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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 66001-23-33-000-2018-00547-01

Fecha
13 de febrero de 2025
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez
Citada por
5 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 66001-23-33-000-2018-00547-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: Primero. Revocar la sentencia del treinta (30) de abril de dos mil veinte (2020) proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda, Sala Segunda de Decisión, por medio de la cual se negaron las pretensiones. En su lugar: Segundo: Declarar la nulidad parcial del Oficio 41224 del 30 de agosto de 2018, a través del cual el municipio de Pereira negó el reconocimiento de la relación laboral con la demandante. En consecuencia, se declara que entre las partes existió una relación laboral entre el 15 de septiembre de 2004 y el 30 de diciembre de 2015, salvo las interrupciones. Tercero: Declarar probada la prescripción extintiva frente a los derechos laborales a los que hubiera lugar, anteriores al 30 de agosto de 2013, salvo lo relativo a los aportes a pensión. Cuarto: Ordenar al Municipio de Pereira que reconozca y pague en favor de la señora Lizandra Quiroga Sierra las prestaciones sociales de orden legal que perciben los empleados públicos que laboran en la entidad en el tiempo debidamente laborado. Para efectos del pago de las prestaciones sociales y demás emolumentos adeudados, deberá tomarse como base de liquidación el valor pactado por honorarios en las respectivas órdenes de servicios suscritas entre 1 de noviembre de 2013 y el 30 de diciembre de 2015, salvo las interrupciones. Quinto: Ordenar al municipio de Pereira que pague la diferencia entre los aportes que se debieron efectuar y los realizados por la demandante, y cotizar al respectivo fondo de pensiones la suma faltante, pero solo en el porcentaje que le correspondía como empleador y por los períodos en los que se acreditó la relación laboral descontando los periodos en que no prestó el servicio y de la manera en que se indicó en la parte motiva de la sentencia. La demandante deberá acreditar las cotizaciones que realizó al Sistema General de Seguridad Social en pensiones durante el tiempo que duró su vinculación, y en la eventualidad de que no las hubiese hecho o existiese diferencia en su contra, deberá cancelar o completar, según sea el caso, el porcentaje que le correspondía como trabajador. Sexto: Las sumas reconocidas deberán ser reajustadas conforme la fórmula […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 66001-23-33-000-2018-00547-01

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

13 de febrero de 2025

Radicación: 66001-23-33-000-2018-00547-01 (0445-2021)

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá, D. C., trece (13) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO.
Radicación: 66001-23-33-000-2018-00547-01 (0445-2021)
Demandante: Lizandra Quiroga Sierra
Demandado: Municipio de Pereira.
Temas: Relación laboral encubierta. Contratos de prestación de
servicios. Secretaria. REVOCA SENTENCIA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la demandante contra la
sentencia del treinta (30) de abril de dos mil veinte (2020) proferida por el Tribunal
Administrativo de Risaralda, mediante la cual se negaron las pretensiones.

ANTECEDENTES

La señora Lizandra Quiroga Sierra instauró demanda, en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,
en contra del Municipio de Pereira, con el fin de que se acceda a las siguientes:

PRETENSIONES

Que se declare la nulidad del Oficio 41224 del 30 de agosto de 2018, mediante
el cual se negó la existencia de una relación laboral entre las partes.

Que se declare que existió un vínculo laboral desde el 15 de septiembre de 2004
hasta el 30 de diciembre de 2015, y, en consecuencia, se condene al pago de las
prestaciones sociales dejadas de percibir.

Que se condene a la entidad a reajustar las sumas reconocidas conforme al IPC,
pagar las costas y cumplir la sentencia en los términos descritos en los artículos
187 y 192 del CPACA.

HECHOS

La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente
manera:

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Radicación: 66001-23-33-000-2018-00547-01 (0445-2021)

Que la demandante prestó sus servicios al municipio de Pereira como auxiliar
administrativo entre el 15 de septiembre de 2004 y el 30 de diciembre de 2015,
mediante contratos de prestación de servicios.

Que ejecutó sus funciones de manera personal y bajo continua subordinación,
que debía cumplir un horario establecido por la entidad y las órdenes de esta
sobre la forma de cumplirlas.

Que sus actividades eran las mismas que las desempeñadas por los auxiliares
administrativos de planta, las cuales fueron ejercidas de manera permanente y
bajo subordinación, en tanto que debía cumplir las directrices e instrucciones del
ente territorial a través del secretario de educación de turno.

TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA

La demanda fue admitida mediante auto del 1 de febrero de 2019 1 y, notificada a
la entidad demandada 2, quien manifestó que la demandante no tuvo una relación
laboral con la entidad, que, se trató de una relación contractual que se materializó
a través de diferentes contratos de prestación de servicios, suscritos con
intervalos de hasta cuatro años.

Que, el cumplimiento de un horario, por sí solo, no prueba que se haya
configurado el elemento de la subordinación, pues aquel estaba relacionado
intrínsecamente con las funciones desarrolladas.

Propuso como excepciones: inexistencia de causa para demandar, cobro de lo
no debido, buena fe, prescripción y la genérica.

Se celebró audiencia inicial el 17 de octubre de 2019 3, en la que se fijó el litigio,
se surtió la etapa conciliatoria, se decretaron las pruebas y se programó la
audiencia para su práctica. Luego de agotado el periodo probatorio se dio
traslado a las partes para que alegaran de conclusión y se dictó sentencia, la cual
fue apelada por la demandante.

SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN

El Tribunal Administrativo de Risaralda 4, mediante sentencia del treinta (30) de
abril de dos mil veinte (2020), negó las pretensiones encontrando probado que la
demandante prestó sus servicios personales a la entidad como auxiliar
administrativa con funciones de secretaria, a través de contratos de prestación
de servicios y, como trabajadora en misión, para la misma labor, por medio de la
empresa de servicios temporales Servitemporales y, que en contraprestación
recibió una remuneración.

1 Folios 200 a 201 cuad. ppal. parte 2.
2 Folios 204 a 209 del cuad. ppal. parte 2.
3 Folios 229 a 231 del cuad. ppal. parte 2.
4 Folios 248 a 265 del cuad. ppal. parte 2.

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Que, no se demostró la subordinación y dependencia continuada necesaria para
que exista la relación laboral. Que examinados los testimonios no fue posible
inferir que la parte actora estuviera condicionada al cumplimiento de un horario,
ni que hubiera recibido llamados de atención o directrices por parte de un jefe
inmediato. De ahí que no hay lugar a declarar la existencia de la relación laboral
entre las partes, y, por ende, tampoco ordenar algún restablecimiento.

RECURSO DE APELACIÓN

La parte demandante5 interpuso recurso de apelación en el que indicó que,
dentro del proceso está demostrado que entre las partes existió una verdadera
relación laboral, que tuvo lugar entre el 15 de diciembre de 2004 y el 30 de
diciembre de 2015.

