Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 17001-23-33-000-2019-00239-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 17001-23-33-000-2019-00239-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 17001-23-33-000-2019-00239-02
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
18 de julio de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN B
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
Bogotá D.C., dieciocho (18) de julio de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 17001-23-33-000-2019-00239-02 (5870-2023)1
Demandante: Beatriz Arias de Pinzón
Demandado: Nación – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial-Rama
Judicial.
Tema: Prima Especial de Servicios - Ley 4 de 1992
Decisión: Sentencia de segunda instancia
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra
la sentencia del 27 de julio de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de
Caldas, Sala de Conjueces, que accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda.
I. ANTECEDENTES
1.1 La demanda1
1.1.1 Pretensiones
La señora Beatriz Arias de Pinzón, actuando por conducto de apoderado judicial,
acudió a esta jurisdicción en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), y
formuló las siguientes pretensiones:
«PRIMERA: DECLARAR LA NULIDAD de los actos administrativos mediante
los cuales se negaron las solicitudes elevadas por la demandante,
encaminadas a obtener la inclusión del TREINTA POR CIENTO (30%) de la
remuneración mensual devengada, con base en la liquidación integral de
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Radicación: 5870-2023
Demandante: Beatriz Arias de Pinzón
Demandado: Nación – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial-Rama Judicial.
todas las prestaciones sociales correspondientes a los años de 1993 a 1999,
a saber:
a. Resolución No. DEAJMAR17-1056 de octubre 10 de 2017, proferida
por la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de
Manizales, por medio de la cual se deniega la solicitud presentada por
la actora, aduciendo que en el aplicativo Kactus no se encuentra
habilitada la liquidación de la prima especial de servicios a favor de
quienes resulten beneficiarios de decisiones judiciales, por cuanto no
existen directrices del nivel central que permitan efectuar dicho
reconocimiento.
b. Resolución No. 6246 de octubre 3 de 2018, expedida por la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial de Bogotá, que confirma la
anterior decisión, argumentando que pese a la existencia de una
sentencia judicial con efectos vinculantes proferida el 29 de abril de
2014, no se han impartido las instrucciones presupuestales ni
administrativas por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público
que viabilicen el cumplimiento de la misma. En consecuencia, sostiene
que dicha sentencia no tiene fuerza ejecutoria en términos de gasto
público, limitando su alcance a una simple nulidad sin efectos
económicos exigibles.» […]
A título de restablecimiento del derecho, pidió se condene a la entidad
demandada a reconocer y pagar la suma que resulte por concepto de las diferencias
en salarios y prestaciones sociales dejadas de percibir entre los años 1993 y 2003,
incluyendo todos los conceptos reclamados en vía gubernativa y en el escrito de
demanda, sin descontar la prima especial de servicios.
Que las sumas que resulten adeudadas sean pagadas debidamente indexadas, se
dé cumplimiento al fallo en los términos establecidos en los artículos 187, 188, 189
y 192 del CPACA y se condene en costas a la demandada.
1.1.2 Hechos
Indicó el apoderado de la parte actora, que su poderdante, la señora Beatriz Arias
de Pinzón prestó sus servicios a la Rama Judicial como Juez del Circuito entre
noviembre de 1974 y junio de 1999, fecha en la que se retiró y accedió a su pensión
de jubilación; y que, durante su vinculación, le fueron reconocidas cesantías anuales
hasta el año 1993 y posteriormente liquidadas de forma parcial hasta 1999,
conforme a las resoluciones que obran en el expediente.
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Radicación: 5870-2023
Demandante: Beatriz Arias de Pinzón
Demandado: Nación – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial-Rama Judicial.
Adujo que, en desarrollo de la Ley 4ª de 1992, el Gobierno Nacional expidió
múltiples decretos reglamentarios sobre el régimen salarial de la Rama Judicial,
incluyendo la creación de la prima especial de servicios, equivalente al 30% del
salario básico mensual para magistrados, fiscales y jueces.
