Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 66001-23-33-000-2016-00729-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 66001-23-33-000-2016-00729-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 66001-23-33-000-2016-00729-01
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
4 de junio de 2026
Radicado: 66001 23 33 000 2016 00729 01 (1887–2021)
Demandante: Alfonso Uribe Aguirre
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Cuatro (4) de junio de dos mil veintiséis (2026)
Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 66001 23 33 000 2016 00729 01 (1887–2021)
Demandante: Alfonso Uribe Aguirre
Demandado: ESE Hospital Santa Mónica Dos Quebradas
Tema: Relación laboral encubierta
Decisión: Revoca sentencia de primera instancia. En su lugar,
niega pretensiones por no acreditarse la subordinación.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
ASUNTO
1. La Subsección A de la Sección Segunda decide los recursos de apelación
interpuestos por las partes contra de la sentencia proferida el 19 de marzo de 2020
por el Tribunal Administrativo de Risaralda, mediante la cual se accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES
1.1. Pretensiones de la demanda1
2. En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, el
señor Alfonso Uribe Aguirre demandó la nulidad del oficio 0659 del 19 de abril de
2016, por medio del cual la E.S.E. Hospital Santa Mónica de Dosquebradas negó el
reconocimiento y pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones reclamadas.
3. A título de restablecimiento del derecho pidió reconocer la existencia de una
verdadera relación laboral durante el período comprendido entre el 6 de marzo de
2006 y el 30 de noviembre de 2015; de igual forma, reclamó el pago de salarios y
prestaciones sociales dejados de percibir durante el vínculo, así como la devolución
de los aportes a la seguridad social asumidos de su propio peculio, calculados a
partir de la diferencia entre lo devengado por él y lo percibido por un empleado de
planta que realizara las mismas funciones.
4.
Finalmente, pretendió el pago de las indemnizaciones moratorias por la falta de
consignación y cancelación oportuna de esas acreencias; y la indexación de todas
las condenas económicas desde su causación hasta la fecha de la sentencia.
1
Demanda visible en las páginas 177 a 275 del archivo “6”, adjunto en el índice 2 del expediente digital disponible en SAMAI.
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Demandante: Alfonso Uribe Aguirre
1.2. Hechos que fundamentan la demanda
5.El señor Alfonso Uribe Aguirre prestó sus servicios en la E.S.E. Hospital Santa
Mónica de Dosquebradas entre el 6 de marzo de 2006 y el 30 de noviembre de
2015, como auxiliar administrativo en el área de Sistemas y Gestión Documental.
6. Los servicios ejecutados por el actor se contrataron a través de intermediaciones
laborales que la E.S.E. concretó con cooperativas de trabajo asociado, empresas
de servicios temporales, uniones temporales, fundaciones y asociaciones
sindicales. De manera que, aunque hubo cambio de empleadores formales, en
realidad, durante todo el período de vinculación, los servicios fueron ejecutados para
la entidad demandada.
7. Explicó que prestó sus servicios de la siguiente manera: i) entre el 6 de marzo
de 2006 y el 31 de diciembre de 2006, mediante Servicios Integrados Sertempo; ii)
del 1 de enero de 2007 al 15 de febrero de 2007, con la Cooperativa Multifuncional
de Servicios Profesionales – COOMULTISERPRO; iii) entre el 16 de febrero de
2007 y el 31 de julio de 2007, a través de la Sociedad Seleccionamos de Colombia
LTDA; iv) del 1 de agosto de 2007 al 31 de diciembre de 2007, con la Cooperativa
Multifuncional de Servicios Profesionales Coomultiserpro; v) desde el 1 de enero de
2008 al 31 de diciembre de 2008, con la Cooperativa Multifuncional de Servicios
Coomultiserpro; vi) entre el 1 de enero de 2009 y el 28 de febrero de 2010, mediante
la Unión Temporal de Sersalud; vii) desde el 1 de marzo de 2010 y el 30 de junio de
2010, con U.T. Salud y Bienestar; viii) entre el 1 de julio de 2010 y el 31 de diciembre
de 2011, mediante la Fundación Salud y Bienestar; ix) del 1 de enero de 2012 al 31
de mayo de 2012, a través de Procesa CTA; x) entre el 1 de junio de 2012 y el 12
de enero de 2014, por Coomultiserpro CTA; xi) del 13 de enero de 2014 al 31 de
diciembre de 2014, con Salud Integral Cooperativa de Trabajo Asociado; xii) desde
el 13 de enero de 2015 y el 26 de febrero de 2015 por conducto de la Cooperativa
Salud Integral; xiii) entre el 1 de julio y el 30 de noviembre de 2015, con la
Cooperativa Servitemporales S.A.
8. Precisó que ejecutó funciones misionales e inherentes al giro ordinario de la
institución; que la ejecución de sus labores exigió el cumplimiento de un horario
estricto y presencial dentro de las instalaciones administrativas del hospital, en
donde cumplía jornadas de lunes a jueves desde las 7:00 a.m. hasta las 6:00 p.m.,
y los viernes de 7:00 a.m. a 5:00 p.m.
9.Por lo anterior, el 4 de abril de 2016, el actor solicitó a la entidad el reconocimiento
de la existencia de la relación laboral y el pago de las prestaciones sociales dejadas
de percibir. Sin embargo, su petición fue negada mediante el oficio 0659 del 19 de
abril de 2016.
1.3. Fundamentos de derecho y concepto de la vulneración
Indicó que la actuación de la administración vulneró los artículos 1, 2, 4, 25, 48,
10.
53 y 209 de la Constitución Política; 17 de la Ley 6 de 1945; 1 de la Ley 65 de 1946;
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99, 102 y 104 de la Ley 50 de 1990; 20 y 204 de la Ley 100 de 1993; 13 y 14 de la
Ley 344 de 1996; 12 de la Ley 780 de 2002, y 7 de la Ley 797 de 2003; 8, 9, 10, 11
y 41 del Decreto Ley 3135 de 1968; 51 del Decreto 1848 de 1969; 58 y 59 del
Decreto Ley 1042 de 1978; 32, 33 y 45 del Decreto Ley 1045 de 1978; 67 a 70 del
Código Sustantivo del Trabajo, entre otras disposiciones.
11.Afirmó que la administración ignoró el principio de la primacía de la realidad sobre
las formalidades para evadir el pago de las prestaciones sociales, al utilizar figuras
jurídicas de intermediación con el propósito de desconocer los derechos laborales
adquiridos durante una década ininterrumpida de servicio personal. Concluyó que
la ejecución de labores misionales bajo las órdenes directas de la entidad
demandada configura los elementos esenciales de un contrato de trabajo, el cual
merece protección constitucional inmediata frente a las prácticas evasivas del
Estado.
1.4. Contestación de la demanda
12.La ESE Hospital Santa Mónica de Dosquebradas2 contestó la demanda y se
opuso a las pretensiones. Expresó que el demandante confunde la naturaleza
jurídica de las entidades contratistas, pues equipara erróneamente a las
cooperativas de trabajo asociado con las empresas de servicios temporales. Afirmó
que nunca fungió como empleador del actor y negó que, a través de su personal,
se le hubieran impuesto órdenes, toda vez que la relación jurídica se limitó a la
celebración de contratos de prestación de servicios directamente con las
cooperativas, sin que existiera un vínculo laboral subyacente con el trabajador.
13. Propuso las excepciones de prescripción y caducidad del medio de control.
14.Finalmente, el Hospital formuló llamamiento en garantía contra múltiples
cooperativas, empresas temporales y aseguradoras. El Despacho los admitió
mediante auto del 27 de octubre de 2017 y, posteriormente, declaró ineficaz la
vinculación respecto de la Fundación Salud y Bienestar en Liquidación y la
Asociación Sindical de Empleados de Servicios de Salud (ASES)3.
1.5. Trámite procesal
15.A través de auto del 27 de octubre de 2017, el Tribunal admitió el llamamiento en
garantía propuesto por la ESE respecto de «Summar Procesos, Seleccionemos de
Colombia, Procesa CTA, Fundación y Bienestar, Coomultiserpro CTA, Salud
Integral CTA, Asociación Sindical de Empleados en Servicios de Salud “ASES” y
Servitemporales S.A.». Asimismo, admitió el llamamiento en garantía respecto de
las aseguradoras «Seguros del Estado, Mapfre Compañía de Seguros, Seguros
Generales Suramericana S.A. y Aseguradora Solidaria de Colombia».
2
Contestación visible en las páginas 63 a 75 del archivo “7”, adjunto en el índice 2 del expediente digital disponible en SAMAI.
3
Contestación visible en las páginas 303 y siguientes del archivo “7”, adjunto en el índice 2 del expediente digital disponible
en SAMAI.
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16.Al respecto, la aseguradora Mapfre Seguros Generales de Colombia4 se
opuso a las pretensiones de la demanda. Negó la existencia de un contrato realidad
entre el actor y el Hospital Santa Mónica, pues advirtió la ausencia de subordinación
y de remuneración directa. Respecto del llamamiento en garantía, rechazó cualquier
obligación de reembolso ante una eventual condena contra el hospital, toda vez que
la entidad carece de pólizas contratadas para amparar las reclamaciones durante
los períodos señalados en la demanda. En consecuencia, formuló las excepciones
de acatamiento de la ley contractual, no cumplimiento de los requisitos señalados
en la Constitución para ser empleado público y prescripción. En cuanto al
llamamiento en garantía, propuso la inexistencia de póliza a cargo de Mapfre
Seguros, la falta de legitimación por pasiva y la falta de cobertura.
17.Por su parte, Seleccionemos de Colombia SAS5 allegó escrito con el que se
opuso a las pretensiones de la demanda. Argumentó el pago total y oportuno de las
obligaciones causadas durante su vínculo contractual con el demandante. Por lo
tanto, propuso como excepciones la falta de jurisdicción, la terminación del contrato
por agotamiento de la obra o labor y la inexistencia legal de solidaridad. De igual
forma, alegó la prescripción de los derechos, el cobro de lo no debido y la carencia
absoluta de fundamentos fácticos y jurídicos para pedir, así como su propia buena
fe corporativa frente a la presunta mala fe del demandante.
