Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 47001-23-33-000-2019-00035-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 47001-23-33-000-2019-00035-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 47001-23-33-000-2019-00035-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 47001-23-33-000-2019-00035-01
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
19 de junio de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
Bogotá, D. C., diecinueve (19) de junio de dos mil veinticinco (2025)
Radicado: 47001-23-33-000-2019-00035-01 (5486-2023)1
Demandante: Delsy María Bornachera Gómez
Demandada: Nación-Ministerio de Educación - Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio – FOMAG-
Fiduprevisora-Municipio de Ciénaga
Medio de control Nulidad y restablecimiento del derecho
Tema: Cesantías anualizadas y sanción moratoria-apelación
fallida
Decisión: Decide recurso de apelación contra la sentencia de
primera instancia
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la
sentencia del 23 de noviembre de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo del
Magdalena2, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES
1.1. La demanda3.
1.1.1. Pretensiones.
La señora Delsy María Bornachera Gómez, por intermedio de apoderada judicial, acudió
a la jurisdicción en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (CPACA), con el fin de solicitar la nulidad del oficio sin
número notificado el 2 de agosto de 2018, emitido por el municipio de Ciénaga, mediante
el cual se negó la solicitud presentada el 23 de julio del mismo año, relativa al
reconocimiento y pago de las cesantías anualizadas causadas en los años 1994, 1995 y
1
Expediente digital, puede ser consultado en el aplicativo Samai.
2
Magistradas: Maribel Mendoza Jiménez, Elsa Mireya Reyes Castellanos y María Victoria Quiñones Triana.
3
Expediente Samai-indice No. 7-archivo zip de nombre ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 2.
2
N.º Interno: 5486-2023
Demandante: Delsy María Bornachera Gómez
Demandados: – FOMAG- Fiduprevisora-Municipio de Ciénaga.
1996, así como la sanción moratoria derivada del incumplimiento en su consignación
oportuna en el fondo correspondiente.
Así mismo, solicitó la nulidad del acto ficto que se configuró el 23 de octubre de 2018, por
la falta de respuesta por parte del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio –FOMAG– frente a la misma petición elevada el 23 de julio de 2018, en
relación con el reconocimiento y pago de las cesantías anualizadas de los años
mencionados y la sanción moratoria correspondiente.
A título de restablecimiento del derecho, pidió que se declare que tiene derecho a que el
municipio de Ciénaga y la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio, le reconozcan y paguen las cesantías
anualizadas adeudadas por los años 1994, 1995 y 1996, así como la sanción moratoria
derivada del incumplimiento en su consignación, conforme a lo previsto en la Ley 344 de
1996 y el Decreto 1582 de 1998.
Igualmente, solicitó que se ordene la actualización de los valores reconocidos con base
en el índice de precios al consumidor y el pago de los intereses respectivos, incluyendo
los moratorios causados desde el día siguiente a la ejecutoria de la sentencia y hasta el
momento del pago efectivo. Finalmente, requirió que el fallo se cumpla en los términos
del artículo 192 de la Ley 1437 de 2011 y que se condene en costas a las entidades
demandadas.
1.1.2 Hechos
Se indicó que la señora Delsy María Bornachera Gómez se vinculó como docente estatal
desde el año 1994, cargo que aún desempeña; prestando el servicio para el municipio de
Ciénaga, quien no efectuó la consignación de sus cesantías correspondientes a los años
1994, 1995 y 1996 dentro del plazo legal, esto es, a más tardar el 14 de febrero del año
siguiente a cada vigencia, incumpliendo así lo dispuesto en las normas que rigen la
materia.
Adujo que, ante la mora en la consignación de la prestación surge a su favor el derecho
a que le sea pagada la sanción equivalente a un día de salario por cada día de retardo,
la cual tampoco ha sido reconocida.
Señaló que, el 23 de julio de 2018 presentó reclamación administrativa ante el municipio
de Ciénaga, solicitando el reconocimiento y pago de las cesantías no consignadas por
3
N.º Interno: 5486-2023
Demandante: Delsy María Bornachera Gómez
Demandados: – FOMAG- Fiduprevisora-Municipio de Ciénaga.
los años 1994, 1995 y 1996, junto con la sanción moratoria derivada del incumplimiento
en la consignación anualizada en el fondo respectivo; solicitud que fue resuelta de
manera negativa mediante el acto administrativo acusado.
