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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 66001-23-33-000-2017-00507-01

Fecha
11 de agosto de 2023
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 66001-23-33-000-2017-00507-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Revocar la sentencia del 18 de octubre de 2019, proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda, Sala Segunda de Decisión, que negó las pretensiones de la demanda incoada por Martha Lisbey Marín Bermúdez contra la E.S.E. 72 En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter., radicación 70001- 23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014). 31 Radicado: 66001-23-33-000-2017-00507-01 (2233-2020) Demandante: Martha Lisbey Marín Bermúdez Hospital Mental Universitario de Risaralda, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia, y en su lugar: Segundo. Declarar la nulidad del acto administrativo 201702202110000060 del 20 de febrero de 2017, mediante el cual se negó la existencia de una relación laboral entre Martha Lisbey Marín Bermúdez y la E.S.E. Hospital Mental Universitario de Risaralda. Tercero. Como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho, declarar la existencia de una relación laboral entre Martha Lisbey Marín Bermúdez y la E.S.E. Hospital Mental Universitario de Risaralda durante el periodo comprendido entre el 2008 y el 31 de enero de 2017. Cuarto. Condenar a la E.S.E. Hospital Mental Universitario de Risaralda a reconocer a Martha Lisbey Marín Bermúdez las prestaciones sociales de orden legal a las cuales tiene derecho, para lo cual tomará como referente los salarios de un empleado de planta que desarrollaba iguales funciones a las ejecutadas por la demandante en el periodo reclamado y, en caso de no existir, se tendrá como base los honorarios pactados en los contratos de prestación de servicios, o lo que le resulte más favorable si estos concurren, por el tiempo en el cual se demostró la existencia de la relación laboral, es decir, entre el 2008 y el 31 de enero de 2017, conforme a lo explicado en la parte motiva. De igual manera, ordenar a la entidad demandada, que efectúe las cotizaciones por tales valores al respectivo fondo de pensiones en consideración al porcentaje que le correspondía como empleador, por el periodo comprendido entre el 2008 y […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 66001-23-33-000-2017-00507-01

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

11 de agosto de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., once (11) de agosto de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 66001-23-33-000-2017-00507-01 (2233-2020)
Demandante: Martha Lisbey Marín Bermúdez
Demandado: E.S.E. Hospital Mental Universitario de Risaralda Homeris

Tema: Relación laboral encubierta

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
________________________________________________________________

Asunto

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la demandante contra la
sentencia proferida el 18 de octubre de 2019 por el Tribunal Administrativo de
Risaralda, Sala Segunda de Decisión, por medio de la cual se negaron las
pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

Martha Lisbey Marín Bermúdez presentó demanda, en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
(CPACA)1, en orden a que se declarara la nulidad del Oficio
201702202110000060 del 20 de febrero de 2017, por medio del cual el gerente del
hospital demandado negó la existencia de una relación laboral y por tanto el pago
de las prestaciones sociales que se derivaban de ella.

Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho,
solicitó: i) declarar la existencia de una relación laboral con la E.S.E. Hospital

1 En adelante CPACA.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 66001-23-33-000-2017-00507-01 (2233-2020)
Demandante: Martha Lisbey Marín Bermúdez

Mental Universitario de Risaralda Homeris2 por el periodo comprendido entre el 1º
de mayo de 2006 y el 31 de enero de 2017 por sus servicios como auxiliar de
enfermería; ii) reconocer las prestaciones sociales y demás acreencias laborales
que surjan, tales como el calzado y vestido de labor que debió ser entregado 3
veces al año, horas extras, primas de servicios y de navidad, cesantías,
vacaciones, en consideración al salario percibido o lo que devengaban los
empleados de planta de la entidad que ejercían sus mismas funciones, lo que le
resulte más favorable; iii) reajustar e indexar las diferencias que surjan; iv) pagar
en su favor las cuotas partes por concepto de cotizaciones a pensión, salud y
riesgos profesionales, v) reconocer el pago de la sanción por el despido sin justa
causa después de 10 años de servicio; y vi) condenar al pago de la indemnización
moratoria dispuesta en el artículo 1 del Decreto 797 de 1949.

1.1.2. Fundamentos fácticos

Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:

• Martha Lisbey Marín Bermúdez prestó sus servicios como auxiliar de enfermería
a la E.S.E. Hospital Mental Universitario de Risaralda Homeris entre mayo de 2006
y el 31 de enero de 2017. Inicialmente fue vinculada de manera directa mediante
contratos de prestación de servicios, en el 2008 fue obligada a contratar de
manera indirecta con la cooperativa de trabajo asociado Porvenir hasta el 2011, en
el 2012 volvió a suscribir contratos de prestación de servicios con la E.S.E.
Homeris hasta el 31 de junio de 2013, el 1º de julio de ese año se vinculó
mediante la Cooperativa Temporal Gestionar con Calidad S.A.S. por instrucción de
la demandada, finalmente desde el 1º de julio de 2014 hasta el 31 de enero de
2017 prestó sus servicios como contratista para la institución de salud
mencionada.

• Durante su vinculación estuvo bajo las órdenes del jefe de enfermería Jhon Jairo
Arboleda Hoyos, el cual fijaba el cuadro del horario de turnos diarios e impartía las
instrucciones de manera personal, en ocasiones las jornadas laborales fueron de
12 horas seguidas y 192 mensuales, sin ningún reconocimiento por concepto de
horas extras y aunque no estuviera de turno debía estar disponible. En el tiempo
de servicio no se evidenciaron quejas por su mal comportamiento.

• En el periodo en el que prestó sus servicios estuvo obligada a comprar por su
cuenta los uniformes y el calzado con el respectivo logo de la E.S.E. Homeris;
además tuvo que asistir a innumerables reuniones convocadas por el gerente o el

2 En adelante E.S.E. Homeris.

2

Radicado: 66001-23-33-000-2017-00507-01 (2233-2020)
Demandante: Martha Lisbey Marín Bermúdez

jefe de enfermería. Al finalizar su vinculación laboral no le fue reconocida la
liquidación del contrato a pesar de haber trabajado por más de 10 años.

• Ninguna de las entidades intermediarias que la contrataron, ni la E.S.E. Homeris,
sufragaron los aportes que por ley corresponden al Sistema de Seguridad Social,
correspondiéndole a Martha Lisbey Marín Bermúdez su pago.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

Como tales se señalaron los artículos 25 y 53 de la Constitución Política; 30 de la
Ley 10 de 1990; 1 y 2 del Decreto 2922 de 1966; 33 del Decreto 1045 de 1978; 57,
65 y 340 del Código Sustantivo del Trabajo y de la Seguridad Social; y el Decreto
1919 de 2002.

En cuanto al concepto de violación, expuso lo siguiente3:

• A pesar de que se suscriban varias órdenes de trabajo y contratos de prestación
de servicio, mientras que sean de carácter sucesivo, se demuestra el ánimo de la
administración por emplear de manera permanente y continua los servicios de la
misma persona, lo cual enmarca la relación laboral y desdibuja la vinculación de
tipo ocasional o esporádico que en principio parece existir.

• La jurisprudencia ha reconocido la existencia de una relación laboral proveniente
de la prestación de servicios en la modalidad de contratos independientes, en
virtud del principio y garantía constitucional de la primacía de la realidad sobre las
formalidades, siempre y cuando se demuestren los rasgos típicos de esa relación
como lo son i) la prestación personal del servicio, ii) la subordinación y iii) la
contraprestación o remuneración.

1.2. Contestación de la demanda

La E.S.E. Hospital Mental Universitario de Risaralda Homeris se opuso a la
prosperidad de las pretensiones4 con fundamento en que:

• Martha Lisbey Marín Bermúdez prestó sus servicios desde el 2006 para la E.S.E.
Homeris a través de diferentes cooperativas de trabajo asociado como Multiser,
Multiserpro, Porvenir, Cootraspor, Coopsalud y Surgir hasta el 2011, las cuales,
según se evidencia en el plenario, cumplieron con el pago de salarios y
prestaciones sociales. Posteriormente la demandante suscribió un contrato de

3 Folios 11 al 21 del cuaderno 2.
4 Folios 82 al 94 del cuaderno 2.

3

Radicado: 66001-23-33-000-2017-00507-01 (2233-2020)
Demandante: Martha Lisbey Marín Bermúdez

prestación de servicios en favor de esa empresa entre el 2 de enero de 2012 y el 3
de junio de ese año, luego surgió otra vinculación con una de las cooperativas
entre el 1º de julio de 2013 y el 30 de junio de 2014. En este sentido se evidencia
que prestó sus servicios de manera interrumpida, sin que mediara orden por parte
de la entidad prestadora de salud respecto de entablar contratos con alguna
cooperativa mencionada.

En cuanto al vínculo contractual entre la demandante y la empresa de servicios
temporales gestionar con calidad S.A.S. Tempo Gestionar, no es posible alegar
una responsabilidad solidaria entre esa última y la demandada, por cuanto las
obligaciones fueron cumplidas a cabalidad y no se superó el tiempo establecido
para ese tipo de contratación, esto es 6 meses prorrogables por otros 6 meses, de
hecho todas las vinculaciones fueron diferentes debido a la solución de
continuidad entre cada relación contractual, de las cuales no surge la exigencia de
pagar las prestaciones sociales por parte de la contratante.

• Si bien es cierto que la E.S.E. Homeris contrataba formalmente la prestación de
servicios con cooperativas, también lo es que siempre cumplió con los requisitos
exigidos por las normas que regulan esa práctica, sin vulnerar los derechos de los
contratistas y con observancia del artículo 6 del Decreto 4369 de 2006 que
establece los términos para la contratación inter-partes de 6 meses prorrogables
por otros 6 meses. Además, es claro que era la empresa intermediaria la
encargada de delimitar las obligaciones del trabajador en misión, en virtud del
artículo 77 del CST, es decir que eran estas a las que la demandante prestaba sus
servicios en calidad de asociada, las que le imponían las condiciones de
vinculación respecto de órdenes, horarios, labor a desarrollar y salario y las
responsables de la salud ocupacional de los trabajadores. En ese sentido, el
usuario, la categoría ejercida por la E.S.E. Homeris, es el encargado de recibir el
servicio prestado por el trabajador en misión, frente al cual solo le corresponde
impartir instrucciones para el cumplimiento de la meta o propósito buscado, en
concordancia con el artículo 77 de la Ley 50 de 1990.

• Finalmente propuso la excepción de prescripción respecto de todos los créditos
reclamados cuyo reconocimiento pueda estar afectado por el paso del tiempo, así
como las que denominó «solución de continuidad en la alegada relación contractual»,
«cobro de lo no debido», «inexistencia de solidaridad», «improcedencia de sanciones por
mora en el pago de las prestaciones y consignaciones de cesantías», «pago parcial de las
obligaciones reclamadas», «compensación» y la excepción genérica.