18.La aseguradora Seguros Generales Suramericana S.A.6 afirmó la inexistencia
de un contrato de trabajo entre el actor y la entidad demandada, tras advertir la
ausencia de subordinación jurídica y de remuneración directa a cargo del hospital.
Frente al llamamiento en garantía, la compañía rechazó cualquier responsabilidad
económica y explicó que la póliza de cumplimiento ampara los incumplimientos de
la cooperativa, pero no cubre los actos propios del hospital ni las relaciones
laborales encubiertas.
19.En consecuencia, propuso como excepciones de mérito las siguientes:
inexistencia de subordinación y de obligación de remuneración a cargo del Hospital
como elementos esenciales de la relación laboral reclamada; autonomía e
independencia de las cooperativas para la ejecución de los contratos suscritos con
la ESE; falta de configuración de los elementos esenciales para la existencia de un
contrato realidad; inexistencia de la obligación de indemnización; prescripción, y
excepción genérica.
20.La Aseguradora Solidaria de Colombia Entidad Cooperativa7 se abstuvo de
pronunciarse sobre las pretensiones de la demanda, en tanto no tenía conocimiento
de ellas y son ajenas a sus intereses. En consecuencia, propuso como excepciones
principales las siguientes: falta de legitimación por pasiva de la Aseguradora
Solidaria de Colombia Entidad Cooperativa para ser objeto de condena laboral con
base en los hechos de la demanda; cobro de lo no debido; prescripción de las
acciones y derechos laborales; afectación de las pólizas por las acreencias
4
Escrito visible en las páginas 119 a 143 del archivo “7”, adjunto en el índice 2 del expediente digital disponible en SAMAI.
5
Escrito visible en las páginas 187 a 205 del archivo “7”, adjunto en el índice 2 del expediente digital disponible en SAMAI.
6
Escrito visible en las páginas 283 a 319 del archivo “7”, adjunto en el índice 2 del expediente digital disponible en SAMAI.
7
Escrito visible en las páginas 79 a 96 del archivo “8”, adjunto en el índice 2 del expediente digital disponible en SAMAI.
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laborales causadas exclusivamente en la vigencia de cada una de ellas;
coadyuvancia de las excepciones propuestas; aplicación de los amparos definidos
en el condicionado general; límite de valor asegurado, y afectación expresa de la
póliza por acreencias laborales originales.
21.Finalmente, mediante auto del 24 de abril de 2018, el a quo declaró ineficaz el
llamamiento en garantía formulado por la ESE respecto de la Fundación Salud y
Bienestar y la Asociación Sindical de Empleados en Servicios de Salud, debido a
que no se pudo realizar la notificación de estas entidades dentro de los seis meses
siguientes, conforme lo dispone el artículo 66 del Código General del Proceso.
1.6. Sentencia de primera instancia8
22.El Tribunal Administrativo de Risaralda, el 19 de marzo de 2020, dictó sentencia
en la que declaró parcialmente probada la excepción de prescripción trienal de los
derechos laborales del demandante causados con anterioridad al 22 de enero de
2010 —exceptuando los aportes pensionales— y la nulidad del acto administrativo
demandado. Como consecuencia de ello, y a título de restablecimiento del derecho,
declaró la existencia de una relación laboral y condenó a la ESE a reconocer y pagar
en favor del actor las diferencias prestacionales dejadas de percibir, calculadas
entre lo recibido en virtud de los vínculos celebrados a través de cooperativas de
trabajo asociado y empresas de servicios temporales, y lo devengado por el
personal que desempeñaba el cargo de auxiliar administrativo en la ESE, en los
períodos comprendidos entre el 1.º de junio de 2012 y el 12 de enero de 2014, y
entre el 27 de febrero de 2015 y el 30 de noviembre de 2015.
23.
De igual modo, condenó a la entidad a realizar las cotizaciones en favor del actor
por los aportes correspondientes a pensión y salud que, como empleador, debió
trasladar en los periodos en que se acreditó la relación laboral. Negó las demás
pretensiones de la demanda y se abstuvo de condenar en costas.
24.Para arribar a esta conclusión, el Tribunal estudió los elementos que componen
la existencia de una relación laboral encubierta en los siguientes términos:
25.Prestación personal del servicio: Consideró que el demandante, para
desvirtuar los contratos de trabajo asociado que suscribió con la empresa de
Servicios Temporales Profesionales Sertempo, Cooperativa Procesa CTA y la
Unión Temporal Salud y Bienestar —y que, a su juicio, encubrieron una relación
laboral con la entidad del Estado—, debía allegar al proceso, como mínimo, las
copias de los contratos de suministro que existieron entre estas empresas y la ESE.
Sin embargo, como ello no ocurrió, no se probó la existencia de la prestación
personal del servicio del actor en favor de la entidad del Estado en estos periodos9.
26. En ese contexto, el Tribunal consideró que acreditó la prestación personal de su
servicio en favor de la ESE como auxiliar administrativo en los siguientes períodos:
i) entre el 1 de enero de 2007 y el 15 de febrero de 2007, a través de Coomultiserpro;
8
Sentencia visible en las páginas 359 a 428 del archivo “8”, adjunto en el índice 2 del expediente digital disponible en SAMAI.
9
Estas son: Servicios Temporales Profesionales Sertempo, Cooperativa Prosesa CTA y la Unión Temporal Salud y Bienestar.
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ii) entre el 16 de febrero de 2007 y el 31 de julio de 2007, mediante Seleccionemos
de Colombia; iii) entre el 1 de enero de 2009 y el 31 de diciembre de 2009, mediante
Sersalud; iv) entre el 1 de julio de 2011 y el 28 de diciembre de 2011 a través de la
Fundación Salud y Bienestar; v) entre el 1 de junio de 2012 y el 12 de enero de
2014, por medio de Coomultiserpro CTA; vi) entre el 27 de febrero de 2015 y el 30
de junio de 2015, mediante ASES; vii) entre el 1 de julio de 2015 y el 30 de
noviembre de 2015, a través de Servitemporales.
27.Si bien no obraban en el plenario todos los contratos que acreditaran los
anteriores lapsos, sí estaban los certificados que, conforme al artículo 165 del CGP,
fueron pertinentes para probar la prestación personal del servicio.
28.Sobre la manera de determinar los extremos de los vínculos, el Tribunal explicó
que, a pesar de que los acuerdos cooperativos identificaban el inicio y no el final de
los contratos, era pertinente tomar como punto final de los acuerdos los extremos
de los contratos de suministro celebrados por las diferentes empresas con la ESE,
pues en ellos se estableció que terminarían hasta tanto la empresa usuaria
comunicara la finalización de la obra o labor contratada.
Remuneración: Se probó con los valores que recibió el demandante por cada
29.
uno de sus servicios, lo que se corrobora con los desprendibles de nómina
aportados al proceso.
30.Subordinación: Indicó que, conforme a los testimonios, el actor realizaba su
servicio en un horario impuesto por la coordinadora del área de Sistemas y Archivo,
comprendido entre las siete de la mañana y la una de la tarde, y entre las dos y las
seis de la tarde, y los viernes una hora menos.
31.Asimismo, consideró que la subordinación del servicio del demandante se
evidenciaba en la naturaleza misma de las actividades realizadas, pues estas se
ejecutaban en el área documental y de asistencia administrativa, «lo que permite
inferir un sometimiento permanente a las directrices, órdenes e instrucciones
emanadas de las autoridades hospitalarias».
32.Finalmente, desestimó las pretensiones contra las aseguradoras, las
cooperativas y las empresas de servicios temporales, toda vez que consideró que
la responsabilidad económica y jurídica por la intermediación ilegal recaía
exclusivamente sobre la entidad pública, circunstancia que impedía transferir la
carga de la condena a las pólizas de cumplimiento o a los terceros vinculados.
1.7. Recursos de apelación
33.La E.S.E. Hospital Santa Mónica de Dosquebradas10 interpuso recurso de
apelación con el fin de que se revoque la sentencia de primera instancia y, en su
lugar, negar las pretensiones de la demanda. Para tal fin, presentó los siguientes
argumentos:
10
Escrito visible en las páginas 433 a 441 del archivo “8”, adjunto en el índice 2 del expediente digital disponible en SAMAI.
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34.Consideró que el Tribunal no valoró en su totalidad los fundamentos fácticos y
jurídicos que la entidad sustentó en la contestación de la demanda. Tampoco
analizó las pruebas que obran en el plenario; que, debido a las diferentes
vinculaciones, las cooperativas y empresas contratadas asignaron determinados
servicios al demandante, quien actuaba por su propia cuenta y riesgo. De manera
que las actividades realizadas correspondían a las condiciones ofrecidas por las
entidades que lo contrataron, lo que impedía considerar la existencia de una relación
laboral con la ESE.
Subsidiariamente, en el caso de que se considerara que la ESE es responsable
35.
de las pretensiones solicitadas por el actor, sostuvo que este no probó los extremos
de la prestación de servicios a través de las pruebas idóneas, lo que lleva a que no
puedan reconocérsele, por los períodos acreditados por el Tribunal, las prestaciones
sociales ordenadas en la sentencia apelada.
36.Por su parte, el demandante, señor Alfonso Uribe Aguirre11 manifestó su
inconformidad porque no se accedió a la totalidad de las pretensiones de la
demanda.
37.Aseguró que el juzgador erró al fragmentar la relación laboral y declarar
supuestas interrupciones, pues la prueba documental y los testimonios de las
señoras Libia González y Sandra Cubillos demuestran de manera ineludible una
prestación personal continua e ininterrumpida entre el 6 de marzo de 2006 y el 30
de noviembre de 2015.
