República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 66001-23-33-000-2017-00463-02
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
28 de mayo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá D.C., veintiocho (28) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 66001-23-33-000-2017-00463-02 (7579-2023)
Demandante: Antonio Arenas Rodríguez
Demandado: Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA–
Tema: relación laboral encubierta – instructor del Sena. Subtema. Intermediación
laboral a través de cooperativa de trabajo asociado.
Sentencia de segunda instancia
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver
el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia
proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda, Sala Cuarta de Decisión el 14
de septiembre de 2023, que accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda.
1. Síntesis del caso
El accionante celebró contratos de prestación de servicios con el Sena como
instructor, cuya duración se extendió por más de trece años. Solicitó la nulidad del
oficio que negó el reconocimiento de una relación laboral con la anterior entidad.
El Tribunal Administrativo de Risaralda accedió parcialmente a las pretensiones de
la demanda al considerar que se acreditaron los elementos propios de la relación
de trabajo. No obstante, se declaró la prescripción de lo causado con anterioridad
al 9 de marzo de 2012.
La Subsección confirmará la sentencia de primera instancia toda vez que la parte
demandante acreditó la existencia de una relación laboral en la prestación del
servicio como instructor del Sena. En efecto, demostró la prestación personal del
servicio, la remuneración y la subordinación continua. También se estima que operó
la prescripción de lo reclamado con anterioridad al 9 de marzo de 2012 dada la
pérdida de la solución de continuidad en los contratos suscritos con anterioridad a
tal fecha.
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Radicación: 66001-23-33-000-2017-00463-02 (7579-2023)
Demandante: Antonio Arenas Rodríguez
Demandado: Sena
2. Antecedentes
2.1. La demanda
1. Por medio de escrito del 11 de agosto de 20171, el señor Antonio Arenas
Rodríguez, por conducto de apoderada, presentó demanda en ejercicio del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho, en contra del Servicio Nacional
de Aprendizaje (en adelante Sena) según las pretensiones, hechos y fundamentos
de derecho que a continuación se sintetizan2.
2. Solicitó que se declare la nulidad del Oficio 2-2017-000341 del 14 de febrero
de 2017, por medio del cual la entidad accionada le negó el reconocimiento de las
prestaciones sociales y acreencias laborales, y del Oficio 2-2017-000622 del 22 de
febrero de 2017 que lo confirmó.
3. Pidió que se declare que existió una relación laboral entre él y el Sena,
durante la suscripción de múltiples contratos de prestación de servicios desde el 1
de octubre de 2002 hasta el 30 de diciembre de 2015.
4. A título de restablecimiento, solicitó que se ordene a la parte demandada a
reconocer y pagar las prestaciones sociales dejadas de percibir —vacaciones;
primas de vacaciones, navidad y de servicios; cesantías; intereses de cesantías;
bonificación por servicios prestados; bonificación por recreación; auxilio de
alimentación; aportes a pensión y salud—, por la labor desempeñada en la entidad.
Lo anterior, en igualdad de condiciones al personal de planta.
5. Pidió que se ordene el pago de la indemnización moratoria; la sanción por no
consignación de las cesantías; que las sumas adeudadas se ajusten de acuerdo
con el IPC. A su vez, solicitó que se dé cumplimiento al fallo, de conformidad con
los artículos 187, 192 y 195 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (en adelante CPACA); y que se condene en costas a la
parte demandada.
2.1.1. Hechos
6. La Sala sintetiza los hechos de la demanda, así:
7. El señor Antonio Arenas Rodríguez celebró con el Sena contratos de
prestación de servicios desde el 1 de octubre de 2002 hasta el 30 de diciembre de
2015, para impartir formación en el Centro de Atención Integral del Sector
Agropecuario (CAISA) y en la Unidad de Emprendimiento. Durante la relación
contractual se le exigió la prestación personal del servicio, de forma continua, con
1 Samai, índice 02, expediente digital, archivo ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar), carpeta cuaderno principal,
documento 6_CUADERNO1-2.PDF, pág. 174
2 Samai, índice 02, expediente digital, archivo ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar), carpeta cuaderno principal,
documento 4_CUADERNO1.PDF, págs. 2 a 25.
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Demandante: Antonio Arenas Rodríguez
Demandado: Sena
elementos de trabajo asignados; debía ceñirse a las funciones predeterminadas por
la entidad y cumplir un horario estricto de trabajo.
8. El 9 de febrero de 2017, solicitó a la demandada el reconocimiento de una
relación laboral y el pago de las prestaciones sociales y acreencias laborales,
derivados de esta. Tal petición fue negada por el director regional de Risaralda a
través del Oficio 2-2017-000341 del 14 de febrero de 2017.
9. Inconforme con la decisión, el demandante interpuso recurso de apelación;
no obstante, al no ser este procedente, mediante el Oficio 2-2017-000622 del 22 de
febrero de 2017, se decidió no reponer.
2.1.2. Normas violadas y concepto de violación
10. En la demanda se citaron las siguientes normas como vulneradas:
• De la Constitución Política, los artículos 1, 2, 6, 13, 25, 53, 122, 123 y 125.
• Ley 80 de 1993.
• Ley 115 de 1994.
• Decreto 3135 de 1968.
• Decreto 1424 de 1998.
• Decreto 1426 de 1998.
11. La parte demandante adujo que el Sena al negar el reconocimiento de los
derechos reclamados desconoció la obligación que tiene el Estado de garantizar
que las relaciones laborales se desarrollen en condiciones dignas y justas. Señaló
que la entidad vulneró el principio de igualdad, previsto en el artículo 13 de la
Constitución Política al reconocer esos derechos a otras personas vinculadas en
circunstancias similares de subordinación y dependencia, pero negarlos al
demandante. Igualmente, indicó que el artículo 53 Superior fue desconocido, en
tanto la vinculación del señor Antonio Arenas Rodríguez reunía los elementos
propios del contrato de trabajo —prestación personal del servicio, subordinación y
remuneración—, de modo que debía imponerse el principio de primacía de la
realidad sobre las formas.
12. Afirmó que la labor de formación del Sena no se puede realizar de forma
independiente, sino que se presta de forma personal y subordinada al cumplimiento
de los reglamentos, fines y principios del servicio público de la educación, sin que
el instructor goce de autonomía frente a la actividad desarrollada.
13. Sostuvo que la función de instructor corresponde a un empleo de carácter
permanente, cuyas actividades deben ser desempeñadas por personas vinculadas
mediante relación legal y reglamentaria o contrato de trabajo, y no a través de
contratos de prestación de servicios, los cuales son de naturaleza excepcional y
temporal. Señaló que utilizar esa figura contractual para satisfacer necesidades
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Radicación: 66001-23-33-000-2017-00463-02 (7579-2023)
Demandante: Antonio Arenas Rodríguez
Demandado: Sena
administrativas permanentes constituye una práctica que contraría las normas
invocadas. Al respecto, indicó que tanto la Contraloría General de la República
como la Procuraduría General de la Nación le hicieron advertencias al Sena sobre
las consecuencias de ocultar contratos de trabajo mediante la contratación con
cooperativas o contratos de prestación de servicios.
14. Manifestó que durante el periodo de vinculación se acreditaron los tres
elementos constitutivos de una relación laboral. En primer lugar, afirmó que existió
prestación personal del servicio, toda vez que ejecutó las labores de manera directa
y personal, con dedicación de ocho horas diarias. En segundo lugar, indicó que
percibió una remuneración periódica y regular como contraprestación por los
servicios prestados.
15. En tercer lugar, señaló que se configuró el elemento de subordinación o
dependencia laboral, el cual se materializó a través del cumplimiento de horarios, la
recepción de órdenes directas de los supervisores, coordinadores y jefes o líderes,
diseñar sesiones de clase según la metodología prescrita por el Sena, orientar la
formación conforme a las técnicas didácticas activas y de aprendizaje por proyectos
dispuestas por la entidad, participar en comités de evaluación, jornadas
pedagógicas, de integración y de capacitación.
16. Finalmente, en relación con la vinculación que tuvo a través de la Cooperativa
de Trabajadores Asociados —Cotraser—, afirmó que las cláusulas de los contratos
suscritos entre el Sena y dicha cooperativa desnaturalizaban el trabajo asociado, en
cuanto la demandada se reservaba el derecho de aceptar o rechazar al personal,
imponía el retiro del asociado sin justificación y exigía la certificación del jefe de
dependencia para el pago, lo que evidenciaba subordinación directa del trabajador
frente a la entidad beneficiaria del servicio, en los términos proscritos por el Decreto
4588 de 2006.
2.2. Contestación de la demanda
17. La entidad accionada se opuso a las pretensiones de la demanda y solicitó
que se negaran. Como excepciones propuso la de caducidad, prescripción y cobro
de lo no debido3.
18. Manifestó que entre el demandante y la entidad nunca existió subordinación
ni dependencia, sino una relación de coordinación de actividades necesaria para el
desarrollo eficiente del contrato de prestación de servicios. Destacó que los
contratos suscritos establecían de manera clara el objeto, el período, las funciones
y los honorarios del contratista, y que en el texto mismo de cada contrato se estipuló
expresamente que no generaban relación laboral entre las partes.
3 Samai, índice 02, expediente digital, archivo ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar), carpeta cuaderno principal,
documento 6_CUADERNO1-2.PDF, págs. 192 a 256.
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Demandante: Antonio Arenas Rodríguez
Demandado: Sena
19. Adujo que para acreditar la existencia de una relación laboral es
indispensable probar, de manera incontrovertible, los tres elementos que la
configuran —prestación personal del servicio de manera permanente, remuneración
y, especialmente, subordinación y dependencia—, de modo que no quede duda del
desempeño del contratista en las mismas condiciones que cualquier otro servidor
público, sin que la subordinación alegada se enmarque en una simple relación de
coordinación para el desarrollo del contrato.
20. Señaló que el cumplimiento de horarios y la realización de actividades en las
instalaciones de la entidad no configuran per se subordinación, en tanto que estas
condiciones no son exclusivas de las relaciones laborales, sino que también pueden
pactarse en negocios jurídicos de naturaleza contractual, cuando ello resulta
razonable para el buen desarrollo de lo convenido. Citó jurisprudencia de la Sala de
Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia —sentencia del 4 de mayo de
2001, expediente 15678— para sustentar que la subordinación no se configura
automáticamente por el hecho de que las partes convengan horarios de prestación
de servicios o la realización de las labores dentro de las instalaciones de la entidad,
y que, para esclarecer dicho elemento, es necesario analizar el conjunto de factores
determinantes del vínculo jurídico y no aisladamente.
21. Indicó que los pagos realizados al demandante lo fueron siempre a título de
honorarios y nunca de salarios, de manera que tampoco se generó obligación legal
de pagar las sumas reclamadas en la demanda. Agregó que pretender equiparar a
un contratista con un funcionario público por el solo hecho de tener un contrato con
una entidad pública desconoce los requisitos constitucionales y legales que rigen el
ingreso al servicio público, y contraviene el principio de buena fe que debe observar
todo ciudadano que suscribe contratos conociendo sus condiciones de tiempo,
modo y lugar de cumplimiento.
22. Citó apartes de una sentencia dictada el 23 de febrero de 2015 por el Juzgado
Doce Administrativo Oral del Circuito de Cartagena, en la que, en un proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho contra el Sena, se concluyó que no se
acreditó la existencia de los elementos propios de la relación laboral —en particular,
la subordinación— y que, por ende, las pretensiones no estaban llamadas a
prosperar. Citó también jurisprudencia del Consejo de Estado según la cual, para
que prospere la declaración de la relación laboral encubierta, es necesario acreditar
fehacientemente que el supuesto contratista desempeñó funciones en las mismas
condiciones de subordinación y dependencia que sujetarían a cualquier otro
servidor público, de modo que las actividades realizadas no sean de aquellas
propias de la relación de coordinación entre las partes.
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Radicación: 66001-23-33-000-2017-00463-02 (7579-2023)
Demandante: Antonio Arenas Rodríguez
Demandado: Sena
2.3. Sentencia de primera instancia
23. El Tribunal Administrativo de Risaralda, Sala Cuarta de Decisión, mediante
sentencia del 14 de septiembre de 2023, accedió parcialmente a las pretensiones
de la demanda y se abstuvo de condenar en costas4.
24. Afirmó que según el certificado expedido por el gerente liquidador de la
Cooperativa de Trabajo Asociado para la Formación y la Educación Cotraser CTA,
el señor Antonio Arenas Rodríguez fue asociado a tal cooperativa, desde el 1 de
octubre de 2002 hasta el 16 de diciembre de 2009 y prestó sus servicios como
instructor en el Centro de Atención Integral del Sector Agropecuario (CAISA) y en la
Unidad de Emprendimiento del Sena Regional Risaralda. Aunado a los contratos de
prestación de servicios y los testimonios, se acreditó que la labor se ejerció de
manera personal y la continuó hasta el 30 de diciembre de 2015.
25. Consideró que se logró probar el elemento de la remuneración de conformidad
con los comprobantes de nómina correspondientes al período de vinculación con
Cotraser, así como de los contratos de prestación de servicios suscritos
directamente con el Sena entre 2010 y 2015 —contratos 0083, 0042, 0501, 0112,
0503 y 0168—, en los que se pactaron honorarios mensuales periódicos,
evidenciándose consistencia y regularidad en los pagos a lo largo de toda la
vinculación.
26. Destacó que la subordinación no se presume respecto de los instructores del
Sena por tratarse de formación no formal en los términos de la Ley 115 de 1994 y
del Decreto 1424 de 1998, a diferencia de lo que ocurre en la docencia de educación
formal, de manera que recae sobre el demandante la carga de acreditarla. Al
respecto, consideró que dicha carga fue satisfecha en el asunto bajo análisis, toda
vez que se demostró que el demandante cumplía horario de 42,5 horas semanales
—idéntico al de los empleados de planta—, que la coordinación académica le
asignaba los grupos, determinaba los lugares de atención —incluyendo municipios
distintos a Pereira—, programaba las reuniones y autorizaba los permisos, sin que
el demandante gozara de autonomía para distribuir su tiempo.
27. Que los testigos fueron contundentes al señalar que no existía diferencia
alguna entre las funciones, horarios, reuniones y responsabilidades del demandante
y las de los instructores vinculados en planta, añadiendo que en algunos casos la
carga impuesta a los contratistas era incluso mayor. Adicionalmente, las actas de
reuniones aportadas al proceso evidenciaron que se les impartían instrucciones, se
les asignaban compromisos con fechas de entrega y se les advertía sobre llamados
de atención ante el incumplimiento de obligaciones como el pago oportuno de la
seguridad social, lo que es muestra de la expresión del poder disciplinario del
empleador.
4 Samai, índice 02, expediente digital, archivo ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar), carpeta cuaderno principal,
documento 026_023SENTENCIAPRIMERAINSTANCIA.pdf.
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Radicación: 66001-23-33-000-2017-00463-02 (7579-2023)
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28. Concluyó que el Sena desnaturalizó la figura del contrato de prestación de
servicios para encubrir una verdadera relación laboral, razón por la cual declaró su
existencia en aplicación del principio de primacía de la realidad consagrado en el
artículo 53 de la Constitución Política, y dispuso el reconocimiento de las
prestaciones sociales dejadas de pagar.
