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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 63001-33-33-005-2018-00410-01

Fecha
26 de junio de 2025
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 63001-33-33-005-2018-00410-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. - REVOCAR la sentencia emitida el 27 de abril de 2023, por medio de la cual el Tribunal Administrativo de Quindío negó las pretensiones de la demanda presentada por la señora Margarita Riobo de Leal y en su lugar: SEGUNDO. – DECLARAR la nulidad del oficio sin número de fecha 18 de septiembre de 2018, por el cual se negó el reconocimiento de la relación laboral encubierta y pago de acreencias laborales derivada de aquella. TERCERO. - DECLARAR la existencia de una relación laboral entre la señora Margarita Riobo de Leal y el municipio de Circasia Quindío, durante los periodos comprendidos del 9 de marzo de 2009 al 31 de marzo de 2010; del 1| de febrero de 2012 al 8 de mayo de 2013; del 17 de junio al 30 de septiembre de 2013; y del 1° de julio de 2014 al 30 de noviembre de 2015, salvo las interrupciones verificadas. CUARTO. – DECLARAR la prescripción de las acreencias laborales causadas durante los periodos del 9 de marzo de 2009 al 31 de marzo de 2010, del 1 de febrero de 2012 al 8 de mayo de 2013 y del 17 de junio al 30 de septiembre de 2013, con excepción de las obligaciones relativas al pago de aportes al sistema de seguridad social en pensión, en el porcentaje que correspondía al empleador. QUINTO. - A título de restablecimiento del derecho, ordénese al municipio de Circasia, pagar a la señora Margarita Riobo de Leal las correspondientes prestaciones sociales de orden legal devengadas por un servidor de la misma categoría, vinculado laboralmente a la planta de la entidad, así como la compensación por vacaciones, liquidadas sobre el salario de estos en relación a los periodos del 1° de julio de 2014 al 30 de noviembre de 2015. Ordenar al municipio de Circasia, Quindío el reconocimiento y pago del reajuste salarial, es decir, al pago a favor de la demandante de la diferencia que surja a su 34 Numero interno: 4301-2023 Demandante: Margarita Riobo de Leal Demandado: Municipio de Circasia favor entre lo percibido por concepto de honorarios y lo devengado por un empleado planta. SEXTO.- A título de restablecimiento del derecho, ordénese al municipio de Circasia cotizar, a favor de la señora Margarita Riobo de Leal, al respectivo fondo de […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 63001-33-33-005-2018-00410-01

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

26 de junio de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B

Bogotá, D. C., veintiséis (26) de junio de dos mil veinticinco (2025).

Radicado : 63001-33-40-005-2018-00410-01 (4301 – 2023)1
Demandante : Margarita Riobo de Leal
Demandado : Municipio de Circasia-Quindío
Medio de : Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de
control 2011
Tema : Relaciones laborales encubiertas (labores de aseo
municipal y labores de custodia y vigilancia).
Decisión : Sentencia de segunda instancia

La Sala de Subsección decide el recurso de apelación interpuesto por el apoderado
judicial de la parte actora contra la sentencia de fecha 27 de abril de 2023, proferida
por el Tribunal Administrativo de Quindío, Sala Tercera de Decisión2, negó las
súplicas de la demanda las cuales versan sobre el reconocimiento de una relación
laboral encubierta.

I. ANTECEDENTES

1.1 Demanda3

1.1.1. Pretensiones

La señora Margarita Riobo de Leal, por intermedio de apoderado judicial, acudió a
la jurisdicción en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo (CPACA), para solicitar la nulidad del oficio del 18 de
septiembre de 2018, por medio del cual se negó el reconocimiento y pago de
acreencias laborales adeudadas durante todo el tiempo que duró la relación laboral.

A título de restablecimiento del derecho pidió se declare la existencia de la
relación de carácter laboral que existió desde el 9 de marzo de 2009 hasta el 31 de
diciembre de 2015, fecha en que terminó de forma injustificada y por decisión

1
Expediente digital Samai y OneDrive 2018-00410 - OneDrive
2
Sala conformada por los Magistrados Alejandro Londoño Jaramillo, Luís Carlos Marín Pulgarín y Luis Javier Rosero Villota.
3
Expediente digital – SharePoint – 2018-00410 - OneDrive Folios 1 y ss.

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Numero interno: 4301-2023
Demandante: Margarita Riobo de Leal
Demandado: Municipio de Circasia

unilateral de la demandada; así como, se reconozca y pague, debidamente
indexadas, las prestaciones sociales dejadas de percibir durante el plazo antes
indicado, siendo estas: vacaciones, prima de vacaciones, primas de servicios,
cesantías, intereses a las cesantías, pago de horas en días feriados y dominicales;
sumado al reconocimiento y pago de los aportes al sistema integral de seguridad
social (pensiones, salud y riesgos laborales).

Que se ordene el cumplimiento de la sentencia dentro de los términos y condiciones
establecidos en el artículo 192 y siguientes del CPACA, y se condene en costas a
la demandada.

1.1.2 Hechos

La señora Margarita Riobo prestó sus servicios a la entidad demandada desde el 9
de marzo de 2009 hasta el 31 de diciembre de 2015, fecha en la cual se le dio por
terminado de forma unilateral y sin justa causa el vínculo que la unía con dicha
entidad. Esta relación estuvo formalmente regida por contratos de prestación de
servicios; sin embargo, durante su vigencia se configuró una prestación personal
del servicio bajo condiciones de subordinación y ausencia de autonomía,
circunstancia que, en criterio de la parte actora, permitió la configuración de los tres
elementos esenciales del contrato de trabajo.

Indicó que, durante el periodo en que prestó sus servicios, cumplió el horario
previamente definido por la entidad convocada al proceso, el cual comprendía
jornadas diurnas y nocturnas, incluyendo domingos y días festivos, situación que
generó trabajo suplementario representado en horas extras tanto diurnas como
nocturnas.

Durante la ejecución del servicio, desarrolló diversas funciones, así:

• Entre el 9 de marzo de 2009 y el 31 de diciembre de 2011, ejecutó labores
de barrido de calles y limpieza de vías públicas, en el marco del servicio de
aseo municipal.
• Desde el 1° de enero de 2012 hasta el 8 de octubre de 2013, desempeñó
funciones de custodia y vigilancia de los bienes inmuebles de propiedad del
municipio demandado.

3

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Demandante: Margarita Riobo de Leal
Demandado: Municipio de Circasia

• A partir del 9 de octubre de 2013 y hasta el 31 de diciembre de 2015, prestó
servicios de mantenimiento de la red de equipamientos colectivos, así como
custodia de los bienes inmuebles de la entidad demandada.

Manifestó que, su último salario correspondió a la suma de $1.302.840, el cual fue
pagado únicamente hasta el mes de septiembre de 2015, quedando pendientes de
pago los meses de octubre, noviembre y diciembre de ese mismo año.

Adujo que, ejecutó labores propias de la entidad demandada y, en consecuencia,
consideró que le asiste el derecho a que se le reconozcan las prerrogativas
laborales reclamadas, en condiciones de igualdad frente a quienes ostentan una
relación laboral de carácter legal y reglamentario.

Finalmente, informó que, el 14 de agosto de 2018 presentó reclamación
administrativa ante la entidad demandada, solicitando el reconocimiento de la
relación laboral y el pago de las acreencias laborales aquí pretendidas, petición que
fe resuelta de manera desfavorable mediante el acto administrativo acusado.

1.1.3 Normas violadas y concepto de violación.

Como disposiciones presuntamente vulneradas se citaron los artículos 25 y 53 de
la Constitución Política; la Ley 80 de 1993; el Decreto 1950 de 1973, los artículos 3
y 5 del Decreto 3130 de 1968; los artículos 1, 5, 6, y 8 del Decreto 3135 de 1968; el
Decreto 1848 de 1969; el Decreto 1042 de 1978.

Como concepto de violación, señaló que, la relación laboral está constituida por tres
elementos a saber: prestación personal del servicio, remuneración y subordinación,
los cuales se encuentran cumplidos en este caso, a pesar que la vinculación se dio
por la modalidad de contrato de prestación de servicios; lo anterior, según allega,
conlleva a que, en virtud del principio de la prevalencia de la realidad sobre las
formas en las relaciones de trabajo, se deba reconocer el vínculo laboral que unió
a las partes y con base en él, se reconozcan las acreencias laborales aquí
deprecadas.

Referente a la forma en que se acreditaron los citados elementos del contrato,
expuso que, en virtud de los contratos suscritos con la entidad demandada, la

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Demandado: Municipio de Circasia

señora Riobo de Leal era quien desempeñaba las funciones en ellos pactadas –
prestación del servicio-, como contraprestación a la labor le eran pagados unos
honorarios -remuneración-, y para ejercer el objeto contractual debía cumplir órdenes
de la entidad demandada, estaba sometida al cumplimiento de unos horarios o
turnos, y la labor no fue temporal, sino permanente por cerca de 6 años,
acreditándose de ese modo el tercer elemento de la subordinación.

1.2 Contestación de la demanda4.

El municipio de Circasia-Quindío, admitió la existencia de la vinculación de la actora
mediante contratos de prestación de servicios, pero negó que durante la ejecución
de los mismos se hubiere configurado la subordinación alegada. En tal sentido,
sostuvo que, no era cierto que la demandante estuviera sujeta al cumplimiento de
horarios ni que recibiera órdenes directas, pues desempeñó sus labores con plena
autonomía técnica y administrativa.

Así mismo, refirió que, no se presentó una terminación unilateral sin justa causa, en
tanto que el vínculo cesó por la expiración del término pactado en el respectivo
contrato de prestación de servicios, lo cual se ajustó a lo convenido por las partes.

Afirmó que, no existe a su cargo obligación laboral pendiente alguna frente a la
demandante, reiterando que la relación jurídica fue exclusivamente de carácter
contractual, bajo la modalidad de prestación de servicios, de la cual no se deriva el
reconocimiento de prestaciones sociales ni el pago de horas extras. En
consecuencia, se opuso de manera expresa a las pretensiones de la demanda.

Propuso como excepciones de mérito las que denominó: ausencia de causal de
nulidad y ausencia de objeto para demandar.

