Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 66001-23-33-000-2020-00427-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 66001-23-33-000-2020-00427-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 66001-23-33-000-2020-00427-01
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
20 de febrero de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., veinte (20) de febrero de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 66001-23-33-000-2020-00427-01 (7795-2023)
Demandante: Administradora Colombiana de Pensiones1
Demandado: María Salvadora Maturana Córdoba
Temas: Pensión de sobrevivientes
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________
Asunto
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia proferida el 21 de septiembre de 2023 por el Tribunal Administrativo de
Risaralda, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
1. Colpensiones presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo2, en orden a que
se declarara la nulidad de las siguientes Resoluciones: i) GNR172833 del 15 de
junio de 2016, mediante la cual, con ocasión del fallecimiento de Óscar Emilio
Maturana Córdoba, se reconoció y ordenó el pago de una pensión de sobrevivientes
a favor de María Salvadora Maturana Córdoba, cónyuge supérstite, en un
porcentaje del 50%; y ii) GNR388800 del 23 de diciembre de 2016, a través de la
cual se reliquidó la prestación.
1 En adelante Colpensiones.
2 En adelante CPACA.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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Demandante: Colpensiones
2. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho
solicitó i) el reintegro de todas las sumas de dinero pagadas como consecuencia del
reconocimiento pensional; ii) la indexación de los valores reconocidos y las sumas
adeudadas; iii) el pago de los intereses comerciales y moratorios a que haya lugar;
y iv) la condena en costas.
1.1.2. Fundamentos fácticos
3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes3:
3.1. El 23 de febrero de 2016, falleció Óscar Emilio Maturana Córdoba, quién en vida,
cotizó al régimen de prima media con prestación definida un total de 985 semanas.
3.2. Mediante escrito dirigido el 29 de abril de 2016 a Colpensiones, María Salvadora
Maturana Córdoba y Óscar Eduardo Maturana Maturana, en sus calidades de
cónyuge supérstite e «hijo mayor de edad con estudios», respectivamente, solicitaron
el reconocimiento y pago de la pensión de sobreviviente.
3.3. A través de la Resolución GNR172833 del 15 de junio de 2016, Colpensiones
reconoció y ordenó el pago de una pensión de sobreviviente a favor de María
Salvadora Maturana Córdoba y Óscar Eduardo Maturana Maturana, dividida en
porcentaje de 50% para la cónyuge supérstite y el otro 50% para el hijo, efectiva a
partir del 23 de febrero de 2016 y en cuantía individual de $2’151.236.
3.4. Dicho reconocimiento se reliquidó con la Resolución GNR388800 del 23 de
diciembre de 2016 y dejó en suspenso la mesada reconocida a Óscar Eduardo
Maturana Maturana, hasta tanto acreditara la certificación de estudios.
3.5. Con ocasión de una denuncia penal presentada por Daicy Emilia García Rentería
contra María Salvadora Maturana Córdoba, por la comisión de los delitos de fraude
procesal y falso testimonio, por medio del auto CSJ-JP-120519 del 20 de junio del
2018, el Juzgado Once Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de
Cali ordenó suspender el pago de la pensión de sobrevivientes causada por Óscar
Emilio Maturana Córdoba. Dicha decisión fue comunicada por el Centro de Servicios
Judiciales para los Juzgados Municipales y del Circuito de Cali a Colpensiones a
través del requerimiento judicial 2018_7344744 del 25 de junio de 2018.
3.6. Por medio del auto 1721 del 12 de julio de 2018, el vicepresidente de seguridad
3 Para mayor comprensión se realizará una descripción fáctica acorde con el material probatorio
allegado al plenario.
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Demandante: Colpensiones
empresarial, gerente de prevención del fraude de Colpensiones ordenó la apertura
de la investigación administrativa especial en contra de María Salvadora Maturana
Córdoba.
3.7. A través de la Resolución SUB179046 del 4 de julio de 2018, Colpensiones dejó
en suspenso el derecho correspondiente al 100% de la pensión de sobrevivientes,
en atención al acta de audiencia 087 del 26 de febrero de 2018, proferida por el
Juzgado Once Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Cali.
3.8. El 21 de junio de 2019, el Juzgado Once Laboral del Circuito de Oralidad de Cali
declaró que Daicy Emilia García Rentería y María Salvadora Maturana Córdoba, en
su calidad de compañeras permanentes de Óscar Emilio Maturana Córdoba, tenían
derecho a la pensión de sobrevivientes con ocasión del fallecimiento de aquel. Para
tal fin, condenó a Colpensiones pagar la pensión a la primera «en un 25% desde el
23 de febrero de 2016, hasta el 16 de octubre de 2017. Luego a partir del 17 de octubre de
2017, en cuantía del 50%» (sic) y para la segunda, se ordenó «reactivar el pago de la
prestación a partir del 01 de agosto de 2018 fecha en la cual le fue suspendido» (sic).
3.9. Mediante auto 1326 del 27 de agosto de 2019, el gerente de prevención del
fraude de Colpensiones cerró la investigación administrativa especial en contra de
María Salvadora Maturana Córdoba y ordenó remitir dicha decisión a i) la Dirección
de Determinación de Derechos «para que dentro del ámbito de sus competencias
proceda a tomar la decisión que corresponda frente al acto administrativo GNR172833 del
15 de junio de 2016» (sic); y ii) a la Fiscalía General de la Nación a fin de realizar «las
labores pertinentes dentro de la investigación N 76001000193201642412 que cursa en
Cali» (sic).
3.10. Con la Resolución SUB285505 del 16 de octubre de 2019, la entidad revocó
parcialmente los actos de reconocimiento y reliquidación de la pensión de
sobrevivientes, con fundamento en los artículos 19 de la Ley 797 de 2003 y 243 de
la Ley 1450 de 2011, y en su lugar, negó el reconocimiento efectuado a favor de
María Salvadora Córdoba Maturana.
3.11. Por medio de la Resolución SUB642 del 3 de enero de 2020, el subdirector de
determinación de la Dirección de Determinación de Prestaciones Económicas de
Colpensiones ordenó informarle a María Salvadora Córdoba Maturana que los
valores girados a su favor a título de «mesadas, retroactivos, aportes a salud y/o fondo
de solidaridad pensional» con ocasión de la pensión de sobrevivientes de Óscar Emilio
Córdoba Maturana «asciende a la suma $152.433.611» (sic).
3.12. El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, Sala Laboral en sentencia del
8 de septiembre de 2020, modificó la sentencia del 21 de junio de 2019 por el
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Demandante: Colpensiones
Juzgado Once Laboral del Circuito de Oralidad de Cali, en cuanto al valor del
retroactivo otorgado a las beneficiarias.
3.13. Mediante la Resolución SUB125006 del 26 de mayo de 2021, el subdirector de
determinación de la Dirección de Determinación de Prestaciones Económicas de
Colpensiones dio cumplimiento a las sentencias proferidas por la jurisdicción
ordinaria laboral y, en consecuencia, reconoció la pensión de sobreviviente en un
porcentaje de 50% a favor de María Salvadora Córdoba Maturana y en igual
porcentaje a Daicy Emilia García Rentería.
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
4. Como tales, se señalaron los artículos 47 de la Ley 100 de 1993, 13 de la Ley 797
de 2003; y 10 y 15 de la Ley 776 de 2002; y el Acto Legislativo 01 de 2005.
5. En cuanto al concepto de violación expuso lo siguiente4:
5.1. Tal y como se pudo comprobar en la investigación administrativa especial, María
Salvadora Córdoba Maturana accedió a la prestación con fundamento en
documentación que alteraba la realidad, puesto que «se constató que las
declaraciones extrajuicio aportadas con la solicitud de pensión carecen de veracidad y citan
hechos que no ocurrieron, por lo que se cumplen los presupuestos estipulado en el artículo
243 de la ley 1450 de 2011 y la resolución N° 555 del 2015, para que se dé la revocatoria
del acto administrativo de reconocimiento» (sic).
5.2. Existió fraude en el reconocimiento de la pensión de sobreviviente, en tanto que
«la acción cometida por la hoy demandada y relatada en la investigación administrativa»
(sic) se enmarca en varios tipos penales, tales como fraude procesal, estafa
agravada y falsedad documental.
5.3. Sin el consentimiento de la demandada, Colpensiones podía revocar el derecho
pensional, según lo establecido en la sentencia SU182 de 2019 proferida por la
Corte Constitucional; no obstante, para la devolución de los dineros percibidos de
buena fe es necesario acudir a la jurisdicción administrativa para la anulación de los
actos de reconocimiento.
4 Samai del tribunal, índice 15, 1_001ESCRITOMEDIOCONTROL(.PDF) NroActua 10.
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Demandante: Colpensiones
1.2. Contestación de la demanda
6. María Salvadora Maturana Córdoba contestó la demanda y al efecto expuso las
razones que se expresan a continuación5:
6.1. Si bien se presentó una denuncia penal en su contra, lo cierto es que nunca se
demostró ni tampoco se condenó por la comisión de los delitos de fraude procesal
y falso testimonio.
