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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 66001-23-33-000-2021-00039-01

Fecha
8 de noviembre de 2024
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 66001-23-33-000-2021-00039-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Confirmar la sentencia proferida el 10 de junio de 2022 por el Tribunal Administrativo de Risaralda, Sala Primera de Decisión, que accedió de manera 53 En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter., radicación 70001- 23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014). 34 Radicado: 66001-23-33-000-2021-00039-01 (4321-2023) Demandante: Ernesto de Jesús Gil Bermúdez parcial a las pretensiones de la demanda presentada por Ernesto de Jesús Gil Bermúdez en contra del Instituto de Movilidad de Pereira, conforme con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. Segundo. No condenar en costas en esta instancia. Tercero. Devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones en el aplicativo Samai. Cuarto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA. La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha. Aclaración de voto JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA Firmado electrónicamente CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma del Consejo de Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA. LAVM 35

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 66001-23-33-000-2021-00039-01

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

8 de noviembre de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., ocho (8) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 66001-23-33-000-2021-00039-01 (4321-2023)
Demandante: Ernesto de Jesús Gil Bermúdez
Demandado: Instituto de Movilidad de Pereira1

Tema: Relación laboral encubierta

Sentencia de segunda instancia
_________________________________________________________________

Asunto

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra
la sentencia proferida el 10 de junio de 2022 por el Tribunal Administrativo de
Risaralda, Sala Primera de Decisión, mediante la cual se accedió de forma parcial
a las pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

1. Ernesto de Jesús Gil Bermúdez presentó demanda en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo2, en
orden a que se declarara la nulidad del Oficio (sin número) del 23 de mayo de 2019,
por medio del cual el Instituto de Movilidad de Pereira le negó la existencia de una
relación laboral por sus servicios prestados como instructor de movilidad entre el 4
de noviembre de 2004 y el 21 de febrero de 2019; y el consecuente pago de las
prestaciones sociales que se derivaban de ella.

2. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho
solicitó i) la declaratoria de la existencia de una relación laboral entre las partes por

1
Anteriormente Instituto Municipal de Tránsito y Transporte de Pereira.
2
En adelante CPACA.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 66001-23-33-000-2021-00039-01 (4321-2023)
Demandante: Ernesto de Jesús Gil Bermúdez

el periodo reclamado y de que el tiempo trabajado mediante contratos de prestación
de servicios sea tenido en cuenta para efectos pensionales; ii) el pago de las
prestaciones sociales, tales como las vacaciones, las primas de vacaciones, de
navidad y de servicios, las bonificaciones por recreación y servicios prestados, las
cesantías y sus intereses, la dotación de calzado y vestido de labor y el trabajo
suplementario u horas extras, según lo que devengaban los empleados públicos de
la planta de cargos de la entidad territorial demandada, o en su defecto, por los del
orden nacional; iii) el reajuste de las prestaciones laborales y de los aportes a
seguridad social según la liquidación realizada por la empresa de servicios
temporales a las que estuvo vinculado; iv) el reembolso de las sumas pagadas por
concepto de aportes a la seguridad social (pensión, salud, ARL y caja de
compensación familiar), así como por estampillas y retención en la fuente; v) el
reconocimiento de la sanción moratoria de conformidad con lo previsto en la Ley 50
de 1990 y en el Decreto 1071 de 2006 y de los intereses a los que haya lugar; vi) la
indexación de las sumas que resultaren de la condena; vii) el cumplimiento de la
sentencia según lo previsto en los artículos 187, 192 y 195 del CPACA; y viii) la
condena en costas a la parte demandada.

1.1.2. Fundamentos fácticos

3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:

3.1. Entre el 4 de noviembre de 2004 y el 21 de febrero de 2019, Ernesto de Jesús
Gil Bermúdez prestó de manera continua y sin interrupciones sus servicios como
instructor en técnicas de conducción en el Instituto Municipal de Tránsito y
Transporte de Pereira, hoy Instituto de Movilidad de Pereira, vinculado mediante
contratos de prestación de servicios suscritos directamente con la entidad y a través
de empresas de servicios temporales.

3.2. Las funciones que desarrolló fueron dentro de un horario programado, eran
subordinadas y dependientes respecto de sus superiores y hacían parte del proceso
misional del instituto. Dentro de estas se encontraban las de capacitar, sensibilizar
y certificar nuevos conductores e infractores en técnicas de conducción y las
siguientes:

«1) Cumplir con las reglas definidas por el centro de enseñanza automovilística,
incluyendo las relacionadas con la confidencialidad.
2) Declarar cualquier vinculación anterior y/o presente con las personas a ser
capacitadas y evaluadas que pudiera comprometer la imparcialidad en la evaluación
teórico – práctica.
3) Velar por la presentación y cuidado de su vehículo, así como el mantenimiento
preventivo del mismo.
4) Prestar los servicios como instructor en técnicas de conducción prácticas y teóricas
en el centro de enseñanza automovilística.
5) Cumplir estrictamente con el horario de clases, el cual podrá modificarse de acuerdo

2

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Demandante: Ernesto de Jesús Gil Bermúdez

con las necesidades del servicio.
6) Guardar adecuada relación profesor – alumno.
7) Será responsabilidad del instructor que el tiempo de clases sea de cincuenta (50)
minutos.
8) Será responsabilidad del instructor la certificación de idoneidad del alumno.
9) Llevar el control de asistencia del alumno.
10) Mantener al día la tarjeta de control.
11) Informar a la dirección del CEA cualquier anormalidad que suceda con los
estudiantes.
12) Apoyar con la documentación requerida solicitada por el/la funcionario (a) encargado
de archivo.
13) Diligenciar en su totalidad toda la documentación que se requiera para la aprobación
del certificado del curso de conducción.
14) Inscribir personas en el RUNT.
15) Impartir clases de pedagogía para personas que cometieron infracciones de tránsito.
16) Apoyar en la realización de actividades de oficina.
17) Entregar la correspondencia del Centro de Enseñanza Automovilística.
18) Entregar publicidad ofreciendo el portafolio de servicios del Centro de Enseñanza
Automovilística.
19) Colaborar con la atención al público en el Centro de Enseñanza Automovilística. 20)
Apoyar en la realización de las encuestas de satisfacción diligenciadas por los usuarios».

3.3. Además de las labores que como instructor en técnicas de conducción realizó,
también desarrolló actividades de carácter asistencial que se requerían ejecutar
para el normal funcionamiento del instituto, lo que denota la falta de autonomía y la
marcada subordinación en la prestación de los servicios para los cuales fue
contratado.

3.4. Las prestaciones sociales a las cuales tenía derecho por ley, propias de los
empleados de planta de la entidad que ejercían iguales funciones a las suyas, no le
fueron reconocidas y tuvo que pagar por cuenta propia la seguridad social.

3.5. El
valor promedio de los contratos que celebró osciló entre $900.000 y
$1.440.000.

3.6. El 2 de mayo de 2019, solicitó al Instituto de Movilidad de Pereira el
reconocimiento de la relación laboral por el tiempo en que prestó sus servicios como
instructor de movilidad y el pago de las prestaciones que se derivaban de ella; sin
embargo, esta petición fue negada por el director general de la entidad a través del
oficio acusado3.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

4. Como tales se señalaron los artículos 1, 2, 4, 5, 6, 9, 13, 25, 29, 53, 93, 122 y 209

3
Si bien este hecho no se narró dentro de los supuestos facticos de la demanda, para la Sala es
importante ponerlo en conocimiento desde esta capitulo.

3

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Demandante: Ernesto de Jesús Gil Bermúdez

de la Constitución Política; 23 y 127 del Código Sustantivo del Trabajo (CST); las
leyes 54 de 1962; 16 de 1972; 50 de 1990; 80 de 1993; y 319 de 2002; y los decretos
1919 de 2002; y 1083 de 2015.

5. En cuanto al concepto de violación, expuso lo siguiente4:

5.1. El Instituto de Movilidad de Pereira desconoció el principio de la primacía de la
realidad sobre las formalidades, no obstante haberse configurado los elementos
propios de una relación laboral, toda vez que se acreditó la existencia de un trabajo
desarrollado de manera personal y permanente como instructor de técnicas de
conducción entre los años 2004 y 2019, una remuneración mensual como
retribución por los servicios prestados y la constante subordinación y dependencia
en el desarrollo de las actividades respecto de la servidoras públicas que ejercían
la dirección del Centro de Enseñanza del instituto; esto último, consistente en la
actitud por parte de la entidad contratante de exigirle el cumplimiento de órdenes e
instrucciones en cuanto al modo, tiempo, lugar o cantidad de trabajo para el
cumplimiento de las obligaciones contractuales.

5.2. El instituto utilizó los contratos de prestación de servicios para enmascarar la
relación laboral que existió y así evitar el pago de las prestaciones sociales a las
que se tendría derecho por ley. Asimismo, estos han sido empleados como un
instrumento para evitar la aplicación de las disposiciones constitucionales y legales
que se ocupan de la carrera administrativa.

5.3. Si bien los objetos contractuales pueden versar sobre actividades permanentes
o excepcionales de la entidad, lo cierto es que ello no puede confundirse con el
desempeño habitual de estas tareas de manera sostenida en el tiempo a través de
contratos de prestación de servicios, como ha sucedido en su caso, pues desde el
año 2004 hasta el 2019 (15 años) ha venido ejecutando contratos con el mismo
objeto contractual y bajo similares parámetros de subordinación, de lo que se
evidencia el ánimo de la entidad de emplear de manera permanente y continua
estos servicios para cumplir con su misión.

5.4. Le correspondió cumplir un horario de trabajo, incluso los sábados, presentar
informes escritos a sus jefes o supervisores sobre el desempeño de las funciones
asignadas y para el desarrollo de sus actividades la entidad le suministró los
elementos e insumos de trabajo.

1.2. Contestación de la demanda

4
Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 2», archivo
«4_4_660012333000202100039011EXPEDIENTEDIGIEXPEDIENTE20230713125058», carpeta
«EXPDIG», archivo «12Cuaderno principal_6_Expediente
digital_1_001CUADERNO1PRINCIPAL.PDF», folios 6 a 27.

4

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Demandante: Ernesto de Jesús Gil Bermúdez

6. El Instituto de Movilidad de Pereira no se pronunció en la instancia procesal pese
a haber sido notificado en debida forma, tal y como consta en la constancia
secretarial del 20 de agosto de 20215.

1.3. La sentencia apelada

7. El Tribunal Administrativo de Risaralda, Sala Primera de Decisión, en sentencia
proferida el 10 de junio de 2022 accedió de manera parcial a las pretensiones de la
demanda y se abstuvo de condenar en costas. Al efecto dispuso lo siguiente6:

«1. DECLÁRASE PROBADA PARCIALMENTE LA EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN
extintiva del derecho, formulada por la entidad demandada, respecto del período
comprendido entre el del 12 de enero de 2007 al 30 de diciembre 2011, salvedad hecha
de las cotizaciones adeudadas al sistema de seguridad social en pensiones, en tanto
imprescriptibles, de conformidad con lo argumentado en la parte motiva de esta
sentencia.

2. SE DECLARA LA NULIDAD del acto administrativo contenido en el oficio del 23 de
mayo de 2019, expedido por el Instituto de Movilidad de Pereira, mediante el cual fue
negado el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales solicitadas por la parte
demandante, conforme a las razones expresadas en la parte motiva del presente fallo.

3. Como consecuencia de la anterior declaración y, a título de restablecimiento del
derecho, SE CONDENA AL INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA al
reconocimiento y pago en favor del demandante, de las prestaciones sociales legales
liquidadas conforme el valor que recibía éste como contraprestación por sus servicios
(honorarios), por los mismos conceptos que recibían los funcionarios de la entidad del
mismo nivel, por el período no afectado de prescripción comprendido, entre el 29-03-
2012 al 28-12-2012, del 29-01-2013 al 28–12– 2013, del 13-01-2014 al 31-12-2014, del
01-02-2015 al 31-12- 2015, del 05-02-2016 al 31-12-2016, del 22-02-2017 al 30-12-2017,
del 26-01-2018 al 31-12-2018 y del 18-01-2019 al 21-02-2019, dentro del marco de las
consideraciones de esta providencia.