1.3 Sentencia de primera instancia5

4
Expediente digital – SharePoint – 2018-00410 - OneDrive
5
Expediente digital – SAMAI. . Actuación registrada en el índice 0007 de Sama, para ubicar el proceso se debe buscar en el
Tribunal Administrativo de Quindío rad. 63001333300520180041000.
Debe aclararse que el presente asunto fue instaurado inicialmente ante los Juzgados Administrativos de Armenia,
correspondiéndole por reparto al Juzgado Quinto Administrativo de dicho Circuito quien tramitó todo el asunto y luego profirió
la sentencia respectiva el 25 de marzo de 2022; decisión contra la cual se interpuso recurso y el mismo fue conocido por el
Tribunal; en desarrollo de aquél, se advirtió por la citada corporación que el asunto no era competencia por factor cuantía de
los juzgados; ante ello, declaró la nulidad del fallo, salvaguardado todo el trámite anterior a dicha providencia; asumió la
competencia del proceso, para posteriormente dictar la sentencia de primera instancia del 27 de abril de 2023, decisión que
también fue recurrida y es la que ocupa la atención de la Sala.

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Demandante: Margarita Riobo de Leal
Demandado: Municipio de Circasia

El Tribunal Administrativo del Quindío, Sala Tercera de Decisión, mediante
sentencia proferida el 27 de abril de 2023, negó las pretensiones de la demanda,
sin imposición de costas, con base en los siguientes argumentos:

Destacó que, para la configuración de toda relación laboral, deben acreditarse tres
elementos esenciales: i) la prestación personal del servicio, ii) la remuneración y iii)
la subordinación.

Indicó el A-quo, en el presente caso, se acreditó la suscripción de cuatro contratos
de prestación de servicios entre las partes durante el periodo comprendido entre
2009 y mediados de 2010, así como la celebración de catorce contratos adicionales
en el periodo comprendido entre 2012 y 2015; y que, igualmente, al plenario se
allegó certificación expedida por la entidad territorial, de la cual se desprende que
entre el 1 de julio de 2010 y el 31 de enero de 2012 no se cuenta con documentación
que evidencie la existencia de vínculo alguno entre los sujetos procesales. También
se aportó la relación de pagos efectuados a la demandante durante el tiempo en
que prestó sus servicios como contratista.

Del análisis de dichos contratos y de la relación de pagos, se tuvo por acreditado el
elemento de la remuneración durante los años 2009, 2010, 2012, 2013, 2014 y
2015.

En cuanto a la prestación personal del servicio, se consideró igualmente acreditada,
no solo a partir de la prueba documental –los contratos–, sino también con
fundamento en los testimonios recibidos cuyos declarantes coincidieron en afirmar
que la señora Margarita Riobo de Leal efectivamente fue contratista del municipio
de Circasia (Quindío) durante los periodos 2009-2010 y 2012-2015, desarrollando
los objetos contractuales para los cuales fue vinculada. Sin embargo, precisó que
no se tendría por acreditada la prestación personal del servicio en el periodo
comprendido entre abril de 2010 y enero de 2012, dada la ausencia de prueba que
así lo demostrara. En consecuencia, este elemento se tuvo por probado en los
siguientes periodos de tiempo, con el ejercicio de las funciones que a continuación
se detallan:

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• Del 9 de marzo al 31 de diciembre de 2009 (barrido de calles).
• Del 4 de enero al 30 de junio de 2010 (barrido de calles e implementación del
PGIRS).
• Del 1.º de febrero al 30 de abril de 2012 (custodia y vigilancia de los bienes
que hacen parte del inventario del municipio).
• Del 7 de mayo al 6 de junio de 2012 (custodia y vigilancia de los bienes que
hacen parte del inventario del municipio).
• Del 19 de julio al 31 de diciembre de 2012 (custodia y vigilancia de los bienes
que hacen parte del inventario del municipio).
• Del 2 de enero al 31 de marzo de 2013 (custodia y vigilancia de los bienes
que hacen parte del inventario del municipio).
• Del 8 de abril al 8 de mayo de 2013 (custodia y vigilancia de los bienes que
hacen parte del inventario del municipio).
• Del 8 al 31 de mayo de 2013 (mantenimiento de los bienes inmuebles del
municipio de Circasia).
• Del 17 al 30 de junio de 2013 (custodia y vigilancia de los bienes que hacen
parte del inventario del municipio).
• Del 2 de julio al 16 de septiembre de 2013 (custodia y vigilancia de los bienes
que hacen parte del inventario del municipio).
• Del 17 al 30 de septiembre de 2013 (custodia y vigilancia de los bienes que
hacen parte del inventario del municipio).
• Del 9 de octubre al 31 de diciembre de 2013 (mantenimiento de la red de
equipamientos colectivos del municipio de Circasia).
• Del 2 de enero al 30 de junio de 2014 (mantenimiento de la red de
equipamientos colectivos del municipio de Circasia).
• Del 1.º de julio al 31 de diciembre de 2014 (custodia y vigilancia Casa Museo).
• Del 1.º al 31 de enero de 2015 (custodia y vigilancia Casa Museo).
• Del 9 de febrero al 30 de abril de 2015 (custodia y vigilancia Casa Museo).
• Del 28 de mayo al 31 de agosto de 2015 (custodia y vigilancia Casa Museo).
• Del 25 de septiembre al 31 de octubre de 2015 (custodia y vigilancia Casa
Museo).
• Del 1.º al 30 de noviembre de 2015 (custodia y vigilancia Casa Museo).

En lo que respecta al elemento de la subordinación, se concluyó que, en el plenario
no obra prueba de memorandos, requerimientos, llamados de atención, ni de

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cumplimiento de horarios o turnos, ni de ningún otro elemento que permitiera inferir
la existencia de subordinación. Consideró, además, que los testimonios rendidos no
ofrecieron información suficiente para demostrar que durante el vínculo contractual
se hubiere configurado dicho elemento.

Por lo anterior, no se encontró mérito para declarar la existencia de una relación
laboral entre la demandante y la entidad demandada, razón por la cual fueron
negadas las pretensiones de la demanda.

4. Recurso de Apelación6

El apoderado de la parte actora presentó recurso de apelación, mediante el cual,
solicitó la revocatoria de la sentencia emitida por el Tribunal, aduciendo, entre otras
razones, su inconformidad frente a la falta de instrucción del proceso y la omisión
en el decreto y práctica de pruebas por parte del juez de primera instancia, dado
que la totalidad del trámite fue adelantado por el Juzgado Quinto Administrativo de
Armenia.

En relación con los testigos, expuso que, sus declaraciones se vieron afectadas por
la inexperiencia y falta de cultura en el manejo de medios electrónicos, alegando,
además, que durante dichas diligencias surgió un hecho nuevo: que la prestación
del servicio por parte de la demandante durante el año 2010 había sido tercerizada
por la entidad demandada con una empresa del municipio de Calarcá, razón por la
cual debió solicitarse prueba para confirmar dicha situación.

Sostuvo que la entidad territorial actuó con negligencia tanto en la etapa previa a la
interposición de la demanda como durante el proceso, en la medida en que no
aportó los antecedentes administrativos, a pesar que estos habían sido solicitados
con antelación a la presentación de la demanda.

Insistió en que la actora prestó servicios a la entidad demandada desde el año 2009
hasta 2015, cumpliendo funciones de barrido de calles y limpieza de vías públicas,

6
Expediente digital – SAMAI. Actuación registrada en el índice 0011 de Sama, para ubicar el proceso se debe buscar en el
Tribunal Administrativo de Quindío rad. 63001333300520180041000.

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Demandante: Margarita Riobo de Leal
Demandado: Municipio de Circasia

entre otras labores, configurándose así una relación laboral encubierta, por lo que
solicitó se accediera a lo pretendido.

Trámite del recurso de la Ley 2080 de 2021

Con auto de 22 de marzo de 20247, este Despacho admitió el recurso de apelación
conforme a lo previsto en el numeral 3° del artículo 67 de la Ley 2080 de 2021; sin
embargo, por no existir pruebas que decretar en segunda instancia, se prescindió del
periodo para que las partes alegaran de conclusión.

Posteriormente, mediante providencia del 12 de septiembre de 2024, se decretó la
práctica de prueba consistente en que la empresa NEPSA del Quindío remitiera los
contratos que tuvo con la demandante, junto con su hoja de vida, orden judicial que
fue atendida.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

La Subsección es competente para conocer en segunda instancia de este proceso
de conformidad con lo establecido en el artículo 150 del CPACA. De igual forma,
según el artículo 328 del Código General del Proceso (CGP)8, el juez de segunda
instancia debe pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos en el
recurso de apelación. Sin embargo, en el caso que ambas partes apelen, el juez
decidirá sin limitaciones.

2.2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si, en aplicación del principio de primacía de la
realidad sobre las formas, le asiste razón a la parte demandante en sus

7 Expediente digital SAMAI
8
«ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los
argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por
la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior
resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar
copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera
indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán
alegarse durante la audiencia».

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Demandado: Municipio de Circasia

pretensiones; esto es, si durante la vinculación contractual que mantuvo con la
entidad demandada, bajo la modalidad de contratos de prestación de servicios, se
encubrió una verdadera relación laboral mediante la configuración de los tres
elementos esenciales que la caracterizan: prestación personal del servicio,
remuneración y subordinación. De ser así, deberá establecerse si hay lugar a
ordenar el reconocimiento y pago de las acreencias laborales reclamadas en la
demanda.

2.2.1. Marco normativo y jurisprudencial del contrato realidad.

En principio, cabe precisar que, respecto de los contratos estatales de prestación
de servicios, la Ley 80 de 1993, en su artículo 32 (numeral 3), dispone:

«Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades estatales
para desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de
la entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando
dichas actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran
conocimientos especializados.

En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales y
se celebrarán por el término estrictamente indispensable».

Es decir, que el contrato de prestación de servicios es aquel por el cual se vincula
excepcionalmente a una persona natural con el propósito de suplir actividades
relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad, o para
desarrollar labores especializadas que no pueden asumir el personal de planta y
que no admite el elemento de subordinación por parte del contratista, toda vez que
debe actuar como sujeto autónomo e independiente bajo los términos del contrato
y de la ley contractual.

