Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2018-01870-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2018-01870-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2018-01870-01
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
18 de julio de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN B
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
Bogotá D.C., dieciocho (18) de julio de dos mil veinticinco (2025)
Radicación: 25000-23-42-000-2018-01870-01 (6770-2023)1
Demandante: Diego Francisco Mendivelso Pinzón
Demandada: Nación – Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial
Tema: Prima de servicios - Ley 4 de 1992
Decisión: Sentencia de segunda instancia
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra
la sentencia del treinta (30) de septiembre de dos mil veinte (2020), proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Sala Transitoria2 que
accedió a las pretensiones de la demanda, sin condena en costas.
I. ANTECEDENTES
1. La demanda3
1.1. Pretensiones.
Diego Francisco Mendivelso Pinzón, por intermedio de apoderado judicial, acudió a
la jurisdicción en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo CPACA, para solicitar lo siguiente:
PRIMERA: INAPLICAR, por ser inconstitucionales e ilegales, o porque ya fue
anulado por la Jurisdicción de Io Contencioso Administrativo, los artículos 6 y 7
de los Decretos salariales 57 de 1993 y 106 de 1994, artículos 7 y 8 del Decreto
salarial 43 de 1995, los artículos 6 y 7 de los Decretos salariales 36 de 1996, 76
de 1997, 64 de 1998 y 44 de 1999, artículos 7 y 8 de los Decretos salariales
2740 del 2000, los artículos 7 y 8 de los Decretos salariales 1475 de 2001, 2720
de 2001, 2777 de 2001, artículos 6 y 7 de los Decretos salariales 673 de 2002,
3569 de 2003, 4172 de 2004, 936 de 2005, artículos 6 y 7 del Decretos salariales
389 de 2006, el artículo 6 del Decreto Salarial 618 de 2007 expedido por el
Gobierno Nacional, mediante sentencia del 29 de abril de 2014, emitida por el
1
Expediente digital, puede ser consultado en Samai, Consejo de Estado, en el siguiente enlace:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=250002342000201801870011100103
2
Magistrado ponente Javier Alfonso Argote Royero
3
Folios 104 a 183 del expediente físico
Radicación:6770-2023
Demandante: Diego Francisco Mendivelso Pinzón
Demandada: Nación – Rama Judicial Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
Consejo de Estado, Sala de Io Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
Sala de Conjueces. Expedientes No. 11001-03-25-000-2007-008700, la cual se
encuentra en firme.
SEGUNDA: INAPLICAR, por ser inconstitucionales e ilegales, o por haber sido
anulados por la jurisdicción de Io contencioso administrativo, el artículo 6 del
Decreto Salarial 658 de 2008, artículos 8 del Decreto salarial 723 de 2009, y el
artículo 8 de los Decretos salariales 1388 de 2010, 1039 de 2011, 0874 de 2012,
1024 de 2013 y 194 de 2014, el artículo 4 de los Decretos 1105 de 2015 y 234
de 2016, expedidos por el Gobierno Nacional.
TERCERA: Las Resoluciones números No. 7964 del 3 de noviembre de 2015,
172 del 14 de enero de 2016, y del acto administrative ficto o presunto producto
del silencio administrativo negativo, configurado por la no resolución expresa
del recurso de apelación interpuesto contra el anterior acto administrativo que
fue expedido por el Director Ejecutivo Seccional de Administración Judicial
Bogotá - Cundinamarca, Dr. Carlos Enrique Masmela González, mediante las
cuales se desconoce a mi poderdante, el doctor Diego Francisco Mendivelso
Pinzón el derecho que tiene de percibir el 30% de la remuneración mensual
faltante para un total del 100% del salario, con las consecuencias prestacionales
incluidas las cesantías, intereses a las cesantías y la prima especial de servicios
contemplada en el artículo 14 con las consecuencias prestacionales incluidas
las cesantías, intereses a las cesantías, más la prima especial de servicios
contemplada en el artículo 15 de la Ley 4ª de 1992, ya que como se acepta en
el citado acto ya le pagaron la prima señalada en la Ley 4ª de 1992 artículo 14,
quedando pendiente el pago del 30% del salario más las consecuencias
prestacionales que generen dicho porcentaje y de la prima especial de servicio
señalada en el artículo 14 de la Ley 4a de 1992 se le adeuda las consecuencias
prestaciones que generen dicho porcentaje más la prima especial de servicios
contemplada en el artículo 15 de la Ley 4 de 1992, desde el 12 de Julio de 2012
al 31 de agosto de 2016 como Juez 2 Penal Circuito Especializado de Extinción
de Dominio.
