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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 66001-23-33-000-2018-00548-01

Fecha
23 de abril de 2025
Consejero ponente
Juan Camilo Morales Trujillo
Citada por
4 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 66001-23-33-000-2018-00548-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO. REVOCAR la sentencia del 28 de agosto de 2020, proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda. En su lugar, 9 www.consejodeestado.gov.co Calle 12 N.º 7–65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia Radicación: 66001-23-33-000-2018-00548-01 (1900-2021) Demandante: Luz Estella Díaz Henao SEGUNDO. NEGAR las pretensiones de la demanda. TERCERO. Sin condena en costas en ambas instancias. CUARTO. En firme esta providencia, realizar las anotaciones correspondientes y devolver el expediente al tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 66001-23-33-000-2018-00548-01

Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo

23 de abril de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá, D. C., veintitrés (23) de abril de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 66001-23-33-000-2018-00548-01 (1900-2021)
Demandante: Luz Estella Díaz Henao
Demandado: Municipio de Pereira
Tema: Relación laboral encubierta – revoca sentencia de
primera instancia

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

I. ASUNTO

La Sala de Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide
los recursos de apelación interpuestos por ambas partes contra la sentencia
proferida el 28 de agosto de 2020 por el Tribunal Administrativo de Risaralda que
accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda. Se anuncia que se
revocará dicha providencia.

II. ANTECEDENTES

Demanda

1. La señora Luz Estella Díaz Henao, por conducto de apoderado judicial,
interpuso demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho con el objeto de que se declare la nulidad del Oficio
30832 del 6 de julio de 2018 expedido por el municipio de Pereira, por medio del
cual se negó el reconocimiento de la existencia de una relación laboral desde el
29 de febrero de 2008 hasta el 31 de diciembre de 2015 y el pago de las
acreencias laborales y prestacionales consecuentes por el desempeño de
funciones operativas y asistenciales en la Secretaría de Educación y/o en los
establecimientos educativos oficiales.

2. A título de restablecimiento del derecho solicitó (i) pagar los reajustes
salariales con base en el Índice de Precios al Consumidor; las cesantías y los
intereses causados sobre ellas; las vacaciones; las primas de servicios y navidad;
el auxilio de transporte; el subsidio de alimentación; la bonificación por servicios
prestados; (ii) devolver las sumas que consignó por concepto de aportes al
sistema de seguridad social y a la Caja de Compensación Familiar; y (iii)
condenar en costas a la parte demandada.

3. Como concepto de la violación argumentó que el acto acusado infringió
las normas en que debía fundarse teniendo en cuenta que entre el 29 de febrero
de 2008 y el 30 de diciembre de 2015 suscribió múltiples contratos de prestación
de servicios con el ente territorial, de forma directa y tercerizada (a través de la

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Demandante: Luz Estella Díaz Henao

empresa Servitemporales S.A.), periodo durante el cual desempeñó labores
«asignadas dentro de circunstancias de tiempo, modo y lugar», las cuales eran
permanentes y propias del municipio de Pereira.

4. Afirmó que desarrolló sus funciones de manera personal y bajo la
«continuada subordinación y dependencia del secretario de educación de turno»,
dentro del horario impuesto de lunes a viernes de 8:00 a 12:00 am y de 2:00 a
6:30 pm en las instalaciones de la entidad y con una remuneración pactada.

Contestación de la demanda

5. El municipio de Pereira se opuso a las pretensiones de la demanda por los
siguientes motivos: (i) la relación contractual entre las partes se encontraba
regulada por el numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, por lo que no
existía vínculo laboral ni derecho al reconocimiento de las prestaciones sociales;
(ii) la remuneración se pactó a título de honorarios; (iii) la contratista no cumplió
un horario de trabajo ni ejerció funciones misionales del ente territorial, pues
consistió en una relación de coordinación contractual; (iv) no existió continuidad
en la prestación del servicio, ya que en cada contrato se estableció expresamente
su duración; y (v) no obra prueba alguna que acredite el elemento de la
subordinación.