1.3. La sentencia apelada

4

Radicado: 66001-23-33-000-2017-00507-01 (2233-2020)
Demandante: Martha Lisbey Marín Bermúdez

El Tribunal Administrativo de Risaralda, Sala Segunda de Decisión, mediante
sentencia proferida el 18 de octubre de 2019, negó las pretensiones de la
demanda. Para tal efecto se pronunció en estos términos5:

• A partir de los contratos suscritos entre la E.S.E. Homeris, las cooperativas de
trabajo asociado y las empresas de servicios temporales no es posible inferir que
Martha Lisbey Marín Bermúdez hiciera parte de la ejecución de cada uno de ellos,
por cuanto no fue allegado al expediente certificación alguna expedida por las
cooperativas ni por las empresas que acreditaran su vinculación, tampoco se
encuentran listas de nómina, facturas o cuentas de cobro presentadas ante la
E.S.E. Homeris que dieran cuenta de que la demandante hiciera parte del recurso
humano empleado para el cumplimiento de los contratos. Aunque el gerente de la
entidad hospitalaria certificó que aquella ejecutó contratos de prestación de
servicios en calidad de auxiliar de enfermería mediante algunas cooperativas de
trabajo entre el 2008 y el 2011, el 2013 y el 2014. Si bien obra el histórico de los
pagos realizados por las empresas «Gestionar SER» y «Temporales GE», como
algunos listados de nómina de «Tempogestionar» y cuadros de turnos, lo cierto es
que de esos documentos no es posible extraer con claridad la vinculación laboral
de la demandante con las entidades, las funciones desarrolladas, los salarios y
prestaciones.

• Al expediente fueron allegados algunos contratos de prestación de servicios
suscritos entre Martha Lisbey Marín Bermúdez y la E.S.E. Homeris entre el 2012 y
2017 lo cual fue respaldado con las certificaciones proferidas por el gerente y el
jefe de talento humano de esa última; sin embargo, de lo anterior no es posible
identificar que las funciones como auxiliar de enfermería implicaban la prestación
personal y subordinada del servicio, tampoco se lograron determinar los aspectos
específicos de cómo, cuándo y dónde se ejecutaron los contratos. Si bien la
demandada tiene como misión la prestación del servicio público de atención en
salud mental y por ello requiere de personal asistencial, lo cierto es que no implica
automáticamente la existencia de una relación laboral, puesto que el artículo 32 de
la Ley 80 de 1993 prevé la posibilidad de celebrar contratos para desarrollar
actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad.

• En cuanto a la condena en costas, estimó que es improcedente en la medida en
que no se demostró su causación, en consideración a lo previsto en el artículo 365
del Código General del Proceso.

1.4. El recurso de apelación

5
Folios 272 al 291.

5

Radicado: 66001-23-33-000-2017-00507-01 (2233-2020)
Demandante: Martha Lisbey Marín Bermúdez

Martha Lisbey Marín Bermúdez interpuso recurso de apelación6 con fundamento
en los siguientes argumentos:

• La sentencia proferida por el a quo desconoció que la E.S.E. hubiese aceptado
que la demandante prestó sus servicios como auxiliar de enfermería de manera
sucesiva desde el 2008 hasta el 31 de enero de 2017, sin que fuera relevante que
su vinculación fuera directamente con la entidad de salud o con las cooperativas
de trabajo asociado o con empresas de servicios temporales; las funciones
siempre fueron las mismas, el suministro de medicamentos bajo la dirección del
jefe de enfermería, el aseo a los pacientes y el cuidado permanente de pacientes
de alto riesgo, todo lo anterior se realizó según la fijación de un horario por turnos
de 6, 8, 9 y hasta 12 horas consecutivas mediante el cual se regían tantos los
empleados de planta como los contratistas.

• Por la naturaleza de la labor como auxiliar de enfermería contratada con la
demandada se deduce que el elemento de la subordinación es intrínseco, toda vez
que estos se limitan a la ejecución de órdenes de sus superiores y no les está
permitido tomar decisiones autónomas en relación con un paciente.

1.5. Intervenciones en segunda instancia

1.5.1. La parte demandante resaltó que el material probatorio allegado al
expediente es suficiente para acreditar la subordinación, tal como se desprende
del cuadro de turnos impartido por los superiores en la institución y las funciones
de atención especial de los pacientes y de sus familiares en el área de urgencias y
de la presentación de informes al profesional encargado de su dirección,
finalmente insistió en los argumentos expuestos en la demanda y en el recurso de
apelación.

1.5.2. La E.S.E. demandada alegó que en el presente asunto no se lograron
demostrar los elementos de la relación laboral, para lo cual reiteró sus argumentos
de la contestación de la demanda.

1.6. El Ministerio Público

El procurador tercero delegado ante el Consejo de Estado guardó silencio.

2. Consideraciones

2.1. Los problemas jurídicos

6
Folios 293 a 295.

6

Radicado: 66001-23-33-000-2017-00507-01 (2233-2020)
Demandante: Martha Lisbey Marín Bermúdez

Consisten en determinar ¿si entre Martha Lisbey Marín Bermúdez y la E.S.E.
Hospital Mental Universitario de Risaralda Homeris se configuró una relación
laboral? y si como consecuencia ¿tiene derecho al reconocimiento y pago de las
prestaciones sociales derivadas de esa relación?

2.2. Marco normativo y jurisprudencial

2.2.1. Sobre la existencia de las relaciones laborales encubiertas

El numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 posibilita celebrar contratos de
prestación de servicios con las entidades del sector público, así:

«Artículo 32. De los contratos estatales. Son contratos estatales todos los actos
jurídicos generadores de obligaciones que celebren las entidades a que se refiere el
presente estatuto, previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales, o
derivados del ejercicio de la autonomía de la voluntad, así como los que, a título
enunciativo, se definen a continuación:

(…)

3o. Contrato de Prestación de Servicios.

Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades estatales para
desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la
entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas
actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos
especializados.

En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales y se
celebrarán por el término estrictamente indispensable».

Por su parte, el Decreto 2209 de 19987 precisó que «(l)os contratos de prestación de
servicios con personas naturales o jurídicas, sólo se podrán celebrar cuando no exista
personal de planta con capacidad para realizar las actividades que se contratarán».

De esta forma, en cuanto tiene que ver con la contratación de personas naturales,
la norma exige que solo se celebrarán con el propósito de suplir actividades
relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad, o para
desarrollar labores especializadas que no puede asumir el personal de planta. De
allí que la consecuencia jurídica lógica radica en que no se generará una relación
laboral y con ello tampoco se producirá ningún tipo de prestación social.

7
«Por el cual se modifican parcialmente los Decretos 1737 y 1738 del 21 de agosto de 1998».

7

Radicado: 66001-23-33-000-2017-00507-01 (2233-2020)
Demandante: Martha Lisbey Marín Bermúdez

La Corte Constitucional, en la sentencia C-147 de 1997, al estudiar la
constitucionalidad de las expresiones «no puedan realizarse con personal de planta o»
y «en ningún caso (...) generan relación laboral ni prestaciones sociales», contenidas en
el citado numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, estableció que el ejercicio
de tal potestad es ajustado a la Carta Política, siempre y cuando la administración
no la utilice para ocultar la existencia de una relación laboral personal subordinada
y dependiente.

De tal forma, se hace necesario remitirse al artículo 53 de la Constitución Política
que dispone, frente a los principios mínimos fundamentales en materia laboral,
entre otros, el de la primacía de la realidad sobre las formalidades. Esto señala la
norma:

«Artículo 53. El Congreso expedirá el estatuto del trabajo. La ley correspondiente
tendrá en cuenta por lo menos los siguientes principios mínimos fundamentales:

Igualdad de oportunidades para los trabajadores; remuneración mínima vital y móvil,
proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; estabilidad en el empleo;
irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales; facultades
para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles; situación más favorable
al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales
de derecho; primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los
sujetos de las relaciones laborales; garantía a la seguridad social, la capacitación, el
adiestramiento y el descanso necesario; protección especial a la mujer, a la maternidad
y al trabajador menor de edad.

El estado garantiza el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las
pensiones legales.

Los convenios internacionales del trabajo debidamente ratificados, hacen parte de la
legislación interna.

La ley, los contratos, los acuerdos y convenios de trabajo, no pueden menoscabar la
libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores». (Resalta la Sala).

Así, cuando la norma constitucional alude a los convenios internacionales
debidamente ratificados, impone remitirse a su vez a la Constitución de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT)8 que previó una garantía al derecho a
la igualdad a través del principio de «salario igual por un trabajo de igual valor». En
igual sentido el artículo 2 del Convenio 111 de esa organización 9 desarrolló el
principio anterior al establecer que «todo miembro para el cual este Convenio se
halle en vigor se obliga a formular y llevar a cabo una política nacional que
promueva los métodos adecuados a las condiciones y a las prácticas nacionales,

8
Aprobada el 11 de abril de 1919.
9
Aprobado en Colombia mediante la Ley 22 de 1967 y ratificado en 1969.

8

Radicado: 66001-23-33-000-2017-00507-01 (2233-2020)
Demandante: Martha Lisbey Marín Bermúdez

la igualdad de oportunidades y de trato en materia de empleo y ocupación, con
objeto de eliminar cualquier discriminación a este respecto».

Ahora bien, el «(p)rotocolo de San Salvador: Adicional a la Convención Americana sobre
Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales»10 y que
también fue ratificado por Colombia, establece que todos los Estados parte deben
garantizar, como mínimo, «unas condiciones justas, equitativas y satisfactorias», y, en
particular «una remuneración que asegure como mínimo a todos los trabajadores
condiciones de subsistencia digna y decorosa para ellos y sus familias y un salario
equitativo e igual por trabajo igual, sin ninguna distinción».

Estas obligaciones internacionales, encuentran vigencia en el ordenamiento
colombiano. En particular, el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo señala
los elementos esenciales del contrato de trabajo de la siguiente manera:

«Artículo 23. Elementos esenciales. <Artículo subrogado por el artículo 1o. de la Ley
50 de 1990. El nuevo texto es el siguiente:>

1. Para que haya contrato de trabajo se requiere que concurran estos tres elementos
esenciales:

a. La actividad personal del trabajador, es decir, realizada por sí mismo;

b. La continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto del empleador,
que faculta a éste para exigirle el cumplimiento de órdenes, en cualquier momento, en
cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, e imponerle reglamentos, la cual debe
mantenerse por todo el tiempo de duración del contrato. Todo ello sin que afecte el
honor, la dignidad y los derechos mínimos del trabajador en concordancia con los
tratados o convenios internacionales que sobre derechos humanos relativos a la
materia obliguen al país; y

c. Un salario como retribución del servicio.

2. Una vez reunidos los tres elementos de que trata este artículo, se entiende que
existe contrato de trabajo y no deja de serlo por razón del nombre que se le dé ni de
otras condiciones o modalidades que se le agreguen».

