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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 17001-12-33-000-2014-00240-01

Apelación fallida por falta de sustentación del recurso de apelación: configuración

Fecha
26 de agosto de 2021
Consejero ponente
César Palomino Cortés
Citada por
5 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 17001-12-33-000-2014-00240-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Artículo Primero.- CONFÍRMASE la sentencia de 7 de septiembre de 2015, proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas, que negó las pretensiones de la demanda incoada por Germán Darío Echeverry Hernández, con fundamento en las razones expuestas en esta providencia. Artículo Segundo.- REVÓCASE la condena en costas impuesta a la parte demandante en el artículo segundo del fallo impugnado, de conformidad con lo indicado en precedencia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 17001-12-33-000-2014-00240-01

Consejero ponente: César Palomino Cortés

26 de agosto de 2021

APELACIÓN FALLIDA POR FALTA DE SUSTENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN – Configuración

Esta instancia lamenta que no se efectuó una sustentación de los argumentos de reproche frente al fallo apelado, al valerse de las mismas razones que fueron esbozadas en la demanda, por cuanto si bien es cierto el juez contencioso debe efectuar un análisis integral del proceso disciplinario igualmente lo es que es deber de la parte actora, acreditar la verdad de su dicho y no pretender que esta recaiga en cabeza del juzgador. La Sala pone de presente que no desconoce que el juez contencioso tiene el deber de ejercer un control integral de la actuación disciplinaria, pero dicha obligación debe partir de unos parámetros claros y delimitados de disenso, por cuanto resulta como deber correlativo de la parte actora, que cumpla con las cargas argumentativas mínimas con fundamento en las cuales pretenda edificar tanto las causales de nulidad como las de inconformidad frente al fallo, pero no aspirar a que el funcionario judicial se ponga en la tarea de examinar la totalidad de la actuación administrativa lo cual haría del papel de la administración de justicia una tarea inagotable, además que implicaría que el juez contencioso efectuara un juicio de corrección y no uno de validez de la actuación enjuiciada , como quiera que se debe partir de la presunción de legalidad de dichas decisiones. En vista de que esta instancia observa incumplido el deber que tenía el recurrente de señalar las discrepancias que tenía frente a la sentencia que atacó en ejercicio del recurso de alzada, como quiera que dichas objeciones son las que realmente deben ser analizadas y resueltas en la providencia del ad quem, resulta evidente la ausencia de controversia ante las contundentes razones esgrimidas en el fallo impugnado, circunstancia esta que obliga a la confirmación de la sentencia de primera instancia, tal y como así se dispondrá en la parte resolutiva de este fallo. NOTA DE RELATORÍA: En relación con el control judicial integral de los actos administrativos de contenido disciplinario, ver: C. de E., Sala Plena de lo contencioso administrativo, sentencia de 9 de agosto de 2016, radicación: 1210-11, C.P.: William Hernández Gómez.

FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 29 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 31 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 218 / LEY 1015 DE 2006 – ARTÍCULO 34 NUMERAL 10 / LEY 734 DE 2002 – ARTÍCULO 161 / LEY 734 DE 2002 – ARTÍCULO 162 / LEY 734 DE 2002 – ARTÍCULO 163 / LEY 734 DE 2002 – ARTÍCULO 165 / LEY 734 DE 2002 – ARTÍCULO 175 / LEY 734 DE 2002 – ARTÍCULO 177 / LEY 734 DE 2002 – ARTÍCULO 178

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: CÉSAR PALOMINO CORTÉS

Bogotá, D.C., veintiséis (26) de agosto de dos mil veintiuno (2021).

Radicación número: 17001-12-33-000-2014-00240-01(4505-15)

Actor: GERMÁN DARÍIO ECHEVERRY HERNÁNDEZ

Demandado: NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL Y OTRO

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de 7 de septiembre de 2015 proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas, mediante la cual negó las súplicas de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en el artículo 138 CPACA, el ciudadano Germán Darío Echeverri Hernández, por conducto de apoderado judicial, solicitó fuera declarada la nulidad de los siguientes actos administrativos:

-Fallo de primera instancia de fecha 17 de diciembre de 2012 proferido por la Inspección Regional Delegada Tres con sede en Pereira, dentro de la investigación disciplinaria N° REGI3-2012-23, mediante el cual le impuso al actor la sanción de destitución e inhabilidad general por quince (15) años, en su condición de Teniente de la Policía Nacional.

-Fallo de segunda instancia de fecha 8 de marzo de 2013, expedido por el Inspector General de la Policía Nacional, que confirmó en forma íntegra el fallo sancionatorio de la primera instancia.

Como consecuencia de las declaratorias de nulidad anteriores, a título de restablecimiento del derecho solicitó: i) se condene a la demandada al reintegro del accionante al cargo que venía desempeñando o a uno de superior categoría sin solución de continuidad, disponiéndose el respectivo registro en el sistema SIJUR y en la hoja de vida del actor; ii) se ordene el pago de los salarios y demás emolumentos dejados de devengar desde la fecha de la sanción hasta cuando sea reintegrado; iii) se ordene el pago de los perjuicios morales que estimó en doscientos (200) s.m.l.m.v.; iv) se ordene el cumplimiento de la sentencia de acuerdo con los artículos 192 y 195 de la Ley 1437 de 2011; ix) se condene a la demandada al pago de las costas y gastos procesales según el artículo 188 ídem.

Los hechos que fundamentan las anteriores pretensiones son los siguientes:

Mediante poligrama Nro. 580 del 15 de agosto de 2012, el señor Capitán Pablo César Guacaneme Mora Comandante del IV Distrito de Policía Riosucio informó que el día 14 de agosto de 2012 siendo las 20:38 horas sector La “Y” zona urbana de Supía Caldas, la Policía de Vigilancia atendió requerimiento de riña y disparos, resultando lesionado el Señor Yorman Herney Muñoz Henao, quien manifestó haber sido agredido por el señor Subteniente Echeverry Hernández Comandante de la Estación Policía de Supía y por otro Oficial, además de haber sido intimidado por el señor Echeverry con el arma de fuego que poseía luego de realizar cuatro disparos al aire.

Ante este hecho, el sancionado fue requerido por el Intendente Gilberto Rubio Acevedo, a quien le comentó lo de la riña y le entregó el arma que resultó ser una pistola de propiedad de la Policía Nacional asignada como dotación individual.

Con fundamento en los hechos acontecidos, la Inspección Delegada Regional Tres de la ciudad de Pereira, inició indagación preliminar mediante auto del 15 de Agosto de 2012 radicada con el número P-REGI3-2012-42; posteriormente mediante auto del 10 de Octubre de 2012 se declaró la procedencia del procedimiento verbal y citó a audiencia disciplinaria, que terminó el 17 de Diciembre de 2012, mediante Fallo de Primera Instancia objeto de la presente demanda.

Esta decisión luego de ser objeto del recurso de apelación, fue confirmada por la Inspección General de la Policía Nacional mediante proveído del 8 de marzo de 2013, ratificando la sanción impuesta que fue ejecutada por el Ministro de la Defensa Nacional, mediante Decreto 2830 del 05 de diciembre de 2013, el cual le fue notificado al demandante el 18 de diciembre de 2013.

Normas violadas y concepto de la violación

Fueron citadas como transgredidas las siguientes disposiciones normativas: los artículos 1°, 2°, 6°, 25, 29, 53, 125 y 209 de la Constitución Política; la Ley 1015 de 2006; el Decreto Ley 1791 de 2000; la Ley 857 de 2003; la Ley 1437 de 2011; la Ley 62 de 1993 y los Decretos 2400 de 1968, 3135 de 1968, 1848 de 1969, no citó el demandante ninguna norma en particular de la anterior legislación.

El apoderado de la parte actora invocó como causales de nulidad la expedición irregular de los actos acusados, la falsa motivación y la desviación de las atribuciones propias de quien los profirió, al considerar que la investigación se instruyó y decidió con desconocimiento del debido proceso, lo que condujo a la vulneración de los derechos fundamentales del investigado en cuanto a la presunción de inocencia, congruencia procesal, legalidad de la actuación y proscripción de la responsabilidad objetiva.

