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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 66001-23-33-000-2021-00321-01

Fecha
3 de abril de 2025
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 66001-23-33-000-2021-00321-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. – DECLARAR FALLIDOS los recursos de apelación presentados por el departamento de Risaralda y el municipio de Pereira, por las razones expuestas. SEGUNDO. - MANTENER INCÓLUME la sentencia emitida el 16 de noviembre de 2023 por el Tribunal Administrativo de Risaralda, que accedió parcialmente a las súplicas de la demanda promovida por la señora Claudia María Hincapié Zuluaga en contra el Departamento de Risaralda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO. - Sin condena en costas en esta instancia. CUARTO. - Por Secretaría, devolver el expediente al Tribunal de origen. La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 66001-23-33-000-2021-00321-01

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

3 de abril de 2025

Número interno: 0760 - 2024
Demandante: Claudia María Hincapié Zuluaga
Demandada: Nación - Ministerio de Educación y Otros

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B

Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D. C., tres (3) de abril de dos mil veinticinco (2025)

Radicado : 66001-23-33-000-2021-00321-01 (0760-2024) 1
Demandante : Claudia María Hincapié Zuluaga.
Demandado : Municipio de Santa Rosa de Cabal, municipio de
Pereira, departamento de Risaralda y la Nación –
Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio - FOMAG
Medio de control : Nulidad y restablecimiento del derecho
Tema : Relaciones laborales encubiertas tras contratos de
prestación de servicios. Docente
Decisión : Sentencia de segunda instancia

La Sala de Subsección decide el recurso de apelación interpuesto por las partes
demandadas2 en contra de la sentencia del 16 de noviembre de 2023, proferida por
el Tribunal Administrativo de Risaralda – Sala Tercera de Decisión3, que accedió a
las pretensiones de la demanda respecto a la pretensión de reconocimiento de la
relación laboral y pago de aportes pensionales, y se declaró inhibida sobre el
reconocimiento y aplicación del régimen pensional.

I. ANTECEDENTES

1. La demanda4

1.1 Pretensiones

La señora Claudia María Hincapié Zuluaga, por intermedio de apoderado judicial,
acudió a la jurisdicción en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo (CPACA), para solicitar la nulidad de los siguientes
actos administrativos:

• Oficio 4517 del 5 de marzo de 2021, expedido por la Secretaría de Educación
Departamental de Risaralda, mediante el cual negó la solicitud de existencia de una

1
Expediente digital puede ser consultado en el aplicativo Samai.
2
Departamento de Risaralda y Municipio de Pereira
3
Sala conformada por los magistrados: Andrés Medina Pineda, Dufay Carvajal Castañeda y Leonardo Rodríguez Arango.
4
Expediente obrante en la herramienta electrónica SAMA – Gestión en otros despachos – índice 001

1

Número interno: 0760 - 2024
Demandante: Claudia María Hincapié Zuluaga
Demandada: Nación - Ministerio de Educación y Otros

relación laboral entre las partes.

• Oficio 850 del 14 de mayo de 2021, expedido por la Secretaría Jurídica del
municipio de Santa Rosa de Cabal, mediante el cual se niega la solicitud de
reconocimiento de la existencia de una relación de carácter laboral entre esta entidad
y la señora Claudia María Hincapié Zuluaga.

-Acto ficto o presunto configurado por la no respuesta a la reclamación
administrativa presentada el día 7 de julio de 2021 ante la Secretaría de Educación
Municipal de Pereira, como delegada del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio, mediante la cual se solicitaba el reconocimiento y aplicación del
régimen pensional docente establecido en la Ley 33 de 1985 o Ley 71 de 1988 a
favor de la demandante.

A título de restablecimiento del derecho, la parte actora solicitó:

Que se declare la existencia de una relación laboral entre aquella y la Secretaría de
Educación Departamental de Risaralda, en los siguientes períodos: 5 de agosto de
1997 al 30 de noviembre de 1997, 15 de febrero de 1998 al 30 noviembre de 1998,
del 10 de octubre del 2000 al 30 de noviembre del 2000, 20 de marzo del 2001 al 6
de abril del 2001, 3 de septiembre del 2001 al 30 de noviembre del 2001.

Asimismo, solicitó se reconozca la existencia de una relación laboral entre la señora
Claudia María Hincapié Zuluaga y la Secretaría de Educación Municipal de Santa
Rosa de Cabal en el período del 15 de febrero de 1999 al 30 de noviembre de 1999.

Que se efectúen los aportes pensionales adeudados por el municipio de Santa Rosa
de Cabal y el departamento de Risaralda, derivados del contrato realidad y, se
reconozca que el tiempo laborado por la señora Claudia María Hincapié Zuluaga,
bajo la supuesta modalidad de contrato de prestación de servicios, es computable
para efectos pensionales.