A título de restablecimiento del derecho, el demandante pidió que se ordene: i)
reconocer y pagar a los demandantes el 30% de la remuneración mensual faltante
para un total del 100% del salario, y la prima, incluidas las cesantías, intereses a
las cesantías, más la prima especial de servicios contemplada en el artículo 15 de
la Ley 4ª de 1992; ii) a reconocer y pagar a los demandantes el valor de las
prestaciones sociales incluidas las cesantías, intereses a las cesantías.
correspondientes al 30% del salario, que a través de los años le han cancelado
como prima sin carácter salarial, desde la posesión; iii) la reliquidación de todas las
prestaciones sociales sobre la base del 100% del salario ordenado por el gobierno
nacional; vi) los intereses corrientes, y moratorios, desde la fecha en que se debió
pagar, hasta cuando se verifique el pago efectivo; v) se condene en costas y
agencias en derecho a la demandada.
Los hechos en que se fundan las pretensiones son los siguientes:
2
Radicación:6770-2023
Demandante: Diego Francisco Mendivelso Pinzón
Demandada: Nación – Rama Judicial Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
El demandante informó que, prestó sus servicios a la Rama Judicial, como Juez de
Circuito, desde el 12 de julio de 2012, hasta el 31 de agosto de 2016.
Que, por la labor desempeñada, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial,
pagó las prestaciones sociales, sin incluir, como factor salarial, el 30%
correspondiente a la prima especial.
El señor Diego Francisco Mendivelso sostuvo que, el 2 de octubre de 2015, solicitó
a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá, lo siguiente:
«Conforme a lo dicho a esa Dirección que se le reconozca y pague a mi mandante el equivalente
del 30% como remuneración mensual con carácter salarial, con las consecuencias prestacionales
de este 30% del salario, incluidas las cesantías, intereses a las cesantías y la prima especial
consagrada en los artículos 14 y 15 de la Ley 4ª de 1992, en los periodos señalados, previa
actualización desde cuando debió ser cancelada, hasta el día en que se efectúe su pago.(…)».
La Dirección Seccional de Administración Judicial de Antioquia, por medio de la
Resolución. N° 7964 del tres (3) de noviembre de dos mil quince (2015), negó
la petición de Francisco Mendivelso Pinzón, al considerar que «teniendo en cuenta
que la acción de nulidad comporta el mantenimiento de la legalidad abstracta y no el restablecimiento
del derecho, el cual tiene efectos creadores de derechos individuales, como quiera que estamos
frente a una situación de trascendencia presupuestal a nivel nacional dados los costos implícitos en
la misma, no es posible proceder con su solicitud, toda vez que, se está a la espera de la respectiva
asignación de recursos por el rubro presupuestal que el Ministerio determine».
La anterior decisión fue confirmada por la Resolución N° 8238 del quince (15) de
diciembre de dos mil dieciséis (2016), en sede del recurso de apelación.
1.2. Normas violadas y concepto de violación.
La demandante explicó que los actos enjuiciados vulneraron las siguientes normas
de carácter convencional, constitucional y legal:
Los artículos 1, 13, 25 y 53 de la Constitución Política; los artículos 2º, 14 y 15 de la
Ley 4ª de 1992; los artículos 1, 2, 4 del Decreto 10 de 1993; el artículo 14 del Código
Sustantivo del Trabajo; el numeral 7 del artículo 152 de la Ley 270 de 1996.