4. Se CONDENA AL INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA al reconocimiento y
pago en favor del demandante, de la compensación en dinero de las dotaciones de
vestido y calzado de labor por el período comprendido entre el 18-01-2019 al 21-02-
2019, conforme a lo expuesto.

5. La entidad demandada deberá tener en cuenta los honorarios pactados en todos los
contratos celebrados y calcular el ingreso base de cotización (IBC) pensional de la
actora, mes a mes, a fin de establecer si existe diferencia entre los aportes realizados
por aquella como contratista y los que se debieron efectuar, caso en el cual, SE
ORDENA cotizar al respectivo fondo de pensiones la suma faltante por concepto de
aportes a pensión, solo en el porcentaje que le correspondía en su calidad de empleador.
Para tales efectos, la parte actora deberá acreditar las cotizaciones que realizó al
sistema durante los vínculos contractuales y en la eventualidad de que no las hubiese
hecho o existiese diferencia en su contra, tendrá la carga de cancelar o completar, según

5
Ibidem, archivo «17Cusderno principal_6_Expediente digital_23_023PARAPROVEER.PDF».
6
Ibidem, archivo «45 Cuaderno principal_26_Sentencia Primera
Instancia_45_045SENTENCIAPRIMERAINSTANCIA.pdf».

5

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Demandante: Ernesto de Jesús Gil Bermúdez

sea el caso, el porcentaje que le incumbía como trabajador, de acuerdo con las
consideraciones de esta providencia.

6. El tiempo laborado bajo la modalidad de contrato de prestación de servicios, se debe
computar para efectos pensionales.

(…)

9. NIÉGANSE las demás súplicas de la demanda, por las razones expresadas en este
proveído.

10. Sin costas en esta instancia, por las razones vertidas en esta providencia» (sic).

8. Para tal efecto, luego de realizar un recuento legal y jurisprudencial aplicable al
asunto, fundamentó su decisión en lo siguiente:

8.1. En atención a los elementos de juicio allegados al expediente, es posible
declarar la relación laboral entre las partes por los periodos comprendidos entre el
12 de enero y el 31 de diciembre 2007, el 14 de marzo y el 31 diciembre 2008, el 19
de enero y el 31 de diciembre de 2009, el 17 de febrero y el 30 de diciembre de
2011, el 29 de marzo y el 28 de diciembre de 2012, el 29 de enero y el 28 de
diciembre de 2013, el 13 de enero y el 3 de diciembre de 2014, el 1° de febrero y el
31 de diciembre de 2015, el 05 de febrero y el 31 de diciembre de 2016, el 22 de
febrero y el 30 de diciembre de 2017, el 26 de enero y el 31 de diciembre de 2018
y el 18 de enero y el 21 de febrero de 2019, pues se acreditaron los elementos para
su configuración, esto es la prestación personal del servicio, la continua
subordinación en relación con la entidad empleadora y la remuneración como
contraprestación por las labores desarrolladas. Ese tiempo se debe computar para
efectos pensionales.

8.2. Lo anterior, toda vez que Ernesto de Jesús Gil Bermúdez i) realizó sus
actividades de forma personal como instructor del Instituto Municipal de Tránsito y
Transporte de Pereira, hoy Instituto de Movilidad de Pereira; ii) por las labores que
desarrolló recibió una remuneración (honorarios); iii) no tenía libertad para realizar
las funciones encomendadas, las que fueron prestadas en un horario programado,
el cual era impuesto, permanente y continuo; iv) no podía ausentarse del sitio de
trabajo de manera libre ya que debía mediar autorización para ello; y v) las tareas
que desarrolló fueron conforme con las órdenes y directrices impartidas por la
entidad, las que no podían ser ejecutadas de manera autónoma e independiente.

8.3. Asíentonces, el actor tiene derecho al reconocimiento y pago de las
prestaciones sociales legales generadas con ocasión de sus servicios, las que se
deben liquidar con base en los honorarios pactados en los contratos de prestación
de servicios.

8.4. La entidad demandada debe tener en cuenta los honorarios pactados en todos

6

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Demandante: Ernesto de Jesús Gil Bermúdez

los contratos celebrados y calcular el ingreso base de cotización (IBC) pensional del
demandante, mes a mes, a fin de establecer si existe diferencia entre los aportes
realizados por aquel como contratista y los que se debieron efectuar, caso en el
cual, se ordena cotizar al respectivo fondo de pensiones la suma faltante por
concepto de aportes a pensión, solo en el porcentaje que le correspondía en su
calidad de empleador. Para tales efectos, la parte actora tiene que acreditar las
cotizaciones que realizó al sistema durante los vínculos contractuales y en la
eventualidad de que no las hubiese hecho o existiese diferencia en su contra, tendrá
la carga de pagar o completar, según sea el caso, el porcentaje que le incumbía
como trabajador.

8.5. No obstante, frente a los derechos causados con anterioridad al 30 de diciembre
de 2011 operó el fenómeno jurídico de la prescripción, puesto que la solicitud de
reconocimiento de las prestaciones sociales que se derivaban de la relación laboral
se presentó el 2 de mayo de 2019, es decir que la reclamación de los períodos
contractuales anteriores a esa fecha no tuvo lugar dentro del término de 3 años
siguientes a la culminación de las relaciones respectivas, en los que se presentaron
interrupciones superiores a 30 días hábiles.

8.6. A pesar de probarse la existencia de la relación laboral entre las partes, esto no
es razón para que se le otorgue al actor el estatus de empleado público por la
naturaleza de la vinculación.

8.7. Dentro del periodo que no se encuentra afectado por el fenómeno jurídico de la
prescripción, hay lugar al reconocimiento de la dotación de vestido y calzado de
labor causadas entre el 18 de enero y el 21 de febrero de 2019, pues en estos lapsos
la remuneración del actor fue inferior a 2 veces el salario mínimo legal mensual
vigente.

8.8. Es improcedente el reconocimiento de i) las horas extras, los dominicales, los
festivos y los recargos, pues no se observó en el expediente material probatorio que
acreditara su configuración; ii) el reintegro de las cotizaciones efectuadas al sistema
de seguridad social por concepto de pensión, salud y ARL, en tanto su contribución
es obligatoria con una destinación específica y con carácter parafiscal; iii) los
aportes a la caja de compensación familiar, toda vez que no se demostró que el
actor cumpliera con los requisitos establecidos en el artículo 18 de la Ley 21 de 1982
para ser su beneficiario; iv) de la prima de servicios, puesto que su aplicación es
exclusiva para los empleados del orden nacional y el demandante prestó sus
servicios para una entidad territorial; v) de la devolución de los valores descontados
por retención en la fuente y estampillas, por cuanto ello se trata de una cuestión de
índole tributaria ajena al objeto de este litigio; y vi) el reajuste, pues no se evidenció
que el actor haya laborado a través de empresas de servicios temporales.

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Demandante: Ernesto de Jesús Gil Bermúdez

8.9. No hay lugar a la condena en costas en tanto no se encuentran acreditadas,
acorde con lo previsto en los artículos 188 del CPACA y 365 del Código General del
Proceso7.

1.4. El recurso de apelación

9. ElInstituto de Movilidad de Pereira interpuso recurso de apelación bajo los
siguientes argumentos8:

9.1. Existió una indebida valoración de las pruebas testimoniales y documentales,
puesto que no se demostró dentro del debate probatorio la acreditación del
elemento de la subordinación o dependencia para la declaratoria de la relación
laboral entre las partes.

9.2. El hecho de que el actor cumpliera un horario de trabajo, la permanencia en las
instalaciones de la entidad y el diligenciamiento de cualquier registro, no son
aspectos que configuraran una relación de subordinación entre las partes, toda vez
que se trató de una relación coordinada entre el contratista y el contratante con el
fin de garantizar la adecuada ejecución de las actividades, en la cual ello se puede
presentar.

1.5. Pronunciamientos en segunda instancia

10. Conforme con el numeral 3 del artículo 247 del CPACA, modificado por el artículo
67 de la Ley 2080 de 2021, en cuanto no fue necesario el decreto de pruebas, no
hubo traslado a las partes para alegar.

1.6. Concepto del Ministerio Público

11. El procurador delegado ante el Consejo de Estado no emitió concepto.

2. Consideraciones

2.1. Los problemas jurídicos

12. Con fundamento en los argumentos expuestos en el escrito de apelación9, los
problemas jurídicos consisten en determinar ¿si entre Ernesto de Jesús Gil
Bermúdez y el Instituto Municipal de Tránsito y Transporte de Pereira, hoy Instituto
de Movilidad de Pereira, se configuró una relación laboral?, y si ¿tiene derecho al

7
En adelante CGP.
8
Ibidem, archivo «47Cuaderno principal_30_Recibe memoriales_47_ 047APELACION
SENTENCIAMOVILIDAD.pdf».
9
Que delimita el marco de la competencia del juez de segunda instancia, pues así lo establece el
artículo 328 de la Ley 1564 de 2012.

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Demandante: Ernesto de Jesús Gil Bermúdez

reconocimiento y pago de las prestaciones sociales derivadas de esa relación
laboral?

2.2. Marco normativo y jurisprudencial

2.2.1. Sobre la existencia de las relaciones laborales encubiertas

13. El numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 permite la celebración de
contratos de prestación de servicios con las entidades del sector público, así:

«Artículo 32. De los contratos estatales. Son contratos estatales todos los actos
jurídicos generadores de obligaciones que celebren las entidades a que se refiere el
presente estatuto, previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales, o
derivados del ejercicio de la autonomía de la voluntad, así como los que, a título
enunciativo, se definen a continuación:

(…)

3o. Contrato de Prestación de Servicios.

Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades estatales para
desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la
entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas
actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos
especializados.

En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales y se
celebrarán por el término estrictamente indispensable».

14. Por su parte, el Decreto 2209 de 199810 precisó que «(l)os contratos de prestación
de servicios con personas naturales o jurídicas, sólo se podrán celebrar cuando no exista
personal de planta con capacidad para realizar las actividades que se contratarán».

15. De esta forma, en cuanto tiene que ver con la contratación de personas naturales,
la norma exige que solo se celebrarán con el propósito de suplir actividades
relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad, o para
desarrollar labores especializadas que no puede asumir el personal de planta. De
allí que la consecuencia jurídica lógica radica en que no se generará una relación
laboral y con ello tampoco se producirá ningún tipo de prestación social.

16. La Corte Constitucional, en sentencia C-147 de 1997, al estudiar la
constitucionalidad de las expresiones «no puedan realizarse con personal de planta o»
y «en ningún caso (...) generan relación laboral ni prestaciones sociales» , contenidas en
el citado numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, estableció que el ejercicio
de tal potestad es ajustado a la Carta Política, siempre y cuando la administración
no la utilice para ocultar la existencia de una relación laboral personal subordinada

10
«Por el cual se modifican parcialmente los Decretos 1737 y 1738 del 21 de agosto de 1998».

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y dependiente.

17. De tal forma, se hace necesario remitirse al artículo 53 de la Constitución Política
que dispone, frente a los principios mínimos fundamentales en materia laboral, entre
otros, el de la primacía de la realidad sobre las formalidades. Esto señala la norma:

«Articulo 53. El Congreso expedirá el estatuto del trabajo. La ley correspondiente tendrá
en cuenta por lo menos los siguientes principios mínimos fundamentales:

Igualdad de oportunidades para los trabajadores; remuneración mínima vital y móvil,
proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; estabilidad en el empleo; irrenunciabilidad
a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales; facultades para transigir y
conciliar sobre derechos inciertos y discutibles; situación más favorable al trabajador en
caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho;
primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de las
relaciones laborales; garantía a la seguridad social, la capacitación, el adiestramiento
y el descanso necesario; protección especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador
menor de edad.