Adujo que la demandada, desconoció el debido proceso en la actuación disciplinaria adelantada en contra del Teniente Germán Echeverry, no solo a nivel procesal sino en lo sustancial, lo que incidió en la expedición de los actos acusados, por las siguientes razones:

El Inspector Delegado de la Regional Tres, comisionó de manera ilegal al Intendente Carlos Mario Alzate Acevedo y al Subintendente Luis Fernando Ibarra; resultó transgredido el principio de legalidad y ritualidad de las formas propias de cada juicio, por la falta de posesión para el juramento de rigor por parte de los funcionarios o escribientes comisionados; se dio una dualidad simultánea de práctica de pruebas por parte de los comisionados, lo cual impidió una adecuada defensa técnica y la garantía del debido proceso; la actuación adolece de adecuación típica normativa en la inclusión de las pruebas al expediente para poderlas controvertir; se omitió el traslado del dictamen pericial de balística del 15 de junio de 2012 que fue determinante en el juicio; adolece de falta de legalidad el recaudo de la prueba una vez se dejó a disposición el arma de fuego por parte de la Fiscalía del municipio de Supía Caldas, lo cual daría lugar a nulidad por obtención de prueba con violación del debido proceso.

Según el apoderado de la parte actora, la investigación sancionatoria incurrió también en las siguientes irregularidades: falta de posesión del patrullero Restrepo Ossa para recepcionar las declaraciones; indebida notificación del auto del 26 de septiembre de 2012 por parte del defensor oficial del actor, mediante notificación vía correo electrónico; indebida aplicación de los artículos 150, 152 y 153 de la Ley 734 de 2002 al disponer mediante Auto del 10 de octubre de 2012 el adelantamiento de la investigación disciplinaria por el trámite verbal; falta de auto de cierre de la investigación lo cual implicó que el disciplinado no pudiera ejercer su defensa técnica; la decisión sancionatoria tuvo como soporte la prueba de alcoholemia cuyo recaudo probatorio fue ilegal, además que desconoció la presunción de inocencia del investigado.

Del mismo modo, según la parte actora, la actuación sancionatoria carece de un análisis serio y objetivo en el recaudo y valoración probatoria, acorde a las reglas de la sana crítica, para lo cual solicita se tenga en cuenta la actuación visible a folios 308-312 del cuaderno disciplinario.

Según el demandante, la actuación disciplinaria es ilegal al determinar que la falta fue dolosa a título de culpa gravísima, sin tener en cuenta las circunstancias personales que rodearon el hecho, máxime cuando está proscrita toda forma de responsabilidad objetiva; que se efectuó una errónea interpretación jurídica en la adecuación típica normativa de la sanción; en la audiencia pública se dio una argumentación confusa e incongruente en la norma adjetiva que se debía aplicar; se violó el debido proceso por falta de auto de cierre de investigación y traslado de alegatos de conclusión antes de darle continuidad a la audiencia del 5 de diciembre de 2012, diligencia que se omitió siendo de carácter obligatorio y falta de traslado para los alegatos de conclusión por parte del funcionario de segunda instancia.

Consideró el demandante que los fallos sancionatorios incurrieron en defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, en cuanto a la causal de falsa motivación la fundamentó con base en un aparte de la sentencia T-297 de 2009 que se refiere a la discrecionalidad de los actos de retiro de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional.

En cuanto al fallo de segunda instancia del 8 de marzo de 2013, cuestionó el demandante que no se constituyó en un verdadero control de legalidad respecto del fallo de primera instancia, que es contradictorio al reconocer la inconsistencia en las declaraciones de los testigos pero sin embargo asumió la responsabilidad del demandante, al haber reafirmado la culpabilidad de la conducta por haberla desplegado en estado de embriaguez, de tal manera que olvidó tener en cuenta que si estaba bajo los efectos del licor, su voluntad estaba viciada, de allí que la sanción resultó dantesca frente a la situación vivenciada, informada, probada y decidida.

1.2. Contestación de la demanda

El apoderado judicial del Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional respecto de los numerosos hechos relatados en la demanda, manifestó que se atenía a lo que se probara pero que en general son descripciones del proceso disciplinario así como la apreciación personal del defensor del sancionado los que deben ser probados en el expediente, al tiempo que se opuso a las pretensiones y condenas planteadas en la demanda, al considerar que los fallos sancionatorios se expidieron de conformidad con el ordenamiento legal.

Afirmó que el proceso disciplinario se apoyó en las pruebas legalmente aportadas, que fueron apreciadas en conjunto de acuerdo con las reglas de la sana crítica y la experiencia y, que el operador disciplinario sustentó su decisión al contar con la certeza sobre la comisión de la conducta y la responsabilidad del investigado.

Advirtió según jurisprudencia de esta Corporación, que el juicio de legalidad no puede constituirse en una tercera instancia para dirimir procesos disciplinarios, por lo que no cualquier alegato puede ser de conocimiento de esta jurisdicción, ni cualquier tipo de error está en capacidad de cuestionar el fallo disciplinario.

Para el apoderado de la demandada, el actor contó con las garantías constitucionales y legales dentro de la actuación disciplinaria, por cuanto los cuestionamientos efectuados en ejercicio del derecho de defensa y contradicción, a través de los recursos interpuestos y las nulidades propuestas, fueron analizados debidamente en la oportunidad procesal.

Cuestionó que no puede el actor, utilizar la jurisdicción contencioso para obtener un fallo favorable a sus intereses, cuando tuvo la oportunidad procesal de hacerlo en la actuación disciplinaria, distinto es que el procedimiento adelantado sí estuvo ajustado a derecho no obstante el demandante pretenda hacer ver lo contrario.

Recordó que no se puede perder de vista que el servicio público que presta la Policía Nacional, implica por parte de sus miembros, el cumplimiento de unas exigencias de confiabilidad y de eficiencia, por lo que debe contar con un personal dotado de absoluta credibilidad, de allí que la conducta asumida por el sancionado no cumplió con estos parámetros.

Indicó que los actos administrativos demandados, fueron expedidos por funcionarios competentes, de manera regular y en ejercicio de sus funciones constitucionales y legales, por lo que solicitó se niegue la nulidad deprecada.

1.3. Audiencia Inicial

El día 13 de mayo de 2015 ante el Despacho Ponente del Tribunal Administrativo de Caldas, se adelantó Audiencia Inicial del artículo 180 de la Ley 1437 de 2011 a la cual asistieron los apoderados de los extremos litigiosos y el Ministerio Público.

Luego de sanear los hechos, la primera instancia fijó el litigio en determinar si el actor probó que los actos demandados, estuvieron viciados de nulidad por violación de los principios de legalidad, debido proceso, resolución de la duda, presunción de inocencia, proscripción de responsabilidad objetiva, derecho de defensa, investigación integral y congruencia procesal. Delimitó los cargos de la demanda en los siguientes, que fueron aceptados por el apoderado del actor: i) dualidad de los investigadores para adelantar la investigación preliminar lo que impidió una adecuada defensa técnica; ii) el auto que decidió tramitar la actuación por el procedimiento verbal desconoció los artículos 150, 152 y 153 de la Ley 734 de 2002; iii) la actuación disciplinaria vulneró el artículo 180 del CDU y, iv) el fallo de segunda instancia no ejerció control de legalidad al fallo de primera instancia.

1.4. La sentencia apelada

El Tribunal Administrativo de Caldas profirió sentencia el 7 de septiembre de 2015 mediante la cual negó las súplicas de la demanda al tiempo que condenó en costas a la parte demandante, con fundamento en las siguientes razones:

Luego de relacionado el material probatorio allegado al expediente, el a quo resolvió los cargos de la demanda, teniendo como planteamiento jurídico el fijado en la audiencia inicial relativo a verificar si se presentó o no en el presente caso, la violación de los principios orientadores del debido proceso aplicable a toda actuación administrativa, en cuatro cargos que fueron en su momento aceptados por la parte actora.