3
Radicación:6770-2023
Demandante: Diego Francisco Mendivelso Pinzón
Demandada: Nación – Rama Judicial Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
La parte demandante argumentó que, la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial Seccional Bogotá, desconoció y vulneró los derechos laborales, a la
igualdad, al trabajo, la remuneración mínima vital y móvil proporcional a la cantidad
y calidad de trabajo, puesto que, recibió una asignación salarial prestacional inferior
a la que recibieron algunos funcionarios de la misma categoría, toda vez que, al
considerarse el 30% de su salario como prima especial sin carácter salarial, afectó
el monto de todas las prestaciones sociales.
2. Contestación de la demanda4.
La accionada se opuso a las pretensiones de la demanda. La Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial, manifestó que, los actos administrativos demandados, no
adolecen de vicios de los que pueda derivarse la declaración de nulidad, toda vez
que, fueron proferidos en debida forma, y con la observancia plena de las normas
jurídicas en las que deberían fundarse.
Como excepciones, propuso las que denominó «ausencia de causa petendi,
integración de litis consorcio necesario, y prescripción».
3. La sentencia de primera instancia5.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Sala Transitoria,
mediante sentencia proferida el treinta (30) de septiembre de dos mil veinte (2020)
accedió a las pretensiones de la demanda, sin condena en costas, de la siguiente
manera:
PRIMERO. - Estese a Io resuelto en la sentencia del 29 de abril del año 2014
proferida por el Consejo de Estado dentro del expediente N° 2007-0087-00. CP.
Dra. MARIA CAROLINA RODRIGUEZ RUIZ, en cuanto declare la nulidad por
inconstitucionalidad de algunos artículos de los decretos reglamentarios del artículo
14 de la Ley 4 de 1992 e inaplicar por inconstitucional todos los decretos que dieron
un entendimiento diferente en el sentido de disminuir el derecho a la prima, en
cuanto no se considere un aumento sino una disminución y a la sentencia de
Unificación -SUJ-016-CE-S2-2019, proferida por la Sala de Io Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado - Sección Segunda - Sala Plena de Conjueces
• el dos (2) de septiembre de 2019. Conjuez ponente: Carmen Anaya de
Castellanos, por las razones expuestas en la parte motive de esta sentencia.
4
Folios 244 a 256
5
Folios 20 a 299
4
Radicación:6770-2023
Demandante: Diego Francisco Mendivelso Pinzón
Demandada: Nación – Rama Judicial Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
SEGUNDO. - Declarar no probadas las excepciones propuestas por la parte
demandada, por las razones expuestas en esta sentencia.
TERCERO.- Declarar la nulidad del acto administrative contenidos en las
resoluciones N° 7964 del 3 de noviembre de 2015, 172 del 14 de enero de 2016,
8238 del 15 de diciembre de 2016, emanados de la Direccion Ejecutiva Seccional
de Administracion Judicial y de la Direccion Ejecutiva de Administracion Judicial, y
por medio de los cuales se negó al demandante los derechos laborales reclamados,
en razón a que tiene derecho al reconocimiento, reliquidación y pago de sus
ingresos mensuales, liquidados sobre la base del salario básico más el 30% de este,
que corresponde a la prima especial de servicios contenida en el artículo 14 de la
Ley 4ª de 1992, en el entendido de que dichos salaries fueron liquidados sobre el
70% de su salario básico, para Io cual el 30% de la prima especial de servicios se
debe sumar al salario y en cuanto a las prestaciones sociales, la prima especial de
servicios consagrada en el artículo 14 de la ley 4® de 1992 no es un factor salarial,
esto es, no debe ser sumada ni excluida para establecer la base sobre las cuales
se van a liquidar aquellas, las cuales deben ser liquidadas solo sobre la base del
100% del salario básico mensual.
CUARTO.- Condenase a la NACION - RAMA JUDICIAL a pagarle al demandante
Diego Francisco Mendivelso Pinzón, el derecho que tiene a la reliquidación y pago
de sus ingresos mensuales, liquidados sobre la base del salario básico más el 30%
de este, que corresponde a la prima especial de servicios contenida en el artículo
14 de la Ley 4a de 1992 y el derecho al reconocimiento, reliquidación y pago de sus
prestaciones sociales, liquidadas sobre la base de todo salario básico, “sin restarle
ni sumarle a este el 30%, ya que la prima especial de servicios no tiene carácter
salarial y por tanto no incide o es inocua para liquidar las prestaciones sociales. La
diferencia entre Io efectivamente recibido y Io dejado de recibir, por los anteriores
conceptos, sumas que se deben liquidar a partir del 1° de enero de 2014 y hasta la
fecha en que funja o fungió en el cargo de Juez del Circuito siguiéndose para su
liquidación y pago los parámetros fijados en esta sentencia, sin que en ningún caso
se supere el porcentaje máximo fijado por el Gobierno Nacional, atendiendo el cargo
que ocupó el demandante en el periodo supra relacionado.