29. Aclaró que como el reconocimiento de la existencia de la relación laboral no
implica conferir al demandante la condición de empleado público, según lo ha
definido en su jurisprudencia esta corporación, las prestaciones sociales se
liquidarían tomando como base los honorarios fijados en los contratos de prestación
de servicios correspondientes al periodo en que deban reconocerse.
30. Precisó que, si bien existió una interrupción en los contratos y labores
desempeñadas por el accionante en el periodo comprendido del 26 de noviembre
de 2010 al 11 de febrero de 2011 de 52 días y del 16 de diciembre de 2011 al 9 de
marzo de 2012 de 59 días, que se reanudó de manera sucesiva a partir del 9 de
marzo de 2012, lo cierto es que la reclamación administrativa se presentó el 9 de
febrero de 2017. Por ende, se configuró la prescripción de los periodos anteriores
al 9 de marzo de 2012.
31. Definió que el IBC pensional del accionante se debía calcular mes a mes, a fin
de establecer si existía alguna diferencia entre los aportes realizados por él como
contratista y los que se debieron efectuar, caso en el cual se ordenaría al Sena
cotizar al respectivo fondo de pensiones la suma faltante por concepto de aportes a
pensión, pero solo en el porcentaje que le correspondía en su calidad de empleador.
Para tales efectos, la parte actora debería acreditar las cotizaciones que realizó al
sistema durante los vínculos contractuales y en la eventualidad de que no las
hubiese hecho o existiese diferencia en su contra, tendrá la carga de pagar o
completar, según sea el caso, el porcentaje que le incumbía como trabajador.
2.4. Recurso de apelación
32. La parte demandada apeló la sentencia de primera instancia. Solicitó que se
revoque la decisión y se nieguen las pretensiones de la demanda, bajo los
siguientes argumentos5:
33. Aceptó que en el proceso quedaron demostrados los elementos de la
prestación personal del servicio y la remuneración a título de honorarios, y centró
su inconformidad en que los testimonios recaudados —rendidos por los señores
Nelson López Hincapié y Óscar Iván Gutiérrez Jaramillo— no constituyen prueba
suficiente ni contundente para acreditar la subordinación. Sostuvo que ambos
declarantes depusieron fundamentalmente sobre sus propias condiciones como
empleados o contratistas del Sena, y no sobre hechos percibidos de manera directa
y personal respecto del señor Antonio Arenas Rodríguez.
5 Samai, índice 02, expediente digital, archivo ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar), carpeta cuaderno principal,
documento 032_026RECURSOSENA.pdf.
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Radicación: 66001-23-33-000-2017-00463-02 (7579-2023)
Demandante: Antonio Arenas Rodríguez
Demandado: Sena
34. Refirió que los testigos, al referirse al horario, a las instrucciones recibidas y a
las comisiones a municipios del departamento, describieron su propia experiencia
laboral dentro de la institución y extrapolaron esas condiciones a la situación
particular del accionante, sin que mediara una apreciación directa y verificable de
los hechos que narraban. Precisó que era lógicamente imposible que los
declarantes hubieran presenciado de manera simultánea las actividades del
demandante en los distintos municipios donde este supuestamente prestó sus
servicios, dado que cada uno debía atender sus propios grupos en lugares distintos.
35. Explicó, además, que el hecho de que testigo y demandante pertenecieran al
mismo centro de formación y ejercieran funciones similares no era suficiente para
que el primero pudiera dar fe de las condiciones específicas bajo las cuales el
segundo prestaba sus servicios. Alegó que los testimonios equivalen a simples
inferencias deducidas de la propia situación del declarante, y no a declaraciones
concisas y claras sobre la subordinación del accionante.
2.5. Trámite procesal en segunda instancia
36. Mediante auto del 18 de abril de 2024 se admitió el recurso de apelación
presentado por la parte demandada, y se prescindió del traslado para alegar de
conclusión, en aplicación de la Ley 2080 de 2021, toda vez que no se solicitaron
pruebas en segunda instancia6.
2.6. Ministerio Público
37. La Procuraduría Tercera Delegada7 ante el Consejo de Estado no rindió
concepto.
3. Consideraciones
3.1. Competencia
38. El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, es competente
para conocer de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias
proferidas en primera instancia por los tribunales administrativos, de conformidad
con el artículo 150 del CPACA.
3.2. Problema jurídico
39. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación contra
el fallo de primera instancia, y teniendo en cuenta que, según el artículo 328 del
Código General del Proceso, el juez de segunda instancia debe pronunciarse
6 Samai, índice 04, expediente digital, archivo 7Auto que admite OKADMITEAPELACIONSEN(.docx).
7 Samai, índice 07, expediente digital, archivo Soporte notificación Auto que admite recu(.pdf).
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Demandante: Antonio Arenas Rodríguez
Demandado: Sena
solamente sobre los argumentos expuestos en el recurso de alzada, corresponde a
la Sala definir si:
40. ¿Existió una relación laboral entre la entidad accionada y el demandante,
quien ejerció como instructor a partir de la vinculación a través de la cooperativa de
trabajo asociado y de los contratos de prestación de servicios celebrados con el
Sena?
41. Para resolver el interrogante planteado, la Sala abordará los siguientes temas:
(1) relación laboral encubierta; (2) distinción entre coordinación y subordinación; (3)
la carga de la prueba y los indicios frente al elemento de subordinación; (4)
naturaleza de las funciones desempeñadas por los instructores del Sena y su
correspondencia con las labores permanentes de la entidad; (5) las cooperativas de
trabajo asociado y las empresas de intermediación laboral.
3.3. Marco normativo y jurisprudencial
3.3.1. Relación laboral encubierta. Reiteración jurisprudencial
42. La jurisprudencia unificada de esta corporación8 abordó la relación laboral
encubierta al indicar que aunque el numeral tercero del artículo 32 de la Ley 80 de
1993 establece expresamente que los contratos de prestación de servicios no
constituyen una fuente de relación laboral ni generan la obligación de reconocer y
pagar prestaciones sociales, tanto el Consejo de Estado como la Corte
Constitucional han reconocido que dicha regla no aplica cuando se acreditan los
elementos esenciales de un vínculo laboral.
43. Lo anterior encuentra sustento en el mandato constitucional contenido en el
artículo 53 de la Carta Política, conforme al cual debe privilegiarse la realidad sobre
las formalidades. En consecuencia, cuando bajo la apariencia formal de un contrato
de prestación de servicios se oculta una verdadera relación laboral, surge para la
administración la obligación de reconocer las prestaciones sociales y derechos
laborales derivados de dicha relación.
44. Sin embargo, aun cuando se constate la existencia de los elementos que
configuran una relación laboral, no puede atribuirse la condición de empleado
público a quien haya prestado sus servicios en estas circunstancias.
45. Por lo tanto, la Sección resaltó que «el Código Sustantivo del Trabajo, en sus
artículos 23 y 24, recoge a nivel legal, como elementos que configuran la relación
laboral, los siguientes: i) la actividad personal del trabajador; ii) la continuada
subordinación o dependencia del trabajador respecto del empleador; y, iii) un salario
como retribución del servicio. Con base en estos presupuestos, esta corporación ha
determinado la existencia del vínculo laboral en contratos de prestación de servicios,
8 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 9 de septiembre de 2021, proceso con
radicado 05001-23-33-000-2013-01143-01 (1317-2016).
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pues a falta de un estatuto del trabajo, es este, y no otro, el marco jurídico que ofrece
el ordenamiento, junto con los principios fundamentales del artículo 53 superior,
para hacer efectiva la garantía de los derechos de las personas que se relacionan
laboralmente con el Estado»9.
46. Ahora bien, dicho fallo de unificación expuso los criterios para identificar la
existencia de una relación laboral encubierta, los cuales, al ser valorados en
conjunto bajo los principios de la sana crítica, permiten al juez verificar la
subordinación continuada y, en consecuencia, declarar la relación laboral oculta
detrás del ropaje formal del contrato de prestación de servicios.
47. Entre ellos, los elementos que determinan la existencia de la subordinación
son que el lugar de prestación del servicio corresponda a las instalaciones de la
entidad, con la imposición de un horario o turnos, con la dirección y control que se
materializa en las órdenes sobre el modo, tiempo y cantidad del trabajo, la
participación en reuniones obligatorias y el seguimiento de superiores jerárquicos.
También son elementos indicativos de la subordinación que las actividades
contratadas correspondan al objeto misional de la entidad con funciones
equivalentes a los empleados de planta de personal.
48. En este orden de ideas, la Sección consideró en cuanto a la definición de la
subordinación y su carácter determinante que «de acuerdo con el artículo 23 del
Código Sustantivo del Trabajo, la subordinación o dependencia del trabajador
constituye el elemento determinante que distingue la relación laboral de las demás
prestaciones de servicios, pues encierra la facultad del empleador para exigirle al
empleado el cumplimiento de órdenes, imponerle jornada y horario, modo o cantidad
de trabajo, obedecer protocolos de organización y someterlo a su poder
disciplinario»10.
49. Así mismo, la dirección y control efectivo por parte de la administración son
formas de subordinación cuando se alejan del ejercicio normal de la coordinación
con el contratista. Por otra parte, no puede descartarse prima facie la existencia de
una relación laboral en los eventos donde el objeto contratado consiste en el
desempeño de carreras profesionales liberales «pues, en la práctica, tales
actividades son requeridas frecuentemente para satisfacer el objeto misional de la
entidad»11.
50. En contraposición, la Sección expuso cuáles son las características del
contrato estatal de prestación de servicios, según la jurisprudencia, así:
Solo puede celebrarse por un «término estrictamente indispensable» y para
desarrollar «actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la
9 Ibídem.
10 Idem.
11 Idem.
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entidad», y no cabe su empleo para la cobertura indefinida de necesidades
permanentes o recurrentes de esta.
88. (ii) Permite la vinculación de personas naturales o jurídicas; sin embargo, en estos
casos, la entidad deberá justificar, en los estudios previos, por qué las actividades
«no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos
especializados».12
89. (iii) El contratista conserva un alto grado de autonomía para la ejecución de la
labor encomendada. En consecuencia, no puede ser sujeto de una absoluta
subordinación o dependencia. De ahí que el artículo 32, numeral 3 de la Ley 80 de
1993 determina que «En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni
prestaciones sociales».13
90. A este respecto, conviene aclarar que lo que debe existir entre contratante y
contratista es una relación de coordinación de actividades, la cual implica que el
segundo se somete a las condiciones necesarias para el desarrollo eficiente del objeto
contractual, como puede ser el cumplimiento de un horario o el hecho de recibir una
serie de instrucciones de sus superiores, o tener que reportar informes sobre sus
resultados.14
91. En definitiva, los contratistas estatales son simplemente colaboradores episódicos
y ocasionales de la Administración, que vienen a brindarle apoyo o acompañamiento
transitorio a la entidad contratante, sin que pueda predicarse de su vinculación algún
ánimo o vocación de permanencia.
51. A partir del análisis normativo y jurisprudencial, la providencia de unificación
del 9 de septiembre de 2021 de la Sección Segunda determinó que los contratos de
prestación de servicios no pueden celebrarse para cumplir de manera definitiva las
funciones permanentes de la entidad, y que su objeto debe atender únicamente
necesidades temporales, contingentes o excepcionales. Por tanto, con estos
contratos «no pueden suplirse, de manera definitiva, las funciones permanentes o
misionales de las entidades, pues su ejercicio solo corresponde a vinculaciones
legales y reglamentarias». De tal suerte, cuando se acredite que el contratista
cumplió de forma subordinada funciones misionales, permanentes y propias del
personal de planta, debe reconocerse la existencia de una relación laboral
encubierta.
52. Así pues, la Sección Segunda del Consejo de Estado, en la mencionada
sentencia de unificación del 9 de septiembre de 2021, unificó la jurisprudencia en el
12 Por ejemplo, cuando no exista personal de planta para realizar las labores, o, existiendo, es necesario un
apoyo externo por exceso de trabajo; o porque el personal de planta carece de la experticia o conocimiento
especializado necesario para llevar a buen término la actividad encomendada a la entidad.
13 Ahora bien, a pesar de los términos imperativos en que aparece redactada la citada norma, es posible que
en la práctica se configure una relación laboral, pues el contrato de trabajo es de realidad, y para perfeccionarlo
rige el principio de prevalencia de la realidad sobre las formas. Al respecto, la Corte Constitucional, en sentencia
C-154 de 1997, declaró la exequibilidad condicionada del segundo inciso del numeral 3º del artículo 32,
indicando que «las expresiones acusadas del numeral 3º del artículo 32 de la Ley exequibles, salvo que se
acredite por parte del contratista la existencia de una relación laboral subordinada».
14 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo; sentencia de 18 de noviembre de 2003,
proceso con radicado IJ-0039. M.P. Nicolás Pájaro Peñaranda.
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sentido de precisar las siguientes reglas en las relaciones laborales encubiertas o
subyacentes:
(i) La primera regla define que el concepto de «término estrictamente
indispensable», al que alude el numeral 3.º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, es el
señalado en los estudios previos y en el objeto del contrato, el cual, de acuerdo con
el principio de planeación, tiene que estar justificado en la necesidad de la prestación
del servicio a favor de la Administración, de forma esencialmente temporal y, de
ninguna manera, con ánimo de permanencia.
(ii) La segunda regla establece un periodo de treinta (30) días hábiles, entre la
finalización de un contrato y la ejecución del siguiente, como término de la no
solución de continuidad, el cual, en los casos que se exceda, podrá flexibilizarse en
atención a las especiales circunstancias que el juez encuentre probadas dentro del
expediente.
(iii) La tercera regla determina que, frente a la no afiliación al sistema de la Seguridad
Social en Salud, por parte de la Administración, es improcedente la devolución de los
valores que el contratista hubiese asumido de más, en tanto se recaudaron como
recursos de naturaleza parafiscal.
53. La Sección Segunda estableció «un término de treinta (30) días hábiles como
límite temporal para que opere la solución de continuidad entre los contratos de
prestación de servicios. Un término que no debe entenderse como “una camisa de
fuerza” que impida tener en cuenta un mayor periodo de interrupción, sino como un
marco de referencia para la Administración, el contratista y el juez de la controversia,
de cara a determinar la no solución de continuidad; en especial para este último,
que en cada caso concreto habrá de sopesar los elementos de juicio que obren
dentro del plenario, cuando el tiempo entre cada contrato sea más extenso del aquí
indicado».
54. En otras palabras, corresponde al juez evaluar en cada caso concreto si
existen interrupciones justificadas entre cada contrato superiores a 30 días hábiles.
Esta regla de la sentencia de unificación se sustenta en los siguientes argumentos:
(a) Continuidad del vínculo laboral pese a interrupciones breves: La Sala
consideró que, si se suspende la prestación del servicio por un periodo de hasta 30
días hábiles, no se rompe la relación laboral previamente reconocida, lo que permite
mantener la unidad del vínculo laboral para efectos legales.
(b) Conformidad con la evolución jurisprudencial de la relación laboral
encubierta. La jurisprudencia ha venido afinando los criterios sobre la prescripción
en casos de relaciones laborales encubiertas, y este plazo de 30 días hábiles es el
que más protege los derechos del trabajador, y por eso se considera el más
adecuado para cumplir el fin de la jurisdicción contenciosa-administrativa.