A su juicio, dicha decisión desconoce el contenido de las normas que regulan el régimen
legal de cesantías para los servidores públicos, incurriendo en vicios de ilegalidad por
contrariar lo dispuesto en la ley.
Sostuvo que, en la misma fecha elevó petición ante el Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio –FOMAG– con idéntico propósito: obtener el reconocimiento y
pago de las cesantías no consignadas de los años 1994, 1995 y 1996 junto con la sanción
moratoria, sin que se haya accedido a lo pedido.
1.1.3 Normas violadas y concepto de violación.
• Artículos 13, 25, 83 y 58 de la Constitución Política
• Artículos 13 y 15 de la Ley 344 de 1996
• Artículos 1 y 2 del Decreto Nacional 1582 de 1998
• Artículos 1 y 2 del Decreto Nacional 1252 de 2000
• Ley 91 de 1989
• Decreto Nacional 3118 de 1968
La parte actora sostuvo que el auxilio de cesantía constituye una prestación social de
creación legal, cuyo objetivo es garantizar al trabajador un ingreso que le permita atender
necesidades básicas al momento de quedar cesante o, en vigencia del vínculo laboral,
acceder a educación, mejoramiento o adquisición de vivienda.
Indicó que esta figura nace de la relación laboral y tiene carácter obligatorio, en tanto
representa un ahorro forzoso del trabajador que debe ser pagado por el empleador en
los términos legales establecidos. Precisó que, el no pago oportuno constituye una
vulneración de derechos fundamentales, entre ellos, la dignidad humana, la igualdad y la
seguridad social.
Adujo que, conforme lo ha reiterado la jurisprudencia del Honorable Consejo de Estado
y de la Corte Constitucional –especialmente en la sentencia T-314 de 1998–, las
cesantías no pueden ser desconocidas por el Estado empleador, pues se trata de un
verdadero derecho económico que se incrementa con el tiempo y cuya omisión en el
pago transgrede el orden constitucional.
4
N.º Interno: 5486-2023
Demandante: Delsy María Bornachera Gómez
Demandados: – FOMAG- Fiduprevisora-Municipio de Ciénaga.
Sostuvo que, las cesantías son derechos irrenunciables, imprescriptibles y de orden
público, cuya finalidad es brindar una protección real al trabajador en el marco de una
relación jurídica de contenido solidario. En consecuencia, su pago debe efectuarse de
manera completa, oportuna y conforme al marco legal vigente.
1.2 Contestación de la demanda4.
1.2.1 La Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio
Se opuso a la prosperidad de las pretensiones.
Sostuvo que, el artículo 3° de la Ley 91 de 1989 creó el Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio como una cuenta especial de la Nación, sin personería jurídica,
con independencia patrimonial, contable y estadística, cuyos recursos son administrados
por una entidad fiduciaria estatal o de economía mixta con participación estatal superior
al 90% del capital.
Aclaró que, la responsabilidad en el pago de las cesantías reclamadas por la actora
corresponde directamente al ente territorial, en tanto el fondo únicamente interviene en
el pago de las prestaciones cuando media acto administrativo de reconocimiento
expedido por la respectiva Secretaría de Educación, con el lleno de los requisitos legales.
1.2.2 El municipio de Ciénaga (Magdalena)
Dentro del término del traslado no presentó contestación a la demanda5.
1.3 Sentencia de primera instancia6
El Tribunal Administrativo del Magdalena accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda. Como sustento de su decisión, sostuvo que la señora Delsy María Bornachera
Gómez tenía derecho al reconocimiento y pago de las cesantías anualizadas
correspondientes a los años 1994, 1995 y 1996, en tanto se acreditó que laboraba como
4
Ver proceso en Samai-gestión en otros despachos-gestionar documentos- archivo pdf de nombre:
47001233300020190003500_ACT_AGREGARMEMORIAL_26082020111240pm_4a026141249b48b2b21bece54d4d6da2.pdf(.pdf)
NroActua 8
5 Según lo indicado en la sentencia de primera instancia y lo corroborado en el expediente.
6 Expediente digital - Samai-gestión en otros despachos- índice 0029
5
N.º Interno: 5486-2023
Demandante: Delsy María Bornachera Gómez
Demandados: – FOMAG- Fiduprevisora-Municipio de Ciénaga.
docente desde el 26 de diciembre de 1994 y no existía prueba del pago de dicha
prestación por parte del ente territorial durante esas anualidades.