El Tribunal, precisó que, la prima especial de servicios consagrada en el artículo 14
de la Ley 4ª de 1992 es un beneficio adicional al salario, que equivale al 30%, y que
debe ser sumado al mismo, nunca restado, para liquidar el ingreso mensual del
trabajador. De tal manera, que los jueces y/o magistrados cuyos salarios fueron
liquidados sobre el 70% de su salario básico, tienen el derecho al reajuste de sus
ingresos mensuales, con la inclusión del 30 % de la mencionada prima.
De conformidad con el material probatorio que obra en el proceso, el A-quo,
concluyó lo siguiente: (i) que el demandante Diego Francisco Mendivelso Pinzón,
se desempeñó como Juez Segundo (2°) del Circuito de Extinción de Dominio de
Bogotá desde el primero (1°) de enero de dos mil catorce (2014) hasta la fecha en
que funja o fungió en dicho cargo; por ello, tiene derecho a que se le pague la prima
especial de servicios causadas a partir del 1° de enero de 2014 y hasta la fecha en
que desempeñó el cargo.
5
Radicación:6770-2023
Demandante: Diego Francisco Mendivelso Pinzón
Demandada: Nación – Rama Judicial Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
Que, el demandante tiene el derecho, durante el periodo ya indicado, en su
condición de Juez del Circuito, al reconocimiento, reliquidación y pago de las
prestaciones sociales liquidadas sobre la base de todo salario básico, sin restarle ni
sumarle a este el 30%, debido a que, la prima especial de servicios no tiene carácter
salarial y, por tanto, resulta inocua para liquidar las prestaciones sociales.
4. El recurso de apelación6.
La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial presentó recurso de apelación
contra la sentencia de Primera Instancia.
En primer lugar, manifestó lo siguiente:
El pasado 02 de septiembre de 2019, el H. Consejo de Estado, Sala de Io Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Sala Plena de Conjueces, mediante Sentencia de
Unificación SUJ-016-CE-S2-2019, de fecha 02 de septiembre de 2019, radicado 2016-
00041-02, al resolver demanda de nulidad y restablecimiento del derecho cuyas
pretensiones eran el reconocimiento y pago de: (i) la prima especial de servicios
prevista en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, como una adición a la asignación básica
mensual; (ii) el 30% da la asignación básica que por conceptos de prima especial le
habría sido descontado por la parte demandada y; (iii) la diferencia resultante de la
reliquidación de las prestaciones sociales, salariales y laborales sobre el 100% de la
asignación básica mensual, indicó (…)
En síntesis, sobre este punto, la entidad demandada, no expuso ningún
argumento con el cual, explicara, porque está en desacuerdo con la sentencia
atacada, se limitó a trascribir apartes de la providencia.
Como segundo, expuso que es importante tener en cuenta los efectos de
carácter vinculante de las sentencias de unificación, que en los términos del
artículo 10 del CPACA impone a las autoridades administrativas y judiciales,
obrar con observancia de los fallos proferidos por el Consejo de Estado, dada
su autoridad de tribunal de cierre de la jurisdicción de lo contencioso
administrativo. Así lo estipula el mencionado artículo:
F
olios 233 a 235 del expediente
6
Radicación:6770-2023
Demandante: Diego Francisco Mendivelso Pinzón
Demandada: Nación – Rama Judicial Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
"Artículo 10. Deber de aplicación uniforme de las normas y la jurisprudencia. Al resolver
los asuntos de su competencia, las autoridades aplicaran las disposiciones
constitucionales, legales y reglamentarias de manera uniforme a situaciones que
tengan los mismos supuestos facticos y jurídicos. Con este propósito, al adoptar las
decisiones de su competencia, deberán tener en cuenta las sentencias de unificación
jurisprudencial del Consejo de Estado en las que se interpreten y apliquen dichas
normas. (...)"
