesor de enseñanza
secundaria, sin escalafón docente.

55. La copia del acta 077335 da cuenta de que el 1 de julio de 1976 Echeverri
Gómez se presentó al despacho del jefe de personal del departamento del Quindío a
fin de tomar posesión del cargo de profesor de enseñanza secundaria, sin escalafón,
en el Instituto Técnico Industrial de Armenia, «para el cual se nombró por
RESOLUCIÓN Número 4126 de fecha junio 15/76».

56. De la copia del certificado de tiempo de servicio del 7 de noviembre de 2002 36

31
Samai, Tribunal índice 0005, ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 5, 6 _ANEXOSDEMANDA, pp.89 A 91.
32 Samai, Tribunal, índice 0005, ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 5, 6_ANEXOSDEMANDA_FL 79.
33 Samai, Tribunal, índice 0005, ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 5, 6_ANEXOSDEMANDA_FL 80.
34 Samai, Tribunal, índice 0005, ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 5, 9_ANEXOSDEMANDA, pp.115 y 116.
35 Samai, Tribunal, índice 0005, ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 5, 9_ANEXOSDEMANDA, pp.117.
36 Samai, Tribunal, índice 0005, ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 5, 6_ANEXOSDEMANDA, pp.76.

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Demandada: Eduardo Echeveri Gómez

se tiene que: (a) el demandado fue nombrado por Resolución 4126 del 15 de junio de
1976, posesionado el 1 de julio de 1976 hasta el 17 de julio de 1995, en el Instituto
Técnico Industrial José María Ramírez de Armenia; (b) fue «encargado»37 en esa
misma institución educativa desde el 18 de julio de 1995 al 9 de abril de 1996, en
virtud del Decreto 269 del 18 de julio de 1995; (c) finalmente, fue «incorporado» a ese
ente educativo por medio del Decreto 279 del 3 de abril de 1996, a partir del 6 de abril
de 1996. También da cuenta la referida certificación que los servicios fueron prestados
de forma continua, inclusive, hasta la fecha de expedición de esa documental; que la
vinculación fue del orden nacionalizado y el último empleo ocupado por el demandado
corresponde al de coordinador.

57. Obra copia de la sentencia del 7 de octubre de 201938, dictada por el Tribunal
Superior de Bogotá, Sala de Decisión Penal, mediante la cual se resolvió, entre otras
cosas, condenar por el delito de prevaricato por acción al señor Néstor Guillermo Maya
Barrera –juez primero penal del circuito de Bogotá–, porque no hizo un análisis, frente
a cada uno de los accionantes de la acción de tutela –2591–, a efectos de determinar
si efectivamente había una amenaza de vulneración de los derechos fundamentales
invocados; máxime que al expediente de la acción constitucional no se allegó prueba
que diera cuenta de que dichos sujetos solicitaron la reliquidación de sus pensiones y
que la administración se las negó de manera arbitraria. Es decir, de haberse revisado
los anexos de la demanda de tutela, como evaluación del mínimo de pruebas exigido
por la ley, se había podido determinar la ausencia probatoria y la consecuencial
negativa del amparo de derechos inciertos, prescritos y que algunos demandantes
eran docentes nacionales.

58. Por lo anterior, procedió a dejar sin efectos el fallo de tutela del 29 de noviembre
de 2004 y los actos administrativos por medio de los cuales se le hubiere dado
cumplimiento a este.

59. Obra copia de la sentencia del 4 de marzo de 202039 proferida por la Corte
Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, por medio de la cual se confirmó el fallo
del 7 de octubre de 2019 del Tribunal Superior de Bogotá, Sala de Decisión Penal.

3.5. Caso concreto

60. La Sala procede a verificar si los actos administrativos demandados son ilegales,
por cuanto el accionado no prestó sus servicios docentes por más de 20 años en
entidades del orden territorial – nacionalizado.

3.5.1. Vinculación docente y tiempo de servicio

61. Para efectos de resolver el problema jurídico planteado, sea lo primero decir
que para demostrar la calidad de docente, de acuerdo con la sentencia SUJ-11-S2 de
21 de junio de 2018, se requiere: a) la copia de los actos administrativos donde conste
37 La certificación no refiere cuál fue el cargo que ocupó de manera temporal el señor Eduardo Echeverri Gómez.
38 Samai, Tribunal, índice 0005, ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 5, 8_ANEXOSDEMANDA, pp.58 a 83.
39 Samai, Tribunal, índice 0005, ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 5, 8_ANEXOSDEMANDA, pp.86 a 121.