Indicó que, dicha prima fue regulada para efectos pensionales y salariales mediante
decretos que definieron su carácter de ingreso habitual y periódico para funcionarios
activos y jubilados; y que, pese a su naturaleza salarial, el Gobierno Nacional, al
aplicar el Decreto 106 de 1994, interpretó que dicha prima carecía de efectos
salariales y la excluyó de la base de liquidación prestacional, afectando con ello los
derechos adquiridos de los funcionarios.
Agregó que, esta interpretación fue corregida por la jurisprudencia del Consejo de
Estado, especialmente en la sentencia del 29 de abril de 2014, en la cual se declaró
la nulidad de los actos reglamentarios y se reconoció el carácter salarial y
prestacional del 30% e insistió en que dicha prima debía formar parte del ingreso
base para liquidar sus cesantías, vacaciones, intereses, primas y demás derechos
laborales, tanto en vida activa como en su calidad de pensionada.
Sostuvo que, su poderdante, mediante petición del 17 de septiembre de 2017,
solicitó el reconocimiento y pago de la prima especial de servicios, regulada por el
artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 y la reliquidación de todas las prestaciones y
factores salariales incluyendo el 30% de la denominada prima especial de servicios;
y que, la demandada negó su petición mediante la Resolución No. DEAJMAR17-
1056 de 2017, decisión que fue confirmada por la Resolución No. 6246 de 2018,
expedida por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.
1.1.3 Normas violadas y concepto de violación
Se citaron como normas violadas las siguientes: Constitución Política, artículos 1,
2, 4, 13, 25, 53, 58 y 228; Ley 4ª de 1992, artículos 2, 12 (parágrafo) y 14; Código
Sustantivo del Trabajo, artículo 127; Decreto 1042 de 1978, artículo 42; Decreto 717
de 1978, artículo 12; Ley 1437 de 2011 (CPACA), artículos 10, 102, 137, 148, 189
y 269; y artículo 152, numeral 7º de la Ley 270 de 1996.
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Radicación: 5870-2023
Demandante: Beatriz Arias de Pinzón
Demandado: Nación – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial-Rama Judicial.
En el concepto de violación, la demandante manifestó que se ha vulnerado el
principio de legalidad y de supremacía constitucional, así como los derechos
fundamentales a la igualdad, al trabajo en condiciones dignas, al debido proceso y
a la irrenunciabilidad de los derechos laborales. Ello, por cuanto la Ley 4ª de 1992
consagró en su artículo 14 la denominada “prima especial de servicios”, equivalente
al treinta por ciento (30%) de los ingresos laborales para jueces, magistrados y
funcionarios afines, estableciendo un derecho cierto, real y exigible.
No obstante, la demandada —a través de una interpretación abiertamente contraria al
contenido y finalidad de dicha norma— no adicionó esa prima al salario mensual, sino que
dedujo del mismo el treinta por ciento (30%) para denominarlo “prima especial de
servicios”, dejando el setenta por ciento (70%) restante como salario básico
mensual. Esta actuación equivale a haber mantenido el mismo valor nominal bajo
otra denominación, pero afectando gravemente los factores salariales y, en
consecuencia, la base de liquidación de las prestaciones sociales.
En esa medida, acusa a los actos demandados de incurrir en desviación de poder
y de estar viciados de falsa motivación, al ampararse en decretos reglamentarios
que desnaturalizan el contenido de la Ley 4ª de 1992 y desconocen el carácter
salarial de la prima especial de servicios. Sostiene que, de conformidad con el
artículo 127 del CST, así como con lo previsto en el artículo 12 del Decreto 717 de
1978, todos los conceptos que se paguen de manera habitual y periódica deben
considerarse salario, lo que incluye la prima especial de servicios, la cual debió ser
tenida en cuenta para el cálculo de las cesantías, intereses, vacaciones, primas
legales y demás derechos prestacionales.
De acuerdo con lo anterior, precisó que, el cálculo de las prestaciones sociales de
la demandante ha sido efectuado de forma incompleta, desconociendo el verdadero
alcance del ingreso laboral que legal y constitucionalmente le corresponde, al
excluirse del mismo el treinta por ciento (30%) correspondiente a la prima especial
de servicios. Ello constituye una vulneración directa a los principios de favorabilidad,
progresividad, igualdad sustancial y trabajo digno, consagrados en la Constitución
y desarrollados ampliamente por la jurisprudencia del Consejo de Estado.