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(c) Razonabilidad del plazo para evaluar la naturaleza del nuevo contrato: En
la práctica, 30 días hábiles es un tiempo razonablemente suficiente «para
determinar si lo que se pacta es un nuevo contrato, una adición o una prórroga de
otro anterior, puesto que en muchos casos en los que se ha encontrado que existe
la relación laboral encubierta o subyacente, se ha advertido que se presentan tales
interrupciones, superiores, incluso, a un mes».
3.3.2. Distinción entre coordinación y subordinación
55. La coordinación en los contratos de prestación de servicios implica que el
contratista ejecute sus tareas con independencia y autonomía, de modo que no
debe recibir órdenes para el ejercicio de sus actividades. Lo que no excluye «que
se puedan fijar horarios, solicitar informes o establecer medidas de supervisión o
vigilancia, siempre que dichas acciones no desborden su finalidad, y conviertan tal
coordinación en la subordinación propia del contrato de trabajo»15.
56. Asimismo, esta corporación consideró, en el fallo de unificación del 9 de
septiembre de 202116, que entre el contratante y contratista existe «una relación de
coordinación de actividades, la cual implica que el segundo se somete a las
condiciones necesarias para el desarrollo eficiente del objeto contractual, como
puede ser el cumplimiento de un horario o el hecho de recibir una serie de
instrucciones de sus superiores, o tener que reportar informes sobre sus
resultados»17.
57. En cuanto a la subordinación, esta providencia de unificación precisó que
implica órdenes obligatorias, imposición de jornada, protocolos internos y poder
disciplinario. La presencia de estos elementos evidencia la existencia de una
relación laboral encubierta, sobre todo si las actividades contratadas son las mismas
que desarrollan los empleados de planta.
58. Ahora bien, la jurisprudencia identifica varios aspectos o criterios para detectar
la subordinación: (1) uso de instalaciones de la entidad; (2) cumplimiento de horarios
rígidos; (3) dirección y control efectivo por parte de la entidad; y (4) similitud entre
funciones del contratista y las del personal de planta. Se reitera que incluso en
profesiones liberales (como abogados), puede haber subordinación si se pierde la
autonomía técnica propia de la contratación independiente. Para mejor ilustración
se traen a colación los apartes pertinentes del fallo de unificación:
a) El lugar de trabajo. Considerado como el sitio o espacio físico facilitado por la
entidad para que el contratista lleve a cabo sus actividades. Sin embargo, ante el
surgimiento de una nueva realidad laboral, fruto de las innovaciones tecnológicas,
esta Sala Plena estima necesario matizar esta circunstancia, por lo que el juzgador
15 Corte Suprema de Justicia, sentencia SL1577-2023.
16 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 9 de septiembre de 2021, proceso con radicado 05001-
23-33-000-2013-01143-01 (1317-2016).
17 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo; sentencia de 18 de noviembre de 2003,
proceso con radicado IJ-0039. M.P. Nicolás Pájaro Peñaranda.
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habrá de valorarla, en cada caso concreto, atendiendo a las modalidades permitidas
para los empleados de planta.
b) El horario de labores. Normalmente, el establecimiento o imposición de una
jornada de trabajo al contratista no implica, necesariamente, que exista subordinación
laboral y, por consiguiente, que la relación contractual sea simulada. Así, ciertas
actividades de la Administración (servicios de urgencia en el sector salud o vigilancia,
etc.) necesariamente requieren la incorporación de jornadas laborales y de turnos
para atenderlas. Por ello, si bien la exigencia del cumplimiento estricto de un horario
de trabajo puede ser indicio de la existencia de una subordinación subyacente, tal
circunstancia deberá ser valorada en función del objeto contractual convenido.
c) La dirección y control efectivo de las actividades a ejecutar. Bien sea a través
de la exigencia del cumplimiento de órdenes en cualquier momento, en cuanto al
modo, tiempo o cantidad de trabajo, o la imposición de reglamentos internos, o el
ejercicio del poder de disciplina o del ius variandi,18 la dirección y control efectivo de
las actividades del contratista constituye uno de los aspectos más relevantes para
identificar la existencia o no del elemento de la subordinación. En ese sentido, lo que
debe probar el demandante es su inserción en el círculo rector, organizativo y
disciplinario de la entidad, de manera que demuestre que esta ejerció una influencia
decisiva sobre las condiciones en que llevó a cabo el cumplimiento de su objeto
contractual. Así, cualquier medio probatorio que exponga una actividad de control,
vigilancia, imposición o seguimiento por parte de la entidad, que en sana crítica se
aleje de un ejercicio normal de coordinación con el contratista, habrá de ser valorado
como un indicio claro de subordinación.
d) Que las actividades o tareas a desarrollar correspondan a las que tienen
asignadas los servidores de planta, siempre y cuando se reúnan los elementos
configurativos de la relación laboral. El hecho de que el servicio personal
contratado consista en el cumplimiento de funciones o en la realización de tareas
idénticas, semejantes o equivalentes a las asignadas en forma permanente a los
funcionarios o empleados de planta de la entidad, puede ser indicativo de la existencia
de una relación laboral encubierta o subyacente, siempre y cuando en la ejecución de
esas labores confluyan todos los elementos esenciales de la relación laboral a los que
se refiere el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo. En ese orden de ideas,
incumbe al actor demostrar, además de la prestación personal de sus servicios a
cambio de una remuneración, la existencia de unas condiciones de subordinación o
dependencia, en las que el representante de la entidad contratante o la persona que
él designe, ostentó la facultad de exigirle el cumplimiento de órdenes perentorias y de
obligatoria observancia. Por consiguiente, el interesado deberá acreditar, además de
la permanencia de sus servicios, que la labor desarrollada se enmarca en el objeto
misional de la entidad.
18 A este respecto: Guerrero Figueroa Guillermo: Manual del derecho del trabajo. Bogotá, Leyer,1996, págs. 54
y 55.
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3.3.3. De la carga de la prueba y los indicios frente al elemento de la
subordinación
59. Cuando se trata del elemento de la subordinación que el contratista debe
demostrar para que proceda la declaratoria de la relación laboral, la jurisprudencia
ha expuesto una serie de indicios que prueban que se oculta tras un contrato de
prestación de servicios.
60. Ciertamente, las partes en el proceso tienen el deber de acreditar los
supuestos de hecho de las normas cuya aplicación invocan ante la autoridad
judicial, por ello, ese interés en la causa conlleva a la obligación de «procurar que
las pruebas se practiquen o se aporten»19, y materializa la regla procesal regulada
en el artículo 167 del Código General del Proceso consistente en que «incumbe a
las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto
jurídico que ellas persiguen». Esta norma se lee en consonancia con el artículo 164
idem que regula el principio de necesidad de la prueba, al indicar que «toda decisión
judicial debe fundarse en las pruebas regular y oportunamente allegadas al
proceso».
61. Así pues, cuando se trata de la declaratoria de la existencia de una relación
laboral, la parte interesada debe acreditar la prestación personal del servicio, la
remuneración y la subordinación. En cuanto a este último elemento, en sede de
unificación, la providencia de 2021 identificó los indicios construidos
jurisprudencialmente que llevan a su demostración.
62. En este punto, resulta importante advertir que «la palabra indicio denota “el
fenómeno que permite conocer o inferir la existencia de otro no percibido”»20, de
modo que «el indicio es un hecho que tiene la especial propiedad de mostrar otro
desconocido». Pero ese hecho conocido a partir del cual se realiza la inferencia
debe estar debidamente probado (art. 240 CGP), «requisito central para que a partir
del mismo pueda el juez arribar al hecho desconocido»21.
63. Cabe destacar que el artículo 242 del CGP prevé que el juez apreciará los
indicios en conjunto, teniendo en consideración su gravedad, concordancia y
convergencia, y su relación con las demás pruebas que obren en el proceso. Lo
cual remite a la obligación de apreciar las pruebas en conjunto, acorde con las
reglas de la sana crítica (art. 176 CGP)
64. En consecuencia, estos preceptos hacen énfasis en que el indicio es un hecho
conocido que permite inferir, a través de una deducción lógica, la existencia de otro
hecho desconocido, siempre que el hecho base esté debidamente probado y las
inferencias sean razonables y concatenadas con otras pruebas del proceso.
19 López Blanco, Hernán Fabio, Código General del Proceso, Pruebas, Edit. Dupre, pág. 45.
20 López Blanco, Hernán Fabio, Código General del Proceso, Pruebas, Edit. Dupre, págs. 415 a 416.
21 Idem.
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65. Adicionalmente, la carga probatoria sobre los elementos constitutivos de la
relación laboral se debe entender armónicamente con el principio de carga dinámica
de la prueba, dada la condición de parte débil que ostenta el trabajador frente al
empleador. En tanto, tal como lo regula el artículo 167 del CGP, el juez puede
distribuir la carga de la prueba según las particularidades del caso, en cualquier
momento antes de fallar, por la «cercanía con el material probatorio, por tener en
su poder el objeto de prueba, […] o por estado de indefensión o de incapacidad en
la cual se encuentre la contraparte, entre otras circunstancias similares».
3.3.4. Naturaleza de las funciones desempeñadas por los instructores del Sena
y su correspondencia con las labores permanentes de la entidad
66. El Gobierno nacional expidió el Decreto 118 de 1957, por medio del cual creó
el Servicio Nacional de Aprendizaje —Sena—22, que de conformidad con el Decreto
164 de 195723, se encargaría de dar formación profesional a los trabajadores
jóvenes y adultos de la industria, el comercio, la agricultura, la ganadería y la
minería.
67. La anterior normativa fue subrogada por el Decreto 3123 de 196824, en el que
se estableció dentro de sus funciones la formación profesional a los trabajadores de
todas las actividades económicas y en todos los niveles del empleo.
68. Más adelante, mediante el Decreto 2149 de 199225, el Sena se reestructuró.
En tal sentido, se definió que es un establecimiento público del orden nacional, con
personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, adscrito al
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Como funciones, entre otras, se le asignó:
el diseñar y mantener un sistema nacional de aprendizaje que se ajuste a las
disposiciones que regulan el contrato de aprendizaje; y adelantar, previa aprobación
de las autoridades competentes, programas de formación tecnológica y técnica
profesional.
69. El anterior decreto fue derogado por la Ley 119 de 1994 26, en la que se
mantuvo la naturaleza jurídica de la entidad, y dispuso que su misión radica en
«intervenir en el desarrollo social y técnico de los trabajadores colombianos;
ofreciendo y ejecutando la formación profesional integral, para la incorporación y el
desarrollo de las personas en actividades productivas que contribuyan al desarrollo
social, económico y tecnológico del país». Además, se estableció que el Sena
tendría como objetivo, «dar formación profesional integral a los trabajadores de
todas las actividades económicas, y a quienes, sin serlo, requieran dicha
formación», entre algunos otros.
22 Por el cual se decretan aumentos de salarios, se establece el subsidio familiar y se crea el Servicio Nacional
de Aprendizaje, Sena.
23 Por el cual se organiza el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) y se dictan otras disposiciones.
24 Por el cual se reorganiza el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena).
25 Por el cual se reestructura el Servicio Nacional de Aprendizaje –Sena.
26 Por la cual se reestructura el Servicio Nacional de Aprendizaje, Sena, se deroga el Decreto 2149 de 1992 y
se dictan otras disposiciones.
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70. De acuerdo con lo hasta aquí planteado, se advierte que la entidad se
encuentra adscrita al Ministerio de Trabajo y tiene como misión la formación y
capacitación de aprendices. Así, aun cuando no está subordinada al Ministerio de
Educación, lo cierto es que ejerce una labor docente con el fin de poder desarrollar
los programas de formación de educación no formal que ofrece27.
71. Aclarado lo anterior, se destaca que dentro de los empleos de la planta de
personal del Sena se encuentran los instructores, grupo que según el artículo 2 del
Decreto 1424 de 199828 «comprende los empleos cuyas funciones principales
consisten en impartir formación profesional y desempeñar actividades de
coordinación académica de la formación e investigación aplicada». En punto, se
señala que conforme con el manual específico de funciones, contenido en la
Resolución 986 del 25 de mayo de 200729 (vigente entre el año 2007 y 2015), los
instructores tienen las siguientes funciones:
II. PROPÓSITO PRINCIPAL
Desarrollar procesos de Formación Profesional de conformidad con las Políticas
Institucionales, la Normatividad vigente y la Programación de la Oferta Educativa.
III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
INSTRUCTOR:
1. Seleccionar estrategias de enseñanza – aprendizaje – evaluación según el programa de
Formación Profesional y el enfoque metodológico adoptado.
2. Seleccionar ambientes de aprendizaje con base en los resultados propuestos y en las
características y requerimientos de los aprendices.
3. Orientar los procesos de aprendizaje según las necesidades detectadas en los procesos de
evaluación, metodologías de aprendizaje y programas curriculares vigentes.
4. Programar las actividades de enseñanza – aprendizaje – evaluación de conformidad con los
módulos de formación y el calendario institucional y el Manual de Procedimientos para la
ejecución de acciones de Formación Profesional.
5. Reportar información académica y administrativa según las responsabilidades institucionales
asignadas.
6. Evaluar la formación de los aprendices durante el proceso educativo de acuerdo con el Manual
de Evaluación vigente.
7. Las demás que le sean asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, la
naturaleza y el área del desempeño del empleo.
72. Ahora bien, esta Sección del Consejo de Estado, en sentencia del 1 de
septiembre de 201430, definió que, como la función del Sena, a través de sus
27 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del
13 de junio de 2024, proceso con radicado 63001-23-33-000-2022-00002-01 (5856-2022). M.P. Juan Enrique
Bedoya.
28 Por el cual se establece el sistema salarial de evaluación por méritos para los Instructores del Servicio
Nacional de Aprendizaje-Sena.
29 Por la cual se adopta el Manual de Funciones, Requisitos Mínimos y Competencias Laborales para los
empleados públicos de la planta de personal del Servicio Nacional de Aprendizaje Sena.
• El anterior manual de funciones se puede consultar en la página web del Sena, link:
https://www.sena.edu.co/es-co/sena/Paginas/manua-funciones.aspx
30 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 1 de septiembre de 2014, proceso con radicado 20001-
23-31-000-2011-00503-01(3517-2013). M.P. Alfonso Vargas Rincón
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instructores, se dirige a la formación integral, profesional o laboral certificada de sus
estudiantes, por su naturaleza la entidad se encuentra en el sistema de educación
no formal. Ello, en los siguientes términos:
[…] la función prestada por el SENA a través de los Instructores se orienta a una
formación integral, profesional y laboral certificando a sus estudiantes, o sea, que
por estas características y su naturaleza se clasifica dentro de un sistema de
educación no formal. No puede ser otra su categoría pues no hace parte de los
niveles propios de educación formal establecidos en el artículo 11 de la Ley 115 de
1994 (preescolar, educación básica y educación media) ni se cataloga dentro de la
definición de educación informal, regulándose en lo concerniente por las normas
generales del Servicio Público de Educación. (Se destaca)
73. Así, toda vez que el Sena ejecuta una actividad académica, el contenido de
sus programas y títulos, en consonancia con el numeral 6 del artículo 4 de la Ley
119 de 199431, debe ceñirse a la normativa aplicable, esto es, a la Ley 30 de 199232.
Sobre el particular la Sala de Consulta y Servicio Civil de esta corporación33,
concluyó lo siguiente:
La formación profesional integral como objetivo y función principal del SENA es
reiterada en los artículos 3 y 4 de esa ley. Ahora bien, el numeral 6 del artículo 4
permite al SENA adelantar “programas de formación tecnológica y técnica
profesional, en los términos previstos en las disposiciones legales respectivas”.