6. Adicionalmente sostuvo que el municipio nunca tuvo injerencia en la
contratación realizada por la empresa Servitemporales S.A.

7. Por último, invocó como excepciones: la inexistencia de violación de las
normas superiores invocadas; la prescripción; y el cobro de lo no debido.

Sentencia apelada

8. El Tribunal Administrativo de Risaralda accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda mediante la Sentencia de 28 de agosto de 2020 en
tanto encontró acreditada la existencia de una relación laboral encubierta durante
el periodo comprendido entre el 29 de enero y el 28 de diciembre del 2015.

9. En la providencia declaró probada la excepción de prescripción por el
periodo comprendido entre el 20 de abril de 2009 y 19 de julio de 2014.

10. Como fundamentos de la decisión señaló: (i) la actora prestó sus servicios
de «secretaría y/o auxiliar administrativa» de manera personal y por dicha labor
obtuvo una remuneración mensual; (ii) la naturaleza de sus funciones
demostraba que no eran transitorias sino permanentes, ya que la recepción de
documentos, digitación de informes, manejo de agenda, elaboración de oficios,
evidenciaban la ausencia de autonomía e independencia en su labor; (iii) el
testimonio de Liliana Pulgarín Correa acreditó que la demandante cumplía un
horario laboral y estaba sujeta a órdenes e instrucciones de su jefe inmediato, a
quien debía solicitar los permisos por escrito; (iv) el vínculo contractual se
interrumpió en 4 ocasiones: el 31 de diciembre de 2009, 15 de diciembre de 2010,
29 de octubre de 2011 y 19 de julio de 2014, y la reclamación se presentó el 3 de

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Demandante: Luz Estella Díaz Henao

junio de 2018, por lo que operó la prescripción trienal desde el 19 de julio de 2014
hacia atrás.

11. Así mismo, declaró no probada la tacha de sospecha formulada contra la
testigo Liliana Pulgarín Correa, puesto que a pesar de que promovió una
demanda contra el ente territorial por los mismos hechos, ello no implica
necesariamente que se desestime su testimonio, sino que corresponde al
operador judicial valorar la prueba conforme a las reglas de la sana crítica y en
conjunto con los demás medios probatorios allegados al expediente.

12. En cuanto a la solicitud de reconocimiento de las cotizaciones efectuadas
a la Caja de Compensación Familiar, la primera instancia negó la pretensión al
constatar que no obraba prueba de que dichas cotizaciones se hubieran realizado
de manera efectiva, ni se acreditó el cumplimiento de los requisitos establecidos
en la Ley 21 de 1982 para determinar que la actora era beneficiaria de los planes
ofrecidos por la entidad.

13. Finalmente, no condenó en costas a la parte demandada.

Recurso de apelación

14. Inconformes con la decisión, ambas partes procesales interpusieron
recursos de apelación:

14.1 La demandante reprochó que (i) no se configuró la prescripción respecto
de las prestaciones causadas antes del 19 de julio de 2017, pues no existieron
interrupciones en el periodo comprendido entre el 29 de febrero de 2008 y el 31
de diciembre de 2015, ya que las aparentes cesaciones correspondieron a
simulaciones del ente territorial para ocultar la relación laboral; (ii) el subsidio
familiar es una prestación social a la que tiene derecho, por lo que solicitó el
reconocimiento y pago de las cotizaciones realizadas a la Caja de Compensación
Familiar; (iii) el pago que el ente territorial debe efectuar por concepto de aportes
a salud y pensión debe ser a su favor.

14.2 El municipio de Pereira indicó que la parte actora no cumplió con la carga
probatoria de acreditar la subordinación, pues (i) solo se allegaron copias de los
contratos de prestación de servicios, los cuales por sí mismos no prueban dicho
elemento; (ii) la única testigo que rindió declaración se desvinculó de la Secretaría
de Educación el 29 de marzo de 2011, por lo que no le constan los hechos
ocurridos con posterioridad, además de que su imparcialidad se vio
comprometida al haber promovido una demanda contenciosa administrativa por
los mismos hechos; y (iii) no se aportó prueba alguna que evidenciara la
existencia de órdenes o directrices impartidas, permisos solicitados por escrito,
aplicación de un reglamento interno o imposición de un horario laboral.