En cuanto al primer cargo, el relativo a la dualidad de los investigadores comisionados para adelantar la indagación preliminar, hecho que supuestamente impidió una adecuada defensa técnica del demandante, no lo encontró acreditado la primera instancia.

Lo anterior, por cuanto analizadas las actas de todas las declaraciones recepcionadas en el expediente, observó que fueron llevadas a cabo los días 15, 16 y 23 de agosto de 2012 y 10 de septiembre de 2012, que si bien es cierto fueron recibidas por los funcionarios de la Inspección Delegada Regional Tres, Subteniente Luis Fernando Ibarra y por el Patrullero Leonardo Restrepo Ossa, igualmente lo es que dichos testimonios fueron tomados en fechas y horarios distintos, de tal suerte que el actor pudo asistir a las diligencias tal y como así consta en las respectivas actas, a las cuales también asistió el apoderado del Teniente investigado, por lo que no es cierto que se le haya impedido la defensa técnica, aunado a que el propio investigado asistió a varias diligencias, pudiendo él mismo defenderse durante la indagación preliminar.

Respecto del cargo relativo a la tramitación de la actuación por el procedimiento verbal que no se ajustó a los artículos 150, 152 y 153 de la Ley 734 de 2002, tampoco lo encontró acreditado la primera instancia, por cuanto según el material probatorio verificó que la etapa de indagación preliminar del artículo 150 se adelantó en cumplimiento de sus cometidos, tal y como así lo consignó el auto del 10 de octubre de 2012, en el que se analizaron las prueba recaudadas, se identificó a los autores de la falta disciplinaria y se establecieron los cargos investigados y el sustento de los mismos.

Por tanto, desestimó el argumento de la parte actora según el cual no se efectuó un análisis de la indagación preliminar al evidenciarse un prejuzgamiento de la conducta desplegada por el investigado, al no ser evaluadas las condiciones que rodearon la actuación del sancionado, como quiera que en el auto que declaró la procedencia del procedimiento verbal y se citó a audiencia, se analizaron detalladamente los cargos, las pruebas recaudadas dentro de la indagación preliminar, así como la conducta desplegada siendo determinada con claridad así como la gravedad de la misma, sin que ello implique un prejuzgamiento lo que resulta lógico para el ejercicio de la defensa técnica al conocer los cargos por los cuales se investiga, razón por la cual este argumento carece de sustento probatorio.

El tercer cargo de nulidad relativo a que en el proceso disciplinario no se cumplió el supuesto normativo del artículo 180 de la ley 734 de 2002, por cuanto en el sentir del demandante se le violó el debido proceso toda vez que no se le corrió traslado de los dos días para presentar los alegatos de conclusión y, que se concedieron dos días al apoderado del disciplinado para apelar el fallo de primera instancia, resultó también desestimado por el Tribunal de primera instancia.

La anterior decisión la adoptó por cuanto, encontró acreditado que mediante el auto que dio por terminada la etapa probatoria fechado 5 de diciembre de 2012, se dio traslado para presentar alegatos y fijó fecha para la presentación de los mismos, otorgándole un término prudencial para ello, que al surtirse el proceso verbal los alegatos debían ser presentados incluso dentro de la misma audiencia y, que al haber sido notificado con anterioridad el auto que citaba a la reanudación de la audiencia para presentar los alegatos, el traslado para presentarlos sí se cumplió, tanto así que el apoderado del actor los presentó, garantizándose así el debido proceso y el derecho de contradicción.

Tampoco aceptó el cuestionamiento de los dos días otorgados al apoderado del investigado para sustentar el recurso de apelación, por cuanto precisamente fue este sujeto procesal el que los pidió, razón por la cual no se puede alegar la violación al debido proceso, pues dicho plazo fue otorgado previa solicitud efectuada por el apoderado judicial.

El a quo tampoco evidenció la supuesta nulidad por violación al debido proceso, por el hecho de que la segunda instancia no efectuó un control de legalidad de la actuación desplegada por la primera al asumir la responsabilidad del demandante dado el estado de embriaguez al momento en que desplegó la conducta investigada, lo que en sentir del apoderado del actor hacía que su voluntad estuviera viciada por lo que la sanción resultó dantesca frente a la situación probada y sancionada.

Consideró la providencia impugnada que el fallo de segunda instancia objeto de demanda, sí efectuó un análisis de la actuación surtida ante la primera en la que verificó el cumplimiento del debido proceso, pues las pruebas allegadas fueron obtenidas de forma legal y valoradas en debida forma, aunado a que no se le negó al disciplinado el derecho de contradicción que le asistía.

Según el Tribunal Administrativo de Caldas, el operador disciplinario de segunda instancia al analizar la conducta del investigado tomó en cuenta todas y cada una de las piezas procesales aportadas a la investigación, entre ellas fue objeto de valoración el estado de embriaguez en el que se encontraba el investigado, por lo que encontró acertada la conducta endilgada por la primera instancia, que resultó ajustada a derecho ya que se encuentra tipificada en la ley disciplinaria para los miembros de la Policía Nacional por lo que la sanción, resultó ajustada al principio de legalidad.

El a quo no encontró que el fallador de segunda instancia disciplinario, hubiera violado el deber del control de legalidad que debía ejercer al fallo de primera instancia, en vista de que analizó el procedimiento llevado a cabo de cara al material probatorio recaudado, mediante los cuales encontró probada la responsabilidad del disciplinado en los cargos endilgados y en la sanción impuesta.

En virtud de las anteriores consideraciones, no evidenció la transgresión del debido proceso en la actuación disciplinaria adelantada por la Policía Nacional en contra del investigado, por lo que negó las causales de nulidad invocadas, al no comprobarse el desconocimiento del derecho de defensa, por lo que los fallos sancionatorios no perdieron su presunción de legalidad.

1.4. El recurso de apelación

El apoderado del demandante en la impugnación solicitó la revocatoria de la sentencia del Tribunal Administrativo de Caldas, para que en su lugar se acceda a las súplicas de la demanda, con fundamento en los siguientes argumentos de inconformidad.

El apoderado de la parte actora afirmó en el escrito de apelación lo siguiente:

“La Corporación niega las súplicas de la demanda teniendo en cuenta que la parte actora no probó que los actos acusados estuvieran viciados por violación a los principios de legalidad, debido proceso, resolución de duda, presunción de inocencia, proscripción de responsabilidad objetiva, derecho a la defensa investigación integral y congruencia procesal.

Contrario a lo anterior, donde se respeta pero no se comparte los planteamientos esbozados por la Sala, entro a argumentar los fundamentos fácticos y de derecho donde considero que se encuentran debidamente probados todos y cada uno de los elementos axiológicos normativos para dar lugar a una nulidad de los actos acusados así. (…)”

Luego de lo anterior, la parte actora transcribió in extenso los mismos argumentos esgrimidos en el libelo introductorio de la demanda, pero como tal no planteó inconformidad contra la decisión impugnada.

1.5. Alegatos de conclusión en sede de segunda instancia

El apoderado de la parte demandada presentó escrito contentivo de alegatos de conclusión, en el que reiteró los argumentos planteados en la contestación de la demanda mediante los cuales solicitó fueran denegadas las pretensiones de la demanda, por lo que solicitó la confirmación del fallo impugnado.

Por su parte, el apoderado de la parte demandante también radicó escrito de alegatos de conclusión, mediante el cual solicitó la revocatoria de la sentencia de primera instancia al reiterar que la actuación disciplinaria incurrió en múltiples irregularidades que afectaron su validez, por desconocimiento de la normatividad consignada en las leyes 734 de 2005, 1015 de 2006 y 1474 de 2011.

Reiteró la violación al debido proceso del investigado, como quiera que no se le dio la oportunidad de presentar alegatos previos al fallo de segunda instancia, etapa que no se podía obviar y que es de obligatorio cumplimiento de acuerdo con el inciso 7° del artículo 180 de la Ley 734 de 2002 modificado por el artículo 59 de la Ley 1474 de 2011, como quiera que no existe prueba que acredite la notificación por estado mediante la cual se le hubiera garantizado este derecho al demandante. Solicitó de esta instancia que efectúe un análisis con lupa de toda la actuación disciplinaria desde sus orígenes, los distintos autos proferidos, la valoración integral de la prueba documental y testimonial, así como de los fallos sancionatorios, con el fin de advertir la violación al debido proceso en la actuación por parte de los operadores disciplinarios.