Por ello, debe aclararse que, la extensión de la jurisprudencia del Consejo de Estado
es una figura jurídica contemplada en el artículo 102 de la Ley 1437 de 2011 (Código
de Procedimiento Administrative y de Io Contencioso Administrative C.P.A.C.A), por
medio de la cual se busca lograr la efectividad y la igualdad de los derechos de los
administrados por parte de la administración.
Refuerza Io anterior, que el objeto que se persigue con la extensión jurisprudencial, es
el de permitir que las personas puedan acceder de manera directa, pronta y eficaz ante
la Administracion para que sea 6sta la que en armonía con las decisiones judiciales
que se han tornado en casos idénticos, pueda resolver, en igual forma, las que se
presenten ante ella.
La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, manifestó que le asiste
animo conciliatorio para resolver el asunto que, en este caso se debate. Al
respecto, la Sala destaca que, el diez (10) de octubre de dos mil veintitrés
(2023) se realizó audiencia de conciliación en el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Sala Transitoria, en la cual se concluyó que
«no les asiste animo conciliatorio a las partes».
Los anteriores fueron los argumentos presentados por la entidad apelante, sin
agregar nuevos argumentos de reproche o inconformidad con el fallo de
Primera Instancia.
5. Trámite segunda instancia
En auto del siete (7) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024)7, este despacho
admitió el recurso de apelación presentado por las partes y, de conformidad con el
numeral 5 del artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, se prescindió del periodo para
para alegar.
7
Índice 6 Samai
7
Radicación:6770-2023
Demandante: Diego Francisco Mendivelso Pinzón
Demandada: Nación – Rama Judicial Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
CONSIDERACIONES
2.1 Competencia
La Subsección es competente para conocer en segunda instancia de este proceso
de conformidad con lo establecido en el artículo 150 del CPACA. De igual forma,
según el artículo 328 del Código General del Proceso (CGP)8, el juez de segunda
instancia debe pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos en el
recurso de apelación.
2.2 Problema jurídico
Teniendo en cuenta que, el objeto del debate lo constituye la sentencia del treinta
(30) de septiembre de dos mil veinte (2020), proferida por el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Segunda, Sala Transitoria, que accedió parcialmente a
las pretensiones de la demanda, correspondería, en principio, analizar la
procedencia de su revocatoria.
No obstante, para la Sala, con carácter previo al estudio de fondo, debe
establecerse si el recurso de apelación interpuesto por la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial cumple con los requisitos mínimos de procedibilidad, en
particular, si controvierte aspectos efectivamente decididos en la parte resolutiva de
la sentencia que le hayan causado un perjuicio directo, y si fue sustentado conforme
al principio de congruencia que rige el recurso de apelación.
8
«ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los
argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por
la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior
resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar
copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera
indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán
alegarse durante la audiencia.»
8
Radicación:6770-2023
Demandante: Diego Francisco Mendivelso Pinzón
Demandada: Nación – Rama Judicial Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
En el evento en que se concluya que el recurso es improcedente por falta de
correspondencia entre los argumentos formulados y la decisión apelada, la Sala se
abstendrá de emitir pronunciamiento sobre el fondo del litigio y procederá a
mantener incólume la sentencia de primera instancia.
2.3 Apelación de sentencias
Sobre el recurso de apelación, precisa la Sala que, aquel encuentra su fundamento
en el artículo 31 de la Constitución Política9, norma que consagró la regla de la doble
instancia. Este medio de impugnación sirve para remediar los errores judiciales,
teniendo en cuenta que lo resuelve otro funcionario de mayor categoría, que supone
mayor experiencia y versación en la ciencia jurídica; de allí que el artículo 320 del
C.G.P. haya consagrado en su inciso primero que “El recurso de apelación tiene por objeto que
el superior examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el
apelante, para que el superior revoque o reforme la decisión”.