Que las funciones fueron desarrolladas en el mismo horario que cumplían los
empleados de planta, de forma permanente, en las instalaciones y bajo la
dirección del ente territorial, tal y como lo afirmaron los testigos.

TRAMITE DE SEGUNDA INSTANCIA.

El 15 de marzo de 2021 fue admitido el recurso de apelación, y se dispuso que,
una vez ejecutoriada la providencia, el expediente pasaría a Despacho para dictar
sentencia sin necesidad de traslados y se advirtió que el Ministerio Público podría
emitir concepto hasta antes de que el proceso ingresara a despacho para fallo.

La demandante reiteró los argumentos expuestos en el recurso de apelación
sobre la configuración de la relación laboral encubierta con el municipio de
Pereira y, la demostración del desarrollo de una labor permanente, continua y
subordinada.

La parte demandada guardó silencio en esta etapa procesal y el Ministerio
Público no presentó concepto.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

La Sala deberá verificar si entre las partes existió un vínculo laboral derivado de
la prestación de servicios profesionales y, si como consecuencia de ello, la
demandante tiene derecho al reconocimiento y pago de las prestaciones dejadas
de percibir con ocasión de esa relación.

En caso de que se encuentre probada la relación laboral, se estudiará el
argumento relativo a la prescripción de los derechos reclamados y, finalmente,
se analizará lo correspondiente a la condena en costas en segunda instancia.

Marco normativo y jurisprudencial

5 268 a 269 del cuad. ppal. parte 2.

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Para resolver el fondo del asunto, se requiere hacer un análisis de las figuras del
contrato de prestación de servicios y del concepto de relación laboral.

El Contrato Estatal de Prestación de Servicios, se encuentra consagrado en la
Ley 80 de 1993 artículo 32.3, el cual dice:

«Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades
estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración o
funcionamiento de la entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con
personas naturales cuando dichas actividades no puedan realizarse con
personal de planta o requieran conocimientos especializados.

En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones
sociales y se celebrarán por el término estrictamente indispensable».

En los contratos de prestación de servicios, se requiere que la prueba de la
relación contractual sea palmaria, es decir, que se pueda determinar con claridad
si entre la actora y la entidad demandada existía un verdadero contrato de
prestación de servicios, o por el contrario una relación de tipo laboral, que es la
que procede a analizarse.

La relación laboral comprende los siguientes elementos: la actividad humana que
debe ser realizada personal, libre y conscientemente, la relación de continuada
dependencia o subordinación de una persona física a otra natural o jurídica y, a
su vez, el elemento de la remuneración.

Este tema, de diferenciar el contrato de prestación de servicios y la relación
laboral ha sido objeto de constantes controversias, por ello se trae a colación la
sentencia C-154 del 19 de marzo de 1997 de la Corte Constitucional, que expresa
claramente las diferencias entre el contrato de trabajo y el de prestación de
servicios, dice al respecto:

«Como es bien sabido, el contrato de trabajo tiene elementos diferentes al
de prestación de servicios independientes. En efecto, para que aquél se
configure se requiere la existencia de la prestación personal del servicio, la
continuada subordinación laboral y la remuneración como contraprestación
del mismo.
En cambio, en el contrato de prestación de servicios, la actividad
independiente desarrollada, puede provenir de una persona jurídica con la
que no existe el elemento de la subordinación laboral o dependencia
consistente en la potestad de impartir órdenes en la ejecución de la labor
contratada.
Del análisis comparativo de las dos modalidades contractuales -contrato de
prestación de servicios y contrato de trabajo- se obtiene que sus elementos
son bien diferentes, de manera que cada uno de ellos reviste singularidades
propias y disímiles, que se hacen inconfundibles tanto para los fines
perseguidos como por la naturaleza y objeto de los mismos.
En síntesis, el elemento de subordinación o dependencia es el que determina
la diferencia del contrato laboral frente al de prestación de servicios, ya que
en el plano legal debe entenderse que quien celebra un contrato de esta
naturaleza, como el previsto en la norma acusada, no puede tener frente a
la administración sino la calidad de contratista independiente sin derecho a

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prestaciones sociales ; a contrario sensu, en caso de que se acredite la
existencia de un trabajo subordinado o dependiente consistente en la
actitud por parte de la administración contratante de impartir órdenes a
quien presta el servicio con respecto a la ejecución de la labor
contratada, así como la fijación de horario de trabajo para la prestación
del servicio, se tipifica el contrato de trabajo con derecho al pago de
prestaciones sociales, así se le haya dado la denominación de un
contrato de prestación de servicios independiente.
Así las cosas, la entidad no está facultada para exigir subordinación o
dependencia al contratista ni algo distinto del cumplimiento de los términos
del contrato, ni pretender el pago de un salario como contraprestación de los
servicios derivados del contrato de trabajo, sino, más bien, de honorarios
profesionales a causa de la actividad del mandato respectivo». (Negrillas
para resaltar).

De acuerdo con lo anterior, se colige que es la subordinación o dependencia el
elemento que diferencia al contrato de prestación de servicios del contrato de
trabajo o de la relación laboral, por esto, desvirtuar un contrato de prestación de
servicios, demostrando la subordinación dará vía libre al nacimiento del derecho
al pago de prestaciones sociales en aplicación del principio de primacía de la
realidad sobre las formas en las relaciones de trabajo, consagrado en el artículo
53 de la Constitución.

Acerca de los conceptos de subordinación y permanencia que son propios del
concepto de empleo público, (relación de trabajo) se pronunció el Consejo de
Estado en sentencia de unificación del nueve (09) de septiembre de dos mil
veintiuno (2021), en el proceso radicado No. 05001-23-33-000-2013-01143-
01(1317-16) CE-SUJ2-025-21, con ponencia del consejero RAFAEL
FRANCISCO SUÁREZ VARGAS, en los siguientes términos:

«2.3.3.2. Subordinación continuada
102. De acuerdo con el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, la
subordinación o dependencia del trabajador constituye el elemento
determinante que distingue la relación laboral de las demás prestaciones de
servicios, pues encierra la facultad del empleador para exigirle al empleado
el cumplimiento de órdenes, imponerle jornada y horario, modo o cantidad
de trabajo, obedecer protocolos de organización y someterlo a su poder
disciplinario. No obstante, la subordinación es un concepto abstracto que se
manifiesta de forma distinta según cuál sea la actividad y el modo de
prestación del servicio.
103. La reiterada jurisprudencia de esta corporación –que aquí se consolida-
ha considerado, como indicios de la subordinación, ciertas circunstancias
que permiten determinar su existencia; entre estas, se destacan las
siguientes:
104. i) El lugar de trabajo. Considerado como el sitio o espacio físico
facilitado por la entidad para que el contratista lleve a cabo sus actividades.
Sin embargo, ante el surgimiento de una nueva realidad laboral, fruto de las
innovaciones tecnológicas, esta Sala Plena estima necesario matizar esta
circunstancia, por lo que el juzgador habrá de valorarla, en cada caso
concreto, atendiendo a las modalidades permitidas para los empleados de
planta.
105. ii) El horario de labores. Normalmente, el establecimiento o imposición
de una jornada de trabajo al contratista no implica, necesariamente, que