38.Indicó que la jurisprudencia de unificación del Consejo de Estado expone que los
derechos emanados de un contrato realidad nacen a la vida jurídica con la
respectiva declaración judicial. Por lo tanto, el término prescriptivo de tres años inicia
su cómputo únicamente desde el momento de la desvinculación definitiva. Así,
explicó que cesó labores el 30 de noviembre de 2015 y radicó su petición en abril
de 2016, por lo que la acción resulta plenamente oportuna y la condena debe cobijar
la totalidad del tiempo laborado.
Finalmente, exigió el pago de la indemnización por la falta de pago de las
39.
cesantías, conforme a los mandatos de la Ley 244 de 1995 y la Ley 1071 de 2006,
pues consideró que, al presentar su reclamación formal en abril de 2016, y que la
administración permitió el vencimiento de los plazos legales debe asumir la sanción
equivalente a un día de salario por cada día de retardo hasta la cancelación
definitiva de la obligación.
1.8. Trámite de segunda instancia
40.En auto de 16 de junio de 202412, se admitieron los recursos de apelación, los
cuales fueron notificados en debida forma a las partes intervinientes. No obstante,
tanto la parte demandante como la entidad demandada guardaron silencio.
11
Escrito visible en las páginas 467 a 475 del archivo “8”, adjunto en el índice 2 del expediente digital disponible en SAMAI.
12
Actuación visible en el índice 38 del expediente digital disponible en SAMAI – Consejo de Estado.
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Demandante: Alfonso Uribe Aguirre
El agente del Ministerio Público allegó concepto13 en el que solicitó modificar los
41.
numerales primero y cuarto del fallo apelado, y confirmar el resto de la providencia.
42.Advirtió la prestación ininterrumpida del servicio entre el 1 de agosto de 2007 y
el 30 de noviembre de 2015; por tanto, reconoció la imprescriptibilidad de los aportes
a pensión y aplicó la prescripción trienal sobre las acreencias restantes. Al contar
tres años hacia atrás desde la reclamación administrativa del 4 de abril de 2016,
consideró prescritos los derechos causados antes del 4 de abril de 2013 y censuró
el límite prescriptivo erróneo del juez de primera instancia. Finalmente, rechazó la
imposición de la sanción moratoria por el no pago de cesantías, tras aclarar que
dicha obligación nace a la vida jurídica de manera exclusiva con la ejecutoria de la
sentencia judicial.
43. Por otra parte, Seguros Generales Suramericana14, como llamado en garantía,
allegó escrito con el que solicitó la confirmación de su absolución y la revocatoria
total de la condena impuesta al Hospital Santa Mónica. Afirmó que el acervo
probatorio desvirtúa cualquier vínculo laboral directo entre el actor y la entidad
pública, pues las verdaderas empleadoras fueron las cooperativas y las empresas
de servicios temporales, quienes asumieron la obligación legal de pagar los salarios,
fijar los horarios, otorgar los permisos y afiliar al trabajador a la seguridad social.
Agregó que ello fue corroborado por los testigos al confirmar que el hospital solo
impartió directrices de coordinación, sin ejercer subordinación jurídica. De manera
subsidiaria, la aseguradora advirtió que una eventual condena resulta inoponible a
su patrimonio, ya que las pólizas de cumplimiento amparan riesgos contractuales
estatales, pero excluyen de manera expresa los actos meramente potestativos del
asegurado.
Finalmente, se advierte que no existe causal de nulidad que pueda invalidar lo
44.
actuado, por lo que se procede a resolver la alzada, previas las siguientes,
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
45.El Consejo de Estado es competente para resolver los recursos de apelación
interpuestos de acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo15.
46.De igual manera, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 328 del Código
General del Proceso16, la competencia del juez de segunda instancia está
circunscrita solamente a lo expuesto por el apelante, pero cuando ambas partes
hayan apelado toda la sentencia o cuando quien no apeló hubiere adherido al
13
Memorial visible en el índice 46 del expediente digital disponible en SAMAI – Consejo de Estado.
14
Memorial visible en el índice 23 del expediente digital disponible en SAMAI – Consejo de Estado.
15
«El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las
sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».
16
«Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos
por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.»
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Demandante: Alfonso Uribe Aguirre
recurso, el superior resolverá sin limitación.
En ese sentido, comoquiera que ambas partes presentaron recursos de
47.
apelación sobre toda la sentencia, la competencia de la Subsección para resolver
este asunto será sin límites.
2.2. Problema jurídico
48.De acuerdo con los argumentos expuestos en los recursos de apelación, el
problema jurídico se contrae a resolver los siguientes interrogantes:
¿Entre el señor Alfonso Uribe Aguirre y la ESE Hospital Santa Mónica Dos
49.
Quebradas existió una relación laboral encubierta en el período reclamado en la
demanda por configurarse en su servicio los elementos del contrato de trabajo, a
pesar de haber sido contratada por una empresa de servicios temporales,
cooperativas de trabajo asociado y asociaciones sindicales?
50.De acreditarse lo anterior, se estudiará si sobre tal vínculo contractual acaeció en
todo o en parte el fenómeno de la prescripción trienal y si la parte actora tiene
derecho al pago de las prestaciones sociales invocadas en la demanda.
2.3. De la relación laboral encubierta o subyacente
51.En lo relacionado con el derecho al trabajo, el artículo 53 Constitucional consagra
los derechos fundamentales de los trabajadores relacionados con la igualdad de
oportunidades, remuneración mínima vital y móvil proporcional a la cantidad y
calidad de trabajo, irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en
normas laborales, situación más favorable al trabajador en caso de duda en la
aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho y primacía de la
realidad sobre las formalidades establecidas por las partes.
52.En lo que respecta al contrato estatal de prestación de servicios el numeral 3.º
del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, señala que no son fuente de una relación
laboral ni generan la obligación de reconocer y pagar prestaciones sociales; sin
embargo, la jurisprudencia de esta Corporación y de la Corte Constitucional ha
admitido que tal disposición no es aplicable cuando se demuestran los elementos
configurativos de una relación laboral, a saber: la subordinación continuada, la
prestación personal del servicio y la remuneración.
53.En esa lógica, en la sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-2021, la Sección
Segunda del Consejo de Estado reiteró ciertos criterios elaborados por la
jurisprudencia para identificar, en el marco de los contratos de prestación de
servicios, el elemento de la subordinación, en cuanto requisito sine qua non para
declarar la existencia de una relación laboral encubierta o subyacente, a saber: i) el
lugar de trabajo, ii) el horario de las labores, iii) la dirección y control efectivo de las
actividades a ejecutar, que se materializa, por ejemplo, con el ius variandi o con la
inserción del prestador del servicio en el círculo rector, organizativo o disciplinario
de la entidad; y iv) que las actividades o tareas a desarrollar correspondan de
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manera idéntica, semejante o equivalente a las que tienen asignadas los servidores
de planta, siempre y cuando se reúnan los elementos configurativos de la relación
laboral5.
54.En ese orden de ideas, cuando se acredite que el servicio se prestó de manera
personal, fue remunerado y en el desarrollo del mismo se siguieron - en cualquier
momento -órdenes o instrucciones, -en cuanto al modo, tiempo o cantidad de
trabajo-, y/o el contratante impuso reglamentos al contratista, que desbordan la
coordinación que debe existir entre ellos a la hora de ejecutar el objeto contractual,
se da paso a la continuada dependencia propia de los vínculos de trabajo y se
configura la relación laboral encubierta, pues el contratista no ejerció su labor con
independencia.
2.4. De las empresas de servicios temporales
55. El marco normativo de las empresas de servicios temporales está contenido en
la Ley 50 de 28 de diciembre de 199017 y el Decreto 24 de 199818, modificado por
el Decreto 50319 de esa misma anualidad.
56.Es así como en el artículo 71 de la prenotada Ley 50 de 1990, definió lo que es
una Empresa de Servicios Temporales en los siguientes términos:
«Es empresa de servicios temporales aquella que contrata la prestación de servicios
con terceros beneficiarios para colaborar temporalmente en el desarrollo de sus
actividades, mediante la labor desarrollada por personas naturales, contratadas
directamente por la empresa de servicios temporales, la cual tiene con respecto de
éstas el carácter de empleado».
57. Del mismo modo, el artículo 74 ibídem, establece la clasificación de los
trabajadores de dichas empresas de la siguiente manera:
«Los trabajadores de las EST son de dos clases: trabajadores de planta, que
desarrollan su actividad en las dependencias de las EST; y trabajadores en misión,
que son aquellos que la empresa de servicios temporales envía a las dependencias
de sus usuarios a cumplir la tarea o servicio contratado por éstos».
58. De acuerdo con lo anterior, la contratación de servicios con las empresas de
servicios temporales conforma una modalidad de trabajo en la que no existe vínculo
directo entre quien se beneficia del trabajo y el trabajador que lo realiza o presta el
servicio.
59. Ahora, existe una pluralidad de vínculos jurídicos que se desprenden de la
relación contractual existente entre las empresas de servicios temporales y el
trabajador que presta la labor o servicio. Así como también, se genera una relación
jurídica entre el tercero beneficiario o empresa usuario, el trabajador y la Empresa
de Servicios Temporales.
17
Por la cual se introducen reformas al Código Sustantivo del Trabajo y se dictan otras disposiciones.
18
Por el cual se reglamenta el ejercicio de la actividad de las empresas de servicios temporales.
19
Por el cual se modifica y adiciona el Decreto número 0024 del 6 de enero de 1998, que reglamenta el ejercicio de la actividad
de las Empresas de Servicios Temporales.
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60. Pues bien, respecto de la primera, es decir, la relación jurídica existente entre
la empresa de servicios temporales y el trabajador en misión que lleva a cabo la
prestación personal del servicio existe un verdadero contrato de trabajo o relación
laboral, regido por la normativa laboral del Código Sustantivo del Trabajo20.