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Radicación: 5870-2023
Demandante: Beatriz Arias de Pinzón
Demandado: Nación – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial-Rama Judicial.
1.2 Contestación de la demanda2
El apoderado de la entidad demandada se opuso a las pretensiones de la demanda
manifestando que el Consejo de Estado, mediante sentencia del 29 de abril de 2014,
emitida por la Sala de Conjueces, Sección Segunda, declaró la nulidad de los
artículos contenidos en los decretos salariales de la Rama Judicial comprendidos
entre los años 1996 a 2007, en los cuales se ordenó que el 30% de la asignación
básica para el cargo de Magistrado de Tribunal, entre otros, se consideraba como
prima sin carácter salarial. Indicó que, los decretos expedidos por el Gobierno
Nacional a partir del año 2008 aún gozan de presunción de legalidad, lo que, da
lugar a la negación de las pretensiones de la demanda.
Aunado a lo anterior, frente al fallo judicial citado expuso que, de ser vinculante lo
allí resuelto, para proceder al pago de lo pedido debe haber asignación de recursos
por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, entidad que no ha girado ni
otorgado dichos recursos, a pesar de los requerimientos que en tal sentido ha
realizado la demandada; así las cosas, no cuenta con disponibilidad para pagar lo
pretendido.
Afirmó que, el reconocimiento y pago que predica la demandante solo es posible en
virtud de un fallo judicial, so pena de sanciones disciplinarias y penales, conforme a
lo dispuesto en el artículo 112 del Decreto 111 de 1996.
Finalmente, expuso que la sentencia del Consejo de Estado del año 2014 que anuló
los decretos salariales entre 1997 y 2007 al tratarse de una sentencia de simple
nulidad, sus efectos son generales, lo que impide su aplicación al caso particular.
En consecuencia, las decisiones adoptadas por la entidad frente a la demandante
se ajustaron a derecho, razón por la cual solicitó que se nieguen las pretensiones
de la demanda.
Finalmente, propuso como excepciones las que denominó: (i) Prescripción trienal
laboral y (ii) Innominada.
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Radicación: 5870-2023
Demandante: Beatriz Arias de Pinzón
Demandado: Nación – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial-Rama Judicial.
1.3 Sentencia de primera instancia3
El Tribunal Administrativo de Caldas, Sala de Conjueces, en sentencia de fecha 27
de julio de 2023, accedió parcialmente las pretensiones de la demanda, reconociendo
solo los aportes pensionales a que hubiera lugar durante el tiempo en que la
demandante ejerció cargos en la Rama Judicial que la hicieran acreedora de la prima
especial de servicios reclamada, sin condena en costas; en tal sentido, dispuso:
«PRIMERO. ACOGER de manera integral lo dispuesto en la Sentencia de Unificación
-SUJ-016-CE-S2-2019 de 2 de septiembre de 2019 del Consejo de Estado.
SEGUNDO: DECLARAR la nulidad de los siguientes actos administrativos:
• Resolución DESAJMAR17-1056 de 10 de octubre de 2017.
• Resolución nº 6246 de 3 de octubre de 2018.
TERCERO: DECLARAR no probada la excepción innominada y probadas las
excepciones de cosa juzgada constitucional respecto del carácter de factor salarial de
la prima especial reclamada, que solo constituye este carácter para efectos de los
aportes a salud y pensión, y; prescripción de los periodos anteriores al 21 de
septiembre de 2014, que constituyen el pago de la prima especial de servicios, no
siendo así, con los aportes a pensión, y en consecuencia; debe la Demandada
reliquidar los aportes a pensión generados durante todo el tiempo en que ocupó el
cargo de Juez de la República la demandante, tomando en cuenta la prima como
factor salarial pero solo para estos aportes y consignar, las diferencias al fondo de
pensiones escogido por ella.