Integrando la ley 119 de 1994 con lo expuesto en el artículo 137 de la ley 30 de 1992,
es posible distinguir tres situaciones:
i) En cuanto a la formación profesional integral y otros servicios de capacitación a
los trabajadores, aspectos que conforman su misión esencial desde que fue creado
en 1957, se aplicarán las normas especiales de la ley 119 de 1994.
ii) En su funcionamiento se regirá por las normas especiales que le son propias, lo
cual es concordante con la ley 30 de 1992, y,
iii) En cuanto desarrolle programas de educación superior, el régimen académico
de esa actividad será el de la ley 30 de 1992, y las normas que la modifiquen o
reformen.
Esto último significa que, en desarrollo de esa actividad académica, según se ha
explicado, el SENA deberá ajustar el contenido de los programas y títulos que otorga
a lo dispuesto en las normas que regulan la educación superior, esto es, la ley 30 de
1992 y las que la adicionen, modifiquen o reformen, como es el caso de la ley 749 de
2002.
31 Artículo 4. Funciones. Son funciones del Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, las siguientes:
(…)
6. Adelantar programas de formación tecnológica y técnica profesional, en los términos previstos en las
disposiciones legales respectivas. (…).
32 Por la cual se organiza el servicio público de la educación superior.
33 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto 2026 del 16 de septiembre de 2010, proceso
con radicado 11001-03-06-000-2010-00089-00. M.P. Enrique José Arboleda Perdomo.
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Advierte la Sala que la autorización dada al Sena para ofrecer programas en la
modalidad de formación tecnológica y técnica profesional, no la convierte o transforma
en institución de educación superior, por la sencilla razón que su régimen jurídico
definido por ley ha establecido sin asomo de duda su naturaleza jurídica y misión
específica encomendada y, por tanto, no puede tener esa condición. A ello debe
agregarse que nunca ha sido considerada como institución de educación superior por
las normas que rigen ese servicio.
De esta manera lo dispuesto en la ley 119 en el sentido de autorizar al Sena para
ofrecer programas de educación superior en la modalidad de formación tecnológica y
técnica profesional, resulta compatible con lo establecido en las leyes 30 y 749 sobre
el régimen académico aplicable al Sena respecto de tales programas, y con la
naturaleza jurídica, misión y objetivos de esa entidad previstos en la ley 119, sin que
ello signifique que el Sena deba cumplir con todos los requerimientos y exigencias de
una institución de educación superior, comoquiera que, se insiste, su naturaleza,
misión, organización y funcionamiento no corresponde a ese tipo de entidades.
3.3.5. Las cooperativas de trabajo asociado y las empresas de intermediación
laboral
74. De conformidad con la Ley 79 de 198834 y el Decreto 4588 de 200635, las
cooperativas de trabajo asociado son organizaciones sin ánimo de lucro
pertenecientes al sector de la economía solidaria. Estas vinculan el trabajo personal
de sus asociados, quienes, en su condición de gestores, contribuyen
económicamente a la cooperativa y aportan directamente su capacidad laboral para
el desarrollo de actividades económicas, profesionales o intelectuales.
75. Lo anterior tiene por objeto la producción o distribución conjunta y eficiente de
bienes o servicios, orientada a satisfacer las necesidades tanto de los asociados
como de la comunidad en general. En esta clase de organizaciones, el aporte
esencial de los asociados es su trabajo, dado que las contribuciones de capital
resultan mínimas.
76. En lo que concierne al régimen normativo aplicable, el artículo 17 del Decreto
4588 de 2006 dispuso lo siguiente:
Artículo 17. Prohibición para actuar como intermediario o empresa de servicios
temporales. Las Cooperativas y Precooperativas de Trabajo Asociado no podrán
actuar como empresas de intermediación laboral, ni disponer del trabajo de los
asociados para suministrar mano de obra temporal a usuarios o a terceros
beneficiarios, o remitirlos como trabajadores en misión con el fin de que estos
atiendan labores o trabajos propios de un usuario o tercero beneficiario del servicio o
permitir que respecto de los asociados se generen relaciones de subordinación o
dependencia con terceros contratantes.
34 Por la cual se actualiza la Legislación Cooperativa.
35 Por el cual se reglamenta la organización y funcionamiento de las Cooperativas y Precooperativas de Trabajo
Asociado.
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Cuando se configuren prácticas de intermediación laboral o actividades propias de las
empresas de servicios temporales, el tercero contratante, la Cooperativa y
Precooperativa de Trabajo Asociado y sus directivos, serán solidariamente
responsables por las obligaciones económicas que se causen a favor del trabajador
asociado.
77. En virtud de la prohibición antes señalada, cuando se acredite la configuración
de prácticas de intermediación laboral propias de las empresas de servicios
temporales, tanto el contratante como la cooperativa quedan obligados
solidariamente frente a las obligaciones económicas generadas a favor del
trabajador.
78. Sobre el particular, el Consejo de Estado36 ha precisado que esta figura
asociativa no fue concebida por el legislador como un mecanismo para desconocer
los derechos de los trabajadores; por el contrario, por imperativo legal, las
cooperativas de trabajo asociado que incurran en prácticas irregulares deben
responder ante las autoridades competentes. En ese orden de ideas, el trabajo
asociado no puede ser instrumentalizado para eludir o desconocer las obligaciones
de naturaleza laboral frente a trabajadores dependientes o subordinados, razón por
la cual el ordenamiento jurídico previó expresamente la prohibición de que las
cooperativas de trabajo asociado actúen como empresas de intermediación laboral,
disponiendo del trabajo de sus asociados para proveer mano de obra temporal a
usuarios o terceros beneficiarios.
79. Igualmente, esa corporación ha sostenido que las cooperativas operan bajo
los lineamientos de la Ley 79 de 1988, de modo que, cuando el asociado es
vinculado con un tercero en virtud de instrucciones precisas tanto de la cooperativa
como de dicho tercero, quien alega la configuración de la relación laboral encubierta
—con fundamento en el principio de primacía de la realidad sobre las formas— tiene
la carga probatoria de acreditar los tres elementos que la legislación exige para el
reconocimiento de una relación laboral.
80. En consecuencia, las cooperativas de trabajo asociado tienen expresamente
vedado disponer del trabajo de sus asociados para suministrar mano de obra a
terceros, en tanto dicha práctica redunda en detrimento de los derechos laborales
de los cooperados.
3.4. Hechos probados relevantes
81. De conformidad con las pruebas que obran en el expediente, se evidencia lo
siguiente:
36 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 28 de septiembre de 2017, exp. 76001-
23-31-000-2011-00820-01(1486-2015), M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
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82. El señor Antonio Arenas Rodríguez fue afiliado a la Cooperativa Cotraser CTA,
desde el 1 de octubre de 2002 hasta el 16 de diciembre de 2009 y prestó sus
servicios de trabajo asociado como instructor del Centro de Atención Integral del
Sector Agropecuario (Caisa) y en la Unidad de Emprendimiento del Sena Regional
Risaralda. Entre sus funciones, se destacan: (1) seleccionar estrategias de
enseñanza- aprendizaje- evaluación según el programa de formación y el enfoque
metodológico adoptado; (2) seleccionar ambientes de aprendizaje con base en los
resultados propuestos y en las características y requerimientos de los aprendices y
(3) orientar los procesos de aprendizaje según las necesidades detectadas en los
procesos de evaluación, metodologías de aprendizaje y programas curriculares
vigentes. Lo anterior, de acuerdo con el certificado emitido por la gerente liquidadora
de la cooperativa el 20 de diciembre de 201637.
83. El Sena Regional Risaralda suscribió contratos de prestación de servicios de
trabajo asociado con la Cooperativa de Contrato Asociado para la Formación y la
Educación Cotraser CTA, según la copia de estos, así:
Contrato de prestación de Objeto Plazo
servicios
0023 de 200238 Prestación de servicios de Duración de 75
trabajo asociado relacionados días calendario, contados a
con el funcionamiento del partir de la fecha de su
Centro Agropecuario del Sena perfeccionamiento y podrá ser
Regional Risaralda. prorrogado por voluntad de las
partes.
0037 del 30 de diciembre de Prestación de servicios de Duración de 345 días
2002 39 trabajo asociado relacionados calendario, contados a partir
con el funcionamiento del de la fecha de su
Centro Agropecuario del Sena perfeccionamiento y
Regional Risaralda. podrá ser prorrogado por
voluntad de las partes.
0016 (fecha ilegible)40 Prestación de servicios de Duración de noventa y cinco
trabajo asociado relacionados (95) días, contados a partir de
con el funcionamiento del la fecha de su
Centro Agropecuario del Sena perfeccionamiento y podrá ser
Regional Risaralda, requerido prorrogado por voluntad de las
en el cuarto trimestre del año partes.
2003 en formación titulada,
ocupacional y Continua, a
través de cursos cortos y
largos, para tal efecto
37 Samai, índice 02, expediente digital, archivo ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar), carpeta cuaderno principal,
documento 5_CUADERNO1-1.PDF, pág. 2.
38 Samai, índice 02, expediente digital, archivo ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar), carpeta cuaderno principal,
documento 5_CUADERNO1-1.PDF, págs. 74 a 77.
39 Samai, índice 02, expediente digital, archivo ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar), carpeta cuaderno principal,
documento 5_CUADERNO1-1.PDF, págs. 78 a 80.
40 Samai, índice 02, expediente digital, archivo ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar), carpeta cuaderno principal,
documento 5_CUADERNO1-1.PDF, págs. 71 a 73.
21
Radicación: 66001-23-33-000-2017-00463-02 (7579-2023)
Demandante: Antonio Arenas Rodríguez
Demandado: Sena
0020 del 1 de julio de 200541 Prestación de servicios para Duración de seis (6) meses,
proveer personal para brindar contados a partir de
formación ocupacional en los la fecha de su
diferentes municipios del perfeccionamiento y podría ser
Departamento de Risaralda, prorrogado por voluntad de las
dirigidos a los jóvenes rurales, partes.
durante el segundo semestre
del año 2005. alumnos del
Centro de Atención Integral al
Sector Agropecuario del
Servicio Nacional de
Aprendizaje Sena- Regional
Risaralda.
0021 del 1 de julio de 200542 Prestación de servicios para Duración de seis (6) meses,
proveer personal para brindar contados a partir de
Formación ocupacional en los la fecha de su
diferentes municipios del perfeccionamiento y podría ser
Departamento de Risaralda, prorrogado por voluntad de las
dirigidos a los programas de partes.
formación continua, titulada y
ocupacional en cursos
especiales (cortos) y cursos
largos, durante el segundo
semestre del año 2005,
alumnos del Centro de
Atención Integral al Sector
Agropecuario del: Servicio
Nacional de
Aprendizaje Sena- Regional
Risaralda.
0011 del 28 de noviembre de Contrato de prestación de Duración de treinta y dos (32)
200643 servicios para proveer el días, contados a partir de la
personal idóneo para brindar fecha de su perfeccionamiento
formación Profesional Integral y podrá́ ser prorrogado por
en los diferentes municipios voluntad de las partes.
(veredas, corregimientos) del
Departamento de
RISARALDA, en los
programas de formación
titulada a los alumnos del
Centro de Atención Integral al
Sector Agropecuario del
Servicio Nacional de
Aprendizaje - Sena, Regional
Risaralda, acorde con la
autorización de la Dirección
Regional No. 0106 del 15 de
noviembre del año 2006.
41 Samai, índice 02, expediente digital, archivo ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar), carpeta cuaderno principal,
documento 5_CUADERNO1-1.PDF, págs. 65 a 67.
42 Samai, índice 02, expediente digital, archivo ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar), carpeta cuaderno principal,
documento 5_CUADERNO1-1.PDF, págs. 68 a 70.
43 Samai, índice 02, expediente digital, archivo ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar), carpeta cuaderno principal,
documento 5_CUADERNO1-1.PDF, págs. 49 a 51.
22
Radicación: 66001-23-33-000-2017-00463-02 (7579-2023)
Demandante: Antonio Arenas Rodríguez
Demandado: Sena
0012 del 30 de noviembre de Proveer personal idóneo para Duración de ciento veinte (120)
200644 atender el programa de días, contados a partir de la
Evaluación, Formación y fecha de su perfeccionamiento
Certificación de Competencias y podrá́ ser prorrogado por
Laborales, hasta por 1.349 voluntad de las partes.
horas, en los diferentes
municipios (veredas,
corregimientos) del
Departamento, a los alumnos
que deban ser atendidos por el
Centro de Atención Integral al
Sector Agropecuario del Sena
Regional Risaralda, durante la
vigencia del periodo de
noviembre de 2006 a marzo de
2007 acorde con la
autorización de la Dirección
Regional No.0107 del 15 de
noviembre del año 2006.
0014 del 13 de diciembre de Proveer personal idóneo para Duración de tres (03) meses,
200645 atender el programa de contados a partir de la fecha de
formación Complementaria y el su perfeccionamiento y
Componente de podrá ser prorrogado por
Emprendimiento, hasta por voluntad de las partes.
1.991 horas, en los diferentes
municipios (veredas,
corregimientos) del
Departamento, a los alumnos
que deban ser atendidos por el
Centro de Atención Integral al
Sector Agropecuario del Sena
Regional Risaralda, con el fin
de concluir los cursos iniciados
en el cuarto trimestre de 2006
e iniciar los del primer trimestre
de 2007, acorde con la
autorización de la Dirección
Regional No.0134 del 06 de
diciembre del año 2006.
0015 del 14 de diciembre de Proveer el personal que Duración de dos y medio (2.5)
200646 demande la formación meses, contados a partir de la
Profesional Integral, con el fin fecha de su
de cumplir con la oferta que el perfeccionamiento y podrá ser
centro tiene para las diferentes prorrogado por voluntad de las
poblaciones en los municipios partes.
(veredas, corregimientos) del
Departamento de Risaralda,
dirigidos a los programas de
formación del centro
44 Samai, índice 02, expediente digital, archivo ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar), carpeta cuaderno principal,
documento 5_CUADERNO1-1.PDF, págs. 52 a 54.
45 Samai, índice 02, expediente digital, archivo ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar), carpeta cuaderno principal,
documento 5_CUADERNO1-1.PDF, págs. 55 a 57.
46 Samai, índice 02, expediente digital, archivo ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar), carpeta cuaderno principal,
documento 5_CUADERNO1-1.PDF, págs. 58 a 60.
23
Radicación: 66001-23-33-000-2017-00463-02 (7579-2023)
Demandante: Antonio Arenas Rodríguez
Demandado: Sena
agropecuario en el
subprograma de formación
Complementaria en Ambientes
Virtuales, dos mil seiscientos
noventa y cuatro (2.694) horas,
durante la vigencia del periodo
de diciembre 2006 a febrero de
2007, dirigida a los alumnos
del Centro de Atención Integral
al Sector Agropecuario del
Servicio Nacional de
Aprendizaje - Sena, Regional
Risaralda acorde con la
autorización de la Dirección
Regional No. 0125 del 30 de
noviembre del año 2006.