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el vínculo, en los que además se pueda establecer con suficiente claridad que la plaza
a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto como territoriales; o b) también
se puede acreditar con la respectiva certificación de la autoridad nominadora que dé
cuenta de manera inequívoca que el tipo de vinculación al cual se encuentra sometido
el docente oficial es de carácter territorial.

62. Es así como, para la Sala los actos de nombramiento y posesión, así como las
certificaciones expedidas por la autoridad nominadora tienen pleno valor probatorio
documental para acreditar la vinculación del docente, en este caso, la del señor
Eduardo Echeverri Gómez.

63. Además, el artículo 246 del Código General del Proceso dispuso que las copias
tendrán el mismo valor probatorio del original, salvo cuando por disposición legal sea
necesaria la presentación del original o de una determinada copia. Y, según
jurisprudencia unificada del Consejo de Estado40, las copias simples tienen el mismo
valor probatorio que el original si no son tachadas de falsas por la contraparte.

64. En ese orden, como no se evidencia normativa alguna que exija, para el
reconocimiento de una pensión gracia, la presentación en original de los actos de
nombramiento ni de las certificaciones que dan cuenta del tipo de vinculación docente,
y tampoco se tacharon de falsas las documentales aportadas en copia simple por la
demandante a este proceso, es válido darles valor probatorio a los documentos
referidos párrafos atrás.

65. Pues bien, de acuerdo con lo expuesto párrafos atrás, la jurisprudencia del
Consejo de Estado y en especial la sentencia unificadora del 21 de junio de 2018 CE-
SUJ-SII-11-2018 han dejado claro que en materia de pensión gracia, la naturaleza de
la vinculación docente depende de la connotación de la autoridad nominadora y de la
plaza a ocupar, esto es, que sea territorial o nacionalizada, al margen del origen de
los recursos que financien el servicio educativo.

66. En este caso, obra la constancia del 31 de agosto de 1978, expedida por la jefe
de personal del departamento del Quindío, que da cuenta de que Eduardo Echeverri
Gómez prestó sus servicios a ese departamento como profesor de enseñanza
secundaria a partir del 31 de marzo de 1975 hasta el 1 de junio de 1976, cuando le
fue aceptada la renuncia por Decreto 0265 del 9 de julio de 1976.

67. En relación con lo anterior, conforme a los hechos y pretensiones de la
demanda, así como el fallo de primera instancia, tal vinculación fue del orden territorial
y, por tanto, la discusión gira en torno a los nombramientos posteriores.

68. En ese orden, se cuenta con la Resolución 4126 del 15 de junio de 1976, por
medio de la cual el ministro de educación nacional nombró a Eduardo Echeverri
Gómez profesor de enseñanza secundaria, sin escalafón docente, desde el 1 de junio

40 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso–Administrativo, sentencia SU de 30 de septiembre de 2014.

radicado 11001-03-15-000-2007-01081-00 (REV). M.P. Alberto Yepes Barreiro. Actora: Adriana Gaviria Vargas.
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Demandada: Eduardo Echeveri Gómez

de 1976, lo cual evidencia la vinculación nacional que ostentaba el accionado.

69. Con la copia del acta 0773 se prueba que Echeverri Gómez se presentó al
despacho del jefe de personal del departamento del Quindío a fin de tomar posesión
del cargo de profesor de enseñanza secundaria, sin escalafón, en el Instituto Técnico
Industrial de Armenia, «para el cual se nombró por RESOLUCIÓN Número 4126 de
fecha junio 15/76».

70. Ahora, según la certificación de tiempo de servicio del 7 de noviembre de 2002 41
el demandado, en virtud de la Resolución 4126 del 15 de junio de 1976, desde el 1 de
julio de 1976 hasta el 17 de julio de 1995 (antes del encargo del que fue destinatario)
prestó sus servicios de forma continua en el Instituto Técnico Industrial José María
Ramírez de Armenia. En ese documento se indicó además que dicho nombramiento
fue en propiedad con vinculación del orden nacionalizado.

71. La Sala encuentra que entre el acto de nombramiento y la certificación laboral
referidos existe información disímil, pues el primero señala que el demandado fue
designado como profesor de enseñanza secundaria, sin escalafón docente, desde el
1 de junio de 1976, por el Ministerio de Educación Nacional, lo que daría cuenta de
una vinculación del orden nacional; mientras que en el segundo documento consta un
vínculo nacionalizado desde ese mismo día.