Aquí se debe precisar que, en materia probatoria, la presunción que se establece
en la citada norma opera de forma distinta cuando se trata en materia laboral
ordinaria, ya que se está dejando la carga de la prueba en manos del empleador,
caso distinto ocurre cuando se involucran relaciones entre los servidores públicos
o particulares frente al Estado, los cuales deberán asumir esa carga siempre que
intenten develar una relación laboral a través de un contrato de prestación de
servicios.

10
Adoptado en San Salvador, el 17 de noviembre de 1988.

9

Radicado: 66001-23-33-000-2017-00507-01 (2233-2020)
Demandante: Martha Lisbey Marín Bermúdez

Al respecto, la Sección Segunda del Consejo de Estado en la sentencia de
unificación11 del 25 de agosto de 2016, indicó lo siguiente:

«De lo anterior se colige que el contrato de prestación de servicios se desfigura cuando
se comprueban los tres elementos constitutivos de una relación laboral, esto es, la
prestación personal del servicio, la remuneración y la continuada subordinación laboral,
de lo que surge el derecho al pago de prestaciones sociales a favor del contratista, en
aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades
establecidas en las relaciones laborales, consagrado en el artículo 53 de la
Constitución Política, con el que se propende por la garantía de los derechos mínimos
de las personas preceptuados en normas respecto de la materia.

En otras palabras, el denominado “contrato realidad” aplica cuando se constata en
juicio la continua prestación de servicios personales remunerados, propios de la
actividad misional de la entidad contratante, para ejecutarlos en sus propias
dependencias o instalaciones, con sus elementos de trabajo, bajo sujeción de órdenes
y condiciones de desempeño que desbordan las necesidades de coordinación respecto
de verdaderos contratistas autónomos, para configurar dependencia y subordinación
propia de las relaciones laborales12». (Resalta la Sala).

Así entonces, el Consejo de Estado ha reiterado la necesidad de que se acrediten
fehacientemente los 3 elementos propios de una relación de trabajo, como son la
prestación personal del servicio, la remuneración y, en especial, la subordinación y
dependencia del trabajador respecto del empleador.

Ahora, sobre la prescripción del derecho reclamado en el marco de una relación
laboral encubierta, la Sección Segunda del Consejo de Estado, en la referida
sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016, señaló:

«Por lo tanto, si quien pretende el reconocimiento de la relación laboral con el Estado,
se excede de los tres años, contados a partir de la terminación de su vínculo
contractual, para reclamar los derechos en aplicación del principio de la “...primacía de
la realidad sobre las formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones
laborales” (artículo 53 constitucional), se extingue el derecho a solicitar las
prestaciones que se deriven de aquella, pues dicha situación se traduciría en su
desinterés, que no puede soportar el Estado, en su condición de empleador.

Pero en aquellos contratos de prestación de servicios, pactados por un interregno
determinado y que la ejecución entre uno y otro tiene un lapso de interrupción, frente a

11
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 25 de agosto de 2016, radicado
230012333000201300260 01 (0088-15) CE–SUJ2-005-16. M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
12
«En similares términos, se pronunció el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, en
sentencia del 27 de enero de 2011, M.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila, expediente: 5001-23-31-
000-1998-03542-01(0202-10)».

10

Radicado: 66001-23-33-000-2017-00507-01 (2233-2020)
Demandante: Martha Lisbey Marín Bermúdez

cada uno de ellos habrá de analizarse la prescripción a partir de sus fechas de
finalización, puesto que uno de los fundamentos de la existencia del contrato realidad
es precisamente la vocación de permanencia en el servicio. Por consiguiente, le
corresponderá al juez verificar si existió o no la citada interrupción contractual, que será
excluida de reconocimiento y examinada en detalle en cada caso particular, en aras de
proteger los derechos de los trabajadores, que han sido burlados por las autoridades
administrativas al encubrir una relación laboral bajo contratos de prestación de
servicios».

Esta providencia aclaró que el fenómeno prescriptivo no opera respecto de los
aportes para pensión, en consideración a la condición periódica del derecho
pensional que los hace imprescriptibles.

Además, este mecanismo de contratación tiene un límite temporal, esto es, que
solo es posible ejecutarlo por el término indispensable para el cumplimiento de la
labor contratada.

Al respecto, la Sección Segunda de esta Corporación en la sentencia SUJ-025-
CE-S2-2021 del 9 de septiembre de 202113 estableció las siguientes reglas de
unificación frente a varios aspectos de las relaciones laborales encubiertas, como
son: i) el sentido y alcance de la expresión «término estrictamente indispensable»
(temporalidad) contenido en el numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993; ii) la
delimitación del término de solución de continuidad en los contratos estatales de
prestación de servicios que ocultaron la existencia de una relación laboral que se
declara, a efectos de determinar la prescripción de derechos; y iii) la
improcedencia de la devolución de los aportes al Sistema de Seguridad Social en
Salud efectuados por el contratista. Al efecto se señaló:

«(i) La primera regla define que el concepto de «término estrictamente
indispensable», al que alude el numeral 3.o del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, es el
señalado en los estudios previos y en el objeto del contrato, el cual, de acuerdo con el
principio de planeación, tiene que estar justificado en la necesidad de la prestación del
servicio a favor de la Administración, de forma esencialmente temporal y, de ninguna
manera, con ánimo de permanencia.

(ii) La segunda regla establece un periodo de treinta (30) días hábiles, entre la
finalización de un contrato y la ejecución del siguiente, como término de la no solución
de continuidad, el cual, en los casos que se exceda, podrá flexibilizarse en atención a
las especiales circunstancias que el juez encuentre probadas dentro del expediente.

(iii) La tercera regla determina que frente a la no afiliación al sistema de la Seguridad
Social en salud, por parte de la Administración, es improcedente la devolución de los

13
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso- Administrativo, Sección Segunda, sentencia de 9 de
septiembre de 2021, expediente: 1317-2016, magistrado ponente: Rafael Francisco Suárez
Vargas.

11

Radicado: 66001-23-33-000-2017-00507-01 (2233-2020)
Demandante: Martha Lisbey Marín Bermúdez

valores que el contratista hubiese asumido de más, en tanto se recaudaron como
recursos de naturaleza parafiscal».

En esta providencia se sostuvo que «aun cuando se acrediten los mencionados
elementos del contrato de trabajo, lo que emerge entre el contratista y la entidad es una
relación laboral, gracias a la aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre las
formalidades, por lo que, en ningún caso, será posible darle la categoría de empleado
público a quien prestó sus servicios sin que concurran los elementos previstos en el
artículo 122 de la Carta Política».

En línea con lo expuesto, se establece que quien demande tiene que desvirtuar
inicialmente la presunción de legalidad del contrato estatal del artículo 32 de la Ley
80 de 1993. Así que es necesario que se prueben los elementos de la relación
laboral, esto es, la actividad personal del trabajador, la subordinación continuada y
dependencia de este y la remuneración como retribución del trabajo prestado,
para que se pueda configurar una relación laboral encubierta.

2.3. Caso concreto

En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente:

• Contratos de prestación de servicios suscritos entre la E.S.E. Hospital Mental
Universitario de Risaralda y Martha Lisbey Marín Bermúdez en concordancia con
la certificación proferida por la subdirectora administrativa de esa entidad el 10 de
noviembre de 201614, que figuran de la siguiente manera:

Interrupción
Forma de Fecha Fecha
Duración Objeto en días
vinculación inicio terminación
hábiles
Contratar los servicios técnicos laborales
en auxiliar de enfermería a nivel
Contrato de
asistencial de conformidad con los
prestación 11 de 31 de
establecido con las funciones de su
de servicios enero de marzo de 80 días 0
cargo, guías de enfermería, principios y
No. 010- 2012 2012
valores institucionales, según propuesta
201215
adjunta y para el buen funcionamiento
del hospital
Contrato de Contratar los servicios técnicos laborales
prestación en auxiliar de enfermería a nivel
1º de abril 31 de julio
de servicios 121 días asistencial de conformidad con los 0
de 2012 de 2012
No. 073- establecido con las funciones de su
2012 del 29 cargo, guías de enfermería, principios y

14 Folios 57 al 59 del cuaderno 2.
15
En virtud de la certificación del gerente de la E.S.E. Hospital Homeris, vista a folio 57 del
cuaderno 2.

12

Radicado: 66001-23-33-000-2017-00507-01 (2233-2020)
Demandante: Martha Lisbey Marín Bermúdez

de marzo valores institucionales para e
de 201216 cumplimiento de 192 horas mensuales
según propuesta adjunta y para el buen
funcionamiento del hospital

Prestar servicios técnicos laborales en
Contrato de
auxiliar de enfermería a nivel asistencial
prestación
de conformidad con las guías de
de servicios 1º de 31 de
enfermería, principios y valores
No. 120- agosto de octubre de 91 días 0
institucionales para el cumplimiento de
2012 del 30 2012 2012
192 mensuales según propuesta adjunta
de julio de
y para el buen funcionamiento del
201217
hospital
Prestar servicios técnicos laborales en
Contrato de
auxiliar de enfermería a nivel asistencial
prestación
de conformidad con las guías de
de servicios 1º de 31 de
enfermería, principios y valores
No. 173- noviembre diciembre 61 días 0
institucionales para el cumplimiento de
2012 del 29 de 2012 de 2012
192 mensuales según propuesta adjunta
de octubre
y para el buen funcionamiento del
de 201218
hospital
Prestar servicios técnicos laborales en
Contrato de
Auxiliar de Enfermería a nivel asistencial
prestación
de conformidad con las guías de
de servicios 1º de 28 de
enfermería, principios y valores
No. 012- enero de febrero de 60 días 0
institucionales para el cumplimiento de
2013 del 1º 2013 2013
192 horas mensuales, según propuesta
de enero de
adjunta y para el buen funcionamiento
201319
del Hospital
Prestar servicios técnicos laborales en
Contrato de
Auxiliar de Enfermería a nivel asistencial
prestación
de conformidad con las guías de
de servicios 1º de
30 de junio enfermería, principios y valores
No. 074- marzo de 151 días 0
de 2013 institucionales para el cumplimiento de
2013 del 26 2013
192 horas mensuales, según propuesta
de marzo
adjunta y para el buen funcionamiento
de 201320
del Hospital
Contrato
adicional al Se modifica la cláusula segunda del
contrato de contrato valor y forma de pago
prestación adicionándola así: el contrato principal
de servicios se adiciona en la suma de $675.938, 0
No. 074- recursos con los cuales se pagarán las
2013 del 23 horas adicionales que por urgencia
de mayo de realice el contratista.
201321
Prestar servicios técnicos laborales en
Contrato de Auxiliar de Enfermería a nivel asistencial
prestación 31 de de conformidad con las guías de
1º de julio
de servicios diciembre 181 días enfermería, principios y valores 0
de 2014
No. 076- de 2014 institucionales, según propuesta adjunta
201422 y para el buen funcionamiento del
Hospital

16
Folios 45 y 46 del cuaderno 2.
17
Folios 47 al 49 del cuaderno 2.
18
Folios 53 al 55 del cuaderno 2.
19
Folios 39 al 41 del cuaderno 2.
20
Folios 42 al 44 del cuaderno 2.
21
Folio 38 del cuaderno 2.
22
En virtud de la certificación del gerente de la E.S.E. Hospital Homeris, vista a folio 57 del
cuaderno 2.