Sobre el principio de la doble instancia la Corte Constitucional10 ha sostenido:
«El principio de la doble instancia, se encuentra su consagración expresa en los arts. 29, 30
y 86 de la Constitución. En el artículo 31 superior se establece que “toda sentencia judicial
podrá ser apelada o consultada, salvo las excepciones que consagre la ley.”
Este principio tiene gran relevancia en nuestro ordenamiento jurídico dada su relación con los
derechos al debido proceso y a la defensa, ya que su protección garantiza una recta
administración de justicia, con un debate mayor y menores posibilidades de error
judicial al permitir que la decisión adoptada por una autoridad judicial sea revisada por una
autoridad independiente, imparcial y de distinta categoría. Así lo sostuvo recientemente al
señalar lo siguiente:
“Su finalidad es permitir que la decisión adoptada por una autoridad judicial sea revisada por
otro funcionario de la misma naturaleza y más alta jerarquía –lo que en principio es indicativo
de mayor especialidad en la materia– con el fin de que decisiones contrarias a los intereses
de las partes tengan una más amplia deliberación con propósitos de corrección.»-sic-
Como lo dice Hernán Fabio López Blanco11, parafraseando a Podetti, el recurso de
apelación es, sin discusión, el más importante y usado de todos los recursos en
diversas legislaciones. Es como lo ha indicado en la visión histórica, raíz y origen
de todos los demás recursos.
9
ARTICULO 31. Toda sentencia judicial podrá ser apelada o consultada, salvo las excepciones que consagre la ley. El
superior no podrá agravar la pena impuesta cuando el condenado sea apelante único.
10
Expediente D9214 del 27 de febrero de 2013. MP Maria Victoria Calle Correa
11
López Blanco Hernán Fabio, Undécima edición, 2012. Procedimiento Civil Pág.782
9
Radicación:6770-2023
Demandante: Diego Francisco Mendivelso Pinzón
Demandada: Nación – Rama Judicial Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
El artículo 243 del CPACA permitió la interposición del recurso de apelación contra
sentencias de primera instancia, entre otras providencias; más adelante el artículo
247 ibidem estableció el trámite de dicho recurso, precisando que aquél debía ser
interpuesto y sustentado dentro de los 10 días siguientes a la notificación de la
sentencia.
El recurso en cita permite que el recurrente exprese los motivos de inconformidad
contra la decisión, los cuales, en principio, delimitan el marco objeto de
pronunciamiento por el juez de segunda instancia. En este sentido, el artículo 328
del Código General del Proceso12 consagra la competencia del superior en los
siguientes términos:
«ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá
pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de
las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló
hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el
recurso, condenar en costas y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón
de la modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las
nulidades procesales deberán alegarse durante la audiencia.» -sic-
En ese orden de ideas, el propósito del recurso de apelación es que el superior
revise la decisión, confirme, revoque o modifique lo resuelto por el a quo; para lo
que, es obligatorio que el recurrente lo sustente, expresando las razones de su
inconformidad, además de señalar los puntos que le son desfavorables o sobre los
que considera que el juez de primera instancia no se pronunció. Sobre este tópico
esta Sala13 sostuvo:
«Por manera tal, que la sustentación de la apelación deberá ser el resultado de una cadena
argumentativa coherente, apoyada en referentes normativos e incluso en precedentes
jurisprudenciales a través de los cuales se fundamenten argumentos serios y sólidos, con
aptitud para evidenciar la confrontación respecto de la providencia apelada y, llevar al
convencimiento del superior, bien para acogerlos a bien para desestimarlos (…)»” -sic-
12
Aplicable por remisión expresa del artículo 306 del CPACA
13
Sentencia del 26 de agosto de 2021, expediente 17001-12-33-000-2014-00240-01 (4505-15) Demandante German Darío
Echeverry Hernández. MP César Palomino Cortés
10
Radicación:6770-2023
Demandante: Diego Francisco Mendivelso Pinzón
Demandada: Nación – Rama Judicial Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
2.4 Apelación fallida
Como lo ha sostenido esta Sección en distintos pronunciamientos14, esta figura no
se encuentra regulada en ninguna norma procesal, se ha utilizado
jurisprudencialmente cuando los argumentos de reparo que presenta el apelante
con respecto a la decisión recurrida no guardan congruencia con lo esbozado por el
juez, es decir, las razones que se exponen como reproche frente a la providencia
proferida no tienen relación con el tema debatido o no se presentan argumentos en
el que se exprese la razón de la inconformidad con la decisión.