0064 del 30 de octubre de Prestación de Servicios para Duración hasta el 31 de
200647 atender Procesos en las diciembre del presente año y/o
unidades de Emprendimiento, hasta que se agote el
con un profesional tiempo presupuesto asignado.
completo hasta por cuatro
meses y un profesional medio
tiempo hasta por tres meses,
para apoyar en asesoría,
acompañamiento y
Seguimiento de ideas, planes
de negocio de la Banca de las
Oportunidades, Fondo
Emprender, otras fuentes de
financiación, ruedas de
negocios y emprendimiento.
0016 del 14 de diciembre de Proveer el personal que Duración de tres y medio
200648 demande la formación (3.5) meses, contados a partir
Profesional Integral, con el fin de la fecha de su
de cumplir con la oferta perfeccionamiento y podría ser
educativa vigencia 2006 y los prorrogado por
cursos que pasan para la voluntad de las partes.
vigencia 2007 del Centro en
las diferentes poblaciones y en
los municipios (veredas,
corregimientos) del
Departamento de Risaralda,
dirigidos a los programas
de formación del Centro
Agropecuario en el
subprograma de formación
Titulada, hasta por doce mil -
cuatrocientos noventa y dos
(12.492) horas, durante la
vigencia del periodo de
diciembre 2006 a marzo de
47 Samai, índice 02, expediente digital, archivo ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar), carpeta cuaderno principal,
documento 5_CUADERNO1-1.PDF, págs. 46 a 48.
48 Samai, índice 02, expediente digital, archivo ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar), carpeta cuaderno principal,
documento 5_CUADERNO1-1.PDF, págs. 61 a 64.
24
Radicación: 66001-23-33-000-2017-00463-02 (7579-2023)
Demandante: Antonio Arenas Rodríguez
Demandado: Sena
2007, dirigida a los alumnos
del Centro de Atención Integral
al Sector Agropecuario del
Servicio Nacional de
Aprendizaje - Sena, Regional
Risaralda acorde con la
autorización de la Dirección
Regional No. 0126 del 30 de
noviembre del año 2006.
0004 del 27 de marzo de Prestación de servicios en el Hasta por nueve (09) meses,
200749 proceso de formación contados a partir de la fecha de
Profesional Integral en el su perfeccionamiento y podrá́
programa de jóvenes rurales ser prorrogado por voluntad
hasta por 19.183 horas, en los de las partes.
diferentes municipios
(veredas, corregimientos) del
Departamento de Risaralda,
durante la vigencia de 2007,
dirigida a los alumnos del
Centro de Atención Integral al
Sector Agropecuario.
0006 del 30 de marzo de Prestación de servicios para Hasta por nueve (09) meses,
200750 atender procesos de formación contados a partir de la fecha de
profesional en el Programa de su perfeccionamiento y podrá́
Formación Complementaria ser prorrogado por voluntad
hasta por 18.600 horas, en los de las partes.
diferentes municipios
(veredas, corregimientos) del
Departamento de Risaralda,
durante la vigencia de 2007,
dirigida a los alumnos del
Centro de Atención Integral al
Sector Agropecuario.
0010 del 6 de julio de 200751 Prestación de servicios para Hasta por seis (06) meses,
atender procesos de formación contados a partir de la fecha de
profesional en el Programa de su perfeccionamiento y podrá́
Formación Complementaria ser prorrogado por voluntad
hasta por 11.799 horas, en los de las partes.
diferentes municipios
(veredas, corregimientos) del
Departamento de Risaralda,
durante la vigencia de 2007,
dirigida a los alumnos del
Centro de Atención Integral al
Sector Agropecuario.
0008 del 22 de febrero de Prestación de servicios de 8 45 días a partir del
200852 personas de nivel técnico y perfeccionamiento.
49 Samai, índice 02, expediente digital, archivo ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar), carpeta cuaderno principal,
documento 5_CUADERNO1-1.PDF, págs. 27 a 30.
50 Samai, índice 02, expediente digital, archivo ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar), carpeta cuaderno principal,
documento 5_CUADERNO1-1.PDF, págs. 31 a 34.
51 Samai, índice 02, expediente digital, archivo ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar), carpeta cuaderno principal,
documento 5_CUADERNO1-1.PDF, págs. 35 a 38.
52 Samai, índice 02, expediente digital, archivo ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar), carpeta cuaderno principal,
documento 5_CUADERNO1-1.PDF, págs. 15 a 19.
25
Radicación: 66001-23-33-000-2017-00463-02 (7579-2023)
Demandante: Antonio Arenas Rodríguez
Demandado: Sena
profesional en el parque
Pereira, como apoyo en el
proceso de formación
profesional y soporte a todos
los emprendedores que se
enfrentan a retos y obstáculos
en la materialización de sus
(ilegible) de vida, orientándolos
a superar las brechas que
afrontan en la identificación de
(ilegible) de negocio;
desarrollo de nuevos
productos o servicios en un
marco tecnológico, que
(ilegible) respuesta a una
necesidad real y efectiva del
sector productivo de la región.
0069 del 18 de septiembre de Prestación de Servicios para Duración de hasta de sesenta
200753 atender procesos de apoyo (60) días y/o cuando se agote
profesional y metodológico en el presupuesto asignado,
la estructuración y contados a partir de la fecha de
construcción de los planes y su perfeccionamiento y podrá́
programas por Competencias ser prorrogado por voluntad de
Laborales de los niveles las partes.
Técnico Profesional en
Administración de Empresas
Agroindustriales, Técnico
Profesional y Tecnólogo en
Producción Agrícola y su
adecuación metodológica a los
ciclos propedéuticos de la
educación superior según el
sistema de créditos
académicos por semestre y
que permiten los procesos de
articulación y/o homologación
con el Sena y entidades de
educación media técnica,
educación superior, con la
entrega de los mapas
funcionales.
0003 del 21 de enero de Prestación de servicios en el 1 mes a partir de la fecha de su
200854 (ilegible) formación perfeccionamiento.
complementaria hasta por 110
horas profesional, dirigida a los
alumnos de Atención Integral
del Sector Agropecuario
Regional Risaralda, eventos
que se (ilegible) en la regional
Bogotá Distrito Capital y en los
colegios del departamento.
53 Samai, índice 02, expediente digital, archivo ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar), carpeta cuaderno principal,
documento 5_CUADERNO1-1.PDF, págs. 39 a 42.
54 Samai, índice 02, expediente digital, archivo ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar), carpeta cuaderno principal,
documento 5_CUADERNO1-1.PDF, págs. 20 a 23.
26
Radicación: 66001-23-33-000-2017-00463-02 (7579-2023)
Demandante: Antonio Arenas Rodríguez
Demandado: Sena
0004 del 22 de enero de Prestación de servicios 11 meses a partir de su
200855 profesionales para coordinar perfeccionamiento.
las actividades pertinentes a la
estructuración necesaria para
la virtualización de la
formación profesional y el
apoyo a instructores a nivel del
Centro en el manejo y
operación de las Tics, en
especial la plataforma para
ambientes virtuales de
aprendizaje de la que se
dispone, como herramienta de
formación profesional.
0044 del 3 de febrero de Prestación de servicios Duración de diez (10) meses y
200956 profesionales como veintiocho días, contados a
coordinador de la Plataforma partir de la legalización de este
de Ambientes Virtuales de y sin sobrepasar el 31 de
Aprendizaje del Centro diciembre de 2009.
Atención Sector Agropecuario
de la Regional Risaralda.
PARAGRAFO: Objeto
Especifico: Realizar las
actividades pertinentes a la
estructuración necesaria para
la virtualización de la
Formación Profesional y el
apoyo a los instructores del
Centro en el manejo y
operación de las Tics, en
especial la Plataforma
Blackboard para ambientes
virtuales de aprendizaje de la
que se dispone como
herramienta de formación.
Elaboración y presentación de
todos los informes necesarios
para la gestión y el manejo de
los indicadores.
118 del 14 de abril de 200957 Contratar la prestación de Hasta el 31 de diciembre de
Servicios para atender, en el 2009
Centro atención Sector
Agropecuario de la Regional
Risaralda, procesos de
formación por horas y periodos
fijos, en las diferentes
modalidades que se ofertan
durante la vigencia 2009.
55 Samai, índice 02, expediente digital, archivo ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar), carpeta cuaderno principal,
documento 5_CUADERNO1-1.PDF, págs. 24 a 26.
56 Samai, índice 02, expediente digital, archivo ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar), carpeta cuaderno principal,
documento 5_CUADERNO1-1.PDF, págs. 8 a 10.
57 Samai, índice 02, expediente digital, archivo ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar), carpeta cuaderno principal,
documento 5_CUADERNO1-1.PDF, págs. 11 a 15.
27
Radicación: 66001-23-33-000-2017-00463-02 (7579-2023)
Demandante: Antonio Arenas Rodríguez
Demandado: Sena
84. El demandante suscribió entre los años 2010 y 2015 contratos de prestación
de servicios con el Sena, como consta en la copia de estos, en el certificado emitido
el 2 de diciembre de 2015 por la entidad58, allegados por las partes accionante y
accionada, conforme se muestra a continuación59:
Contrato de Objeto Desde Hasta Interrupción
prestación de (días
servicios hábiles)
0083 del 27 de Contratar la prestación de Servicios 27/01/2010 26/11/2010 -
enero de Personales Profesionales, para
2010 60 adelantar acciones que permitan la
creación y el fortalecimiento de las
empresas a través del fondo
emprender, promover y direccionar
las unidades productivas de
jóvenes rurales y desplazados, y
fortalecer las PYMES con
intervención de aprendices.
0042 del 10 de Contratar la prestación de servicios 11/02/2011 30/06/2011 52 días
febrero de de carácter temporal como
201161 gestor/asesor, para el desarrollo del
emprendimiento de la formación
titulada, en el programa jóvenes
rurales emprendedores, población
vulnerable y para la creación y
seguimiento a empresas (Fondo
emprender, otras fuentes de
financiación y economía solidaria)
de los tres Centros de formación y
la Dirección Regional del SENA
Risaralda.
0202 del 12 de Prestación de servicios personales 13/07/2011 16/12/2011 7 días
julio de 201162 como instructor contratista por
periodo fijo, para la ejecución de
acciones de formación profesional,
presencial, en el área de
formulación de proyectos en el
Centro Atención Sector
Agropecuario del SENA Regional
Risaralda, con el fin de apoyar el
desarrollo de las actividades de
formación, formulación de
proyectos y diseño de actividades
de aprendizaje.
58 Samai, índice 02, expediente digital, archivo ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar), carpeta cuaderno principal,
documento 5_CUADERNO1-1.PDF, págs. 3 a 7.
59 Samai, índice 02, expediente digital, archivo ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar), carpeta cuaderno principal,
documento 5_CUADERNO1-1.PDF, págs. 3 a 7.
60 Samai, índice 02, expediente digital, archivo ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar), carpeta cuaderno principal,
documento 5_CUADERNO1-1.PDF, págs. 143 a 145.
61 Samai, índice 02, expediente digital, archivo ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar), carpeta cuaderno principal,
documento 5_CUADERNO1-1.PDF, págs. 137 a 140.
62 Samai, índice 02, expediente digital, archivo ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar), carpeta cuaderno principal,
documento 5_CUADERNO1-1.PDF, págs.128 a 131.
28
Radicación: 66001-23-33-000-2017-00463-02 (7579-2023)
Demandante: Antonio Arenas Rodríguez
Demandado: Sena
0501 del 8 de Asesorar a la población de usuarios 09/03/2012 29/06/2012 58 días
marzo de de la unidad de emprendimiento del
201263 SENA en la formación de planes de
negocio, el desarrollo de proyectos
de base tecnológica y puesta en
marcha por medio de diferentes
fuentes de financiación que
estimulen la creación y desarrollo
de nuevas empresas con carácter
innovador, tecnológico y de clase
mundial, en el marco el programa
de emprendimiento empresarial.
0880 del 6 de Objeto igual al anterior. 09/07/2012 30/12/2012 4 días
julio de 201264
0112 del 18 de Objeto igual al anterior. 21/01/2013 31/12/2013 13 días
enero de
201365
0503 del 21 de Objeto igual al anterior. 22/01/2014 30/12/2014 13 días
enero de
201466
0168 del 22 de Prestar sus servicios profesionales 23/01/2015 31/12/2015 15 días
enero de en el apoyo y asesoría necesarios a
2015 67 los usuarios de las unidades de
emprendimiento en sus procesos
de ideación, formulación, la
formulación, creación y puesta en
marcha, proyectos y empresas
atendidos de acuerdo con los
lineamientos fijados por la entidad
el Fondo Emprender y
especialmente a lo determinado por
el líder regional de Emprendimiento
así́ como en el cumplimiento de las
metas e indicadores asignados a la
regional.
85. Se aportaron los informes de ejecución contractual, los formatos para pagos de
prestación de servicios y las pólizas que respaldaban los contratos de los periodos
referenciados, esto es desde 2010 hasta 2015. Además del registro de pago a los
asociados y avance de ejecución de los contratos suscritos entre Cotraser y el Sena68.
86. Reposan en el plenario copias de actas de asistencia a reuniones, así:
63 Samai, índice 02, expediente digital, archivo ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar), carpeta cuaderno principal,
documento 5_CUADERNO1-1.PDF, págs. 121 a 125.
64 Samai, índice 02, expediente digital, archivo ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar), carpeta cuaderno principal,
documento 5_CUADERNO1-1.PDF, págs. 114 a 118.
65 Samai, índice 02, expediente digital, archivo ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar), carpeta cuaderno principal,
documento 5_CUADERNO1-1.PDF, págs. 104 a 110.
66 Samai, índice 02, expediente digital, archivo ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar), carpeta cuaderno principal,
documento 5_CUADERNO1-1.PDF, págs. 96 a 101.
67 Samai, índice 02, expediente digital, archivo ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar), carpeta cuaderno principal,
documentos 4_CUADERNO1.PDF, págs. 70 a 72, 84 a 85, y 5_CUADERNO1-1.PDF, págs. 84 a 88.
68 Samai, índice 02, expediente digital, archivo ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar), carpeta cuaderno principal,
documentos 4_CUADERNO1.PDF, 5_CUADERNO1-1.PDF y 6_CUADERNO1-2, págs. 1 a 172.
29
Radicación: 66001-23-33-000-2017-00463-02 (7579-2023)
Demandante: Antonio Arenas Rodríguez
Demandado: Sena
• Del 27 de febrero, 20 de abril, 25 de mayo, 13 de julio, 21 de octubre de 2012,
reuniones realizadas en Unidad de Emprendimiento Regional, con el
propósito de dar a conocer informaciones provenientes de la Dirección
Nacional y analizar los avances en metas propuestas; hacer seguimiento a
las actividades y compromisos de la Unidad; presentar plan de trabajo para
el segundo semestre de 2012 y verificar el estado de cumplimiento de las
metas69.
• Del 30 de enero, 6 y 27 de febrero, 6 y 20 de marzo, 10 y 24 de abril de 2015
reuniones realizadas de equipo en la Unidad de Emprendimiento Regional,
con el fin de hacer seguimiento a las actividades70.