Se le ordene a la Nación - Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio tener en cuenta en materia pensional lo
establecido en la Ley 33 de 1985 y/o Ley 71 de 1988, no solo para la relación laboral
comprendida entre el 5 de agosto de 1997 y el 30 de noviembre del 2001, sino en
lo sucesivo, es decir, también en lo posterior al 13 de julio de 2005, fecha en la cual
la demandante fue nombrada docente por el municipio de Pereira.

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Número interno: 0760 - 2024
Demandante: Claudia María Hincapié Zuluaga
Demandada: Nación - Ministerio de Educación y Otros

Que se condene a las entidades demandadas a que sobre las sumas que resulten
condenadas, reconocer y ordenar el pago de las sumas necesarias para hacer los
ajustes de valor, conforme al I.P.C. según lo establecido en el artículo 187 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Que se ordene el cumplimiento de la sentencia dentro del término establecido por
el artículo 192 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo. Se condene en costas y en agencias en derecho a la parte
demandada, según lo establecido en el artículo 188 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

1.2 Hechos

La demandante manifiesta que, mediante órdenes de trabajo, prestó sus servicios
para la Secretaría de Educación del departamento de Risaralda en calidad de
docente provisional de tiempo completo en el colegio oficial Lorencita Villegas de
Santos del municipio de Santa Rosa de Cabal en los periodos del: 5 de agosto de
1997 al 30 de noviembre de 1997, 15 de febrero de 1998 al 30 noviembre de 1998,
10 de octubre del 2000 al 30 de noviembre del 2000, 20 de marzo del 2001 al 6 de
abril del 2001 y del 3 de septiembre del 2001 al 30 de noviembre del 2001.

Que durante el citado tiempo en que prestó sus servicios como contratista tuvo que
cumplir horario, percibió una remuneración y la labor la desempeñó bajo
subordinación, con continuada dependencia del departamento de Risaralda.

Señaló que el 3 de febrero de 2021 presentó reclamación administrativa ante la
Secretaría de Educación Departamental de Risaralda solicitando que fuera
reconocida la relación laboral que sostuvo con dicha entidad y como consecuencia
el reconocimiento y pago de los aportes pensionales adeudados, petición que fue
negada mediante el Oficio 4514 del 5 de marzo de 2021.

En cuanto al municipio de Santa Rosa de Cabal señaló la demandante que se
vinculó mediante el contrato de prestación de servicios N° 38, suscrito con la
cooperativa COODESCA, para laborar en calidad de docente provisional de tiempo
completo bajo la continuada dependencia y subordinación, cumpliendo el horario
asignado en el colegio oficial Lorencita Villegas de Santos del municipio de Santa
Rosa de Cabal entre el 15 de febrero de 1999 al 30 de noviembre de 1999, tiempo
en el cual recibió una remuneración, proveniente del presupuesto de educación del
municipio de Santa Rosa de Cabal.

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Número interno: 0760 - 2024
Demandante: Claudia María Hincapié Zuluaga
Demandada: Nación - Ministerio de Educación y Otros

Indicó que el día 25 de marzo de 2021 presentó reclamación administrativa ante el
municipio de Santa Rosa de Cabal solicitando que fuera reconocida la relación
laboral que sostuvo con dicha entidad para la prestación de sus servicios como
docente y como consecuencia el reconocimiento y pago de los aportes pensionales
adeudados, la cual fue resuelta mediante oficio N° 850 del 14 de mayo de 2021 de
forma negativa.

En cuanto al derecho a la pensión a cargo de la Nación- Ministerio de Educación
Nacional Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio la actora indicó
que nació el día 29 de abril de 1968.

Que el día 13 de julio del 2005 fue nombrada docente en período de prueba en la
institución educativa Pablo Emilio Cardona de Pereira; posteriormente, el día 15 de
febrero del 2006 fue nombrada en propiedad, mediante Decreto de Nombramiento
N° 035 del 20 de febrero del 2006, expedido por la Secretaría de Educación
Municipal de Pereira, en la misma institución educativa.

A la fecha la señora Claudia María Hincapié Zuluaga sólo se le han reconocido por
parte del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio los tiempos
cotizados en calidad de docente nombrada en propiedad, esto es, desde el año
2005.

Informa que el día 7 de julio de 2021 presentó reclamación administrativa ante la
Secretaría de Educación municipal de Pereira, como delegada del Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio, solicitando que le fuera reconocido el
régimen pensional docente establecido en la Ley 33 de 1985 o Ley 71 de 1988,
petición que no ha sido resuelta.

1.3 Normas violadas y concepto de violación

Señala como violados los artículos 25, 53 y 122 de la Constitución Política, artículo
2 del Decreto 2400 de 1968, modificado por el artículo 1 del Decreto 3074 de 1968;
artículo 7 del Decreto 1950 de 1973; artículo 2 del Decreto 2503 de 1998, artículo
104 de la Ley 115 de 1994, artículo 2, 44 y 45 del Decreto 2277 de 1979, Ley 33 de
1985, Ley 33 de 1985 y/o 71 de 1988.