1.6 Concepto del Ministerio Público.

De acuerdo con certificación de la Secretaría de esta Sección, la agencia fiscal guardó silencio al no presentar concepto.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

De conformidad con el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante.

2.2. Planteamiento del problema jurídico

En el presente caso el problema jurídico que se debe abordar es de naturaleza procesal y se contrae en definir, concretamente, si los motivos que sustentan el recurso de apelación interpuesto por el apoderado del demandante, guardan congruencia con la decisión adoptada por el Tribunal Administrativo de Caldas, en la sentencia proferida el 7 de septiembre de 2015, que negó las pretensiones de la demanda.

Lo anterior, por cuanto ante esta instancia judicial, no se expresaron reproches e inconformidades en contra de los argumentos del a quo con fundamento en los cuales desestimó los cargos de nulidad, como quiera que se limitó a reiterar y transcribir los mismos de la demanda.

2.3. Del procedimiento disciplinario a la luz de la Ley 734 de 2002

La actuación disciplinaria a la que estaba sometida la investigación en contra del señor German Darío Echeverry Hernández está consignada en lo sustancial en la Ley 1015 de 7 de febrero de 2006 “Por medio de la cual se expide el Régimen Disciplinario para la Policía Nacional”, dada la condición de Subteniente para la época de los hechos investigados y en lo procesal, en la Ley 734 de 5 de febrero de 2002 “Por la cual se expide el Código Disciplinario Único”.

Respecto del procedimiento verbal en el Código Disciplinario Único, encuentra su fundamentación normativa en los artículos 175, 177 y 178 de la Ley 734 de 2002, que prevén los siguientes supuestos fácticos y legales:

“ARTÍCULO 175. APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO VERBAL. El procedimiento verbal se adelantará contra los servidores públicos en los casos en que el sujeto disciplinable sea sorprendido en el momento de la comisión de la falta o con elementos, efectos o instrumentos que provengan de la ejecución de la conducta, cuando haya confesión y en todo caso cuando la falta sea leve.

También se aplicará el procedimiento verbal para las faltas gravísimas contempladas en el artículo 48 numerales 2, 4, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 32, 33, 35, 36, 39, 46, 47, 48, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59 y 62 de esta ley.

En los eventos contemplados en los incisos anteriores, se citará a audiencia, en cualquier estado de la actuación, hasta antes de proferir pliego de cargos.

En todo caso, y cualquiera que fuere el sujeto disciplinable, si al momento de valorar sobre la decisión de apertura de investigación estuvieren dados los requisitos sustanciales para proferir pliego de cargos se citará a audiencia. “

(…)
Artículo 177. AUDIENCIA. Calificado el procedimiento a aplicar conforme a las normas anteriores, el funcionario competente citará a audiencia al posible responsable, para que dentro del término improrrogable de dos días rinda versión verbal o escrita sobre las circunstancias de su comisión. Contra esta decisión no procede recurso alguno.

En el curso de la audiencia, el investigado podrá aportar y solicitar pruebas, las cuales serán practicadas en la misma diligencia, dentro del término improrrogable de tres días, si fueren conducentes y pertinentes. Si no fuere posible hacerlo se suspenderá la audiencia por el término máximo de cinco días y se señalará fecha para la práctica de la prueba o pruebas pendientes.

De la audiencia se levantará acta en la que se consignará sucintamente lo ocurrido en ella.

Artículo 178. ADOPCIÓN DE LA DECISIÓN. Concluidas las intervenciones se procederá verbal y motivadamente a emitir el fallo. La diligencia se podrá suspender, para proferir la decisión dentro de los dos días siguientes. Los términos señalados en el procedimiento ordinario para la segunda instancia, en el verbal, se reducirán a la mitad.

Los anteriores preceptos normativos deben interpretarse de manera armónica con los artículos 161, 162, 163 y 165 de la misma legislación disciplinaria que establece:

“ARTÍCULO 161. DECISIÓN DE EVALUACIÓN. Cuando se haya recaudado prueba que permita la formulación de cargos, o vencido el término de la investigación, dentro de los quince días siguientes, el funcionario de conocimiento, mediante decisión motivada, evaluará el mérito de las pruebas recaudadas y formulará pliego de cargos contra el investigado u ordenará el archivo de la actuación, según corresponda, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso 2o. del artículo 156.

ARTÍCULO 162. PROCEDENCIA DE LA DECISIÓN DE CARGOS. El funcionario de conocimiento formulará pliego de cargos cuando esté objetivamente demostrada la falta y exista prueba que comprometa la responsabilidad del investigado. Contra esta decisión no procede recurso alguno.

ARTÍCULO 163. CONTENIDO DE LA DECISIÓN DE CARGOS. La decisión mediante la cual se formulen cargos al investigado deberá contener:

1. La descripción y determinación de la conducta investigada, con indicación de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se realizó.

Jurisprudencia Vigencia
2. Las normas presuntamente violadas y el concepto de la violación, concretando la modalidad específica de la conducta.

3. La identificación del autor o autores de la falta.

4. La denominación del cargo o la función desempeñada en la época de comisión de la conducta.

5. El análisis de las pruebas que fundamentan cada uno de los cargos formulados.

6. La exposición fundada de los criterios tenidos en cuenta para determinar la gravedad o levedad de la falta, de conformidad con lo señalado en el artículo 43 de este código.

7. La forma de culpabilidad.

8. El análisis de los argumentos expuestos por los sujetos procesales.

Artículo 165. Notificación del pliego de cargos y oportunidad de variación. El pliego de cargos se notificará personalmente al procesado o a su apoderado si lo tuviere.

Para el efecto inmediatamente se librará comunicación y se surtirá con el primero que se presente.

Si dentro de los cinco días hábiles siguientes a la comunicación no se ha presentado el procesado o su defensor, si lo tuviere, se procederá a designar defensor de oficio con quien se surtirá la notificación personal.

Las restantes notificaciones se surtirán por estado.

El pliego de cargos podrá ser variado luego de concluida la práctica de pruebas y hasta antes del fallo de primera o única instancia, por error en la calificación jurídica o por prueba sobreviniente. La variación se notificará en la misma forma del pliego de cargos se otorgará un término prudencial para solicitar y practicar otras pruebas, el cual no podrá exceder la mitad del fijado para la actuación original.”

De acuerdo con los fallos sancionatorios, el actor fue sancionado por haber incurrido en la falta consignada en el numeral 10 del artículo 34 de la Ley 1015 de 7 de febrero de 2006 “Por medio de la cual se expide el Régimen Disciplinario para la Policía Nacional”, calificada como gravísima, por lo que el operador disciplinario al advertir que se reunían los requisitos para proferir pliego de cargos, fue que dispuso el adelantamiento de la actuación disciplinaria por el trámite verbal.

Las faltas endilgadas al demandante fueron las siguientes:

“ARTÍCULO 34. FALTAS GRAVÍSIMAS. Son faltas gravísimas las siguientes:

(…)
10. Incurrir en la comisión de conducta descrita en la ley como delito, cuando se encuentre en situaciones administrativas tales como: Franquicia, permiso, licencia, vacaciones, suspendido, incapacitado, excusado de servicio, o en hospitalización.

(…)
20. Manipular imprudentemente las armas de fuego o utilizarlas en estado de embriaguez o bajo los efectos de sustancias que produzcan dependencia física o síquica.