6.2. Elinforme de investigación administrativa es contrario a los testimonios
recepcionados en el proceso judicial 76001-31-05-011-2017-00029-01, y en el cual
fue reconocida como beneficiaria de la pensión de sobrevivientes por el fallecimiento
de su compañero permanente. Además, en aquel asunto «se hizo parte en calidad de
demandada la Administradora Colombiana de Pensiones» (sic).
6.3. Comoquiera que en sentencia del 8 de septiembre de 2020, el Tribunal Superior
de Cali, Sala Laboral ordenó el reconocimiento y pago de la pensión de
sobrevivientes en igual porcentaje a Daicy Emilia García Rentería y María Salvadora
Maturana Córdoba se configuró la cosa juzgada.
6.4. Propuso las excepciones de i) cosa juzgada; y ii) genérica e innominada.
1.3. La sentencia apelada
7. El Tribunal Administrativo de Risaralda, en sentencia proferida el 21 de septiembre
de 2023, negó las pretensiones de la demanda. Para tal efecto, luego de realizar un
recuento legal y jurisprudencial aplicable al asunto, fundamentó su decisión en lo
siguiente 6:
7.1. Si bien de la confrontación del proceso 76001-31-05-011-2017-00029-01, con el
asunto bajo examen se evidenció la identidad de partes y causa petendi, lo cierto
es que respecto del objeto no sucede igual, por cuanto la discusión en el proceso
ordinario laboral giró en torno al reconocimiento y pago de la pensión de
sobreviviente por convivencia simultánea de Daicy Emilia García Rentería y María
Salvadora Maturana Córdoba con Óscar Emilio Maturana Córdoba, es decir que en
dicha instancia no se debatió la legalidad de las resoluciones GNR172833 del 15 de
junio de 2016 y GNR388800 del 23 de diciembre de esa anualidad.
7.2. Las sentencias proferidas en la jurisdicción ordinaria laboral no imposibilitan
5 Ibidem, 14_014CONTESTACIONTERCERAVINCULADA(.PDF) NroActua 10.
6 Samai del tribunal, índice 26.
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Demandante: Colpensiones
proferir una decisión de fondo respecto de la legalidad de un acto administrativo
pues se desconocería «la competencia otorgada por el legislador como por la Carta
Política (artículos 236 a238) a los jueces de lo contencioso administrativo, para que a través
de los medios de control previstos en los artículos 135 y siguientes del CPACA decidan
acerca de la legalidad e los diferentes actos que expide la administración» (sic).
7.3. Las providencias del 21 de junio de 2019 y del 8 de septiembre de 2020,
proferidas por la jurisdicción ordinaria dejan sin fundamento las afirmaciones
expuestas en la investigación administrativa especial, la cual se fundó en
declaraciones de personas que niegan el requisito de convivencia y, por el contrario,
dan cuenta que tanto Daicy Emilia García Rentería como María Salvadora Maturana
Córdoba, durante los últimos 5 años de vida, convivieron simultáneamente con
Óscar Emilio Maturana Córdoba.
7.4. De tal manera que, por virtud del artículo 53 Constitucional, debe privilegiarse la
interpretación que da lugar al alcance de las pruebas que se tuvieron en cuenta para
el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes a favor de la demandada dentro
del proceso ordinario laboral, por ser más favorable, máxime cuando dichas
providencias fueron proferidas con la participación de Colpensiones garantizándole
el debido proceso y su derecho de contradicción «así mismo como allegar la
investigación administrativa interna que evidencia la supuesta irregularidad en la obtención
del derecho pensional» (sic).
7.5. El hecho de que la parte actora pretenda argumentar que el reconocimiento
pensional se efectuó con fundamento en documentos fraudulentos y no allegue al
plenario elementos de juicio para demostrarlo, impide que el juez descalifique o
reste valor probatorio a los actos de reconocimiento y reliquidación pensional.
7.6. No fue aportada la actuación administrativa que permita comprobar que se
realizó con la anuencia de la demandada, a efectos de garantizar el derecho al
debido proceso, por tanto «no es posible avalar una investigación interna de
Colpensiones sin la prueba de la vinculación del afectado (…) pues la eventual irregularidad
en la obtención del derecho pensional no justifica» una actuación ilegítima por parte de
la entidad para «desaparecer del mundo jurídico el reconocimiento pensional».
1.4. El recurso de apelación
8. Colpensiones interpuso recurso de apelación con base en las siguientes
consideraciones7:
7 Samai del tribunal, índice 31.
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9.1. Los actos administrativos demandados fueron expedidos con violación de las
normas en que debían fundarse, por cuanto la demandada accedió al beneficio
pensional valida de declaraciones extrajuicio que carecían de veracidad. Lo anterior,
teniendo en cuenta que el material probatorio recaudado en la investigación
administrativa especial logró determinar que «presuntamente» se configuraron los
delitos de estafa agravada, fraude procesal y falsedad en documento público.
9.2. La negativa de las pretensiones de la demanda atenta contra la estabilidad
financiera del sistema general de pensiones, porque «la señora Rosalba Reyes Cuero
busca inducir en error a Colpensiones» y que tal propósito se efectuó con el
reconocimiento de una prestación con fundamento en documentación falsa.
1.5. Intervenciones en segunda instancia
10. Conforme con el numeral 3 del artículo 247 del CPACA, modificado por el artículo
67 de la Ley 2080 de 2021, en cuanto no fue necesario el decreto de pruebas, no
hubo traslado a las partes para alegar.
1.6. El Ministerio Público
11. El procurador tercero delegado ante el Consejo de Estado rindió concepto en el
que solicitó confirmar la sentencia de primera instancia, porque de las lecturas de
las declaraciones de personas relativamente cercanas a las 2 compañeras
permanentes, se extrae que Óscar Emilio Maturana Córdoba mantuvo una
convivencia simultánea con ellas, y creó lazos de apoyo afectivo y económico en
los 2 núcleos familiares8.
2. Consideraciones
2.1. Cuestión previa
12. Previo a resolver el objeto del litigio, se advierte que el Congreso de la República
expidió la Ley 2381 del 16 de julio de 2024, con la que « se establece el sistema de
protección social integral para la vejez, invalidez y muerte de origen común, y se dictan
otras disposiciones» y mediante la cual modificó el término de caducidad «para ejercer
acciones administrativas y contencioso administrativas respecto de las pensiones
reconocidas» que, además, se hizo extensivo a las acciones « que estén en curso, [a
las que] se les aplicará la caducidad a partir de la vigencia de esta ley».
13. En torno a la caducidad, la norma previó lo siguiente:
8 Samai, índice 10.
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«Artículo 86. Término para ejercer acciones administrativas y contencioso
administrativas respecto de las pensiones reconocidas. Las acciones
administrativas y contencioso administrativas, no podrán ser ejercidas después de cinco
(5) años a partir del reconocimiento de las pensiones otorgadas por las entidades
facultadas para ello a excepción y cuando se trate de fraude o con ocurrencia de algún
delito a las pensiones reconocidas sobre las cuales se hayan iniciado acciones
administrativas y/o contencioso administrativas después de cinco (5) años de
haber sido reconocidas, y que estén en curso, se les aplicará la caducidad a partir
de la vigencia de esta ley. Los procesos con respecto a los cuales se hayan ejercido
acciones administrativas y/o contenciosas, y respecto a las cuales ya se haya decidido,
podrán ser susceptibles del recurso Extraordinario de Revisión, para lo cual se tendrá un
término de cinco (5) años a partir de la vigencia de esta ley». [Se resalta].
14. En ese orden, en razón a que, de acuerdo con la literalidad de la norma, la
modificación contenida en el referido artículo 86 se debe aplicar al presente asunto,
puesto que se trata de una demanda con la que se pretende la nulidad de los actos
con los que fue reconocida una pensión, se procederá a efectuar control de
legalidad con el fin de verificar si es procedente proferir una sentencia que resuelva
el fondo de la controversia planteada en el sub judice o si, por el contrario, hay lugar
a dar por terminado el asunto por falta de uno de los presupuestos procesales del
medio de control, este es, por caducidad.
15. La caducidad, como lo ha señalado esta subsección hace referencia a «aquel
fenómeno jurídico de orden público que, en desarrollo del principio de la seguridad jurídica,
implica la extinción o pérdida del derecho a promover acciones judiciales para reclamar los
derechos individuales y subjetivos como consecuencia del vencimiento del plazo
establecido por la ley para su ejercicio. Este presupuesto procesal se configura como una
sanción y un límite temporal que, al cumplirse, limita e invalida la posibilidad de acudir al
aparato jurisdiccional del Estado para presentar acciones y medios de control por ejercerlos
de manera tardía»9.
16. En relación con el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
cuando se pretenda la nulidad de los actos que reconozcan o nieguen total o
parcialmente prestaciones periódicas, la demanda se podrá presentar en cualquier
tiempo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 164.c del CPACA.