Manifiesta la demandante que estuvo vinculada al departamento de Risaralda y
municipio de Santa Rosa de Cabal mediante una pluralidad de contratos de
prestación de servicios cuyo objeto fue la prestación del servicio como docente
oficial en el área de educación física, existiendo continuidad en su objeto, en sus

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Demandante: Claudia María Hincapié Zuluaga
Demandada: Nación - Ministerio de Educación y Otros

funciones, en el cumplimiento de horario, así como debía cumplir órdenes
impartidas por sus superiores; ante ello, se configuraron los elementos de una
relación laboral, los cuales son: prestación personal del servicio, subordinación y la
remuneración, la cual fue ignorada en perjuicio de la demandante impidiéndole
acceder a los derechos mínimos de rango constitucional y legal que se le debe
garantizar a todo trabajador.

Que su vinculación no fue temporal, por el contrario, ante la necesidad del servicio
aquella fue permanente, téngase en cuenta que se prolongó por más de dos (2)
años, tiempo en el cual cumplió sus funciones con dedicación de tiempo completo,
lo que implicó una subordinación constante. Así, lo que se pretendió todos esos
años por parte de la entidad demandada fue disimular un verdadero contrato de
trabajo con el fin de evitar la vinculación por contrato laboral y el consecuente pago
de prestaciones sociales.

En cuanto al tema pensional señala que, comoquiera que su vinculación con el
departamento de Risaralda fue desde el año 1997, a través de contrato de
prestación de servicios, se debe dar aplicación a su caso al régimen anterior
contemplado en la Ley 33 de 1985 o Ley 71 de 1988 según el caso; a pesar que
solo fue nombrada en propiedad en el año 2005.

2. Contestación de la demanda.

2.1. Nación - Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio5

La entidad contestó la demanda manifestando que se oponía a las pretensiones,
dado que no es la entidad que reconoce o paga las prestaciones sociales de los
docentes estatales; por tanto, no es quien debe pronunciarse acerca de la solicitud
de declaratoria de contrato realidad deprecada por la demandante.

Señala que el departamento de Risaralda es la entidad que suscribió los contratos
de prestación de servicios, además quién expidió los actos administrativos
demandados; siendo dicha entidad, en virtud de la descentralización del sector
educativo por la Ley 60 de 1993 y 715 de 2001, la encargada de atender las súplicas
de la demanda, por lo cual se configura la excepción de falta de legitimación en la
causa por pasiva.

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Expediente digital – SAMAI Tribunal Administrativo de Risaralda

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Demandante: Claudia María Hincapié Zuluaga
Demandada: Nación - Ministerio de Educación y Otros

Propuso como excepciones inexistencia de la obligación, falta de título y causa,
prescripción.

2.2. Departamento de Risaralda6

Se opone a las pretensiones y hechos de la demanda que versan sobre la existencia
o configuración de una relación laboral, aduciendo que nunca hubo dependencia o
subordinación entre las partes.

Considera que de los documentos anexos al escrito de demanda se observa
claramente que siempre se trató de contratos de prestación de servicios (órdenes
de trabajo), los cuales no generaron un vínculo laboral que obligase a la entidad
territorial al pago de prestaciones sociales, dado que fueron honorarios los que
recibió la accionante por motivo de la prestación de sus servicios, tal y como se lee
en las observaciones de cada orden de trabajo suscrita entre las partes.

Presentó como excepciones las que denominó: inexistencia de contrato de trabajo,
inexistencia de relación laboral y reconocimiento de prestaciones sociales,
inexistencia de la supremacía de la realidad, inexistencia de subordinación como
elemento esencial de configuración de la relación laboral reclamada, prescripción.

2.3. Municipio de Santa Rosa de Cabal7

El ente territorial se opuso a las declaraciones y condenas solicitadas, afirmando
que no se encuentra probada la subordinación y dependencia por cuanto las tareas
asignadas a la contratista fueron direccionadas no por sus superiores, sino que
estaban señaladas en el contrato.

Expone que, el hecho que para la ejecución del contrato se deba cumplir un horario
ello no hace que se mute el contrato de prestación de servicios a un contrato laboral.
Añade que, todo contrato de prestación de servicios conlleva una supervisión y la
encargada de tal función tiene la facultad de impartir instrucciones sobre la manera
de ejecutarlo, sin que por ello puede afirmarse que se materializa el elemento
subordinación, propio de todo contrato de trabajo.