2.5. Caso concreto
En el presente asunto, se demanda la nulidad de las Resoluciones números No. 7964 del
3 de noviembre de 2015, 172 del 14 de enero de 2016, y del acto administrativo ficto o presunto
producto del silencio administrativo negativo, configurado por la falta de respuesta del recurso de
apelación interpuesto contra la anterior decisión; por medio de los cuales el Director Ejecutivo
Seccional de Administración Judicial de Bogotá, departamento de Cundinamarca, negó la
solicitud presentada por el señor Diego Francisco Mendivelso el 2 de octubre de
2015.
En dicha petición, el demandante solicitó el reconocimiento y la reliquidación del
30 %, como componente del salario, correspondiente a la prima especial de
servicios, con incidencia en todos los factores laborales, prestacionales y
pensionales, conforme a su carácter salarial reconocido por la jurisprudencia del
Consejo de Estado, particularmente en la sentencia del veintinueve (29) de abril
de dos mil catorce (2014)15 y la sentencia SUJ-016-CE-S2-201916.
14
Sentencia del 19 de junio de 2025. Expediente 47001-23-33-000-2019-00035-01 (5486-2023) C.P. Jorge Edison Portocarrero
Banguera; del 18 de agosto de 2022. Expediente 25000-23-42-000-2016-05717-01 (3427-2; del 18 de noviembre de 2021,
expediente 25000-23-42-000-2013-06074-01 (3918-18) CP William Hernández Gómez; del 9 de septiembre de 2021,
expediente: 76001-23-33-000-2013-00709-01 (5199-2019) C.P. Rafael Francisco Suarez Vargas; del 26 de agosto de 2021,
expediente 17001-12-33-000-2014-00-01 (4505-15) C.P. César Palomino Cortés. Auto del 24 de noviembre de 2023,
expediente 15001-23-33-000-2021-00648-(5027-2023) C.P. Jorge Iván Duque Gutiérrez
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Radicado 11001-03-25-000-2007-00087-00 (1686-07) MP Maria Carolina Rodríguez Ruiz
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Sentencia del 2 de septiembre de 2019, radicado: 41001-23-33-000-2016-0041-02 (2204-17) MP Carmen Anaya de
Castellanos (Conjuez)
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Radicación:6770-2023
Demandante: Diego Francisco Mendivelso Pinzón
Demandada: Nación – Rama Judicial Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
La Sala Transitoria, de la Sección Segunda, del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, en Primera Instancia, acogió las Sentencias del veintinueve (29)
de abril de dos mil catorce (2014), y la Sentencia SUJ-016-CE-S2-201917 del
Consejo de Estado y declaró la nulidad de los actos administrativos demandados.
En consecuencia, ordenó a la entidad demandada la reliquidación y pago de sus
ingresos mensuales, liquidados sobre la base del salario básico más el 30% de este,
que corresponde a la prima especial de servicios contenida en el artículo 14 de la
Ley 4ª de 1992 y el derecho al reconocimiento, reliquidación y pago de sus
prestaciones sociales, liquidadas sobre la base de todo salario básico, “sin restarle
ni sumarle a este el 30%, ya que la prima especial de servicios no tiene carácter
salarial y por tanto no incide o es inocua para liquidar las prestaciones sociales.
En el sub examine, revisado el recurso de apelación, interpuesto por la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial, la Sala observa que, los argumentos expuestos
por el recurrente no guardan relación con la orden dada por el tribunal, teniendo en
cuenta que, no indica inconformidad contra aquella decisión; limitándose trascribir
apartes de la sentencia del 2 (dos) de septiembre de dos mil diecinueve (2019).
De acuerdo con lo anteriormente expuesto, debe insistirse que, conforme a las
normas procesales relativas al deber de sustentación del recurso de apelación
interpuesto contra sentencias dictadas en procesos ordinarios, en el escrito de
apelación debe expresarse de forma concreta y breve los argumentos por los que
el recurrente estima que la providencia fue desacertada, para efectos que el superior
jerárquico centre su estudio en dichos reparos; situación que, como ya se expuso,
no se cumple en este caso.