El estado garantiza el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones
legales.

Los convenios internacionales del trabajo debidamente ratificados hacen parte de la
legislación interna.

La ley, los contratos, los acuerdos y convenios de trabajo no pueden menoscabar la
libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores». (Resalta la Sala).

18. Así, cuando la norma constitucional alude a los convenios internacionales
debidamente ratificados, impone remitirse a su vez, a la Constitución de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT)11 que previó una garantía al derecho
a la igualdad a través del principio de «salario igual por un trabajo de igual valor».
En igual sentido el artículo 2 del Convenio 111 de esa organización12, desarrolló el
principio anterior al establecer que «(t)odo miembro para el cual este Convenio se halle
en vigor se obliga a formular y llevar a cabo una política nacional que promueva los métodos
adecuados a las condiciones y a las prácticas nacionales, la igualdad de oportunidades y
de trato en materia de empleo y ocupación, con objeto de eliminar cualquier discriminación
a este respecto».

19. Ahora bien, el «(p)rotocolo de San Salvador: Adicional a la Convención Americana
sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales» 13 y
que también fue ratificado por Colombia, establece que todos los Estados parte
deben garantizar, como mínimo, «unas condiciones justas, equitativas y satisfactorias»,
y, en particular «una remuneración que asegure como mínimo a todos los trabajadores
condiciones de subsistencia digna y decorosa para ellos y sus familias y un salario

11
Aprobada el 11 de abril de 1919.
12
Aprobado en Colombia mediante la Ley 22 de 1967 y ratificado en 1969.
13
Adoptado en San Salvador, el 17 de noviembre de 1988.

10

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Demandante: Ernesto de Jesús Gil Bermúdez

equitativo e igual por trabajo igual, sin ninguna distinción».

20. Estasobligaciones internacionales, encuentran vigencia en el ordenamiento
colombiano. En particular, el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo señala
los elementos esenciales del contrato de trabajo de la siguiente manera:

«Artículo 23. Elementos esenciales. <Artículo subrogado por el artículo 1o. de la Ley
50 de 1990. El nuevo texto es el siguiente:>

1. Para que haya contrato de trabajo se requiere que concurran estos tres elementos
esenciales:

a. La actividad personal del trabajador, es decir, realizada por sí mismo;

b. La continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto del empleador,
que faculta a éste para exigirle el cumplimiento de órdenes, en cualquier momento, en
cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, e imponerle reglamentos, la cual debe
mantenerse por todo el tiempo de duración del contrato. Todo ello sin que afecte el honor,
la dignidad y los derechos mínimos del trabajador en concordancia con los tratados o
convenios internacionales que sobre derechos humanos relativos a la materia obliguen
al país; y

c. Un salario como retribución del servicio.

2. Una vez reunidos los tres elementos de que trata este artículo, se entiende que existe
contrato de trabajo y no deja de serlo por razón del nombre que se le dé ni de otras
condiciones o modalidades que se le agreguen».

21. Aquí se debe precisar que, en materia probatoria, la presunción que se establece
en la citada norma opera de forma distinta cuando se trata en materia laboral
ordinaria, ya que se está dejando la carga de la prueba en manos del empleador,
caso distinto ocurre cuando se involucran relaciones entre los servidores públicos o
particulares frente al Estado, los cuales deberán asumir esa carga siempre que
intenten develar una relación laboral a través de un contrato de prestación de
servicios.

22. Al respecto, la Sección Segunda del Consejo de Estado en la sentencia de
unificación14 del 25 de agosto de 2016, indicó lo siguiente:

«De lo anterior se colige que el contrato de prestación de servicios se desfigura cuando
se comprueban los tres elementos constitutivos de una relación laboral, esto es, la
prestación personal del servicio, la remuneración y la continuada subordinación laboral,
de lo que surge el derecho al pago de prestaciones sociales a favor del contratista, en
aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas
en las relaciones laborales, consagrado en el artículo 53 de la Constitución Política, con
el que se propende por la garantía de los derechos mínimos de las personas
preceptuados en normas respecto de la materia.

14
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 25 de agosto de 2016, radicado
230012333000201300260 01 (0088-15) CE–SUJ2-005-16. M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.

11

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Demandante: Ernesto de Jesús Gil Bermúdez

En otras palabras, el denominado “contrato realidad” aplica cuando se constata en juicio
la continua prestación de servicios personales remunerados, propios de la actividad
misional de la entidad contratante, para ejecutarlos en sus propias dependencias o
instalaciones, con sus elementos de trabajo, bajo sujeción de órdenes y condiciones de
desempeño que desbordan las necesidades de coordinación respecto de verdaderos
contratistas autónomos, para configurar dependencia y subordinación propia de las
relaciones laborales15». (Resalta la Sala).

23. Así entonces, el Consejo de Estado ha reiterado la necesidad de que se acrediten
fehacientemente los 3 elementos propios de una relación de trabajo, como son la
prestación personal del servicio, la remuneración y, en especial, la subordinación y
dependencia del trabajador respecto del empleador.

24. Ahora, sobre la prescripción del derecho reclamado en el marco de una relación
laboral encubierta, la Sección Segunda del Consejo de Estado, en la referida
sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016, señaló:

«Por lo tanto, si quien pretende el reconocimiento de la relación laboral con el Estado,
se excede de los tres años, contados a partir de la terminación de su vínculo contractual,
para reclamar los derechos en aplicación del principio de la “...primacía de la realidad
sobre las formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales” (artículo
53 constitucional), se extingue el derecho a solicitar las prestaciones que se deriven de
aquella, pues dicha situación se traduciría en su desinterés, que no puede soportar el
Estado, en su condición de empleador.

Pero en aquellos contratos de prestación de servicios, pactados por un interregno
determinado y que la ejecución entre uno y otro tiene un lapso de interrupción, frente a
cada uno de ellos habrá de analizarse la prescripción a partir de sus fechas de
finalización, puesto que uno de los fundamentos de la existencia del contrato realidad es
precisamente la vocación de permanencia en el servicio. Por consiguiente, le
corresponderá al juez verificar si existió o no la citada interrupción contractual, que será
excluida de reconocimiento y examinada en detalle en cada caso particular, en aras de
proteger los derechos de los trabajadores, que han sido burlados por las autoridades
administrativas al encubrir una relación laboral bajo contratos de prestación de
servicios».

25. Esta providencia aclaró que el fenómeno prescriptivo no opera respecto de los
aportes para pensión, en consideración a la condición periódica del derecho
pensional que los hace imprescriptibles.

26. Además, este mecanismo de contratación tiene un límite temporal, esto es que
solo es posible ejecutarlo por el término indispensable para el cumplimiento de la
labor contratada.

15
«En similares términos, se pronunció el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, en
sentencia del 27 de enero de 2011, M.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila, expediente: 5001-23-31-
000-1998-03542-01(0202-10)».

12

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27. Al respecto, la Sección Segunda de esta Corporación en la sentencia SUJ-025-
CE-S2-2021 del 9 de septiembre de 202116 estableció las siguientes reglas de
unificación frente a varios aspectos de las relaciones laborales encubiertas, como
son: i) el sentido y alcance de la expresión «término estrictamente indispensable»
(temporalidad) contenido en el numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993; ii) la
delimitación del término de solución de continuidad en los contratos estatales de
prestación de servicios que ocultaron la existencia de una relación laboral que se
declara, a efectos de determinar la prescripción de derechos; y iii) la improcedencia
de la devolución de los aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud efectuados
por el contratista. Al efecto se señaló:

«(i) La primera regla define que el concepto de «término estrictamente indispensable»,
al que alude el numeral 3.o del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, es el señalado en los
estudios previos y en el objeto del contrato, el cual, de acuerdo con el principio de
planeación, tiene que estar justificado en la necesidad de la prestación del servicio a
favor de la Administración, de forma esencialmente temporal y, de ninguna manera, con
ánimo de permanencia.

(ii) La segunda regla establece un periodo de treinta (30) días hábiles, entre la
finalización de un contrato y la ejecución del siguiente, como término de la no solución
de continuidad, el cual, en los casos que se exceda, podrá flexibilizarse en atención a
las especiales circunstancias que el juez encuentre probadas dentro del expediente.

(iii) La tercera regla determina que frente a la no afiliación al sistema de la Seguridad
Social en salud, por parte de la Administración, es improcedente la devolución de los
valores que el contratista hubiese asumido de más, en tanto se recaudaron como
recursos de naturaleza parafiscal».

28. En esta providencia se sostuvo que «aun cuando se acrediten los mencionados
elementos del contrato de trabajo, lo que emerge entre el contratista y la entidad es una
relación laboral, gracias a la aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre las
formalidades, por lo que, en ningún caso, será posible darle la categoría de empleado
público a quien prestó sus servicios sin que concurran los elementos previstos en el artículo
122 de la Carta Política».

29. En línea con lo expuesto, se establece que quien demande tiene que desvirtuar
inicialmente la presunción de legalidad del contrato estatal del artículo 32 de la Ley
80 de 1993. Así que es necesario que se prueben los elementos de la relación
laboral, esto es la actividad personal del trabajador, la subordinación continuada y
dependencia de este y la remuneración como retribución del trabajo prestado, para
que se pueda configurar una relación laboral encubierta.

2.2.2. Las cooperativas de trabajo asociado y las empresas de intermediación
laboral

16
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso- Administrativo, Sección Segunda, sentencia de 9 de
septiembre de 2021, expediente: 1317-2016, magistrado ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas.

13

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30. De conformidad con lo dispuesto en la Ley 79 de 198817 y el Decreto 4588 de
200618, las cooperativas de trabajo asociado son organizaciones sin ánimo de lucro
que pertenecen al sector de la economía solidaria, las que vinculan el trabajo
personal de sus asociados, quienes a su vez son gestores, contribuyen
económicamente a la cooperativa y aportan directamente su capacidad de trabajo
para el desarrollo de actividades económicas, profesionales o intelectuales.

31. Lo anterior, con el objeto de producir o distribuir conjunta y eficientemente bienes
o servicios para satisfacer las necesidades de sus asociados y de la comunidad en
general. El principal aporte de los asociados en esta clase de organizaciones es su
trabajo, puesto que los aportes de capital son mínimos.

32. Por su parte, el Decreto 4588 de 2006 en su artículo 17 estableció lo siguiente:

«Artículo 17. Prohibición para actuar como intermediario o empresa de servicios
temporales. Las Cooperativas y Pre cooperativas de Trabajo Asociado no podrán actuar
como empresas de intermediación laboral, ni disponer del trabajo de los asociados para
suministrar mano de obra temporal a usuarios o a terceros beneficiarios, o remitirlos
como trabajadores en misión con el fin de que estos atiendan labores o trabajos propios
de un usuario o tercero beneficiario del servicio o permitir que respecto de los asociados
se generen relaciones de subordinación o dependencia con terceros contratantes.

Cuando se configuren prácticas de intermediación laboral o actividades propias de las
empresas de servicios temporales, el tercero contratante, la Cooperativa y Pre
cooperativa de Trabajo Asociado y sus directivos, serán solidariamente responsables
por las obligaciones económicas que se causen a favor del trabajador asociado».

33. Al respecto, el Consejo de Estado ha señalado que «dicha figura asociativa no fue
creada por el Legislador para que se desconocieran los derechos de los trabajadores, al
punto que, por mandato legal las cooperativas de trabajo asociado que incurran en prácticas
deshonestas deben responder ante las autoridades correspondientes. En ese sentido, el
trabajo asociado no puede ser utilizado indebidamente para desconocer o eludir las
obligaciones de estirpe laboral con los trabajadores dependientes o subordinados, por ello,
la normatividad consagró la prohibición de que las Cooperativas de Trabajo Asociado
actuaran como empresas de intermediación laboral, disponiendo del trabajo de los
asociados para suministrar mano de obra temporal a usuarios o terceros beneficiarios»19.