Por su parte, la Corte Constitucional al estudiar la constitucionalidad de las
expresiones «no puedan realizarse con personal de planta o» y «en ningún caso
[…] generan relación laboral ni prestaciones sociales», contenidas en el precitado
numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, en sentencia C-154 de 1997, precisó
las diferencias entre el contrato de prestación de servicios y el de carácter laboral,
así:

«Como es bien sabido, el contrato de trabajo tiene elementos diferentes al de
prestación de servicios independientes. En efecto, para que aquél se configure se
requiere la existencia de la prestación personal del servicio, la continuada
subordinación laboral y la remuneración como contraprestación del mismo. En

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Numero interno: 4301-2023
Demandante: Margarita Riobo de Leal
Demandado: Municipio de Circasia

cambio, en el contrato de prestación de servicios, la actividad independiente
desarrollada, puede provenir de una persona jurídica con la que no existe el elemento
de la subordinación laboral o dependencia consistente en la potestad de impartir
órdenes en la ejecución de la labor contratada.

Del análisis comparativo de las dos modalidades contractuales -contrato de
prestación de servicios y contrato de trabajo- se obtiene que sus elementos son bien
diferentes, de manera que cada uno de ellos reviste singularidades propias y
disímiles, que se hacen inconfundibles tanto para los fines perseguidos como por la
naturaleza y objeto de los mismos.

En síntesis, el elemento de subordinación o dependencia es el que determina la
diferencia del contrato laboral frente al de prestación de servicios, ya que en el
plano legal debe entenderse que quien celebra un contrato de esta naturaleza,
como el previsto en la norma acusada, no puede tener frente a la administración
sino la calidad de contratista independiente sin derecho a prestaciones sociales; a
contrario sensu, en caso de que se acredite la existencia de un trabajo subordinado
o dependiente consistente en la actitud por parte de la administración contratante
de impartir órdenes a quien presta el servicio con respecto a la ejecución de la labor
contratada, así como la fijación de horario de trabajo para la prestación del servicio,
se tipifica el contrato de trabajo con derecho al pago de prestaciones sociales, así
se le haya dado la denominación de un contrato de prestación de servicios
independiente.

Así las cosas, la entidad no está facultada para exigir subordinación o dependencia
al contratista ni algo distinto del cumplimiento de los términos del contrato, ni
pretender el pago de un salario como contraprestación de los servicios derivados
del contrato de trabajo, sino, más bien, de honorarios profesionales a causa de la
actividad del mandato respectivo».

Ahora bien, el artículo 2 del Decreto 2400 de 19689, «[p]or el cual se modifican las
normas que regulan la administración del personal civil […]», dispone:

«Se entiende por empleo el conjunto de funciones señaladas por la Constitución, la
ley, el reglamento o asignadas por autoridad competente que deben ser atendidas
por una persona natural.
Empleado o funcionario es la persona nombrada para ejercer un empleo y que ha
tomado posesión del mismo.

Los empleados civiles de la Rama Ejecutiva integran el servicio civil de la República.

Quienes presten al Estado Servicios ocasionales como los peritos obligatorios,
como los jurados de conciencia o de votación; temporales, como los técnicos y
obreros contratadas por el tiempo de ejecución de un trabajo o una obra son meros
auxiliares de la Administración Pública y no se consideran comprendidos en el
servicio civil, por no pertenecer a sus cuadros permanentes.

Para el ejercicio de funciones de carácter permanente se crearán los empleos
correspondientes, y en ningún caso, podrán celebrarse contratos de prestación de
servicios para el desempeño de tales funciones».

La parte subrayada de la precitada disposición fue declarada exequible por la
Corte Constitucional, en sentencia C-614 de 2009, al señalar la permanencia,

9
Modificado por el Decreto 3074 del mismo año.

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Demandado: Municipio de Circasia

entre otros criterios, como un elemento más que indica la existencia de una
relación laboral. Frente al tema, expuso:

«La Corte encuentra que la prohibición a la administración pública de celebrar
contratos de prestación de servicios para el ejercicio de funciones de carácter
permanente se ajusta a la Constitución, porque constituye una medida de protección
a la relación laboral, ya que no sólo impide que se oculten verdaderas relaciones
laborales, sino también que se desnaturalice la contratación estatal, pues el contrato
de prestación de servicios es una modalidad de trabajo con el Estado de tipo
excepcional, concebido como un instrumento para atender funciones ocasionales,
que no hacen parte del giro ordinario de las labores encomendadas a la entidad, o
siendo parte de ellas no pueden ejecutarse con empleados de planta o se requieran
conocimientos especializados. De igual manera, despliega los principios
constitucionales de la función pública en las relaciones contractuales con el Estado,
en tanto reitera que el ejercicio de funciones permanentes en la administración
pública debe realizarse con el personal de planta, que corresponde a las personas
que ingresaron a la administración mediante el concurso de méritos».

De lo anterior se colige que, el contrato de prestación de servicios se desfigura
cuando se comprueban los tres elementos constitutivos de una relación laboral,
esto es, la prestación personal del servicio, la remuneración y la continuada
subordinación, de lo que surge el derecho al pago de prestaciones sociales a favor
del contratista, en aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre las
formalidades establecidas en las relaciones laborales, consagrado en el artículo
53 de la Constitución Política, con el que se propende por la garantía de los
derechos mínimos de las personas preceptuados en normas respecto de la
materia.

En otras palabras, la denominada «relación laboral» aplica cuando se constata en
juicio la continua prestación de servicios personales remunerados, propios de la
actividad misional de la entidad contratante, para ejecutarlos en sus propias
dependencias o instalaciones, con sus elementos de trabajo, bajo sujeción de
órdenes y condiciones de desempeño que desbordan las necesidades de
coordinación respecto de verdaderos contratistas autónomos, para configurar
dependencia y subordinación propia de las relaciones laborales 10.

De igual manera, la subsección B de esta sección segunda 11 recordó que (i) la
subordinación o dependencia es la situación en la que se exige del servidor público
el cumplimiento de órdenes en cualquier momento, en cuanto al modo, tiempo o

10
En similares términos, se pronunció el Consejo de Estado, sección segunda, subsección B, en sentencia de 27 de enero
de 2011, expediente: 5001-23-31-000-1998-03542-01 (202-10).
11
Consejo de Estado, sección segunda, subsección B, sentencia de 4 de febrero de 2016, expediente: 81001-23-33-000-
2012-00020-01 (316-2014).

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Demandado: Municipio de Circasia

cantidad de trabajo, y se le imponen reglamentos, la cual debe mantenerse
durante el vínculo; (ii) le corresponde a la parte actora demostrar la permanencia,
es decir, que la labor sea inherente a la entidad, y la equidad o similitud, que es el
parámetro de comparación con los demás empleados de planta, requisitos
necesarios establecidos por la jurisprudencia, para desentrañar de la apariencia
del contrato de prestación de servicios una verdadera relación laboral; y (iii) por el
hecho que se declare la existencia de la relación laboral y puedan reconocerse
derechos económicos laborales a quien fue vinculada bajo la modalidad de
contrato de prestación de servicios que ocultó una verdadera relación laboral, no
se le puede otorgar la calidad de empleado público.

2.2.2. Material probatorio

En el plenario obran las siguientes pruebas:

• Copia de las órdenes directas de prestación de servicios suscritas entre la
señora Margarita Riobo de Leal y el municipio de Circasia durante el periodo
comprendido entre los años 2009 y 201512:

Orden de
prestación de Objeto Periodo de ejecución
servicios
039 del 9 de marzo Realizar actividades 3 meses y 20 días (Del 9
de 2009 correspondientes al barrido de calles de marzo al 30 de junio
y limpieza de vías públicas para el de 2009)
servicio de aseo municipal
083 del 1º de julio Realizar actividades 3 meses (Del 1 de julio al
de 2009 correspondientes al barrido de calles 30 de septiembre de
y limpieza de vías públicas para el 2009)
servicio de aseo municipal
123 del 1º de Realizar actividades 3 meses (Del 1 de
octubre de 2009 correspondientes al barrido de calles octubre al 31 de
y limpieza de vías públicas para el diciembre de 2009)
servicio de aseo municipal

Interrupción 1 día hábil
016 del 4 de enero Prestar el servicio de apoyo a la 3 meses
de 2010 y su implementación del PIGRS en la (4 de enero al 31 de
adición y operación del servicio municipal de marzo de 2010)
modificación No. aseo como escobita para barrido y
001 del 29 de limpieza de áreas pública del De acuerdo al acta de
enero de 2010 municipio liquidación, se comprobó
que inició y termino en
dicha fecha por
imposibilidad de la

12
Expediente ONE DRIVE – archivo 01 anexos de demanda – no obra información desde el 1 de julio de 2010 al 31 de
enero de 2012.

13

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contratista de continuar
prestando el servicio.
Más adelante se 1 de abril de 2010 al 31
explica la de marzo de 2011
vinculación con
NEPSA -
Interrupción de más de 30 días
hábiles – no hay información
048 del 1º de Realizar el inventario de las 3 meses (01/02/2012-
febrero de 2012 existencias de muebles de las 30/04/2012)
instalaciones a ser custodiadas, así
mismo debe de responder por todos
los artículos inventariados y presentar
informe de actividades y posibles
imprevistos que se puedan generar
en el sitio donde presta sus servicios.
Interrupción 4 días hábiles
124 del 7 de mayo -Prestar los servicios de custodia y 1 mes (7 de mayo al 6
de 2012 vigilancia de los bienes inmuebles del de junio de 2012)
municipio de Circasia realizando el
inventario de las existencias de
muebles de las instalaciones a ser
custodiadas, así mismo debe de
responder por todos los artículos
inventariados y presentar informe de
actividades y posibles imprevistos
que se puedan generar en el sitio
donde presta sus servicios
Interrupción 27 días hábiles

185 del 19 de julio Prestar los servicios de custodia y 5 meses y 13 días
de 2012 vigilancia de los bienes inmuebles del (fecha)
municipio de Circasia realizando el
inventario de las existencias de
muebles de las instalaciones a ser
custodiadas, así mismo debe de
responder por todos los artículos
inventariados y presentar informe de
actividades y posibles imprevistos
que se puedan generar en el sitio
donde preste sus servicios
022 del 2 de enero La contratista Conservando su 2 meses y 29 días
de 2013 autonomía, se compromete para con
el municipio a prestar los servicios de
custodia y vigilancia de los bienes
inmuebles del municipio de Circasia
Interrupción 5 días hábiles
120 del 8 de abril El contratista se compromete con el 1 mes (8 de abril al 8 de
de 2013 municipio de Circasia a prestar los mayo de 2013)
servicios de custodia y vigilancia de
los bienes inmuebles del municipio de
Circasia, mantenimiento de parques,
plazas y zonas verdes.
150 del 8 de mayo La contratista Conservando su 24 días (8 al 31 de mayo
de 2013 autonomía, se compromete para con de 2013)3
el municipio a prestar los servicios de
mantenimiento de los bienes
inmuebles del municipio de Circasia
Interrupción 9 días hábiles
171 de 2013 La contratista conservando su 14 días. (17 de junio al 30
(fecha) autonomía, se compromete para con de junio de 2013)
el municipio a prestar los servicios de