13

Radicado: 66001-23-33-000-2017-00507-01 (2233-2020)
Demandante: Martha Lisbey Marín Bermúdez

Prestar servicios técnicos laborales en
Contrato de
Auxiliar de Enfermería a nivel asistencial
prestación
de conformidad con las guías de
de servicios 1º de 31 de
enfermería, principios y valores
No. 003- enero de mayo de 151 días 0
institucionales para el cumplimiento de
2015 del 1º 2015 2015
192 horas mensuales, según propuesta
de enero de
adjunta y para el buen funcionamiento
201523
del Hospital
Prestar servicios técnicos laborales en
Contrato de Auxiliar de Enfermería a nivel asistencial
prestación 1º de 31 de de conformidad con las guías de
de servicios junio de diciembre 211 días enfermería, principios y valores 0
No. 132- 2015 de 2015 institucionales, según propuesta adjunta
201524 y para el buen funcionamiento del
Hospital
Contrato de Prestar servicios técnicos laborales en
prestación Auxiliar de Enfermería a nivel asistencial
de servicios 1º de 31 de de conformidad con las guías de
No. 011- enero de marzo de 90 días enfermería, principios y valores 0
2016 del 1º 2016 2016 institucionales, según propuesta adjunta
de enero de y para el buen funcionamiento del
201625 Hospital
Contrato de Prestar servicios técnicos laborales en
prestación Auxiliar de Enfermería a nivel asistencial
de servicios 31 de de conformidad con las guías de
1º de abril
No. 130- diciembre 271 días enfermería, principios y valores 0
de 2016
2016 del 29 de 2016 institucionales, según propuesta adjunta
de marzo y para el buen funcionamiento del
de 201626 Hospital
Contrato de Prestar servicios técnicos laborales en
prestación Auxiliar de Enfermería a nivel asistencial
de servicios 1º de 20 de de conformidad con las guías de
No. 025- enero enero de 20 días enfermería, principios y valores -
2017 del 1º 2017 2017 institucionales, según propuesta adjunta
de enero de y para el buen funcionamiento del
201727 Hospital

• Mediante certificación del 10 de noviembre de 201628, expedida por la
subdirectora administrativa de la E.S.E. Hospital Mental Universitario de Risaralda,
se hizo constar lo siguiente:

«Que la Señora MARTHA LISBEY MARIN BERMUDEZ, identificada con la cédula de
ciudadanía número … ha desarrollado CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
con la E.S.E. Hospital Mental Universitario de Risaralda así:
OBJETO: Prestar servicios técnicos laborales en Auxiliar de Enfermería a nivel
asistencial de conformidad a las Guías de Enfermería, principios y valores
Institucionales, según propuesta adjunta y para el buen funcionamiento del Hospital.
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 010-2012
VIGENCIA: 11 enero de 2012 hasta el 31 de marzo de 2012

23
Folios 35 al 37 del cuaderno 2.
24
En virtud de la certificación del gerente de la E.S.E. Hospital Homeris, vista a folio 57 del
cuaderno 2.
25
Folios 29 al 31 del cuaderno 2.
26 Folios 32 al 34 del cuaderno 2.
27 Folios 35 al 37 del cuaderno 2.
28
Folios 57 al 59 del cuaderno 2.

14

Radicado: 66001-23-33-000-2017-00507-01 (2233-2020)
Demandante: Martha Lisbey Marín Bermúdez

INTERVENTOR: Enfermero Jefe de la Institución.
CALIFICACIÓN: El Contrato se cumplió satisfactoriamente, desarrollando
completamente el objeto del mismo.
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 073-2012
VIGENCIA: 01 abril de 2012 hasta el 31 de julio de 2012
INTERVENTOR: Enfermero Jefe de la Institución
CALIFICACIÓN: El Contrato se cumplió satisfactoriamente, desarrollando
completamente el objeto del mismo.
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 120-2012
VIGENCIA: 01 agosto de 2012 hasta el 31 de octubre de 2012
INTERVENTOR: Enfermero Jefe de la Institución.
CALIFICACIÓN: El contrato se cumplió satisfactoriamente, desarrollando
completamente el objeto del mismo.
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 173-2012
VIGENCIA: 01 noviembre de 2012 hasta el 31 de diciembre de 2012
INTERVENTOR: Enfermero Jefe de la Institución.
CALIFICACIÓN: El Contrato se cumplió satisfactoriamente, desarrollando
completamente el objeto del mismo.
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 012-2013
VIGENCIA: 01 enero de 2013 hasta el 28 de febrero de 2013
INTERVENTOR: Enfermero Jefe de la Institución.
CALIFICACIÓN: El Contrato se cumplió satisfactoriamente, desarrollando
completamente el objeto del mismo.
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 074-2013
VIGENCIA: 01 marzo de 2013 hasta el 30 de junio de 2013
INTERVENTOR: Enfermero Jefe de la Institución.
CALIFICACIÓN: El Contrato se cumplió satisfactoriamente, desarrollando
completamente el objeto del mismo.
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 076-2014
VIGENCIA: 01 julio de 2014 hasta el 31 de diciembre de 2014
INTERVENTOR: Enfermero Jefe de la Institución.
CALIFICACIÓN: El Contrato se cumplió satisfactoriamente, desarrollando
completamente el objeto del mismo.
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 003-2015
VIGENCIA: 01 enero de 2015 hasta el 31 de mayo de 2015
INTERVENTOR: Subdirector Científico de la Institución.
CALIFICACIÓN: El Contrato se cumplió satisfactoriamente, desarrollando
completamente el objeto del mismo.
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 132-2015
VIGENCIA: 01 junio de 2015 hasta el 31 de diciembre de 2015
INTERVENTOR: Subdirector Científico de la Institución.
CALIFICACIÓN: El Contrato se cumplió satisfactoriamente, desarrollando
completamente el objeto del mismo.
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 011-2016
VIGENCIA: 01 febrero de 2016 hasta el 31 de agosto de 2016
INTERVENTOR: Subdirector Científico de la Institución.
CALIFICACIÓN: El Contrato se cumplió satisfactoriamente, desarrollando
completamente el objeto del mismo.
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 130-2016
VIGENCIA: 01 septiembre de 2016 hasta el 31 de mayo de 2016
INTERVENTOR: Subdirector Científico de la Institución.

15

Radicado: 66001-23-33-000-2017-00507-01 (2233-2020)
Demandante: Martha Lisbey Marín Bermúdez

CALIFICACIÓN: El Contrato se cumplió satisfactoriamente, desarrollando
completamente el objeto del mismo.
Durante la vigencia del año 2008 hasta diciembre de 2011 estuvo vinculada por medio
de la Cooperativa de Trabajo Asociación, y durante la vigencia 01 de julio de 2013 al
30 julio de 2014 presto los servicios como Auxiliar de Enfermería, mediante la
Cooperativa Temporales Gestionar con calidad S.A.S.».

• Con la demanda fueron allegados los comprobantes de pago por parte de la
E.S.E. Hospital Homeris a favor de la demandante, de las órdenes de servicio
números: 073-2012, 012-2013, del 2014, 132-2015 y 130-201629.

• Histórico de pagos realizados por TEMPOGESTIONAR a favor de Martha Lisbey
Marín Bermúdez con los respectivos cuadros de turnos de julio, agosto,
septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2013 y de enero, febrero, marzo,
abril, mayo, junio, julio de 201430.

• Mediante las resoluciones 00060 y 00061 de 2013 el Ministerio del Trabajo
aprobó el reglamento del hospital y autorizó su funcionamiento31.

• Plan de cargo para la vigencia de 2018 de la E.S.E. Hospital Mental Universitario
Homeris, suscrito por el jefe de talento humano32.

• Contratos de prestación de servicios suscritos entre la E.S.E. Hospital Mental
Universitario de Risaralda Homeris, de los cuales se extrae:

Forma de Fecha
Fecha Duració
Contratista vinculació terminac Objeto
inicio n
n ión
Contrato El contratista se compromete solidariamente con
de sus asociados o personal vinculado, a realizar
prestación labores profesionales, administrativas y técnico-
de 1º de 28 de operativas, que se requieran para el normal
MULTISER servicios enero de febrero 60 días desempeño del objeto de la entidad, cuya
No. 002 2007 de 2007 administración y verificación estará a cargo de la
del 2 de E.S.E Hospital Mental Universitario de Risaralda
enero del de manera independiente sin que exista
2007 33 subordinación jurídica
Contrato El contratista se compromete solidariamente con
de sus asociados o personal vinculado, a realizar
31 de
COOMULTI prestación 1º de labores profesionales, administrativas y técnico-
diciembr
SERPRO de marzo de 300 días operativas, que se requieran para el normal
e de
CTA servicios 2007 desempeño del objeto de la entidad, cuya
2007
No. 008 administración y verificación estará a cargo de la
del 27 de E.S.E Hospital Mental Universitario de Risaralda

29 Folios 66 al 71 del cuaderno 2.
30 Folios 109 a 144 de cuaderno 2.
31 Folios 144, reverso y 147 del cuaderno 2.
32 Folio de 148 del cuaderno 2.
33
Folios 151 al 153 del cuaderno 2.