61. Y en lo que respecta al salario a devengar por parte de los trabajadores en
misión, la norma señala que «[…] los trabajadores en misión tendrán derecho a un
salario ordinario equivalente al de los trabajadores de la empresa usuaria que
desempeñen la misma actividad», así como los beneficios que la usuaria tenga en
materia de transporte, alimentación y recreación21.
2.5. De las cooperativas de trabajo asociado
62.Con ocasión a esas cooperativas la Ley 79 de 1998, señaló que su finalidad no
era otra que la de proveer de herramientas al sector cooperativo para poder
integrarse y desarrollarse de manera activa en la economía nacional, en pro de la
comunidad y del interés general, a través de la protección y vigilancia de dicho
sector; definiéndola en su artículo 70 como «aquellas que vinculan el trabajo
personal de sus asociados para la producción de bienes, ejecución de obras o la
prestación de servicios».
63.Sobre ellas la Corte Constitucional en sentencia C-645 de 2011 señaló «[…] Las
cooperativas de trabajo asociado nacen de la voluntad libre y autónoma de un grupo
de personas que decide unirse para trabajar mancomunadamente, bajo sus propias
reglas contenidas en los respectivos estatutos o reglamentos internos […] sus
miembros deben sujetarse a unas reglas que son de estricta observancia para todos
los asociados, expedidas y aprobadas por ellos mismos, respecto del manejo y
administración de la misma, su organización, el reparto de excedentes, los aspectos
relativos al trabajo, la compensación, y todos los demás asuntos atinentes al
cumplimiento del objetivo o finalidad para el cual decidieron asociarse
voluntariamente que, en este caso, no es otro que el de trabajar conjuntamente y
así obtener los ingresos necesarios para que los asociados y sus familias puedan
llevar una vida digna».
64.En el Decreto 4588 de 2006, «por el cual se reglamenta la organización y
funcionamiento de las Cooperativas y Precooperativas de Trabajo Asociado», se
reguló lo atinente a cuando se considera desnaturalizado el trabajo asociado y las
prohibiciones para actuar como intermediario o empresa de servicios temporales en
los artículos 16 y 17, así:
«Artículo 16. Desnaturalización del trabajo asociado. El asociado que sea enviado por la
Cooperativa y Precooperativa de Trabajo Asociado a prestar servicios a una persona
natural o jurídica, configurando la prohibición contenida en el artículo 17 del presente
20
Artículo 75. A los trabajadores en misión se les aplicará, en lo pertinente, lo dispuesto en el Código Sustantivo del Trabajo
y demás normas del régimen laboral. Así como lo establecido en la presente ley.
21
Artículo 79. Los trabajadores en misión tendrán derecho a un salario ordinario equivalente al de los trabajadores de la
empresa usuaria que desempeñen la misma actividad, aplicando para el efecto las escalas de antigüedad vigentes en la
empresa. Igualmente, tendrán derecho a gozar de los beneficios que el usuario tenga establecidos para sus trabajadores en
el lugar de trabajo, en materia de transporte, alimentación y recreación. (se aclara que estos párrafos van de pie de página
solo que al copiar directo, lo tomó de esta manera)
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decreto, se considerará trabajador dependiente de la persona natural o jurídica que se
beneficie con su trabajo.
Artículo 17. Prohibición para actuar como intermediario o empresa de servicios
temporales. Las Cooperativas y Precooperativas de Trabajo Asociado no podrán actuar
como empresas de intermediación laboral, ni disponer del trabajo de los asociados
para suministrar mano de obra temporal a usuarios o a terceros beneficiarios, o
remitirlos como trabajadores en misión con el fin de que estos atiendan labores o trabajos
propios de un usuario o tercero beneficiario del servicio o permitir que respecto de los
asociados se generen relaciones de subordinación o dependencia con terceros
contratantes.
Cuando se configuren prácticas de intermediación laboral o actividades propias de las
empresas de servicios temporales, el tercero contratante, la Cooperativa y
Precooperativa de Trabajo Asociado y sus directivos, serán solidariamente responsables
por las obligaciones económicas que se causen a favor del trabajador asociado»
Negrillas de la Sala.
65.Así las cosas, se concluye que se desnaturaliza la finalidad con la que se crearon
las cooperativas, cuando son utilizadas para encubrir el desarrollo de relaciones
laborales subordinadas, estructurándose los tres elementos del contrato de trabajo,
cuales son: (i) prestación de un trabajo en forma personal, (ii) subordinación, y (iii)
contraprestación por la labor ejecutada.
2.6. De los contratos sindicales
66.El artículo 482 del Código Sustantivo del Trabajo define los contratos sindicales
como aquellos que celebran uno o varios sindicatos de trabajadores con uno o
varios empleadores o sindicatos patronales, para la prestación de servicios o la
ejecución de una obra mediante sus afiliados.
A su vez, el artículo 483 ibidem establece que el sindicato de trabajadores que
67.
suscriba un contrato sindical responde por las obligaciones directas que surjan de
este, así como por aquellas que se pacten en favor de sus afiliados, salvo en los
casos de suspensión previstos en la ley y en las convenciones colectivas, debido a
su personería jurídica.
68.El Gobierno Nacional, mediante el Decreto 1429 de 2010 —que reglamentó los
artículos 482, 483 y 484 del Código Sustantivo del Trabajo—, precisó que el contrato
sindical constituye una institución jurídica de derecho colectivo, a través de la cual
los sindicatos pueden participar en la gestión de las empresas y en la promoción del
trabajo colectivo.
69.La Corte Suprema de Justicia ha señalado que esta tipología contractual busca
consolidar un trabajo organizado, cooperativo y autogestionado, en el cual un grupo
de trabajadores asociados pone su fuerza de trabajo al servicio de uno o varios
empleadores para la ejecución de obras o servicios. No obstante, la misma
jurisprudencia22 ha advertido que los contratos sindicales no pueden ser utilizados
para desconocer los derechos y garantías mínimas de los trabajadores.
22
Sala de casación laboral, fallo de 30 de junio de 2021, radicación 79229 (SL-3086-2021).
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70. En esa línea, la Subsección B de esta Sección ha explicado23 que la vulneración
de los derechos y las garantías mínimas de los trabajadores se concreta, por
ejemplo, cuando mediante las vinculaciones de agremiación sindical se encubre el
desarrollo de una relación laboral dependiente entre un tercero empleador
beneficiado y el trabajador sindicalizado, con la configuración de los tres elementos
de la relación laboral, a saber: i) prestación personal del servicio; ii) remuneración
y, iii) subordinación.
71.Es así como que, a partir de este criterio, esta Subsección ha proferido decisiones
en que se ha concluido que a través de asociaciones sindicales entidades del
Estado encubren una verdadera relación laboral entre ella y el asociado
sindicalizado, lo que ha conducido a la declaratoria del contrato realidad entre las
partes24.
2.7. La figura del simple intermediario
72. De otra parte, el artículo 35 del Código Sustantivo del Trabajo dispuso:
«ARTICULO 35. SIMPLE INTERMEDIARIO.
1. Son simples intermediarios, las personas que contraten servicios de otras para
ejecutar trabajos en beneficio y por cuenta exclusiva de un {empleador}.
2. Se consideran como simples intermediarios, aun cuando aparezcan como
empresarios independientes, las personas que agrupan o coordinan los servicios de
determinados trabajadores para la ejecución de trabajos en los cuales utilicen locales,
equipos, maquinarias, herramientas u otros elementos de un {empleador} para el
beneficio de éste y en actividades ordinarias inherentes o conexas del mismo.
3. El que celebrare contrato de trabajo obrando como simple intermediario debe
declarar esa calidad y manifestar el nombre del {empleador}. Si no lo hiciere así,
responde solidariamente con el empleador de las obligaciones respectivas».
73. En relación con esta figura jurídica, la sentencia de unificación del 9 de
septiembre de 2021 proferida por esta Corporación precisó lo siguiente:
«199. La misma Corte Suprema, en sentencia de 26 de septiembre 2018, sobre la
figura del simple intermediario, sostuvo lo siguiente:
[…] son simples intermediarias las personas que contraten servicios de otras para
ejecutar trabajos en beneficio y por cuenta exclusiva de un empleador.
Además, se consideran como tal, aun cuando aparezcan como empresarias
independientes, las personas que agrupan o coordinan los servicios de determinados
trabajadores para la ejecución de trabajos en los cuales utilicen locales, equipos,
maquinarias, herramientas u otros elementos de un empleador para el beneficio de
este y en actividades ordinarias inherentes o conexas del mismo.
23
Consejo de Estado Sala de lo Contencioso-Administrativo Sección Segunda Subsección B, sentencia del cuatro (4) de
mayo de dos mil veintitrés (2023). C.P: Carmelo Perdomo Cuéter. Radicado: 20001-23-39-000-2017-00410-00 (4521-2022)
24
Consejo de Estado Sala de lo Contencioso-Administrativo Sección Segunda Subsección A, sentencia del dieciséis (16) de
febrero de dos mil veintitrés (2023). C.P: Gabriel Valbuena Hernández. Radicado: 19001 23 33 000 2017 00123 01 (0921–
2021)
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200. Por su parte, empleando un criterio análogo al de la Corte Suprema de Justicia,
la Sección Segunda de esta corporación, en un caso similar al presente, luego de
analizar el elemento de la remuneración cuando el pago lo realiza el contratante, pero
el beneficiario de los servicios no es él, sino un tercero ajeno a la
relación contractual, concluyó lo siguiente:
[…] no es posible, por la formalidad del contrato de prestación de servicios,
desconocer el verdadero vínculo que subyace y que genera una relación laboral, al
verificarse que el pago se realiza por un tercero aparentemente solo por la labor
cumplida, pues precisamente esta remuneración se deriva del trabajo realizado
personalmente en la entidad que efectivamente se benefició de la labor, así, concluye
la Sala en dicho pronunciamiento, que la contraprestación económica pagada por un
tercero a la labor que desempeñó un contratista, no impide que la entidad en la que
se ejecuta el servicio asuma la responsabilidad por la desfiguración del contrato
primigenio y, en tales condiciones, la entidad beneficiaria de la labor
desempeñada por el denominado contratista está en la obligación de reconocer
los derechos económicos laborales propios del contrato de
trabajo.112 [Negrillas fuera del texto].