72. Ante tal disyuntiva, la Sala estima que merece mayor credibilidad el acto de
designación, en la medida que es el que permitió la vinculación docente del
demandado, de manera tal que es la decisión de la administración de la cual se
desprenden las condiciones en que aquella se realizó, en este caso, por parte de una
autoridad del orden nacional, circunstancia relevante para establecer la naturaleza de
la plaza respectiva, como lo ha indicado la jurisprudencia de esta corporación al
destacar la importancia del acto de nombramiento para tal efecto, teniendo en cuenta,
por ejemplo, que el artículo 1.° de la Ley 91 de 1989 que señala:

ARTÍCULO 1. Para los efectos de la presente Ley, los siguientes términos tendrán el
alcance indicado a continuación de cada uno de ellos:

Personal nacional. Son los docentes vinculados por nombramiento del Gobierno
Nacional.
(…)

73. En consonancia con lo anterior, la referida certificación relacionó la Resolución
4126 del 15 de junio de 1976 del Ministerio de Educación Nacional como el acto que
permitió la vinculación, de manera tal que de él no se infiere elemento alguno para
considerar que esta fue territorial o nacionalizada, contrario a lo indicado en la
mencionada constancia.

74. Así las cosas, se tiene que, en este caso, el demandado entre 1 de julio de
1976 y el 17 de julio de 1995 prestó sus servicios por nombramiento efectuado por el

41 Samai, Tribunal, índice 0005, ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 5, 6_ANEXOSDEMANDA, pp.76.

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Ministerio de Educación Nacional, es decir, por designación del gobierno Nacional,
conforme al artículo 1.º de la Ley 91 de 1989, lo que indica que su vinculación fue del
mismo orden por el lapso de 19 años y 17 días (antes del encargo), lo que lleva a
concluir que para el momento de la presentación de la petición ante la administración,
esto es, el 26 de diciembre de 2002, según lo refiere la Resolución 19502 del 26 de
septiembre de 2003, no contaba con 20 años de servicio en la docencia con carácter
territorial o nacionalizado, como lo exigen las normas que rigen la pensión gracia para
poder tener derecho a ella.

75. Ahora, no se pasa por alto que en el referido certificado de tiempo de servicio
del 7 de noviembre de 2002 se hizo mención que con posterioridad al nombramiento
efectuado al accionado por Resolución 4126 del 15 de junio de 1976, fue
«encargado»42 en la misma institución educativa donde había sido nombrado
previamente, desde el 18 de julio de 1995 al 9 de abril de 1996, en virtud del Decreto
269 del 18 de julio de 1995 y, finalmente, fue «incorporado» a ese ente educativo por
medio del Decreto 279 del 3 de abril de 1996, a partir del 6 de abril de 1996, prestando
los servicios de forma continua, inclusive, hasta la fecha de expedición de esa
documental, y que el último cargo fue el de coordinador.

76. En relación con lo anterior, si bien es cierto que luego del nombramiento
realizado al demandando por Resolución 4126 del 15 de junio de 1976, ocupó
diferentes empleos, como lo precisa la mencionada certificación, estos también se
efectuaron: (i) de manera temporal (en condición de encargo) y (ii) por incorporación
(no se trata de un nuevo nombramiento), (ii) en la misma institución educativa, esto
es, en el Instituto Técnico Industrial José María Ramírez de Armenia, lo que, a juicio
de la Sala, es indicativo que las condiciones de su vinculación docente en virtud del
nombramiento efectuado por el Ministerio de Educación Nacional, no se modificaron,
pues, como lo ha precisado la jurisprudencia de esta Sección43, esas situaciones
administrativas no afectan la naturaleza de la vinculación, ya que «no constituyen un
nuevo nombramiento, lo que implica que el tipo de vinculación tampoco ha sufrido
alteración».

77. En consecuencia, para la Sala es claro que los actos acusados no están
acordes con el ordenamiento jurídico, razón por la que se confirmará la sentencia de
primera instancia.

78. De otra parte, se precisa que la sentencia que anula un acto administrativo,
como la presente, tiene efectos ex tunc, es decir, hacia el pasado. Al respecto,
conforme a la jurisprudencia de esta corporación, la declaración de nulidad conlleva
una consecuencia restitutoria por la cual, las partes tienen derecho de «ser restituidas
al mismo estado en que se hallarían si no hubiese existido el acto o contrato nulo»44.