La Sala verificó que, si bien para los años posteriores existía una resolución de
reconocimiento por parte del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, no
ocurrió lo mismo respecto de los años en mención. En consecuencia, atribuyó al
municipio de Ciénaga la responsabilidad de realizar el traslado de las sumas adeudadas
al Fondo, dada la ausencia de prueba sobre el cumplimiento de dicha obligación por parte
del ente territorial.
En cuanto a la sanción moratoria por la omisión en la consignación oportuna de las
cesantías, el Tribunal reconoció que, si bien ha existido una evolución jurisprudencial que
ha permitido extender esta sanción a los docentes bajo el principio de favorabilidad, en
el caso concreto había operado el fenómeno de la prescripción extintiva. Esto, debido a
que la solicitud se presentó el 23 de julio de 2018, es decir, más de 20 años después de
la fecha en la que cada anualidad se hizo exigible, superando así el término legal de tres
años previsto por la jurisprudencia unificada del Consejo de Estado.
Por lo anterior, el Tribunal declaró la nulidad del acto administrativo del 2 de agosto de
2018 expedido por el municipio de Ciénaga (Magdalena), así como del acto presunto
derivado del silencio administrativo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio frente a la petición presentada el 23 de julio de 2018. Como restablecimiento
del derecho, ordenó al municipio trasladar al fondo el valor de las cesantías e intereses
correspondientes a las anualidades reconocidas, y declaró la prescripción de la sanción
moratoria solicitada. Finalmente, ordenó la actualización de las sumas reconocidas
conforme a los índices de precios al consumidor y negó las demás pretensiones de la
demanda, sin condena en costas.
4. El recurso de apelación7
La apoderada del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio presentó
recurso de apelación en el que solicitó la revocatoria del fallo de primera instancia, al
considerar que el régimen aplicable a los docentes afiliados al FOMAG es de naturaleza
especial —previsto en la Ley 91 de 1989—, el cual no contempla la apertura de cuentas
individuales para la consignación de cesantías, sino que se rige por el principio de unidad
7 Expediente digital - Samai-gestión en otros despachos- índice 0032
6
N.º Interno: 5486-2023
Demandante: Delsy María Bornachera Gómez
Demandados: – FOMAG- Fiduprevisora-Municipio de Ciénaga.
de caja. Señaló que los recursos para el pago de cesantías son apropiados
presupuestalmente desde el inicio de cada vigencia y administrados de forma colectiva a
través de un contrato fiduciario con Fiduprevisora S.A., por lo que no existe jurídicamente
el acto de consignación, requisito esencial para la configuración de la sanción moratoria.
Expuso que el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 solo resulta aplicable a trabajadores
cobijados por el régimen general, quienes deben afiliarse a fondos privados de cesantías
o al Fondo Nacional del Ahorro, y no a los docentes oficiales, quienes cuentan con un
régimen exclusivo y obligatorio que establece reglas diferenciadas en la administración y
liquidación de sus prestaciones. Señaló que aplicar a estos trabajadores la sanción
prevista en dicha norma implicaría desconocer la integralidad del régimen especial
docente, vulnerando los principios de especialidad normativa e inescindibilidad.
Asimismo, indicó que el sistema de liquidación de intereses a las cesantías previsto en el
régimen del FOMAG resulta más favorable que el general, pues se calcula sobre el saldo
acumulado y con base en la tasa DTF certificada por la Superintendencia Financiera,
superando así el 12% fijo establecido en la Ley 50 de 1990. De ahí que pretender la
aplicación de esta última norma afectaría las condiciones prestacionales de los docentes,
en contravía del principio de favorabilidad consagrado en el artículo 53 de la Constitución.
En respaldo de su argumentación, la apelante adujo estar inconforme con ordenar la
sanción por el no pago de las cesantías del año 2020, señalando de forma expresa:
“Para la liquidación de las cesantías correspondientes al año 2020, que es el periodo de
cesantías del cual el demandante reclama que presuntamente no se realizó la
consignación (...) Fiduprevisora S.A. emitió el Comunicado No. 16 de 17 de diciembre de
2019, en el cual se dieron los lineamientos operativos y la fecha para presentar el reporte
de cesantías para pago de intereses en la primera nómina del año 2020.”-sic-
Finalmente, cuestionó la interpretación de la parte actora sobre la sentencia SU-098 de
2018, reiterando que esta se refiere a un caso con afiliación tardía y no es aplicable al
sub lite, en el cual no se discutió la pertenencia al FOMAG ni el reconocimiento de la
cesantía, sino la supuesta falta de consignación en términos legales, acto que no se exige
en el régimen especial docente. En ese contexto, solicitó revocar la decisión de la primera
instancia y negar las pretensiones de la demanda por no reunirse los requisitos legales y
jurisprudenciales para aplicar la sanción del artículo 99 de la Ley 50 de 1990 a los
docentes afiliados al FOMAG.