14.3 Por lo anterior, señaló que «lo único que existía era una relación
coordinada para el desarrollo eficiente de la labor encomendada» y en ese
sentido la primera instancia erró al estudiar el fenómeno de la prescripción sin

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Demandante: Luz Estella Díaz Henao

que previamente se hubieran demostrado los elementos propios de una relación
laboral.

Intervención en segunda instancia

15. Mediante auto del 30 de septiembre de 2021, se admitieron los recursos
de apelación.

16. En sus alegatos, el municipio de Pereira solicitó negar las pretensiones de
la demanda y condenar en costas a la parte demandante, debido a que no
cumplió con su carga de demostrar la subordinación.

17. La actora reiteró los argumentos que expuso en el recurso de apelación.

III. CONSIDERACIONES

Problema jurídico

18. La Sala debe definir si la providencia objeto de reproche incurrió en los
yerros que le endilgaron las partes. En ese sentido se deberá establecer lo
siguiente: (i) ¿la actora demostró la continuada subordinación en la prestación
del servicio? En caso de que sea afirmativa la respuesta a la pregunta anterior:
(ii) ¿se configuró la prescripción trienal respecto de las prestaciones sociales que
se habrían causado con ocasión a los contratos celebrados y ejecutados entre el
20 de abril de 2009 y 19 de julio de 2014?; (iii) ¿erró el Tribunal al no reconocer
el pago de las cotizaciones realizadas por la actora a la Caja de Compensación
Familiar? y (iv) ¿es procedente que el ente territorial efectúe el pago de los
aportes por concepto de salud y pensión a favor de la demandante?

Marco normativo y jurisprudencial: las relaciones laborales encubiertas

19. Quien solicite la declaración de una relación laboral encubierta debe
demostrar la desnaturalización de los contratos de prestación de servicios, por la
ejecución de las prestaciones bajo la continuada subordinación, puesto que este
es el elemento esencial de ese tipo de relaciones.

20. El Consejo de Estado ha identificado ciertas pautas en torno a las
relaciones laborales que se encubren o camuflan mediante contratos de
prestación de servicios (numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993)1, de las
cuales se destacan las siguientes:

21.1 La reclamación encaminada a que se declare la existencia de una
relación laboral con el Estado y se reconozcan sus consecuencias prestacionales
debe presentarse dentro de los tres (3) años siguientes a la terminación del

1 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Sentencias de Unificación

Jurisprudencial CE-SUJ2-005-16 del 25 de agosto de 2016, expediente 23001-23-33-000-2013-00260-01
(0088-2015); y SUJ-025-CE-S2-2021 del 9 de septiembre de 2021, expediente 05001-23-33-000-2013-01143-
01 (1317-2016).

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Demandante: Luz Estella Díaz Henao

vínculo contractual, so pena de que opere la prescripción extintiva, aspecto que
debe analizarse en la sentencia correspondiente. Para tales efectos, la solución
de continuidad está orientada por un término de treinta (30) días hábiles entre la
finalización de un contrato y la ejecución del siguiente, el cual puede flexibilizarse
según las circunstancias especiales de cada caso.

21.2 Los aportes pensionales son imprescriptibles, pero no la devolución de
los dineros que pagó el contratista por ese concepto.

21.3 Las reclamaciones sobre los aportes con destino al Sistema General de
Seguridad Social no están sujetas a la caducidad ni al requisito de procedibilidad
de conciliación extrajudicial.

21.4 Una vez establecida la existencia del vínculo laboral, el juez debe
pronunciarse sobre los aportes al Sistema General de Seguridad Social en
Pensiones, así no lo haya solicitado la parte interesada.

21.5 El reconocimiento de prestaciones sociales y del tiempo de servicios para
fines pensionales a causa de la declaración de existencia de una relación laboral
con el Estado se da a título de restablecimiento del derecho.