42
La certificación no refiere cuál fue el cargo que ocupó de manera temporal el señor Eduardo Echeverri Gómez.
43 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 16

de marzo de 2023, exp. 17001-23-33-000-2015-00695-01 (4210–2017), M.P. Gabriel Valbuena Hernández.
44 Código Civil, artículo 1746. «La nulidad pronunciada en sentencia que tiene la fuerza de cosa juzgada, da a las

partes derecho para ser restituidas al mismo estado en que se hallarían si no hubiese existido el acto o contrato
nulo; sin perjuicio de lo prevenido sobre el objeto o causa ilícita. // […].»
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Demandante: UGPP
Demandada: Eduardo Echeveri Gómez

Así, cuando el acto ilegal es retirado del ordenamiento jurídico, las situaciones
particulares deberían retrotraerse45.

79. Al margen de lo anterior, la Sala considera que en casos como el objeto de
estudio se debe realizar una interpretación armónica con el artículo 164 numeral 1
literal c) del CPACA, que prevé que cuando la demanda «[s]e dirija contra actos que
reconozcan o nieguen total o parcialmente prestaciones periódicas […] no habrá lugar
a recuperar las prestaciones pagadas a particulares de buena fe».

80. Ahora bien, la Corte Constitucional ha definido el principio de buena fe
establecido en el artículo 83 superior, «como aquel que exige a los particulares y a las
autoridades públicas ajustar sus comportamientos a una conducta honesta, leal y
conforme con las actuaciones que podrían esperarse de una “persona correcta (vir
bonus)”46»47, razón por la que «la buena fe presupone la existencia de relaciones
recíprocas con trascendencia jurídica, y se refiere a la “confianza, seguridad y
credibilidad que otorga la palabra dada”48»49.

81. En otros términos, cuando se acude a la jurisdicción para controvertir la
legalidad de actos administrativos que reconocen prestaciones periódicas, no opera
de forma automática o consecuencial el restablecimiento del derecho, a pesar de que
se acredite la ilegalidad de aquellos, sino que debe desvirtuarse la presunción de
buena fe en cuanto a la consecución del derecho inicialmente obtenido.

82. Descendiendo al caso concreto y valorando los medios de prueba que fueron
aducidos de manera regular al proceso, no encuentra la Sala que el accionado en
ejercicio del derecho fundamental de petición, que es legítimo, haya actuado de mala
fe frente a CAJANAL para el reconocimiento de la pensión gracia, para lo cual estaba
en cabeza de la administración advertir o no el cumplimiento de los requisitos para el
efecto.

83. Ahora, destaca la Sala que la demandante adujo que, en cumplimiento del fallo
de tutela del 29 de noviembre de 2004, expedido por el Juzgado Primero Penal del
Circuito de Bogotá, dentro del proceso con número de radicado 2004-00397,
CAJANAL procedió a reliquidar la pensión gracia del demandado, mediante la
Resolución 05885 del 12 de marzo de 2007 –aquí demandada–.

84. Además, que CAJANAL denunció al mencionado juez por el delito de
prevaricato por acción, y que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala
de Decisión Penal, mediante sentencia del 7 de octubre de 2019 resolvió, entre otras
cosas, dejar sin efectos el mencionado fallo de tutela del 29 de noviembre de 2004 y

45 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, Sala Segunda Especial de Decisión, sentencia

del 5 de mayo de 2020, proceso con radicado 08001-33-31-006-2007-00010-01(AP)REV. En el mismo sentido, ver
fallo del 13 de agosto de 2021, Sala Novena Especial de Decisión, proceso con radicado 66001-33-33-001-2012-
00141-01 (AG) REV.
46 «Ver sentencia T-475 de 1992».
47 Corte Constitucional, sentencia C-1194 de 2008, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
48 «Ibidem».
49 Corte Constitucional, sentencia C-1194 de 2008, M.P. Rodrigo Escobar Gil.

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Demandante: UGPP
Demandada: Eduardo Echeveri Gómez

los actos administrativos por medio de los cuales se le hubiere dado cumplimiento a
este, decisión que fue confirmada por la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación
Penal, a través de providencia del 4 de marzo de 2020.