21. Respecto de los bienes y equipos de la Policía Nacional, o de otros puestos bajo su responsabilidad, violar la ley, reglamentos o instrucciones superiores mediante las siguientes conductas:
(…)
c) Darles aplicación o uso diferente;
(…)”

2.4. Control de legalidad de los actos administrativos proferidos en virtud del procedimiento disciplinario

El Consejo de Estado se ha manifestado en repetidas oportunidades sobre el control judicial que ejerce respecto de las decisiones, pruebas y demás actuaciones que se presentan en desarrollo del proceso administrativo sancionatorio. Es así como, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en sentencia de unificación del 9 de agosto de 2016, consideró frente al alcance de aquél:

“En conclusión: El control judicial de las decisiones adoptadas por los titulares de la acción disciplinaria, es integral.

Según lo discurrido, ha de concluirse que el control judicial es integral, lo cual se entiende bajo los siguientes parámetros: 1) La competencia del juez administrativo es plena, sin "deferencia especial" respecto de las decisiones adoptadas por los titulares de la acción disciplinaria. 2) La presunción de legalidad del acto administrativo sancionatorio es similar a la de cualquier acto administrativo. 3) La existencia de un procedimiento disciplinario extensamente regulado por la ley, de ningún modo restringe el control judicial. 4) La interpretación normativa y la valoración probatoria hecha en sede disciplinaria, es controlable judicialmente en el marco que impone la Constitución y la ley. 5) Las irregularidades del trámite procesal, serán valoradas por el juez de lo contencioso administrativo, bajo el amparo de la independencia e imparcialidad que lo caracteriza. 6) El juez de lo contencioso administrativo no sólo es de control de la legalidad, sino también garante de los derechos. 7) El control judicial integral involucra todos los principios que rigen la acción disciplinaria. 8) El juez de lo contencioso administrativo es garante de la tutela judicial efectiva”.

De acuerdo con el anterior precedente judicial, se observa que el papel del juez contencioso debe ser integral al verificar las causales de nulidad de los actos administrativos puestos a examen, ya que deberá examinar aquellas causales conexas con derechos fundamentales, a fin de optimizar la tutela judicial efectiva, dando cumplimiento al precepto constitucional de primacía del derecho sustancial frente al formal.

Por manera tal, que el juez de legalidad, al efectuar la valoración del material probatorio allegado a la actuación disciplinaria, está habilitado para estudiar la legalidad, pertinencia y conducencia de las pruebas con fundamento en las cuales se impuso la sanción disciplinaria, por cuanto mediante su objetiva y razonable ponderación, podrá tener elementos de juicio para determinar la legalidad del acto objeto de nulidad.

El citado precedente también se refirió al tema de la ilicitud sustancial, al considerar que el juez está autorizado para realizar el análisis de racionalidad, razonabilidad y/o proporcionalidad respecto de la misma, al punto que, si el asunto lo exige, puede valorar los argumentos que sustenten la afectación sustancial del deber funcional y las justificaciones expuestas por el disciplinado.

2.5. Hechos probados

Los fallos disciplinarios objeto de la presente demanda, se encuentran soportados con fundamento en el siguiente acopio probatorio dentro de la investigación N° REGI3-2013-23, adelantada en primera instancia por la Inspección Delegada Regional N° 3 y en segunda por el Inspector General de la Policía Nacional.

2.5.1. Auto de 15 de agosto de 2012 mediante el cual se dio apertura a la indagación preliminar en contra de los señores Subteniente Echeverry Hernández Germán Darío en su condición de subcomandante de la estación de policía de Supía y en contra de Sanín Castro Alex, quien labora en el Departamento de Policía de Nariño, etapa que tiene como fundamento esclarecer los hechos puestos de presente mediante Poligrama N° 580 de 15 de agosto de 2012.

2.5.2. Poligrama N° 580 del 15 de agosto de 2012 firmado por el Capitán Paulo César Guacaneme Mora, Comandante Cuarto Distrito Riosucio de la Policía Nacional, asunto: Informe sobre lesiones personales y novedad, que dio cuenta de lo siguiente:

“Permítome informar esos comando día ayer 14/08/2012, siendo las 20:38 horas, sector la ‘Y’ zona urbana de Supía, Políca de Vigilancia atendió requerimiento de riña y disparos el cual ingresó mediante llamada al 123 CAD Riosucio, donde resultó lesionado el señor YORMAN HExRNYE MUÑOZ HENASO, 27 años de edad, identificado con la c.c. número X, nacido el X, soltero, de profesión bacteriólogo, grado de estudios universitario, residente en la X sector la playa, hijo de X. quien presenta laceraciones múltiples parte posterior dorso corporal, hematoma región molar de 5 cm, signo de fractura o inestabilidad ósea, herida abierta en mucosa yugal (sic9 labio interior de 1 cm, edema en labio inferior y múltiples laceraciones en el cuello y miembros superiores; y quien manifestó haber sido agredido por el señor Subteniente ECHEVERRY HERNÁNDEZ GERMÁN DARÍO, comandane Estación de Policía Supía y por el señor Subteniente SANIN CASTRO ALEX, agrega que además fue intimidado por el señor Subteniente ECHEVERRY HERNÁNDEZ GERMÁN DARÍO, con el arma de fuego que tenía y quien realizó cuatro disparos al aire. Según manifiesta el afectado los posibles móviles de la agresión son celos, ya que él es amigo de la señorita GLORIA CECILIA CARDONA ARIAS, enfermera jefe y labora en el hospital local de Supía y es la novia del señor Subteniente ECHEVERRY HERNÁNDEZ GERMÁN DARÍO. Novedad conocida inmediatamente por el señor IT. RUBIO ACEVEDO GILBERTO Comandante encargado de la estación de supía (…) se procedió a verificar si ese se encontraba armado evidenciándose en su pretina un arma de fuego, trasladándolo a la estación de policía donde hizo entrega del arma de fuego pistola marca Sig. Sauer calibre 9mm, número SP0222138, sin proveedor ni cartuchos para la misma, propiedad de la Policía Nacional, asignada al mismo (…)”

2.5.3. Diligencia de notificación personal auto apertura de indagación preliminar en contra de Germán Darío Echeverry Hernández y otro .

2.5.4. Diligencia de declaración rendida el 15 de agosto de 2012 bajo la gravedad del juramento, por el señor Yorman Herney Muñoz Henao, quien resultó agredido en los hechos que ameritaron la apertura de indagación preliminar, a la cual asistieron los uniformados Echeverry Hernández y Sanín Castro

En esta declaración, además de reafirmar que fue objeto de agresiones físicas por parte de los uniformados y de intimidación mediante disparos que hizo el subteniente Echevery Hernández, refirió que éste tenía aliento alcohólico, cuando se presentó el suceso que motiva la investigación y que fueron varios los testigos que lo presenciaron.

2.5.5. Diligencia de declaración rendida por el Capitán Paulo César Guacaneme Mora el 15 de agosto de 2012.

2.5.6. Denuncia penal interpuesta el 14 de agosto de 2012 a las 22:40 por el señor Yorman Herney Muñoz Henao por el delito de lesiones personales ante la Fiscalía Local del municipio de Supía, en la que figuran como indiciados los señores Germán Echeverry y Alex Sanint Castro.

2.5.7. Triage de urgencias al paciente Yorman Herney Muñoz Henao emitido por el Hospital San Lorenzo de Supía ESE del 14 de agosto de 2012.

2.5.8. Auto que ordena la práctica de pruebas de oficio en etapa procesal diferente a descargos, fechado 17 de agosto de 2012, proferido por el Inspector Delegado Regional Tres, mediante el cual decretó escuchar en diligencia de declaración a personas civiles y uniformadas que relacionó en el mismo, para el esclarecimiento de los fines de la indagación preliminar.

2.5.9. Poder especial otorgado al profesional del derecho doctor Jorge Armando Molina Garzón por parte de Germán Darío Echeverry Hernández, solicitud de copias efectuada por el abogado del investigado, auto reconociendo personería jurídica al profesional del derecho, comunicación práctica de pruebas en indagación preliminar dirigida al abogado Molina Garzón por el funcionario instructor de la Inspección Delegada Regional Tres.

2.5.10. Diligencias de declaración de María Natalia Ladino Salazar,patrullero Alvaro Andrés Arbeláez Arias, patrullero Hector Fabio Soto Martínez recepcionadas todas el día 23 de agosto de 2012, en las cuales estuvo siempre presente el abogado defensor del investigado Germán Echeverry en ejercicio del derecho de contradicción.