7
N.º Interno: 5486-2023
Demandante: Delsy María Bornachera Gómez
Demandados: – FOMAG- Fiduprevisora-Municipio de Ciénaga.
5. Trámite del recurso de la Ley 2080 de 2021
Con auto de 10 de abril de 20248, este Despacho admitió el recurso de apelación conforme
a lo previsto en el numeral 3° del artículo 67 de la Ley 2080 de 2021; sin embargo, por no
existir pruebas que decretar en segunda instancia, se prescindió del periodo para que las
partes alegaran de conclusión.
El ministerio público no rindió concepto9.
II. CONSIDERACIONES
21. Competencia
La Subsección es competente para conocer en segunda instancia de este proceso de
conformidad con lo establecido en el artículo 150 del CPACA. De igual forma, según el
artículo 328 del Código General del Proceso (CGP)10, el juez de segunda instancia debe
pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos en el recurso de apelación.
2.2. Problema jurídico
Teniendo en cuenta que, el objeto del debate lo constituye la sentencia proferida en
primera instancia por el Tribunal Administrativo del Magdalena, mediante la cual, se
accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, ordenando pagar las cesantías
reclamadas, pero negó la sanción moratoria, correspondería, en principio, analizar la
procedencia de su revocatoria.
No obstante, para la Sala, con carácter previo al estudio de fondo, debe establecerse si
el recurso de apelación interpuesto por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio (FOMAG) cumple con los requisitos mínimos de procedibilidad, en particular,
si controvierte aspectos efectivamente decididos en la parte resolutiva de la sentencia
8
Expediente digital – SAMAI índice 005
9
Según se ve en las actuaciones de Samai.
10
«ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los
argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior
resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar
copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera indispensable
reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse
durante la audiencia»
8
N.º Interno: 5486-2023
Demandante: Delsy María Bornachera Gómez
Demandados: – FOMAG- Fiduprevisora-Municipio de Ciénaga.
que le hayan causado un perjuicio directo, y si fue sustentado conforme al principio de
congruencia que rige el recurso.
En el evento en que se concluya que el recurso es improcedente por falta de
correspondencia entre los argumentos formulados y la decisión apelada, la Sala se
abstendrá de emitir pronunciamiento sobre el fondo del litigio y procederá a mantener
incólume la sentencia de primera instancia.
2.3 Apelación de sentencias
Sobre el recurso de apelación, precisa la Sala que aquel encuentra su fundamento en el
artículo 31 de la Constitución Política11, norma que consagró la regla de la doble instancia.
Este medio de impugnación sirve para remediar los errores judiciales, teniendo en cuenta
que lo resuelve otro funcionario de mayor categoría, que supone mayor experiencia y
versación en la ciencia jurídica; de allí que el artículo 320 del C.G.P. haya consagrado en
su inciso primero que “El recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine la
cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante,
para que el superior revoque o reforme la decisión”.
Sobre el principio de la doble instancia la Corte Constitucional12 ha sostenido:
«El principio de la doble instancia, se encuentra su consagración expresa en los arts. 29, 30 y 86
de la Constitución. En el artículo 31 superior se establece que “toda sentencia judicial podrá ser
apelada o consultada, salvo las excepciones que consagre la ley.”
Este principio tiene gran relevancia en nuestro ordenamiento jurídico dada su relación con los
derechos al debido proceso y a la defensa, ya que su protección garantiza una recta administración
de justicia, con un debate mayor y menores posibilidades de error judicial al permitir que la decisión
adoptada por una autoridad judicial sea revisada por una autoridad independiente, imparcial y de
distinta categoría. Así lo sostuvo recientemente al señalar lo siguiente:
“Su finalidad es permitir que la decisión adoptada por una autoridad judicial sea revisada por otro
funcionario de la misma naturaleza y más alta jerarquía –lo que en principio es indicativo de mayor
especialidad en la materia– con el fin de que decisiones contrarias a los intereses de las partes
tengan una más amplia deliberación con propósitos de corrección.»-sic-
Como lo dice Hernán Fabio López Blanco13, parafraseando a Podetti, el recurso de
apelación es, sin discusión, el más importante y usado de todos los recursos en diversas
legislaciones. Es como lo ha indicado en la visión histórica, raíz y origen de todos los
demás recursos.