CUARTO: NEGAR las demás pretensiones (...).
Como sustento de su decisión, alegó que, la demandante tiene derecho a que el
reconocimiento y pago de la prima especial de servicios regulada por el artículo 14
de la Ley 4ª de 1992, equivalente al 30% del salario básico, sobre el 100% de este
y no del 70% de este, como se hizo.
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Radicación: 5870-2023
Demandante: Beatriz Arias de Pinzón
Demandado: Nación – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial-Rama Judicial.
Dispuso que, la prima especial de servicios regulada por el artículo 14 de la Ley 4ª
de 1992 solo constituye factor salarial para efectos de la liquidación de los aportes
a pensión, tal como quedó expuesto en la sentencia C-279 de 1996; de otra parte,
en cuanto a la prescripción manifestó que opera la trienal, misma que se interrumpe
con la reclamación administrativa, por lo que, precisó que, en el caso en concreto,
prescribieron los periodos anteriores al 21 de septiembre de 2014.
No obstante, aclaró que diferente ocurre con los aportes a pensión, los cuales son
imprescriptibles y, en consecuencia, la demandada debe pagarlos por todo el tiempo
de servicios prestados durante los cuales la demandante hubiera tenido el derecho
al pago de la prima especial de servicios, pese a que el derecho a la reclamación
de la reliquidación salarial y prestacional esté prescrito.
En ese orden de ideas, en la providencia recurrida se acogió integralmente lo
dispuesto en la Sentencia SUJ-016-CE-S2-2019 de 2 de septiembre de 2019 y
declaró la nulidad de la Resolución No. 6246 de 3 de octubre de 2018 y Resolución
DESAJMAR17-1056 de 10 de octubre de 2017.
1.4 Recurso de apelación4
El apoderado judicial de la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial interpuso recurso de apelación contra la sentencia proferida
por el Tribunal Administrativo de Caldas, mediante la cual se accedió a las
pretensiones de la parte demandante Beatriz Arias de Pinzón.
En su argumentación, el apelante sostuvo -de manera general- que la reglamentación
del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos es de competencia
del Congreso de la República, conforme al artículo 150 de la Constitución, y que
dicha competencia fue delegada al Gobierno nacional mediante la Ley 4ª de 1992
normatividad que creó la prima especial de servicios regulada en su artículo 14 y
precisó que aquella no tenía carácter salarial, salvo para efectos de aportes
pensionales.
4
SAMAI expediente digital – Gestionar documentos- archivo zip de nombre ED_17001233300020190023(.zip) NroActua 2-
archivo pdf de nombre: 24ApelaciónSentDemandada
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Radicación: 5870-2023
Demandante: Beatriz Arias de Pinzón
Demandado: Nación – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial-Rama Judicial.
También se refirió a la sentencia del Consejo de Estado del 29 de abril de 2014 que
declaró la nulidad de disposiciones de decretos salariales entre 1993 y 2007,
indicando que los decretos expedidos con posterioridad siguen vigentes y gozan de
presunción de legalidad. Agregó que en este caso operaba la prescripción trienal
frente al reconocimiento de derechos salariales y prestacionales que se hubieran
causado con anterioridad al año 2007.
Adujo que, no es posible darle a la prima reclamada el carácter de salarial. Por ello,
solicitó revocar la sentencia apelada, desestimar las pretensiones de la demanda y
absolver a su representada de los cargos formulados.
1.5 Trámite del recurso de la Ley 2080 de 2021
Con auto de 1° de noviembre de 20245, este Despacho admitió el recurso de apelación
conforme a lo previsto en el numeral 3° del artículo 67 de la Ley 2080 de 2021; sin
embargo, por no existir pruebas que decretar en segunda instancia, se prescindió del
periodo para que las partes alegaran de conclusión.