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exista subordinación laboral y, por consiguiente, que la relación contractual
sea simulada. Así, ciertas actividades de la Administración (servicios de
urgencia en el sector salud o vigilancia, etc.) necesariamente requieren la
incorporación de jornadas laborales y de turnos para atenderlas. Por ello, si
bien la exigencia del cumplimiento estricto de un horario de trabajo puede
ser indicio de la existencia de una subordinación subyacente, tal
circunstancia deberá ser valorada en función del objeto contractual
convenido.
106. iii) La dirección y control efectivo de las actividades a ejecutar. Bien
sea a través de la exigencia del cumplimiento de órdenes en cualquier
momento, en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, o la imposición
de reglamentos internos, o el ejercicio del poder de disciplina o del ius
variandi,3 la dirección y control efectivo de las actividades del contratista
constituye uno de los aspectos más relevantes para identificar la existencia
o no del elemento de la subordinación. En ese sentido, lo que debe probar el
demandante es su inserción en el círculo rector, organizativo y disciplinario
de la entidad, de manera que demuestre que esta ejerció una influencia
decisiva sobre las condiciones en que llevó a cabo el cumplimiento de su
objeto contractual. Así, cualquier medio probatorio que exponga una
actividad de control, vigilancia, imposición o seguimiento por parte de la
entidad, que en sana crítica se aleje de un ejercicio normal de coordinación
con el contratista, habrá de ser valorado como un indicio claro de
subordinación.
107. iv) Que las actividades o tareas a desarrollar correspondan a las
que tienen asignadas los servidores de planta, siempre y cuando se
reúnan los elementos configurativos de la relación laboral. El hecho de
que el servicio personal contratado consista en el cumplimiento de funciones
o en la realización de tareas idénticas, semejantes o equivalentes a las
asignadas en forma permanente a los funcionarios o empleados de planta
de la entidad, puede ser indicativo de la existencia de una relación laboral
encubierta o subyacente, siempre y cuando en la ejecución de esas labores
confluyan todos los elementos esenciales de la relación laboral a los que se
refiere el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo. En ese orden de
ideas, incumbe al actor demostrar, además de la prestación personal de sus
servicios a cambio de una remuneración, la existencia de unas condiciones
de subordinación o dependencia, en las que el representante de la entidad
contratante o la persona que él designe, ostentó la facultad de exigirle el
cumplimiento de órdenes perentorias y de obligatoria observancia. Por
consiguiente, el interesado deberá acreditar, además de la permanencia de
sus servicios, que la labor desarrollada se enmarca en el objeto misional de
la entidad.
108. A este respecto, resulta preciso aclarar que el desempeño de
actividades o funciones propias de una carrera profesional liberal (como en
este caso la de abogado) no descarta, per se, la existencia de una relación
laboral, pues, en la práctica, tales actividades son requeridas frecuentemente
para satisfacer el objeto misional de la entidad. En cambio, la existencia del
contrato de prestación de servicios sí exige que las funciones del contratista
sean desarrolladas con un alto grado de autonomía, sin perjuicio de la
necesidad de coordinación con la entidad contratante que, en ningún caso,
puede servir de justificación para ejercer comportamientos propios de la
subordinación laboral.

(…)

3.1.4. Unificación del sentido y alcance de la expresión «término
estrictamente indispensable» del numeral 3.º del artículo 32 de la Ley
80 de 1993.

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131. La autorización prevista en el numeral 3.º del artículo 32 de la Ley 80
de 1993, para celebrar contratos de prestación de servicios cuando las
actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la
entidad no puedan realizarse con personal de planta o requieran
conocimientos especializados, es esencialmente temporal; por lo tanto, este
tipo de contratos, cuando se suscriben con personas naturales, no pueden
concatenarse indefinidamente en el tiempo.
132. Siguiendo esa lógica, el «término estrictamente indispensable», al que
alude la referida norma, tiene lugar en la fase precontractual, pues es en esta
donde la entidad contratante aproxima, en función del objeto a contratar y de
los recursos disponibles, el tiempo máximo que estima «imprescindible» para
su ejecución. En otras palabras, la vigencia del contrato debe ser por el
tiempo necesario para ejecutar el objeto contractual convenido, y este debe
estar sujeto al principio de planeación, que encuentra su manifestación
práctica «en la elaboración de los estudios previos a la celebración del
negocio jurídico, pues es allí donde deberán quedar motivadas con
suficiencia las razones que justifiquen que la Administración recurra a un
contrato de prestación de servicios».
133. No obstante lo anterior, en la práctica, durante el término de ejecución
de los contratos, suele ocurrir que se presentan ciertas situaciones
imprevistas que exijan su prórroga; por lo cual, en algunos casos, el tiempo
estimado, ab initio, como «el ajustado enteramente a la necesidad», puede
resultar insuficiente. En cualquier caso, las mismas razones que en su
momento justificaron la planeación del contrato inicial y la suscripción de los
contratos modificatorios del plazo de ejecución, deben encontrar soporte en
los mencionados estudios previos.
134. En ese orden de ideas, la Sala unifica el sentido y alcance del «término
estrictamente indispensable» como aquel que aparece expresamente
estipulado en la minuta del contrato de prestación de servicios, que de
acuerdo con los razonamientos contenidos en los estudios previos,
representa el lapso durante el cual se espera que el contratista cumpla
a cabalidad el objeto del contrato y las obligaciones que de él se
derivan, sin perjuicio de las prórrogas excepcionales que puedan
acordarse para garantizar su cumplimiento.”.(subrayas del texto original).

Corresponde, además por regla general a la parte actora demostrar, que en
la ejecución del contrato se configuraron los elementos propios de una
relación laboral como son: una actividad personal, un salario y la
subordinación. Así lo ha consignado la jurisprudencia del Consejo de Estado
en varias oportunidades:
“41. Aquí se debe precisar, que en materia probatoria, la presunción que se
establece en la citada norma opera de forma distinta cuando se trata en
materia laboral ordinaria, ya que se está dejando la carga de la prueba en
manos del empleador, caso distinto ocurre, cuando se involucran relaciones
entre los servidores públicos o particulares frente al Estado, los cuales
deberán asumir esa carga siempre que intenten develar una relación laboral
a través de un contrato de prestación de servicios.
42. En efecto, quien demande, tiene que desvirtuar inicialmente la
presunción del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 y consecuentemente la del
acto administrativo mediante el cual se nombró. Es así, que es inminente que
se prueben los elementos de la relación laboral, esto es, (i) la actividad
personal del trabajador, (ii) subordinación continuada y dependencia del
trabajador y (iii) remuneración como retribución del trabajo prestado, para
que se pueda configurar un contrato de trabajo.»6.