El artículo 243 del CPACA permitió la interposición del recurso de apelación contra
11
ARTICULO 31. Toda sentencia judicial podrá ser apelada o consultada, salvo las excepciones que consagre la ley. El superior no
podrá agravar la pena impuesta cuando el condenado sea apelante único.
12
Expediente D9214 del 27 de febrero de 2013. MP Maria Victoria Calle Correa
13
López Blanco Hernán Fabio, Undécima edición, 2012. Procedimiento Civil Pág.782
9
N.º Interno: 5486-2023
Demandante: Delsy María Bornachera Gómez
Demandados: – FOMAG- Fiduprevisora-Municipio de Ciénaga.
sentencias de primera instancia, entre otras providencias; más adelante el artículo 247
ibidem estableció el trámite de dicho recurso, precisando que aquél debía ser interpuesto
y sustentado dentro de los 10 días siguientes a la notificación de la sentencia.
El recurso en cita permite que el recurrente exprese los motivos de inconformidad contra
la decisión, los cuales, en principio, delimitan el marco sobre el cual se debe pronunciar
el juez de segunda instancia. En este sentido, el artículo 328 del Código General del
Proceso14 consagra la competencia del superior en los siguientes términos:
«ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá
pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las
decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere
adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso,
condenar en costas y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la
modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las
nulidades procesales deberán alegarse durante la audiencia.» -sic-
En ese orden de ideas, el propósito del recurso de apelación es que el superior revise la
decisión, confirme, revoque o modifique lo resuelto por el a quo; para lo que es obligatorio
que el recurrente lo sustente, expresando las razones de su inconformidad, además de
señalar los puntos que le son desfavorables o sobre los que considera que el juez de
primera instancia no se pronunció. Sobre este tópico esta Sala15 sostuvo:
«Por manera tal, que la sustentación de la apelación deberá ser el resultado de una cadena
argumentativa coherente, apoyada en referentes normativos e incluso en precedentes
jurisprudenciales a través de los cuales se fundamenten argumentos serios y sólidos, con aptitud
para evidenciar la confrontación respecto de la providencia apelada y, llevar al convencimiento del
superior, bien para acogerlos a bien para desestimarlos (…)»” -sic-
2.4 Apelación fallida
Como lo ha sostenido esta Sección en distintos pronunciamientos16, esta figura no se
encuentra regulada en ninguna norma procesal, se ha utilizado jurisprudencialmente
14
Aplicable por remisión expresa del artículo 306 del CPACA
15
Sentencia del 26 de agosto de 2021, expediente 17001-12-33-000-2014-00240-01 (4505-15) Demandante German Darío
Echeverry Hernández. MP César Palomino Cortés
16
Sentencia del 18 de agosto de 2022. Expediente 25000-23-42-000-2016-05717-01 (3427-2; del 18 de noviembre de 2021,
expediente 25000-23-42-000-2013-06074-01 (3918-18) MP William Hernández Gómez; del 9 de septiembre de 2021, expediente:
76001-23-33-000-2013-00709-01 (5199-2019) M.P. Rafael Francisco Suarez Vargas; del 26 de agosto de 2021, expediente 17001-
12-33-000-2014-00-01 (4505-15) MP César Palomino Cortés. Auto del 24 de noviembre de 2023, expediente 15001-23-33-000-2021-
00648-(5027-2023) MP Jorge Iván Duque Gutiérrez
10
N.º Interno: 5486-2023
Demandante: Delsy María Bornachera Gómez
Demandados: – FOMAG- Fiduprevisora-Municipio de Ciénaga.
cuando los argumentos de reparo que presenta el apelante con respecto a la decisión
recurrida no guardan congruencia con lo esbozado por el juez, es decir, las razones que
se exponen como reproche frente a la providencia proferida no tienen relación con el
tema debatido o no se presentan argumentos en el que se exprese la razón de la
inconformidad con la decisión.
2.5. Caso concreto.
Mediante sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena, se accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda, al declarar la nulidad de los actos
administrativos mediante los cuales, se negó el reconocimiento de las cesantías
anualizadas correspondientes a los años 1994, 1995 y 1996, y se ordenó al municipio de
Ciénaga (Magdalena) trasladar al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio –FOMAG– los valores respectivos por concepto de dichas anualidades.