Resalta que, aunque en esta demanda se afirma que la relación con el municipio de
Santa Rosa de Cabal cobija el período comprendido entre el 15 de febrero de 1999
al 30 de noviembre de 1999, en el derecho de petición incoado se hizo referencia al
periodo comprendido entre el 5 de agosto de 1997 al 30 de noviembre de 2001; por

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Expediente digital – SAMAI Tribunal Administrativo de Risaralda
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Expediente digital – SAMAI Tribunal Administrativo de Risaralda índice 9

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Demandante: Claudia María Hincapié Zuluaga
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tanto, considera la parte actora no tiene claridad sobre el tiempo laborado en el ente
territorial.

2.4 Municipio de Pereira

La entidad se opone a la declaratoria de la existencia o configuración de una relación
laboral, bajo el argumento que la demandante prestó sus servicios a través de
órdenes de prestación de servicios, conforme a lo reglado en la Ley 80 de 1993,
numeral 3º, artículo 32 y nunca tuvo que someterse a órdenes por parte de
superiores jerárquico(s).

Expuso que las recomendaciones o instrucciones eventuales que podía recibir
Claudia María Hincapié Zuluaga correspondían al principio de coordinación de
actividades entre entidad y contratista; así como, manifestó que, si bien la labor
debía desarrollarse en horarios prudentes, estos nunca fueron impuestos o vigilados
por el ente territorial.

La actora, conociendo las actividades a desarrollar, era quien decidía como
desarrollaba el objeto de sus contratos de prestación de servicios; sumado a ello,
afirmó que no existe en el plenario prueba de la subordinación laboral.

Finalmente, propuso las siguientes excepciones de falta de causa, cobro de lo no
debido e inexistencia de la obligación, buena fe, prescripción, inexistencia de
violación de normas superiores, inexistencia de igualdad, exclusión de relación
laboral, inexistencia de relación laboral y reconocimiento de prestaciones sociales,
inexistencia de la supremacía de la realidad e innominada.

3. Sentencia de primera instancia8

El Tribunal Administrativo de Risaralda, a través de la sentencia proferida el 16 de
noviembre de 20239, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda,
reconociendo la existencia de la relación laboral (sin condena en costas) y se inhibió
de fallar respecto a la pretensión de analizar el régimen pensional, así:

«[…]
PRIMERO: DECLARAR la nulidad del Oficio 4514 del 5 de marzo de 2021, del Oficio 850
del 14 de mayo de 2021 y del Acto Ficto o Presunto configurado por la omisión de respuesta
frente a la reclamación administrativa presentada el día 7 de julio de 2021, por la cual se
negó el reconocimiento de una relación laboral y el pago de los aportes pensionales.

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Expediente digital – SAMAI – Gestión en otros despachos – índice 00044
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Expediente digital - SAMAI

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Demandante: Claudia María Hincapié Zuluaga
Demandada: Nación - Ministerio de Educación y Otros

SEGUNDO: DECLARAR la existencia de una verdadera relación laboral entre la
demandante señora Claudia María Hincapié Zuluaga y el Departamento de Risaralda, en los
siguientes extremos temporales:

TERCERO: ORDENAR a título de restablecimiento del derecho al DEPARTAMENTO DE
RISARALDA el reconocimiento y pago de los aportes al sistema de seguridad social en
pensiones, por lo cual, la entidad accionada deberá completarlos al respectivo fondo de
pensiones en el porcentaje que le correspondía durante los períodos en los que se demostró
la existencia de la relación laboral; que se detallan en la tabla siguiente, tomando como base
el valor de los honorarios pactados en el contrato de prestación de servicios.

El Departamento de Risaralda deberá tener en cuenta los honorarios pactados en todos los
contratos celebrados y calcular el ingreso base de cotización (IBC) pensional de la actora,
mes a mes, a fin de establecer si existe diferencia entre los aportes realizados por aquel
como contratista y los que se debieron efectuar, caso en el cual, SE ORDENA cotizar al
respectivo fondo de pensiones la suma faltante por concepto de aportes a pensión, pero solo
en el porcentaje que le correspondía en su calidad de empleador. Para tales efectos, la parte
actora deberá acreditar las cotizaciones que realizó al sistema durante los vínculos
contractuales y en la eventualidad de que no las hubiese hecho o existiese diferencia en su
contra, tendrá la carga de cancelar o completar, según sea el caso, el porcentaje que le
incumbía como trabajador, de acuerdo con las consideraciones de esta providencia.

El tiempo laborado bajo la modalidad de contrato de prestación de servicio, se debe
computar para efectos pensionales.

CUARTO: La entidad demandada dará cumplimiento al presente fallo en los términos
referidos en el artículo 192 del CPACA.

QUINTO: SE DECLARA INHIBIDO el Tribunal para analizar de fondo el reconocimiento y
aplicación del Régimen Pensional, por las razones expuestas en la parte motiva de este
proveído.

SEXTO: NO condenar en costas de conformidad a lo señalado en esta providencia.