1.5.1 El Ministerio Público no rindió concepto6.
II. CONSIDERACIONES
2.1 Competencia
La Subsección es competente para conocer en segunda instancia de este proceso
de conformidad con lo establecido en el artículo 150 del CPACA. De igual forma,
según el artículo 328 del Código General del Proceso (CGP)7, el juez de segunda
5
Expediente digital SAMAI – índice 5
6
Así se entiende del registro de las actuaciones de Samai, especialmente de la nota secretarial de pase al despacho de fecha
18 de noviembre de 2024, visible en la actuación No. 0009 de Samai.
7
«ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los
argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por
la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior
resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar
copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera
indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán
alegarse durante la audiencia.»
8
Radicación: 5870-2023
Demandante: Beatriz Arias de Pinzón
Demandado: Nación – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial-Rama Judicial.
instancia debe pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos en el
recurso de apelación.
2.2 Problema jurídico
Teniendo en cuenta que, el objeto del debate lo constituye la sentencia del 27 de
julio de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas, Sala de Conjueces,
que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, correspondería, en
principio, analizar la procedencia de su revocatoria.
No obstante, para la Sala, con carácter previo al estudio de fondo, debe
establecerse si el recurso de apelación interpuesto por la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial fue interpuesto en debida forma, en particular, si controvierte
aspectos efectivamente decididos en la parte resolutiva de la sentencia que le hayan
causado un perjuicio directo, y si fue sustentado conforme al principio de
congruencia que rige el recurso.
En el evento en que se concluya que el recurso es improcedente por falta de
correspondencia entre los argumentos formulados y la decisión apelada, la Sala se
abstendrá de emitir pronunciamiento sobre el fondo del litigio y procederá a
mantener incólume la sentencia de primera instancia.
2.3 Apelación de sentencias
Sobre el recurso de apelación, precisa la Sala que, aquel encuentra su fundamento
en el artículo 31 de la Constitución Política8, norma que consagró la regla de la doble
instancia. Este medio de impugnación sirve para remediar los errores judiciales,
teniendo en cuenta que lo resuelve otro funcionario de mayor categoría, que supone
mayor experiencia y versación en la ciencia jurídica; de allí que el artículo 320 del
C.G.P. haya consagrado en su inciso primero que “El recurso de apelación tiene por
objeto que el superior examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los
reparos concretos formulados por el apelante, para que el superior revoque o
reforme la decisión”.
8
ARTICULO 31. Toda sentencia judicial podrá ser apelada o consultada, salvo las excepciones que consagre la ley. El
superior no podrá agravar la pena impuesta cuando el condenado sea apelante único.
9
Radicación: 5870-2023
Demandante: Beatriz Arias de Pinzón
Demandado: Nación – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial-Rama Judicial.
Sobre el principio de la doble instancia la Corte Constitucional9 ha sostenido:
«El principio de la doble instancia, se encuentra su consagración expresa en los
arts. 29, 30 y 86 de la Constitución. En el artículo 31 superior se establece que “toda
sentencia judicial podrá ser apelada o consultada, salvo las excepciones que
consagre la ley.”
Este principio tiene gran relevancia en nuestro ordenamiento jurídico dada su relación
con los derechos al debido proceso y a la defensa, ya que su protección garantiza
una recta administración de justicia, con un debate mayor y menores posibilidades
de error judicial al permitir que la decisión adoptada por una autoridad judicial sea
revisada por una autoridad independiente, imparcial y de distinta categoría. Así lo
sostuvo recientemente al señalar lo siguiente:
“Su finalidad es permitir que la decisión adoptada por una autoridad judicial sea
revisada por otro funcionario de la misma naturaleza y más alta jerarquía –lo que en
principio es indicativo de mayor especialidad en la materia– con el fin que decisiones
contrarias a los intereses de las partes tengan una más amplia deliberación con
propósitos de corrección.»-sic-
Como lo dice Hernán Fabio López Blanco10, parafraseando a Podetti, el recurso de
apelación es, sin discusión, el más importante y usado de todos los recursos en
diversas legislaciones. Es como lo ha indicado en la visión histórica, raíz y origen
de todos los demás recursos.