14

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custodia y vigilancia de los bienes
inmuebles del municipio de Circasia
207 del 2 de julio El contratista Conservando su 2 meses y 15 días (del 2
de 2013 autonomía, se compromete a prestar de julio al 16 de
los servicios de custodia y vigilancia septiembre de 2013)
de los bienes inmuebles del municipio
de Circasia, así mismo debe de
responder por todos los artículos
inventariados y presentar informe de
actividades y posibles imprevistos
que se puedan generar en el sitio
donde preste sus servicios
Adición no. 001 del Adicionar tiempo del 17
16 de septiembre al 30 de septiembre de
de 2013 al contrato 2013
de prestación de
servicios de apoyo
a la gestión No.
207 del mismo año
Interrupción 7 días hábiles
268 del 9 de La contratista se compromete para 2 meses y 23 días (Del 9
octubre de 2013 con el municipio de circasia a prestar de octubre al 31 de
los servicios de mantenimiento de la diciembre de 2013)
red de equipamientos colectivos del
municipio de circasia.
013 del 2 de enero La contratista conservando su 6 meses (a partir del 2
de 2014 autonomía, se compromete con el de enero al 30 de junio
municipio de circasia Quindío a de 2014)
prestar sus servicios de apoyo a la
gestión en el mantenimiento de la red
de equipamiento colectivos del
municipio.
137 del 1 de julio La contratista conservando su 5 meses (Del 1 de julio al
de 2014 autonomía, se compromete con el 31 de noviembre de
municipio de circasia Quindío a 2014)
prestar los servicios de custodia y
vigilancia de la casa museo del
municipio de circasia.
Adición y prorroga 1 mes (del 1 al 31 de
No. 001-2014 al diciembre de 2014)
CPS de apoyo a la
gestión No. 137 de
201413
Interrupción 26 días hábiles
026 del 9 de La contratista conservando su 2 meses y 20 días (del 9
febrero de 2015 autonomía, se compromete a prestar de febrero al 30 de abril
sus servicios de apoyo a la gestión de 2015)
realizando custodia del bien inmueble
denominado la casa museo del
municipio de circasia
Interrupción 18 días hábiles
102 del 28 de mayo La contratista conservando su 3 meses y 4 días (del 28
de 2015 autonomía, se compromete con el de mayo al 31 de agosto
municipio de circasia Quindío a de 2015)
prestar sus servicios de apoyo a, la
gestión realizando custodia del bien
inmueble denominado la casa museo
del municipio de circasia
Interrupción 18 días hábiles

13
Expediente ONE DRIVE – archivo 01 anexos de demanda – ff 107 - 109

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Demandante: Margarita Riobo de Leal
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161 del 25 de La contratista conservando su 1 mes y 5 días
septiembre de 2015 autonomía, se compromete a prestar (septiembre y octubre)
sus servicios de apoyo a, la gestión (fecha. Interrupción) -
realizando custodia del bien inmueble correo
denominado la casa museo del
municipio de circasia
Adición y prorroga 1 mes (hasta el 30 de
No. 001-2015 al noviembre de 2015)
contrato de
prestación de
servicios de apoyo
a la gestión No.
161 del 25 de
septiembre de 2015

• Copia del contrato de trabajo a término fijo suscrito entre la señora Margarita
Riobo de Leal y la Empresa Regional de Servicios Públicos S.A. E.S.P. –
NEPSA, mediante el cual se vinculó para desempeñar el cargo de auxiliar de
barrido, en los términos que a continuación se detallan:

Orden de Objeto Periodo de Ejecución
prestación
de servicios
«El EMPLEADOR contrata los servicios personales del
TRABAJADOR y este se obliga: a) A poner al servicio
del EMPLEADOR toda la capacidad normal de trabajo,
en el desempeño de las funciones propias del oficio
mencionado y en las labores indicadas, las cuales
Contrato a término hacen parte integrante del mismo, así como sean
fijo inferior a un complementarias […] Así mismo a cumplir a cabalidad 1 de abril de 2010 al 31 de
año NP-012-2010 con las funciones descritas a continuación: A) marzo de 2011 - De acuerdo
con Empresa SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD […] B) a la liquidación y terminación
Regional de OPERATIVAS 1) realizar el barrido manual en calles, del contrato 15
Servicios Púbicos andenes y parques con calidad y cumpliendo las
S.A. ESP - órdenes de seguridad industrial. 2) Mantener en orden
NEPSA14 el equipo de trabajo conforme a los establecido. 3)
Ubicar los conos reflectivos y señalización antes de
barres. 4) Ejecutar el barrido de acuerdo a las rutas
asignadas y a las instrucciones de trabajo. 5)
Diligenciar registros y novedades. 6) acopiar los
residuos en los sitios indicados. 7) informar
periódicamente al supervisor, coordinador y líder de
área, sobre el estado de las anomalías presentadas y
que no han tenido solución. 8) Utilizar los elementos de
seguridad industrial de acuerdo a las necesidades. 9)
velar por su salud, seguridad, integridad, bienestar y
necesidades. 10) Tomar las medidas de seguridad
pertinente e inicia las acciones de emergencia cuando
haya lugar de acuerdo con los planes de contingencia.
11) efectuar reportes de los aspectos relevantes
observados durante las labores registrando anomalías
y sugerencias para su mejoramiento. 12) Implementar
procedimientos de contingencias para las distintas
emergencias que puedan presentarse, identificando los
puntos vulnerables de los sistemas a su cargo.»

14
SAMAI – índice Prueba de Oficio – relacionada
15
SAMAI – índice Prueba de Oficio – relacionada ff 93 y 95

16

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• Copia de los comprobantes de pagos efectuados por el municipio de Circasia
a la señora Margarita Riobo de Leal en los años 2009, 2010 (enero, febrero
y marzo), 2012, 2013, 2014 y 201516.

• Copia de la certificación del 24 de septiembre de 2020, suscrita por una
contratista del área de archivo central del municipio de Circasia donde consta
que revisada la documentación en custodia se hallaron los contratos 026,
120, 150, 171, 137, 161 y no se encontraron los No. 048, 124 y 18517.

• Copia de la certificación expedida por el secretario financiero del municipio
de Circasia, durante las vigencias 2009 a 2015, donde se indica que al
personal de planta del municipio de Circasia se le cancelan los siguientes
emolumentos: «Sueldo personal nómina, prima de navidad, prima de vacaciones,
indemnización de vacaciones, auxilio de transporte, bonificación por dirección, dotación,
prima de servicios, bonificación por servicios prestados, bonificación por recreación, subsidio
de alimentación, bonificación de gestión territorial, cesantías e intereses a las cesantías»18.

• Copia de la certificación suscrita por el Secretario de Gobierno y Desarrollo
Social del municipio de Circasia el 21 de octubre de 202119 y en la que da
cuenta que: «para el periodo de tiempo comprendido entre el día primero (1) del mes de
julio del año dos mil diez (2010) y el treinta y uno (31) del mes de enero del año dos mil doce
(2012) no se halló en la documentación que contienen los archivos del municipio de Circasia,
contratos de prestación de servicios celebrado entre la señora Margarita Riobo de Leal,
identificada con cédula de ciudadanía No. 41.892.446 y este ente territorial».

• Copia de la respuesta dada por la empresa NEPSA del Quindío S.A. ESP a
un requerimiento efectuado por este despacho, en la que manifestó que:
revisado los archivos no existe contratos civiles y comerciales entre las
entidades territoriales. Remitió el contrato NP -012-2010 suscrito de la
empresa Nepsa y la demandante, donde consta que estuvo vinculada por un
contrato a término fijo, donde se desempeñó como auxiliar de barrido manual
de vías y aéreas públicas, desde el 1 de abril de 2010 al 31 de marzo de
2011, en el lugar que se requiriera el servicio, con una jornada de trabajo de
lunes a viernes de 7:00 a.m. a 12:00 p.m. y de 1:00 p.m. hasta las 5:00 y
sábados cada 15 días de 7:00 a.m. a 1:00 p.m.,; además, aportaron

16
OneDrive archivo 029
17 OneDrive archivo 029
18 OneDrive – archivos anexos de la demanda.
19 OneDrive archivo 042

17

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Demandante: Margarita Riobo de Leal
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memorandos de llamado de atención, solicitud de permiso para asistir a cita
médica, requerimiento de inicio de proceso disciplinario - acta de descargos,
reintegro a labores por incapacidad médica, liquidación del contrato por
expiración del plazo pactado, soportes de la contratación, certificado de retiro
laboral, y liquidación de las prestaciones sociales e indemnización por el
contrato.

Con la respuesta se aportó también documentación acerca de la naturaleza
jurídica de la empresa NEPSA, destacándose la escritura pública No.202 del
26 de febrero de 2010 corrida en la Notaria Quinta de Armenia, donde se
constituyó la Sociedad Anónima denominada NEPSA Quindío Empresa
Regional de Servicios Públicos S.A. E.S.P, con la comparecencia de los
alcaldes de los municipios de Salento, Quimbaya, Circasia, Génova, Pijao,
Buenavista, Córdoba y el representante de la Sociedad Empresa
Multipropósito de Calarcá S.A. EPS, mediante la cual los entes territoriales
intervinientes entregaron la operación de servicio público domiciliario de aseo
en cada uno de sus municipios a la sociedad creada, la cual tendría una
duración de 20 años.

• Dentro de este proceso judicial se recaudaron los testimonios de los señores
Yaneth Franco Tabares, Alba Lucia Henao, Diana Marcela Arbeláez Franco
y Jemay Adolfo Arias (audiencia de pruebas), que, a continuación, se
detallan:

Testimonio de Yaneth Franco Tabares:

Señaló que es cuñada de la demandante, indicó que sabe que la señora Riobo
prestó sus servicios al municipio de Circasia primero como escobita «barre las
calles» y después como celadora en la Casa Museo, el punto digital, la alcaldía y en
la escuela Francisco Londoño, aproximadamente entre el 2010 y el 2015.