6 Sentencia del 28 de octubre 2021. Consejero Ponente: SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ. Radicación

número: 68001-23-33-000-2015-00393-01(3755-17).

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Radicación: 66001-23-33-000-2018-00547-01 (0445-2021)

Corolario de la relación empleador-trabajador, es el nacimiento de la obligación
por parte del primero, de cancelarle al segundo, beneficios inherentes a su
calidad, tales como las prestaciones sociales.

Debe aclararse que, tal y como lo precisó esta Corporación en la sentencia de
unificación del 9 de septiembre de 2021 antes aludida, cuando se reconoce la
existencia de una relación laboral, al accionante le asiste el derecho al pago de
prestaciones sociales a cargo de la administración, pero no es posible que por
ello se le dé la categoría de empleado público al contratista sin que concurran los
elementos previstos en el artículo 122 de la Carta Política.

Resolución del caso concreto

Revisadas las pruebas, se advierte lo siguiente:

Que la demandante prestó sus servicios a la demandada como secretaria a
través de múltiples órdenes de prestación de servicios, así:

• Orden de prestación de servicios sin número. Del 15 de septiembre hasta el 18 de
noviembre de 2004. Por un valor de $406.4817.

• Orden de prestación de servicios sin número. Del 22 de noviembre hasta el 22 de
diciembre de 2004. Por un valor de $406.4818.

• Orden de prestación de servicios sin número. Del 17 de enero hasta el 28 de febrero
de 2005. Por un valor de $433.1469.

• Orden de prestación de servicios sin número. Del 1 de marzo hasta el 1 de mayo de
2005. Por un valor de $1.104.71210.

• Orden de prestación de servicios sin número. Del 2 hasta el 31 de mayo de 2005.
Por un valor de $552.35611.

• Orden de prestación de servicios sin número. Del 1 hasta el 30 de julio de 2005. Por
un valor de $552.35612.

• Orden de prestación de servicios sin número. Del 1 hasta el 30 de septiembre de
2005. Por un valor de $552.35613.

• Orden de prestación de servicios sin número. Del 3 hasta el 31 de octubre de 2005.
Por un valor de $533.94414.

• Orden de prestación de servicios sin número. Del 1 de noviembre hasta el 15 de
diciembre de 2005. Por un valor de $828.53415.

7 Folio 48 cuad. ppal. parte 2.
8 Folio 49 del cuad. ppal. parte 1.
9 Folio 50 cuad. ppal. parte 1.
10 Folio 51 a 52 del cuad. ppal. parte 1.
11 Folio 53 cuad. ppal. parte 1.
12 Folio 54 cuad. ppal. parte 1.
13 Folio 55 cuad. ppal. parte 1.
14 Folio 56 cuad. ppal. parte 1.
15 Folio 57 del cuad. ppal. parte 1

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Radicación: 66001-23-33-000-2018-00547-01 (0445-2021)

• Orden de prestación de servicios sin número. Del 1 de febrero hasta el 31 de marzo
de 2006. Por un valor de $1.104.71216.

• Orden de prestación de servicios sin número. Del 7 de abril hasta el 31 de mayo de
2006. Por un valor de $1.104.71217.

• Contrato de prestación de servicios 376. Del 1 de junio hasta el 31 de julio de 2006.
Por un valor de $1.104.71218.

• Contrato de prestación de servicios 378. Del 1 hasta el 31 de agosto de 2006. Por
un valor de $552.35619.

• Contrato de prestación de servicios 375. Del 1 hasta el 28 de febrero de 2007. Por
un valor de $552.35620.

• Contrato de prestación de servicios 908. Del 1 de marzo hasta el 30 de abril de 2007.
Por un valor de $1.159.94821.

• Contrato de prestación de servicios 1309. Del 2 de mayo hasta el 30 de junio de
2007. Por un valor de $1.159.94822.

• Contrato de prestación de servicios 2077. Del 3 de julio hasta el 30 de septiembre
de 2007. Por un valor de $1.739.92223.

• Contrato de prestación de servicios 3151. Del 1 hasta el 31 de octubre de 2007. Por
un valor $579.97424.

• Contrato de prestación de servicios 3718. Del 1 hasta el 30 de noviembre de 2007.
Por un valor de $579.97425.

• Contrato de prestación de servicios 4289. Del 3 hasta el 17 de diciembre de 2007.
Por un valor $289.98726.

• Contrato de prestación de servicios sin número. Del 1 de marzo hasta el 31 de
diciembre de 2008. Por un valor de $9.460.00027.

• Contrato de prestación de servicios 606-1565. Del 29 de junio hasta el 31 de octubre
de 2011. Por un valor de $3.092.39628.

• Contrato de prestación de servicios 638. Del 1 de enero hasta el 15 de marzo de
2012. Por un valor de $1.592.00029.

• Contrato de prestación de servicios de apoyo 869. Del 3 de abril hasta el 30 de julio
de 2012. Por un valor de $3.184.00030.

• Contrato de prestación de servicios de apoyo 1270. Del 3 de agosto hasta el 2 de

16 Folio 58 del cuad. parte 1.
17 Folio 59 cuad. ppal. parte 1.
18 Folio 60 cuad. pparte parte 1
19 Folio 61 cuad. ppal. parte 1.
20 Folio 62 del cuad. ppal. parte 1.
21 Folio 63 del cuad. ppal. parte 1.
22 Folio 64 del cuad. ppal. parte 1.
23 Folios 65 y 66 del cuad. ppal. parte 1.
24 Folio 67 del cuad ppal. parte 1.
25 Folio 68 del cuad. ppal. parte 1.
26 Folios 69 del cuad. ppal. parte 1.
27 Folios 70 a 74 del cuad. ppal. parte 1.
28 Folios 75 a 77 del cuad. ppal. parte 1.
29 Folios 78 a 79 de cuad. ppal. parte 1.
30 Folios 80 a 83 del cuad. ppal. parte 1.

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octubre de 2012. Por un valor de $1.964.00031.

• Contrato de prestación de servicios de apoyo 2163. Del 3 de octubre hasta el 17 de
diciembre de 2012. Por un valor de $2.455.00032.

• Contrato de prestación de servicios de apoyo 447. Del 4 de febrero hasta el 30 de
agosto de 2013. Por un valor de $10.490.55033.

• Contrato de prestación de servicios de apoyo 3062. Del 1 de noviembre hasta el 31
de diciembre de 2013. Por un valor de $2.997.30034.

• Contrato de prestación de servicios 370. Del 16 de enero hasta el 16 de julio de
2014. Por un valor de $6.174.44035.

• Contrato de prestación de servicios 1766. Del 17 de julio hasta el 31 de diciembre
de 2014. Por valor de $8.489.86036.

• Contrato de prestación de servicios de apoyo 511. Del 29 de enero hasta el 28 de
mayo de 2015. Por valor de $6.359.67237.