34. Asimismo, que «es claro que las cooperativas funcionan bajo los lineamientos de la
Ley 79 de 1988, de tal suerte que, cuando el asociado es vinculado con otro ente, pero por
órdenes puntuales y estrictas de la Cooperativa así como del tercero, quien alega la
configuración o existencia del contrato realidad con aplicación del principio de la primacía
de la realidad sobre las formas, tiene el deber probatorio de acreditar el trípode que la

17
«Por la cual se actualiza la Legislación Cooperativa».
18
«Por el cual se reglamenta la organización y funcionamiento de las Cooperativas y Precooperativas
de Trabajo Asociado».
19
Consejo de Estado. Sección Segunda, Subsección B. Sentencia del 28 de septiembre de 2017.
Radicación 76001-23-31-000-2011-00820-01(1486-15). MP: Sandra Lisset Ibarra Vélez.

14

Radicado: 66001-23-33-000-2021-00039-01 (4321-2023)
Demandante: Ernesto de Jesús Gil Bermúdez

legislación consagra para la configuración de una relación laboral».

35. En este sentido, a las cooperativas de trabajo asociado no les está permitido
disponer del trabajo de sus asociados para suministrar mano de obra a terceros, en
detrimento de los derechos laborales de los cooperados.

2.3. Lo probado dentro del proceso

36. Al expediente se aportaron los siguientes documentos:

36.1. Constancias del 1° de febrero de 201620, del 10 de enero21 de 2018 y 23 de
mayo de 201922, expedidas por la jefe de la Oficina Jurídica del Instituto de Movilidad
de Pereira, y contratos de prestación de servicios, junto con sus actas de inicio,
certificados de disponibilidad presupuestal y pólizas23, en virtud de los cuales se
advierte que entre el actor y el Instituto Municipal de Transito de Pereira se
suscribieron los siguientes:

Contrato u
orden de Interrupción
Valor mensual Duración Objeto
prestación de días hábiles
servicios
«Prestar los servicios de
instructor en técnicas de
23-08-2004
conducción a la Escuela de
049 de 2004 $760.000 a -
Enseñanza Automovilística
31-12-2004
del INSTITUTO, en las
categorías 2ª. A 5ª» (sic).
«(p)restar sus servicios y
apoyo como de instructor
Teórico-práctico en el
12-01-2007
006 de 2007 y Centro de enseñanza
$1.055.517 a 496
adición automovilística para las
31-12-2007
licencias de conducción de
2, 3 y cuarta (4) categoría»
(sic).
«(p)restar sus servicios en
14-03-2008
la instrucción teórico
045 de 2008 $1.103.649 a 51
práctico en técnicas de
31-12-2008
conducción para licencias

20
Ibidem, archivo «22Cuaderno principal_6_Expediente digital_6_006ANEXOIIICONTRATOS2016-
2017.PDF», folio 29.
21
Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 2», archivo
«4_4_660012333000202100039011EXPEDIENTEDIGIEXPEDIENTE20230713125058», carpeta
«EXPDIG», archivo «23Cuaderno principal_6_Expediente
digital_7_007ANEXOIVCONTRATOS2018-2019.PDF», folios 36 a 38.
22
Ibidem, archivo «12Cuaderno principal_6_Expediente
digital_1_001CUADERNO1PRINCIPAL.PDF», folios 33 y 34.
23
Ibidem, archivos «20Cuaderno principal_6_Expediente digital_4_ 004ANEXOICONTRATOS2004-
2011.PDF», «21Cuaderno principal_6_Expediente digital_5_005ANEXOIICONTRATOS2012-
2015.PDF», «22Cuaderno principal_6_Expediente digital_6_006ANEXOIIICONTRATOS2016-
2017.PDF» y «23Cuaderno principal_6_Expediente digital_7_007ANEXOIVCONTRATOS2018-
2019.PDF».

15

Radicado: 66001-23-33-000-2021-00039-01 (4321-2023)
Demandante: Ernesto de Jesús Gil Bermúdez

de categorías de 2, 3 y 4»
(sic).
«(p)restar sus servicios
como de instructor Teórico-
práctico en técnicas de
19-01-2009 conducción en los
015 de 2009 $1.181.536 a programas de capacitación 10
31-12-2009 para licencias de
conducción de segunda (2),
tercera (3) y cuarta (4)
categoría» (sic).
17-02-2011 «(p)restar sus servicios en
23 de 2011 y
$1.225.287 a la instrucción teórico 278
adición
30-12-2011 práctica en técnicas de
conducción en el Centro de
29-03-2012
27 de 2012 y Enseñanza Automovilista»
$1.296.287 a 61
adición (sic).
28-12-2012
29-01-2013
16 de 2013 y
$1.335.200 a 19
adición
28-12-2013
«Instrucción en técnicas de
13-01-2014
11 de 2014 y conducción en el centro de
$ a 9
adición enseñanza automovilista»
31-12-2014
(sic).
01-02-2015
14 de 2015 $1.440.000 a 20
31-12-2015
«Prestación de servicios
para la instrucción en
05-02-2016 técnicas de conducción del
17 de 2016 $1.538.000 a Centro de Enseñanza 23
31-12-2016 Automovilística del Instituto
municipal de Transito de
Pereira» (sic).
«Prestación del servicio de
22-02-2017
97 de 2017 y monitor vial, para el sub
$1.538.000 a 36
adición proceso de educación vial»
30-12-2017
(sic).
«Prestación de servicio de
un instructor teórico-
26-01-2018
17 de 2018 y práctico en técnicas de
$1.654.000 a 17
adición conducción en el centro de
31-12-2018
enseñanza automovilística»
(sic).
«Prestación de servicio de
cuatro (4) instructores
teórico-práctico en técnicas
18-01-2019
de conducción en el centro
33 de 2019 $1.654.000 a 11
de enseñanza
21-02-2019
automovilística del instituto
de movilidad de Pereira»
(sic).

36.2. En el desarrollo de los contratos de prestación de servicios, entre otras, las
siguientes obligaciones:

«1) Cumplir con las reglas definidas por el centro de enseñanza automovilística,
incluyendo las relacionadas con la confidencialidad.
2) Declarar cualquier vinculación anterior y/o presente con las personas a ser
capacitadas y evaluadas que pudiera comprometer la imparcialidad en la evaluación
teórico – práctica.
3) Velar por la presentación y cuidado de su vehículo, así como el mantenimiento

16

Radicado: 66001-23-33-000-2021-00039-01 (4321-2023)
Demandante: Ernesto de Jesús Gil Bermúdez

preventivo del mismo.
4) Prestar los servicios como instructor en técnicas de conducción prácticas y teóricas
en el centro de enseñanza automovilística.
5) Cumplir estrictamente con el horario de clases, el cual podrá modificarse de acuerdo
con las necesidades del servicio.
6) Guardar adecuada relación profesor – alumno.
7) Será responsabilidad del instructor que el tiempo de clases sea de cincuenta (50)
minutos.
8) Será responsabilidad del instructor la certificación de idoneidad del alumno.
9) Llevar el control de asistencia del alumno.
10) Mantener al día la tarjeta de control.
11) Informar a la dirección del CEA cualquier anormalidad que suceda con los
estudiantes.
12) Apoyar con la documentación requerida solicitada por el/la funcionario (a) encargado
de archivo.
13) Diligenciar en su totalidad toda la documentación que se requiera para la aprobación
del certificado del curso de conducción.
14) Inscribir personas en el RUNT.
15) Impartir clases de pedagogía para personas que cometieron infracciones de tránsito.
16) Apoyar en la realización de actividades de oficina.
17) Entregar la correspondencia del Centro de Enseñanza Automovilística.
18) Entregar publicidad ofreciendo el portafolio de servicios del Centro de Enseñanza
Automovilística.
19) Colaborar con la atención al público en el Centro de Enseñanza Automovilística. 20)
Apoyar en la realización de las encuestas de satisfacción diligenciadas por los usuarios»
(sic).

«1. Difundir la educación vial, con campañas en el uso adecuado de: puentes
peatonales, cebras, utilización de paraderos y todas las normas de tránsito en general.
2. Realizar campañas de sensibilización en seguridad vial implementadas por el
Subproceso de Educación Vial las cuales son: "MOTOCICLISTA EJEMPLAR", "SOY UN
PEATÓN SEGURO EN LA VÍA" Y "LA CAPITAL DEL EJE SE MOVILIZA EN BICI". 3.
Capacitar a los infractores en general en la importancia y el respeto de las señales de
tránsito. 4. Apoyar las actividades que realiza la Subdirección de Movilidad por el bien
de la comunidad, utilizando herramientas lúdicas, con juegos didácticos, publicidad,
crayolas, loterías entre otros. 5. Educar en los diferentes centros docentes de la ciudad
de Pereira en el sector urbano y rural a los niños y niñas de grados 0 a 5 de primaria,
estudiantes de grados 6 a 11 y estudiantes de jornadas especiales. 6. Apoyo directo en
las Patrullas Escolares creadas en las Instituciones Educativas, aprobadas por la
Secretaría de Educación como prestación del servicio social de los estudiantes de 10 y
11. 7. Impartir capacitación a los infractores en las normas de tránsito para acceder a los
descuentos establecidos en la ley 1383 de 2010. 8. Utilizar en la prestación del servicio,
el uniforme entregado por la entidad para tal fin. 9. capacitación en normas de
conducción y seguridad vial a los estudiantes de grado 10 y 11 de las diferentes
instituciones educativas de la ciudad tanto públicas como privadas. 10. Impartir
información en mecánica básica y normas de conducción seguras, dirigidos a empresas
y comunidad en general que soliciten el programa de capacitación en normas de tránsito
y comportamiento vial. 11. Apoyar al profesional encargado de revisar y auditar los
planes estratégicos de seguridad vial que radican en la entidad, en la línea de acción
vehículos seguros, fijando criterios técnicos de conformidad con la normatividad vigente,
para garantizar que estos se encuentren en óptimas condiciones de funcionamiento y
seguridad para su uso» (sic).

«10) agendar a los alumnos en las clases teóricas 15 minuto antes. 11) mantener al día

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Radicado: 66001-23-33-000-2021-00039-01 (4321-2023)
Demandante: Ernesto de Jesús Gil Bermúdez

la tarjeta de control y mantener al día las firmas respectivas, los documentos legales de
cada alumno los cuales reposan en la oficina 12) apoyar labores de archivo en la oficina
cuando los alumnos cancelen las clases prácticas o haya inconvenientes con el vehículo.
13) informar a la dirección del CEA cualquier anormalidad que suceda con los
estudiantes. 14) apoyar con la documentación requerida solicitada por el/la funcionario
(a) encargado del archivo. 15) diligenciar en su totalidad toda la documentación que se
requiera para la aprobación del certificado del curso de conducción. 16) velar por el
cuidado y mantenimiento del vehículo y los dispositivos móviles entregados, y presentar
informe cuando se presente un siniestro, o un hecho donde se vea involucrado o
afectado el vehículo y/o objetos a cargo. 17) presentar informes de los mantenimientos
y arreglos que se le realicen a los vehículos» (sic).

36.3. Informes dirigidos por el actor a la directora y a la subdirectora del Centro de
Enseñanza del Instituto Municipal de Tránsito y Transporte de Pereira de las
actividades que ejerció en el desarrollo de los contratos de prestación de servicios,
entre las cuales se encuentran las siguientes: i) labores varias en la oficina; ii) cursos
teóricos de normas de tránsito y técnicas de conducción; iii) clases prácticas a
diferentes alumnos; iv) evaluaciones prácticas de conducción a aspirantes a obtener
la licencia por primera vez; v) campañas educativas24.

36.4. Tarjetas de control de asistencia de los alumnos a los cursos prácticos dictados
por el demandante en el Centro de Enseñanza Automovilístico del Instituto
Municipal de Tránsito y Transporte de Pereira, en virtud de los contratos de
prestación de servicios que celebró25.