201. En ese sentido, la existencia de un contrato de prestación de servicios, en favor
de un tercero ajeno a este contrato, no impide que, encontrándose reunidos los
requisitos de la relación laboral, se declare su existencia, pues dicha decisión se
ampara en el principio constitucional de la primacía de la realidad sobre las formas,
como una verdadera garantía de los derechos de los trabajadores».
74. De acuerdo con lo anterior, cuando la administración pública acude a la figura
del simple intermediario para contratar suministro de personal, la existencia de un
contrato de prestación de servicios en favor de un tercero ajeno a este contrato no
impide que, encontrándose acreditados los requisitos de la relación laboral, se
declare su existencia en aplicación del principio constitucional de la realidad sobre
las formas.
2.8. Análisis de la Sala frente al primer problema jurídico
75.En su recurso de alzada, el actor discrepó de la decisión tomada por el Tribunal
de tener por acreditada la prestación personal de su servicio únicamente en
determinados bloques de tiempo —entre los años 2007, 2009, 2011 y de 2012 a
2015—25, cuando en realidad, y a su juicio, las pruebas que obran en el plenario
evidencian que sus actividades en favor de la ESE se realizaron de manera
ininterrumpida entre el 6 de marzo de 2006 y el 30 de noviembre de 2015.
76.Por su parte, la ESE indicó —de manera subsidiaria— que el Tribunal tuvo por
probados los tiempos del servicio del demandante a partir de pruebas inidóneas y,
por lo tanto, consideró que en el plenario no obra constancia clara de los tiempos
en que aquel desarrolló su servicio.
77.Para resolver estos reproches y, en consecuencia, determinar con exactitud los
tiempos en que el actor realizó las actividades que motivan la declaración de la
existencia de una relación laboral con la ESE, la Subsección se remitirá a las
pruebas que obran en el plenario.
25
Expresamente en los siguientes periodos: Entre el 1 de enero y el 31 de julio de 2007, entre el 1 de enero y el 31 de
diciembre de 2009, entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2011, entre el 1 de junio de 2012 y el 12 de enero de 2014, entre
el 27 de febrero y el 30 de noviembre de 2015.
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78.La Sala precisa que para acreditar la prestación de servicios no se necesitan, de
manera excluyente los contratos de prestación de servicios —o bien acuerdos
cooperativos, contratos sindicales, contratos de prestación de servicios entre
empresa usuaria y empresa receptora, entre otros—, pues, conforme a la ley
procesal aplicable, es claro que no existe tarifa probatoria. Por tanto, quien pretende
probar los supuestos de hecho que soportan sus pretensiones tiene a su disposición
los diferentes medios de prueba que al efecto dispone el artículo 165 del CGP, así
como cualquier otra prueba que sea útil para dicho fin.
79.En ese contexto, y en lo que corresponde a la acreditación de la prestación
personal del servicio en los asuntos en que se pretende probar la existencia de una
relación laboral subyacente, bien se pueden presentar certificados en los que se
identifiquen las partes, el lugar de trabajo, la empresa beneficiaria del servicio, los
extremos, el objeto, las obligaciones y el valor. Ello, sin perjuicio de que existan
documentos de los cuales, aun faltando algunos de los datos antes descritos, estos
se puedan extraer por parte del juez del análisis conjunto de todas las pruebas
aportadas y recaudadas en el curso del proceso, conforme a las reglas de la sana
crítica.
80.Por lo tanto, la Subsección concluye que, para la determinación de la prestación
personal del servicio en los casos en que se busca acreditar una relación laboral
subyacente con el Estado, el juez de conocimiento no solo se debe limitar a los
contratos aportados entre las partes —o entre la entidad contratante y beneficiaria
con la empresa contratista que contrata a la parte actora para realizar el servicio—
y, en caso de su ausencia, tener por no probado este elemento. Por el contrario, es
su deber estudiar todas las pruebas con el fin de determinar si ellas, en conjunto, a
partir de su utilidad y conducencia —y dentro de la sana crítica—, permiten tener
por acreditada la prestación personal del servicio en los términos invocados y
aducidos por las partes del proceso.
81.Bajo ese marco conceptual, la Sala encuentra que con los diferentes contratos y
certificados que obran en el expediente se logra establecer que el demandante
prestó su servicio como auxiliar administrativo a través de vinculaciones con las
siguientes empresas, por los períodos y valores que a continuación se relacionan:
Documento que acredita el Contratante Inicio Fin Objeto – Remuneración
servicio nombre del
servicio
Certificado del 18 de diciembre *** 2006 (sin fecha 18 de diciembre ***26
de 2013 expedido por la de inicio) de 2013 (fecha de
coordinadora de Sistema de la expedición del
ESE que indica que el señor certificado)
Alfonso Uribe Aguirre prestaba
sus servicios —a la fecha de
expedición del documento— en
la ESE Hospital Santa Mónica
como auxiliar administrativo a
través de cooperativas a partir
del año 2006.
Certificado del 30 de mayo de Sertempo 6 de marzo de 31 de diciembre Auxiliar $445.000 mensual
2007 expedido por Sertempo. 2006 de 2006 administrativo en
la ESE Hospital
Santa Mónica
Certificado expedido por el COOMULTISERPRO 1 de enero de 13 de febrero de Auxiliar $775.007 mensual
gerente de CTA 2007 2007 administrativo en
26
Este signo dentro del cuadro representa que los documentos no referencian la información sobre el particular.
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COOMULTISERPRO CTA del 4 la ESE Hospital
de julio de 2007. Santa Mónica
Contrato de obra labor suscrito Empresa 16 de febrero *** Auxiliar $580.910 mensual
por el demandante con la Seleccionemos de de 2007 administrativo en
empresa Seleccionemos de Colombia la ESE Hospital
Colombia. Santa Mónica
Contrato individual de trabajo a Sersalud U.T. 1 de enero de *** Auxiliar $497.000 quincenal
término indefinido suscrito entre 2009 Desprendibles de administrativo en
Sersalud U.T. y el demandante. nómina de los la ESE Hospital
pagos realizados Santa Mónica
por Sersalud en
favor del actor a
partir del 1 de
enero hasta el 31
de mayo de 2009
Certificado 0269 del 17 de julio PROSESA CTA 1 de julio de 31 de diciembre Auxiliar ***
de 2012 expedido por la 2010 de 2010 administrativo en
cooperativo de trabajo asociado 1 de enero de 15 de abril de la ESE Hospital
PROCESOS Y SERVICIOS EN 2011 2011 Santa Mónica
SALUD “PROSESA CTA”. 14 de mayo de 30 de junio de
2011 2011
Contrato individual de trabajo a Fundación Salud y 1 de julio de *** Auxiliar en $815.000
término indefinido suscrito entre Bienestar 2011 procesos -
el demandante con la «Gestión D.».
Fundación Salud y Bienestar
Certificado 0269 del 17 de julio PROSESA CTA 1 de enero de 31 de mayo de PROSESA CTA ***
de 2012 expedido por la 2012 2012
cooperativo de trabajo asociado
PROCESOS Y SERVICIOS EN
SALUD “PROSESA CTA”.
Certificado 100. GER 2 – 0204 COOMULTISERPRO 1 de junio de 12 de enero de Realizó procesos ***
del 20 de enero de 2014, CTA 2012 2014 y subprocesos de
proferido por la Cooperativa de gestión
trabajo asociado Multifuncional documental
de servicios profesionales
"COOMULTISERPRO CTA".
Certificado del 6 de julio de 2015 Asociación sindical 27 de febrero 30 de junio de Auxiliar $818.644 mensual
proferido por la coordinadora de de empleados en de 2015 2015 administrativo en
la Asociación sindical de servicio de salud el área de gestión
empleados en servicio de salud «ASES» documental
«ASES». No dice el lugar
de servicio.
Contrato de trabajo suscrito
entre el demandante con la
asociación sindical.
Certificado expedido el 19 de Empresa de servicios 1 de julio de 30 de noviembre Auxiliar procesos $818.644 mensual
enero de 2016 por temporales 2015 de 2015 documental en la
Servitemporales Servitemporales ESE Santa
Mónica –
Administrativos
82.El Tribunal consideró que solamente se probó la prestación personal del servicio
en los períodos comprendidos entre el 1 de enero y el 31 de julio de 2007, entre el
1 de enero y el 31 de diciembre de 2009, entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de
2011, entre el 1 de junio de 2012 y el 12 de enero de 2014, y entre el 27 de febrero
y el 30 de noviembre de 2015.
83.Sin embargo, de las pruebas mencionadas se observa que el demandante
también laboró como auxiliar administrativo o «auxiliar en procesos de gestión
documental» en la ESE Hospital Santa Mónica de Dosquebradas en lapsos
adicionales y diferentes a los tenidos en cuenta en primera instancia, como se
procede a explicar:
83.1. Entre el 6 de marzo y el 31 de diciembre de 2006, a través de la empresa
Sertempo.
83.2. Entre el 1 de enero y el 13 de febrero de 2007 a través COOMULTISERPRO
CTA.
83.3. A partir del 16 de febrero de 2007 y sin que se precise fecha de finalización, a
través de la Empresa Seleccionemos de Colombia. Sobre este punto, es necesario
precisar que el Tribunal, en primera instancia, consideró que la finalización del
contrato ocurrió el 31 de julio de 2007; sin embargo, ni en el contrato suscrito entre
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las partes ni en alguna otra prueba obrante en el expediente se puede llegar a esa
conclusión, pues no dan información que clarifique el extremo final de este contrato.