• Contrato de prestación de servicios de apoyo 1986. Del 29 de mayo hasta el 30 de
diciembre de 2015. Por valor de $11.129.42638.

Que, en constancias del 17 de febrero 39 y 24 de marzo de 2017 40, emitidas por la
directora Administrativa de Prestación del Servicio Educativo de la entidad
demandada se enlistan las órdenes descritas con anterioridad y se indica que
fueron cumplidas por la demandante.

Que, en certificación del 9 de agosto de 2012 41, la empresa de servicios
temporales Empacamos SA, Servitemporales, indicó que la demandante laboró
para la empresa a través de contratos de obra o labor como auxiliar administrativa
en misión para el municipio de Pereira, durante los siguientes tiempos:

• Del 10 de abril hasta el 31 de diciembre de 2009. Por valor de $505.000.
• Del 29 de marzo hasta el 28 de septiembre de 2010. Por valor de $523.382.
• Del 14 de octubre hasta el 8 de diciembre de 2010. Por valor de $527.725.
• Del 1 de enero hasta el 30 de junio de 2011. Por valor de $541.700.

Que, según las Certificaciones del 26 de diciembre de 2010 42 y 24 de junio de
201143, expedidas por el director Administrativo de Prestación del Servicio
Educativo de la entidad demandada, la actora prestó servicios como auxiliar
administrativa, a través de contratos u órdenes de prestación de servicios,

31 Folios 84 a 86 del cuad. ppal. parte 1.
32 Folio 87 a 89 del cuad. ppal. parte 1.
33 Folios 90 a 93 del cuad. ppal. parte 1.
34 Folios 96 a 98 del cuad. ppal. parte 1.
35 Folios 101 a 105 del cuad. ppal. parte 1.
36 Folio 107 a 109 del cuad. ppal. parte 1.
37 110 a 113 del cuad. ppal. parte 1.
38 Folios 114 a 115 del cuad. ppal. parte 1.
39 Folio 181 del cuad. ppal. parte 1.
40 Folio 44 del cuad. ppal. parte 1.
41 Folio 182 del cuad. ppal. parte 1.
42 Folio 47 del cuad. ppal. parte 1
43 Folio 46 del cuad. ppal. parte 1.

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durante los siguientes períodos:

1. Del 5 de febrero hasta el 17 de diciembre de 2001.
2. Del 3 de febrero hasta el 18 de diciembre de 2002
3. Del 25 de febrero hasta el 31 de julio de 2003.
4. Del 1 de agosto hasta el 12 de diciembre de 2003.
5. Del 2 de febrero hasta el 31 de marzo de 2004.
6. Del 1 de abril hasta 31 de julio de 2004.
7. Del 1 de agosto hasta el 30 de septiembre de 2004.
8. Del 1 de octubre hasta el 17 de diciembre de 2004.
9. Del 1 de enero hasta el 30 de abril de 2005.
10. Del 1 de mayo hasta el 31 de agosto de 2005.
11. Del 1 de septiembre hasta el 18 de diciembre de 2005.
12. Del 2 de enero hasta el 31 de marzo de 2006.
13. Del 1 de abril hasta el 31 de agosto de 2006.
14. Del 1 de septiembre hasta el 17 de diciembre de 2006.
15. Del 1 de enero hasta el 30 de abril de 2007.
16. Del 1 de mayo hasta 31 de julio de 2007.
17. Del 1 de agosto hasta el 17 de diciembre de 2007.
18. Del 2 de febrero hasta el 31 de diciembre de 2008.
19. Del 2 de febrero hasta el 31 de diciembre de 2009.
20. Del 20 hasta el 31 de diciembre de 2010.

Que, de acuerdo con la certificación del 23 de marzo de 2017 44 emitida por la
profesional especializada del área financiera de la entidad demanda, la actora
prestó servicios de apoyo en la Dirección Operativa de Sistemas de Educación
municipal, así:

• Orden núm. 447. El plazo de ejecución de 7 meses, del 4 de febrero hasta el 3
de septiembre de 2013, por un valor de $10.490.550

• Orden núm. 3062. El plazo de ejecución de 2 meses, del 6 de noviembre hasta
el 31 de diciembre de 2013, por un valor de $2.997.300.

• Orden núm. 370. El plazo de ejecución de 6 meses, del 17 de enero hasta el 16
de julio de 2014, por un valor de $9.261.660.

• Orden núm.1766. El plazo de ejecución de 5 meses y 15 días, del 17 de julio
hasta el 30 de diciembre de 2014, por un valor de $8.489.860.

• Orden núm. 511. El plazo de ejecución de 4 meses, del 29 de enero hasta el 28
de mayo de 2015, por un valor de $6.359.672.

• Orden núm. 1986. El plazo de ejecución de 7 meses, 1 de junio hasta el 30 de
diciembre de 2015, por un valor de $11.129.426.

Así, se tiene que la demandante prestó sus servicios personales al municipio,
a través de contratos u órdenes de prestación de servicios entre el 15 de
septiembre de 2004 y el 31 de diciembre de 2008, por contratos de obra o labor,
por medio de la empresa Servitemporales SA, desde el 10 de abril de 2009 hasta
el 30 de junio de 2011 y, nuevamente a través de contratos u órdenes de
prestación de servicios del 29 de junio de 2011 al 30 de diciembre de 2015.

Contratos de trabajo por duración de la obra o labor contratada.

44 Folios 42 y 43 del cuad. ppal. parte 1.

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Debe precisarse que la demandante entre el 10 de abril de 2009 hasta el 30 de
junio de 2011 prestó sus servicios al municipio de Pereira, a través de contratos
de trabajo por duración de la obra o labor contratada, modalidad frente a la cual
esta Sala ha considerado 45 que es propia de las relaciones laborales privadas y
se encuentra definida en el artículo 45 del Código Sustantivo del Trabajo, como
aquel que puede celebrarse por tiempo determinado, por el tiempo que dure una
obra o labor, por tiempo indefinido o para ejecutar un trabajo ocasional, accidental
o transitorio y se deberá definir claramente la obra o labor para la cual se está
contratando y especificar las condiciones de modo, tiempo y lugar como se
prestará el servicio.

Analizando estos elementos, de cara a los contratos suscritos por la demandante
con SERVITEMPORALES S.A., se observa que no se trató de un trabajo
ocasional, accidental o transitorio. Tampoco puede pasarse por alto que prestó
sus servicios a la entidad demandada de manera subordinada, por un lapso de
24 meses bajo esa modalidad como una manera de intermediación, para
encubrir, bajo la apariencia de legalidad, la relación laboral entre la demandante
y el demandado.

Todo lo anterior conduce a la Sala a concluir que, a pesar de la apariencia que
se quiso dar a la vinculación por parte de la entidad demandada (contratos de
prestación de servicios y, por intermediación laboral), en aplicación del artículo
53 de la Constitución Política, la realidad demostrada, por encima de las formas,
es que la demandante, tuvo con el municipio de Pereira una relación de carácter
laboral disfrazada en otras formas jurídicas.