36.5. Informes de interventoría de los contratos de prestación de servicios suscritos
por el actor, de los que se destaca que i) dio cumplimiento al programa de técnicas
de conducción; ii) capacitó alumnos»; iii) realizó exámenes prácticos a los alumnos
de 2ª, 3ª, 4ª y 5ª categoría, encuestas de satisfacción y cursos teóricos en normas
de tránsito, mecánica básica y primeros auxilios; iv) efectuó el mantenimiento diario
al vehículo asignado; v) colaboró con la entrega de correspondencia y la atención
al público; vi) entregó publicidad que ofrecía el portafolio del Centro de Enseñanza;
vii) «(p)articipó en la toma del parque Mejía Robledo en el apoyo al programa cultura
ciudadana entregando publicidad y asesorando al usuario interesado en el curso teórico-
práctico de conducción»; viii) cubrió el evento que se realizó en «EEXPOFUTURO» en
diferentes meses del año 2008.

36.6. Comprobantes de los pagos efectuados al demandante en virtud de los
contratos de prestación de servicios que celebró con el Instituto Municipal de
Tránsito y Transporte de Pereira26.

24
Ibidem, archivos «20Cuaderno principal_6_Expediente digital_4_ 004ANEXOICONTRATOS2004-
2011.PDF», «21Cuaderno principal_6_Expediente digital_5_005ANEXOIICONTRATOS2012-
2015.PDF», «22Cuaderno principal_6_Expediente digital_6_006ANEXOIIICONTRATOS2016-
2017.PDF» y «23Cuaderno principal_6_Expediente digital_7_007ANEXOIVCONTRATOS2018-
2019.PDF».
25
Ibidem.
26
Ibidem.

18

Radicado: 66001-23-33-000-2021-00039-01 (4321-2023)
Demandante: Ernesto de Jesús Gil Bermúdez

36.7. Certificación del 31 de diciembre de 200827, a través de la cual la auxiliar
almacenista de Gestión de Compras y Logística del Instituto Municipal de Tránsito
y Transporte de Perera informó lo siguiente:

«El señor, HERNESTO DE JESUS GIL BERMUDEZ, identificado con C.C. No.
10.086.605 de Pereira quien laboraba como ISTRUCTOR en el Centro de Enseñanza
del Instituto Se encuentra a PAZ Y SALVO con el Instituto por elementos devolutivos»
(sic).

36.8. Constancia del 20 de febrero de 201728, suscrita por la directora del Centro de
enseñanza automovilística del Instituto de Movilidad de Pereira, a través de la cual
se informó lo siguiente:

«Que el señor ERNESTO DE JESUS GIL BERMUDEZ (…), prestó sus servicios en el
Instituto de Movilidad de Pereira como capacitador para la formación de conductores en
Técnicas de Conducción, Aplicación de Normas de Tránsito en el Centro de Enseñanza
Automovilística así:

Año 2.004 Mediante Contrato de prestación de Servicios.
Años 2.005 y 2.006 Mediante Contrato de la Empresa de Servicios Temporales (Servi-
Temporales).
Años 2.007 a 2.009 Mediante Contrato de Prestación de Servicios.
Año 2.010 Mediante Contrato con la Empresa Cooperadores.
Año 2.011 a 2.016 Mediante Contrato de Prestación de Servicios» (sic).

36.9. El 2 de mayo de 201929, el actor solicitó al Instituto de Movilidad de Pereira el
reconocimiento de la existencia de una relación laboral entre el 4 de noviembre de
2004 y el 18 de febrero de 2019 y el pago de las prestaciones sociales que se
derivaban de ella. Esta petición fue negada a través del Oficio (sin número) del 23
de mayo de 201930, suscrito por el director general de la entidad, con fundamento
en que no existió vínculo laboral, lo que se presentó fue una relación contractual
que no generó el derecho a prestaciones.

40. En la audiencia de pruebas celebrada el 25 de enero de 202231, se recibieron los
testimonios de Wilson Calvo López y Jorge Humberto Mayorga Pabón, pedidos por
la parte demandante, de los cuales se extrae lo siguiente:

40.1. Wilson Calvo López instructor de movilidad del Centro de Enseñanza

27
Ibidem, archivo «20Cuaderno principal_6_Expediente digital_4_ 004ANEXOICONTRATOS2004-
2011.PDF», folio 374.
28
Ibidem, archivo «22Cuaderno principal_6_Expediente digital_6_006ANEXOIIICONTRATOS2016-
2017.PDF», folio 99.
29
Según el acto administrativo demandado. Ibidem, archivo «12Cuaderno principal_6_Expediente
digital_1_001CUADERNO1PRINCIPAL.PDF», folios 29 a 32.
30
Ibidem.
31
https://sistemagrabaciones.ramajudicial.gov.co/share/33f2228d-3a06-465f-ac05-36218eec2b14

19

Radicado: 66001-23-33-000-2021-00039-01 (4321-2023)
Demandante: Ernesto de Jesús Gil Bermúdez

Automovilística del Instituto de Movilidad de Pereira, con vinculación a través de
contratos de prestación de servicios. Fue en ese lugar en donde conoció y trabajó
con el actor desde el año 2004, quien se desempeñaba en similar cargo y había
sido vinculado igualmente.

40.1.1. Ambos eran instructores teórico-práctico; no obstante, en varias ocasiones les
asignaron tareas de oficina, archivo y organización de tarjetas, entre otras.
Asimismo, cumplían un horario de trabajo impuesto y permanente de 8 horas, de
6:00 am a 2:00 pm o de 2:00 a 10:00 pm, y tuvieron varios subdirectores de escuela.

40.1.2. Para el desarrollo de sus funciones la entidad les asignaba un vehículo, al cual
ellos le debían realizar lavado y cambió de aceite y de llantas, la gasolina para su
funcionamiento era suministrada por la entidad. Asimismo, un celular y unas tarjetas
para el registro de los alumnos.

40.1.3. Durante un tiempo el demandante laboró como educador vial, para lo cual
debió trabajar también fines de semana y festivos y portar un uniforme.

40.1.4. En el periodo en el que trabajaron juntos en la entidad únicamente existían 4
instructores teórico-práctico, de los cuales 1 pertenecía a la planta de personal. En
muchas ocasiones juntos coincidieron en los cursos teóricos que dictaban, toda vez
que para su desarrollo era necesario la presencia de 2 instructores.

40.1.5. Para el ejercicio de sus actividades recibían instrucciones por parte del
instituto. Le consta que al demandante le realizaron llamados de atención por
llegadas tarde, por quejas de los alumnos y por el mantenimiento del vehículo.
Igualmente, que aquel no podía dictar los cursos de forma discrecional, no tenía
autonomía para ello, y que durante el tiempo en el que estuvo vinculado con la
entidad no laboró en otra empresa.

40.1.6. El
demandante debía solicitar autorización para poder ausentarse de la
entidad para realizar cualquier tipo de diligencia y cuando no podía asistir por
enfermedad tenía que presentar la incapacidad médica.

40.1.7. Enocasiones debieron asistir y atender los diferentes eventos que eran
programados por la alcaldía, a los cuales tenían que llevar los vehículos y estar
atentos al plan de trabajo que tenía la entidad.

40.1.8. Cuando no tenían cursos teórico-práctico en el Centro de Enseñanza, ya fuera
porque los alumnos no asistían o por cualquier otra causa, debían acudir al Instituto
de Movilidad, en donde se les imponía labores de oficina como las nombradas
anteriormente y otras como el mantenimiento de los vehículos que se les asignaba.

20

Radicado: 66001-23-33-000-2021-00039-01 (4321-2023)
Demandante: Ernesto de Jesús Gil Bermúdez

40.1.9. Los contratos de prestación de servicios que se suscribían eran en un principio
de enero a septiembre de cada año, luego eran adicionados hasta finales de
diciembre.

40.2. Jorge Humberto Mayorga Pabón instructor técnico del Centro de Enseñanza
del Instituto de Movilidad de Pereira, allí conoció al demandante y laboraron juntos
desde el año 2004, cuando ingresó a laborar en igual cargo al suyo.

40.2.1. Ambos se encargaban de la formación de los conductores para adquirir la
licencia de conducción. El programa era teórico-practico, se dictaba de lunes a
sábado en un horario de trabajo de 8 horas diarias, las cuales estaban sujetas a
cambios, y dentro de este se encontraba la enseñanza de las normas de tránsito,
mecánica básica, técnicas de conducción, adaptación al medio ambiente y técnica.

40.2.2. Los programas se dictaban de acuerdo con las instrucciones de la directora
del Centro de Enseñanza del Instituto de Movilidad de Pereira, quien les asignaba
los alumnos a los que se les debía impartir. Cuando no los daban debían realizar
otras actividades que aquella les establecía, como labores de oficina, atención al
público y mantenimiento de los vehículos asignados, entre otras.

40.2.3. Todoslos instructores ejercían iguales funciones de acuerdo con las
instrucciones impartidas por la jefe. En relación con el demandante observó que
recibió órdenes para el desarrollo de sus funciones, ello le consta ya que lo
presenció, pues los reunían a todos y se las impartían, estas referentes a la forma
en que debían desempeñar la función.

40.2.4. El actor no podía ausentarse del trabajo sin autorización, en caso de tener que
realizar alguna actividad personal debía hablar con la directora, pues no era
autónomo para decidir. A su vez, él no tenía la libertad para fijar los horarios en los
que iba a dictar las clases, los cuales solo los podía cambiar la jefe y se debían
cumplir tal y como se lo ordenaban en la escuela.

40.2.5. Eran sujetos de ciertos llamados de atención en cuanto al cumplimiento del
horario, recordó que un día el demandante llegó tarde y debió justificar su retraso
ante la directora.

40.2.6. Al demandante no le era permitido suscribir contratos con otras academias de
enseñanza automovilística, pues estaban exclusivamente con el Instituto de
Movilidad; no podían tener la tarjeta profesional vinculada con otra entidad, puesto
que tenían unas horas determinadas que debían cumplir.

2.3.3. Sobre la existencia de una relación laboral encubierta

21

Radicado: 66001-23-33-000-2021-00039-01 (4321-2023)
Demandante: Ernesto de Jesús Gil Bermúdez

41. Con fundamento en lo expuesto, y en atención a los argumentos del recurso de
apelación, la Sala analizará a continuación si se acreditaron los elementos que
permiten configurar una relación laboral entre Ernesto de Jesús Gil Bermúdez y el
Instituto Municipal de Tránsito y Trasporte de Pereira, hoy Instituto de Movilidad de
Pereira, entre el 4 de noviembre de 2004 y el 21 de febrero de 2019.

2.3.3.1. Prestación personal del servicio

42. De las pruebas relacionadas se tiene que el demandante prestó sus servicios a
al Instituto Municipal de Tránsito y Transporte de Pereira, hoy Instituto de Movilidad
de Pereira, vinculado a través de una cooperativa, una empresa de servicios
temporales y contratos de prestación de servicios, de la siguiente manera:

Entidad contratante Forma de vinculación –
Interrupción días
contrato u orden de Duración
hábiles
prestación de servicios
Instituto Municipal de 23-08-2004
Tránsito y Transporte de Contrato 49 de 2004 a -
Pereira 31-12-2004
«Empresa de Servicios
Temporales (Servi- Convenio de prestación
«Años 2.005 y 2.006»32 -
Temporales)» de servicios
Instituto Municipal de 12-01-2007
Contrato 006 de 2007 y
Tránsito y Transporte de a 7
adición
Pereira 31-12-2007
Instituto Municipal de 14-03-2008
Tránsito y Transporte de Contrato 45 de 2008 a 51
Pereira 31-12-2008
Instituto Municipal de 19-01-2009
Tránsito y Transporte de Contrato 15 de 2009 a 10
Pereira 31-12-2009
«Empresa Convenio de prestación
«Año 2.010»33 -
Cooperadores» de servicios
Instituto Municipal de 17-02-2011
Contrato 23 de 2011 y
Tránsito y Transporte de a 32
adición
Pereira 30-12-2011
Instituto Municipal de 29-03-2012
Contrato 27 de 2012 y
Tránsito y Transporte de a 61
adición
Pereira 28-12-2012
Instituto Municipal de 29-01-2013
Contrato 16 de 2013 y
Tránsito y Transporte de a 19
adición
Pereira 28-12-2013
Instituto Municipal de 13-01-2014
Contrato 11 de 2014 y
Tránsito y Transporte de a 9
adición
Pereira 31-12-2014
Instituto Municipal de 01-02-2015
Tránsito y Transporte de Contrato 14 de 2015 a 20
Pereira 31-12-2015
Instituto Municipal de 05-02-2016
Tránsito y Transporte de Contrato 17 de 2016 a 23
Pereira 31-12-2016

32
Se entiende entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de cada año, pues la constancia del 20 de
febrero de 201732, suscrita por la directora del Centro de enseñanza automovilística del Instituto de
Movilidad de Pereira, no hizo una distinción en días.
33
Ibidem.