17. Sin embargo, de acuerdo con la norma contenida en la Ley 2381 de 2024, el asunto
en estudio debe ser analizado bajo el aparte según el cual «a las pensiones reconocidas
sobre las cuales se hayan iniciado acciones administrativas y/o contencioso administrativas
después de cinco (5) años de haber sido reconocidas, y que estén en curso, se les aplicará la
9 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, providencia del 12 de diciembre de 2023,
proferida en el proceso 76001-23-33-000-2021-00201-01 (0709-2023), C.P. Juan Enrique Bedoya
Escobar.
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Demandante: Colpensiones
caducidad a partir de la vigencia de esta ley»; por lo que, se debe determinar si hay lugar
a declarar la caducidad del presente medio de control, puesto que la pensión objeto
de discusión fue reconocida mediante la Resolución 009352 del 15 de abril de 2010,
esto es, hace más de 5 años.
18. Al respecto, se advierte que la disposición en comento fue expedida con
fundamento en las funciones asignadas al Congreso de la República en el artículo
150 de la Constitución Política, sin embargo, como lo ha señalado la Corte
Constitucional10 esta atribución que le permite «regular los procedimientos, las etapas,
los términos, los efectos y demás aspectos de las instituciones procesales en general»
tiene como límite la materialización de los derechos fundamentales al debido
proceso y de acceso a la administración de justicia, a través del establecimiento de
«reglas que consolidan la seguridad jurídica, la racionalidad, el equilibrio y finalidad de los
procesos, y permiten desarrollar el principio de legalidad propio del Estado Social de
Derecho».
19. Ahora bien, la interpretación que el juez realice de las normas procesales debe
propender por la efectivización de los referidos postulados constitucionales, en ese
sentido se pronunció la Corte Constitucional al señalar:
«En este sentido, la doctrina constitucional ha considerado que la competencia
normativa del legislador resulta acorde con el estatuto superior, siempre y cuando tenga
en cuenta los siguientes aspectos: i) que atienda los principios y fines del Estado tales
como la justicia y la igualdad entre otros; ii) que vele por la vigencia de los derechos
fundamentales de los ciudadanos que en el caso procesal civil puede implicar derechos
como el debido proceso, defensa y acceso a la administración de justicia (artículos 13,
29 y 229 C.P.); iii) que obre conforme a los principios de razonabilidad y proporcionalidad
en la definición de las formas y iv) que permita la realización material de los derechos y
del principio de la primacía del derecho sustancial sobre las formas (artículo 228 C.P.)».
20. Lo expuesto, tiene especial relevancia si se tiene en cuenta que la caducidad es la
institución procesal a través de la cual el legislador establece un plazo perentorio para
el ejercicio del medio de control, lo que puede conllevar a la pérdida del derecho de
acudir a la jurisdicción, es decir, a la extinción del derecho fundamental de acceso a la
administración de justicia. Aunque esta limitación encuentra sustento en principios
constitucionales como el de la seguridad jurídica, en la medida en que impone una
consecuencia adversa a quien de manera negligente acude de forma tardía a la
jurisdicción, debe leerse de manera restrictiva.
21. Así las cosas, pese a que la Ley 2381 de 2024 entró a regir a partir de la fecha de
10 Corte Constitucional, sentencia C-227 de 2009.
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su sanción [16 de julio de 2024]11 y que, de acuerdo con el mencionado artículo 86,
en los procesos judiciales en los que se discuta el reconocimiento pensional que se
encuentren en curso «se les aplicará la caducidad a partir de la vigencia [de esa ley]», se
considera que la aplicación de esta figura procesal cuando se está ante un tránsito
legislativo, debe estudiarse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 de la
Ley 153 de 188712, según la cual:
«Artículo 40. Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios
prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir.
Sin embargo, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias
convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr,
los incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo, se regirán por las leyes
vigentes cuando se interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las
audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes
o comenzaron a surtirse las notificaciones.
La competencia para tramitar el proceso se regirá por la legislación vigente en el
momento de formulación de la demanda con que se promueva, salvo que la ley elimine
dicha autoridad.» [se resalta].
22. Lo anterior, puesto que es la interpretación que materializa principios como el de la
seguridad jurídica y el de la confianza legítima, en tanto, quien se encuentra legitimado
para acudir a la jurisdicción tiene derecho a que se mantengan las reglas de juego que
se encontraban vigentes cuando surgió dicha legitimación y que, si el legislador en
ejercicio de la configuración legislativa decide modificarlas, se establezca un régimen
o parámetros de transición que protejan y le permitan efectivizar sus derechos
fundamentales, como en el caso en estudio, el acceso a la administración de justicia.
Lo contrario conllevaría a desconocer estas garantías fundamentales de manera
arbitraria y sin justificación alguna.
23. En orden con lo expuesto, se advierte que las normas que establecen el término
de caducidad como presupuesto para acceder a la administración de justicia se
enmarcan dentro de aquellas leyes que establecen las reglas de «sustanciación y
ritualidad de los juicios», por lo que, de conformidad con lo dispuesto en el inciso 2
del artículo 40 de la Ley 153 de 1887, se debe regir por aquellas disposiciones que
se encontraban vigentes cuando empezaron a correr los términos. Así las cosas, en
situaciones como la del sub judice, en la que el término para presentar la demanda
inició y esta se presentó dentro de los términos procesales que se encontraban
vigentes en ese momento, se entiende que este presupuesto procesal se debe
11 Salvo en lo relacionado con el «Sistema de Protección Social Integral para la Vejez, invalidez y
Muerte de origen común» que por disposición expresa del artículo 93 entrará en vigor a partir del 1°
de julio de 2025.
12 Modificado por el artículo 624 de la Ley 1564 de 2012.
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Demandante: Colpensiones
analizar a la luz de las normas que se encontraban vigentes en esa data, esto es,
el artículo 164.c del CPACA, según el cual, el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho en los que se pretenda la nulidad de los actos con los
que se reconozcan prestaciones periódicas podía presentarse en cualquier tiempo.
24. Se precisa que la interpretación de las normas que rigen la caducidad cuando se
está ante un cambio normativo, deben estudiarse en cada caso, puesto que la lectura
puede variar, por ejemplo, en aquellas situaciones en las que el reconocimiento
pensional se efectuó con anterioridad a la modificación de la norma procesal, pero la
demanda se presentó cuando ya se encontraba en vigor, puesto que, este despacho
no desconoce la premisa de la que parte el referido artículo 40, según la cual, las
«leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las
anteriores desde el momento en que deben empezar a regir».
25. Empero, en casos como el que nos ocupa, en los que la demanda se presentó
cuando estaba vigente la disposición según la cual se podía acudir al medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho en cualquier tiempo, y en virtud de ella se
admitió la demanda, se adelantó el trámite pertinente, se profirió sentencia de primera
instancia y se dio trámite al recurso de apelación contra esa sentencia, resultaría una
vulneración del debido proceso entender que el tránsito legislativo impactó en el
asunto al punto de desconocer que las puertas de la administración de justicia ya se
habían abierto y se había permitido que se adelantara el juicio de legalidad propuesto.
26. En efecto, en este caso, el 6 de mayo de 2021 13, el magistrado ponente del
Tribunal Administrativo de Risaralda, admitió la demanda que presentó
Colpensiones al considerar que cumplió con los requisitos legales. Posteriormente,
en sentencia proferida el 21 de septiembre de 202314 negó las súplicas de la
demanda, decisión que fue recurrida en sede de apelación por la administradora y
cuyo recurso fue concedido por el tribunal y admitido por esta corporación.
27. Adicional a lo expuesto, en tanto la caducidad del medio de control se constituye
en la extinción del derecho sustancial de acceso a la administración de justicia, como
consecuencia del actuar negligente de quien se encuentra legitimado para accionar la
jurisdicción, sería contrario al principio de legalidad y a la Constitución aplicar esta
consecuencia desfavorable a quien, amparado en el ordenamiento jurídico acudió a
demandar sus derechos dentro del término previsto por el legislador, con sustento en
una reforma normativa, puesto que, no se podría predicar dicha conducta negligente
frente a reglas que no existían en ese momento, es decir que se expidieron con
posterioridad. Esto cobra mayor relevancia, cuando el ejercicio del presente medio de
13 Samai del tribunal, índice 6.
14 Samai del tribunal, índice 26.
11
Radicado: 66001-23-33-000-2020-00427-01 (7795-2023)
Demandante: Colpensiones
control se motivó en un interés general, esto es, propender por la estabilidad financiera
del sistema pensional.
28. Así las cosas, pese a la modificación introducida por la Ley 2381 de 2024 se
advierte que la demanda presentada por Colpensiones tendiente a la declaratoria
de nulidad de los actos demandados, se presentó dentro del término previsto por
las normas procesales que regían los presupuestos del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho para ese momento, según las cuales, cuando este
se dirija «contra actos que reconozcan o nieguen total o parcialmente prestaciones
periódicas» se podía presentar en cualquier tiempo.
29. Por lo expuesto se declarará que en el asunto en estudio no hay lugar a aplicar el
término de caducidad previsto en el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024.