Después de analizar los elementos de la relación laboral, concluye el Tribunal que
las actividades desarrolladas por la parte demandante revisten las características
propias de un empleo de carácter permanente, ya que demandan continuidad y
permanencia en su ejecución; lo anterior, en lo que concierne a la vinculación
contractual como docente en los períodos del 5 de agosto de 1997 al 30 de
noviembre de 1997, 15 de febrero de 1998 al 30 de noviembre de 1998, 16 de abril
de 1999 al 30 de noviembre de 1999, 10 de octubre de 2000 al 30 de noviembre de
2000, 20 de marzo de 2001 al 6 de abril de 2001 y del 3 de septiembre de 2001 al
30 de noviembre de 2001.

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Demandante: Claudia María Hincapié Zuluaga
Demandada: Nación - Ministerio de Educación y Otros

Consideró que la labor que desempeñaba llevaba implícita la dependencia, teniendo
en cuenta que los testigos escuchados precisaron que la demandante cumplía
horario de 12:30 p.m. a 6:20 p.m. seguía órdenes del rector de la institución y en
caso de necesitar ausentarse debía pedir permiso, en igual sentido una de las
certificaciones allegadas indica que el servicio se prestó de tiempo completo.

Precisa el Tribunal que la labor desempeñada por la actora era de docente, la cual
obedece a la misión de las instituciones educativas, lo que implica subordinación y
dependencia, misma que se desarrolló de forma permanente.

Es así como se concluye que la prestación del servicio de la demandante constituyó
una verdadera relación laboral, por tanto, ordena la nulidad de los actos
administrativos que negaron su declaratoria.

En cuanto al restablecimiento del derecho primero aclarara que no se deprecó el
pago de diferencias salariales o prestaciones sociales como consecuencia de la
declaratoria del contrato realidad, versando solo la pretensión en ordenar el pago
de aportes pensionales.

Apoyado en jurisprudencia de esta Corporación el Tribunal concluye que al haberse
demostrado que la demandante prestó los servicios desde el 5 de agosto de 1997
hasta el 30 de noviembre de 2001, es decir, con antelación a la entrada en vigencia
del 812 de 2003, dichos periodos deben ser tenidos en cuenta como tiempo de
servicios para el reconocimiento de la pensión.

Así las cosas, considera que es viable ordenar a la entidad territorial el pago de los
aportes pensionales deprecados, recordando que estos son imprescriptibles.

En cuanto al reconocimiento de la pensión advierte que en ninguna de las peticiones
que se formuló ante la administración solicitó el reconocimiento de tal prestación.

Sostiene que la demandante al momento de incoar las peticiones ante los
demandados no cumplía con la edad para gozar de la pensión; por tanto, las
decisiones que en respuesta de aquellas se hayan tomado no constituyen un acto
administrativo sino un mero acto informativo, no susceptible de ser enjuiciado; ante
ello, no emite pronunciamiento al respecto.

4. Recursos de apelación

4.1. Municipio de Pereira

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La entidad reitera los argumentos expuestos en la contestación de la demanda,
señalando que por el solo hecho de haberse suscrito unos contratos de prestación
de servicios entre las partes, los cuales tuvieron una duración fija y clara, no puede
surgir el derecho al reconocimiento y pago de las prestaciones sociales dejadas de
percibir.

Aduce que las recomendaciones o instrucciones eventuales que pudo recibir la
señora Hincapié Zuluaga correspondían al principio de coordinación de actividades
entre entidad contratante y contratista a efectos de desarrollar eficientemente la
labor encomendada y dar cabal cumplimiento al objeto de los diversos contratos de
prestación de servicios, dentro de jornadas prudentes, útiles y ajustadas a las
necesidades del servicio para el cual fue contratado. Por lo que, no puede
confundirse el elemento estructural del contrato de trabajo denominado
subordinación con la coordinación para lograr los alcances del contrato de
prestación de servicios.

Conforme a lo anterior, solicita se nieguen las pretensiones en lo que respecta al
municipio de Pereira - Secretaría de Educación.

4.2. Departamento de Risaralda

El analizar el memorial aportado como recurso de apelación se evidencia que aquél
no guarda relación con el objeto de este proceso, puesto que hace referencia a
sentencia dictada por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Pereira el 24
de marzo del 2023, donde la accionante es la señora María Zurely Cardona Obando,
quien prestó sus servicios en el área de servicios generales.

Pide finalmente se revoque la sentencia del 24 de marzo de 2023, esto es, un asunto
diferente al aquí analizado.

5. Trámite del recurso de la Ley 2080 de 2021

Con auto de 15 de abril de 202410, este Despacho admitió el recurso de apelación
conforme a lo previsto en el numeral 3° del artículo 67 de la Ley 2080 de 2021; sin
embargo, por no existir pruebas que decretar en segunda instancia, se prescindió del
periodo para que las partes alegaran de conclusión.