Adicionalmente, se declaró la prescripción extintiva frente a la pretensión relacionada con
la sanción moratoria.
Ahora bien, dentro de las órdenes impartidas en la providencia de primera instancia, al
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio –FOMAG– se le atribuyó la
obligación de efectuar el pago de las cesantías a la demandante, condicionada
expresamente a que el municipio de Ciénaga (Magdalena) realizara previamente el
traslado de los recursos correspondientes17.
Frente a ello, debe señalarse que conforme al inciso final del artículo 320 del Código
General del Proceso, aplicable por remisión del artículo 306 del CPACA, “podrá interponer
el recurso la parte a quien le haya sido desfavorable la providencia”. Ello implica que solo puede
17
«[…] PRIMERO: DECLARAR la nulidad del acto administrativo de fecha 02 de agosto de 2018, proferido por el municipio de
Ciénaga, Magdalena mediante el cual negó el reconocimiento y pago del auxilio de cesantías causadas respecto de las anualidades
1994, 1995 y 1996, en respuesta a la petición de fecha 23 de julio de 2018, elevada por la actora.
SEGUNDO: DECLARAR configurado el silencio administrativo negativo respecto de la petición elevada por la señora Delsy
María Bornachera ante la Nación-Ministerio de Educación-Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, de fecha 23 de
julio de 2018, mediante la cual solicitó el reconocimiento y pago del auxilio de cesantías causadas, los intereses causados en
las anualidades de 1994 a 1996, y la sanción moratoria conforme lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: Como consecuencia de la anterior declaración de nulidad y a título de
restablecimiento del derecho, condenar al municipio de Ciénaga, Magdalena trasladar al Fondo Nacional de Prestaciones del
Magisterio, el valor correspondiente al auxilio de cesantías anualizadas e intereses de cesantía de los años 1994 a 1996, causadas
a favor de la señora Delsy María Bornachera Gomez, identificado con la cédula de ciudadanía número 57.412.162, para que dicho
fondo administrado por la Fiduprevisora S.A., efectúe dicho pago.
CUARTO: DECLARAR la prescripción de la sanción moratoria reclamada sobre la no consignación del auxilio de cesantía
de los años 1994 a 1996.
QUINTO: ORDENAR la actualización de las sumas reconocidas en los términos expuestos en la parte considerativa
de esta providencia, aplicando la fórmula.
[…]
SEXTO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.
SÉPTIMO: La parte demandada dará cumplimiento a la sentencia conforme a las prescripciones de los artículos 192 y 195 de la
Ley 1437 de 2011.
OCTAVO: Sin costas en esta instancia.
NOVENO: De no ser apelada la presente decisión proceder a su archivo.
11
N.º Interno: 5486-2023
Demandante: Delsy María Bornachera Gómez
Demandados: – FOMAG- Fiduprevisora-Municipio de Ciénaga.
recurrir aquella parte que resulte vencida o que sufra un agravio jurídico concreto con
ocasión de la decisión adoptada.
En el presente asunto, advierte la Sala que, conforme al principio de congruencia, la
competencia del juez de segunda instancia se encuentra limitada a los aspectos
planteados en el recurso de apelación, los cuales deben guardar coherencia con lo
alegado en la demanda y su contestación, con el fin de salvaguardar el derecho de
defensa y contradicción de las partes. Esta regla encuentra respaldo en el artículo 328
del Código General del Proceso, que dispone: “COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de
segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el
apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la
ley.”
En este contexto, se advierte que, si bien al FOMAG se le impuso en la sentencia de
primera instancia la obligación de pagar las cesantías consolidadas del demandante,
dicha carga fue condicionada expresamente a que el municipio de Ciénaga, Magdalena,
realizara previamente el traslado de los recursos respectivos. En ese sentido, la condena
principal recayó sobre dicho municipio, y la obligación atribuida al FOMAG es accesoria
y dependiente de aquella, en la medida en que no puede exigirse el pago sin que
previamente se verifique el traslado de los fondos.