Ante ello, se considera que el recurso de apelación no puede ser tramitado y deberá
ser declarado fallido. Sobre este tema, el Consejo de Estado ha precisado que la
consecuencia de no sustentar en debida forma el recurso y exponer argumentos
que difieren del asunto que se tramita conllevan a la declaratoria de fallida, así se
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2 de septiembre de 2019, ponente: Carmen Anaya de Castellanos
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Radicación:6770-2023
Demandante: Diego Francisco Mendivelso Pinzón
Demandada: Nación – Rama Judicial Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
dijo en providencia del 25 de mayo de 2006:
«En conclusión, se observa que los argumentos esgrimidos por el recurrente como sustentación
del recurso, en verdad, no están dirigidos contra el fondo de la sentencia apelada, por no
corresponder al caso que se juzga, lo cual impide en el fondo desatar la apelación, es
decir, ésta resulta fallida porque es imposible confrontar la sentencia con una apelación
de la misma que no lo es (…)18».
En una decisión más reciente proferida por esta misma Sala, en un proceso de
similar característica se llegó a la misma conclusión, sobre el particular se indicó lo
que a continuación se cita:
«Entonces, como quiera que la postura de la demandada en la impugnación es
incongruente con la sentencia cuestionada y, además, carece de la carga
argumentativa que exige la alzada, se debe declarar fallida la apelación (…)19»
Vistas así las cosas, la Sala precisa que, el apelante tuvo la oportunidad de referirse
a todos y cada uno de los argumentos expuestos por la Primera Instancia, con la
finalidad de señalar los yerros que consideraba se habían cometido, con miras a
obtener una decisión favorable a sus intereses. Sin embargo, no se advierten
tales reproches, pues, se reitera, el recurso de alzada no contiene argumentos
de inconformidad en contra de la orden impartida por el A-quo en la sentencia.
Por el contrario, la entidad apelante hizo referencia al mecanismo de extensión
de jurisprudencia, que no guarda relación con el recurso de alzada, ni
tampoco puede constituir un argumento de reproche contra el fallo de primera
instancia.
En consecuencia, al no controvertir el recurso aspectos decididos por el tribunal,
que configuren además un perjuicio para la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial, se impone declarar fallido el recurso y, en consecuencia, mantener
incólume la sentencia de primera instancia.
18
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, M.P. Tarsicio Cáceres Toro, sentencia del 25 de mayo de 2006,
proceso con radicado 15001-23-31-000-2000-02086-01 y número interno 2273-2005.
19
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, M.P. Jorge Edison Portocarrero Banguera, proceso 76001-23-33-
000-2019-00015-01 (2591-2023)
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Radicación:6770-2023
Demandante: Diego Francisco Mendivelso Pinzón
Demandada: Nación – Rama Judicial Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
2.6 Condena en costas.
Revisada la conducta de la parte vencida en el proceso, no evidencia la Sala
temeridad o mala fe, sino, simplemente la defensa de sus intereses es de decir, no
se cumplen los presupuestos exigidos por el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011.
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO.- DECLARAR fallido el recurso de apelación presentado por la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial contra la sentencia de Primera Instancia
proferida el treinta (30) de septiembre de dos mil veinte (2020), por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Sala Transitoria, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia
SEGUNDO. - MANTENER incólume la sentencia de primera instancia del treinta
(30) de septiembre de dos mil veinte (2020), proferida por el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Segunda, Sala Transitoria, dentro de la demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho presentada por Diego Francisco Mendivelso
Pinzón contra la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial; por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO. - Sin condena en costas en esta instancia.
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Radicación:6770-2023
Demandante: Diego Francisco Mendivelso Pinzón
Demandada: Nación – Rama Judicial Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
CUARTO.- Por Secretaría, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
ELIZABETH BECERRA CORNEJO JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Aclara voto
Cfr. Rad. AV. 05001-23-33-000-2020-00472-01
(1251-2024)
Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad. Integridad, conservación
y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA
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