2.5.11. Diligencias de declaración de Diana Marcela Escobar Agudelo, Jhon Alexander Castro Castro, Valentina Santacoloma Cardona, Valentina Cortés Ramírez, Yazmin Elisa Galvis Oviedo, Valentina Arroyave Orozco, recibidas el 10 de septiembre de 2012, nuevamente a las que asistió el apoderado de confianza del investigado Echeverry Hernández, a quien se le permitió el ejercicio de contradicción.

2.5.12. Auto del 26 de septiembre de 2012 por medio del cual se resuelven pruebas a petición de parte en etapa procesal diferente a descargos, proferido por el Inspector Delegada Regional Tres.

2.5.13. Certificado de antecedentes disciplinarios N° 40377832 de 10 de octubre de 2012 en el cual le figura al señor Germán Darío Echeverry Hernández la siguiente anotación:

“1. SANCIONES
Disciplinarias
Principal: MULTA ART. 38 N 4 (10 días)
Entidad: FUERZAS PÚBLICAS NACIÓN

Providencias:
Instancia PRIMERA
Descripción Autoridad: INSPECTOR DELEGADO REGIONAL DE POLICÍA CUATRO
Fecha de Providencia: 19/05/2011
Instancia SEGUNDA
Descripción Autoridad: INSPECTOR GENERAL POLICÍA NACIONAL
Fecha de Providencia: 16/09/2011
Fecha de Inicio de Efectos
Jurídicos: 26/092011”

2.5.13. Auto “Por medio del cual se cita a Audiencia” de 10 de octubre de 2012 expedido por la Inspección Delegada Regional N° 3, en virtud de los términos del artículo 175 y siguientes de la Ley 734 de 2002, al considerar que luego de evaluar la indagación preliminar observó la procedencia de la apertura de la investigación disciplinaria pero al encontrar reunidos los requisitos sustanciales para proferir pliego de cargos conforme al artículo 162 ídem, resulta procedente citar a audiencia al investigado Echeverry Hernández Germán Darío, para que la actuación disciplinaria prosiga por el trámite verbal.

2.5.14. Diligencia de notificación personal del auto de citación a audiencia, en el que figura notificado el apoderado de confianza del investigado Echeverry Hernández el día 11 de septiembre de 2012.

2.5.15. Acta que trata de la realización de audiencia dentro del procedimiento verbal REGI3-2012-23, llevada a cabo los días 31 de octubre (suspendida a petición de parte para que el defensor técnico pudiera tener conocimiento del expediente), reanudada el 6 de noviembre de 2012, en las que estuvo presente el investigado acompañado de su apoderado de confianza y se accedió a la práctica de pruebas pedidas por la parte actora.

2.5.16. Diligencias de declaración llevadas a cabo el 14 de noviembre de 2012, en las cuales se tomaron los testimonios de los señores Jesús Antonio Giraldo Londoño, Ricaurte Antonio Corrales Tabares, ampliación de declaración de Yorman Herney Muñoz Henao, Erick Idárraga Mendoza, Angélica María Rivera Chevel; Marco Vinicio Arroyo Pantoja, Daniel Arturo León Ríos, Viviana Torres Largo, Humberto Collasos Delgado, pruebas testimoniales pedidas a solicitud de los investigados en las cuales asistieron sus apoderados de confianza quienes contrainterrogaron a los declarantes.

2.5.17. Acta que trata de la realización de audiencia dentro del procedimiento verbal llevada a cabo el 5 de diciembre de 2012, en la cual se declaró terminada la etapa probatoria, a la cual asistieron los abogados de confianza del actor y del otro investigado pero estos no estuvieron presentes, haciendo uso de la palabra el defensor del uniformado Echeverry Hernández quien presentó sus alegatos de conclusión.

2.5.18. Audiencia llevada a cabo el 17 de diciembre de 2012 en la que se dictó el fallo de primera instancia, que declaró responsable disciplinariamente al subintendente ya Teniente Germán Darío Echeverry Hernández de infringir el artículo 34 numerales 10, 20 y 21 literal C de la Ley 1015 de 2006 en concordancia con el Código Penal artículo 111, por lo que impuso la sanción de destitución e inhabilidad general para ejercer cargos públicos por el término de quince (15) años, según lo dispone el artículo 38 numeral 1° y 39 numeral 1° de la Ley 1015 de 2006.

2.5.19. Fallo de segunda instancia de 8 de marzo de 2013 proferido por el Inspector General de la Policía Nacional, mediante el cual resolvió no acceder a las pretensiones del defensor del inculpado Teniente Echeverry Hernández y confirmó en su integridad del fallo de primera instancia que lo destituyó e inhabilitó por el término de 15 años.

2.6. Caso Concreto

El señor Germán Darío Echeverry Hernández, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho y por conducto de apoderado judicial, pretende la declaratoria de nulidad de los actos acusados consignados en los fallos disciplinarios proferidos el 17 de diciembre de 2012 y el 8 de marzo de 2013, proferidos por la entidad demandada, mediante los cuales fue sancionado con destitución del cargo e inhabilidad general por el término de quince (15) años.

Fueron invocadas como causales de nulidad de los actos demandados, la expedición irregular, la falsa motivación y la desviación de las atribuciones propias de quienes los expidieron, por cuanto en su sentir a lo largo de la actuación disciplinaria los operadores disciplinarios incurrieron en múltiples irregularidades que desconocieron las garantías constitucionales propias del debido proceso del investigado, para lo cual en el libelo introductorio de la demanda, utilizó como técnica litigiosa la enunciación de la supuesta irregularidad citando el folio del expediente en el que se encontraba, que en últimas refería casi a la totalidad de las actuaciones adelantadas por los instructores de la Inspección Regional Delegada Tres de la Policía Nacional.

Luego de analizada la actuación contenciosa adelantada, esta instancia evidencia que al apoderado de confianza del inculpado, le faltó concreción en la sustentación de los cargos y de los motivos o causales de nulidad deprecadas, pese al esfuerzo defensivo el cual no resultó suficiente en sede contencioso administrativa, en tratándose de la carga argumentativa que tenía con el fin de acreditar las razones concretas por las cuales pretendía desvirtuar la legalidad de los fallos sancionatorios disciplinarios, por cuanto perdió de vista que no toda irregularidad procesal tiene la virtualidad de conducir a la invalidez de los actos administrativos acusados.

Al respecto esta misma Subsección con ponencia de este Despacho trazó el siguiente precedente:

“Esta manifestación de voluntad de la administración, que cumple con un fin inmediato, se reviste bajo una forma, la cual le permite cumplir con los requisitos y el modo de exteriorizar el acto administrativo; de manera que las formalidades han sido clasificadas en sustanciales y meramente accidentales.

Las formalidades sustanciales son aquellas que de estructurarse vician el acto administrativo, tales como el preámbulo, el contenido, los argumentos o razones, la motivación, la parte dispositiva y los recursos procedentes. Contrario sensu, las formalidades accidentales no tienen poder suficiente para perturbar la legalidad del acto, verbigracia requisitos como fecha, encabezamiento, denominación y firma”

Tan ello es así, que al sustentar la causal de falsa motivación de los fallos disciplinarios, el apoderado de la parte actora esgrimió como fundamento que la facultad discrecional reconocida a la Administración para retirar del servicio a un funcionario público, no es absoluta sino que está sometida a los límites de la razonabilidad y proporcionalidad -citando apartes de la sentencia T-297 de 2009-, cuando lo cierto es que en el presente caso el retiro del demandante de la Policía Nacional fue como consecuencia de la sanción disciplinaria de destitución, por lo que este argumento desde ningún punto de vista se puede aceptar como falsa motivación de los fallos disciplinarios acusados.

Por otra parte, respecto de la expedición irregular del acto y la desviación de las atribuciones propias de quien los profirió, se observa que están estrechamente relacionadas con la supuesta violación al debido proceso disciplinario, perdiendo de presente que se trata de causales de nulidad autónomas que requerían de una carga argumentativa independiente.