Ahora bien, al analizar el recurso de apelación interpuesto por el FOMAG se considera
que aquel resulta fallido, en tanto se dirige a controvertir aspectos que no fueron objeto
de pronunciamiento en la parte resolutiva del fallo. En efecto, el apelante manifestó su
inconformidad frente a la supuesta imposición de una sanción moratoria, alegando que
no se encontraba configurada y solicitando, en consecuencia, la revocatoria de la
providencia. Sin embargo, en el fallo de primera instancia dicha sanción fue
expresamente negada, razón por la cual, el recurso resulta improcedente al debatir un
punto excluido de la decisión judicial.
Adicionalmente, en el escrito de apelación se hace alusión a las cesantías
correspondientes al año 2020, al señalar que, “para la liquidación de las cesantías
correspondientes al año 2020, que es el periodo de cesantías del cual el demandante
reclama que presuntamente no se realizó la consignación...”. Esta manifestación
desconoce el contenido del fallo apelado, en el que no se ordenó el pago de cesantías
correspondientes a dicho período anual, lo cual, evidencia que el recurso no está
dirigido a controvertir adecuadamente lo decidido por el A-quo.
12
N.º Interno: 5486-2023
Demandante: Delsy María Bornachera Gómez
Demandados: – FOMAG- Fiduprevisora-Municipio de Ciénaga.
A estas alturas del análisis del presente proceso, la Sala precisa que, el apelante tuvo la
oportunidad de referirse a todos y cada uno de los argumentos expuestos por la primera
instancia, con la finalidad de señalar los yerros que consideraba se habían cometidos,
con miras a obtener una decisión favorable a sus intereses. Sin embargo, no se advierten
tales reproches, pues, se reitera, el recurso de alzada hace referencia a un
reconocimiento de derechos - sanción moratoria y cesantías del año 2020- diferente al
realmente efectuado –consignar cesantías del año 1994 a 1996-, lo que impide a esta
Corporación, como superior funcional del tribunal de primera instancia, revisar la
providencia apelada para, si era el caso, corregir sus errores.
Conforme a las normas procesales relativas al deber de sustentación del recurso de
apelación interpuesto contra sentencias dictadas en procesos ordinarios, y,
especialmente, conforme al citado principio de congruencia, entiende esta Corporación
que en el escrito de apelación debe expresarse de forma concreta y breve los
argumentos, por los que el recurrente estima que la providencia fue desacertada, para
efectos que el superior jerárquico centre su estudio en dichos reparos. Situación que no
se cumple correctamente en este caso.
En consecuencia, al no controvertir el recurso aspectos decididos por el tribunal, que
configuren además un perjuicio para el FOMAG, se impone declarar su improcedencia y,
en consecuencia, mantener incólume la sentencia de primera instancia.
2.6. Condena en costas.
De la interpretación del artículo 188 de la Ley 1437 de 201118, esta Sala ha sido del
criterio que la norma transcrita deja a disposición del juez valorar la procedencia o no de
la condena en costas, ya que para ello debe examinar la actuación procesal de la parte
vencida, tener certeza de su causación y que la conducta desplegada adolece de
temeridad y mala fe, no basta el simple hecho de las resultas del proceso.
18
Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y
ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca que se presentó la demanda con manifiesta
carencia de fundamento legal.
13
N.º Interno: 5486-2023
Demandante: Delsy María Bornachera Gómez
Demandados: – FOMAG- Fiduprevisora-Municipio de Ciénaga.
En esos términos, en el caso concreto, tras revisar la actuación de las partes a lo largo
del proceso, no se evidencia temeridad ni mala fe.
III. DECISIÓN
Visto lo anterior, la Sala confirmará la sentencia de primera instancia del Tribunal
Administrativo del Magdalena, que accedió parcialmente a las suplicas de la demanda;
comoquiera que, el recurso formulado en su contra se declarará fallido.
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley.
FALLA
PRIMERO. – DECLARAR FALLIDO el recurso de apelación presentado por el Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio -FOMAG- contra la sentencia
calendada el 23 de noviembre de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo del
Magdalena, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: MANTENER INCÓLUME la sentencia proferida el 23 de noviembre de 2022,
por el Tribunal Administrativo del Magdalena, que accedió parcialmente a las súplicas de
la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: Sin condena en costas en ambas instancias.
CUARTO: Por Secretaría, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Ausente con excusa Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Aclara voto
14
N.º Interno: 5486-2023
Demandante: Delsy María Bornachera Gómez
Demandados: – FOMAG- Fiduprevisora-Municipio de Ciénaga.
Cfr. Rad. AV. 05001-23-33-000-2020-00472-01
(1251-2024)
Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad. Integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.