16

Radicado: 66001-23-33-000-2017-00507-01 (2233-2020)
Demandante: Martha Lisbey Marín Bermúdez

febrero de de manera independiente sin que exista
200734 subordinación jurídica
El contratista se compromete solidariamente con
sus asociados o personal vinculado, a realizar
Contrato
labores profesionales, administrativas y técnico-
de
operativas, que se requieran para el normal
prestación
31 de desempeño del objeto de la entidad, en los
COOMULTI de 30 de
diciembr diferentes procesos que ejecuta la entidad para
SERPRO servicios noviembre 31 días
e de el desarrollo de su Misión, cuya administración y
CTA No. 015 de 2007
2007 verificación de la prestación de servicios, que
del 29 de
estará a cargo de la E.S.E. Hospital Mental
noviembre
Universitario de Risaralda de manera
de 200735
independiente sin que exista subordinación
jurídica
El contratista se compromete solidariamente con
sus asociados o personal vinculado, a realizar
Contrato
labores profesionales, administrativas y técnico-
de
operativas, que se requieran para el normal
prestación
desempeño del objeto de la entidad, en los
de 1º de 29 de
COOMULTI diferentes procesos que ejecuta la entidad para
servicios enero de febrero 60 días
SERPRO el desarrollo de su Misión, cuya administración y
No. 002 2008 de 2008
CTA verificación de la prestación de servicios, que
del 1º de
estará a cargo de la E.S.E. Hospital Mental
enero de
Universitario de Risaralda de manera
200836
independiente sin que exista subordinación
jurídica
El contratista se compromete solidariamente con
sus asociados o personal vinculado, a realizar
Contrato
labores profesionales, administrativas y técnico-
de
operativas, que se requieran para el normal
prestación
31 de desempeño del objeto de la entidad, en los
CTA de
19 de abril diciembr diferentes procesos que ejecuta la entidad para
PORVENIR servicios 271 días
de 2008 e de el desarrollo de su Misión, cuya administración y
COOTRASP No. 043
2008 verificación de la prestación de servicios, que
OR del 17 de
estará a cargo de la E.S.E. Hospital Mental
abril de
Universitario de Risaralda de manera
200837
independiente sin que exista subordinación
jurídica
El contratista se compromete solidariamente con
Contrato sus asociados o personal vinculado, a realizar
de labores profesionales, administrativas y técnico-
prestación operativas, que se requieran para el normal
CTA
de desempeño del objeto de la entidad, en los
PORVENIR 1º de 31 de
servicios diferentes procesos que ejecuta la entidad para
COOTRASP enero de enero de 30 días
No. 004- el desarrollo de su Misión, cuya administración y
OR 2009 2009
2009 del verificación de la prestación de servicios, que
1º de estará a cargo de la E.S.E. Hospital Mental
enero de Universitario de Risaralda de manera
200938 independiente sin que exista subordinación
jurídica
Contrato El contratista se compromete solidariamente con
de sus asociados o personal vinculado, a realizar
CTA 1º de 31 de
prestación labores profesionales, administrativas y técnico-
PORVENIR febrero de marzo 60 días
de operativas, que se requieran para el normal
COOTRASP 2009 de 2009
servicios desempeño del objeto de la entidad, en los
OR
No. 011- diferentes procesos que ejecuta la entidad para

34
Folios 45 y 46 del cuaderno 2.
35
Folios 158 al 161 del cuaderno 2.
36
Folios 162 al 165 del cuaderno 2.
37
Folios 166 al 169 del cuaderno 2.
38
Folios 170 al 173 del cuaderno 2.

17

Radicado: 66001-23-33-000-2017-00507-01 (2233-2020)
Demandante: Martha Lisbey Marín Bermúdez

2009 del el desarrollo de su Misión, cuya administración y
30 de verificación de la prestación de servicios, que
enero de estará a cargo de la E.S.E. Hospital Mental
200939 Universitario de Risaralda de manera
independiente sin que exista subordinación
jurídica
El contratista se compromete solidariamente con
Contrato sus asociados o personal vinculado, a realizar
de labores profesionales, administrativas y técnico-
prestación operativas, que se requieran para el normal
de 31 de desempeño del objeto de la entidad, en los
CTA
servicios 1º de abril diciembr diferentes procesos que ejecuta la entidad para
COOPSALU 271 días
No. 040- de 2009 e de el desarrollo de su Misión, cuya administración y
D
2009 del 2009 verificación de la prestación de servicios, que
31 de estará a cargo de la E.S.E. Hospital Mental
marzo de Universitario de Risaralda de manera
200940 independiente sin que exista subordinación
jurídica
El contratista se compromete solidariamente con
Contrato sus asociados o personal vinculado, a realizar
de labores profesionales, asistenciales, que se
prestación requieran para el normal desempeño del objeto
CTA de 1º de 30 de de la entidad, en los diferentes procesos que
PORVENIR servicios enero de junio de 180 días ejecuta la entidad para el desarrollo de su
COOTRASP No. 002- 2010 2010 Misión, cuya administración y verificación de la
OR 2010 1º prestación de servicios, que estará a cargo de la
de enero E.S.E. Hospital Mental Universitario de Risaralda
de 201041 de manera independiente sin que exista
subordinación jurídica
Contrato
de
prestación El contratista, contratar los procesos –
31 de
de 1º de subprocesos y procedimientos administrativos de
CTA diciembr
servicios enero de 365 días forma total o parcial mediante la modalidad de
SURGIR e de
No. 006- 2010 operador externo según propuesta adjunta para
2010
2010 1º el buen funcionamiento del Hospital
de enero
de 201042
Contrato
de
prestación Contratar los procesos – subprocesos y
31 de
de 1º de procedimientos administrativos de forma total o
CTA diciembr
servicios enero de 365 días parcial mediante la modalidad de operador
SURGIR e de
No. 006- 2011 externo según propuesta adjunta para el buen
2011
2011 1º funcionamiento del Hospital
de enero
de 201143
Contrato Contratar los procesos – subprocesos y
de procedimientos administrativos de forma total o
CTA 31 de
prestación 1º de parcial mediante la modalidad de operador
PORVENIR diciembr
de enero de 365 días externo, sin que exista subordinación jurídica,
COOTRASP e de
servicios 2011 que reúnan los requisitos establecidos por el
OR 2011
No. 007- Ministerio de Protección Social y la
2011 1º Superintendencia de la Economía Solidaria

39
Folios 174 al 177 del cuaderno 2.
40
Folios 174 al 177 del cuaderno 2.
41
Folios 181 al 183 del cuaderno 2.
42
Folios 184 al 186 del cuaderno 2.
43
Folios 187 al 189 del cuaderno 2.

18

Radicado: 66001-23-33-000-2017-00507-01 (2233-2020)
Demandante: Martha Lisbey Marín Bermúdez

de enero
de 201144
Contrato
de
Contratar los procesos – subprocesos y
prestación
procedimientos, asistenciales y administrativos,
TEMPO de 31 de
de forma total o parcial, mediante la modalidad
GESTIONA servicios 1º de julio diciembr
180 días de operador externo, sin que existe
R No. 130- de 2013 e de
subordinación jurídica, que reúnan los requisitos
2013 del 2013
establecidos por el Ministerio de Protección
26 de
Social
junio de
201345
Contrato
de
Contratar los procesos – subprocesos y
prestación
procedimientos, asistenciales y administrativos,
de
1º de 31 de de forma total o parcial, mediante la modalidad
TEMPO servicios
enero de enero de 180 días de operador externo, sin que existe
GESTIONA No. 003-
2014 2014 subordinación jurídica, que reúnan los requisitos
R 2014 del
establecidos por el Ministerio de Protección
1º de
Social
enero de
201446
Contrato
de
Contratar los procesos – subprocesos y
prestación
procedimientos, asistenciales y administrativos,
de
TEMPO 1º de 30 de de forma total o parcial, mediante la modalidad
servicios
GESTIONA febrero de junio de 180 días de operador externo, sin que existe
No. 062-
R 2014 2014 subordinación jurídica, que reúnan los requisitos
2014 del
establecidos por el Ministerio de Protección
23 de
Social
enero de
201447

• El 19 de febrero de 2019, el jefe de talento humano de la E.S.E. Homeris certificó
que Martha Lisbey Marín Bermúdez desarrolló el contrato de prestación de
servicios 025-2017 con vigencia del «1 al 31 de enero de 2019 (sic)» cuyo objeto
contractual consistió en «[p]restar servicios Técnicos laborales en Auxiliar de
Enfermería a nivel asistencial de conformidad a las Guías de Enfermería, principios y
valores Institucionales, según propuesta adjunta y para el buen funcionamiento del
Hospital», asimismo, indicó que «durante la vigencia del 2008 hasta diciembre de 2011
estuvo vinculada por medio de la Cooperativa de Trabajo Asociado, y durante la vigencia
1º de julio de 2013 al 30 de julio de 2014 presto (sic) los servicios como Auxiliar de
Enfermería, mediante la Cooperativa Temporales Gestionar con calidad S.A.S.»48.

• El 22 de febrero de 2019, la E.S.E. Homeris allegó i) certificaciones de los
factores salariales y el porcentaje sobre los cuales se liquida la nómina de un
auxiliar de enfermería de planta, ii) copia del Acuerdo 003 del 16 de junio de 2015
mediante el cual se definió la conformación de la planta global y que para el cargo

44
Folios 190 al 192 del cuaderno 2.
45
Folios 190 al 192 del cuaderno 2.
46
Folios 196 al 198 del cuaderno 2.
47 Folios 199 al 201 del cuaderno 2.
48 Folios 253 y 254 del cuaderno 2.

19

Radicado: 66001-23-33-000-2017-00507-01 (2233-2020)
Demandante: Martha Lisbey Marín Bermúdez

de auxiliar de salud fueron aprobados 12 cargos y iii) constancia de la ausencia de
soporte documental que acreditara que la demandante hubiese recibiódo dotación,
pago por concepto de cesantías, ni que hubiere participado en reuniones, todas
suscritas por el jefe de talento humano49 y el Acuerdo 006 del 24 de agosto de
2006 mediante el cual se adaptó el reglamento interno de trabajo de la empresa
social del Estado a la Ley 1010 de 200650.

• En febrero de 2017 Martha Lisbey Marín Bermúdez solicitó la declaración de la
relación laboral con la E.S.E. Hospital Mental Universitario de Risaralda y el
consecuente reconocimiento de todo lo dejado de devengar durante los 10 años y
9 meses de servicios51.

• El gerente de la institución de salud respondió en forma negativa la petición
anterior, a través del Oficio 201702202110000060 del 20 de febrero de 2017 al
considerar que únicamente existió una relación contractual dentro de los
parámetros definidos en la ley, de lo cual no puede derivarse ahora una distinta52.

Con fundamento en lo expuesto, la Sala analizará a continuación si se acreditaron
los elementos que permiten configurar una relación de trabajo entre Martha Lisbey
Marín Bermúdez y la E.S.E. Homeris.

2.3.1. Prestación personal del servicio

De las pruebas relacionadas, se tiene que en cuanto al periodo comprendido entre
el 2006 y el 2011 del cual la demandante indicó haber prestado sus servicios en
calidad de auxiliar de enfermería para el hospital demandado, no hay material
probatorio de tipo contractual que permita su comprobación.

Al respecto se encuentra que con la contestación de la demanda fueron allegados
los contratos constituidos entre la demandada y las cooperativas de trabajo
asociado entre el 2007 y el 2011 y desde el 2013 hasta el 2014, cuyo objeto
siempre orbitó alrededor de «Contratar los procesos – subprocesos y procedimientos,
asistenciales y administrativos, de forma total o parcial, mediante la modalidad de
operador externo, sin que exista subordinación jurídica»; sin embargo, de ellos no es
posible determinar la vinculación entre la demandante y la entidad de salud o con
las cooperativas.

Sin embargo, obra en el expediente una certificación expedida por el jefe de

49 Folios 225 al 228 y 250 al 252.
50 Folios 229 a 249.
51 Folios 60 y 61 del cuaderno 2.
52 Folios 62 al 65 del cuaderno 2.