2.2. Problema jurídico
30. Con fundamento en los argumentos expuestos en el escrito de apelación 15, el
problema jurídico se contrae a determinar si ¿es procedente la nulidad del acto
administrativo que reconoció la pensión de sobreviviente a favor de María Salvadora
Maturana Córdoba, por presuntamente haber accedido al beneficio pensional valida
de declaraciones que carecían de veracidad?
2.2. Marco normativo
2.2.1. Sobre el régimen legal de la pensión de sobrevivientes
31. Esta Corporación ha señalado que la muerte constituye una contingencia del
sistema de seguridad social, pues busca proteger al grupo familiar del causante de
una prestación de forma que se garantice su subsistencia, propósito con el cual se
permite el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes o la sustitución de la
prestación, con el fin de evitar un cambio sustancial en las condiciones mínimas de
vida de aquellos16.
32. En tal sentido, la sustitución es una prerrogativa a favor del núcleo familiar de un
pensionado cuando ocurre su deceso o del afiliado que cumple con los requisitos
legalmente exigibles para ello, pero fallece; mientras que la pensión de
sobreviviente es aquella prestación que se otorga a los familiares del afiliado no
15 Que delimita el marco de la competencia del juez de segunda instancia, pues así lo establece el
artículo 328 de la Ley 1564 de 2012.
16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, sentencia de 2 de
octubre de 2014, expediente 08001-23-31-000-2001-02315-01 (964-12), C.P. Gerardo Arenas
Monsalve
12
Radicado: 66001-23-33-000-2020-00427-01 (7795-2023)
Demandante: Colpensiones
pensionado que fallece sin cumplir con los requisitos mínimos para obtener la
prestación17.
33. Para la Sala no cabe duda que en los asuntos relativos al derecho a pensión de
sobrevivientes la prestación se genera a partir de la muerte del causante y, por lo
tanto, en principio, la normativa aplicable es la vigente al momento de la ocurrencia
del deceso18.
34. La pensión de sobrevivencia se reguló en la Ley 33 de 1973, «[p]or la cual se
transforman en vitalicia las pensiones de las viudas», en la que se previó en forma
general el derecho a la sustitución pensional y derogó tácitamente el límite temporal
máximo de 5 años señalado para el disfrute del reconocimiento de la prestación en
cita, al preceptuar:
«[…] Artículo 1º. Fallecido el particular pensionado o con derecho a pensión de
jubilación, invalidación o vejez, o un empleado o trabajador del sector público, sea este
oficial o semioficial con el mismo derecho, su viuda podrá reclamar la respectiva pensión
en forma vitalicia.
Parágrafo 1º. Los hijos menores del causante, incapacitados para trabajar por razón de
sus estudios o por invalidez, que dependieren económicamente de él, tendrán derecho
a recibir en concurrencia con la cónyuge supérstite, la respectiva pensión hasta cumplir
la mayoría de edad, o al terminar sus estudios, o al cesar la invalidez. En este último
caso se aplicarán las reglas contempladas en el artículo 275 del Código Sustantivo del
Trabajo y en las disposiciones que lo modificaron y aclararon. Si concurrieren cónyuges
e hijos la mesada pensional se pagará, el 50% al cónyuge y el resto para los hijos por
partes iguales. La cuota parte de la pensión que devenguen los beneficiarios acrecerá a
la que perciben los demás cuando falte alguno de ellos o cuando el cónyuge contraiga
nuevas nupcias o haga vida marital.
Parágrafo 2º. A las viudas que se encuentren en la actualidad disfrutando, o tengan
derecho causado a disfrutar, de los cinco (5) años de sustitución de la pensión, les queda
prorrogado su derecho dentro de los términos de esta Ley. […]».
35. La Ley 12 de 197519 exigía que el trabajador o empleado completara el tiempo
de servicio para el reconocimiento de la pensión de sobreviviente, de manera que
si fallecía antes de cumplir la edad cronológica para tener derecho a la pensión de
jubilación, había lugar a la sustitución pensional, así:
«[…] Artículo 1° El cónyuge supérstite, o la compañera permanente, de un
trabajador particular o de un empleado o trabajador del sector público y sus hijos
17 Sentencia T-564 de 2015
18 Al respecto de pueden consultar: (i) del Consejo de Estado, sala de lo contencioso administrativo,
sección segunda, subsección A, sentencia de 1° de septiembre de 2014, C. P. Luis Rafael Vergara
Quintero; y (ii) de la Corte Constitucional, sentencia T-217 de 2012, M. P. Nilson Pinilla Pinilla.
19 “por la cual se dictan algunas disposiciones sobre régimen de pensiones de jubilación.”
13
Radicado: 66001-23-33-000-2020-00427-01 (7795-2023)
Demandante: Colpensiones
menores o inválidos, tendrán derecho a la pensión de jubilación del otro cónyuge
si este falleciere antes de cumplir la edad cronológica para esta prestación, pero
que hubiere completado el tiempo de servicio consagrado para ella en la Ley o
en convenciones colectivas. […]»).
36. Posteriormente, la Ley 100 de 1993, en su versión original, sobre la pensión de
sobrevivientes dispuso:
«[…] Artículo 46. Requisitos para obtener la pensión de sobrevivientes. Tendrán derecho
a la pensión de sobrevivientes:
1. Los miembros del grupo familiar del pensionado por vejez, o invalidez por riesgo
común, que fallezca.
2. Los miembros del grupo familiar del afiliado que fallezca, siempre que éste hubiere
cumplido alguno de los siguientes requisitos:
a) Que el afiliado se encuentre cotizando al sistema y hubiere cotizado por lo menos
veintiséis (26) semanas al momento de la muerte, y
b) Que habiendo dejado de cotizar al sistema, hubiere efectuado aportes durante por lo
menos veintiséis (26) semanas del año inmediatamente anterior al momento en que se
produzca la muerte.
PARAGRAFO. Para efectos del cómputo de las semanas a que se refiere el presente
artículo se tendrá en cuenta lo dispuesto en los parágrafos del artículo 33 de la presente
ley.
Artículo 47. Beneficiarios de la pensión de sobrevivientes. Son beneficiarios de la
pensión de sobrevivientes:
a) En forma vitalicia, el cónyuge o la compañera o compañero permanente supérstite.
En caso de que la pensión de sobrevivencia se cause por muerte del pensionado, el
cónyuge o la compañera o compañero permanente supérstite, deberá acreditar que
estuvo haciendo vida marital con el causante por lo menos desde el momento en que
éste cumplió con los requisitos para tener derecho a una pensión de vejez o invalidez
hasta su muerte, y haya convivido con el fallecido no menos de dos (2) años continuos
con anterioridad a su muerte, salvo que haya procreado uno o más hijos con el
pensionado fallecido;
b) Los hijos menores de 18 años; los hijos mayores de 18 años y hasta los 25 años,
incapacitados para trabajar por razón de sus estudios y si dependían económicamente
del causante al momento de su muerte; y, los hijos inválidos si dependían
económicamente del causante, mientras subsistan las condiciones de invalidez;
c) A falta del cónyuge, compañero o compañera permanente e hijos con derecho, serán
beneficiarios los padres del causante si dependían económicamente de éste, y
d) A falta de cónyuge, compañero o compañera permanente, padres e hijos con derecho,
serán beneficiarios los hermanos inválidos del causante si dependían económicamente
de éste. […]»
37. De lo anterior se colige que, con el régimen general de pensiones, los
beneficiarios de la pensión de sobrevivientes tendrán derecho a la prestación si el
afiliado al sistema que falleció cotizó por lo menos 26 semanas al momento de la
muerte o si era inactivo efectuó igual cantidad de aportes dentro del año
inmediatamente anterior al momento en que se produjo la muerte -con anterioridad
a la modificación introducida por la referida Ley 797 de 2003-.
14
Radicado: 66001-23-33-000-2020-00427-01 (7795-2023)
Demandante: Colpensiones
2.2.2. Cosa juzgada
38. La cosa juzgada es una institución jurídica que le impide al juez pronunciarse
sobre el fondo de un asunto cuando advierte que frente al objeto del litigio planteado
se ha proferido previamente una decisión judicial, la cual, además tiene como
efectos procesales la «inmutabilidad y definitividad de la decisión» y como efectos
sustanciales la de dar «certeza a la relación jurídica objeto de litigio»20.
39. Esto es, se trata de una institución jurídico-procesal «mediante la cual se otorga a
las decisiones plasmadas en una sentencia y en algunas otras providencias, el carácter de
inmutables, vinculantes y definitivas. Los citados efectos se conciben por disposición
expresa del ordenamiento jurídico para lograr la terminación definitiva de controversias y
alcanzar un estado de seguridad jurídica. De esta definición se derivan dos consecuencias
importantes. En primer lugar, los efectos de la cosa juzgada se imponen por mandamiento
constitucional o legal derivado de la voluntad del Estado, impidiendo al juez su libre
determinación, y en segundo lugar, el objeto de la cosa juzgada consiste en dotar de un
valor definitivo e inmutable a las providencias que determine el ordenamiento jurídico. Es
decir, se prohíbe a los funcionarios judiciales, a las partes y eventualmente a la comunidad,
volver a entablar el mismo litigio21».