• Del 15 de abril de 2015, reunión realizada en la finca La Granja de la vereda
La Bodega del municipio de Balboa, Risaralda. El tema abordado fue la
participación en el Convenio Nacional 699 entre la Agencia Colombiana para
la Reintegración de Personas y Grupos Alzados en Armas, ACR y el Servicio
Nacional de Aprendizaje. El objetivo: visitar a personas en proceso de
reintegración para la promoción de los trámites de emprendimiento y brindar
asesoría para la estructuración y montaje de las diferentes unidades de
negocio. En esta reunión, entre otras conclusiones, se señaló que los
gestores de la Unidad de Emprendimiento Regional (calidad en la que asistía
el demandante) reiteraban el compromiso para continuar apoyando al grupo
de personas en proceso de reintegración en la ejecución actividades de
estructuración y montaje de unidades de negocio71.
• Del 12 de septiembre de 2015, realizada en el municipio de Marsella. El tema
abordado fue el acompañamiento a personas en proceso de reintegración
para estímulo económico. El objetivo: instrucción para la estructuración de
un plan de negocio. Suscrita por el accionante en condición de gestor de la
Unidad de Emprendimiento Regional72.
87. Se advierte en el expediente copias de listas de asistencias del demandante a
reuniones que trataron sobre los siguientes:
• El sistema de gestión de calidad; las transferencias metodológicas a las
unidades externas de campesinos; las transferencias de buenas prácticas de
las unidades de emprendimiento del eje cafetero, con fechas del 16 de marzo;
22 de mayo; 5 de junio; 17 y 27 de julio de 201573.
69 Samai, índice 02, expediente digital, archivo ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar), carpeta cuaderno principal,
documento 4_CUADERNO1.PDF, págs. 333 a 335, 242 a 352, 356 a 364, 366 a 370.
70 Samai, índice 02, expediente digital, archivo ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar), carpeta cuaderno principal,
documento 4_CUADERNO1.PDF, págs. 384 a 390, 392 a 398, 406 a 414, 418 a 424, 426 a 430, 440 a 444,
446 a 450.
71 Samai, índice 02, expediente digital, archivo ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar), carpeta cuaderno principal,
documento 4_CUADERNO1.PDF, págs. 309 a 310.
72 Samai, índice 02, expediente digital, archivo ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar), carpeta cuaderno principal,
documento 4_CUADERNO1.PDF, págs. 312 a 314.
73 Samai, índice 02, expediente digital, archivo ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar), carpeta cuaderno principal,
documento 4_CUADERNO1.PDF, págs. 324, 328 a 329, 331 a 332.
30
Radicación: 66001-23-33-000-2017-00463-02 (7579-2023)
Demandante: Antonio Arenas Rodríguez
Demandado: Sena
88. El 9 de febrero de 2017 el accionante presentó petición al Sena en la que
solicitó que se reconociera la existencia de una relación laboral entre ambos y se le
pagaran los emolumentos salariales, prestacionales y de seguridad social,
causados durante el periodo en el que prestó sus servicios a la entidad74.
89. A través del Oficio 2-2017-000341 del 14 de febrero de 2017, el director
Regional Risaralda del Sena negó la petición anterior75.
90. El demandante interpuso recurso de apelación en contra del anterior acto
administrativo76, el cual fue resuelto mediante el Oficio 2-2017-000622 del 22 de
febrero de 2017, en el sentido de no concederlo y, en su lugar, no reponer lo
decidido77.
91. En audiencia de pruebas celebrada el 17 de febrero de 2022, se recibieron los
testimonios de los señores Óscar Iván Gutiérrez Jaramillo y Nelson López
Hincapié78.
• Testimonio del señor Óscar Iván Gutiérrez Jaramillo
92. Manifestó que estuvo vinculado al Sena en dos momentos distintos: primero
como contratista entre los años 2008 y 2013, y posteriormente, entre 2013 y 2015,
como empleado público en carrera administrativa. Al ser interrogado sobre las
labores que desempeñaba el demandante en favor de la entidad, indicó que,
durante su periodo como empleado público, se desempeñó en la Unidad de
Emprendimiento como asesor, desarrollando actividades de asesoría y consultoría
orientadas a apoyar los proyectos empresariales de los jóvenes pertenecientes al
Fondo Emprender. Agregó que, en esa misma época, el señor Antonio Arenas
ocupaba el mismo cargo dentro de la misma unidad y ejercía funciones idénticas a
las suyas. En cuanto a las labores del asesor de emprendimiento, señaló que estas
consistían en brindar información, orientación y acompañamiento a los
emprendedores del Sena que deseaban formular planes de negocio con miras a
acceder a recursos del Fondo Emprender.
93. Afirmó que el accionante prestaba sus labores en la sede de Pereira y que
conocía que él trabajaba como contratista del Sena desde el 2008. Respecto al
cumplimiento de horarios, precisó que en la Unidad de Emprendimiento todos los
integrantes del equipo estaban sujetos a un horario establecido, que iniciaba a las
8:00 de la mañana —o en ocasiones a las 7:30— y se extendía hasta el mediodía,
74 Samai, índice 02, expediente digital, archivo ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar), carpeta cuaderno principal,
documento 4_CUADERNO1.PDF, págs. 26 a 27.
75 Samai, índice 02, expediente digital, archivo ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar), carpeta cuaderno principal,
documento 4_CUADERNO1.PDF, págs. 29 a 33.
76 Samai, índice 02, expediente digital, archivo ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar), carpeta cuaderno principal,
documento 4_CUADERNO1.PDF, págs. 34 a 38.
77 Samai, índice 02, expediente digital, archivo ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar), carpeta cuaderno principal,
documento 4_CUADERNO1.PDF, págs. 39 a 41.
78 Samai, índice 02, expediente digital, archivo ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar), carpeta cuaderno principal,
documento 22_019AUDIENCIADEPRUEBAS. El video y audio de la audiencia se pueden consultar en el link:
https://sistemaaudiencias.ramajudicial.gov.co/.
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Radicación: 66001-23-33-000-2017-00463-02 (7579-2023)
Demandante: Antonio Arenas Rodríguez
Demandado: Sena
reanudándose entre las 2:00 y las 6:00 de la tarde. Señaló que, en su condición de
empleado público, estaba obligado a cumplir dicho horario, al igual que quienes
laboraban junto a él.
94. Al ser cuestionado sobre quién impartía órdenes al señor Antonio Arenas,
respondió que era la coordinadora de la Unidad de Emprendimiento —que para
entonces era, según su conocimiento, Liliana Cifuentes— y, en segunda instancia,
el subdirector, de quien dependían directamente. Sobre el tipo de instrucciones
recibidas, manifestó que eran esencialmente las mismas que se le impartían a él:
cumplir el horario, prestar asesoría y acompañamiento a los aprendices, dictar
charlas de sensibilización a los diferentes grupos, y realizar acompañamiento
empresarial a las empresas de nueva creación. Precisó que estas directrices
respondían al cumplimiento de metas mensuales que se medían en términos del
número de aprendices atendidos, proyectos asesorados y empresas acompañadas.
95. En relación con los elementos, equipos e implementos utilizados para el
desarrollo de las labores del demandante, señaló que todos contaban con un
espacio físico dentro de la oficina de la Unidad de Emprendimiento, equipos de
cómputo —en su mayoría los dispuestos por el Sena, aunque algunos llevaban
portátil propio—, escritorio, papelería, insumos y acceso al internet de la institución.
96. Al ser interrogado por el apoderado del Sena sobre la diferencia entre las
funciones de un instructor y las del demandante en la Unidad de Emprendimiento,
respondió que dentro de dicha unidad se desarrollaban diversas funciones, entre
ellas el dictado de charlas de sensibilización sobre emprendimiento a los distintos
grupos de la entidad. Si bien técnicamente se trataba de una actividad formativa, su
propósito era promover en los aprendices la formulación de planes de negocio para
acceder a los recursos del Fondo Emprender.
97. Indicó, frente a si los programas de emprendimiento tenían carácter continuo
o variaban según la vigencia fiscal que, desde su conocimiento, siempre fueron
programas permanentes, dado que el Sena promueve de manera constante el
emprendimiento entre sus aprendices. Señaló que cada año se realizan entre una
y tres convocatorias del Fondo Emprender, lo que exige una labor continua de
formulación de proyectos y acompañamiento a los aprendices antes, durante y
después de la constitución de sus empresas.
98. Al preguntarle si al señor Antonio Arenas se le exigía la presentación de
informes por parte de la coordinadora o el supervisor del contrato, respondió que sí,
que a todos les correspondía presentar informes mensuales sobre las actividades
desarrolladas durante cada periodo. Añadió que en el tiempo en el que estuvo en la
Unidad, los contratos de prestación de servicios se suscribían directamente con el
Sena.
99. Finalmente, al ser interrogado sobre si existía alguna diferencia entre las
actividades, obligaciones y responsabilidades que él cumplía como empleado del
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Demandante: Antonio Arenas Rodríguez
Demandado: Sena
Sena durante los años 2013 a 2015 y las que desempeñaba el señor Antonio Arenas
en ese mismo lapso, respondió que no existía ninguna diferencia, puesto que ambos
ejercían iguales funciones, en idénticos horarios, y participaban en las mismas
reuniones y capacitaciones.
• Testimonio del señor Nelson López Hincapié
100. Manifestó ser empleado de planta del Sena —instructor— desde el año 1984.
Sostuvo que conocía al demandante quien se desempeñaba como instructor en la
entidad, desde el año 2002 hasta el año 2009, luego fue trasladado al Centro
Agropecuario a la Unidad de Emprendimiento, en el que él labora. Indicó que ese
cambio no incidió, pues las actividades eran las mismas, en tanto se trataba
simplemente de una dependencia diferente, y que en cualquier caso se debían
cumplir los procesos de formación y atender las disposiciones impartidas por las
directivas del centro.
101. Al indagarse sobre quiénes eran dichas directivas, señaló que, para esa
época, se encontraban, entre otros, Evelio Giraldo como subdirector y Gildardo
Hincapié como coordinador académico; cargos que con posterioridad fueron
ocupados por otras personas. En cuanto al tipo de instrucciones que se le impartían
al señor Arenas, respondió que estas consistían en dirigirse a impartir formación
profesional, no solo en la ciudad de Pereira, sino en distintos municipios del
departamento, para lo cual se le ordenaba salir en comisión de trabajo.
102. Al referirse sobre la diferencia entre las labores que desempeñaba el
demandante y las que él cumplía, precisó que no existía ninguna distinción, pues a
ambos se les asignaban grupos que debían atender y acciones de formación
profesional que debían ejecutar, siendo las actividades exactamente iguales. Luego,
al ser consultado sobre si al demandante le correspondía rendir informes distintos
o adicionales a los que él presentaba, respondió que no, por cuanto los informes
eran los mismos, referidos a los grupos atendidos, las horas trabajadas y la
evaluación de los aprendices.
103. Explicó que, si bien la sede del Centro Agropecuario se ubica en la ciudad de
Pereira, la atención se extiende a todo el departamento de Risaralda, tanto en zonas
urbanas como rurales. Añadió que era la coordinación académica la encargada de
determinar la distribución geográfica de las actividades.
104. Frente al horario del señor Antonio Arenas, manifestó que este era equivalente
al de un instructor de planta, pues debía asistir a las reuniones programadas por el
centro, adelantar los procesos de formación y rendir los informes correspondientes,
cumpliendo el mismo horario institucional. Precisó que la jornada laboral era de
cuarenta y dos horas y media semanales, carga que igualmente le correspondía al
demandante. Al ser cuestionado sobre si este podía organizar libremente su tiempo,
contestó que no, pues era la coordinación académica quien determinaba el horario,
sin que el accionante tuviera facultad alguna para distribuir su jornada, dado que
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Radicación: 66001-23-33-000-2017-00463-02 (7579-2023)
Demandante: Antonio Arenas Rodríguez
Demandado: Sena
debía atender todos los requerimientos del Centro Agropecuario como cualquier
otro funcionario.
105. Adicionalmente, al preguntarle si el número de horas laboradas era constante
o variaba según la atención de grupos y el número de aprendices, señaló que a los
contratistas se les asignaba una cantidad determinada de grupos y que, en la
práctica, con frecuencia excedían la jornada ordinaria debido a la carga de trabajo
que se les imponía.
106. En lo relativo a las reuniones a las que eran convocados, afirmó que en ellas
se abordaban las directrices generales del centro de formación, la planeación y el
alistamiento de actividades, y que en dichas reuniones se impartían instrucciones
tanto a los contratistas —entre ellos el accionante— como a los funcionarios de
planta.
107. Finalmente, al ser interrogado sobre si el demandante podía ausentarse
libremente o debía solicitar autorización, dijo que necesariamente debía pedir
permiso a la coordinación académica, pues no tenía disposición autónoma de su
tiempo, estaba sujeto a las órdenes y directrices del centro, y el horario debía
cumplirse en su integridad, de modo que ante cualquier eventualidad personal se
requería autorización.
3.5. Caso concreto. Análisis de la Sala
108. En el asunto bajo estudio, el accionante laboró al servicio del Sena, primero, a
través de la Cooperativa de Trabajo Asociado Cotraser del 1 de octubre de 2002 al
16 de diciembre de 2009, y luego, celebró contratos de prestación de servicios con
el Sena, desde el año 2010 hasta el 2015, como instructor del Centro de Atención
Integral del Sector Agropecuario (Caisa) y en la Unidad de Emprendimiento del
Sena Regional Risaralda. Solicita que se declare la nulidad de los actos
administrativos mediante los cuales la entidad negó la existencia de una relación
laboral entre ambos, además del reconocimiento y pago de las acreencias
salariales, prestacionales y de seguridad social, a que dice tiene derecho.
109. El Tribunal Administrativo de Risaralda accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda, al considerar que se acreditaron los tres elementos de
la relación laboral encubierta, estos son, prestación personal del servicio,
remuneración y subordinación. A su vez, declaró probada parcialmente la excepción
de prescripción trienal de los derechos laborales, causados con anterioridad al 9 de
marzo de 2012, inclusive, excepto lo atinente a aportes al sistema de pensiones.
110. La decisión fue recurrida en apelación por la parte demandada, quien pide que
se revoque. Aceptó que se acreditaron la prestación personal del servicio y la
remuneración, pero cuestionó la prueba de la subordinación. Argumentó que los
testimonios no son suficientes para acreditar dicho elemento, pues los declarantes
se limitaron a describir sus propias condiciones laborales dentro del Sena y
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Demandante: Antonio Arenas Rodríguez
Demandado: Sena
extrapolaron esa experiencia a la situación del demandante, sin haber percibido de
manera directa y personal los hechos que narraban, razón por la cual sus
afirmaciones constituyen simples inferencias y no prueba concreta de la
subordinación.
3.5.1. Valoración probatoria de los testimonios
111. La parte recurrente adujo que el simple hecho de que los testigos y el
demandante pertenecieran al mismo centro de formación del Sena y ejercieran
funciones similares no era suficiente para que aquellos pudieran dar fe de las
condiciones específicas bajo las cuales este prestaba sus servicios. Sus
declaraciones, por tanto, no pasaban de ser inferencias basadas en su propia
situación personal, careciendo del valor probatorio necesario para demostrar la
subordinación del accionante.
112. En primer lugar, la Sala destaca que, en atención a los criterios generales de
valoración probatoria, impera acudir al estudio en conjunto de las pruebas bajo las
reglas de la sana crítica (arts. 24279 y 17680 del CGP), teniendo en cuenta que el
juez debe exponer razonadamente el mérito que le asigne a cada prueba.