83.4. Desde el 1 de enero de 2009 hasta el 31 de mayo de 2009. La fecha de
finalización tampoco se encuentra en el contrato suscrito por Sersalud U.T. pero el
Tribunal consideró que ese contrato se extendió hasta el 31 de diciembre de 2009;
sin que esta fecha aparezca en alguna otra prueba del expediente.
83.5. La Sala considera que no es posible realizar una interpretación extensiva de los
contratos suscritos entre la ESE y Sersalud U.T. respecto de la situación del actor
—como lo hizo el Tribunal—, pues en ninguno de ellos se menciona su nombre
como persona enviada en misión a la entidad, ni se desprende que, por la
finalización de dichos contratos, finiquitaron automáticamente las actividades del
actor en la ESE.
83.6. Entre el 1 de junio y el 30 de junio de 2011 mediante la cooperativa de
PROCESOS Y SERVICIOS EN SALUD «PROSESA CTA».
83.7. A partir del 1 de julio de 2011 y sin que se precise fecha de finalización, mediante
contrato suscrito con la Fundación Salud y Bienestar. El a quo consideró que la
vinculación con esta ocurrió hasta el 28 de diciembre de 2011; empero, no obra
prueba del extremo final de este contrato, pues el suscrito fue por un término
indefinido y no obra constancia de su finalización en el plenario.
83.8. Desde el 1 de enero hasta el 31 de mayo de 2012, como trabajador cooperado
vinculado mediante la cooperativa de Procesos y Servicios en Salud «PROSESA
CTA». Este período de servicio no fue tenido en cuenta por el Tribunal en la
contabilización del tiempo de servicio del actor; sin embargo, el certificado 0269 del
17 de julio de 2012 da cuenta de ello.
83.9. Entre el 1 de junio de 2012 y el 12 de enero de 2014, el actor realizó su servicio
como cooperado mediante la Cooperativa de Trabajo Asociado Multifuncional de
Servicios Profesionales «COOMULTISERPRO CTA».
83.10. Desde el 27 de febrero hasta el 30 de junio de 2015, a través de la Asociación
Sindical de Empleados en Servicios de Salud «ASES».
83.11. Desde el 1 de julio hasta el 30 de noviembre de 2015, a través de la Empresa
de Servicios Temporales Servitemporales.
84. Ahora bien, es pertinente resaltar que el certificado expedido el 18 de diciembre
de 2013 por la ESE —en el que se indicó que el demandante prestó sus servicios
como auxiliar administrativo mediante cooperativas a partir del 2006— no precisa la
información relativa a los extremos finales de los períodos laborados por el actor
mediante la Empresa Seleccionemos de Colombia y la Fundación Salud y Bienestar,
debido a que la información allí depositada es general y, por tanto, no contempla en
su literalidad aspectos relacionados con la existencia —o no— de posibles
interrupciones en el servicio.
85. Lo propio ocurre con los testimonios. De todos ellos, únicamente la señora Libia
del Socorro González —que indicó que conoció del servicio del demandante a partir
del año 2009 y que salió del servicio de la entidad el mismo día que aquel—27
precisó que su labor fue ininterrumpida. Sin embargo, su respuesta no fue completa,
27
Al respecto, la testigo dijo lo siguiente: «Yo ingresé a laborar en el hospital Santa Mónica en el año 2009. Ya estaba
trabajando allá el señor Alfonso Uribe».
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responsiva ni determinada frente a posibles interrupciones en los períodos de los
que no obra claridad en el plenario. Por lo tanto, tampoco resulta pertinente ni útil
para develar este punto28.
86. De esa manera, el análisis de las pruebas impide considerar —como pretende el
demandante en su recurso de alzada— que la prestación de su servicio se realizó
de manera ininterrumpida por todo el tiempo reclamado en la demanda.
87. Además de esas pruebas, reposa en el expediente un desprendible de pago de
nómina expedido por la Unión Temporal Salud y Bienestar en favor del demandante,
correspondiente al mes de junio de 2010. También obran otros tres desprendibles
de nómina de los meses de marzo, abril y mayo de 2014, expedidos por Salud
Integral Cooperativa de Trabajo Asociado. Sin embargo, estos documentos no
determinan si el actor en esos lapsos prestó su labor en favor de la ESE, pues solo
se limitan a discriminar el monto de la remuneración pagada. Por lo tanto, su
información es insuficiente para considerar que, durante esos meses prestó su
servicio personal a la demandada.
88. De tal manera que la Subsección considera que el actor prestó sus servicios
como auxiliar administrativo en la ESE, mediante empresas de servicios temporales,
cooperativas de trabajo asociado y asociaciones sindicales, en los siguientes
períodos: i) entre el 6 de marzo y el 31 de diciembre de 2006; ii) entre el 1 de enero
y el 13 de febrero de 2007; iii) a partir del 16 de febrero de 2007 y sin que se precise
fecha de finalización; iv) entre el 1 de enero de 2009 y el 31 de mayo de 2009; v)
entre el 1 de junio y el 30 de junio de 2011; vi) a partir del 1 de julio de 2011 y sin
que se precise fecha de finalización; vii) entre el 1 de enero y el 31 de mayo de
2012; viii) entre el 1 de junio de 2012 y el 12 de enero de 2014; ix) entre el 27 de
febrero y el 30 de junio de 2015, y x) entre el 1 de julio y el 30 de noviembre de
2015.
89. La contraprestación, que se refiere a las sumas de dinero recibidas por la
contratista durante la ejecución de las actividades convenidas, la Sala advierte que,
a partir de los contratos mencionados, así como de las certificaciones expedidas por
Sertempo S.A.29 y Coomultiserpro CTA30 y de los desprendibles de nómina
allegados31, se extraen los honorarios mensualmente recibidos por el demandante
por concepto de los servicios ejecutados.
90. En cuanto al elemento esencial de la relación laboral, esto es, el de la continuada
subordinación y dependencia, se recuerda que, la Sala sobre este elemento ha
afirmado que «implica una superioridad jerárquica en el esquema organizacional
de quien se atribuye esta facultad sobre el subordinado», mientras que la
coordinación «más que una facultad es una obligación que el estatuto de
contratación estatal, por medio de las normas que lo rigen, impone a los entes
28
En concreto, la única parte de la declaración de la testigo que se refiere a este particular es la siguiente: «Pregunta: ¿hubo
alguna interrupción en la prestación del servicio? Contestó: No, fue continuo».
29
Certificación visible en la página 25 del archivo “5” adjunto en el índice 2 del expediente digital disponible en SAMAI.
30
Certificaciones visibles en las páginas 27, 31 y 35 del archivo “5” adjunto en el índice 2 del expediente digital disponible en
SAMAI.
31
Desprendibles visibles en las páginas 83 a 100 del archivo “5” adjunto en el índice 2 del expediente digital disponible en
SAMAI.
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Demandante: Alfonso Uribe Aguirre
públicos que desarrollen cualquier tipo de convenio con rubros oficiales, y que
deben realizar para garantizar la correcta ejecución del objeto contractual. Dicha
obligación incluye facultades de carácter administrativo, que implican regularizar
algunas funciones, el definir horarios en la prestación del servicio contratado e
incluso el suministro de algunos elementos, que identifiquen al contratista con la
comunidad; empero, coordinar de ningún modo lleva implícita la superioridad
jerárquica contenida de la subordinación». Se tiene que la vinculación del
demandante se dio por medio de empresa de servicios temporales, cooperativas
de trabajo asociado y asociaciones, respecto de las cuales la Sala recuerda que si
bien ha sostenido32 que el ordenamiento jurídico prohíbe el uso estos como
mecanismos para que el Estado evada sus obligaciones laborales, también lo es
que la ejecución de funciones a través de dichas empresas no es suficiente por sí
sola para acreditar la existencia de una relación laboral, pues es necesario que
quien lo pretenda demuestre la configuración de los elementos del contrato de
trabajo, en especial la subordinación con la entidad pública que se señala como
empleadora real.
91. En el caso concreto, a efectos de determinar su configuración, se deben analizar
los elementos probatorios con el fin de establecer si existió una relación de
subordinación con el ente de salud. Ante ello, es menester establecer si se
configuran o no los indicios que, analizados en conjunto con las pruebas del caso
concreto, permitan llegar a esa conclusión, atendiendo lo expuesto por esta
Corporación en la sentencia de unificación SUJ-025-CES2-2021.
92. En esos términos, con las pruebas aportadas se probó que el demandante tuvo
como lugar de trabajo las instalaciones de la ESE Hospital Mónica de
Dosquebradas.
93. En cuanto al horario de labores, se tiene que la testigo Sanery Toro Restrepo
—quien explicó que prestó sus servicios en la ESE a partir del 12 de agosto de
2012, como asesora jurídica de la entidad, por lo cual conoció al demandante en el
área de gestión documental— rindió testimonio como testigo de la parte
demandada33. Indicó que no conocía si el demandante cumplía turnos o los
espacios en que, de existir, estos se desarrollaban34.
94. La señora Libia del Socorro González Flórez —testigo del demandante— indicó
que prestó sus servicios en la ESE a partir del año 2009; primero estuvo en el área
de «CIAO» —sin que se explicara cuál era su función o finalidad— y,
32
Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A. 63001-2333-000-2016-00304-01 (5271-2022) y 76001-23-33-000-
2016-00058-01 (2752-2022) C.P: Luis Eduardo Mesa Nieves.
33
Sobre el particular, dijo lo siguiente: «Yo ingresé a trabajar en el hospital Santa Mónica el 12 de agosto del año 2012, por
contrato de prestación de servicio como asesora jurídica. En esa época conocí a don Alfonso, porque él trabajaba en la oficina
de gestión documental. En todo el tiempo que yo he estado vinculada con el hospital, y el tiempo que él duró trabajando en
el hospital, nunca suscribió contratos de prestación de servicios directamente con el hospital».