Adujo que, cuando era celadora prestaba sus servicios de 7 a.m. a 7 p.m. o, a veces
de 6 p.m. a 6 a.m.; cuando ejerció como “barrendera” entraba a las 4 o 5:30 a.m. y
hasta que terminaran, e incluso los fines de semana ejercía la labor durante 2 o 3
en la mañana.

Sostuvo que le constan todas estas circunstancias porque eran vecinas y además
compartían en muchas oportunidades los alimentos, dándose cuenta de los horarios
de salida y llegada. Además, adujo haberla visto en ejercicio de la labor en la Casa
Museo y en la escuela Francisco Londoño, donde el hijo de la testigo estudiaba; sin
embargo, no precisó la fecha de tales estudios.

18

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Demandante: Margarita Riobo de Leal
Demandado: Municipio de Circasia

Manifestó que la demandante tenía que cumplir horario y órdenes del jefe, Eduardo
Gil; así como, pagar su seguridad social y rendir informes, de lo cual tiene
conocimiento por así habérselo comentado la misma actora porque así se lo había
manifestado la señora Riobo. Añadió que la actora cuando laboraba como
barrendera tenía que portar el uniforme que le suministraba una empresa y para
ausentarse de sus labores debía pedir permiso al señor Eduardo Gil, sin que le
constara que aquella hubiera recibido llamados de atención, memorandos, o
sanciones.

Testimonio de Alba Lucia Henao:

Manifestó que conoce a la demandante hace aproximadamente 20 años, en razón
a que fueron compañeras de trabajo en la alcaldía de Circasia desde 2009 y hasta
finales de 2015, habiendo sido ambas aseadoras, barrenderas; aclarando que en
algunas oportunidades a la actora le asignaron funciones de celaduría en la Casa
Museo de la alcaldía.

Señaló que debían cumplir un horario en el barrido de calles de 2 a.m. a 11 a.m. y
cuando ejerció como celadora lo hacía de 6 de la tarde a 6 de la mañana, trabajando
de lunes a domingo incluyendo festivos.

Adujo que el jefe inmediato era el señor Eduardo Gil, de quien recibía órdenes y
determinaba el lugar de prestación de servicios; así como, informó que había un jefe
de los celadores, de nombre José Leguizamón, quien también revisaba el contrato
de la señora Margarita.

Afirmó que la demandante nunca no fue objeto de llamados de atención,
memorandos ni sanciones y cuando estaba en el barrido de calles debía usar un
uniforme azul que suministraba la alcaldía.

No sabe si para el pago de los honorarios tenía que presentar informe de las
actividades, aclarando que no tenía independencia en la labor, debía la actora hacer
lo que le indicaba sus jefes.

Testimonio de Diana Marcela Arbeláez Franco

Se desempeñó como secretaria de Infraestructura de Circasia entre enero de 2012
y abril del 2015, en su declaración informó que para la fecha esa dependencia
contaba con 3 funcionarios de planta y los demás eran contratistas, dentro de los
que se encontraban algunas aseadoras y personal de mantenimiento.

Sostuvo que la señora Riobo estuvo vinculada con el municipio aproximadamente
desde febrero de 2009, aunque no en la Secretaría que la testigo dirige, mediante
un contrato de prestación de servicios para la custodia de bienes inmuebles del
municipio.

Aclaró que por temas presupuestales el municipio no contaba con vigilancia las 24
horas en el equipamiento municipal como la Casa Museo o el estadio, razón por la
cual se contrataron unos apoyos que hicieran unas rondas para custodiar los
inmuebles.

Que durante el tiempo en que la testigo se desempeñó como secretaría de
despacho, fue la supervisora del contrato de la señora Riobo y por tal razón
coordinaban y fijaban unas pautas para que se cumpliera el objeto contractual; sin
embargo, la contratista era autónoma en su forma de ejecutarlo, ello por aquella por
ejemplo proponía donde iba a realizar los mantenimientos o el aseo y según las
necesidades de la alcaldía se aprobaba o no, pero en ningún momento se le decía

19

Numero interno: 4301-2023
Demandante: Margarita Riobo de Leal
Demandado: Municipio de Circasia

en que horario o como ejecutara su labor; señalando que la demandante durante
ese periodo desempeñaba otras actividades, tales como venta de lotería o chace.

Refirió que el municipio le suministraba los elementos necesarios para cumplir con
sus labores, pero esta las desempeñaba según su propia autonomía; sin que
hubiera subordinación en el ejercicio de la labor.

Aclaró que para la fecha en que la testigo se desempeñó como secretaria de
Infraestructura el servicio de aseo del municipio ya estaba tercerizado con la
empresa Nepsa, razón por la cual dentro de las funciones de la señora Riobo no
estaba el hacer aseo de las calles.

En relación con la función de custodia del inventario indicó que ellos contaban con
un listado de inventario y a la señora Riobo le correspondía hacer rondas para
revisarlo y verificar que no estuviera ocurriendo nada extraño en el equipamiento,
rondas que se efectuaban en el horario que considerara pertinente, pero a final de
mes cuando ella pasaba el informe de las actividades tenía que establecer que el
inventario estaba intacto o si pasaba algo extraordinario informarlo.

Aclaró que existieron interrupciones en los contratos de la demandante dado que
solo se le contrataba cuando las necesidades del servicio así lo ameritaban.

Referente al señor Eduardo Gil, quien se pregonó por otros testigos como jefe de la
demandante, informó que aquél perteneció a la administración municipal anterior y
fue funcionario del municipio de Circasia hasta el año 2011.

Testimonio de Jemay Adolfo Arias

Manifestó que en el periodo del 2009 al 2010 fue concejal del municipio y del 2012
a 2015 fue el alcalde del municipio de Circasia, reconociendo que durante el último
lapso de tiempo la señora Riobo tuvo algunos contratos con el municipio; así como,
indicó que tuvo conocimiento que durante el periodo que ejerció como concejal la
demandante también había tenido contratos de prestación de servicios con el ente
territorial, los cuales tenían por objeto el aseo y mantenimiento o cuidado de los
bienes de la entidad.

Informa que la supervisión de los contratos la ejercieron las Secretarías de
Infraestructura y Administrativa; sin embargo, aclara que desconoce que la
demandante tuviera que pedir permisos para ausentarse de su labor, precisando
que aquella no cumplía horarios ni había cuadro de turnos o similares; como
tampoco le consta que aquella haya tenido llamados de atención.

Manifestó que para ejercer la labor de aseo concertaban entre todos los contratistas
donde realizarían la labor y se distribuían el tiempo, una vez finalizada la labor se
podía retirar del sitio; así mismo, ellos escogían el momento de las rondas cuando
ejercía la custodia de los bienes del municipio, recalcando que no había
cumplimiento de horarios.

Afirmó que la señora Margarita vendía chance y lotería, en el entendido que el
contrato suscrito con la entidad le daba esa posibilidad al no tener que cumplir un
horario fijo. Informó que la demandante en algún momento tuvo un problema con un
hijo que la hizo ausentarse varios meses del servicio del municipio.

Refirió que el clausulado de los contratos no se negoció con los contratistas y era
mayor el número de estos que el personal de planta. Así mismo resaltó que no
presenció el cumplimiento de funciones de celaduría en forma permanente por la
accionante y que pese a conocer al señor Eduardo Gil no recuerda si el referido
señor laboró para su administración.

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Demandante: Margarita Riobo de Leal
Demandado: Municipio de Circasia

Actuación administrativa
• Mediante petición del 14 de agosto de 201820, la parte demandante solicitó el
reconocimiento y pago de sumas de dinero que aduce se le adeudan por
haberse configurado la relación laboral encubierta.

• El alcalde del municipio de Circasia, mediante oficio del 18 de septiembre de
201821, negó la solicitud de la señora margarita Riobo de Leal, manifestando
que:

«En tal sentida la señora RIOBO DE LEAL tuvo la calidad de contratista conforme a lo
descrito en el NO.4 del artículo 2° de la ley 1150 de 2007, ley 1510 de 2012 y ley 80 de 1993
ART 32 NO.3°, y cada uno de estos contratos suscritos por esta tenían como objeto una
función diferente, debiendo ejecutar varias actividades en el desarrollo de los mismos, ya
que no existía en la planta, personal suficiente para prestar dichas funciones y nunca existió
entre esta y el Municipio de Circasia una relación laboral enmarcada en las precisas normas
del Código Sustantivo de Trabajo (Art 23 y ss) y las funciones del objeto contractual siempre
las ejecutó sin subordinación alguna y bajo su plena autonomía personal, hasta la fecha de
la ejecución contractual.

[…]

Conforme a lo antes señalado y atendiendo las voces legales y jurisprudenciales, toda vez
que vinculo que tuviera su prohijada con la administración que represento fue la de una
verdadera contratista de prestación de servicios y conforme a la naturaleza jurídica de dicho
vinculo ello no genera el reconocimiento de las acreencias laborales por usted peticionadas,
esta entidad niega el reconocimiento y pago de dichas prestaciones sociales.»

2.2.3. Caso concreto

Se recuerda que por este medio la señora Margarita Riobo de Leal ha solicitado se
ordene a la entidad demandada el reconocimiento de una relación de carácter
laboral desde el 9 de marzo de 2009 hasta el 31 de diciembre de 2015, fecha en
que terminó de forma injustificada y por decisión unilateral de la demandada; en
virtud de lo cual reclama el pago de acreencias laborales derivadas de aquel vínculo.

Por su parte, la entidad demandada adujo que nunca existió dicha relación laboral
y lo que unió a las partes fueron contratos de prestación de servicios.

El Tribunal Administrativo de Quindío, Sala Tercera de Decisión, a través de la
sentencia del 27 de abril de 2023, negó las pretensiones de la demanda, sin condena

20
Archivos anexos de la demanda ff 169 - 176
21
Archivos anexos de la demanda ff 179 - 180

21

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Demandante: Margarita Riobo de Leal
Demandado: Municipio de Circasia

en costas, al considerar que no se acreditó el elemento de subordinación, necesario
en estos casos. Contra dicha decisión la parte actora formuló recurso de apelación.