21.6 El «término estrictamente indispensable» al que se refiere el numeral 3
del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 es el señalado en los estudios previos y en
el objeto del contrato de prestación de servicios, el cual es esencialmente
temporal, sin ánimo de permanencia.

21.7 No es procedente la devolución de los aportes que habría tenido que
asumir la Administración y que realizó el contratista con destino al Sistema
General de Seguridad Social en Salud, por la naturaleza parafiscal de ellos.

El caso concreto

21. De acuerdo con las pruebas documentales aportadas al proceso, la
accionante suscribió los siguientes contratos de prestación de servicios con la
empresa Servitemporales S.A. (intermediaria) y el municipio de Pereira:

Contrato u orden de Duración Objeto Contratante
servicios
Contrato de obra o labor 20/04/09 al 31/12/09 Trabajadora en misión en la Servitemporales
contratada alcaldía de Pereira -Secretaría de S.A.
Educación, desempeñando el
cargo de auxiliar administrativa.
Contrato de obra o labor 14/10/10 al 15/12/10 Trabajadora en misión en la Servitemporales
contratada alcaldía de Pereira -Secretaría de S.A.
Educación, desempeñando el
cargo de auxiliar administrativa.
1566 del 29 de junio de 29/06/11 al 29/10/11 Actividades de recepción de Municipio de
2011 documentos, digitación de Pereira
informes y expedición de

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certificados en los
establecimientos educativos
oficiales del municipio.
1122 del 9 de abril de 09/04/12 al Actividades de apoyo operativo y Municipio de
2012 08/08/2012 asistencial en los Pereira
establecimientos educativos
oficiales del municipio de Pereira
o en la Secretaría de Educación.
1415 del 10 de agosto de 10/08/12 al Actividades de apoyo operativo y Municipio de
2012 24/09/2012 asistencial en los Pereira
establecimientos educativos
oficiales del municipio de Pereira
o donde la Secretaría de
Educación Municipal lo requiera
por necesidad del servicio.
1872 del 5 de octubre de 05/10/12 al Actividades de apoyo, operativo y Municipio de
2012 30/10/2012 asistencial en los Pereira
establecimientos educativos
oficiales del municipio de Pereira
o donde la Secretaría de
Educación Municipal lo requiera
por necesidad del servicio.
2859 del 31 de octubre de 31/10/12/ al 30/12/12 Servicios de apoyo en la Municipio de
2012 Secretaría de Educación Pereira
Municipal de Pereira, en el área
del Fondo de Prestaciones
Sociales del Magisterio.
287 del 29 de enero de 29/01/13 al 28/08/13 Servicios de apoyo en la Municipio de
2013 Secretaría de Educación Pereira
Municipal de Pereira, en el área
del Fondo de Prestaciones
Sociales del Magisterio.
2409 del 13 de 13/09/13 al 27/12/13 Auxiliar administrativo2 Municipio de
septiembre de 2013 Pereira
638 del 20 de enero de 20/01/14 al 19/07/14 Servicios de apoyo en la Municipio de
2014 y adición Dirección Administrativa de Pereira
prestación del servicio educativo
y administración de plazas
docentes, para tramitar las
solicitudes relacionadas con las
novedades del personal
administrativo adscrito a la planta
de cargos de la Secretaria de
Educación del municipio.
480 del 29 de enero de 29/01/15 al 28/12/15 Servicios de apoyo en la Municipio de
2015 Dirección Pereira
Administrativa de prestación del
servicio educativo y
administración de plazas
docentes, para tramitar y
elaborar a través del Sistema
Humano las solicitudes
relacionadas con las novedades
del personal docente y directivo
administrativo docente adscrito a
la planta de cargos de la
Secretaria de Educación del
municipio.