Ahora, se observa que en las certificaciones del 26 de diciembre de 2010 y 24 de
junio de 2011 se relacionan tiempos de servicios continuos entre el 2001 y el
2010, sin embargo, de su comparación con las actas de cumplimiento, los
contratos de prestación de servicio y la certificación emitida por Servitemporales,
se advierte que estos no coinciden, de ahí que se tendrán como probados solo
los períodos de servicio contenidos en estos últimos documentos.

Establecido lo anterior, se examinará si en el presente caso se configura el
elemento de la continuada subordinación.

La Sala advierte que en los contratos u órdenes de trabajo se estipulan las
siguientes obligaciones a cargo de la demandante:

• Apoyar la elaboración de la documentación que por el servicio educativo
prestado deba expedir el establecimiento educativo de naturaleza oficial a
petición de la comunidad educativa (Educadores, Padres de Familia,
Educandos) y demás autoridades.
• Apoyo en la elaboración de la documentación requerida internamente en

45 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 28 de septiembre de 2023, radicación

76001-23-33-000-2016-00060-01 (2593-2019).

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el establecimiento educativo.
• Brindar apoyo en los procesos de la Dirección Operativa Jurídica y los
Ascensos en la sección de Escalafón Nacional
• Elaboración de respuestas a las solicitudes de Ascenso en el escalafón
presentadas por los Educadores.
• Recepcionar, radicar y digitar, las solicitudes de Ascensos de la sección
de Escalafón Nacional Docente y la Dirección Operativa Jurídica.
• Resolver las inquietudes que se presenten en la Sección de Escalafón
Nacional Docente y la Dirección Operativa Jurídica.
• Notificar a los Docentes de los Ascensos en el Escalafón Nacional
Docente.
• Recepcionar las quejas presentadas por los Docentes, en cuanto a los
Ascensos en el Escalafón Nacional Docente.
• Digitar las respuestas a Derechos de Petición y solicitudes en general, al
igual que los oficios del rector del Establecimiento Educativo designado,
• Proyectar las distintas certificaciones que se expiden en el Establecimiento
Educativo designado.
• Programar y organizar las actividades de la Secretaría Académica
(elaborar el Plan de Matrícula conjuntamente con el Rector y Coordinador;
• Organizar y actualizar el archivo de la Rectoría).
• Organizar y mantener actualizado el servicio de registro y control
académico, de personal docente y administrativo. (Diseñar los
instrumentos para recolectar y registrar la información sobre alumnos,
personal docente, directivo docente y administrativo; registrar y diligencias
los libros de matrícula, admisiones, asistencia, calificaciones).

También se encuentran informes de las actividades desarrolladas por la
demandante, entre el 29 de marzo y el 28 de septiembre de 2010 46, en diciembre
de 2013 y durante el 2014 47, suscritos por la directora Operativa de Sistemas de
Información de la entidad en los que se indica que aquellas fueron cumplidas de
forma satisfactoria.

De igual manera, los testigos Carlos Alberto Díaz Peláez y Yudy Elizabeth
Betancur González, quienes laboraban para el ente territorial, en su condición de
docentes desde el 2004 y 2008, respectivamente, coincidieron en manifestar que
la demandante desarrolló actividades como secretaria de uno de los núcleos
educativos, en las instalaciones del municipio, en un puesto de trabajo asignado
por la entidad, bajo las instrucciones de un jefe inmediato, denominado director
de núcleo educativo, y en un horario de 8:00 am a 6:00 pm.

También manifestaron que, durante el período de vacaciones, la demandante
prestaba el servicio con el fin de que el municipio renovara su vínculo contractual.

Teniendo en cuenta las pruebas mencionadas, la Sala logra evidenciar la falta de
autonomía en la prestación del servicio, pues las labores que desarrollaba la

46 Folios 116 a 127 del cuad. ppal. parte 1.
47 Folios 128 a 177 del cuad. ppal. parte 1.

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demandante eran permanentes, y se cumplían en la entidad demandada y en el
horario de oficina fijado en esta, bajo la supervisión e instrucción de un superior
funcional, sin que pudieran ejercerse en condiciones de libertad y autonomía
técnica y directiva.

No puede pensarse que la actora era autónoma e independiente en el desarrollo
de sus tareas, porque aquello riñe con la naturaleza misma de los servicios
pactados en las órdenes de trabajo, en ese contexto, las actividades secretariales
a su cargo se circunscribían a las indicaciones particulares y puntuales de su jefe
inmediato, pues de otra forma no podía elaborar los documentos solicitados, y
suministrar información al público interno y externo del centro de formación.

De la misma manera, se evidencia que la demandante no podía decidir ni
disponer sobre el contenido y la forma de los memorandos , cartas y
certificaciones, entre otras, al tratarse de comunicaciones con un contenido oficial
particular, para el que es requerida obviamente la dirección e instrucción del jefe
inmediato.

Es evidente la falta de autonomía en la prestación del servicio, por el
direccionamiento frente a la forma y desarrollo de las actividades del objeto
contractual, excediéndose en lo que en sana crítica se puede entender como la
coordinación necesaria para la prestación de un servicio, denotando las
potestades propias de un verdadero empleador.

Se destaca que esta corporación48 ha precisado que, en casos como estos,
tratándose de labores secretariales y de servicios de gestión administrativa, por
la misma naturaleza de las actividades y la sujeción en su desarrollo no puede
entenderse la existencia de autonomía técnica o administrativa.

En el mismo sentido, en la sentencia del 25 de enero de 2014, expediente 2014-
00192-02 (radicado interno 3635-2022), esta Sala de subsección, al resolver un
asunto similar al aquí estudiado, se pronunció de la siguiente manera:

«En efecto, las labores secretariales que desarrollaba la demandante eran
permanentes, se cumplían en las instalaciones del SENA y en el horario de
oficina fijado en la entidad, bajo la supervisión e instrucción de un superior
funcional, sin que pudieran ejercerse en condiciones de libertad y autonomía
técnica y directiva.

Llama la atención la afirmación de la parte demandada en el sentido de que
la actora era autónoma e independiente en el desarrollo de sus tareas,
porque riñe con la naturaleza misma de los servicios pactados en las órdenes
de trabajo. Así, es evidente que las actividades secretariales a cargo de la
señora Araújo Montejo se circunscribían a las indicaciones particulares y
puntuales de su jefe inmediato, pues no de otra forma podía elaborar los
documentos solicitados, atender las llamadas telefónicas y suministrar
información al público interno y externo del centro de formación».

48 En ese sentido, ver, entre otras, las sentencias del 23 de junio de 2005, expediente 1998-00027; del 16

de abril de 2021, expediente 2015-04688-01 y del 16 de junio de 2022, expediente 2017-00253-01 (0865-
2020).