22

Radicado: 66001-23-33-000-2021-00039-01 (4321-2023)
Demandante: Ernesto de Jesús Gil Bermúdez

Instituto Municipal de 22-02-2017
Contrato 97 de 2017 y
Tránsito y Transporte de a 36
adición
Pereira 30-12-2017
Instituto Municipal de 26-01-2018
Contrato 17 de 2018 y
Tránsito y Transporte de a 17
adición
Pereira 31-12-2018
Instituto Municipal de 18-01-2019
Tránsito y Transporte de Contrato 33 de 2019 a 11
Pereira 21-02-2019

43. En estas condiciones, se tiene que Ernesto de Jesús Gil Bermúdez trabajó como
instructor teórico-práctico y monitor vial del Cetro de Enseñanza Automovilística del
Instituto Municipal de Tránsito y Transporte de Pereira, hoy Instituto de Movilidad de
Pereira, mediante una cooperativa, una empresa de servicios temporales y a través
de contratos de prestación de servicios celebrados de manera directa con ese
instituto, en los periodos comprendidos entre el 23 de agosto de 2008 y el 21 de
febrero de 2019, con varias interrupciones superiores a 30 días hábiles.

44. Ahora, observa la Sala que el a quo no tuvo en cuenta el tiempo laborado por el
actor a través del contrato 49 de 2004, suscrito de manera directa con el Instituto
Municipal de Tránsito y Transporte de Pereira y ocurrido entre el 28 de agosto y el
31 de diciembre de 2004, así como tampoco el prestado por medio de la cooperativa
de trabajo asociado y la empresa de servicios temporales; no obstante, al ser la
entidad demandada el apelante único en este asunto, no se tendrán en cuenta y por
tanto no se modificará la providencia en este aspecto con el ánimo de no desmejorar
su situación en virtud del principio de la non reformatio in pejus.

45. En este punto en particular es necesario señalar que los periodos en los que el
demandante prestó el servicio a través de la cooperativa de trabajo asociado y la
empresa de servicios temporales sí pueden ser tenidos en cuenta a efectos de
acreditar la existencia de una relación laboral y derivar de ello el derecho a percibir
salarios y prestaciones, cuya obligación recae en la entidad que se benefició de sus
servicios.

46. En efecto, en torno a la tercerización laboral, la Corte Constitucional en sentencia
C-330 de 1995, estudió la constitucionalidad del numeral 3 del artículo 77 de la Ley
50 de 199034, y señaló que la finalidad de esta norma es «la protección de los
trabajadores, para que las empresas no abusen de la posibilidad de contratar trabajadores
temporales, haciendo a un lado los permanentes». Asimismo, sostuvo que «al trazar

34
«Artículo 77. Los usuarios de las empresas de servicios temporales sólo podrán contratar con
éstas en los siguientes casos:
1. Cuando se trate de las labores ocasionales, accidentales o transitorias a que se refiere el artículo
6o del Código Sustantivo del Trabajo.
2. Cuando se requiere reemplazar personal en vacaciones, en uso de licencia, en incapacidad por
enfermedad o maternidad.
3. Para atender incrementos en la producción, el transporte, las ventas de productos o mercancías,
los períodos estacionales de cosechas y en la prestación de servicios, por un término de seis (6)
meses prorrogable hasta por seis (6) meses más».

23

Radicado: 66001-23-33-000-2021-00039-01 (4321-2023)
Demandante: Ernesto de Jesús Gil Bermúdez

límites a la contratación de los servicios temporales, defiende la estabilidad en el trabajo».
Este criterio garantista de los derechos de los trabajadores al servicio de estas
empresas ha sido reiterado por esta Corporación en los siguientes términos35:

«Fue muy claro el legislador [Ley 50 de 1990], en la ponencia para segundo debate, en
señalar normas muy precisas tendientes a la protección de los derechos de los
trabajadores temporales, en cuanto a su remuneración, prestaciones sociales y salud
ocupacional; así como en la prescripción de disposiciones relativas a la constitución y
requisitos para el funcionamiento de las empresas temporales, con el fin de eliminar los
abusos contra esta clase de trabajadores, que denominó el legislador “de planta” y “de
misión”; por ello, se estableció taxativamente, con el fin de respetar el principio de “a
igual trabajo igual salario”, que el personal temporal percibirá el mismo salario ordinario
del trabajador contratado directamente por la empresa usuaria y que desempeñe
idénticas funciones, haciendo la salvedad con respecto a diferenciales por razones de
antigüedad.”».

47. En tal sentido, la Sección Segunda de esta corporación ha señalado que la
administración debe restringirse36 de acudir a este tipo de contratación para «el
desarrollo de funciones permanentes o inherentes al objeto social de la entidad, pues en
caso tal, se estarían desconociendo derechos de los servidores públicos, el derecho al
trabajo y los fines de la administración pública, consagrados en los [artículos] 25, 53, 123 y
125»37.

48. Como consecuencia de lo anterior, la Corporación ha señalado que cuando el
debate jurídico planteado se dirige al tercero beneficiario de la prestación personal
del servicio endilgado [en este caso en particular al Instituto Municipal de Tránsito y
Transporte de Pereira], los derechos laborales que se encuentren acreditados «no
se escinden por el hecho de la vinculación con la empresa de servicios temporales, ni
constituye un obstáculo para acceder a las pretensiones de la demanda»38.

49. En igual sentido lo señaló la Corte Constitucional39 al referirse a la existencia de
una relación laboral entre un trabajador asociado a una cooperativa de trabajo y un
tercero que se beneficiaba de sus servicios. En esa oportunidad señaló que este
último está llamado a responder por las obligaciones laborales que se susciten
producto de la relación de trabajo encubierta bajo el acuerdo cooperativo. Al
respecto señaló:

35
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 23 de marzo del 2000, radicado 570-98, M.P.
Ana Margarita Olaya Forero
36
En ese sentido, la Corte Constitucional en sentencia T-774-11, sostuvo que «cuando el usuario
requiera de la contratación permanente del servicio de los trabajadores en misión, debe acudir a otra
forma de contratación diversa a la que se cumple a través de dichas empresas».
37
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 27 de noviembre de 2014,
radicado 05001 23 33 000 2012 00275 01 (3222-2013), M.P. Gerardo Arenas Monsalve.
38
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 3 de marzo de 2022, radicado
66001 23 33 000 2016 00014 01 (3798-2018), M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.
39
Corte Constitucional, Sentencia C-855 del 25 de noviembre de 2009, M.P. Mauricio González
Cuervo.

24

Radicado: 66001-23-33-000-2021-00039-01 (4321-2023)
Demandante: Ernesto de Jesús Gil Bermúdez

«(…) si por conducto de la Cooperativa de Trabajo Asociado llega a suscitarse una
relación laboral de un trabajador asociado con la cooperativa, para prestarle servicios a
un tercero -con elementos de subordinación, horario y remuneración propios del contrato
de trabajo-, esta relación laboral prevalece sobre el acuerdo cooperativo, y en tal caso
aplican todas las regulaciones laborales, incluyendo, por supuesto, la protección laboral
reforzada a las mujeres embarazadas o lactantes, a las personas en estado de debilidad
manifiesta, o a los discapacitados o disminuidos físicos, caso el cual se impone el
cumplimiento de las obligaciones relacionadas con los aportes al sistema de salud, al
sistema de riesgos profesionales, o incluso la muy elemental de reconocer los salarios
pactados con el trabajador».

50. Así las cosas, esta corporación ha aplicado el anterior criterio a los casos de las
empresas de servicios de tercerización laboral en los que se asignan trabajadores
a entidades públicas con fundamento en que «existe un tercero que eventualmente se
beneficia de los servicios prestados por el trabajador temporal, realizando actividades
permanentes, desconociendo sus derechos laborales, por lo que en el evento de
acreditarse los elementos propios de una relación de trabajo, quien está llamado a
responder en esto caso es el tercero que se benefició de los servicios prestados por el
trabajador»40.

51. En tal sentido, si bien el demandante se vinculó con una cooperativa y una
empresa de servicios temporales, lo cierto es que prestó sus servicios al Instituto
Municipal de Tránsito y Transporte de Pereira, hoy Instituto de Movilidad de Pereira,
para cumplir las obligaciones que este le imponía, tal y como se evidenció en lo
expuesto en esta decisión; sin embargo, como ya se dijo, no se tendrán en cuenta
en virtud del aludido principio.

2.3.1.2. Remuneración

52. Ahora bien, aquel percibió una remuneración41 por el trabajo realizado, tal y como
se evidencia de los contratos y órdenes de prestación de servicios suscritos, junto
con sus actas de inicio, las constancias y comprobantes de pago y las demás
pruebas documentales, en los que se advierte que se estipuló el valor y la forma de
pago, lo que se entiende como la remuneración pactada por el servicio o el trabajo
prestado, independientemente de su denominación (honorarios o salario).

2.3.1.3. Continuada subordinación o dependencia

53. Una vez valoradas en conjunto las pruebas documentales aportadas y los
testimonios, la Sala encuentra que las funciones desempeñadas por el demandante

40
Al respecto ver las siguientes providencias: i) auto del 27 de abril de 2016, radicado 66001 23 33
000 2013 00181 01 (4259-2013), M.P. Gerardo Arenas Monsalve; ii) sentencia del 27 de noviembre
de 2014, radicado 05001 23 33 000 2012 00275 01 (3222-2013), M.P. Gerardo Arenas Monsalve;
auto del 3 de marzo de 2020, radicado 17001 23 33 000 2015 00925 01 (2814-2016), M.P. William
Hernández Gómez.
41
$760.000, $1.055.517, $1.103.649, $1.181.536, $1.225.287, $1.296.287, $1.335.200, $,
$1.440.000, $1.538.000 y $1.654.000.

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Radicado: 66001-23-33-000-2021-00039-01 (4321-2023)
Demandante: Ernesto de Jesús Gil Bermúdez

no se realizaron de forma autónoma e independiente, sino que estuvo sujeto a
horarios, instrucciones y órdenes que son de naturaleza subordinada pues atienden
al control de un superior (subdirectoras y directoras del Centro de Enseñanza
Automovilístico) para ejecutar las obligaciones contractuales, por lo que existe una
sujeción de él hacia el Instituto Municipal del Tránsito de Pereira, hoy Instituto de
Movilidad de Pereira, y en tal sentido este contaba en todo momento con la
posibilidad de disponer de su servicio, y aquel, a su vez, tenía la obligación
correlativa de obedecerle, lo que evidencia el ejercicio del ius variandi por parte de
la entidad.

54. Los testimonios de Wilson Calvo López y Jorge Humberto Mayorga Pabón dan
buena cuenta de las condiciones bajo las cuales el actor prestaba sus servicios en
el instituto, de las que se resalta que en ejercicio de sus funciones cumplía con un
horario y seguía órdenes e instrucciones de las subdirectores y directoras del Centro
de Enseñanza Automovilística.

55. Así las cosas, para esta Sala, el empleador impuso las condiciones de tiempo,
modo y lugar, inclusive con sus propios elementos o instrumentos, para que el
trabajador desarrollara sus labores, sin que le hubiere asistido ningún tipo de
independencia.