113. En punto de discusión, no se advierte que las situaciones puestas de presente
en sí mismas constituyan una razón suficiente para poner en entredicho lo declarado
por los señores Nelson López Hincapié y Óscar Iván Gutiérrez Jaramillo. Al
respecto, contrario a lo aducido por la entidad accionada, se estima que los testigos
de forma directa tuvieron conocimiento del contexto en que los instructores de la
entidad demandada desarrollaban sus labores, en particular, el accionante. Ello,
toda vez que desempeñaron ese mismo cargo, conocían al señor Antonio Arenas
Rodríguez, las funciones que se ejercían, los horarios en que debían desarrollarse
las actividades, y participaban en las mismas reuniones y capacitaciones, de
manera tal que sus declaraciones pueden contribuir a acreditar o desvirtuar las
circunstancias de hecho en las que el peticionario reclama la protección de sus
derechos.
114. Así las cosas, se valorará lo expresado por los testigos de acuerdo con las
reglas de la sana crítica, apreciando sus declaraciones en conjunto con las demás
pruebas que obran en el expediente.
115. En este orden de ideas, con el fin de dar respuesta al problema jurídico
planteado, la Sala analizará si en el presente asunto se acreditan los elementos que
permitirían la configuración de una relación laboral entre el accionante y el Sena.
79 Artículo 242. Apreciación de los indicios. El juez apreciará los indicios en conjunto, teniendo en consideración
su gravedad, concordancia y convergencia, y su relación con las demás pruebas que obren en el proceso.
80 Artículo 176. Apreciación de las pruebas. Las pruebas deberán ser apreciadas en conjunto, de acuerdo con
las reglas de la sana crítica, sin perjuicio de las solemnidades prescritas en la ley sustancial para la existencia
o validez de ciertos actos.
El juez expondrá siempre razonadamente el mérito que le asigne a cada prueba.
35
Radicación: 66001-23-33-000-2017-00463-02 (7579-2023)
Demandante: Antonio Arenas Rodríguez
Demandado: Sena
3.5.2. Sobre los elementos que permiten configurar la relación laboral
encubierta
116. En primer lugar, se destaca que conforme se señaló en el marco normativo y
jurisprudencial de esta sentencia, para que proceda la declaratoria de existencia de
una relación laboral encubierta, la parte demandante debe acreditar que se
materializaron tres elementos, conforme al artículo 23 del Código Sustantivo del
Trabajo: (1) la prestación personal del servicio, (2) la subordinación continua y (3)
la remuneración como contraprestación del servicio.
3.5.2.1. Prestación personal del servicio
117. De acuerdo con la documental allegada por las partes al plenario, esto es, la
certificación emitida por la Cooperativa Cotraser CTA, y la copia de los contratos de
prestación de servicios que se relacionaron en el acápite de hechos probados de la
presente providencia, se acredita que el señor Antonio Arenas Rodríguez prestó
servicios en el Centro de Atención Integral del Sector Agropecuario del Sena (Caisa)
y en la Unidad de Emprendimiento del Sena Regional Risaralda; vinculado a la
cooperativa del 1 de octubre de 2002 al 16 de diciembre de 2009, y directamente al
Sena, a través de contratos de prestación de servicios, desde el 27 de enero de
2010 hasta el 31 de diciembre de 2015.
118. La labor, conforme se prueba, la efectuó como instructor, con el propósito de
brindar formación a los aprendices en el Área de Formulación de Proyectos, con el
fin de apoyar el desarrollo de actividades de en la formación de planes de negocio
y creación de empresa, a quienes deseaban acceder al Fondo Emprender. Además,
se observa que en los contratos de prestación de servicios se pactó como obligación
que «el contratista no podrá ceder total ni parcialmente el presente contrato a otra
persona natural o jurídica, salvo autorización previa y expresa del Sena».
119. Sobre el particular, se tiene que de acuerdo con el testimonio rendido por el
señor Nelson López Hincapié, el demandante prestó sus servicios en distintos
municipios del departamento de Risaralda, lo cual coincide con los contratos de
prestación de servicios en los que se acordó que «prestar sus servicios en la ciudad
de Pereira y en los demás municipios del departamento de Risaralda, cuando por la
necesidad de la prestación del servicio y en cumplimiento del objeto contractual, se
requiera el desplazamiento del contratista».
120. En tal sentido, se entiende que aun cuando el accionante no prestó sus
servicios en una sola sede de la entidad, lo cierto es que el Área en el que fue
contratado ameritaba que se desplazara a prestar el servicio a los lugares en los
que este se requiriera.
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121. De lo anterior, se concluye que el demandante debía ejercer de manera
personal las obligaciones y funciones para las cuales fue contratado como
instructor.
3.5.2.2. Remuneración
122. El señor Antonio Arenas Rodríguez percibió una remuneración por el trabajo
desempeñado, de acuerdo con los contratos de prestación de servicios y las
pruebas documentales que obran en el plenario, en los que se advierte que se
estableció el valor pactado por la labor desempeñada y la forma de pago.
3.5.2.3. Continuada subordinación o dependencia
123. Sobre el particular se considera importante señalar que el elemento de la
subordinación se configura cuando el empleador ejerce poder de dirección, imparte
órdenes sobre el modo, tiempo y lugar de la ejecución del trabajo, aplica
reglamentos internos y puede imponer sanciones por incumplimiento,
características propias de una relación laboral y ajenas a la naturaleza autónoma
del contrato de prestación de servicios.
124. Por otra parte, conviene reiterar que la contratación por prestación de servicios
con personas naturales está permitida por el artículo 32 de la Ley 80 de 1993. En
tales casos, el contratista debe ejecutar las actividades pactadas con autonomía e
independencia, dentro del término estipulado, sin que tales funciones puedan
asumir un carácter permanente ni implicar integración a la estructura organizacional
de la entidad.
125. Cabe destacar que el referido artículo 32 de la Ley 80 de 1993 regula una
presunción legal, según la cual en ningún caso el contrato de prestación de servicios
genera relación laboral ni prestaciones sociales. No obstante, esta presunción del
legislador admite prueba en contrario, de suerte que la jurisprudencia ha identificado
una serie de elementos o, más técnicamente, indicios que permiten inferir la
existencia de una relación laboral subordinada encubierta.
126. La Sala considera que se trata de indicios, en tanto, configuran un hecho
conocido que permite inferir, a través de una deducción lógica, la existencia de otro
hecho desconocido (relación laboral), siempre que el hecho base esté debidamente
probado y las inferencias sean razonables y concatenadas con otras pruebas del
proceso.
127. En el caso concreto, en primer lugar, se reitera que el Sena, según el Decreto
2149 de 199281, es un establecimiento público del orden nacional, con personería
jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, adscrito al Ministerio de
81 Por el cual se reestructura el Servicio Nacional de Aprendizaje —Sena
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Demandante: Antonio Arenas Rodríguez
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Trabajo y Seguridad Social. Dicha entidad, según la Ley 119 de 199482, tiene por
misión la de intervenir en el desarrollo de los trabajadores colombianos; de manera
que ofrece y ejecuta formación profesional con carácter integral, para su
incorporación en actividades productivas.
128. Al respecto, si bien es cierto que el Sena se encuentra adscrito al Ministerio
del Trabajo y no al Ministerio de Educación, lo cierto es que, como lo ha estudiado
esta corporación, ejecuta una actividad académica y, por ende, el contenido de sus
programas y títulos, en consonancia con el numeral 6 del artículo 4 de la Ley 119
de 199483, debe ajustarse a la Ley 30 de 1992.
129. Ahora, para el desarrollo de la misión de la entidad en la planta de personal,
existe el cargo de instructor, que como se expuso en el marco normativo y
jurisprudencial de esta sentencia, tiene como función principal impartir formación
profesional y ejecutar actividades de coordinación de la formación e investigación
aplicada.
130. Lo anterior permite precisar que el hecho de que el Sena no se encuentre
adscrito al Ministerio de Educación no desvirtúa su misión, que por orden legal es
la de capacitar e impartir formación profesional; máxime cuando conforme ya se
explicó, su funcionamiento se rige por las normas especiales que le son propias,
entre ellas, la Ley 30 de 1992. En tal sentido, no se puede pasar por alto que dentro
de la planta de personal existe el cargo de instructor que tiene como funciones
programar, orientar y evaluar procesos de aprendizaje; las cuales a su vez resultan
ser propias de la entidad.
131. En este orden de ideas, en el presente caso se encontró probado, conforme
con la documental allegada y las testimoniales, que el señor Antonio Arenas
Rodríguez ejecutó la labor de instructor en el Centro de Atención Integral del Sector
Agropecuario (Caisa) y en la Unidad de Emprendimiento del Sena Regional
Risaralda. Ello quiere decir que, en consonancia con lo antes mencionado,
desempeñó funciones inherentes a la misión de la entidad.
132. Lo expuesto tiene fundamento además en que cumplió, entre otras, las
siguientes obligaciones84:
82 Por la cual se reestructura el Servicio Nacional de Aprendizaje, Sena, se deroga el Decreto 2149 de 1992 y
se dictan otras disposiciones.
83 Artículo 4. Funciones. Son funciones del Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, las siguientes:
(…)
6. Adelantar programas de formación tecnológica y técnica profesional, en los términos previstos en las
disposiciones legales respectivas. (…).
84 Para efectos prácticos solo se transcribirán algunas de las funciones pactadas en cada uno de los contratos
de prestación de servicios celebrados entre las partes.
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Radicación: 66001-23-33-000-2017-00463-02 (7579-2023)
Demandante: Antonio Arenas Rodríguez
Demandado: Sena
ESPECÍFICAS:
1) Asistir a las reuniones de trabajo y a las actividades que programe el líder Regional
de Emprendimiento, con la oportunidad requerida, mostrando una activa participación
en ellas.
2) Apoyar el proceso de creación de empresas a partir del acompañamiento
profesional al número de emprendedores y beneficiarios que le asigne el líder regional
de emprendimiento, logrando el cumplimiento del 50% de la meta asignada en el 1er
semestre del año y el restante 50% en el transcurso del segundo semestre de la
misma vigencia, de acuerdo con el cronograma de cumplimiento que el líder Regional
defina para la acreditación del cumplimiento de las metas citadas en esta obligación,
el contratista deberá entregar los soportes necesarios que acrediten la constitución
legal de las nuevas empresas y la prestación del servicio de acuerdo con los procesos
y formatos del SGC definidos por la Coordinación Nacional de Emprendimiento y
empresarismo.
3) Prestar los servicios profesionales para que la población beneficiaria de los
servicios de emprendimiento del SENA pueda formular los planes de negocio para
aplicar a las convocatorias de diversos programas de apoyo al emprendimiento,
enfocados a la creación de nuevas empresas (…)
5) Asegurar en el programa Jóvenes Rurales Emprendedores la planeación y
ejecución del fortalecimiento a las unidades productivas, con el fin de llevarlas a la
creación de empresas. Estas unidades productivas deberán ser entregadas mediante
acta y reunión con asistencia de representantes de los programas articulados a este
proceso, dicha entrega se adelantará con base en el procedimiento documentado
para este fin y previa inscripción de la Unidad Productiva en la plataforma Sofia por
parte de los líderes del programa Jóvenes Rurales Emprendedores. (…)
10) Apoyar y hacer seguimiento a la formulación de planes de negocio, creación y
puesta en marcha de empresas por aprendices SENA.
11) Apoyar a la Unidad de Emprendimiento para direccionar sus esfuerzos en la
integración de emprendimiento con la formación titulada.
12) Prestar apoyo en la semana de inducción en los centros de formación en donde
el principal objetivo será el sensibilizar a los aprendices para que generen ideas e
identifiquen alternativas de negocios a partir de la formación por proyectos. 1
3) Participar en la planeación de los proyectos de formación, realizando las vigilancias
tecnológicas (…).
15) Brindar asesoría a los aprendices beneficiarios con apoyo de sostenimiento para
la planeación de la idea de negocio y puesta en marcha del proyecto.
16) Asesorar la formulación de los planes de negocios para aplicar a las convocatorias
del fondo emprender, (…).
17) Realizar seguimiento, evaluación y creación de planes de mejoramiento para los
proyectos beneficiados por el Fondo Emprender. Esta acción se adelantará mediante
visitas programadas a las instalaciones de las empresas y mediante asesorías en las
unidades de emprendimiento, siendo requisito fundamental del proceso, el registro de
la asesoría o visita en el formato diseñado para cada evento. (…)
21) Cumplir con las actividades en los tiempos requeridos por el líder Regional de
Emprendimiento o por el líder de la Unidad de Emprendimiento a la que pertenezca
el Gestor.
22) Realizar el registro de las actividades realizadas en la plataforma Sofia Plus y
utilizar los formatos requeridos para cada interacción con los diferentes públicos y
procesos internos de la Unidad de Emprendimiento.
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Demandante: Antonio Arenas Rodríguez
Demandado: Sena
133. Las obligaciones transcritas, evidencian que el accionante no realizó sus
actividades de forma autónoma e independiente, pues tienen correspondencia con
el poder subordinante del empleador. Ello, toda vez que debía seguir
permanentemente las directrices por parte de la entidad como, por ejemplo, entregar
los soportes necesarios que acreditaran la constitución legal de las nuevas
empresas y la prestación del servicio de acuerdo con los procesos y formatos del
SGC definidos por la Coordinación Nacional de Emprendimiento; cumplir con las
actividades en los tiempos requeridos por el líder regional de emprendimiento o por
el líder de la Unidad de Emprendimiento y efectuar el reporte de las actividades
realizadas en la plataforma Sofia Plus y utilizar los formatos requeridos por el Sena.
134. En punto, se destaca que según lo expresó el señor Nelson López Hincapié,
las actividades desarrolladas por los instructores en el Centro Agropecuario y en la
Unidad de Emprendimiento del Sena Regional Risaralda, eran las mismas,
comoquiera que solo se trataba de diferentes dependencias.
135. Ahora bien, el testigo Óscar Iván Gutiérrez Jaramillo afirmó que el accionante
mientras laboró en la Unidad de Emprendimiento al igual que todos los integrantes
del equipo, estaba sujeto a un horario obligatorio que iniciaba generalmente a las
8:00 a.m. y se extendía hasta el mediodía, y en la tarde, comenzaba a las 2:00 p.m.
y finalizaba a las 6:00 p.m. Por su parte, el señor Nelson López Hincapié manifestó
que existía una jornada laboral de cuarenta y dos horas y media semanales que el
demandante debía acatar, la cual era organizada por la coordinación académica y
que usualmente era excedida dada la carga de trabajo que se imponía.
136. En relación con la dirección y control efectivo de las actividades, se destaca
que el instructor realizaba sus funciones siguiendo las orientaciones de la entidad
accionada y no bajo su propia dirección y manejo.
137. Sobre el particular, coincidieron los testigos en afirmar que el señor Antonio
Arenas Rodríguez dependía y recibía órdenes del coordinador y también del
subdirector. En relación con las instrucciones impartidas, adujeron que consistían
en el cumplimiento de la formación de acuerdo con las metas fijadas que se medían
en términos del número de aprendices atendidos, proyectos asesorados y empresas
acompañadas, según puntualizó el señor Óscar Iván Gutiérrez Jaramillo.