Según constancia secretarial, vencido el término de ejecutoria, el Ministerio Público
y las partes guardaron silencio.

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Expediente digital – SAMAI índice 004

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II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia.

La Subsección es competente para conocer en segunda instancia de este proceso
de conformidad con lo establecido en el artículo 150 del CPACA. De igual forma,
según el artículo 328 del Código General del Proceso11, el juez de segunda instancia
debe pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos en el recurso de
apelación.

2.2 Problema jurídico

Teniendo en cuenta que el objeto del debate es una sentencia proferida en primera
instancia por el Tribunal Administrativo de Risaralda que accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda, en principio, sería del caso analizar si es viable revocar
dicha decisión.

No obstante, al revisar los recursos de apelación advierte la Sala que, previo a
decidir el fondo del asunto, es necesario resolver dos interrogantes, a saber: i) si el
recurso de alzada presentado por el departamento de Risaralda fue debidamente
sustentado y, ii) si al municipio de Pereira le asiste interés jurídico en recurrir.

De ser negativa las respuestas a los anteriores interrogantes, esto es, de encontrar
ajustadas a derecho las apelaciones formuladas, se podrá entrar a analizar si es
posible revocar el fallo dictado en primera instancia.

2.3 Apelación de sentencias

Sobre el recurso de apelación, precisa la Sala que aquel encuentra su fundamento
en el artículo 31 de la Constitución Política12, norma que consagró la regla de la
doble instancia. Este medio de impugnación sirve para remediar los errores
judiciales, teniendo en cuenta que lo resuelve otro funcionario de mayor categoría,
que supone mayor experiencia y versación en la ciencia jurídica; de allí que el
artículo 320 del C.G.P. haya consagrado en su inciso primero que “El recurso de
apelación tiene por objeto que el superior examine la cuestión decidida, únicamente en relación con

11
ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los
argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la
ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior
resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar
copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera
indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán
alegarse durante la audiencia.
12
ARTICULO 31. Toda sentencia judicial podrá ser apelada o consultada, salvo las excepciones que consagre la ley. El superior
no podrá agravar la pena impuesta cuando el condenado sea apelante único.

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los reparos concretos formulados por el apelante, para que el superior revoque o reforme la
decisión”.

Sobre el principio de la doble instancia la Corte Constitucional13 ha sostenido:

“El principio de la doble instancia, se encuentra su consagración expresa en los arts. 29, 30
y 86 de la Constitución. En el artículo 31 superior se establece que “toda sentencia judicial
podrá ser apelada o consultada, salvo las excepciones que consagre la ley.”

Este principio tiene gran relevancia en nuestro ordenamiento jurídico dada su relación con los
derechos al debido proceso y a la defensa, ya que su protección garantiza una recta
administración de justicia, con un debate mayor y menores posibilidades de error
judicial al permitir que la decisión adoptada por una autoridad judicial sea revisada por una
autoridad independiente, imparcial y de distinta categoría. Así lo sostuvo recientemente al
señalar lo siguiente:

“Su finalidad es permitir que la decisión adoptada por una autoridad judicial sea revisada por
otro funcionario de la misma naturaleza y más alta jerarquía –lo que en principio es indicativo
de mayor especialidad en la materia– con el fin de que decisiones contrarias a los intereses
de las partes tengan una más amplia deliberación con propósitos de corrección.”

Como lo dice Hernán Fabio López Blanco14, parafraseando a Podetti, el recurso de
apelación es, sin discusión, el más importante y usado de todos los recursos en
diversas legislaciones. Es como lo ha indicado en la visión histórica, raíz y origen
de todos los demás recursos.

El artículo 243 del CPACA permitió la interposición del recurso de apelación contra
sentencias de primera instancia, entre otras providencias; más adelante el artículo
247 ibidem estableció el trámite de dicho recurso, precisando que aquél debía ser
interpuesto y sustentado dentro de los 10 días siguientes a la notificación de la
sentencia.

El recurso en cita permite que el recurrente exprese los motivos de inconformidad
contra la decisión, los cuales, en principio, delimitan el marco sobre el cual se debe
pronunciar el juez de segunda instancia. En este sentido, el artículo 328 del Código
General del Proceso15 consagra la competencia del superior en los siguientes
términos:

ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá
pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de
las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.

Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló
hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el
recurso, condenar en costas y ordenar copias.

El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón
de la modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.