Con todo, el despacho instructor de primera instancia en la Audiencia Inicial llevada a cabo el día 13 de mayo de 2015, delimitó el marco del debate contencioso así:

“El demandante considera que el procedimiento se adelantó en forma ilegal, por cuanto no se verificó que la voluntad del demandante estuvo orientada a causar afectación a la disciplina policial, sin contar con elementos probatorios que ofrecieran certeza sobre el compromiso en el hecho.

Considera que la actuación disciplinaria no se ajustó a los postulados del art. 29 superior, especialmente frente a la obligación del respeto por la dignidad humana, que considera no se observaron las garantías constitucionales como el principio de legalidad, debido proceso, resolución de la duda, presunción de inocencia, proscripción de responsabilidad objetiva, derecho de defensa, investigación integral y congruencia procesal. Todo lo anterior se sustrae al hecho que a su juicio, el aspecto volitivo de la conducta estuvo mal orientado puesto que se determinó el dolo obviándose que el actor al momento de los hechos se encontraba en estado de beodez, lo que le impedía conocer plenamente el alcance de sus actitudes con conciencia.”

Es preciso señalar que el señor defensor del investigado, quien estaba presente en la Audiencia Inicial, manifestó estar conforme con el anterior saneamiento de los hechos y pretensiones de la demanda, así como con la fijación del litigio.

El Tribunal Administrativo de Caldas luego de analizar el material probatorio allegado al expediente, que lo conforman la abundante prueba documental, testimonial y técnica -que esta instancia también verificó y relacionó en el acápite 2.5. de esta providencia-, se pronunció respecto de los siguientes cuatro cargos de nulidad así: i) dualidad de los investigadores para adelantar la indagación preliminar lo que impidió una adecuada defensa técnica; ii) el auto que decidió tramitar la actuación por el proceso verbal no se ajustó a los artículos 150, 152 y 153 de la Ley 734 de 2002; iii) incumplimiento de los presupuestos del artículo 180 ídem; iv) la ausencia de control de legalidad por parte del fallador de segunda instancia respecto de la decisión del operador disciplinario de primera instancia.

El a quo no encontró acreditada la violación al procedimiento disciplinario adelantado en contra del actor, por lo que se carecían de elementos de juicio que conllevaran a la declaratoria de nulidad deprecada por configuración del desconocimiento de sus garantías procesales y derecho de defensa, de allí que no declaró desvirtuada la presunción de legalidad de los actos acusados.

Ahora bien, estando pendiente por resolver el recurso de apelación, esta instancia se encuentra ante la ausente sustentación del mismo, lo que impide pronunciamiento de fondo por las siguientes razones:

De manera por demás reiterada, se tiene claro que la sustentación del recurso de apelación, es el medio procesal previsto por el artículo 247 del CPACA, para que el recurrente manifieste los motivos de inconformidad respecto de las motivaciones esgrimidas en la sentencia proferida por la primera instancia, por lo que la sustentación del recurso delimita el pronunciamiento del ad-quem, tal y como lo dispone el artículo 328 del CGP.

De allí que la apelación puede ser entendida como una consecuencia del principio constitucional de la doble instancia consignado en el artículo 31 de la Carta Política, cuyo objetivo en palabras de la Corte Constitucional es “La doble instancia tiene múltiples finalidades, tales como permitir que la decisión adoptada por una autoridad judicial sea revisada por otro funcionario de la misma naturaleza y más alta jerarquía, ampliar la deliberación del tema y evitar errores judiciales.”

Bajo esta óptica, en virtud de la interposición del recurso de apelación, el análisis efectuado por la segunda instancia se deberá enfocar en verificar las alegaciones esgrimidas por la parte afectada o vencida por la decisión judicial, lo cual constituye la manera de efectuar un profundo análisis de la cuestión objeto de litis, cuyo propósito no es otro que el de efectuar la revisión de los errores in iudicando, bien por aplicación o bien por la interpretación de la ley sustancial.

Por manera tal, que la sustentación de la apelación deberá ser el resultado de una cadena argumentativa coherente, apoyada en referentes normativos e incluso en precedentes jurisprudenciales a través de los cuales se fundamenten argumentos serios y sólidos, con aptitud para evidenciar la confrontación respecto de la providencia apelada y, llevar al convencimiento del superior, bien para acogerlos a bien para desestimarlos.

Pues bien, los anteriores cometidos del recurso de apelación no se cumplen en el caso sub judice, como quiera que cotejados los argumentos planteados en el escrito de alzada frente a los esgrimidos en la contestación de la demanda, encuentra esta instancia que son absolutamente los mismos, no fue cambiada ninguna apreciación ni adicionada ninguna consideración, por manera tal que resulta evidente la ausencia de inconformidad del demandante, frente a las argumentaciones planteadas en el fallo impugnado, lo cual se traduce en desconocimiento del principio de congruencia que debe orientar la controversia en segunda instancia.

Al respecto resulta ilustrativo el siguiente aporte proferido por la Subsección A de esta Sección:

“Sobre este punto, la Sala destaca que el recurso de apelación debe guardar congruencia con lo decidido en la sentencia, de modo que las razones expuestas por el apelante estén relacionadas con los supuestos fácticos y jurídicos de la decisión impugnada. Es así, que esta Corporación sobre el principio de congruencia entre la providencia de primera instancia y el recurso de apelación, ha sostenido que no basta con la sustentación en tiempo del recurso sino que esta debe hacerse de manera adecuada, es decir, guardando un grado de congruencia inequívoco entre los motivos de inconformidad y los argumentos fácticos y jurídicos que sustentaron y resolvieron el debate en primera instancia, fuera de lo cual se estaría desconociendo el objeto y finalidad de la segunda instancia. En este sentido se ha pronunciado la jurisprudencia de la Sección:

“(…) de acuerdo con la finalidad del recurso de apelación, resulta necesario no solo que el recurrente sustente la decisión sino que lo haga de la forma adecuada, indicando en concreto los motivos de inconformidad respecto del fallo del A-quo, los cuales determinarán el objeto de análisis del Ad quem y su competencia frente al caso. Lo anterior demanda un grado de congruencia entre el fallo recurrido y la fundamentación u objeto de la apelación, fuera de lo cual, se estaría desconociendo el debate jurídico y probatorio que fundamentó la decisión del juez de primera instancia, como también la finalidad y objeto mismo de la segunda instancia” .

El recurso de apelación interpuesto por el apoderado del sancionado señor Germán Darío Echeverry Hernández, lo es en apariencia, por cuanto los argumentos allí consignados corresponden idénticamente a los mismos planteados en el libelo introductorio de la demanda, como quiera que fue ausente controversia alguna respecto de las razones esgrimidas por el Tribunal Administrativo de Caldas, con fundamento en las cuales negó la demanda de nulidad contra los fallos disciplinarios que lo destituyeron e inhabilitaron por el término de quince (15) años.

De tal manera que, esta instancia carece de elementos de juicio que le permitan revisar la decisión que se apela, pues no cuenta con los argumentos de disenso de la parte recurrente tendientes a rebatir el análisis jurídico con fundamento en el cual, el Tribunal de primera instancia consideró que no le fueron desconocidos los principios orientadores del debido proceso, ni de legalidad, ni de proscripción de responsabilidad objetiva, ni de defensa, como tampoco los principios de investigación integral y de congruencia procesal.

En suma, resulta ajeno al presente pronunciamiento, argumento alguno de oposición relativo a desvirtuar las razones por las cuales el a quo bien podía pronunciarse en los términos en que lo hizo, al no encontrar irregularidad por cuanto las distintas declaraciones fueron recepcionadas en fechas y horarios distintos, de tal suerte que no se le desconoció el derecho a la defensa técnica del investigado, aunado a que en dichas diligencias estuvo presente tanto el propio inculpado como su defensor de confianza.