Bien, se debe recordar que, en estos eventos cuando se solicita la declaratoria de
una relación laboral encubierta, para que prosperen las pretensiones es necesario
que se acrediten los tres elementos que la conforman, siendo estos: i). prestación
personal del servicio, ii). remuneración y, iii). subordinación; ante ello, se pasa a
analizar si tales fueron probados en el proceso.

En cuanto a la prestación personal del servicio se acreditó que la señora
Margarita Riobo de Leal estuvo vinculada al municipio de Circasia, a través de varios
contratos de prestación de servicios, los cuales tuvieron dos objetos diferentes así:

• Del 9 de marzo de 2009 al 31 de marzo de 2010 la labor consistía en realizar
actividades de barrido de calles y limpieza de vías públicas para el servicio
de aseo municipal.
• Del 1 de febrero de 2012 al 30 de noviembre de 2015, sus funciones, según
los contratos, tenía que ver con vigilancia y cuidado de los bienes de la
entidad demandada, o en algunas oportunidades de mantenimiento de la red
de equipamientos colectivos del municipio de Circasia; téngase en cuenta
que en aquellos se estableció que el objeto contractual era: «custodia y
vigilancia de los bienes inmuebles del municipio de Circasia», «custodia y vigilancia
de los bienes inmuebles del municipio de Circasia, así mismo debe de responder
por todos los artículos inventariados y presentar informe de actividades y posibles
imprevistos que se puedan generar en el sitio donde preste sus servicios»,
«servicios de apoyo a la gestión en el mantenimiento de la red de equipamiento
colectivos del municipio», entre otros.

Los testimonios escuchados en el proceso también dieron fe de dicha prestación de
servicio; concluyéndose entonces que durante los dos periodos de tiempo antes
referenciados se logró acreditar la prestación del servicio, debiéndose aclarar que
sí bien durante el periodo del 1 de febrero de 2012 al 30 de noviembre de 2015 hubo
interrupciones de tiempo en aquella prestación, tales no generaron la solución de
continuidad como más adelante se precisará.

22

Numero interno: 4301-2023
Demandante: Margarita Riobo de Leal
Demandado: Municipio de Circasia

Diferente ocurre con los interregnos de tiempo del 1 de abril de 2010 al 31 de enero
de 2012 donde no se acreditó la prestación del servicio para la entidad demandada,
como se pasa a exponer:
Del 1 de abril de 2010 al 31 de marzo de 2011 acreditado quedó que la señora Riobo
de Leal estuvo vinculada laboralmente con la Empresa Regional de Servicios
Púbicos S.A. ESP – NEPSA, mediante contrato de trabajo a término fijo, ejerciendo
el cargo de auxiliar de barrido; entidad que asumió toda su carga prestacional y
salarial, esto es, su vinculación fue con una entidad diferente a la aquí demandada;
sin que haya plena prueba de las condiciones de modo y lugar en que se desarrolló
aquel contrato.

Ahora, respecto al periodo del 1 de abril de 2011 al 31 de enero de 2012, no existe
prueba alguna de la cual se pueda inferir donde o con quien prestó sus servicios la
demandante.

Así las cosas, se da por cumplido este primer elemento de la relación laboral, pero
en los periodos del 9 de marzo de 2009 al 31 de marzo de 2010 y del 1 de febrero
de 2012 al 30 de noviembre de 2015.

Respecto a la contraprestación económica, de acuerdo a los contratos allegados
y las constancias de pago, se observa que se estipularon unos honorarios que se
pagarían como contraprestación de la labor desempeñada, en cada contrato se
pactó un monto y forma de pago; en este orden de ideas, conforme a las pruebas
allegadas, se encuentra demostrada la remuneración como elemento de la relación
laboral.

Por último, en lo que tiene que ver con la subordinación o dependencia, tanto de
las labores de aseo como de vigilancia, para la Sala se encuentra igualmente
acreditado, a pesar de los intentos contractuales por revestir la relación como de
simple prestación de servicios. En efecto, las declaraciones de testigos como Alba
Lucía Henao y Yaneth Franco Tabares dan cuenta que la señora Riobo debía
cumplir con instrucciones directas impartidas por funcionarios del municipio —en
especial el señor Eduardo Gil—. Aun cuando algunos funcionarios señalaron que la
actora ejecutaba sus actividades con cierta autonomía, esta supuesta
independencia no resulta concluyente, pues en la práctica debía ajustarse a los

23

Numero interno: 4301-2023
Demandante: Margarita Riobo de Leal
Demandado: Municipio de Circasia

lineamientos de la administración municipal y someterse a sus directrices
funcionales.

Particularmente ilustrativas resultan las anotaciones de la señora Diana Marcela
Arbeláez Franco, quien en calidad de secretaria de Infraestructura indicó que,
aunque la actora proponía actividades, era la administración quien definía las
necesidades del servicio y autorizaba su ejecución. Incluso el exalcalde Jemay
Adolfo Arias reconoció que existía una concertación entre contratistas sobre las
labores, lo cual contradice la tesis de total autonomía.

A lo anterior se suma el hecho que, la demandante debía portar uniforme, cumplir
jornadas prolongadas, lo cual es un indicio de una dependencia funcional y
organizacional, típica de una relación laboral.

Este análisis se robustece si se considera el objeto contractual contenido en los
contratos celebrados con la señora Riobo de Leal entre el 9 de marzo de 2009 y el
31 de marzo de 2010, donde se consignó expresamente que su labor consistía en
el “barrido de calles y limpieza de vías públicas para el servicio de aseo municipal”,
o en la prestación del servicio “como escobita para barrido y limpieza de áreas
públicas del municipio”. Estas funciones, a juicio de la Sala son propias del núcleo
esencial del servicio público domiciliario de aseo, el cual corresponde prestar a las
entidades territoriales o a sus operadores, y su ejecución es eminentemente
material, rutinaria, continua y subordinada, incompatible con una labor de tipo
autónomo, profesional o consultiva.

Ahora bien, tanto las actividades de aseo como las de custodia y vigilancia de
bienes inmuebles —que también integraron el objeto contractual en varios de los
contratos suscritos— suponen, por su naturaleza misma, una organización
estructurada en turnos y jornadas definidas, generalmente en horarios nocturnos o
extendidos, cuyo cumplimiento depende necesariamente de la asignación,
supervisión y control por parte del ente contratante. Así lo evidencian los testimonios
de Yaneth Franco Tabares, quien afirmó que la actora laboraba como celadora “de
7 a.m. a 7 p.m., o de 6 p.m. a 6 a.m.”, y como barrendera “desde las 4 o 5:30 a.m.
hasta finalizar la jornada”, así como el de Alba Lucía Henao, quien señaló que las
jornadas eran “de lunes a domingo incluyendo festivos” y que las funciones eran
asignadas por superiores jerárquicos como Eduardo Gil y José Leguizamón.

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Demandante: Margarita Riobo de Leal
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Este dato es especialmente relevante: la sujeción a horarios estrictos, predefinidos
por la administración, y el cumplimiento de turnos prolongados de trabajo, exceden
las características de una ejecución autónoma o libre, y reafirman el sometimiento
de la actora al poder subordinante del empleador.

En consecuencia, no resulta jurídicamente admisible considerar que la ejecución de
funciones operativas, permanentes y propias del servicio de aseo y vigilancia —
como el barrido manual de calles o la custodia de inmuebles públicos— pueda
revestirse válidamente de autonomía contractual, cuando los hechos, los
testimonios y el contenido mismo del objeto pactado demuestran que la actora
formaba parte del engranaje ordinario del municipio, ejecutando órdenes,
cumpliendo jornadas impuestas y rindiendo cuentas a superiores funcionales.

Todo lo anterior permite afirmar, con plena certeza y de forma convergente, que la
señora Margarita Riobo de Leal estuvo sometida a una relación de subordinación
continua, directa y estructural, y que la formalidad de los contratos civiles no
puede prevalecer sobre la realidad efectiva de la prestación personal del servicio
bajo órdenes, vigilancia y control de la administración municipal.

Sobre el particular, se recuerda que en la sentencia de unificación del 9 de
septiembre de 202122, se precisaron aspectos que se consideran indicios para
acreditar la subordinación como elemento esencial a la hora de probar la existencia
de una verdadera relación laboral, así:

1. Lugar de trabajo: en el caso concreto era en las instalaciones de la entidad
demandada, es decir, en el municipio de Circasia o donde lo enviaran a
ejercer las funciones, tal como se expuso en precedencia.

2. Horario de labores: La demandante debía cumplir un horario, variado,
según la actividad y/o turnos designados por la demandada.

22
Radicado 05001-23-33-000-2013-01143-01 (1317-2016).

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3. Dirección y control efectivo de las actividades a ejecutar: en este sentido
se resalta que recibía órdenes de jefe inmediato de José Leguizamón, quien
la testigo Alba Lucia Henao manifestó era su jefe inmediato.

4. Que las actividades o tareas a desarrollar sean de la que los empleados
de planta realizan: En efecto, como ya se expuso, las actividades de
limpieza de calles están ligadas con servicio público domiciliario de aseo y a
su vez con el derecho colectivo al espacio público, cuyo deber de
salvaguardar está en cabeza del Estado. En ese mismo sentido, el cuidado
de los bienes estatales hacen parte de las obligaciones estatales; estas
actividades, se considera, deben hacer parte del giro ordinario de las
actividades de la entidad llamada a juicio y por tanto, deben ser ejecutadas
por personal de planta permanente.

En este sentido, las pruebas reunidas permiten concluir la existencia de una
subordinación laboral.

Desvirtuadas tanto la autonomía como la independencia en la prestación del
servicio, así como la temporalidad propia de un verdadero contrato de prestación de
servicios, y probados los elementos constitutivos de la relación laboral en el sub
examine —esto es, la prestación personal del servicio de manera permanente, la
remuneración y la subordinación o dependencia en el desarrollo de la actividad—,
concluye la Sala que la entidad demandada hizo un uso impropio de la figura
contractual para encubrir la naturaleza real de la labor desempeñada. En
consecuencia, se configura en este caso el contrato realidad, en aplicación de los
principios constitucionales consagrados en los artículos 13 y 53 de la Constitución
Política, en tanto la demandante atendió funciones propias e inherentes al servicio
público a cargo del municipio, en condiciones materiales de subordinación.