22. Del análisis integral de las pruebas recaudadas (documentales y
testimonial), la Sala concluye que la accionante no acreditó la existencia de una
subordinación continuada por las razones que se exponen a continuación:

23. De acuerdo con la jurisprudencia de esta corporación, en los contratos de
prestación de servicios está ínsito el principio de coordinación que implica un

2
El contrato de prestación de servicios núm. 2409 no reposa en el expediente, sin embargo, al no haberse
objetado la relación del objeto efectuada por el Tribunal, se tomará en los mismos términos.

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control de las tareas que desarrolla el contratista en aras de lograr la ejecución
eficiente y eficaz del contrato3.

24. Por su parte, la subordinación puede manifestarse de diferentes maneras,
según el servicio de que se trate, y puede implicar el cumplimiento de órdenes,
jornadas u horarios de trabajo, modos de hacer las actividades y las cantidades
en que deben realizarse, la determinación de protocolos de organización y el
sometimiento al poder disciplinario, siempre que se demuestre la continuada
subordinación4.

25. En este caso no se controvierte que la accionante prestó un servicio de
manera personal y a cambio de una remuneración (bajo la modalidad de
honorarios) en el marco de múltiples contratos de prestación de servicios,
elementos que se encuentran suficientemente acreditados con el material
probatorio recaudado. En consecuencia, el debate se centra en establecer si la
actora desarrolló sus labores bajo una continuada subordinación o no, al ser
además el único elemento que fue objeto de apelación.

26. Cabe reiterar que, tal como lo estableció la Corte Constitucional en la
Sentencia C-154 de 1997 el elemento esencial que distingue el contrato laboral
del contrato de prestación de servicios es la existencia de subordinación
continuada, lo cual resulta compatible con la naturaleza propia de los contratos
estatales, que por regla general son onerosos y celebrados en atención a la
persona del contratista (intuito personae).

27. En relación con el acervo probatorio, se advierte que en el trámite de
primera instancia únicamente se practicó el testimonio de Liliana Pulgarín Correa,
quien se desempeñó como auxiliar administrativa en la Secretaría de Educación
del municipio de Pereira entre el 5 de agosto de 1998 y el 28 de marzo de 2011.

28. La referida testigo señaló que conoció a la demandante en el año 2008
cuando ingresó a la entidad, y por tal razón, le constaba que cumplía funciones
similares a las suyas en el área del Fondo de Prestaciones Sociales del
Magisterio, las cuales a su juicio desarrolló en condiciones de subordinación
«hasta el 2015».

29. En su declaración indicó que el horario laboral establecido era de 8:00 a.m.
a 12:00 m. y de 2:00 p.m. a 6:00 p.m., e incluso en ocasiones los sábados, y que
su incumplimiento generaba llamados de atención por parte del jefe inmediato,
ya que no se permitían ausencias injustificadas.

3 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del

9 de septiembre de 2021, expediente 20001 23 39 000 2016 00062 01 (2794-2019), M.P., Carmelo Perdomo
Cuéter.
4 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Sentencia de Unificación

SUJ-025-CE-S2-2021 del 9 de septiembre de 2021, expediente 05001-23-33-000-2013-01143-01 (1317-
2016).

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30. Agregó que las órdenes y directrices eran impartidas por el director
operativo, quien además exigía que cualquier permiso para ausentarse fuera
solicitado por escrito.

31. Contra el testimonio de la señora Pulgarín Correa, el apoderado de la parte
demandada solicitó la tacha por sospecha con fundamento en el artículo 211 del
CGP, al considerar que su relato carecía de imparcialidad debido a que promovió
una demanda contenciosa administrativa contra el municipio de Pereira con el
mismo objeto, esto es, la declaración de existencia de una relación laboral. Frente
a esta solicitud, acertó el Tribunal al señalar que corresponde al operador judicial
determinar si un testigo es sospechoso y en tal caso valorar su declaración
conforme a las reglas de la sana crítica.

32. Al respecto, es pertinente recordar que para establecer la credibilidad del
testimonio es necesario que el relato presente claridad en las circunstancias de
tiempo, modo y lugar, que las respuestas sean precisas y completas y que el
testigo justifique la forma en que conoció los hechos. Solo bajo estas condiciones
el juzgador puede valorar si lo declarado resulta verosímil, si se ajusta al sentido
común y si es coherente con el resto del material probatorio. La ley no impide
tener en cuenta la declaración de un testigo sospechoso, pero exige que sea
apreciada con mayor rigor y que su contenido sea contrastado con los demás
medios de prueba incorporados al expediente.