40. En el ordenamiento jurídico colombiano actual, esta figura jurídica se encuentra
prevista en el artículo 303 del Código General del Proceso, según el cual «la
sentencia ejecutoriada proferida en proceso contencioso tiene fuerza de cosa juzgada
siempre que el nuevo proceso verse sobre el mismo objeto, se funde en la misma causa
que el anterior y entre ambos procesos haya identidad jurídica de partes.»
41. De acuerdo con la disposición del referido estatuto procesal, para que se
configure, el juez debe verificar necesariamente la existencia de tres elementos,
estos son: i) identidad de objeto, ii) identidad de causa e iii) identidad jurídica de
partes. Estos elementos han sido definidos por la jurisprudencia constitucional en
los siguientes términos22:
«- Identidad de objeto, es decir, la demanda debe versar sobre la misma pretensión
material o inmaterial sobre la cual se predica la cosa juzgada. Se presenta cuando
sobre lo pretendido existe un derecho reconocido, declarado o modificado sobre una
o varias cosas o sobre una relación jurídica. Igualmente se predica identidad sobre
aquellos elementos consecuenciales de un derecho que no fueron declarados
expresamente.
20 Sentencia C-100 de 2019.
21 Sentencia C-774 de 2001.
22 Sentencia C-774 de 2001.
15
Radicado: 66001-23-33-000-2020-00427-01 (7795-2023)
Demandante: Colpensiones
• Identidad de causa petendi (eadem causa petendi), es decir, la demanda y la
decisión que hizo tránsito a cosa juzgada deben tener los mismos fundamentos o
hechos como sustento. Cuando además de los mismos hechos, la demanda
presenta nuevos elementos, solamente se permite el análisis de los nuevos
supuestos, caso en el cual, el juez puede retomar los fundamentos que constituyen
cosa juzgada para proceder a fallar sobre la nueva causa.
• Identidad de partes, es decir, al proceso deben concurrir las mismas partes e
intervinientes que resultaron vinculadas y obligadas por la decisión que constituye
cosa juzgada.»
42. Asimismo, es pertinente resaltar que el referido artículo 303, de manera expresa,
solo establece como excepción a la cosa juzgada el recurso extraordinario de
revisión. En ese sentido señala que «[l]a cosa juzgada no se opone al recurso
extraordinario de revisión».
43. Ahora bien, el artículo 182A del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, le impone al juez contencioso el deber de dictar
sentencia anticipada, en cualquier estado del proceso cuando encuentre probada la
cosa juzgada.
44. De acuerdo con lo expuesto, es claro que la institución jurídico procesal de la
cosa juzgada conlleva para el funcionario judicial la prohibición de emitir
pronunciamiento sobre aquellos asuntos que previamente han sido objeto de una
decisión judicial de fondo.
2.3. Caso concreto
2.3.1. Hechos probados
45. En atención al objeto de la apelación, en el expediente se encuentra acreditado
lo siguiente:
45.1. Óscar Emilio Maturana Córdoba nació el 20 de enero de 195723 y falleció el 23
de febrero de 201624.
45.2. Prestó sus servicios en los sectores público y privado con un acumulado de
alrededor de 1466 semanas de cotización, así25:
23 Según la cédula de ciudadanía, visible en samai, índice 10,
27_027ANEXOSSUBSANACIONARCHIVO006(.pdf) NroActua 10, folio 408.
24 Ibidem, folio 405.
25 Según la información contenida en la Resolución GNR172833 del 15 de junio de 2016.
16
Radicado: 66001-23-33-000-2020-00427-01 (7795-2023)
Demandante: Colpensiones
Empleador Desde Hasta Novedad Días cotizados
LAGOBO LTDA 1977/10/11 1977/10/31 Tiempo Servicios 21
LAGOBO LTDA 1977/11/01 1978/02/28 Tiempo Servicios 120
Depto de Risaralda 1978/03/15 1982/07/31 Tiempo Servicios 1576
321 Glottmann SA 1979/09/18 1979/12/31 Tiempo Servicios 105
321 Glottmann SA 1980/01/01 1980/02/12 Tiempo Servicios 43
Contraloría General de Tiempo Servicios
1982/08/05 1987/12/31 1946
la República
371 Fiscalía General de Tiempo Servicios
1994/06/01 1994/06/29 29
la Nación
371 Fiscalía General de Tiempo Servicios
1994/06/30 1994/09/30 93
la Nación
371 Fiscalía General de Tiempo Servicios
1994/10/01 1994/12/31 92
la Nación
1 Fiscalía Seccional Tiempo Servicios
1995/01/01 1995/02/28 60
Quibdó
1 Fiscalía Seccional Tiempo Servicios
1995/03/01 1995/03/31 30
Quibdó
1 Fiscalía Seccional Tiempo Servicios
1995/04/01 1995/06/30 90
Quibdó
1 Fiscalía Seccional Tiempo Servicios
1995/07/01 1995/07/31 30
Quibdó
1 Fiscalía Seccional Tiempo Servicios
1995/08/01 1995/09/20 50
Quibdó
2 Fiscalía Seccional Tiempo Servicios
1995/10/01 1996/01/31 120
Pereira
2 Fiscalía Seccional Tiempo Servicios
1996/02/01 1996/02/29 30
Pereira
2 Fiscalía Seccional Tiempo Servicios
1996/03/01 1999/09/13 1274
Pereira
2 Fiscalía Seccional Tiempo Servicios
1999/10/01 2004/02/29 1590
Pereira
1 Fiscalía Seccional Tiempo Servicios
2004/03/01 2004/11/15 255
Quibdó
1 Fiscalía Seccional Tiempo Servicios
2004/12/01 2004/12/01 1
Quibdó
1 Fiscalía Seccional Tiempo Servicios
2005/11/01 2006/02/28 120
Quibdó
INCI 2006/05/01 2006/05/16 Tiempo Servicios 16
INCI 2006/06/01 2007/10/31 Tiempo Servicios 510
Oscar Emilio Maturana Tiempo Servicios
2009/11/01 2010/09/30 330
Córdoba
3 Fiscalía Seccional Tiempo Servicios
2010/09/01 2010/09/01 1
Cali
3 Fiscalía Seccional Tiempo Servicios
2010/10/01 2013/02/13 857
Cali
3 Fiscalía Seccional Tiempo Servicios
2013/03/01 2013/03/17 17
Cali
3 Fiscalía Seccional Tiempo Servicios
2013/04/01 2013/04/17 17
Cali
3 Fiscalía Seccional 2013/05/01 2013/05/17 Tiempo Servicios 17
17
Radicado: 66001-23-33-000-2020-00427-01 (7795-2023)
Demandante: Colpensiones
Cali
3 Fiscalía Seccional Tiempo Servicios
2013/06/01 2016/02/23 983
Cali
Dept o de Risaralda 60 días
Total días cotizados 10263
Total semanas cotizadas 1466
45.3. El 29 de abril de 2016, María Salvadora Maturana Córdoba y Óscar Eduardo
Maturana Maturana, compañera permanente e hijo «estudiante 18-25 años»,
respectivamente, solicitaron el reconocimiento y pago de la pensión de
sobreviviente de Óscar Emilio Maturana Córdoba26. Para tal efecto, aportaron como
pruebas algunas declaraciones juramentadas de la convivencia marital, certificados
de estudios y registro civil de nacimiento27.
45.4. Mediante la Resolución GNR172833 del 15 de junio de 2016, Colpensiones
reconoció y ordenó el pago de una pensión de sobreviviente a favor de María
Salvadora Maturana Córdoba y Óscar Eduardo Maturana Maturana, dividida en
porcentaje de 50% para la compañera permanente y el otro 50% para el hijo,
efectiva a partir del 23 de febrero de 2016 y en cuantía individual de $2’151.236 28.
45.5. Según el informe técnico de investigación del 11 de noviembre de 2016, el
gerente de reconocimiento, proyecto Colpensiones, Departamento de
Investigaciones, Consorcio CONSIENTE concluyó que María Salvadora Maturana
Córdoba y Oscar Emilio Maturana Córdoba «convivieron como pareja hasta el día del
fallecimiento, de esa relación existen dos hijos y se puede establecer que dependía
económicamente de su esposo»29 (sic).
45.6. A través de la Resolución GNR388800 del 23 de diciembre de 2016, el gerente
nacional de reconocimiento de la Vicepresidencia de Beneficios y Prestaciones de
Colpensiones i) reliquidó la prestación reconocida a María Salvadora Maturana
Córdoba; ii) dejó en suspenso la mesada reconocida a Óscar Eduardo Maturana
Maturana, hasta tanto acreditara la certificación de estudios; y iii) negó las súplicas
de Daicy Emilia García Rentería, compañera permanente del causante, por haberse
reconocido la prestación al hijo y la compañera permanente del cotizante30.
45.7. A través de la Resolución SUB179046 del 4 de julio de 2018, en consideración
a lo señalado en el «acta de audiencia 087 del 26 de febrero de 2018, proferida por el
26 Samail de tribunal, índice 10, 27_027ANEXOSSUBSANACIONARCHIVO006(.pdf) NroActua 10,
folios 403 al 404.