20

Radicado: 66001-23-33-000-2017-00507-01 (2233-2020)
Demandante: Martha Lisbey Marín Bermúdez

talento humano de la E.S.E. Homeris que indica que «Durante la vigencia del año
2008 hasta diciembre de 2011 estuvo vinculada por medio de la Cooperativa de Trabajo
Asociado», además en el escrito de contestación de la demanda, esa parte
nuevamente afirmó que Martha Lisbey Marín Bermúdez trabajó en calidad de
auxiliar de enfermería para esa entidad prestadora de salud durante dicho periodo,
sin que se haya especificado la fecha exacta en la cual inició su vinculación con la
E.S.E., lo cual resulta suficiente para acreditar la prestación personal de servicio
de la demandante en ese tiempo.

En el expediente también se encontró probado que prestó servicios como auxiliar
de enfermería a la E.S.E. Homeris a través de contratos de prestación de servicios
suscritos directamente con la demandante y sin interrupción entre enero de 2012
y enero de 2017, en relación con los cuales, si bien no obran todos en el
expediente, lo cierto es que las certificaciones expedidas por la subdirectora
administrativa y el jefe de talento humano de la demandada dan cuenta de su
existencia.

En consecuencia, de las certificaciones y de las copias de los contratos
anteriormente relacionados, se advierte que efectivamente la demandante fue
contratada por la E.S.E. Homeris desde el 2008 hasta el 31 de enero de 2017 y
que prestó sus servicios en calidad de auxiliar de enfermería a favor de esa
entidad, de tal suerte que el estudio de los siguientes requisitos de acreditación de
la existencia de la relación laboral se desarrollará únicamente respecto de ese
periodo.

2.3.2. Remuneración

Ahora bien, Martha Lisbey Marín Bermúdez percibió una remuneración por el
trabajo cumplido, tal y como se evidencia en los contratos53 suscritos por la E.S.E.
Homeris con la demandante, lo que da cuenta que se estipuló el valor y la forma

53 Lo cual fue estipulado en los siguientes términos: «El valor del presente contrato es la suma de

UN MILLÓN DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS
($1’245.760) de acuerdo a la cotización presentada por el contratista, que hace parte del contrato y
se pagará de acuerdo a las horas trabajados en el mes, por un valor de NUEVE MIL CIENTO
SESENTA PESOS M/CTE ($9.160,00) hora previa presentación del informe y certificado de recibo
a satisfacción por parte del supervisor» (contrato 025-2017), para el 2016 el valor fue de
$5’276.160 y por hora a $9.160,00 (contrato 011-2016), para el 2016 el valor fue de $17’312.400,00
y por hora $9.160,00 (contrato 130-2016), para el 2015 fue de $8’295.000,00 que el hospital pagará
mensualmente $1’659.000,00 (contrato 003-2015) valor que fue modificado en el sentido de
adicionar $675.938,00 por concepto de las horas adicionales que realice por urgencia la contratista,
para el 2013 el monto fue de $3’090.000,00 que se pagará en dos consignaciones mensuales de
$1’545.000,00 y un valor de $6’180.000,00 que pagará mediante 4 consignaciones de igual monto
que el anterior (contrato 074-2013) y para el 2012 el valor fue de 7’500.000,00 que se dividirá en
pagos mensuales de $1’500.000 (contratos 173 y 120 de 2012).

21

Radicado: 66001-23-33-000-2017-00507-01 (2233-2020)
Demandante: Martha Lisbey Marín Bermúdez

de pago, lo que se entiende como la remuneración pactada por el servicio o el
trabajo prestado, independientemente de su denominación (honorarios o salario).

2.3.3. Continuada subordinación o dependencia

Asimismo, se tiene que las funciones desempeñadas por la demandante entre
2008 y enero de 2017 no se realizaron de forma autónoma e independiente, sino
que esta estuvo sujeta a horarios y órdenes que son de naturaleza subordinada
pues atienden al control de un superior a nivel profesional cualquiera que sea su
denominación (enfermera jefe de la institución o subdirector científico de la
institución) para llevar acabo la ejecución de los contratos, por lo que existe una
sujeción de aquella respecto de la E.S.E. demandada y, en tal sentido, esta
contaba en todo momento con la posibilidad de disponer de su servicio, quien a su
vez tenía la obligación correlativa de obedecerle, lo que evidencia el ejercicio del
ius variandi por parte del hospital.

En efecto, de las funciones establecidas en los contratos se encuentran relevantes
las siguientes: «3) Elaborar un informe de su labor de manera mensual y cada vez que
le sea requerido…5) Responder por los elementos, bienes, documentos, información,
etc., que se pongan a su disposición para la ejecución del contrato, propendiendo por su
conservación y uso adecuado, suscribiendo de ser el caso el inventario correspondiente,
el cual deberá entregar a satisfacción como requisito para la liquidación final del
contrato… 13) Asistir a reuniones programadas por la institución». Asimismo, el objeto
contractual era «Prestar servicios Técnicos laborales en Auxiliar de Enfermería a nivel
asistencial de conformidad a las Guías de enfermería, principios y valores institucionales
para el cumplimiento de 192 horas mensuales según propuesta adjunta y para el buen
funcionamiento del Hospital».

Lo expuesto en precedencia permite establecer que en el ejercicio de la función
como auxiliar de enfermería la E.S.E. Homeris impuso las condiciones de tiempo,
modo y lugar, pues para que la trabajadora desarrollara sus labores debió atender
instrucciones, sin que le hubiere asistido ningún tipo de independencia, puesto que
para el desarrollo de sus actividades se exigió una necesaria dependencia y
subordinación. En efecto, esta Sala, al realizar una valoración bajo las reglas de la
sana crítica de las pruebas recaudadas, encuentra que es posible determinar la
existencia de una relación laboral subordinada, siendo incuestionable el ánimo de
la entidad contratante de emplear de modo permanente y continuo los servicios de
la demandante.

En efecto, la demandante estuvo vinculada durante nueve años con la institución
de salud sin que existiera interrupción alguna, de modo que la permanencia y la
naturaleza de su labor tiene relación de correspondencia con el ejercicio del poder

22

Radicado: 66001-23-33-000-2017-00507-01 (2233-2020)
Demandante: Martha Lisbey Marín Bermúdez

subordinante por parte de los empleadores, máxime si este le exigía la entrega de
informes «cada vez que le sea requerido».

Valga precisar que la misión de la E.S.E. Homeris es «(p)restar un servicio cálido y
humanizado a todas las personas con problemas de salud mental y consumidores de
sustancias psicoactivas, de manera integral y resolutiva»54, esta función es de carácter
permanente y, en contraste con las tareas desarrolladas por Martha Lisbey Marín
Bermúdez, se advierte que el objeto de su vinculación contractual le permitía al
hospital cumplir con el misional.

Lo anterior, denota una sujeción y dependencia de quien ejerce el cargo de
auxiliar de enfermería, al tiempo que corrobora que no puede dejar de existir
imposición de órdenes en la ejecución de su objeto contractual para desempeñar
esa labor, puesto que se trata de funciones que atañen a la esencia y finalidad de
la entidad.

Se aclara que la situación descrita en el sub judice no corresponde a la que es
propia del principio de coordinación, que «consiste en la sincronización de las
actividades que ejerce el contratista con las directrices que imparte el contratante para la
ejecución eficiente y eficaz del contrato, por lo que es indispensable que exista una
concertación contractual, en la que aquel cumple su contrato con independencia, pero en
armonía con las condiciones necesarias impuestas por su contraparte, respecto de las
cuales esta ejerce control, seguimiento y vigilancia al pacto suscrito»55

Otra es la subordinación, «en virtud de la cual existe una sujeción del trabajador hacia
su empleador y, en tal sentido, este cuenta en todo momento con la posibilidad de
disponer del trabajo de aquel, quien a su vez tiene la obligación correlativa de obedecerle.
En efecto, el empleador impone las condiciones de tiempo, modo y lugar, inclusive con
sus propios elementos o instrumentos, para que el trabajador desarrolle sus labores, sin
que a este respecto le asista ningún tipo de independencia»56.

Así las cosas, en el presente asunto no puede hablarse de coordinación, puesto
que el desempeño de las funciones por parte de la demandante, estaba sujeto a
medidas u órdenes de la E.S.E. Homeris, a saber: la imposición de un horario y/o
el cumplimiento de turnos y la sujeción a directrices de la enfermera o del médico,
lo que demuestra que la E.S.E. demandada, en su calidad de empleadora,
contaba con la posibilidad de disponer del trabajo de la actora, lo que denota la
existencia de una indiscutible subordinación.

54
https://homeris.gov.co/hospital-mental-universitario-de-risaralda-homeris/.
55
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 3 de noviembre de 2022,
radicado 63001-23-33-000-2020-00365-01 (2181-2022). M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
56
Ibidem.

23

Radicado: 66001-23-33-000-2017-00507-01 (2233-2020)
Demandante: Martha Lisbey Marín Bermúdez

Así las cosas, para el periodo comprendido entre el 2008 y el 31 de enero de 2017
se encuentra demostrado, de las copias de los contratos y de las certificaciones y
demás pruebas documentales, la existencia de los elementos de la relación
laboral.

Ahora bien, establecido lo anterior, la Sala procederá con el análisis de la
prescripción de las prestaciones sociales a que tiene derecho la demandante, en
consonancia con la declaratoria del reconocimiento de la relación laboral
encubierta.

En relación con el término de interrupción o solución de continuidad esta
corporación en sentencia de unificación57 dispuso que:

«150. Como se indicó en el apartado anterior, aunque en la actualidad la Sección
Segunda aplica el criterio pacífico sobre el término y el momento a partir del cual debe
computarse la prescripción extintiva, la existencia de vinculaciones contractuales
consecutivas hace necesario el examen de sus interrupciones, con el fin de establecer
si se presentó o no la solución de continuidad en la relación laboral declarada. En ese
sentido, la Sala considera adecuado establecer un periodo de treinta (30) días
hábiles como indicador temporal de la no solución de continuidad entre
contratos sucesivos de prestación de servicios, sin que este, se itera, constituya
una «camisa de fuerza» para el juez contencioso que, en cada caso y de acuerdo con
los elementos de juicio que obren dentro del plenario, habrá de determinar si se
presentó o no la rotura del vínculo que se reputa laboral.

151. Adicionalmente, como complemento de la anterior regla, deberán atenderse las
siguientes recomendaciones:

152. Primera: cuando las entidades estatales a las que se refiere el artículo 2 de la Ley
80 de 1993 celebren contratos de prestación de servicios en forma sucesiva con una
misma persona natural, en los que concurran todos los elementos constitutivos de una
auténtica relación laboral, se entenderá que no hay solución de continuidad entre el
contrato anterior y el sucedáneo, si entre la terminación de aquél y la fecha en que
inicie la ejecución del otro, no han transcurrido más de treinta (30) días hábiles,
siempre y cuando se constate que los objetos contractuales y las obligaciones
emanadas de ellos son iguales o similares y apuntan a la satisfacción de las mismas
necesidades.(Subrayado fuera de texto)

153. Segunda: en cualquier caso, de establecerse la no solución de continuidad, los
efectos jurídicos de dicha declaración serán solamente los de concluir que, a pesar de
haberse presentado interrupciones entre uno y otro contrato, no se configura la
prescripción de los derechos que pudiesen derivarse de cada vínculo contractual. En el
evento contrario, el juez deberá definir si ha operado o no tal fenómeno extintivo

57
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, nueve (9) de
septiembre de dos mil veintiuno (2021), Asunto: SENTENCIA DE UNIFICACIÓN DE
JURISPRUDENCIA CONFORME AL ARTÍCULO 271 DE LA LEY 1437 DE 2011, Medio de control:
Nulidad y restablecimiento del derecho, Radicado: 05001-23-33-000-2013-01143-01 (1317-2016),
Demandante: Gloria Luz Manco Quiroz.