85. Al respecto, la Sala debe precisar que de la lectura de la Resolución 05885 del
12 de marzo de 2007, esta se profirió con ocasión de la solicitud que realizó el
interesado, del 10 de agosto de 2006, y que CAJANAL procedió a reliquidar la pensión
gracia que le fue reconocida previamente a través de la Resolución 19502 del 26 de
septiembre de 2003. En otras palabras, al parecer no fue en cumplimiento de dicho
fallo de tutela que la reliquidó, como adujo la accionante en la demanda.

86. En ese orden, se insiste en que correspondía a la administración determinar si
había lugar a acceder a lo pedido por el demandado.

87. A lo anterior se suma, que el referido proceso penal se adelantó únicamente en
contra del juez que dictó el fallo de tutela, y de la lectura de la sentencia del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Bogotá se observa que el juicio de reproche se hizo
frente a la falta de revisión de los anexos de la demanda de tutela, de lo cual se había
podido determinar la ausencia probatoria para demostrar la vulneración de los
derechos fundamentales invocados y, por tanto, la consecuencial negativa del
amparo, máxime que algunos de los demandantes eran docentes nacionales. Es
decir, no se evidencia de la providencia penal que haga reproche alguno en contra del
aquí demandado, o refiera alguna circunstancia concreta de la cual pueda concluirse
que actuó de forma temeraria o con mala fe en ejercicio de la acción constitucional
para obtener el reconocimiento o incremento de la mesada pensional.

88. En este contexto, llama la atención de la Sala la ausencia de elementos
indicativos provenientes del extremo pasivo de la litis, que permitan inferir o al menos
suponer que, en efecto, el administrado actuó de mala fe en el curso del proceso
administrativo o constitucional para hacerse al derecho pensional.

89. Con fundamento en lo anterior, se confirmará la sentencia apelada sin
consideración adicional.

3.5.2. De la condena en costas

90. En el presente asunto, el Tribunal Administrativo del Quindío decidió no
condenar en costas a la parte accionada.

91. Inconforme con la decisión, la demandante solicitó que se revocara esa
decisión y, en su lugar, se procediera a la condena en costas, al considerar que para
el efecto debió aplicarse el criterio objetivo, conforme a los artículos 188 del CPACA,
365 y 366 del CGP, al haber resultado vencida la parte demandada.

92. Sobre el particular, según se explicó en el marco normativo y jurisprudencial de

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Demandante: UGPP
Demandada: Eduardo Echeveri Gómez

la presente sentencia, esta Subsección ha acogido de forma mayoritaria 50 el criterio
subjetivo en la condena en costas. Por tal razón, se estima que para decretar la
referida condena en primera instancia el Tribunal debió analizar la conducta de la parte
vencida, con el fin de determinar si actuó de forma temeraria o de mala fe.

93. Por lo tanto, como de la revisión de las pruebas aportadas al expediente y de
las actuaciones procesales, no se advierte que la parte demandada haya obrado de
mala fe o con temeridad, en tanto no se observa conducta alguna o circunstancia
irregular que afectara el trámite procesal y, por el contrario, se observa que la
accionada actuó sin realizar acciones dilatorias o encaminadas a afectar u obstruir el
curso del proceso, no había lugar a condenar en costas en primera instancia. En
consecuencia, se confirmará la decisión del a quo.

94. Por las mismas razones tampoco hay lugar a imponer esta con ocasión del
trámite en segunda instancia.

3.6. Conclusión

95. La Sala concluye que los actos acusados no están acordes con el ordenamiento
jurídico, pues el requisito de los 20 años de servicio en plazas territoriales y
nacionalizadas no se cumplió. No obstante, no hay lugar a ordenar la devolución de
las sumas pagadas con ocasión de aquellos, en la medida que no se acreditó que el
demandado las haya obtenido de mala fe. Finalmente, tampoco se advierte del
análisis de la conducta de la parte vencida, razón alguna para condenarla en costas.

96. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,

Falla:

Primero. Confirmar la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Quindío
el 8 de noviembre de 2024, que accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda.

Segundo. Sin condena en costas.

Tercero. Devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones en el
Sistema de Gestión Judicial, Samai.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

Notifíquese y cúmplase.

50 Con la precisión que la magistrada ponente considera que la condena en costas se rige por el criterio objetivo-

valorativo, por las razones que se sintetizaron en la nota al pie 29.
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Demandante: UGPP
Demandada: Eduardo Echeveri Gómez

Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente

Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado electrónicamente

Jorge Edison Portocarrero Banguera
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: la presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme a lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, a través del siguiente enlace https://Samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

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