34
Al respecto, el testigo dijo lo siguiente: «Pregunta: Por favor, infórmele al despacho si en su calidad de asesora jurídica para
la época en que ha manifestado que vio a hoy demandante en la oficina de gestión documental, ¿cómo eran los trámites que
se realizaban para que el personal de servicios temporales realizara los turnos o los cambios o además se solicitaran los
permisos, si tiene conocimiento de ello? Contestó: No tengo conocimiento cómo era el trámite de los turnos o los permisos,
lo que sí sé es que ellos tenían un coordinador y el coordinador era el encargado de hacer eso, pero el trámite interno que
realizaban con este coordinador no lo conozco»
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Demandante: Alfonso Uribe Aguirre
posteriormente, en el área de cartera35. En ese contexto, explicó que el actor, dentro
del área de gestión documental, tenía un horario que se extendía entre las siete de
la mañana y la una de la tarde, y entre las dos y las seis de la tarde; añadió que los
viernes salía a las cinco de la tarde36. A pregunta posterior, indicó que el horario era
asignado por la coordinadora del área37.
95. Finalmente, la señora Sandra Milena Cubillos Quintero —testigo de la parte
actora— indicó ser enfermera de profesión y que prestó sus servicios en la ESE,
donde conoció al demandante aproximadamente desde los años 2006 o 2007.
Respecto al horario o los turnos en que el actor realizó su servicio, explicó que este
era un «horario de oficina» y, sobre posibles imposiciones de este por parte del
personal de la ESE, indicó que imaginaba que «ellos le imponían el horario»38.
96. A partir de los anteriores relatos, la Subsección considera que no se acreditan de
manera clara los periodos en que el actor cumplió con su servicio y, mucho menos,
que el horario fuera impuesto por la ESE, tal y como se procede a explicar.
97. La señora Toro Restrepo directamente indicó que no conocía si el demandante
cumplía su servicio mediante turnos y la señora Cubillos Quintero, por su parte,
señaló que el actor cumplía un turno de oficina y que «imaginaba» que este le era
impuesto; por lo tanto, para la Subsección sus dichos se originan en su percepción
y no sobre el conocimiento cierto y directo de las circunstancias que rodearon la
ejecución de las actividades del actor. Por ende, sus afirmaciones no son suficientes
para tener por acreditado que la demandada impuso al demandante alguna jornada
para la prestación de sus servicios.
98. Y si bien la señora González Flórez indicó que el actor laboraba entre las siete
de la mañana y la una de la tarde, y entre las dos y las seis de la tarde —los viernes
hasta las cinco de la tarde—; también indicó que sus actividades fueron ejecutadas
en un lugar diferente; de manera que no existe claridad respecto de las condiciones
en que conoció los horarios de prestación de labor del accionante y tampoco si estos
eran impuestos por la ESE.
99. Dicha circunstancia tampoco logra clarificarse con las otras pruebas que reposan
en el expediente, pues no brindan información sobre los posibles horarios en que el
actor cumplió su servicio como tampoco que este fuera determinado por la
demandada. En todo caso, la Subsección no desconoce que el actor, debido al
ejercicio de sus funciones, debió realizarlas en determinadas franjas de tiempo. Sin
35
Sobre el particular dijo: «(…) Inicialmente yo estuve vinculada al CIAO, a él nos llevaba mucha correspondencia. Luego
estuve en el área de cartera y también en espacio físico, un poco más cerca al área donde él estaba trabajando, pero la
relación era igual (…)».
36
La testigo sobre este punto expresó literalmente lo siguiente: «Pregunta: ¿Cuál era el horario de entrada y de salida del
señor Alfonso que usted acaba de mencionar? Contestó: Yo recuerdo que don Alfonso entraba a las 7 de la mañana hasta la
1 de la tarde, luego volvía a las 2 hasta las 6, como de lunes a jueves. Los viernes salía un poquito más temprano, como a
las 5 de la tarde».
37
La testigo sobre este punto dijo lo siguiente: « pregunta: ¿Ese horario que usted acaba de mencionar le consta si era
impuesto por algún funcionario de la ESE hospital Santa Mónica o era convenido entre el hospital con la intermediaria laboral
que suministraba en este caso personal, en este caso el señor Alfonso Uribe, para que prestara sus servicios en el hospital?
contestó: El horario lo asignaba la coordinadora del área, la señora Sandra Echeverry, y ella misma se encargaba de
controlarlo, pues»
38
Respecto a este punto, la testigo indicó: «Pregunta: ¿Cuál era el horario que debía cumplir el señor Alfonso Uribe? Contestó:
Pues un horario de oficina. Pregunta: ¿De qué horas a qué horas? Contestó: De 8 a 1 y de 2 a 6. Pregunta: ¿Ese horario
quién lo imponía? Contestó: Pues qué le digo, se supone que uno es un contratista de una cooperativa, me imagino que ellos
imponían el horario y ya lo hacían llegar».
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embargo, dicha situación por sí sola no acredita la existencia de subordinación,
porque el horario, por sí solo, debe entenderse como un parámetro lógico que
guarda relación con el fin de lograr la correcta ejecución del objeto convenido39.
100. Ahora bien, en cuanto a la dirección y control efectivo de las actividades
a ejecutar, debe reiterarse que esta se refiere al control y manejo directo de la
entidad contratante sobre las actividades ejecutadas por el contratista, lo cual es un
requisito fundamental a efectos de constatar la existencia o no del elemento de
subordinación. De forma que, para probar la existencia de la relación laboral
encubierta, debe la parte demandante acreditar que se encontraba dentro del círculo
rector, disciplinario y organizativo de la entidad, a modo tal que se concluya que las
actividades ejecutadas eran dirigidas de manera contundente por la entidad
contratante.
101. En el recurso de apelación, la ESE disintió de la decisión adoptada por el
Tribunal de tener por acreditada la existencia de una relación laboral encubierta con
el demandante, para lo cual resaltó que la sentencia recurrida no valoró
debidamente todas las pruebas.
102. La Subsección considera que le asiste razón a la entidad, porque, analizadas
en conjunto las pruebas que reposan en el expediente no se evidencian
circunstancias que ameriten concluir que el demandante estuvo sujeto a la voluntad
y disposición de la entidad demandada en cuanto a las condiciones de tiempo, modo
y lugar de la ejecución de sus servicios.
103. Ello, por cuanto de los testimonios se tiene que la señora Sanery Toro
Restrepo manifestó que, si bien sabía que el actor realizó su servicio en la Oficina
de Gestión Documental, desconocía en detalle cuáles eran sus actividades40. La
señora Libia del Socorro González Flórez expresó que, dentro de las funciones del
demandante, estaban recibir y repartir la correspondencia que llegaba al hospital, a
partir de las órdenes que para el efecto le diera la señora Sandra Echeverri, quien,
adujo, era una empleada de la ESE41. Asimismo, indicó que, en caso de ausencia,
el actor le debía pedir permiso a la coordinadora del área en la que él prestaba el
servicio42.
39
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia tres (3) de octubre de dos mil veintidós (2022). Rad.
25000234200020130457501 (2611-2016) C.P: Rafael Francisco Suárez Vargas.
40
Al respecto, la testigo dijo lo siguiente: «Pregunta: ¿Cuáles exactamente eran las actividades que realizaba el demandante,
que le consten a usted? Contestó: Doctor, yo lo conocí en la oficina de gestión documental, pero las actividades concretas
que él tenía, no tengo conocimiento de ellas».
41
Sobre el particular, esta testigo explicó: «(…) una de sus funciones era repartir la correspondencia que llegaba al hospital,
él la recepcionaba, la radicaba y luego la distribuía por todas las oficinas. Inicialmente yo estuve vinculada al CIAO, a él nos
llevaba mucha correspondencia. Luego estuve en el área de cartera y también en espacio físico, un poco más cerca al área
donde él estaba trabajando, pero la relación era igual. La correspondencia que yo le recibía y que él me entregaba porque
correspondía al área de cartera. Dentro de las otras funciones que yo recuerdo de don Alfonso, manejaba un archivo en la
(…) Rita Arango. Él tenía, pues, como función otros archivos externos, como dos áreas. Aparte del archivo central, que era
ahí en la ESE hospital Santa Mónica, don Alfonso tenía el cargo de auxiliar administrativo y vinculado a la gestión documental,
donde la coordinadora era la señora Sandra Echeverri, una empleada de planta de Santa Mónica y quien era quien le impartía
las órdenes (…)».
42
Sobre este punto dijo la testigo: «Pregunta: Alfonso Uribe Oguirre debía solicitar permiso para ausentarse de su lugar de
trabajo y, de ese caso, ¿quién era la persona o el funcionario que le otorgaba el mismo? Contestó: Él le debía pedir permiso
a la señora Sandra Echeverry, que era la coordinadora del área de sistemas a la que él pertenecía, sistemas y archivos».
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104. Por su parte, la señora Sandra Milena Cubillos Quintero dijo que las
actividades del demandante estaban relacionadas con la recepción, digitación y
archivo de documentos43.
105. De esa manera, la Subsección encuentra que los testimonios de las tres
testigos concuerdan, de manera general, en cuanto al hecho de que el actor hubiera
realizado su servicio en la ESE en el área de gestión documental, aspecto sobre el
cual también dejan constancia las certificaciones sobre los tiempos de servicio
referenciados previamente.
106. Sin embargo, las testigos Toro Restrepo y Cubillos Quintero, al referir
genéricamente las actividades del actor, no expusieron si conocían, de manera
directa, situaciones que evidenciaran la existencia de direccionamientos, controles
u órdenes por parte del personal de la entidad sobre él. Y si bien la señora González
Flórez, afirmó que el demandante recibía órdenes de la señora Sandra Echeverri,
quien pertenecía a la planta de la ESE, y que para ausentarse debía pedir permiso;
no es menos cierto que, de su propia manifestación se extrae que laboró en un lugar
diferente y que, al expresar su relación con este, se limitó a indicar que se debía a
la remisión de correspondencia, pero no a la concurrencia continua del servicio entre
ellos.