24

Radicado: 66001-23-33-000-2017-00507-01 (2233-2020)
Demandante: Martha Lisbey Marín Bermúdez

respecto de algunos de los contratos sucesivos celebrados, situación en la cual no
procederá el reconocimiento de los derechos salariales o prestacionales que de
aquellos hubiesen podido generarse».

Esta decisión fue aclarada mediante auto del 11 de noviembre de 2021, en el que
la Sección Segunda de esta corporación precisó que «el término de treinta (30) días
hábiles, a que alude la segunda regla de unificación, tal como se dijo en la sentencia del 9
de septiembre de 2021, debe entenderse como un indicador temporal para inferir que no
hay solución de continuidad entre un contrato y otro sucedáneo, y solo para efectos de
la prescripción de derechos laborales».

Asimismo, las subreglas establecidas en la sentencia de unificación del 25 de
agosto de 2016, con referencia SUJ2-005-16, proferida por el Consejo de Estado,
donde se dispuso:

«(…)

En aquellos contratos de prestación de servicios, pactados por un interregno
determinado y que la ejecución entre uno y otro tiene un lapso de interrupción, frente a
cada uno de ellos habrá de analizarse la prescripción a partir de sus fechas de
finalización, puesto que uno de los fundamentos de la existencia del contrato realidad
es precisamente la vocación de permanencia en el servicio. Por consiguiente, le
corresponderá al juez verificar si existió o no la citada interrupción contractual, que será
excluida de reconocimiento y examinada en detalle en cada caso particular, en aras de
proteger los derechos de los trabajadores, que han sido burlados por las autoridades
administrativas al encubrir una relación laboral bajo contratos de prestación de
servicios.

Pese a lo expuesto, la Sala aclara que la prescripción extintiva no se aplica frente a los
aportes para pensión, en atención a la condición periódica del derecho pensional, que
los hace imprescriptibles, pues aquellos se causan día a día y en tal sentido se pueden
solicitar en cualquier época, mientras que las prestaciones sociales y salariales, al ser
pagadas por una sola vez, sí son susceptibles del mencionado fenómeno, por tener el
carácter de emolumentos económicos temporales (…).». (Subrayado fuera de texto).

A juicio de la Sala, «(q)uien pretenda el reconocimiento de la relación laboral con el
Estado y, en consecuencia, el pago de las prestaciones derivadas de esta, en aplicación
del principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades, deberá reclamarlos
dentro del término de tres años contados a partir de la terminación de su vínculo
contractual»58.

En consideración a lo anterior, en el sub judice, al verificarse que la solicitud del
reconocimiento fue presentada ante la E.S.E. demandada el 7 de febrero de

58
Sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016, con referencia SUJ2-005-16, proferida por el
Consejo de Estado.

25

Radicado: 66001-23-33-000-2017-00507-01 (2233-2020)
Demandante: Martha Lisbey Marín Bermúdez

201759, se establece que no acaeció el fenómeno jurídico de la prescripción, pues
no transcurrió un lapso superior a tres años para solicitar por vía administrativa el
reconocimiento de la relación laboral y por ende el pago de los salarios y
prestaciones, toda vez que la relación culminó el 31 de enero de 2017 y que entre
una vinculación y otra no se presentaron interrupciones que implicaran la solución
de continuidad en la prestación del servicio y le exigieran presentar la reclamación
administrativa. Ahora respecto del periodo laborado entre el 2008 y el 2011, en el
cual estuvo vinculada con la E.S.E. Homeris mediante Cooperativas de Trabajo
Asociado CTA, si bien no fueron especificadas las fechas en las cuales la
demandante tuvo interrupciones en el desarrollo sus actividades en calidad de
auxiliar de enfermería, lo cierto es que la demandada indicó que hasta diciembre
de 2011 estuvo vinculada y que el 11 de enero de 2012 ingresó nuevamente al
servicio, de manera que resulta viable afirmar que no se evidenciaron
interrupciones mayores a los 30 días hábiles.

Por lo dicho, la actora tiene derecho al reconocimiento y pago de los valores que
por concepto de prestaciones sociales legales derivadas de la relación laboral
debieron liquidarle, tomando como base el salario de un empleado de planta que
desarrollaba sus mismas funciones, correspondiente al periodo mencionado; sin
embargo, respecto de las fechas en las cuales la demandante dio inició a la
prestación de sus servicios en la E.S.E. Homeris en el año 2008, la entidad estará
en el deber de determinarlas para el cómputo del pago de la condena que a través
de esta decisión se ordenará.

Ahora, la entidad demandada, en caso de existir diferencias entre los aportes
realizados por la demandante como contratista y los que efectivamente se
debieron cumplir en razón de la relación laboral acá demostrada, deberá efectuar
las cotizaciones por tales valores al respectivo fondo de pensiones en
consideración al porcentaje que le incumbía como empleador, por el periodo
comprendido entre el 2008 y el 31 de enero de 2017.

Para estos efectos, la actora deberá acreditar las cotizaciones que realizó al
mencionado sistema durante sus vínculos contractuales y en la eventualidad de
que no las hubiese hecho o existiese diferencia en su contra, tendrá la carga de
completar, según el caso, el porcentaje que le incumbía como trabajadora.

Ahora, respecto del reconocimiento de las vacaciones resulta relevante lo
manifestado por esta Subsección en cuanto a las prestaciones a reconocer en el
marco de una relación laboral encubierta, en la sentencia del 29 de abril del
2010, en la que señaló que tal emolumento carece de «la connotación de

59
Según el sello de recibido de la petición, folios 60 y 61 del cuaderno 2.

26

Radicado: 66001-23-33-000-2017-00507-01 (2233-2020)
Demandante: Martha Lisbey Marín Bermúdez

prestación salarial porque [es] un descanso remunerado que tiene el trabajador por cada
año de servicios»60; sin embargo, en la sentencia del 21 de enero de 2016 61, indicó
que «[d]entro de nuestra legislación, las vacaciones están concebidas como prestación
social y como una situación administrativa, la cual consiste en el reconocimiento en
tiempo libre y en dinero a que tiene derecho todo empleado público o trabajador oficial por
haberle servido a la administración durante un año y el monto de las mismas se liquidará
con el salario devengado al momento de salir a disfrutarlas».

En esos términos, se colige que las vacaciones son catalogadas como una
prestación social y un derecho del trabajador, establecido en vigencia del
mandato Constitucional contenido en el artículo 53 mediante el cual «Se reconoce
el derecho de todas las personas a la recreación, a la práctica del deporte y al
aprovechamiento del tiempo libre» y reglamentado por el artículo 8 del Decreto 3135
de 196862 en el que se concede lo siguiente: «Los empleados públicos o
trabajadores oficiales tienen derecho a quince (15) días hábiles de vacaciones, por cada
año de servicio, salvo lo que se disponga por los reglamentos especiales para empleados
que desarrollan actividades especialmente insalubres o peligrosos [...]» [resalta la Sala];
no obstante, el artículo 20 del Decreto ley 1045 de 197863 estableció la
posibilidad que de manera excepcional se conceda ese derecho en dinero, en los
siguientes términos: «De la compensación de vacaciones en dinero. Las vacaciones
solo podrán ser compensadas en dinero en los siguientes casos: a) Cuando el jefe del
respectivo organismo así lo estime necesario para evitar perjuicios en el servicio público,
evento en el cual solo puede autorizar la compensación en dinero de las vacaciones
correspondientes a un año; b) Cuando el empleado público o trabajador oficial
quede retirado definitivamente del servicio sin haber disfrutado de las vacaciones
causadas hasta entonces» [resalta la Sala].

Lo anterior, en atención a que en la sentencia de unificación CE-SUJ2 5 del 25
de agosto de 201664, la Sección Segunda de esta Corporación estableció, entre
otras subreglas, que el reconocimiento de prestaciones, derivado de la nulidad
del acto administrativo que niega la existencia de una relación laboral, procede a
título de restablecimiento del derecho, pues al trabajador ligado mediante
contratos de prestación de servicios, «pese a su derecho a ser tratado en igualdad

60 Consejo de Estado, sala de lo contencioso administrativo, sección segunda, subsección B,
sentencia de 29 de abril de 2010, expediente 05001-23-31-000-2000-04729-01(0821-09), posición
reiterada por la misma subsección en fallo de 6 de octubre de 2011 dentro del proceso 25000-23-
25-000-2007-01245-01(0493-11).
61 Consejo de Estado, sala de lo contencioso administrativo, sección segunda, subsección B,

providencia de 21 de enero de 2016, medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
05001-23-31-000-2005-03979-01 (2316-12).
62 «Por el cual se prevé la integración de la seguridad social entre el sector público y el privado y se

regula el régimen prestacional de los empleados públicos y trabajadores oficiales».
63 «[...] por el cual se fijan las reglas generales para la aplicación de las normas sobre prestaciones

sociales de los empleados públicos y trabajadores oficiales del sector nacional».
64
Expediente 23001-23-33-000-2013-00260-01 (0088-2015), C. P. Carmelo Perdomo Cuéter.

27

Radicado: 66001-23-33-000-2017-00507-01 (2233-2020)
Demandante: Martha Lisbey Marín Bermúdez

de condiciones que a los demás empleados públicos vinculados a través de una relación
legal y reglamentaria […] le fue cercenado su derecho a recibir las prestaciones que le
hubiere correspondido si la Administración no hubiese usado la modalidad de
contratación estatal para esconder en la práctica una relación de trabajo».

Así las cosas y a causa de la declaración de la existencia de una relación laboral
entre Martha Lisbey Marín Bermúdez y la E.S.E. Homeris que implica una
compensación a favor de la trabajadora, por concepto de su derecho a
descansar del trabajo realizado en beneficio de la entidad prestadora de salud, al
encontrarse en un escenario posterior a su causación lo cual imposibilita su goce
del periodo previsto por la norma, se ordenará la compensación en dinero en
virtud de esa garantía en los términos del citado artículo 20 del Decreto ley 1045
de 197865 y de la Ley 995 de 200566.

Ahora bien, a la demandante le asiste el derecho al reconocimiento de las
prestaciones sociales de carácter legal que devengue un empleado de planta de la
entidad demandada que desarrollaba iguales funciones tales como vacaciones,
primas, bonificaciones, cesantías, entre otras, más no podrán reconocérsele
aquellas extralegales.