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En consecuencia, en el caso concreto se materializaron las condiciones de
subordinación típicas de una relación laboral entre la demandante y el municipio
de Pereira. Motivo por el que se revocará la decisión del Tribunal Administrativo
de Risaralda para en su lugar conceder dicha pretensión.

De la prescripción e interrupciones contractuales

Frente a la prescripción, esta Corporación ha unificado criterios acerca de la
manera como debe analizarse el fenómeno fijando las siguientes reglas 49:

• El término para exigir el reconocimiento de una relación laboral con el
Estado es de tres años contados a partir de la terminación del vínculo
contractual, y que pasado dicho tiempo se extingue el derecho a solicitar
las prestaciones que se deriven de aquella.

• En los casos donde existe interrupción entre los contratos de prestación
de servicios y en su ejecución, debe analizarse la prescripción frente a
cada uno de ellos, a partir de sus fechas de finalización.

En la sentencia de unificación del 9 de septiembre de 2021 50, esta Sección adoptó
el periodo de treinta días hábiles como indicador temporal de la no solución de
continuidad entre contratos sucesivos de prestación de servicios, sin que este
constituya una «camisa de fuerza» para el juez contencioso que, en cada caso y
de acuerdo con los elementos de juicio que obren dentro del plenario, habrá de
determinar si se presentó o no la solución de continuidad del vínculo laboral.

Es claro entonces que la misma sentencia, estableció que el juez puede superar
este término e incluso reducirlo en caso de que los contratos tengan objetos
totalmente diferentes. Es que pretender que ese término sea inmodificable puede
incluso conducir a que se presente todo lo contrario a lo que quiso la sentencia
porque la administración con el solo propósito de eludir la regla podrá en todos
los casos superar los 30 días para hacer el nuevo contrato.

Además; si se le exigiera al particular que reclame inmediatamente termina un
contrato, esto llevaría a que no se le volviera a contratar, por ello, la Sala
considera que se debe analizar en cada caso concreto de cuánto tiempo pudo
haber sido la interrupción y así determinar si la petición, se elevó o no dentro de
un «plazo razonable».

Con las anteriores precisiones, se procede a analizar el presente asunto. En ese
sentido, los contratos de la demandante se ejecutaron en los siguientes periodos:

49 Consejo de Estado, Sección Segunda. Sentencia de Unificación Jurisprudencial CE-SUJ2-05 del 25 de

agosto de 2016. Radicación 23001-23-33-000-2013-00260-01 (0088-2015).
50 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Radicado: 05001-23-33-

000-2013-01143-01 (1317-2016). Bogotá, D. C., nueve (9) de septiembre de dos mil veintiuno (2021).

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Contrato Término de ejecución Interrupción
Sin número 15 de septiembre hasta el 18 de noviembre de 3 días
2004
Sin número 22 de noviembre hasta el 22 de diciembre de 16 días
2004
Sin número Del 17 de enero hasta el 28 de febrero de 2005 Sin interrupción
Sin número Del 1 de marzo hasta el 1 de mayo de 2005 Sin interrupción
Sin número Del 2 hasta el 31 de mayo de 2005 Sin interrupción
Sin número Del 1 hasta el 30 de junio de 2005 Sin interrupción
Sin número Del 1 hasta el 30 de julio de 2005 22 días hábiles
Sin número Del 1 hasta el 30 de septiembre de 2005 Sin interrupción
Sin número Del 3 hasta el 31 de octubre de 2005 Sin interrupción
Sin número Del 1 de noviembre hasta el 15 de diciembre 32 días hábiles
de 2005
Sin número Del 1 de febrero hasta el 31 de marzo de 2006 4 días hábiles
Sin número Del 7 de abril hasta el 31 de mayo de 2006 Sin interrupción
376 Del 1 de junio hasta el 31 de julio de 2006 Sin interrupción
Del 1 hasta el 31 de agosto de 2006 3 meses y 11
378
días
375 Del 1 hasta el 28 de febrero de 2007 Sin interrupción
908 Del 1 de marzo hasta el 30 de abril de 2007 Sin interrupción
1309 Del 2 de mayo hasta el 30 de junio de 2007 Sin interrupción
2077 Del 3 de julio hasta el 30 de septiembre de 2007 Sin interrupción
3151 Del 1 hasta el 31 de octubre de 2007 Sin interrupción
3718 Del 1 hasta el 30 de noviembre de 2007 Sin interrupción
Del 3 hasta el 17 de diciembre de 2007 51 días hábiles
4289

Del 1 de marzo hasta el 31 de diciembre de 68 de días
Sin número
2008. hábiles
Servitemporales Del 10 de abril hasta 31 de diciembre de 2009 58 días hábiles
29 de marzo hasta el 28 de septiembre de 11 días hábiles
Servitemporales
2010
Servitemporales 14 de octubre hasta el 8 de diciembre de 2010 17 días hábiles
Servitemporales Del 1 de enero hasta el 28 de junio de 2011 Sin interrupción
Del 29 de junio hasta el 31 de octubre de
606-1565 41 días hábiles
2011.
Del 1 de enero hasta el 15 de marzo de 2012. 11 días hábiles
638

869 Del 3 de abril hasta el 30 de julio de 2012 3 días hábiles
1270 Del 3 de agosto hasta el 2 de octubre de 2012. Sin interrupción
Del 3 de octubre hasta el 17 de diciembre de
2163
2012 31 días hábiles
Del 4 de febrero hasta el 30 de agosto de 43 días hábiles
447
2013
Del 1 de noviembre hasta el 31 de diciembre 10 días hábiles
3062
de 2013
370 Del 16 de enero hasta el 16 de julio de 2014 Sin interrupción
Del 17 de julio hasta el 31 de diciembre de 19 días hábiles
1766
2014
511 Del 29 de enero hasta el 28 de mayo de 2015. Sin interrupción
Del 29 de mayo hasta el 30 de diciembre de Sin interrupción
1986
2015.

De la relación anterior, se encuentran demostradas varias interrupciones en la
vinculación de la demandante con la entidad y, la última de estas a la culminación
de la Orden de Prestación de Servicio núm. 447, correspondiente a 43 días,
término ostensiblemente amplio para generar la interrupción en la relación. En
ese sentido, teniendo en cuenta que la parte demandante presentó la

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reclamación administrativa solo hasta el 6 de agosto de 2018 51, es evidente que
operó la prescripción extintiva frente a los derechos laborales causados hasta el
30 de agosto de 2013, salvo lo relativo a los aportes a pensión.

En cuanto al último periodo de vinculación se advierte que inició el 1 de
noviembre de 2013 y finalizó el 30 de diciembre de 2015, sin que se hayan
acreditado interrupciones en la ejecución contractual, por lo que la demandante
contaba hasta el 30 de diciembre de 2018, para solicitar a la entidad el
reconocimiento de los derechos y, teniendo en cuenta que la demandante
presentó la reclamación en agosto de 2018, no se configuró la prescripción frente
a ese lapso.