27 Ibidem, folios 410 al 413 y del 423 al 425.
28 Ibidem, folios 46 al 54.
29 Ibidem, folios 542 al 563.
30 Ibidem, folios 133 al 142.
18
Radicado: 66001-23-33-000-2020-00427-01 (7795-2023)
Demandante: Colpensiones
Juzgado Once Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Cali»,
Colpensiones dejó en suspenso el derecho correspondiente al 100% de la pensión
de sobrevivientes ocasionada por el fallecimiento de Óscar Emilio Maturana
Córdoba, hasta determinar, si María Salvadora Maturana Córdoba tenía derecho a
la prestación31.
45.8. Con auto 1721 del 12 de julio de 201832, Colpensiones dio apertura a una
investigación administrativa especial con el fin de verificar en forma oficiosa los
soportes que sirvieron de fundamento para la expedición de la Resolución
GNR172933 del 15 de junio de 2016; y por medio del auto 1326 del 27 de agosto
de 201933, el gerente de prevención del fraude de Colpensiones cerró la
investigación administrativa especial en contra de María Salvadora Maturana
Córdoba y ordenó remitir dicha decisión a i) la Dirección de Determinación de
Derechos «para que dentro del ámbito de sus competencias proced[ier]a a tomar la
decisión que corresponda frente al acto administrativo GNR172833 del 15 de junio de 2016»
(sic); y ii) a la Fiscalía General de la Nación a fin de que realizara «las labores
pertinentes dentro de la investigación N 76001000193201642412 que cursa en Cali» (sic).
45.9. Mediante sentencia del 21 de junio de 2019, el Juzgado Once Laboral del
Circuito de Oralidad de Cali declaró que Daicy Emilia García Rentería y María
Salvadora Maturana Córdoba, en su calidad de compañeras permanentes de Óscar
Emilio Maturana Córdoba, tenían derecho a la pensión de sobrevivientes con
ocasión del fallecimiento de aquel. Para tal fin, condenó a Colpensiones a pagar a
la primera de las mencionadas la prestación «en un 25% desde el 23 de febrero de
2016, hasta el 16 de octubre de 2017. Luego a partir del 17 de octubre de 2017, en cuantía
del 50%» (sic) y para la segunda, se ordenó «reactivar el pago de la prestación a partir
del 01 de agosto de 2018 fecha en la cual le fue suspendido»34 (sic).
45.10. Por medio de la Resolución SUB285505 del 16 de octubre de 2019, la entidad
revocó parcialmente los actos de reconocimiento y reliquidación de la pensión de
sobrevivientes (resoluciones GNR172833 del 15 de junio y GNR388800 del 23 de
diciembre de 2016), con fundamento en los artículos 19 de la Ley 797 de 2003 y
243 de la Ley 1450 de 2011, y en su lugar, negó el reconocimiento efectuado a favor
de María Salvadora Córdoba Maturana35.
45.11. En la Resolución SUB642 del 3 de enero de 2020, el subdirector de
31 Samail de tribunal, índice 10, 27_027ANEXOSSUBSANACIONARCHIVO006(.pdf) NroActua 10,
folios 397 al 403.
32 Ibidem, folios 394 al 396.
33 Ibidem, folios 222 al 232.
34 Ibidem, 14_014CONTESTACIONTERCERAVINCULADA(.PDF) NroActua 10, folios 16 al 23.
35 Ibidem, folios 296 al 312.
19
Radicado: 66001-23-33-000-2020-00427-01 (7795-2023)
Demandante: Colpensiones
determinación de la Dirección de Determinación de Prestaciones Económicas de
Colpensiones ordenó i) informarle a María Salvadora Córdoba Maturana que los
valores girados a su favor a título de «mesadas, retroactivos, aportes a salud y/o fondo
de solidaridad pensional» con ocasión de la pensión de sobrevivientes de Óscar Emilio
Córdoba Maturana «asciende a la suma $152.433.611»; y ii) remitir a la dirección de
procesos judiciales para que diera inicio a las acciones legales para recuperar los
dineros girados de forma irregular36 (sic).
45.12. El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, Sala Laboral, en sentencia del
8 de septiembre de 2020, modificó la sentencia del 21 de junio de 2019 por el
Juzgado Once Laboral del Circuito de Oralidad de Cali, en cuanto al valor del
retroactivo otorgado a las beneficiarias37.
45.13. Mediante la Resolución SUB125006 del 26 de mayo de 2021, el subdirector de
determinación de la Dirección de Determinación de Prestaciones Económicas de
Colpensiones dio cumplimiento a las sentencias proferidas por la jurisdicción
ordinaria laboral y, en consecuencia, reconoció la pensión de sobreviviente en un
porcentaje de 50% a favor de María Salvadora Córdoba Maturana y en igual
porcentaje a Daicy Emilia García Rentería38.
2.3.2. Valoración probatoria y análisis sustancial del caso concreto
46. Previo a abordar el análisis del problema jurídico, esta sala encuentra necesario
establecer si esta autoridad judicial se encuentra habilitada para pronunciarse de
fondo sobre el litigio, o si, operó la cosa juzgada, caso en el cual sería imposible emitir
pronunciamiento sobre aquellos asuntos que previamente han sido objeto de una
decisión judicial de fondo.
2.3.2.1. Análisis en torno a la cosa juzgada
47. Identidad de partes: encuentra la sala que en ambos asuntos Colpensiones
actuó como parte, en este como demandante y en aquel como demandado. En el
asunto que conoció la jurisdicción ordinaria, Daicy Emilia García Rentería fungió
como demandante y en este asunto, no fue vinculada al proceso. En tanto que María
Salvadora Maturana Córdoba y Oscar Eduardo Maturana Maturana fueron
vinculados a aquel asunto y, en este, solo aquella funge como demandada.
48. Identidad de objeto: se observa que las pretensiones de estos asuntos se
36 Ibidem, folios 314 al 336.
37 Ibidem, 14_014CONTESTACIONTERCERAVINCULADA(.PDF) NroActua 10, folios 24 al 60.
38 Ibidem, folios 68 al 80.
20
Radicado: 66001-23-33-000-2020-00427-01 (7795-2023)
Demandante: Colpensiones
circunscriben a:
48.1. Expediente con radicado 76001-31-05-011-2017-00029-01: el 9 de agosto de
2016 Daicy Emilia García Rentería solicitó el reconocimiento de la pensión de
sobrevinientes, con fundamento en que era compañera permanente del causante y,
ante su negativa por parte de Colpensiones el 1 de febrero de 2017 presentó
demanda ordinaria laboral en contra de la administradora.
48.2. Expediente con radicado 66001-23-33-000-2020-00427-01 asunto en estudio:
se demandó la nulidad de las resoluciones GNR172833 del 15 de junio de 2016,
mediante la cual, con ocasión del fallecimiento de Óscar Emilio Maturana Córdoba,
se reconoció y ordenó el pago de una pensión de sobrevivientes a favor de María
Salvadora Maturana Córdoba, cónyuge supérstite, en un porcentaje del 50%; y
GNR388800 del 23 de diciembre de 2016, a través de la cual se reliquidó la
prestación.
49. En consonancia con lo expuesto, advierte la Subsección que no existe identidad
de objeto entre los dos asuntos, por cuanto, aunque en los dos casos se pretendió
dejar sin efectos la decisión de la administración de reconocer la prestación a María
Salvadora Maturana Córdoba; además de que se demandó la nulidad de actos
diferentes, el asunto en estudio se fundamentó en una situación que surgió con
posterioridad a la que dio origen a la demanda presentada por Daicy Emilia García
Rentería, esto es la apertura de la investigación administrativa especial que ordenó
Colpensiones mediante Auto 1721 del 12 de julio de 2018, con el fin de verificar de
forma oficiosa los soportes que sirvieron de fundamento para la expedición de la
Resolución GNR172833 del 15 de junio de 2016.
50. Identidad de causa: En igual sentido los hechos que sustentan la demanda no
son los mismos en los dos asuntos, frente a lo cual, advierte la sala que si bien en
los dos se cuestionó el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, uno se
fundamentó en el derecho que alegaba tener Daicy Emilia García Rentería, y el otro
en la falsedad en que presuntamente había incurrido María Salvadora Maturana
Córdoba para acceder al beneficio pensional.
51. Así pues, esta corporación tiene competencia para pronunciarse sobre el fondo
del asunto, pues el asunto planteado por Colpensiones surge de una situación
nueva que traería como consecuencia un nuevo análisis que no ha sido objeto de
decisión.