Tampoco existe disenso frente a las razones por las cuales, a juicio de la primera instancia bien podía el operador disciplinario, haber adelantado el trámite disciplinario por el proceso verbal, al estar reunidos los presupuestos de los artículos 162 y 175 y siguientes del Código Disciplinario Único, motivo por el cual citó a audiencia verbal al contarse con los requisitos para proferir pliego de cargos.

Menos aún el apelante cuestionó que la primera instancia desestimó el supuesto incumplimiento del presupuesto normativo del artículo 180 de la Ley 734 de 2002, como quiera que se le concedieron dos días al defensor de confianza del investigado para que presentara los alegatos de conclusión, decisión adoptada por el operador disciplinario de primera instancia en el auto que dio por terminada la etapa probatoria. Del mismo modo, el a quo desvirtuó que no se hubiera otorgado el término para sustentar el recurso de apelación contra el fallo disciplinario, pues todo lo contrario aconteció.

Tampoco el impugnante rebatió el argumento del Tribunal según el cual, en el in examine el fallador de segunda instancia Inspector General de la Policía Nacional, sí efectuó un verdadero estudio del fallo proferido por el Inspector Delegado Región Tres, como quiera que a lo largo de los cien folios de la providencia, si analizó el procedimiento llevado a cabo por el inferior, las pruebas en que lsoportó la sanción y la consecuente responsabilidad del investigado.

De acuerdo a lo narrado, esta instancia lamenta que no se efectuó una sustentación de los argumentos de reproche frente al fallo apelado, al valerse de las mismas razones que fueron esbozadas en la demanda, por cuanto si bien es cierto el juez contencioso debe efectuar un análisis integral del proceso disciplinario igualmente lo es que es deber de la parte actora, acreditar la verdad de su dicho y no pretender que esta recaiga en cabeza del juzgador.

La Sala pone de presente que no desconoce que el juez contencioso tiene el deber de ejercer un control integral de la actuación disciplinaria, pero dicha obligación debe partir de unos parámetros claros y delimitados de disenso, por cuanto resulta como deber correlativo de la parte actora, que cumpla con las cargas argumentativas mínimas con fundamento en las cuales pretenda edificar tanto las causales de nulidad como las de inconformidad frente al fallo, pero no aspirar a que el funcionario judicial se ponga en la tarea de examinar la totalidad de la actuación administrativa lo cual haría del papel de la administración de justicia una tarea inagotable, además que implicaría que el juez contencioso efectuara un juicio de corrección y no uno de validez de la actuación enjuiciada, como quiera que se debe partir de la presunción de legalidad de dichas decisiones.

En vista de que esta instancia observa incumplido el deber que tenía el recurrente de señalar las discrepancias que tenía frente a la sentencia que atacó en ejercicio del recurso de alzada, como quiera que dichas objeciones son las que realmente deben ser analizadas y resueltas en la providencia del ad quem, resulta evidente la ausencia de controversia ante las contundentes razones esgrimidas en el fallo impugnado, circunstancia esta que obliga a la confirmación de la sentencia de primera instancia, tal y como así se dispondrá en la parte resolutiva de este fallo.

Sobre la condena en costas

El Tribunal Administrativo de Caldas en la sentencia del 7 de septiembre de 2015, condenó en costas y agencias en derecho a la parte vencida, en los términos del artículo 366 CGP y fijó la suma de $370.000.

En relación con la condena en costas, es importante destacar que no procede de manera automática, pues como se indica en el numeral 8 del artículo 365 del Código General del Proceso, “(…) solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación (…)”. Por ello, la Sala revocará el artículo segundo del fallo impugnado que condenó en costas a la parte demandante.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “B”, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley.

III. FALLA

Artículo Primero.- CONFÍRMASE la sentencia de 7 de septiembre de 2015, proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas, que negó las pretensiones de la demanda incoada por Germán Darío Echeverry Hernández, con fundamento en las razones expuestas en esta providencia.

Artículo Segundo.- REVÓCASE la condena en costas impuesta a la parte demandante en el artículo segundo del fallo impugnado, de conformidad con lo indicado en precedencia.

Cópiese, notifíquese y devuélvase el expediente al Tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ CARMELO PERDOMO CUÉTER

(Firmado electrónicamente)
CÉSAR PALOMINO CORTÉS
Folios 3-16 Cuaderno 1 de primera instancia figura la demanda inicial que fue radicada el 15 de julio de 2014 ante la Dirección Seccional de Administración Judicial de Manizales, estando dentro del término de reforma de la demanda, la parte actora la adicionó y la integró mediante escrito que figura a folios 950-977 C.P. 1C
Folios 921-925 Cuaderno 1B
Folios 993-995 C.P. 1C
Folios 11023-1030
Los declarantes fueron Yorman Herney Muñoz Henao (agredido), Paulo César Guacaneme Mora (Comandante de Distrito Cuatro de Riosucio) y Gloria Cecilia Cardona Arias (testigo de los hechos investigados)
Se recibieron las declaraciones de Gilberto Rubio Acevedo (Intendente) y Angélica María Rivera Cheuel (testigo de los hechos)
En este fecha se recibieron las declaraciones de Maria Natalia Ladino Salazar (testigo de los hechos), José William Gómez Zuluaga (Integrante de la patrulla de vigilancia de la estación de policía de Supía) y Alvaro Andrés Arbeláez Arias (conductor del comandante de policía de Riosucio)
Diligencia en la que declararon Diana Marcela Escobar Agudelo (testigo), Jhon Alexander Castro Castro (patrullero de la estación de policía de Supía), Valentina Santacoloma (testigo de los hechos), Valentina Cortés Ramírez (testigo de oídas); Nataly del Carmen Rosas Chilama (Secretaria de la estación de podía de Supía), Yazmín Elisa Galvis Oviedo (Médica que atendió al señor Yorman Muñoz agredido) y Valentina Arroyave (testigo de los hechos)
Folios 1036-1055 C.P 1C
Folios 1080-1086 C.P. 1C
Folios 1087-1094
Tal y como dicho análisis se efectuó en la sentencia del 6 de octubre de 2016 radicación 2012-00681-00 (2362-2012) M.P. Sandra Lisett Ibarra Vélez actora Piedad Córdoba Ruiz.
Folio 1095
ARTÍCULO 150. COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA Y CAMBIO DE ADICACIÓN. <Artículo modificado por del artículo 615 de la Ley 1564 de 2012. El nuevo texto es el siguiente:> El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación por parte de los tribunales, o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se concedan los extraordinarios de revisión o de unificación de
jurisprudencia. (…)
Sentencia del 9 de agosto de 2016 radicado 11001-03-25-000-2011-00316-00 (1210-11), M.P. William Hernández Gómez (e)

Folios 26-30 C.P. 1
Folio 24
Folio31-32
Folios 36-41
Folios 42-47
Folios 107-112
Folio 151
Folio 152 C.P. 1
Folio 178
Folio 179
Folio 180
Folio 181
Folios 186-191
Folios 193-196
Folios 213-218
Folios 241-244
Folios 245-249
Folios 266-269
Folios 271-277
Folios 278-281
Folios 282-284 C.P. 1
Folios 307-309 C.P. 1A
Folio 314 C.P. 1 A
Folios 325-355
Folios 356-357
Folios 369-378
Folios 417-418
Folios 419-420
Folios 421-425
Folios 426-430
Folios 433-436
Folios 437-438
Folios 439-440
Folios 441-442
Folios443-444
Folios 547-580
Folios 581 a 600 C.P. 1A y folios 601 a 642 C.P. 1B
Folios 701-801 C.P. 1B
Sentencia del 31 de enero de 2019 Radicado: 11001-03-25-000-2016-01017-00 (4574-2016)
Folio 973 C.P. 1C
Folios 993-995 C.P. 1C
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, M.P. William Hernández Gómez, sentencia del 7 de abril de 2016, proceso con radicado 25000-23-25-000-2011-00376-01 y número interno 0529-15.
Sentencia del 9 de septiembre de 2016 radicación número 11001-03-25-000-2011-00316-00 1210-2011 M.P. William Hernández Gómez
Sentencia del 11 de julio de 2013 radicación número 1982-2009 M.P. Gerardo Arenas Monsalve

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