El artículo 243 del CPACA permitió la interposición del recurso de apelación contra
sentencias de primera instancia, entre otras providencias; más adelante el artículo
247 ibidem estableció el trámite de dicho recurso, precisando que aquél debía ser
interpuesto y sustentado dentro de los 10 días siguientes a la notificación de la
sentencia.
El recurso en cita permite que, el recurrente exprese los motivos de inconformidad
contra la decisión, los cuales, en principio, delimitan el marco sobre el cual se debe
pronunciar el juez de segunda instancia. En este sentido, el artículo 328 del Código
General del Proceso11 consagra la competencia del superior en los siguientes
9
Expediente D9214 del 27 de febrero de 2013. MP Maria Victoria Calle Correa
10
López Blanco Hernán Fabio, Undécima edición, 2012. Procedimiento Civil Pág.782
11
Aplicable por remisión expresa del artículo 306 del CPACA
10
Radicación: 5870-2023
Demandante: Beatriz Arias de Pinzón
Demandado: Nación – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial-Rama Judicial.
términos:
«ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia
deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante,
sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos
por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no
apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir
el recurso, condenar en costas y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que
en razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente
relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de
recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la audiencia.» -sic-
En ese orden de ideas, el propósito del recurso de apelación es que el superior
revise la decisión, confirme, revoque o modifique lo resuelto por el a quo; para lo
que es obligatorio que el recurrente lo sustente, expresando las razones de su
inconformidad, además de señalar los puntos que le son desfavorables o sobre los
que considera que el juez de primera instancia no se pronunció. Sobre este tópico
esta Sala12 sostuvo:
«Por manera tal, que la sustentación de la apelación deberá ser el resultado de una
cadena argumentativa coherente, apoyada en referentes normativos e incluso en
precedentes jurisprudenciales a través de los cuales se fundamenten argumentos
serios y sólidos, con aptitud para evidenciar la confrontación respecto de la
providencia apelada y, llevar al convencimiento del superior, bien para acogerlos a
bien para desestimarlos (…)»” -sic-
2.4 Apelación fallida
Como lo ha sostenido esta Sección en distintos pronunciamientos13, esta figura no
12
Sentencia del 26 de agosto de 2021, expediente 17001-12-33-000-2014-00240-01 (4505-15) Demandante German Darío
Echeverry Hernández. MP César Palomino Cortés
13
Sentencia del 19 de junio de 2025. Expediente 47001-23-33-000-2019-00035-01 (5486-2023) C.P. Jorge Edison
Portocarrero Banguera; del 18 de agosto de 2022. Expediente 25000-23-42-000-2016-05717-01 (3427-2; del 18 de noviembre
de 2021, expediente 25000-23-42-000-2013-06074-01 (3918-18) CP William Hernández Gómez; del 9 de septiembre de 2021,
11
Radicación: 5870-2023
Demandante: Beatriz Arias de Pinzón
Demandado: Nación – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial-Rama Judicial.
se encuentra regulada en ninguna norma procesal, se ha utilizado
jurisprudencialmente cuando los argumentos de reparo que presenta el apelante
con respecto a la decisión recurrida no guardan congruencia con lo esbozado por el
juez, es decir, las razones que se exponen como reproche frente a la providencia
proferida no tienen relación con el tema debatido o no se presentan argumentos en
los que se exprese la razón de la inconformidad con la decisión.
2.5. Caso concreto
En el presente asunto se demanda la nulidad del acto administrativo contenido en
la Resolución No. DESAJMAR17-1056 del 10 de octubre de 2017, mediante la cual,
la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Manizales negó la
solicitud presentada por la señora Beatriz Arias de Pinzón el 21 de septiembre de
2017. En dicha petición, la actora solicitó el reconocimiento y la reliquidación del
30% correspondiente a la prima especial de servicios como componente del salario,
con incidencia en todos los factores laborales, prestacionales y pensionales,
conforme a su carácter salarial reconocido por la jurisprudencia del Consejo de
Estado, particularmente en la sentencia del 29 de abril de 2014 y la sentencia SUJ-
016-CE-S2-2019.