33. En consecuencia, el testimonio rendido por la señora Liliana Pulgarín
Correa será apreciado teniendo en cuenta la tacha de sospecha formulada por la
parte demandada, sin que ello implique su exclusión del acervo probatorio, sino
que su valoración se debe realizar conforme las reglas de la sana crítica.

34. En el relato de la declarante se evidencian algunos indicios de la existencia
de una relación laboral encubierta, como la imposición de un horario, un lugar de
trabajo y de un jefe inmediato. No obstante, tales elementos no resultan
suficientes ni concluyentes para llevar a esta Sala al convencimiento de que se
desnaturalizó el vínculo contractual.

35. Al valorar dicho testimonio de manera integral, no se evidencia con
claridad en qué medida la actividad desplegada por la señora Luz Estella Díaz
Henao estuvo sujeta a una subordinación continuada, pues no se hizo referencia
a aspectos concretos respecto de la situación de la demandante, sino a
generalidades de quienes desempeñaron funciones en la entidad.

36. A ello se suma que la señora Pulgarín Correa se desvinculó de la
Secretaría de Educación el 28 de marzo de 2011, por lo que no le constan los
hechos ocurridos entre esa fecha y el año 2015, lapso que hace parte sustancial
del periodo alegado.

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37. En el expediente solo reposan los contratos de prestación de servicios, las
certificaciones expedidas por la empresa Servitemporales S.A. y algunas planillas
de pago expedidas por el tesorero municipal, documentos que, por sí solos, no
dan cuenta de una relación laboral ni del sometimiento de la actora a
instrucciones o controles propios de un vínculo subordinado, pues aunque la
testigo de manera genérica hizo alusión a unas directrices, en ningún momento
hizo una referencia concreta a una orden que haya presenciado que se le haya
impartido, o un llamado de atención, o un evento concreto en el que haya
presenciado que el director operativo le exigía que desempeñara sus funciones
de una manera concreta.

38. Así las cosas, no se encuentra acreditado el elemento de la subordinación,
cuyo cumplimiento correspondía demostrar a la parte demandante, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 167 del CGP.

39. Como los reparos que planteó el municipio de Pereira en su recurso de
apelación están llamados a prosperar, en tanto la actora no demostró que la
prestación del servicio hubiera estado sometida a una continuada subordinación,
la Sala revocará la sentencia de primera instancia y negará las pretensiones de
la demanda, sin que resulte necesario emitir pronunciamiento sobre los demás
problemas jurídicos planteados, ya que estos estaban sujetos a que se acreditara
la existencia de una relación laboral encubierta.

Condena en costas

40. El artículo 188 del CPACA, adicionado por el artículo 47 de la Ley 2080 de
2021, establece que la sentencia debe disponer sobre la condena en costas, cuya
liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento
Civil (hoy Código General del Proceso); y que en todo caso la condena al
respecto se impondrá «cuando se establezca que se presentó la demanda con
manifiesta carencia de fundamento legal».

41. Al revisar el caso concreto se considera que los fundamentos expuestos
por las partes recurrentes no carecen de fundamento legal, sino que comportan
argumentaciones válidas y coherentes dirigidas a defender sus intereses, lo que
lleva a no imponer condena en costas de segunda instancia.

42. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO. REVOCAR la sentencia del 28 de agosto de 2020, proferida por el
Tribunal Administrativo de Risaralda. En su lugar,

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SEGUNDO. NEGAR las pretensiones de la demanda.

TERCERO. Sin condena en costas en ambas instancias.

CUARTO. En firme esta providencia, realizar las anotaciones correspondientes y
devolver el expediente al tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: la presente providencia fue firmada electrónicamente por los magistrados que componen la
Sala en la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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Bogotá D.C. – Colombia

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