De las prestaciones sociales reclamadas

La demandante tiene derecho al pago de las prestaciones sociales de orden legal
que perciben los empleados públicos que laboran en la entidad en el tiempo
debidamente laborado.

Para efectos del pago de las prestaciones sociales y demás emolumentos
adeudados, deberá tomarse como base de liquidación el valor pactado por
honorarios en las respectivas órdenes de servicio suscritas entre el 1 de enero
de 2012 y el 30 de diciembre de 2015, salvo las interrupciones. De igual forma,
los tiempos de labor aquí reconocidos tendrán efectos pensionales sin tener en
cuenta la prescripción decretada.

Las sumas reconocidas serán reajustadas con siguiente fórmula:

R= Rh x Índice final
Índice inicial

Según la cual el valor presente (R) se determina multiplicando el valor histórico
(Rh), que es el que corresponde a la prestación social, por el guarismo que
resulta de dividir el índice final de precios al consumidor certificado por el DANE
(vigente a la fecha de ejecutoria esta sentencia) por el índice inicial (vigente para
la fecha en que debería efectuarse el pago).

Aportes a la seguridad social en pensiones

En el caso, al haberse demostrado la configuración de los elementos de la
relación laboral, procede el pago de los aportes a pensión, para esto, la entidad
demandada deberá, a título de restablecimiento del derecho, tomar el ingreso
base de cotización o IBC pensional de la demandante, dentro de los periodos
laborados por prestación de servicios, convenio asociativo y contrato sindical mes
a mes, y si existe diferencia entre los aportes realizados como contratista y los
que se debieron efectuar; cotizar al respectivo fondo de pensiones la suma

51 Folios 30 a 38 del cuad. ppal. 1.

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Radicación: 66001-23-33-000-2018-00547-01 (0445-2021)

faltante por concepto de aportes a pensión, solo en el porcentaje que le
correspondía como empleador.

En ese sentido, el actor deberá acreditar las cotizaciones que realizó al Sistema
General de Seguridad Social en pensiones durante el tiempo que duraron los
referidos vínculos contractuales, y en la eventualidad de que no las hubiese
hecho o existiese diferencia en su contra, tendrá la carga de cancelar o
completar, según el caso, el porcentaje que le incumbía como trabajador.

Aclarado esto, de acuerdo con lo pretendido por la parte demandante, la Sala
advierte que no es posible ordenar el reintegro o compensación de los aportes a
la seguridad social, porque, como se determinó en la sentencia de unificación
SUJ-025-CE-S2-2021 de 9 de septiembre de 2021, estos tienen la connotación
de parafiscales para la financiación del Sistema General de Seguridad Social.

De este modo, no son ingresos ni beneficios económicos para la parte interesada,
por lo que, no corresponde el pago de estos rubros directamente al demandante
ni es posible el reembolso de estos.

De la condena en costas

Sobre la condena en costas, es importante aclarar que la jurisprudencia de la
Subsección A del Consejo de Estado venía aplicando el criterio objetivo valorativo
consagrado en el art. 188 de la Ley 1437 de 2011, según el cual en toda sentencia
el juez procederá a su reconocimiento cuando encuentre demostrado en el
proceso que estas se causaron, sin que en esa valoración fuera relevante
analizar si las partes actuaron de manera temeraria, mal intencionada o de mala
fe, no obstante, dicho criterio fue variado con la adición introducida por el art. 47
de la Ley 2080 de 2021, en el que indica que la condena en costas es viable,
siempre y cuando se acredite que la parte vencida obró con manifiesta carencia
de fundamento legal.

Teniendo en cuenta el cambio introducido por el legislador en la materia, la
Subsección A aclara que adoptará una nueva postura en la cual, en las
sentencias proferidas a la luz de la reciente normativa se deberá analizar la
conducta realizada por las partes en el proceso, entre ello, si se presentó o no,
carencia de fundamentación jurídica conforme a lo señalado en el inciso 2º del
art. 188 de la Ley 1437 de 2011.

En el presente caso, aplicando el criterio anunciado, se observa, a partir de la
demanda y del recurso de apelación, que no se presenta una carencia de
fundamentación legal que dé lugar a la condena en costas. Contrario a ello, las
partes presentaron argumentos razonables de defensa jurídica de sus intereses,
en consecuencia, no se impondrá condena en costas en ambas instancias.

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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

Primero. Revocar la sentencia del treinta (30) de abril de dos mil veinte (2020)
proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda, Sala Segunda de Decisión,
por medio de la cual se negaron las pretensiones.

En su lugar:

Segundo: Declarar la nulidad parcial del Oficio 41224 del 30 de agosto de 2018,
a través del cual el municipio de Pereira negó el reconocimiento de la relación
laboral con la demandante. En consecuencia, se declara que entre las partes
existió una relación laboral entre el 15 de septiembre de 2004 y el 30 de diciembre
de 2015, salvo las interrupciones.

Tercero: Declarar probada la prescripción extintiva frente a los derechos
laborales a los que hubiera lugar, anteriores al 30 de agosto de 2013, salvo lo
relativo a los aportes a pensión.

Cuarto: Ordenar al Municipio de Pereira que reconozca y pague en favor de la
señora Lizandra Quiroga Sierra las prestaciones sociales de orden legal que
perciben los empleados públicos que laboran en la entidad en el tiempo
debidamente laborado.

Para efectos del pago de las prestaciones sociales y demás emolumentos
adeudados, deberá tomarse como base de liquidación el valor pactado por
honorarios en las respectivas órdenes de servicios suscritas entre 1 de noviembre
de 2013 y el 30 de diciembre de 2015, salvo las interrupciones.

Quinto: Ordenar al municipio de Pereira que pague la diferencia entre los
aportes que se debieron efectuar y los realizados por la demandante, y cotizar al
respectivo fondo de pensiones la suma faltante, pero solo en el porcentaje que le
correspondía como empleador y por los períodos en los que se acreditó la
relación laboral descontando los periodos en que no prestó el servicio y de la
manera en que se indicó en la parte motiva de la sentencia.

La demandante deberá acreditar las cotizaciones que realizó al Sistema General
de Seguridad Social en pensiones durante el tiempo que duró su vinculación, y
en la eventualidad de que no las hubiese hecho o existiese diferencia en su
contra, deberá cancelar o completar, según sea el caso, el porcentaje que le
correspondía como trabajador.

Sexto: Las sumas reconocidas deberán ser reajustadas conforme la fórmula
expuesta en la parte considerativa de esta providencia. De igual forma, se dará

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cumplimiento a la sentencia según lo disponen los artículos 192 y 195 del CPACA
y demás concordantes.

Séptimo. Negar las demás pretensiones por las razones expuestas en esta
providencia.

Octavo. Sin condena en costas en ambas instancias.

Noveno. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de
origen, previas las anotaciones correspondientes en la plataforma «SAMAI».

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente

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