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Radicado: 66001-23-33-000-2020-00427-01 (7795-2023)
Demandante: Colpensiones
2.3.2.2. Control jurisdiccional de legalidad sobre un acto revocado
52. Por otro lado, esta Sala encuentra necesario efectuar un pronunciamiento en
torno a lo siguiente:
53. Tal y como se advirtió en el recuento de los hechos probados, i) mediante la
Resolución GNR172833 del 15 de junio de 2016, Colpensiones reconoció y ordenó
el pago de una pensión de sobreviviente a favor de María Salvadora Maturana
Córdoba y Óscar Eduardo Maturana Maturana, la cual fue reliquidada con la
Resolución GNR388800 del 23 de diciembre de 2016; sin embargo, ii) a través de
la Resolución SUB179046 del 4 de julio de 2018, la entidad dejó en suspenso el
derecho correspondiente al 100% de la pensión reconocida; iii) en virtud de lo
dispuesto en la Resolución SUB285505 del 16 de octubre de 2019, revocó
parcialmente el acto de reconocimiento y, en su lugar, lo negó; y, finalmente iv) por
Resolución SUB125006 del 26 de mayo de 2021, dio cumplimiento a las sentencias
proferidas por la jurisdicción ordinaria laboral y reconoció la pensión de
sobreviviente en un porcentaje de 50% a favor de María Salvadora Córdoba
Maturana y en igual porcentaje a Daicy Emilia García Rentería.
54. La demanda que presentó Colpensiones en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho pretendió la declaratoria de nulidad de las
resoluciones GNR172833 del 15 de junio de 2016 y GNR388800 del 23 de
diciembre de 2016, a través de la cual se reliquidó la prestación.
55. La situación descrita podría implicar un análisis adicional en torno a la
ejecutividad de los actos acusados, como consecuencia de la orden de suspensión
de pago de la pensión dispuesta a través de la a través de la Resolución SUB179046
del 4 de julio de 2018 y la posterior pérdida de ejecutoriedad por motivo de la
revocatoria de esa decisión por virtud de lo señalado en la Resolución SUB285505
del 16 de octubre de 2019; no obstante, de acuerdo con lo que se expondrá a
continuación, esas situaciones no impiden un análisis de legalidad de estas
decisiones, comoquiera surtieron efectos jurídicos mientras se encontraban
vigentes.
56. En efecto, esta Corporación ha previsto que «la circunstancia que el acto administrativo
demandado haya sido derogado o hubiere operado la figura del decaimiento, no impide el
juicio de legalidad del mismo, en tanto este debe realizarse según las circunstancias vigentes
al momento de su expedición»39. A dicha conclusión se llega, comoquiera que i) los actos
39 Ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 5 de julio de 2006, radicado 25000-23-
26-000-1999-00482-01 (21051) M.P. Ruth Estella Correa Palacio; Consejo de Estado, Sección
Segunda, sentencia del 17 de diciembre de 2016, radicado 11001-03-25-000-2012-00571-00 (2139-
2012) M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez, entre otras.
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Radicado: 66001-23-33-000-2020-00427-01 (7795-2023)
Demandante: Colpensiones
administrativos gozan de presunción de legalidad, la cual solo puede ser desvirtuada
por el juez competente, y ii) los efectos del decaimiento, la derogatoria y la pérdida de
ejecutoria del acto administrativo tiene efectos ultractivos y no afectan su validez, pues
este puede seguir produciendo efectos, razón por la cual es válido el estudio de su
legalidad.
57. En efecto, pese a que un acto administrativo que crea, extingue o modifica una
situación jurídica particular sea retirado del ordenamiento jurídico, comoquiera que las
repercusiones de dicho acto tienen efectos únicamente hacia el futuro, esto es, ex
nunc40 los efectos de su revocatoria directa, decaimiento, o pérdida de fuerza
ejecutoria no pueden proyectarse de manera retroactiva, esto es, hacia el pasado o ex
tunc41, pues esta decisión produce nuevas situaciones jurídicas pero solo a partir de
su existencia. Sobre el particular, esta Corporación, en sentencia del 15 de agosto de
2013, señaló lo siguiente42:
«Lo anterior, esto es en relación con los efectos de la revocatoria de un acto administrativo,
no puede ser entendido de otra manera, toda vez que el acto administrativo revocado ha
producido sus efectos durante el tiempo en que se encontró vigente, en virtud al principio
de legalidad y a la ejecutividad y ejecutoriedad, estas últimas características intrínsecas al
acto administrativo. Así las cosas, resulta innegable entonces la obligación a la que se
enfrenta la administración y el administrado de cumplir lo dispuesto en un acto
administrativo, en tanto conserve la presunción de legalidad, la cual únicamente
desaparece con ocasión de su revocatoria directa o en virtud de una decisión judicial.
Tal como lo sostiene, en forma mayoritaria, la doctrina y la jurisprudencia, la revocatoria
directa de un acto administrativo no puede proyectar sus efectos de manera retroactiva,
esto es, hacia el pasado, ex tunc, en primer lugar, porque el acto revocatorio, o a través del
cual se revoca, tiene el carácter constitutivo de nuevas situaciones jurídicas, lo que implica
que sus efectos se producen a partir de su existencia, esto es, hacía el futuro y, en segundo
lugar, porque en virtud del principio de legalidad no hay duda de que el acto administrativo
ha cumplido sus efectos, a lo que se suma su ejecutividad y ejecutoriedad, entendidas éstas
como la eficacia que el acto comporta de cara a su cumplimiento, así como la capacidad
que tiene la administración para hacerlo cumplir sin necesidad de la intervención de
autoridad distinta».
58. Por lo expuesto, esta Subsección ha señalado43 que la revocación, el decaimiento,
40 Diccionario panhispánico del español jurídico, de la Real Academia Española
(https://dpej.rae.es/lema/ex-nunc): «Gral. Desde ahora. Expresión utilizada para determinar que las
leyes, los contratos y los actos no tienen, ordinariamente, eficacia hacia el pasado.
[…]».
41 Ibidem (https://dpej.rae.es/lema/ex-tunc): «Gral. Desde el inicio, desde entonces. Expresión que
se utiliza para determinar el tiempo que comprende la eficacia de determinadas normas, actos o
contratos».
42 Ver fallo de 15 de agosto de 2013, Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, M.P.
Gerardo Arenas Monsalve, radicación 25000-23-25-000-2006-00464-01 (2166-07).
43 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 25 de mayo de 2023, radicado
41001-23-33-000-2018-00314-01 (3448-2020), M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
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Radicado: 66001-23-33-000-2020-00427-01 (7795-2023)
Demandante: Colpensiones
o pérdida de fuerza ejecutoria del acto es una decisión administrativa que rige hacia
el futuro, por lo que el juez contencioso-administrativo es el competente para definir
sobre la procedencia o no de las causales de nulidad alegadas en contra de estas
decisiones y el que podrá pronunciarse en torno al restablecimiento del derecho
invocado, cuya decisión comporta efectos retroactivos al ordenar volver las cosas al
estado en el que inicialmente se encontraban44.
59. Así las cosas, en el marco de lo expuesto en párrafos anteriores, se recuerda
que, los efectos jurídicos de las resoluciones a través de las cuales Colpensiones
reconoció la pensión a la demandada se extendieron en el tiempo, en la medida que
causaron una erogación económica, la cual es reclamada por la entidad
demandante como pretensión de restablecimiento del derecho.
60. En tal virtud, para la Sala es innegable que las disposiciones contenidas en los
actos acusados consolidaron unas situaciones jurídicas que se encuentran vigentes
pese a que la prestación reconocida el 15 de junio de 2016 fue suspendida el 4 de
julio de 2018 y revocada el 16 de octubre de 2019 siguiente.
2.3.2.3. Sobre la situación litigiosa planteada
61. Ahora bien, de acuerdo con los elementos de prueba allegados al proceso se
encuentra que i) al momento del fallecimiento, Oscar Emilio Maturana Córdoba,
tenía 58 años de edad y acreditó 1466 semanas de cotización al sistema general de
seguridad social en pensiones; ii) con ocasión de su deceso, el 29 de abril de 2016,
María Salvadora Maturana Córdoba y Óscar Eduardo Maturana Maturana,
compañera permanente e hijo «estudiante 18-25 años», respectivamente, solicitaron
el reconocimiento y pago de la pensión de sobreviviente; iii) en el informe técnico
del 11 de noviembre de 2016, el gerente de reconocimiento, proyecto Colpensiones,
Departamento de Investigaciones, Consorcio CONSIENTE concluyó que María
Salvadora Maturana Córdoba y Oscar Emilio Maturana Córdoba «convivieron como
pareja hasta el día del fallecimiento, de esa relación existen dos hijos y se puede establecer
que dependía económicamente de su esposo»; y iv) con las resoluciones GNR172833
del 15 de junio de 2016 y GNR388800 del 23 de diciembre de 2016, Colpensiones
reconoció y ordenó la reliquidación de la prestación.
62. De otra parte, también se encontró que i) Daicy Emilia García Rentería, quien
también fuera compañera permanente de Oscar Emilio Maturana Córdoba, presentó
una denuncia penal contra María Salvadora Maturana Córdoba por la comisión de
los delitos de fraude procesal y falso testimonio para acceder a la pensión de
44 Consejo de Estado, sala plena de lo contencioso-administrativo, C. P. Ana Margarita Olaya Forero,
sentencia de 16 de julio de 2002, expediente 23001-23-31-000- 1997- 8732-02 (IJ 029).