13
Expediente D9214 del 27 de febrero de 2013. MP Maria Victoria Calle Correa
14
López Blanco Hernán Fabio, Undécima edición, 2012. Procedimiento Civil Pág.782
15
Aplicable por remisión expresa del artículo 306 del CPACA

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Demandante: Claudia María Hincapié Zuluaga
Demandada: Nación - Ministerio de Educación y Otros

En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las
nulidades procesales deberán alegarse durante la audiencia

En ese orden de ideas, el propósito del recurso de apelación es que el superior
revise la decisión, confirme, revoque o modifique lo resuelto por el a quo; para lo
que es obligatorio que el recurrente lo sustente, expresando las razones de su
inconformidad, además de señalar los puntos que le son desfavorables o sobre los
que considera que el juez de primera instancia no se pronunció. Sobre este tópico
esta Sala16 sostuvo:

“Por manera tal, que la sustentación de la apelación deberá ser el resultado de una cadena
argumentativa coherente, apoyada en referentes normativos e incluso en precedentes
jurisprudenciales a través de los cuales se fundamenten argumentos serios y sólidos, con
aptitud para evidenciar la confrontación respecto de la providencia apelada y, llevar al
convencimiento del superior, bien para acogerlos a bien para desestimarlos (…)”

2.4 Apelación fallida

Como lo ha sostenido esta Sección en distintos pronunciamientos17, esta figura no
se encuentra regulada en ninguna norma procesal, se ha utilizado
jurisprudencialmente cuando los argumentos de reparo que presenta el apelante
con respecto a la decisión recurrida no guardan congruencia con lo esbozado por el
juez, es decir, las razones que se exponen como reproche frente a la providencia
proferida no tienen relación con el tema debatido o no se presentan argumentos en
el que se exprese la razón de la inconformidad con la decisión.

2.4. Análisis del caso

En cuanto al recurso de apelación presentado por el departamento de Risaralda, la
Sala observa que los argumentos expuestos por el recurrente no guardan relación con
el objeto de este proceso, aquel hace referencia a sentencia dictada por el Juzgado
Primero Administrativo del Circuito de Pereira el 24 de marzo del 2023, donde la
accionante es la señora María Zurely Cardona Obando, quien prestó sus servicios
en el área de servicios generales.

Debe reiterarse que este asunto fue decidido en primera instancia por el Tribunal
Administrativo de Risaralda, a través de la sentencia proferida el 16 de noviembre
de 2023, donde se accede parcialmente a las pretensiones incoadas por la señora

16
Sentencia del 26 de agosto de 2021, expediente 17001-12-33-000-2014-00240-01 (4505-15) Demandante German Darío
Echeverry Hernández. MP César Palomino Cortés
17
Sentencia del 18 de agosto de 2022. Expediente 25000-23-42-000-2016-05717-01 (3427-2; del 18 de noviembre de 2021,
expediente 25000-23-42-000-2013-06074-01 (3918-18) MP William Hernández Gómez; del 9 de septiembre de 2021, expediente:
76001-23-33-000-2013-00709-01 (5199-2019) M.P. Rafael Francisco Suarez Vargas; del 26 de agosto de 2021, expediente 17001-
12-33-000-2014-00-01 (4505-15) MP César Palomino Cortés. Auto del 24 de noviembre de 2023, expediente 15001-23-33-000-
2021-00648-(5027-2023) MP Jorge Iván Duque Gutiérrez

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Demandante: Claudia María Hincapié Zuluaga
Demandada: Nación - Ministerio de Educación y Otros

Claudia María Hincapié Zuluaga, quien prestó sus servicios como docente.

Ante ello, se considera que el recurso de apelación no puede ser tramitado y deberá
ser declarado fallido. Sobre este tema desde antaño el Consejo de Estado ha
determinado que la consecuencia de no sustentar en debida forma el recurso y
exponer argumentos que difieren del asunto que se tramita conllevan necesaria a
su declaratoria fallida, así se dijo en providencia del del 25 de mayo de 2006:

«En conclusión, se observa que los argumentos esgrimidos por el recurrente como sustentación
del recurso, en verdad, no están dirigidos contra el fondo de la sentencia apelada, por no
corresponder al caso que se juzga, lo cual impide en el fondo desatar la apelación, es
decir, ésta resulta fallida porque es imposible confrontar la sentencia con una apelación
de la misma que no lo es (…)18».

En providencia más reciente proferida por esta misma Sala, en un proceso de similar
característica se llegó a la misma conclusión y se dijo:

«Entonces, como quiera que la postura de la demandada en la impugnación es
incongruente con la sentencia cuestionada y, además, carece de la carga
argumentativa que exige la alzada, se debe declarar fallida la apelación (…) 19»

De conformidad con lo expuesto y dado que la competencia del superior está
limitada al estudio de los argumentos expuestos por el apelante, se insiste, la
apelación formulada por el departamento de Risaralda debe declararse fallida; lo
anterior, puesto que los argumentos expuestos en el escrito no permiten realizar el
análisis de inconformidad con la sentencia toda vez que se refieren a otro proceso
judicial.