La Sala de Conjueces del Tribunal Administrativo de Caldas, en primera instancia,
acogió la Sentencia SUJ-016-CE-S2-2019 del Consejo de Estado, declaró la nulidad
de los actos administrativos demandados y consideró probadas dos excepciones:
(i) cosa juzgada constitucional, al establecer que la prima especial de servicios solo
constituye factor salarial para efectos de aportes a salud (sic) y pensión, y (ii) la
prescripción respecto de los pagos de dicha prima anteriores al 21 de septiembre
de 2014, sin que esta prescripción afecte los aportes pensionales. En consecuencia,
la orden que expidió solo tuvo como objetivo que la entidad demandada reliquidara
los aportes a pensión durante todo el tiempo en que la actora ocupó el cargo de
juez, considerando la prima especial como factor salarial únicamente para dichos
aportes.
expediente: 76001-23-33-000-2013-00709-01 (5199-2019) C.P. Rafael Francisco Suarez Vargas; del 26 de agosto de 2021,
expediente 17001-12-33-000-2014-00-01 (4505-15) C.P. César Palomino Cortés. Auto del 24 de noviembre de 2023,
expediente 15001-23-33-000-2021-00648-(5027-2023) C.P. Jorge Iván Duque Gutiérrez
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Radicación: 5870-2023
Demandante: Beatriz Arias de Pinzón
Demandado: Nación – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial-Rama Judicial.
Bien, revisado el recurso de apelación interpuesto por la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial la Sala observa que los argumentos expuestos por el
recurrente no guardan relación con la orden dada por el tribunal, téngase en cuenta
que no hace pronunciamiento alguno respecto al pago de los aportes pensionales ni
indica inconformidad contra aquella decisión; limitándose a exponer argumentos sobre
como la administración judicial ha pagado los salarios de los funcionarios; así como,
que la prima de servicios no constituye factor salarial para el pago de prestaciones
sociales; afirmando que el derecho al pago de las diferencias salariales y
prestacionales en este caso se encuentra prescrito.
Entonces, debe insistirse que, conforme a las normas procesales relativas al deber
de sustentación del recurso de apelación interpuesto contra sentencias dictadas en
procesos ordinarios, en el escrito de apelación debe expresarse de forma concreta
y breve los argumentos por los que el recurrente estima que la providencia fue
desacertada, para efectos que el superior jerárquico centre su estudio en dichos
reparos; situación que, como ya se expuso, no se cumple en este caso.
Ante ello, se considera que el recurso de apelación no puede ser tramitado y deberá
ser declarado fallido. Sobre este tema desde antaño el Consejo de Estado ha
determinado que la consecuencia de no sustentar en debida forma el recurso y
exponer argumentos que difieren del asunto que se tramita conllevan necesaria a
su declaratoria fallida, así se dijo en providencia del 25 de mayo de 2006:
«En conclusión, se observa que los argumentos esgrimidos por el recurrente como
sustentación del recurso, en verdad, no están dirigidos contra el fondo de la sentencia
apelada, por no corresponder al caso que se juzga, lo cual impide en el fondo
desatar la apelación, es decir, ésta resulta fallida porque es imposible confrontar
la sentencia con una apelación de la misma que no lo es (…)14».
En providencia más reciente proferida por esta misma Sala, en un proceso de similar
característica se llegó a la misma conclusión y se dijo:
«Entonces, como quiera que la postura de la demandada en la impugnación es
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Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, M.P. Tarsicio Cáceres Toro, sentencia del 25 de mayo de 2006,
proceso con radicado 15001-23-31-000-2000-02086-01 y número interno 2273-2005.
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Radicación: 5870-2023
Demandante: Beatriz Arias de Pinzón
Demandado: Nación – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial-Rama Judicial.
incongruente con la sentencia cuestionada y, además, carece de la carga
argumentativa que exige la alzada, se debe declarar fallida la apelación (…)15»
A estas alturas del análisis, la Sala precisa que, el apelante tuvo la oportunidad de
referirse a todos y cada uno de los argumentos expuestos por la primera instancia,
con la finalidad de señalar los yerros que consideraba se habían cometidos, con
miras a obtener una decisión favorable a sus intereses. Sin embargo, no se
advierten tales reproches, pues, se reitera, el recurso de alzada no contiene
argumentos de inconformidad en contra de la orden del pago de aportes
pensionales que fue emitida por el A-quo.