107. En ese orden, debe recordarse que, para que el testimonio sea útil e idóneo
para probar la teoría de un caso, es necesario que sea responsivo, exacto y
completo, para lo cual no basta con que el declarante conozca las circunstancias
objetivas que expone —que para el caso concreto son las particularidades del
servicio del demandante—, sino también que sustente la razón de ciencia de sus
dichos; es decir, los motivos por los cuales particularmente conoció en tiempo, modo
y lugar los hechos que conoce44.
108. De esa manera, aunque la testigo dijo que el demandante recibió órdenes de
una persona de la planta de la ESE, no explicó cómo, a pesar de ejecutar sus
actividades en lugares diferentes, llegó a ese conocimiento. Lo que, en todo caso,
no obsta para indicar que la declarante no precisó como se materializaban dichas
órdenes en cuanto al método, cantidad y calidad del servicio del actor. Por ende,
sus dichos son insuficientes para tener por acredita la continuada dependencia en
la ejecución de los objetos contractuales por parte del demandante.
109. Adicional a lo anterior, la Subsección advierte que en las pruebas
documentales tampoco existen indicios sobre la imposición o direccionamiento de
la ESE sobre el servicio del demandante. Esto se debe a que los certificados y
contratos que refieren la labor del actor no determinan las actividades concretas que
ejecutó en la entidad; por lo que, tampoco se advierte en ellos indicios de que el
servicio era impuesto, direccionado u ordenado por la ESE.
43
Sobre este punto, el testigo dijo lo siguiente: «Pregunta: ¿Nos puede recordar, si lo sabe, qué funciones cumplía don Alfonso
al servicio del hospital? Contestó: Hacía pues recepción de documentos, se digitaba, se archivaba, llevaba correspondencia,
pues más que todo es actividades de archivo y gestión documental».
44
Devís Echandía H., Teoría General de la Prueba Tomo II (2022). Editorial Temis P.112 y siguientes.
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110. Así las cosas, la Sala no comparte la posición del Tribunal relativa que la
naturaleza de las actividades realizadas por el actor conlleva, por sí mismo, que se
pruebe el elemento de subordinación. Al respecto, si bien la Subsección 45 en
determinadas oportunidades ha indicado que las actividades de gestión —en
principio— no pueden considerase autónomas, dicha presunción no aplica cuando
al proceso no se aportar los elementos de juicio que permitan determinar, siquiera
sumariamente, que la ejecución del servicio fue subordinada, tal y como ocurre en
este caso46.
111. Asimismo, la Sala considera que ni por el hecho de que el actor hubiera
realizado su servicio durante más de cinco años en la entidad, ni porque en ella
exista un cargo que nominalmente corresponda al que se aduce desempeñado por
aquel, se acredita la existencia de una relación laboral entre las partes. Al respecto,
debe recordarse que es responsabilidad de quien pretende la declaratoria de una
relación laboral con el Estado demostrar que, durante la ejecución del servicio, se
configuraron los tres elementos esenciales: prestación personal, remuneración y,
especialmente, subordinación.
112. Lo anterior, máxime si se tiene en cuenta que, en el proceso de regularización
de las plantas de personal de las entidades del Estado el Decreto 1376 de 201447
el Decreto 1376 de 2014 autorizó a las Empresas Sociales del Estado (ESE) la
satisfacción de sus funciones mediante la contratación de terceros en los términos
del artículo 59 de la Ley 1438 de 2011, disposición que, al ser estudiada por la Corte
Constitucional en la sentencia C–171 de 201248 fue declarada exequible con una
interpretación similar al contenido del artículo 32 inciso 3 de la Ley 80 de 1993, esto
es, que se podrán realizar estas vinculaciones siempre que los servicios a satisfacer
no puedan cumplirse con el personal de planta o requieran servicios especializados.
113. En suma, siguiendo lo establecido en el artículo 167 del Código General del
Proceso «[…] incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que
consagran el efecto jurídico que ellas persiguen»; por lo que era al actor a quien le
45
Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. C.P: Jorge Iván Duque
Gutiérrez. RAD: 66001-23-33-000-2018-00547-01 (0445-2021).
46
Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. C.P: Luis Eduardo Mesa
Nieves. RAD: 76001-23-33-000-2016-00058-01 (2752-2022)
A la misma conclusión llegó la Subsección en un caso de similares premisas fácticas en la que una persona que realizó, en
principio, actividades de auxiliar administrativo, demandó la existencia de una relación laboral encubierta al considerar que su
empleador era el municipio de Pereira. Lo que concluyó la Sala en esa oportunidad fue que no se allegaron al plenario las
pruebas que evidenciaran, mínimamente, la subordinación pretendida en la demanda con la entidad del Estado, aun cuando
la demandante estuvo vinculada mediante terceras empresas. Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A. C.P: Juan Camilo Morales Trujillo. RAD: 66001-23-33-000-2018-00548-01 (1900-2021).
47
En cumplimiento del artículo 13 de la Ley 1610 de 2013
48
En detalle esta sentencia dice lo siguiente sobre el particular: «La norma acusada, tal y como está enunciada, se encuentra
en contravía de la prohibición a la administración pública de celebrar contratos de prestación de servicios para el ejercicio de
funciones de carácter permanente de las entidades estatales, funciones para cuyo cumplimiento se requiere la creación de
los empleos o cargos públicos correspondientes. Así las cosas, la Corte concluye que, tal y como se encuentra redactada la
norma, da lugar a una interpretación abiertamente inconstitucional, de manera que en principio procedería una declaratoria
de inexequibilidad de la misma. No obstante lo anterior, la Corte ha validado en innumerables oportunidades la posibilidad de
dictar sentencias moduladas, en las que se declare una exequibilidad condicionada, en aquellos eventos en los que sea
posible conservar el precepto normativo en el ordenamiento jurídico, dando aplicación al principio pro legislatore, y siempre y
cuando exista una interpretación de la norma que al incorporarla al alcance normativo del precepto o al entendimiento del
enunciado normativo, subsane la posible vulneración de la Carta Política y la torne en constitucional. Por consiguiente, la Sala
evidencia en este caso, la necesidad de incorporar al entendimiento de la norma acusada, la única interpretación constitucional
posible de la misma, de conformidad con la Constitución y la jurisprudencia de este Alto Tribunal, según la cual, la potestad
de contratación otorgada por el precepto demandado a las Empresas Sociales del Estado para operar mediante terceros, solo
podrá llevarse a cabo siempre y cuando no se trate de funciones permanentes o propias de la entidad, cuando estas funciones
no puedan llevarse a cabo por parte del personal de planta de la entidad o cuando se requieran conocimientos especializados.
Por lo tanto, la Corte declarará en la parte resolutiva de esta sentencia, la exequibilidad condicionada del artículo 59 de la Ley
1438 de 2011, en el sentido anunciado».
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Demandante: Alfonso Uribe Aguirre
correspondía probar los supuestos de hecho de la configuración de la relación
encubierta que alegó que existió entre su persona con la entidad enjuiciada a través
de las pruebas pertinentes, suficientes y útiles del caso, tal y como se ha sostenido
la Subsección en casos anteriores49.
114. Lo anterior, pues «si bien no puede decirse que existe una prueba reina para
demostrar el elemento de la subordinación y dependencia continuada, esta Sala si
ha considerado que para acreditar este elemento de la relación laboral, deben
aportarse aquellas que permitan acreditar fehacientemente que el contratista no
ejercía su actividad, para la cual fue contratado, en forma autónoma e
independiente, sino que debía someterse ineludiblemente a las órdenes e
instrucciones de funcionarios de la entidad, en las circunstancias de tiempo, modo
y lugar que estos impusieran»50.
115. Por tanto, la Subsección considera que le asiste razón a la entidad en los
planteamientos de su recurso de alzada, en tanto dentro del plenario no obran los
elementos que sustenten la existencia de una relación laboral encubierta entre las
partes, en especial, porque no se probó el elemento de subordinación. Por lo tanto,
se revocará la sentencia de primera instancia que accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda, para en su lugar, negarlas.
116. Por sustracción de materia no se estudiarán los demás reparos del apelante.
2.9. De la condena en costas en ambas instancias
117. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de
la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior,
de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de
ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que
gobierna esta materia.
118. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente
de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público;
creando así una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha
imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos,
como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo
dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en ese sentido, la
sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el
proceso.
119. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la
liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en
cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
49
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia de 28 de noviembre
de 2024. Expediente: 05001-23-33-000-2016-01020-01 (1379-2023). CP Luis Eduardo Mesa Nieves.
50
Sentencia de 20 de abril de 2023; Sección Segunda, Subsección A, radicado 000 2014 00007 01 C.P Gabriel Valbuena
Hernández.
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Radicado: 66001 23 33 000 2016 00729 01 (1887–2021)
Demandante: Alfonso Uribe Aguirre
120. Bajo ese entendido, se condenará a pagar las costas en ambas instancias a
la parte vencida, es decir, a la demandante. Para el efecto, conforme con el artículo
366 del CGP las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la
primera instancia y las expensas serán liquidadas por la secretaría del Tribunal de
primera instancia que conoció de este proceso.
121. Como quiera que ambas apelaron, y solo prosperó la alzada de la
demandada, se tiene como parte vencida al demandante, quien será condenado en
costas en ambas instancias.
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,
III. FALLA
PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 19 de marzo de 2020 proferida por el
Tribunal Administrativo de Risaralda, NEGAR las pretensiones de la demanda, de
acuerdo con las razones expuestas en la parte motiva.
SEGUNDO: CONDENAR en costas en ambas instancias a la parte demandante,
por lo ya dicho.
TERCERO. Efectuar las anotaciones correspondientes en el Sistema de Gestión
Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta providencia devolver
el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado
La presente actuación se encuentra firmada en el expediente digital disponible en la Sede Electrónica de la Jurisdicción de
lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado – SAMAI. https://samai.consejodeestado.gov.co/
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