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Radicado: 66001-23-33-000-2020-00427-01 (7795-2023)
Demandante: Colpensiones
sobrevivientes; ii) a través del auto 1326 del 27 de agosto de 2019, la Gerencia de
Prevención de la Administradora Colombiana de Pensiones ordenó el cierre de una
investigación administrativa especial ordenada en contra de María Salvadora
Maturana Córdoba en la que se concluyó que entre esta y el causante Óscar Emilio
Maturana Córdoba, no existió convivencia permanente e ininterrumpida durante los
últimos 5 años anteriores al fallecimiento; iii) en sentencia proferida el 21 de junio
de 2019, el Juzgado Once Laboral del Circuito de Oralidad de Cali declaró que Daicy
Emilia García Rentería y María Salvadora Maturana Córdoba, en su calidad de
compañeras permanentes de Óscar Emilio Maturana Córdoba, tenían derecho a la
pensión de sobrevivientes con ocasión del fallecimiento de aquel; dicha decisión fue
modificada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, Sala Laboral en
sentencia del 8 de septiembre de 2020, en cuanto al valor del retroactivo otorgado
a las beneficiarias.
63. En primera instancia, se determinó que, si bien Colpensiones no aportó «el más
mínimo elemento de juicio» para acreditar que las declaraciones extrajuicio allegadas
por María Salvadora Maturana Córdoba en el trámite administrativo no
corresponden a la realidad, así como tampoco aportó la actuación administrativa
adelantada en su contra «a efectos de garantizar el derecho al debido proceso; no es
posible avalar una investigación interna de Colpensiones sin la prueba de la vinculación del
afectado», no es menos cierto que, analizados los actos administrativos expedidos y
las providencias proferidas por la jurisdicción ordinaria laboral se encontró que se
trató de una convivencia simultánea entre el causante con sus 2 compañeras
permanentes, por tanto a Daicy Emilia García como a María Salvadora Maturana
«les asistía el derecho a la pensión de sobrevivientes del causante Óscar Emilio Maturana»
lo cual dejó sin fundamento las «afirmaciones en la investigación administrativa especial,
referidas a que no se acreditó convivencia entre el fallecido y la tercera durante los últimos
5 años anteriores a la muerte del afiliado, y que para ello se hubiera aportado
documentación sin en el lleno de los requisitos que dispone la ley, y mucho menos que se
beneficiaría de manera irregular de la prestación económica a la cual quedó probado en
proceso judicial ordinario sí tenía derecho, pues quedó demostrado el requisito de
convivencia de la Ley 100 de 1993 (artículo 47, letra a), modificada por la Ley 797 de 2003»
(sic).
64. En el recurso de apelación Colpensiones se limitó a indicar que se trató de un
reconocimiento indebido el cual atenta contra la estabilidad financiera, toda vez que
«la señora Rosalba Reyes Cuero busc[ó] inducir en error a Colpensiones y que tal propósito
se verificó, pues se reconoció un derecho con fundamento en documentación falsa» (sic).
65. De acuerdo con lo expuesto, Colpensiones centró los esfuerzos de su apelación
en reiterar que el reconocimiento de la prestación estuvo fundado en documentos
falsos, pero sin explicar y precisar las presuntas conductas deshonestas o
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Radicado: 66001-23-33-000-2020-00427-01 (7795-2023)
Demandante: Colpensiones
fraudulentas en que incurrió la demandada para conseguir el beneficio pensional,
pues no allegó el expediente en el cual se tramitó la investigación administrativa,
así como tampoco la denuncia penal por la presunta comisión de delitos ni cualquier
otro documento que permitieran desvirtuar los postulados de la buena fe con los
que la demandada accedió a la pensión de sobrevivientes de su compañero
permanente.
66. Por el contrario, fueron allegadas las providencias del 21 de junio de 2019 y del
8 de septiembre de 2020, proferidas en primera y en segunda instancia por Juzgado
Once Laboral del Circuito de Oralidad de Cali y el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Cali, Sala Laboral, respectivamente, en las cuales Colpensiones
intervino como parte demandada y en las que se reconoció a Daicy Emilia García
Rentería y María Salvadora Maturana Córdoba como beneficiarias de la pensión de
sobrevivientes con ocasión del fallecimiento Óscar Emilio Maturana Córdoba.
67. Precisado lo anterior y en atención al marco de competencia de esta instancia45,
la Sala, luego de confrontar los argumentos del recurso respecto de lo decidido por
el Tribunal Administrativo de Risaralda, observa que no existen nuevos reparos al
tema de fondo que decidió el a quo, ni se ofrecen argumentos adicionales a los
señalados por la autoridad judicial de primera instancia, toda vez que se insiste no
fueron elementos que permitieran desvirtuar los postulados de la buena fe con los
que la demandada accedió a la pensión de sobrevivientes de su compañero
permanente.
68. En contraste, las providencias proferidas por la jurisdicción ordinaria dan cuenta
de que tanto Daicy Emilia García Rentería y María Salvadora Maturana Córdoba
compartieron simultáneamente con el causante de la pensión, lo cual dejó sin
sustento las conclusiones de la investigación administrativa especial, pues, en su
momento, la demandada accedió al beneficio pensional apoyada en documentos y
declaraciones que cumplían con los requisitos de ley.
69. Alrespecto, esta Sala encuentra necesario reiterar que de acuerdo con lo
previsto en el artículo 167 del Código General del Proceso46 es a las partes a
45 Que delimita el marco de la competencia del juez de segunda instancia, pues así lo establece el
artículo 328 de la Ley 1564 de 2012.
46 «Artículo 167. Carga de la prueba. Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las
normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen.
No obstante, según las particularidades del caso, el juez podrá, de oficio o a petición de parte,
distribuir, la carga al decretar las pruebas, durante su práctica o en cualquier momento del proceso
antes de fallar, exigiendo probar determinado hecho a la parte que se encuentre en una situación
más favorable para aportar las evidencias o esclarecer los hechos controvertidos. La parte se
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Radicado: 66001-23-33-000-2020-00427-01 (7795-2023)
Demandante: Colpensiones
quienes les corresponde probar el supuesto de hecho de las normas que consagran
el efecto jurídico que ellas persiguen, y en el caso concreto el material probatorio
allegado no demostró fehacientemente que la demandada hubiese reclamado el
beneficio pensional valida de declaraciones extrajuicio que carecían de veracidad.
70. Por tanto, con fundamento en el material probatorio analizado y la normativa
aplicable al asunto, esta Sala concluye que en atención al fin teleológico del recurso
de apelación, y al no encontrar otro motivo que implique otro pronunciamiento en
esta instancia, es improcedente la anulación del acto administrativo que reconoció
la pensión de sobrevivientes a favor María Salvadora Maturana Córdoba, razón por
la cual se confirmará la sentencia apelada que negó las pretensiones de la
demanda.
2.6. Costas
71. La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:
«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».
72. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada,
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales
del procedimiento para su liquidación y ejecución.
73. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
considerará en mejor posición para probar en virtud de su cercanía con el material probatorio, por
tener en su poder el objeto de prueba, por circunstancias técnicas especiales, por haber intervenido
directamente en los hechos que dieron lugar al litigio, o por estado de indefensión o de incapacidad
en la cual se encuentre la contraparte, entre otras circunstancias similares.
Cuando el juez adopte esta decisión, que será susceptible de recurso, otorgará a la parte
correspondiente el término necesario para aportar o solicitar la respectiva prueba, la cual se
someterá a las reglas de contradicción previstas en este código.
Los hechos notorios y las afirmaciones o negaciones indefinidas no requieren prueba».
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Radicado: 66001-23-33-000-2020-00427-01 (7795-2023)
Demandante: Colpensiones
aplicación razonable de la norma47.
74. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones temerarias,
dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas del
procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si se causaron
dichas costas.
75. En el caso concreto, como no se evidenció actuación temeraria o mala fe, ni se
advirtió conducta o circunstancia irregular en el transcurso del trámite procesal, la
Sala no condenará en costas en esta instancia.
3. Conclusión
76. Con fundamento en lo expuesto, la Sala encuentra que es improcedente la
anulación del acto administrativo que reconoció la pensión de sobrevivientes a favor
de María Salvadora Maturana Córdoba.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Inaplicar la caducidad prevista en el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024.
Segundo. Confirmar la sentencia proferida el 21 de septiembre de 2023 por el
Tribunal Administrativo de Risaralda que negó las pretensiones de la demanda
presentada por Colpensiones contra María Salvadora Maturana Córdoba, conforme
con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
Tercero. No condenar en costas en esta instancia.
Cuarto. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del
Consejo de Estado.
Quinto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.
47 En el mismo sentido ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter., radicación 70001-
23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014).
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Radicado: 66001-23-33-000-2020-00427-01 (7795-2023)
Demandante: Colpensiones
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
Aclaración de voto Cfr. Rad. AV.
05001-23-33-000-2020-00472-01
(1251-2024)
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma
del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
DMGT
29
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