Finalmente, es preciso señalar que el argumento expuesto por el apelante en su
recurso de apelación, relativo a que «teniendo en cuenta las consecuencias de la
declaratoria de nulidad de decretos salariales de los años 1993 a 2007, ordenada en la
sentencia del 29 de abril de 2014, dentro del proceso No. 11001032500020070008700, no
sería procedente proponer alguna fórmula conciliatoria por el tiempo laborado hasta el 31
de diciembre de 2007, en aplicación del fenómeno extintivo de derechos de la prescripción
trienal, analizado frente a la fecha de la reclamación administrativa, que para el caso, el
despacho en nada evidenció la presentación de la misma, y ante lo cual también debe existir
un pronunciamiento de fondo […]ۘ» carece de relevancia para el análisis del caso
concreto.
Lo anterior, por cuanto dicha inconformidad parte de un supuesto fáctico erróneo,
pues la situación laboral de la demandante no se enmarca dentro del periodo citado
por el apelante. Por el contrario, según se desprende del material probatorio obrante
en el expediente, la accionante prestó sus servicios a la Rama Judicial desde el 30
de noviembre de 1974 hasta el 30 de junio de 1999, es decir, en un intervalo
temporal sustancialmente distinto al mencionado; reiterando que, los derechos
laborales del demandante no fueron reconocidos por al A-quo dada la aplicación del
fenómeno de la prescripción.
En consecuencia, al no controvertir el recurso aspectos decididos por el tribunal,
que configuren además un perjuicio para la Dirección Ejecutiva de Administración
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Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, M.P. Jorge Edison Portocarrero Banguera, proceso 76001-23-33-
000-2019-00015-01 (2591-2023)
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Radicación: 5870-2023
Demandante: Beatriz Arias de Pinzón
Demandado: Nación – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial-Rama Judicial.
Judicial, se impone declararla fallida y, en consecuencia, mantener incólume la
sentencia de primera instancia.
2.4 Condena en costas.
No habrá lugar a la condena en costas, ya que no se cumplen los presupuestos
exigidos por el artículo 188 del CPACA, pues esta Sala ha sostenido que dichas
normas otorgan al juez la facultad de valorar la procedencia de las costas, lo cual
implica examinar la actuación procesal de la parte vencida, verificar con certeza su
causación y constatar que la conducta desplegada revele temeridad o mala fe. No
es suficiente el simple resultado adverso del proceso.
En esos términos, en el caso concreto, tras revisar la actuación de la entidad
vencida en juicio a lo largo del proceso, no se evidencia temeridad ni mala fe. Por
lo tanto, no se impondrán en esta sede.
III. DECISIÓN
En atención a lo expuesto, la Sala declarará fallido el recurso de apelación y se
mantendrá incólume la sentencia apelada proferida por la Sala de Conjueces del
Tribunal Administrativo de Caldas.
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO.– Declarar fallido el recurso de apelación presentado por la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial contra la sentencia de primera instancia
proferida el 27 de julio de 2023, por el Tribunal Administrativo de Caldas – Sala de
Conjueces, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO. - MANTENER INCÓLUME la sentencia emitida el 27 de julio de 2023,
por el Tribunal Administrativo de Caldas – Sala de Conjueces, que accedió
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Radicación: 5870-2023
Demandante: Beatriz Arias de Pinzón
Demandado: Nación – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial-Rama Judicial.
parcialmente a las súplicas de la demanda promovida por la señora Beatriz Arias de
Pinzón en contra de la Nación – Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura
• Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, por las razones expuestas en la
parte motiva de esta providencia.
TERCERO. -Sin condena en costas en esta instancia.
CUARTO. - Por Secretaría, devolver el expediente al Tribunal de origen.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Aclara voto Cfr. Rad. AV. 05001-23-33-000-
2020-00472-01 (1251-2024)
Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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