56. Esto se advierte luego de contrastado el objeto, las obligaciones y las funciones
que se establecieron en los contratos de prestación de servicios suscritos entre las
partes, de los testimonios recibidos en el proceso y demás pruebas documentales
aportadas. En ellos se aprecian actividades que exigen para su ejecución necesaria
dependencia y subordinación, por lo que la Sala, al realizar una valoración bajo las
reglas de la sana crítica, encuentra que es posible determinar la existencia de una
relación laboral subordinada, siendo incuestionable el ánimo de la entidad
contratante de emplear de modo permanente y continuo los servicios del
demandante.

57. En efecto, Ernesto de Jesús Gil Bermúdez prestó sus servicios como instructor
teórico-práctico de enseñanza automovilística y monitor vial del Instituto Municipal
de Tránsito y Transporte de Pereira, hoy Instituto de Movilidad de Pereira, y cumplió,
entre otras funciones, las de: «(p)restar los servicios como instructor en técnicas de
conducción prácticas y teóricas en el centro de enseñanza automovilística», «(c)umplir
estrictamente con el horario de clases, el cual podrá modificarse de acuerdo con las
necesidades del servicio», «[a]gendar a los alumnos en las clases teóricas 15 minutos
antes», «(a)poyar labores de archivo en la oficina cuando los alumnos cancelen las
clases prácticas o haya inconvenientes con el vehículo», «[i]nformar a la dirección del
CEA cualquier anormalidad que suceda con los estudiantes», «[d]ifundir la educación vial,
con campañas en el uso adecuado de: puentes peatonales, cebras, utilización de paraderos
y todas las normas de tránsito en general», «[u]tilizar en la prestación del servicio, el
uniforme entregado por la entidad para tal fin» e «[i]mpartir información en mecánica

26

Radicado: 66001-23-33-000-2021-00039-01 (4321-2023)
Demandante: Ernesto de Jesús Gil Bermúdez

básica y normas de conducción seguras, dirigidos a empresas y comunidad en general que
soliciten el programa de capacitación en normas de tránsito y comportamiento vial». (Se
resalta).

58. Asimismo, se advierte que la misión del Instituto Municipal de Tránsito y
Transporte de, hoy Instituto de Movilidad de Pereira, es la de prestar «(p)roporcionar
una eficiente Movilidad a los actores viales del Municipio de Pereira, mediante el desarrollo
de estrategias en términos de seguridad, educación y cultura vial, hacia una movilidad
multimodal e integrada; sustentable, competitiva e inteligente»42, función de carácter
permanente que cumple en desarrollo de su actividad, lo que guarda similitud con
las actividades desempeñadas por el demandante, es decir, este ejecutaba labores
que permitían el desarrollo del objeto misional de la entidad.

59. Lo anterior, denota una sujeción y dependencia de quien ejerce los cargos de
instructor teórico-práctico de enseñanza automovilística y monitor vial al servicio del
instituto, al tiempo que corrobora que no puede dejar de existir imposición de
órdenes en la ejecución de su objeto contractual para desempeñar esa labor, puesto
que se trata de funciones que atañen a la esencia y finalidad de la entidad.

60. Se aclara que la situación descrita en el sub judice no corresponde a la que es
propia del principio de coordinación, que «consiste en la sincronización de las
actividades que ejerce el contratista con las directrices que imparte el contratante para la
ejecución eficiente y eficaz del contrato, por lo que es indispensable que exista una
concertación contractual, en la que aquel cumple su contrato con independencia, pero en
armonía con las condiciones necesarias impuestas por su contraparte, respecto de las
cuales esta ejerce control, seguimiento y vigilancia al pacto suscrito»43.

61. Otra es la subordinación, «en virtud de la cual existe una sujeción del trabajador hacia
su empleador y, en tal sentido, este cuenta en todo momento con la posibilidad de disponer
del trabajo de aquel, quien a su vez tiene la obligación correlativa de obedecerle. En efecto,
el empleador impone las condiciones de tiempo, modo y lugar, inclusive con sus propios
elementos o instrumentos, para que el trabajador desarrolle sus labores, sin que a este
respecto le asista ningún tipo de independencia»44.

62. Así las cosas, en el presente asunto no puede hablarse de coordinación, puesto
que el desempeño de las funciones por parte del demandante estaban sujetos a
medidas u órdenes del Instituto Municipal de Tránsito y Transporte de Pereira, hoy
Instituto de Movilidad de Pereira, a saber: la imposición de un horario y/o el
cumplimiento de turnos y la sujeción a directrices de las directoras o subdirectoras,
lo que demuestra que la entidad, en su calidad de empleadora, contaba con la
posibilidad de disponer del trabajo del demandante, lo que denota la existencia de

42
https://movilidadpereira.gov.co/MisionVision.html
43
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 3 de noviembre de 2022,
radicado 63001-23-33-000-2020-00365-01 (2181-2022). M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
44
Ibidem.

27

Radicado: 66001-23-33-000-2021-00039-01 (4321-2023)
Demandante: Ernesto de Jesús Gil Bermúdez

una indiscutible subordinación.

63. Echa de menos la Sala que pese a las disposiciones contenidas en la Ley 909
de 2004, la entidad no haya hecho uso de la creación de plantas temporales que
atiendan a la oferta y la demanda en la prestación del servicio. Por tanto, la ausencia
de personal suficiente que ejecute las obligaciones para las cuales fue contratada
el demandante no es un argumento que enerve las consideraciones expuestas en
esta decisión, pues no justifica la ausencia de planeación por parte de la entidad y
desconoce que las labores desarrolladas se ejercieron bajo la subordinación de la
entidad.

64. De esta manera, la circunstancia de que, consciente y libremente, el demandante
haya aceptado las condiciones de contratación que le fueron planteadas en los
contratos de prestación de servicios, y que se acudiera a su celebración ante la
insuficiencia de personal de planta que desarrollara esas labores, resulta indiferente
en una situación como la expuesta pues «ni aún el consentimiento puede considerarse
como argumento válido para que el trabajador renuncie a los beneficios prestacionales que
la ley prevé en su favor»45, tal y como lo señaló el artículo 53 de la Constitución
Política.

65. Además, valga precisar que la posibilidad de contratar con terceros a que aluden
los artículos 32 de la Ley 80 de 1993 y 2 de la Ley 1150 de 2007, no puede ser
entendida como una carta abierta a efectos de desconocer derechos y garantías
laborales, pues lo cierto es que tal y como se advirtió en esta decisión, la naturaleza
contractual con la cual se revistió la vinculación del demandante y el instituto, a
través de terceros, se desnaturalizó al desarrollarse sin autonomía ni
independencia, las cuales se constituyen en las características propias de la referida
relación contractual.

66. Así las cosas, se encuentran demostrados los elementos constitutivos de una
relación laboral y por tanto de su existencia para los periodos comprendidos entre
el 12 de enero y el 31 de diciembre de 2007, el 14 de marzo y el 31 de diciembre de
2008, el 19 de enero al 31 de diciembre de 2009, el 17 de febrero y el 30 de
diciembre de 2011, 29 de marzo de 2012 y el 28 de diciembre de 2012, el 29 de
enero y el 28 de diciembre de 2013, el 13 de enero y el 31 de diciembre de 2014, el
1º de febrero y el 31 de diciembre de 2015, el 5 de febrero y el 31 de diciembre de
2016, 22 de febrero y el 30 de diciembre de 2017, 26 de enero y el 31 de diciembre
de 2018 y el 18 de enero y el 21 de febrero de 2019, afirmación que se desprende
de los testimonios, de los contratos de prestación de servicios, las constancias y las
demás pruebas documentales.

45
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 1° de septiembre de 2014,
radicado 200012331000201100503 01 (3517-2013), M.P. Alfonso Vargas Rincón.

28

Radicado: 66001-23-33-000-2021-00039-01 (4321-2023)
Demandante: Ernesto de Jesús Gil Bermúdez

2.3.2. En torno a la prescripción de los derechos en litigio

67. Establecido lo anterior, la Sala procederá con el análisis de la prescripción de las
prestaciones sociales a que tiene derecho el demandante, en consonancia con la
declaratoria del reconocimiento de la relación laboral encubierta.

68. Respecto del término de interrupción o solución de continuidad esta
corporación en sentencia de unificación46 dispuso que:

«150. Como se indicó en el apartado anterior, aunque en la actualidad la Sección
Segunda aplica el criterio pacífico sobre el término y el momento a partir del cual debe
computarse la prescripción extintiva, la existencia de vinculaciones contractuales
consecutivas hace necesario el examen de sus interrupciones, con el fin de establecer
si se presentó o no la solución de continuidad en la relación laboral declarada. En ese
sentido, la Sala considera adecuado establecer un periodo de treinta (30) días hábiles
como indicador temporal de la no solución de continuidad entre contratos
sucesivos de prestación de servicios, sin que este, se itera, constituya una «camisa
de fuerza» para el juez contencioso que, en cada caso y de acuerdo con los elementos
de juicio que obren dentro del plenario, habrá de determinar si se presentó o no la rotura
del vínculo que se reputa laboral.

151. Adicionalmente, como complemento de la anterior regla, deberán atenderse las
siguientes recomendaciones:

152. Primera: cuando las entidades estatales a las que se refiere el artículo 2 de la Ley
80 de 1993 celebren contratos de prestación de servicios en forma sucesiva con una
misma persona natural, en los que concurran todos los elementos constitutivos de una
auténtica relación laboral, se entenderá que no hay solución de continuidad entre el
contrato anterior y el sucedáneo, si entre la terminación de aquél y la fecha en que inicie
la ejecución del otro, no han transcurrido más de treinta (30) días hábiles, siempre y
cuando se constate que los objetos contractuales y las obligaciones emanadas de ellos
son iguales o similares y apuntan a la satisfacción de las mismas
necesidades.(Subrayado fuera de texto)

153. Segunda: en cualquier caso, de establecerse la no solución de continuidad, los
efectos jurídicos de dicha declaración serán solamente los de concluir que, a pesar de
haberse presentado interrupciones entre uno y otro contrato, no se configura la
prescripción de los derechos que pudiesen derivarse de cada vínculo contractual. En el
evento contrario, el juez deberá definir si ha operado o no tal fenómeno extintivo respecto
de algunos de los contratos sucesivos celebrados, situación en la cual no procederá el
reconocimiento de los derechos salariales o prestacionales que de aquellos hubiesen
podido generarse».

69. Esta decisión fue aclarada mediante auto del 11 de noviembre de 2021, en el que
la Sección Segunda de esta corporación precisó que «el término de treinta (30) días
hábiles, a que alude la segunda regla de unificación, tal como se dijo en la sentencia del 9

46
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, nueve (9) de
septiembre de dos mil veintiuno (2021), Asunto: SENTENCIA DE UNIFICACIÓN DE
JURISPRUDENCIA CONFORME AL ARTÍCULO 271 DE LA LEY 1437 DE 2011, Medio de control:
Nulidad y restablecimiento del derecho, Radicado: 05001-23-33-000-2013-01143-01 (1317-2016),
Demandante: Gloria Luz Manco Quiroz.

29

Radicado: 66001-23-33-000-2021-00039-01 (4321-2023)
Demandante: Ernesto de Jesús Gil Bermúdez

de septiembre de 2021, debe entenderse como un indicador temporal para inferir que no
hay solución de continuidad entre un contrato y otro sucedáneo, y solo para efectos de la
prescripción de derechos laborales».