Lo anterior se constata, en particular, durante los siguientes periodos: (i) del 9 de
marzo de 2009 al 31 de marzo de 2010, cuando ejecutó funciones de aseo municipal
mediante contratos sucesivos de prestación de servicios; (ii) del 1 de febrero de
2012 al 8 de mayo de 2013; (iii) del 17 de junio al 30 de septiembre de 2013; y (iv)
del 1 de julio de 2014 al 30 de noviembre de 2015, cuando desempeñó labores de
custodia y vigilancia de bienes inmuebles municipales. En todos estos lapsos, la

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actora prestó sus servicios de forma continua, personal y bajo las instrucciones de
funcionarios de la administración municipal, lo que demuestra la existencia de una
relación laboral encubierta por una sucesión formal de contratos de prestación de
servicios.

Entonces, en el citado periodo de tiempo se acreditaron los tres elementos necesarios
para que surja la relación laboral, siendo viable las pretensiones de la demanda en
aquel, como quiera que la entidad hizo uso indebido de la figura de contrato de
prestación de servicios y con ella pretendió encubrir una verdadera relación laboral.

En lo relacionado con la extinción de los derechos que se derivan de la declaratoria
de existencia de la relación laboral, en la misma sentencia de unificación, la Sala
manifestó que:

«quien pretenda el reconocimiento de la relación laboral con el Estado y, en consecuencia, el
pago de las prestaciones derivadas de esta, en aplicación del principio de la primacía de la
realidad sobre las formalidades, deberá reclamarlos dentro del término de tres años contados
a partir de la terminación de su vínculo contractual (…) Sin embargo, no aplica el fenómeno
prescriptivo frente a los aportes para pensión, en atención a la condición periódica del derecho
pensional y en armonía con los derechos constitucionales a la igualdad e irrenunciabilidad a
los beneficios mínimos laborales y los principios de in dubio pro operario, no regresividad y
progresividad» [se resalta].

En la mencionada sentencia del 9 de septiembre de 202123 de la Sección Segunda
de esta Corporación, sobre el término y el momento a partir del cual debe
computarse la prescripción extintiva, se determinó que la existencia de
vinculaciones contractuales consecutivas hace necesario el examen de sus
interrupciones, con el fin de comprobar si se presentó o no solución de continuidad
en la relación laboral declarada. En ese sentido, se reitera que la Sala consideró
adecuado establecer un periodo de treinta (30) días hábiles como indicador
temporal de la no solución de continuidad entre contratos sucesivos de
prestación de servicios, sin que este constituya una «camisa de fuerza» para el
juez contencioso que, en cada caso y de acuerdo con los elementos de juicio que
obren dentro del plenario, habrá de examinar si hubo o no la ruptura del vínculo que
se reputa laboral.

No obstante, y para efectos del análisis del fenómeno prescriptivo, se tendrán en
cuenta únicamente los periodos en los que se acreditó de manera específica la

23 Expediente 05001-23-33-000-2013-01143-01 (1317-16), C. P. Rafael Francisco Suárez Vargas.

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existencia de subordinación y demás elementos del contrato de trabajo, a saber: (i)
del 9 de marzo de 2009 al 31 de marzo de 2010; (ii) del 1 de febrero de 2012 al 8
de mayo de 2013; (iii) del 17 de junio al 30 de septiembre de 2013; y (iv) del 1 de
julio de 2014 al 30 de noviembre de 2015. Sin embargo, debe advertirse que entre
los periodos (iii) y (iv) medió una interrupción superior a treinta (30) días calendario,
lo cual genera solución de continuidad.

Durante dicha interrupción se acreditó primeramente que hubo un contrato laboral
con la Empresa Regional de Servicios Púbicos S.A. ESP – NEPSA 1 de abril de
2010 al 31 de marzo de 2011; por tanto, este periodo de tiempo no podrá ser tenido
en cuenta; además se acreditado quedó que la señora Riobo de Lealentre la
demandante y demandada se celebraron contratos del 8 al 31 de mayo de 2013,
del 9 de octubre al 31 de diciembre de 2013 y del 2 de enero al 30 de junio de 2014,
que tenía por objeto el mantenimiento de la red de equipamiento colectivos del
municipio, sobre los cuales no se tienen pruebas de las que se demuestren como
fueron aquellos ejecutados, como tampoco si durante aquellos se ejerció o no la
subordinación, elemento necesario para declarar la existencia de la relación laboral
encubierta; téngase en cuenta que ninguno de los testigos hizo referencia a esta
actividad, siendo deber procesal de la parte actora acreditar que durante estos
periodos también se configuraron los tres elementos necesarios para acceder a sus
pretensiones, el cual fue incumplido.

En virtud de lo anterior, y dado que la reclamación administrativa fue presentada el
18 de septiembre de 2018, ya se encontraba consumado el fenómeno de la
prescripción respecto de los periodos laborales desarrollados entre el 9 de marzo
de 2009 y el 30 de septiembre de 2013. Por tanto, si bien se reconoce la
configuración de una relación laboral encubierta en dichos intervalos, no hay lugar
a efectuar pronunciamiento favorable en cuanto al reconocimiento y pago de
acreencias laborales derivadas de estos lapsos.

Diferente ocurrió en el lapso de tiempo del 1 de julio de 2014 al 30 de noviembre de
2015, donde la prestación del servicio fue constante, no hubo interrupción de más
de 30 días, por tanto, no se generó la solución de continuidad; ante ello, la
reclamación administrativa presentada el 18 de septiembre de 2018, fue incoada
oportunamente y debe reconocerse las acreencias laborales, como se pasa a
exponer.

28

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2.4. Restablecimiento del derecho cuando se reconoce la existencia de la
relación laboral con fundamento en el principio de la primacía de la realidad.

Referente al pago de prestaciones sociales a que tiene derecho el accionante es
consecuencia de la nulidad del acto acusado, como se determinó en la referida
sentencia de unificación de 25 de agosto de 2016, de la sección segunda de esta
Corporación, la clasificación que se ha hecho de estas prestaciones sobre la base
de quien debe asumirlas.

Para que ello ocurra, se requiere la existencia jurídica del cargo, que se haya
ejercido en la misma forma y apariencia como lo hubiera desempeñado una persona
designada regularmente, a través del acto administrativo de nombramiento y la
correspondiente acta de posesión.

Asimismo, en la controversia sub judice, el pago de los derechos económicos
laborales reconocidos a la actora durante el período del 1 de julio de 2014 al 30 de
noviembre de 2015 (salvo sus interrupciones) procede a título de restablecimiento
del derecho y, en tal sentido, de acuerdo con las sentencias de unificación, SUJ2-
005-16 de 25 de agosto de 2016 y SUJ-025-CE-S2-2021 del 9 de septiembre de
2021 de esta sección y la jurisprudencia imperante en esta Sala, se deben tener en
cuenta las prestaciones sociales de orden legal percibidas por los servidores
públicos de planta de la entidad de igual categoría vinculado laboralmente a dicha
planta, liquidadas sobre el salario de estos.

En lo referente al pago de las prestaciones sociales, esta Sala, en sentencia de 4
de febrero de 201624, precisó que «con el fin de determinar cuáles son las prestaciones
sociales que se deberán reconocer […] al declararse una relación de carácter laboral, […] acude a
la clasificación que se ha hecho de estas prestaciones sobre la base de quien debe asumirlas. En
ese orden de ideas, se encuentran las que son asumidas por el empleador directamente y las que
se prestan o se reconocen de forma dineraria por el Sistema de Seguridad Social Integral. Dentro de
las prestaciones sociales que están a cargo directamente del empleador se encuentran las
ordinarias o comunes como son entre otras las primas, las cesantías; y las prestaciones sociales
que se encuentran a cargo del Sistema Integral de Seguridad Social son la salud, la seguridad social,
los riesgos profesionales y el subsidio familiar, que para ser asumidas o reconocidas por cada
sistema debe mediar una cotización» [negrillas para resaltar]. Asimismo, en providencia de 6 de

24
Expediente 81001-23-33-000-2012-00020-01 (316-2014).

29

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octubre siguiente25, aclaró que «el reconocimiento de la primacía de la realidad sobre la formalidades
que conlleva a la declaración de existencia de una relación laboral subyacente de un contrato de
prestación de servicio, no puede otorgar al accionante la calidad de empleado público, por lo que no
es posible reconocer prestaciones sociales de carácter extralegal que devenguen otros
funcionarios de la planta de personal del ente territorial demandado, máxime cuando el accionante
no acreditó dentro del proceso cuales son las prestaciones a las que considera tener derecho ni el
origen de las mismas» [negrillas de la Sala].

Así las cosas, los argumentos del recurso de apelación son parcialmente acogidos,
toda vez que se demostró la configuración de la relación laboral por cuanto se
probaron los tres elementos necesarios para ello, pero se insiste, solo en el periodo
del 1 de febrero de 2012 al 8 de mayo de 2013 y 17 de junio al 30 de septiembre de
2013 y 1 de julio de 2014 al 30 de noviembre de 2015, de acuerdo a las pruebas
allegadas al plenario. Insistiéndose en que solo es posible reconocer las acreencias
en el periodo de tiempo donde no se configuró la prescripción, como antes se indicó.

Por lo anterior, las pretensiones de la parte demandante son para acceder
parcialmente.

Debe reiterarse que, en el caso de las relaciones laborales encubiertas el criterio
de esta Subsección del 6 de marzo de 202526, en lo referente a los salarios y
prestaciones objeto del restablecimiento del derecho es que deben reconocerse
teniendo como referencia el salario devengado por el empleado de planta que
desarrollaba iguales funciones. Esta consideración se hace a partir del principio de
“…a trabajo igual salario igual…”., precisándose que aquellas que se ordena pagar
son las prestaciones de índole legal. Así mismo, debe indicarse que es criterio de
esta Subsección, en casos como el que nos ocupa y en aplicación del citado
principio, ordenar el reconocimiento y pago del reajuste salarial, es decir, el pago
de la diferencia que surja a favor de la demandante entre lo percibido por concepto
de honorarios y lo devengado por un empleado planta, el cual aquí se ordena
proceda a realizar la entidad demandada.

Respecto de las vacaciones, el artículo 8° del Decreto 1045 de 1978 determina que
corresponde a quince (15) días hábiles de vacaciones por cada año de servicios,

25
Expediente 66001-23-33-000-2013-00091 01 (237-2014).
26
66001-23-33-000-2018-00382-01 (3166- 2021) MP Jorge Edison Portocarrero Banguera

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salvo lo que se disponga en normas o estipulaciones especiales, al comportar la
condición de prestación social y de derecho como expresión de una garantía laboral
del artículo 53 superior. Por lo anterior, al declararse la existencia de la relación
laboral, procede la compensación del derecho al descanso, en virtud de las
previsiones de los artículos 20 del Decreto Ley 1045 de 197827 y la Ley 995 de
200528.