138. También, conforme se logró probar y lo indicaron los testigos, el demandante
estaba obligado a asistir a las reuniones a las que se le convocaba; en ellas se
daban directrices generales del centro de formación e impartían instrucciones a
contratistas y funcionarios de planta. En concreto, reposan en el expediente algunas
actas de distintas reuniones, que como se detalló en el acápite de hechos probados
de esta sentencia, evidencian que en estas se hacían seguimiento a las actividades
y compromisos del equipo de la Unidad de Emprendimiento.
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139. Por otra parte, en lo referente a que el servicio personal
contratado corresponda a las funciones permanentes de los empleados de
planta, en el caso concreto, los dos testigos sostuvieron que los instructores
contratistas realizaban las mismas actividades que los empleados de planta; de
hecho, ambos desempeñaron el ejercicio de esa labor. En efecto, el señor Nelson
López Hincapié declaró que no existía diferencia alguna, en tanto a los unos como
a los otros se les asignaban grupos que debían atender y acciones de formación
profesional que debían ejecutar, siendo tareas exactamente iguales. Por su parte,
el señor Óscar Iván Gutiérrez Jaramillo adujo que las funciones desarrolladas eran
idénticas y los horarios también, aunado a que participaban en las mismas
reuniones y capacitaciones.
140. En este orden de ideas, se concluye que no existió un desarrollo de
actividades bajo la simple coordinación de la entidad, comoquiera que las funciones
del demandante se ejecutaron según las órdenes del Sena, como se demostró, con
la imposición de un horario; la sujeción a las directrices de coordinadores; y la
correspondencia de las actividades a desarrollar con las de los empleados de
planta, según el manual de funciones.
141. Al respecto, se precisa que aun cuando en la ejecución de un contrato de
prestación de servicios, por su propia naturaleza, se requiere supervisión, con
ocasión a la coordinación de actividades entre las partes contratantes, lo cierto es
que en caso de que tal coordinación desborde los límites, sin que quede duda
acerca de que las funciones se realizaron sin autonomía e independencia, se
encuentra acreditada la subordinación como elemento diferenciador de la verdadera
relación laboral encubierta, como ocurrió en esta oportunidad.
142. Asimismo, se destaca que el presente caso no se enmarca dentro del principio
de coordinación, que «consiste en la sincronización de las actividades que ejerce el
contratista con las directrices que imparte el contratante para la ejecución eficiente
y eficaz del contrato, por lo que es indispensable que exista una concertación
contractual, en la que aquel cumple su contrato con independencia, pero en armonía
con las condiciones necesarias impuestas por su contraparte, respecto de las cuales
esta ejerce control, seguimiento y vigilancia al pacto suscrito»85.
143. En tanto, la subordinación es aquella «en virtud de la cual existe una sujeción
del trabajador hacia su empleador y, en tal sentido, esta cuenta en todo momento
con la posibilidad de disponer del trabajo de aquel, quien a su vez tiene la obligación
correlativa de obedecerle. En efecto, el empleador impone las condiciones de
tiempo, modo y lugar, inclusive con sus propios elementos o instrumentos, para que
el trabajador desarrolle sus labores, sin que a este respecto le asista ningún tipo de
independencia»86.
85 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 3 de noviembre de 2022, con ponencia
del magistrado Carmelo Perdomo Cuéter, proceso con radicado 63001-23-33-000-2020-00365-01 (2181-2022).
86 Ibidem.
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Demandante: Antonio Arenas Rodríguez
Demandado: Sena
144. En conclusión, en el caso bajo análisis, dada la valoración probatoria, se
considera probado el elemento de la subordinación. Lo anterior, en la medida que
el accionante al desempeñar las funciones de instructor, ejecutó labores que
permitían el desarrollo del objeto misional de la entidad, esto es, «intervenir en el
desarrollo social y técnico de los trabajadores colombianos; ofreciendo y ejecutando
la formación profesional integral, para la incorporación y el desarrollo de las
personas en actividades productivas que contribuyan al desarrollo social,
económico y tecnológico del país»87.
145. A su vez, las funciones las ejercía en horarios establecidos por la entidad; su
lugar de trabajo eran las instalaciones del Sena en los municipios del departamento
de Risaralda en los que se requería la prestación del servicio, según se designara.
Además, para cumplir el objeto contractual, la entidad le suministraba los elementos
que requería, computador, escritorio, papelería, insumos y acceso al internet, de
conformidad con lo dicho por el señor Óscar Iván Gutiérrez Jaramillo.
146. También, se tiene que la labor desempeñada fue con carácter permanente,
por más de trece años, y propia del personal de planta. Asimismo, el accionante era
supervisado, más allá de la coordinación, en tanto recibía directrices por parte de la
entidad, conforme se explicó en precedencia.
147. Por último, en cuanto a la vinculación del demandante a través de la
Cooperativa Cotraser CTA, se hace necesario precisar que la facultad de contratar
con terceros prevista en los artículos 32 de la Ley 80 de 1993 y 2 de la Ley 1150 de
2007 no puede interpretarse como una autorización irrestricta para desconocer
derechos y garantías laborales.
148. En este punto, se estima que los períodos durante los cuales el demandante
prestó sus servicios a través de la cooperativa de trabajo asociado sí son
susceptibles de valorarse para acreditar la existencia de una relación laboral y, en
consecuencia, para derivar el derecho al reconocimiento de salarios y prestaciones
sociales, cuya obligación recae sobre la entidad que se benefició de dichos
servicios.
149. En lo que respecta a la tercerización laboral, la Corte Constitucional, mediante
sentencia C-330 de 1995, examinó la constitucionalidad del numeral 3 del artículo
77 de la Ley 50 de 1990 y estableció que el propósito de dicha norma es la
protección de los trabajadores frente al uso indebido de la contratación temporal en
detrimento de la estabilidad laboral.
150. Esta corporación88 ha reiterado dicho criterio garantista, destacando que el
legislador, en la ponencia para segundo debate de la Ley 50 de 1990, consagró
disposiciones precisas orientadas a salvaguardar los derechos de los trabajadores
87 Ley 119 de 1994, artículo 2.
88Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 23 de marzo de 2000, exp. 0570-1998, M.P. Ana
Margarita Olaya Forero
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Demandante: Antonio Arenas Rodríguez
Demandado: Sena
temporales en materia de remuneración, prestaciones sociales y salud ocupacional,
así como a regular la constitución y funcionamiento de las empresas temporales,
con el fin de erradicar los abusos contra esta categoría de trabajadores. En
particular, se estableció de manera taxativa, en desarrollo del principio de a igual
trabajo igual salario, que el trabajador temporal percibirá la misma remuneración
ordinaria que el trabajador vinculado directamente por la empresa usuaria que
desempeñe funciones idénticas, con la única salvedad de las diferencias derivadas
de la antigüedad.
151. En esa línea, la Sección Segunda de esta corporación89 ha indicado que la
administración debe abstenerse de acudir a esta modalidad de contratación para el
desarrollo de funciones permanentes o inherentes a su objeto social, pues de
hacerlo se vulnerarían los derechos de los servidores públicos, el derecho al trabajo
y los fines de la administración pública, consagrados en los artículos 25, 53, 123 y
125 de la Constitución Política.
152. Así, se ha sostenido que cuando la controversia jurídica se dirige contra el
tercero beneficiario de la prestación personal del servicio —en el presente caso, el
Sena—, los derechos laborales debidamente acreditados no se ven afectados por
el hecho de que el vínculo se haya formalizado a través de una empresa de servicios
temporales, ni tal circunstancia constituye impedimento alguno para acceder a las
pretensiones de la demanda90.
153. En tal sentido, esta corporación ha definido que cuando un tercero se beneficia
de servicios prestados por un trabajador temporal en desarrollo de actividades
permanentes y con desconocimiento de sus derechos laborales, es ese tercero
beneficiario, en este caso el Sena, quien está llamado a responder, siempre que se
acrediten los elementos propios de una relación de trabajo91.
154. Aclarado lo anterior, al encontrarse acreditados en el caso concreto, los
elementos de prestación personal del servicio, remuneración y subordinación, la
Sala considera que, del 1 de octubre de 2002 al 31 de diciembre de 2015, la parte
demandante demostró la existencia de la relación laboral con el Sena, lo que se
evidenció con las pruebas documentales y testimoniales practicadas en el proceso.
• Prescripción trienal
155. En sentencia de unificación SUJ2-005-16 proferida por esta corporación el 25
de agosto de 2016, se fijó como subregla la siguiente:
89 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 27 de noviembre de 2014, exp. 05001 23
33 000 2012 00275 01 (3222-2013), M.P. Gerardo Arenas Monsalve.
90 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 3 de marzo de 2022, exp.
66001-23-33-000-2016-00014-01 (3798-2018), M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.
91 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 12 de marzo de 2026, exp. 25000-23-42-
000-2018-01579-01 (5061-2024), M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar.
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Demandado: Sena
En aquellos contratos de prestación de servicios, pactados por un interregno
determinado y que la ejecución entre uno y otro tiene un lapso de interrupción,
frente a cada uno de ellos habrá de analizarse la prescripción a partir de sus
fechas de finalización, puesto que uno de los fundamentos de la existencia del
contrato realidad es precisamente la vocación de permanencia en el servicio.
Por consiguiente, le corresponderá al juez verificar si existió o no la citada interrupción
contractual, que será excluida de reconocimiento y examinada en detalle en cada
caso particular, en aras de proteger los derechos de los trabajadores, que han sido
burlados por las autoridades administrativas al encubrir una relación laboral bajo
contratos de prestación de servicios.
Pese a lo expuesto, la Sala aclara que la prescripción extintiva no se aplica frente a
los aportes para pensión, en atención a la condición periódica del derecho pensional,
que los hace imprescriptibles, pues aquellos se causan día a día y en tal sentido se
pueden solicitar en cualquier época, mientras que las prestaciones sociales y
salariales, al ser pagadas por una sola vez, sí son susceptibles del mencionado
fenómeno, por tener el carácter de emolumentos económicos temporales. (Se
destaca)
156. Ahora en relación con el término de la no solución de continuidad en asuntos
en los que se debate la existencia de una relación laboral encubierta, esta Sección
en sentencia del 9 de septiembre de 2021, como se explicó en el marco normativo
y jurisprudencial precedente, estableció un periodo de 30 días hábiles, entre la
finalización de un contrato y la ejecución del siguiente. Término que debe
entenderse como un marco de referencia para la administración, el contratista y el
juez de la controversia.
157. Por lo expuesto, quien pretenda el reconocimiento de una relación laboral
encubierta con el Estado, y el pago de las prestaciones que de esta se deriven,
deberá reclamarlo dentro del término de tres años contados a partir de la finalización
del vínculo contractual92.
158. Descendiendo al caso particular, se advierte que existió pérdida de solución
de continuidad, entre los contratos 0083 del 27 de enero de 2010 y el 0042 del 10
de febrero de 2011, toda vez que hubo interrupción de 52 días y, entre el contrato
0202 del 12 de julio de 2011 y el 0501 del 8 de marzo de 2012, de 58 días.
159. Con posterioridad, desde contrato 0501 de 2012, que se comenzó a ejecutar
el 9 de marzo de 2012, hasta la finalización de la vinculación, el 31 de diciembre de
2015, no se evidencia interrupciones superiores a 30 días hábiles.
160. Esclarecido esto, como la reclamación administrativa se presentó el 9 de
febrero de 2017 –y la demanda el 11 de agosto de 2017–, se tiene que no
transcurrieron más de tres años —artículo 41 del Decreto 3135 de
1968, reglamentado en el Decreto 1848 de 1969— desde la finalización de la
92 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016, proceso con
referencia SUJ2-005-16.
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relación laboral —31 de diciembre de 2015—, por lo que dicha petición tuvo la
virtualidad de interrumpir la prescripción frente a lo causado durante el periodo en
que no se evidencia pérdida de la solución de continuidad, es decir del 9 de marzo
de 2012 en adelante.
161. Por la misma razón, el fenómeno de la prescripción operó frente a lo causado
con antelación a la fecha antes señalada, 9 de marzo de 2012 (fecha de inicio del
contrato 0501), como bien lo determinó el Tribunal.
162. En punto, se precisa que dicha prescripción no opera frente a los aportes
pensionales, por tratarse de derechos imprescriptibles e irrenunciables. Criterio que
coincide con lo definido por el a quo.
163. Por último, resulta importante aclarar que, en casos como el presente, el
criterio de esta Subsección es reconocer el restablecimiento del derecho con base
en los salarios devengados por un empleado de planta, en aras de dar aplicación al
principio de a trabajo igual salario igual. No obstante, si bien en el asunto de la
referencia el Tribunal ordenó el restablecimiento del derecho con base en los
honorarios percibidos por el accionante, la Sala no hará pronunciamiento al respecto
para modificar la orden impartida. Ello, toda vez que dicho aspecto no fue objeto de
apelación y la entidad demandada ostenta la calidad de apelante único; por lo cual
no sería posible modificar la orden impartida en la sentencia impugnada, en
aplicación del principio de non reformatio in pejus93.
3.6. Conclusión de la decisión
164. Con fundamento en lo expuesto, la Sala concluye que la parte
demandante acreditó la existencia de una relación laboral entre el 1 de octubre de
2002 y el 31 de diciembre de 2015 en la prestación del servicio como instructor del
Sena. En efecto, demostró la prestación personal del servicio, la remuneración y la
subordinación continua. No obstante, operó la prescripción de lo causado con
anterioridad al 9 de marzo de 2012, dada la pérdida de la solución de continuidad
en los contratos suscritos con anterioridad a tal fecha. Por ende, se confirmará la
sentencia impugnada.
4. Costas
4. La presente providencia acoge el criterio de interpretación mayoritario 94 de la
93 Entendido como no agravar la situación del apelante único.
94 La magistrada ponente considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un criterio
objetivo valorativo por varias razones, a saber: (1) El artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de
procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso - administrativo. (2) Dicho artículo 188 no
excluye la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en
el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». (3) La temeridad o mala fe deben
ser valoradas por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP con el propósito de determinar la
eventual responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (4) El inciso segundo del
artículo 188 no morigera el criterio objetivo, por el contrario, amplía su espectro al considerar que en los asuntos
en los que se ventila un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se
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Demandado: Sena
Subsección sobre el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, consistente en que para
decretar la condena en costas debe verificarse que la parte vencida actuó de
manera temeraria o de mala fe. Por lo tanto, no hay lugar en el caso de autos a
imponer dicha condena, en atención a que no se advierte que aquella haya incurrido
en las anteriores conductas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
Falla:
Primero. Confirmar la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de
Risaralda, Sala Cuarta de Decisión el 14 de septiembre de 2023, que accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda, de conformidad con las razones
expuestas en este proveído.
Segundo. Sin condena en costas.
Tercero. Devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones en
el Sistema de Gestión Judicial Samai.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
Notifíquese y cúmplase.
Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente
Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado electrónicamente
Jorge Edison Portocarrero Banguera
Firmado electrónicamente
establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal». (5) Los parámetros
antes enunciados son producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio
de las de carácter especial como los artículos 265 a 269 del CPACA.
Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la Corte Constitucional, que a propósito del
régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para imponer la condena en costas el juez
ya no tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la hora de condenar en costas, sino la
derrota en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo- valorativo.”. En el mismo sentido:
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso - Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 7
de abril de 2016, M.P. William Hernández Gómez, exp. 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-2014).
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Demandado: Sena
Constancia: la presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial Samai. En
consecuencia, conforme a lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, a través del siguiente enlace
https://Samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
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