Igual decisión, pero por motivos distintos, se toma con relación al recurso de
apelación formulado por el municipio de Pereira, quien presentó recurso de
alzada a pesar de no haber sido condenado en el fallo de primera instancia.

Debe aquí recordarse que mediante sentencia del 16 de noviembre de 2023, el
Tribunal Administrativo de Risaralda – Sala Tercera de Decisión, accedió a las
pretensiones de la demanda respecto a la pretensión de reconocimiento de la
relación laboral y pago de aportes pensionales y se declaró inhibida sobre el
reconocimiento y aplicación del régimen pensional. Como restablecimiento del
derecho ordenó al departamento de Risaralda pagar los aportes al sistema de
seguridad social en pensiones que le correspondía como empleador durante los
períodos en los que se demostró la existencia de la relación laboral.

18
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, M.P. Tarsicio Cáceres Toro, sentencia del 25 de mayo de 2006, proceso
con radicado 15001-23-31-000-2000-02086-01 y número interno 2273-2005.
19
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, M.P. Jorge Edison Portocarrero Banguera, proceso 76001-23-33-
000-2019-00015-01 (2591-2023)

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Dentro de la orden judicial dictada en primera instancia no se impuso condena
alguna en contra del municipio de Pereira, aquí recurrente.

Ante ello, debe indicarse que quien tiene interés jurídico en recurrir una providencia
es aquella que fue vencida o resultó perjudicada con la decisión tomada; de allí que
el inciso final del artículo 320 del C.G.P. señale “Podrá interponer el recurso la parte a
quien le haya sido desfavorable la providencia: respecto del coadyuvante se tendrá en cuenta lo
dispuesto en el inciso segundo del artículo 71”.

En ese orden de ideas, si la decisión judicial, en este caso, la sentencia, no resulta
contraria o de ella no se le genera ningún perjuicio, la parte no podrá interponer
recurso de apelación, comoquiera que para que aquel prospere, además de
interponerse de forma oportuna y sustentarse en debida forma, es necesario que se
tenga interés jurídico en la decisión de segunda instancia, dado el agravio que,
respecto a los intereses de la parte que presenta el recurso, le generó la decisión
judicial tomada inicialmente.

En este asunto, se insiste, el municipio de Pereira no fue condenado en la sentencia
de primera instancia, de las órdenes dadas por el Tribunal en el fallo objeto de este
proceso no se observa que haya alguna que le imponga obligación al referido ente
territorial, razón por la cual no es posible darle trámite al recurso de apelación
incoado, el cual será declarado fallido; lo anterior, al no tener interés jurídico en
recurrir la sentencia proferida el 16 de noviembre de 2023 por el Tribunal
Administrativo de Risaralda.

En consecuencia, se debe declarar que las apelaciones presentadas tanto por el
departamento de Risaralda como por el municipio de Pereira son fallidas. En virtud
de ello, la decisión de primera instancia debe mantenerse incólume.

Condena en costas

En el sub lite no habrá lugar a condena en costas, en la medida en que no se
cumplen los presupuestos exigidos por el artículo 188 del CPACA, al respecto esta
Sala ha sostenido que dicha norma otorga al juez la facultad de valorar la
procedencia de las costas, lo cual implica examinar la actuación procesal de la parte
vencida, verificar con certeza su causación y constatar que la conducta desplegada
revele temeridad o mala fe; no siendo suficiente el simple resultado adverso del
proceso20.

20
Radicado 15001-23-33-000-2013-00072, de 27 de enero de 2017 MP. Carmelo Perdomo Cuéter; Radicado: 13000-33-33-000-
2014-00390 (1327-16), de 8 de septiembre de 2017, M.P. Sandra Lissett Ibarra Vélez.

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Demandada: Nación - Ministerio de Educación y Otros

En esos términos, en el caso concreto, tras revisar la actuación de las partes a lo
largo del proceso, no se evidencia temeridad ni mala fe.

III. DECISIÓN

Visto lo anterior, la Sala confirmará la sentencia de primera instancia del Tribunal
Administrativo de Risaralda, que accedió parcialmente a las suplicas de la demanda;
como quiera que los recursos formulados en su contra se declararán fallidos.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República
de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO. – DECLARAR FALLIDOS los recursos de apelación presentados por el
departamento de Risaralda y el municipio de Pereira, por las razones expuestas.

SEGUNDO. - MANTENER INCÓLUME la sentencia emitida el 16 de noviembre de
2023 por el Tribunal Administrativo de Risaralda, que accedió parcialmente a las
súplicas de la demanda promovida por la señora Claudia María Hincapié Zuluaga
en contra el Departamento de Risaralda, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.

TERCERO. - Sin condena en costas en esta instancia.

CUARTO. - Por Secretaría, devolver el expediente al Tribunal de origen.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Aclara voto
Cfr. Rad. AV. 05001-23-33-000-2020-00472-01
(1251-2024)

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Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

17

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