70. Asimismo, en la sentencia de unificación del 25 de agosto de 201647, proferida
por el Consejo de Estado, se dispuso lo siguiente:

«En aquellos contratos de prestación de servicios, pactados por un interregno
determinado y que la ejecución entre uno y otro tiene un lapso de interrupción, frente a
cada uno de ellos habrá de analizarse la prescripción a partir de sus fechas de
finalización, puesto que uno de los fundamentos de la existencia del contrato realidad es
precisamente la vocación de permanencia en el servicio. Por consiguiente, le
corresponderá al juez verificar si existió o no la citada interrupción contractual, que será
excluida de reconocimiento y examinada en detalle en cada caso particular, en aras de
proteger los derechos de los trabajadores, que han sido burlados por las autoridades
administrativas al encubrir una relación laboral bajo contratos de prestación de servicios.
Pese a lo expuesto, la Sala aclara que la prescripción extintiva no se aplica frente a los
aportes para pensión, en atención a la condición periódica del derecho pensional, que
los hace imprescriptibles, pues aquellos se causan día a día y en tal sentido se pueden
solicitar en cualquier época, mientras que las prestaciones sociales y salariales, al ser
pagadas por una sola vez, sí son susceptibles del mencionado fenómeno, por tener el
carácter de emolumentos económicos temporales (…).». (Subrayado fuera de texto).

71. Así, a juicio de la Sala, «(q)uien pretenda el reconocimiento de la relación laboral con
el Estado y, en consecuencia, el pago de las prestaciones derivadas de esta, en aplicación
del principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades, deberá reclamarlos dentro
del término de tres años contados a partir de la terminación de su vínculo contractual»48.

72. En consideración con lo anterior, en el sub judice, al verificarse que la solicitud
del reconocimiento fue presentada ante la entidad demandada el 2 de mayo de
201949, se establece que acaeció el fenómeno jurídico de la prescripción respecto
de todas las prestaciones laborales causadas con anterioridad al 30 de diciembre
de 2011, toda vez que la reclamación de los periodos contractuales previos a esta
fecha no tuvo lugar dentro de los 3 años siguientes a la culminación, en los que se
presentaron interrupciones superiores a 30 días hábiles.

73. De tal manera que, al Instituto de Movilidad de Pereira no le corresponderá
realizar el pago de los emolumentos prestacionales laborales causados por los
periodos contractuales ocurridos entre el 12 de enero de 2007 y el 30 de diciembre
de 2011, previamente analizados, pues en efecto, el fenómeno prescriptivo se
contabiliza a partir de la terminación del vínculo contractual, salvo lo relativo a los
aportes a pensión por su carácter de imprescriptibles.

47
SUJ2-005-16.
48
Sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016, con referencia SUJ2-005-16, proferida por el
Consejo de Estado.
49
Según el acto administrativo demandado. Ibidem, archivo «12Cuaderno principal_6_Expediente
digital_1_001CUADERNO1PRINCIPAL.PDF», folios 29 a 32.

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Demandante: Ernesto de Jesús Gil Bermúdez

74. Ahora, si bien entre el periodo terminado el 31 de diciembre de 2016 y el iniciado
el 22 de febrero de 2017 transcurrió un tiempo de 36 días hábiles, lo cierto es que
la reclamación administrativa del vínculo finalizado en esa última fecha se presentó
dentro de los 3 años siguientes a su terminación, por tanto, no procedía la aplicación
del fenómeno prescriptivo a partir de este.

2.4.3. Sobre los salarios y prestaciones objeto del restablecimiento del
derecho

75. Por lo analizado, el actor tiene derecho al reconocimiento y pago de los valores
que por concepto de prestaciones laborales legales derivadas de la relación laboral
debieron liquidarle, y el criterio de la Sala es que la liquidación tendrá que realizarse
en consideración al salario de un empleado de planta que desarrollaba iguales
funciones a las que ejecutó y, solo en caso de no existir, con base en los honorarios
pactados en los contratos de prestación de servicios, correspondientes al periodo
comprendido entre el 12 de enero de 2007 y el 21 de febrero de 2019, salvo sus
interrupciones; no obstante, como ya se analizó, las causadas con anterioridad al
periodo finalizado el 30 de diciembre de 2011 se encuentran prescritas y no hay
lugar a ellas.

76. Lo anterior, en consideración al principio de «a trabajo igual salario igual», que se
deriva del artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales50 frente al cual la Corte Constitucional ha señalado que la remuneración
de los trabajadores en general debe estar acorde con los criterios de
proporcionalidad, cantidad y calidad del trabajo, entre quienes se encuentren en
igualdad de condiciones, sin desconocer la admisión de diversidad de reglas cuando
se trata de hipótesis distintas51.

77. Con fundamento en iguales consideraciones, en criterio de la Sala se tendrá que
calcular el ingreso base de cotización (IBC) pensional. De manera que se deberá
cotizar al respectivo fondo pensional en el porcentaje que le correspondía al

50
«Artículo 7 Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al
goce de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias que le aseguren en especial:
a) Una remuneración que proporcione como mínimo a todos los trabajadores:
i) Un salario equitativo e igual por trabajo de igual valor, sin distinciones de ninguna especie;
en particular, debe asegurarse a las mujeres condiciones de trabajo no inferiores a las de los
hombres, con salario igual por trabajo igual;
ii) Condiciones de existencia dignas para ellos y para sus familias conforme a las disposiciones del
presente Pacto;
b) La seguridad y la higiene en el trabajo;
c) Igual oportunidad para todos de ser promovidos, dentro de su trabajo, a la categoría superior que
les corresponda, sin más consideraciones que los factores de tiempo de servicio y capacidad;
d) El descanso, el disfrute del tiempo libre, la limitación razonable de las horas de trabajo y las
vacaciones periódicas pagadas, así como la remuneración de los días festivos». (Resalta la Sala).
51 26
Sentencia SU-519 de 1997, M. P. José Gregorio Hernández Galindo.

31

Radicado: 66001-23-33-000-2021-00039-01 (4321-2023)
Demandante: Ernesto de Jesús Gil Bermúdez

empleador. Para estos efectos, el actor deberá acreditar las cotizaciones que realizó
al mencionado sistema durante sus vínculos contractuales, con la salvedad de que
en caso de no haberse realizado o de existir diferencia en su contra, tendrá la carga
de pagar o completar el porcentaje que le correspondía como empleado.

78. Es importante aclarar que frente al reconocimiento de las prestaciones que
deberán ser reconocidas al demandante se sostuvo en anterior providencia52 que
«el reconocimiento de la primacía de la realidad sobre las formalidades que conlleva a la
declaración de existencia de una relación laboral subyacente de un contrato de prestación
de servicio, no puede otorgar al accionante la calidad de empleado público» , lo que no
impide que se reconozcan las prestaciones laborales reclamadas en virtud del
aludido principio de «a trabajo igual salario igual».

79. En consideración a esto, al actor le asiste el derecho al reconocimiento de las
prestaciones laborales de carácter legal que devengara un empleado de planta del
Instituto de Tránsito de Pereira, hoy Instituto de Movilidad de Pereira, que
desarrollaba iguales funciones a las suyas, tales como vacaciones, primas,
bonificaciones y cesantías, entre otras.

80. Lo explicado con anterioridad, que es la posición adoptada por la Sala para la
liquidación de las prestaciones laborales a la cuales tendría derecho el demandante
y para el cálculo del ingreso base de cotización (IBC), daría lugar a la modificación
de la orden proferida por el a quo al establecer que la entidad demandada debía
realizar la liquidación con base en los «honorarios contractuales derivados de los
contratos de prestación de servicios»; no obstante, al ser la entidad el apelante único
en este asunto, no se modificará la providencia en este aspecto con el ánimo de no
desmejorar su situación en virtud del principio de la non reformatio in pejus.

81. En igual sentido, si bien en aplicación de las garantías de orden constitucional
que impone a las autoridades proteger los principios de igualdad de oportunidades
para los trabajadores; remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad
y calidad de trabajo; irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en
normas laborales; y la primacía de la realidad sobre las formas establecidas por los
sujetos de las relaciones laborales, esta Sala ha señalado que en asuntos relativos
a las relaciones laborales encubiertas, es procedente el reconocimiento y pago de
las diferencias que resulten entre lo que recibió el demandante por concepto de
honorarios y lo que debió recibir, en igualdad de condiciones de dicho cargo de la
entidad; no es menos cierto que, en el presente asunto la entidad demandada funge
como apelante único, razón por la cual en virtud del mencionado principio no habrá
lugar a modificar la sentencia en este aspecto y, en consecuencia, bajo ese
entendido se confirmará.

52
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 6 de octubre de 2016, radicado
66001 23 33 000 2013 00091 01 (0237 2014).

32

Radicado: 66001-23-33-000-2021-00039-01 (4321-2023)
Demandante: Ernesto de Jesús Gil Bermúdez

82. Ahora, es importante señalar que no por el hecho de haber laborado para el
Estado se adquiere la calidad de empleado público, dadas las condiciones
especiales que se predican de dicha vinculación establecidas en la Constitución y
la Ley. Por lo tanto, al actor no se le puede dar dicha connotación.

83. Por lo hasta aquí analizado, con fundamento en el material probatorio valorado y
la normativa aplicable al asunto, esta Sala concluye que se demostraron los
elementos constitutivos de una relación laboral encubierta entre el actor y El Instituto
Municipal de Tránsito y Transporte de Pereira, hoy Instituto de Movilidad de Pereira,
en los periodos comprendidos entre el 12 de enero de 2007 y el 21 de febrero de
2019, salvo sus interrupciones y, por lo tanto, tiene derecho al consecuente pago
de las prestaciones laborales que surjan de esta.

84. No obstante, como ya se analizó, las causadas del 12 de enero al 30 de
diciembre de 2011 se encuentran prescritas y no hay lugar a ellas, empero, tiene
derecho a que se efectúen los aportes a pensión por todo el tiempo acreditado.

85. Así entonces, la Sala confirmará la sentencia proferida el 10 de junio de 2022 por
el Tribunal Administrativo de Risaralda, Sala Primera de Decisión, que accedió de
manera parcial a las pretensiones de la demanda.

2.4. Costas

86. La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:

«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.

En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».

87. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada,
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales
del procedimiento para su liquidación y ejecución.

88. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la

33

Radicado: 66001-23-33-000-2021-00039-01 (4321-2023)
Demandante: Ernesto de Jesús Gil Bermúdez

medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma53.

89. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones temerarias,
dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas del
procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si se causaron
dichas costas.

90. En el caso concreto, como no se evidenció que la parte vencida actuase con
temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el transcurso
del trámite procesal, la Sala se abstendrá de condenar en costas.

3. Conclusión

91. Con fundamento en lo expuesto, la Sala encuentra que existió una relación
laboral entre el actor y el Instituto Municipal de Tránsito y Transporte de Pereira, hoy
Instituto de Movilidad de Pereira, en los periodos comprendidos entre el 12 de enero
de 2007 y el 21 de febrero de 2019, salvo sus interrupciones y, por lo tanto, tiene
derecho al consecuente pago de las prestaciones laborales que surjan de esta.

92. En consecuencia, tiene derecho al reconocimiento de las prestaciones laborales
de orden legal, para lo cual tomará como referente los honorarios pactados en los
contratos de prestación de servicios. Sin embargo, las causadas del 12 de enero al
30 de diciembre de 2011 se encuentran prescritas y no hay lugar a ellas, empero,
tiene derecho a que se efectúen los aportes a pensión por todo el tiempo acreditado.

93. La entidad demandada deberá calcular el ingreso base de cotización (IBC)
pensional del actor como se indicó con anterioridad y él deberá demostrar las
cotizaciones efectuadas, con la salvedad de que en caso de no haberse realizado
o de existir diferencia en su contra, tendrá la carga de pagar o completar el
porcentaje que le correspondía como empleado.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Confirmar la sentencia proferida el 10 de junio de 2022 por el Tribunal
Administrativo de Risaralda, Sala Primera de Decisión, que accedió de manera

53
En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter., radicación 70001-
23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014).

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Demandante: Ernesto de Jesús Gil Bermúdez

parcial a las pretensiones de la demanda presentada por Ernesto de Jesús Gil
Bermúdez en contra del Instituto de Movilidad de Pereira, conforme con lo expuesto
en la parte motiva de esta providencia.

Segundo. No condenar en costas en esta instancia.

Tercero. Devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones en el
aplicativo Samai.

Cuarto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

Aclaración de voto
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala
en la plataforma del Consejo de Estado denominada Samai. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de
conformidad con el artículo 186 del CPACA.

LAVM

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