Ahora, debe precisarse que, a pesar de haberse declarado la figura de la
prescripción, es deber de la entidad reconocer y pagar la seguridad social en
pensión durante todo el periodo de tiempo en que se configuró la relación laboral;
lo anterior, dado que este es un derecho imprescriptible.

Así las cosas, durante los periodos en los que se acreditó la existencia de una
relación laboral —esto es, del 9 de marzo de 2009 al 31 de marzo de 2010, del 1 de
febrero de 2012 al 8 de mayo de 2013, del 17 de junio al 30 de septiembre de 2013
y del 1 de julio de 2014 al 30 de noviembre de 2015—, y salvo la interrupción
superior a treinta (30) días calendario ocurrida entre el 30 de septiembre de 2013 y
el 1 de julio de 2014, si existiere diferencia entre los aportes al sistema general de
pensiones realizados por la actora como contratista y aquellos que legalmente
correspondía asumir a la entidad territorial en su condición de empleadora, deberá
esta última cubrir el valor faltante en el porcentaje que le correspondía legalmente
como tal.

Por su parte, la señora Margarita Riobo de Leal deberá acreditar las cotizaciones
que hubiere efectuado al sistema pensional durante dichos periodos y, en caso de
no haberlas realizado o de evidenciarse una diferencia en su contra, le asistirá la
obligación de completar o cancelar el porcentaje correspondiente como trabajadora,
conforme lo establecido en los acápites pertinentes de la jurisprudencia de
unificación en materia de contrato realidad.

En lo relacionado a la devolución de los aportes efectuados por la actora a

27
«Artículo 20º.- De la compensación de vacaciones en dinero. Las vacaciones solo podrán ser compensadas en dinero en
los siguientes casos:
a) Cuando el jefe del respectivo organismo así lo estime necesario para evitar perjuicios en el servicio público, evento en el
cual solo puede autorizar la compensación en dinero de las vacaciones correspondientes a un año;
b) Cuando el empleado público o trabajador oficial quede retirado definitivamente»
28
«Artículo 1°. Del reconocimiento de vacaciones en caso de retiro del servicio o terminación del contrato de trabajo. Los
empleados públicos, trabajadores oficiales y trabajadores del sector privado que cesen en sus funciones o hayan terminado
sus contratos de trabajo, sin que hubieren causado las vacaciones por año cumplido, tendrán derecho a que estas se les
reconozcan y compensen en dinero proporcionalmente por el tiempo efectivamente trabajado».

31

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pensión y salud, lo cierto es que, en criterio de la sala mayoritaria29, esos recursos
del sistema integral de seguridad social son de obligatorio pago y recaudo para fines
específicos y no constituyen un crédito a favor del contratista, por lo tanto, no es
dable que se le sufraguen directamente a la interesada. En consecuencia, resulta
improcedente que se disponga el reembolso por los mencionados conceptos.

En lo que respecta al pago de horas extras, dominicales y festivos, era necesario
que la interesada demostrara que trabajó tiempo extra, si fue diurno o nocturno,
festivo o dominical, si existió compensación o no y si se le autorizó para tal efecto,
pero como no lo hizo, y la simple afirmación de la actora y de la testigo de haber
trabajado horas adicionales o en horarios nocturnos, dominicales o festivos, no son
suficientes para verificar y cuantificar esos aspectos, por ende, no hay lugar a
ningún reconocimiento al respecto.

En cuanto a la solicitud de pago de la remuneración por los meses de octubre y
noviembre del año 2015, se observa en el plenario -archivo 029 denominado
«MpioCircasiaPruebaDtal» del OneDrive-, los comprobantes de pago de la señora
Margarita Riobo de Leal correspondientes a los años 2009, 2010, 2012, 2013, 2014
y 2015, documentos de los cuales se logra evidenciar que la entidad pago todo lo
adeudado por el contrato suscrito; por tanto, esta pretensión será negada.

Por último, sin perjuicio que pueda declararse la existencia de la relación laboral y
puedan reconocerse derechos económicos laborales a quien fue vinculada bajo la
modalidad de contrato de prestación de servicios, con el cual, se ocultó una
verdadera relación laboral, por este sólo hecho no se le puede otorgar la calidad de
empleado público.

Las sumas que resulten a favor de la demandante, deberán actualizarse de acuerdo
con la fórmula según la cual, el valor presente (R) se determina multiplicando el
valor histórico (Rh) por el guarismo que resulte de dividir el índice final de precios al
consumidor certificado por el DANE (vigente a la fecha de la sentencia) por el índice
inicial (vigente para la fecha en que debió hacerse el pago), así:
R = Rh Índice inicial
Índice final

29 Sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-2021 de 21 de septiembre de 2021.

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Sobre la condena en costas

De la interpretación del artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, esta Sala ha sido del
criterio que la norma transcrita deja a disposición del juez valorar la procedencia o
no de la condena en costas, ya que para ello debe examinar la actuación procesal
de la parte vencida, debe tener certeza de su causación y que la conducta
desplegada adolece de temeridad y mala fe, no basta el simple hecho de las resultas
del proceso.

En el caso concreto, si bien es cierto que la parte demandada fue vencida en el
proceso, no lo es menos que, revisado su proceder a lo largo de la actuación, no se
evidencia temeridad o mala fe, sino simplemente la defensa propia de sus intereses,
por consiguiente, no se condenará en costas.

III. DECISIÓN

Visto lo anterior, la Sala revocará la sentencia de primera instancia proferida por el
Tribunal Administrativo del Quindío, que negó las pretensiones de la demanda y, en
su lugar, accederá parcialmente al reconocimiento de la existencia de una relación
laboral entre la señora Margarita Riobo de Leal y el municipio de Circasia Quindío,
durante los periodos comprendidos entre el 9 de marzo de 2009 al 31 de marzo de
2010, del 1 de febrero de 2012 al 8 de mayo de 2013, del 17 de junio al 30 de
septiembre de 2013, y del 1 de julio de 2014 al 30 de noviembre de 2015, salvo las
interrupciones contractuales verificadas. En dichos intervalos, la demandante
desempeñó funciones propias del servicio público de aseo y vigilancia, en
condiciones materiales de subordinación, remuneración y prestación personal del
servicio.

Sin embargo, como se dijo, se declarará la prescripción de los derechos laborales
causados durante los periodos del 9 de marzo de 2009 al 31 de marzo de 2010, del
1° de febrero de 2012 al 8 de mayo de 2013 y del 17 de junio al 30 de septiembre
de 2013, por haber transcurrido el término legal antes de la presentación de la
reclamación administrativa, el 18 de septiembre de 2018. En consecuencia, solo
procede el reconocimiento de efectos prestacionales y económicos respecto del
periodo del 1° de julio de 2014 al 30 de noviembre de 2015.

33

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Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República
de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA

PRIMERO. - REVOCAR la sentencia emitida el 27 de abril de 2023, por medio de
la cual el Tribunal Administrativo de Quindío negó las pretensiones de la demanda
presentada por la señora Margarita Riobo de Leal y en su lugar:

SEGUNDO. – DECLARAR la nulidad del oficio sin número de fecha 18 de
septiembre de 2018, por el cual se negó el reconocimiento de la relación laboral
encubierta y pago de acreencias laborales derivada de aquella.

TERCERO. - DECLARAR la existencia de una relación laboral entre la señora
Margarita Riobo de Leal y el municipio de Circasia Quindío, durante los periodos
comprendidos del 9 de marzo de 2009 al 31 de marzo de 2010; del 1| de febrero de
2012 al 8 de mayo de 2013; del 17 de junio al 30 de septiembre de 2013; y del 1°
de julio de 2014 al 30 de noviembre de 2015, salvo las interrupciones verificadas.

CUARTO. – DECLARAR la prescripción de las acreencias laborales causadas
durante los periodos del 9 de marzo de 2009 al 31 de marzo de 2010, del 1 de
febrero de 2012 al 8 de mayo de 2013 y del 17 de junio al 30 de septiembre de
2013, con excepción de las obligaciones relativas al pago de aportes al sistema de
seguridad social en pensión, en el porcentaje que correspondía al empleador.

QUINTO. - A título de restablecimiento del derecho, ordénese al municipio de
Circasia, pagar a la señora Margarita Riobo de Leal las correspondientes
prestaciones sociales de orden legal devengadas por un servidor de la misma
categoría, vinculado laboralmente a la planta de la entidad, así como la
compensación por vacaciones, liquidadas sobre el salario de estos en relación a
los periodos del 1° de julio de 2014 al 30 de noviembre de 2015.

Ordenar al municipio de Circasia, Quindío el reconocimiento y pago del reajuste
salarial, es decir, al pago a favor de la demandante de la diferencia que surja a su

34

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favor entre lo percibido por concepto de honorarios y lo devengado por un empleado
planta.

SEXTO.- A título de restablecimiento del derecho, ordénese al municipio de Circasia
cotizar, a favor de la señora Margarita Riobo de Leal, al respectivo fondo de
pensiones donde esta se encuentre afiliada, las diferencias que surjan entre los
aportes efectivamente realizados y los que le correspondía asumir como empleador,
si las hubiere, por los periodos comprendidos entre el 9 de marzo de 2009 al 31 de
marzo de 2010, del 1° de febrero de 2012 al 8 de mayo de 2013, del 17 de junio al
30 de septiembre de 2013, y del 1° de julio de 2014 al 30 de noviembre de 2015
(salvo las interrupciones), en los términos indicados en la parte motiva de esta
providencia.

La señora Margarita Riobo de Leal acreditará las cotizaciones efectuadas al
mencionado sistema durante estos vínculos contractuales y si no las hubiese hecho
o se verificara diferencia alguna en su contra, tendrá la obligación de completar o
cancelar, según corresponda, el porcentaje que le concernía como trabajador

SÉPTIMO. - Sin condena en costas en esta instancia.

OCTAVO. - Negar las demás pretensiones de la demanda.

NOVENO. - Por Secretaría, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Aclara voto
Cfr. Rad. AV. 05001-23-33-000-2020-00472-
01 (1251-2024)

35

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Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
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