Al respecto se advierte que si bien se aportó un certificado mediante el cual se
relacionaron los ingresos de los auxiliares del área de salud para la vigencia de
201867, de tal documento no se puede determinar los salarios de la época para la
cual la demandante ejerció como auxiliar de enfermería. Por tal razón, se ordenará
que la entidad calcule las prestaciones sociales de orden legal, para lo cual tomará
como referente los salarios de un empleado de planta que desarrollaba iguales
funciones a las ejecutadas por la demandante en el periodo reclamado y que se
ordena reconocer, esto es, entre el 2008 y el 31 de enero de 2017.

Conforme con la posición mayoritaria de la Sala, de la cual se aparta el ponente
de esta decisión, deberá reconocerse las prestaciones sociales acorde con lo que
devengaba un empleado de la planta de la entidad o de acuerdo con los
honorarios, lo que sea más alto, por razones de favorabilidad.

65 Sobre el particular y en el mismo sentido se refiere la subsección en la sentencia del 8 de
octubre de 2020, en el proceso con radicado 08001-23-33-000-2014-90305-01(2143-19).
66 «Artículo 1°. Del reconocimiento de vacaciones en caso de retiro del servicio o terminación del

contrato de trabajo. Los empleados públicos, trabajadores oficiales y trabajadores del sector
privado que cesen en sus funciones o hayan terminado sus contratos de trabajo, sin que hubieren
causado las vacaciones por año cumplido, tendrán derecho a que estas se les reconozcan y
compensen en dinero proporcionalmente por el tiempo efectivamente trabajado».
67 Folios 225 a 228.

28

Radicado: 66001-23-33-000-2017-00507-01 (2233-2020)
Demandante: Martha Lisbey Marín Bermúdez

Es importante aclarar que frente al reconocimiento de las prestaciones que
deberán ser reconocidas a la actora se sostuvo en anterior providencia68 que «el
reconocimiento de la primacía de la realidad sobre la formalidades que conlleva a la
declaración de existencia de una relación laboral subyacente de un contrato de prestación
de servicio, no puede otorgar al accionante la calidad de empleado público, por lo que no
es posible reconocer prestaciones sociales de carácter extralegal que devenguen otros
funcionarios de la planta de personal del ente territorial demandado». Así las cosas, en
cuanto al reajuste salarial, la Subsección reitera lo señalado en tal
pronunciamiento en cuanto por virtud del reconocimiento de la relación laboral
ordenada en esta decisión «no surge el derecho al reconocimiento y pago de las
diferencias salariales».

Sin perjuicio de lo dicho, dado que la accionante laboraba para una entidad
territorial, no es posible el reconocimiento de la prima de servicios, toda vez que es
de aplicación exclusiva de aquellas del orden nacional.

En lo que tiene que ver con el trabajo suplementario, dentro del expediente no
existe prueba documental de su causación, pues no es viable establecer si laboró
horas extras o el número exacto de dominicales y/o festivos y los horarios en que
se le asignaron. En efecto, era necesario que la interesada demostrara que trabajó
tiempo extra, si fue ordinario o festivo o dominical, si existió compensación o no y
si se le autorizó para tal efecto, pero no lo hizo.

Frente a la sanción moratoria deprecada, no hay lugar a tal reconocimiento, toda
vez que la jurisprudencia de esta corporación ha señalado que es a partir de esta
sentencia que surge la obligación de pago de las prestaciones a la beneficiaria,
por lo que no es viable acceder a esa pretensión.

Valga señalar que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1 del Decreto
Reglamentario 1978 de 1989, la dotación de calzado y vestido de labor es un
beneficio para quienes prestan sus servicios a través de contrato de trabajo,
siempre que su remuneración mensual sea inferior a 2 veces el salario mínimo
legal vigente, para lo cual será indispensable haber laborado para la entidad al
menos 3 meses antes de cada suministro, siendo justo el reconocimiento del
mismo.

Así las cosas, en caso de que la demandante cumpla con las condiciones
descritas, se ordenará a la E.S.E. demandada que reconozca el pago

68
Consejo de Estado. M.P. SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ. 6 de octubre de 2016.
Radicación: 66001 23 33 000 2013 00091 01 (0237 2014). Demandante: Miguel Ángel Castaño
Gallego. Demandado: Municipio de Pereira – Secretaría de Educación Municipal.

29

Radicado: 66001-23-33-000-2017-00507-01 (2233-2020)
Demandante: Martha Lisbey Marín Bermúdez

compensatorio en dinero, en favor de la demandante, de las dotaciones de vestido
y calzado de labor por los periodos a los que tenga derecho.

Ahora bien, en relación con la devolución de los aportes en salud y parafiscales al
contratista, debe decirse que esta petición es improcedente, tal como lo ha venido
señalado esta corporación69, toda vez que, a pesar de que se haya declarado a su
favor la existencia de una relación laboral encubierta o subyacente, en función de
su naturaleza parafiscal70, estos recursos son de obligatorio pago y recaudo para
un fin específico y por tanto, independientemente de que se haya prestado o no el
servicio de salud, no constituyen un crédito a favor del interesado, pues su
finalidad era garantizar la prestación de los servicios sanitarios para los dos
regímenes que integran el sistema, «lo que excluye la posibilidad de titularidad que
sobre los mismos pretenda el actor ejercer»71.

En consecuencia, con fundamento en el material probatorio analizado y la
normativa aplicable al asunto, esta Sala concluye que la demandante tiene
derecho de manera parcial a las pretensiones de la demanda, razón por la cual se
impone revocar la sentencia de primera instancia que negó las súplicas.

2.4. Costas

La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA, la cual dispuso:

«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y
ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.

En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».

Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada,
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas
generales del procedimiento para su liquidación y ejecución.

69
Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B. Radicado 76001 23 33 000 2012 00288
01 (3681 2013) C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
70
Consejo de Estado, Sección Segunda. Sentencia de 28 de septiembre de 2016. Radicación
76001 23 33 000 2012 00288 01 (3681 2013) C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
71
Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B. Radicado 76001 23 33 000 2012 00288
01 (3681 2013) C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.

30

Radicado: 66001-23-33-000-2017-00507-01 (2233-2020)
Demandante: Martha Lisbey Marín Bermúdez

Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma72.

Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones temerarias,
dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas del
procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si se
causaron dichas costas.

En el caso concreto, como no se evidenció que la parte vencida actuase con
temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el
transcurso del trámite procesal, la Sala se abstendrá de la condena en costas a la
parte demandada.

3. Conclusión

Con fundamento en lo expuesto, la Sala encuentra que existió una relación laboral
entre Martha Lisbey Marín Bermúdez y la E.S.E. Hospital Mental Universitario de
Risaralda durante el periodo comprendido entre el 2008 y el 31 de enero de 2017,
tiempo que se tendrá en cuenta para efectos pensionales. En consecuencia, tiene
derecho al reconocimiento de las prestaciones sociales de orden legal, para lo
cual tomará como referente los salarios de un empleado de planta que
desarrollaba iguales funciones a las ejecutadas por la demandante en el periodo
reclamado y, en caso de no existir, se tendrá como base los honorarios pactados
en los contratos de prestación de servicios, o lo que le resulte más favorable en
caso de concurrencia de estos.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Revocar la sentencia del 18 de octubre de 2019, proferida por el Tribunal
Administrativo de Risaralda, Sala Segunda de Decisión, que negó las pretensiones
de la demanda incoada por Martha Lisbey Marín Bermúdez contra la E.S.E.

72
En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter., radicación 70001-
23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014).

31

Radicado: 66001-23-33-000-2017-00507-01 (2233-2020)
Demandante: Martha Lisbey Marín Bermúdez

Hospital Mental Universitario de Risaralda, conforme a lo expuesto en la parte
motiva de esta providencia, y en su lugar:

Segundo. Declarar la nulidad del acto administrativo 201702202110000060 del 20
de febrero de 2017, mediante el cual se negó la existencia de una relación laboral
entre Martha Lisbey Marín Bermúdez y la E.S.E. Hospital Mental Universitario de
Risaralda.

Tercero. Como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del
derecho, declarar la existencia de una relación laboral entre Martha Lisbey Marín
Bermúdez y la E.S.E. Hospital Mental Universitario de Risaralda durante el periodo
comprendido entre el 2008 y el 31 de enero de 2017.

Cuarto. Condenar a la E.S.E. Hospital Mental Universitario de Risaralda a
reconocer a Martha Lisbey Marín Bermúdez las prestaciones sociales de orden
legal a las cuales tiene derecho, para lo cual tomará como referente los salarios de
un empleado de planta que desarrollaba iguales funciones a las ejecutadas por la
demandante en el periodo reclamado y, en caso de no existir, se tendrá como
base los honorarios pactados en los contratos de prestación de servicios, o lo que
le resulte más favorable si estos concurren, por el tiempo en el cual se demostró la
existencia de la relación laboral, es decir, entre el 2008 y el 31 de enero de 2017,
conforme a lo explicado en la parte motiva.

De igual manera, ordenar a la entidad demandada, que efectúe las cotizaciones
por tales valores al respectivo fondo de pensiones en consideración al porcentaje
que le correspondía como empleador, por el periodo comprendido entre el 2008 y
el 31 de enero de 2017. Por su parte, la demandante deberá acreditar para el
mismo periodo las cotizaciones realizadas al mencionado sistema durante el
vínculo contractual y si no las hubiese hecho, o si se verificara algún faltante,
tendrá la obligación de completar o pagar según corresponda, el porcentaje que le
concernía como empleada, según lo analizado en los acápites pertinentes de esta
sentencia.

En caso de que la demandante cumpla con las condiciones descritas en el artículo
1 del Decreto Reglamentario 1978 de 1989, se ordena a la E.S.E. Hospital Mental
Universitario de Risaralda que reconozca el pago compensatorio en dinero, en
favor de la demandante, de las dotaciones de vestido y calzado de labor por los
periodos en los que tenga derecho.

Quinto. La E.S.E. Hospital Mental Universitario de Risaralda hará la actualización
sobre las sumas adeudadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 187

32

Radicado: 66001-23-33-000-2017-00507-01 (2233-2020)
Demandante: Martha Lisbey Marín Bermúdez

(inciso final) del CPACA, en consideración a los índices de precios al consumidor
(IPC) certificados por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística
(DANE) y mediante la aplicación de la fórmula matemática adoptada por el
Consejo de Estado, a saber:

R = Rh. índice final__
índice inicial

Sexto: Negar las demás pretensiones de la demanda.

Séptimo. Dar cumplimiento a lo dispuesto en este fallo dentro del plazo indicado
en el artículo 192 del CPACA.

Octavo. Sin condena en costas en esta instancia.

Devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones en el
aplicativo Samai.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR CÉSAR PALOMINO CORTÉS
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente
Con aclaración de voto

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala
en la plataforma del Consejo de Estado denominada Samai. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de
conformidad con el artículo 186 del CPACA.

33

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