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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 68001-23-33-000-2013-00564-01

Pensión de sobreviviente: por muerte en combate de miembros de las fuerzas militares

Fecha
16 de febrero de 2017
Consejero ponente
Gabriel Valbuena Hernández
Citada por
14 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 68001-23-33-000-2013-00564-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: MODIFICAR la sentencia de 22 de enero de 2014, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por los señores JESÚS ELÍAS SILVA LEIVA y ANA ISABEL PARRA CONTRERAS contra la NACIÓN, MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, EJÉRCITO NACIONAL, para ORDENAR el descuento de lo pagado a los demandantes por concepto de compensación por la muerte del Cabo Segundo (póstumo) JESÚS DAVID SILVA PARRA. SEGUNDO: CONFIRMAR en todo lo demás la sentencia de primera instancia. TERCERO: CONDENAR parcialmente en costas de segunda instancia a la parte demandada de conformidad con la parte motiva de esta providencia. CUARTO: En firme esta decisión, envíese al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 68001-23-33-000-2013-00564-01

Consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernández

16 de febrero de 2017

PENSIÓN DE SOBREVIVIENTE – Por muerte en combate de miembros de las fuerzas militares / PENSION DE SOBREVIVIENTE – Marco legal. Antecedente jurisprudencial. Línea / PENSIÓN DE SOBREVIVIENTE Y COMPENSACIÓN POR MUERTE – Incompatibilidad

De las citas jurisprudenciales antes transcritas, se extrae la subregla según la cual, en desarrollo de los principios constitucionales de igualdad y favorabilidad laboral, en los eventos en que se produzca la muerte de un soldado regular (soldados voluntarios, vinculados para prestar el servicio militar obligatorio, oficiales y/o suboficiales) en servicio activo, en combate o por acción directa del enemigo, bien sea que se trate en el marco de un conflicto internacional o de operaciones para el restablecimiento o mantenimiento del orden público interno, los beneficiarios del causante tendrán derecho al reconocimiento y pago de una pensión de sobrevivencia, tal como lo preceptúa el artículo 189 del Decreto 1211 de 1990. (…) Como quiera que en el proceso está plenamente demostrado el supuesto de hecho de la subregla jurídica previamente estructurada, la Sala de Subsección encuentra que los señores JESÚS ELÍAS SILVA LEIVA y ANA ISABEL PARRA CONTRERAS tienen derecho al reconocimiento y pago de una pensión de sobrevivencia en los términos del literal d del artículo 189 del Decreto 1211 de 1990, con ocasión a la muerte del Cabo Segundo (póstumo) JESÚS DAVID SILVA PARRA. Ahora bien, sobre la deducción de los valores pagados a título de compensación por muerte a favor de la parte demandante debe decirse que la jurisprudencia de esta Corporación ha considerado que a los ojos del ordenamiento jurídico vigente (parágrafo 1 del artículo 1 de la Ley 447 de 1998), la pensión de sobrevivencia por muerte en combate y la compensación por muerte resultan incompatibles. NOTA DE RELATORIA: Sobre antecedente jurisprudencial de pensión de sobrevivientes por muerte en combate de miembros de las fuerzas militares ver sentencias del Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia de 1 de abril de 2004. Rad. 07001-23-31-000-2001-01619-01 (1994-2003). Consejero ponente doctor NICOLÁS PÁJARO PEÑARANDA; Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia de 30 de octubre de 2008. Rad. 05001-23-31-000-2000-01274-01 (8626-2005). Consejera ponente doctora BERTHA LUCÍA RAMÍREZ DE PÁEZ; Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia de 7 de julio de 2011. Rad. 70001-23-31-000-2004-00832-01 (2161-2009). Consejero ponente doctor GERARDO ARENAS MONSALVE; Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia de 2 de agosto de 2012. Rad. 05001-23-31-000-2002-00672-01 (1020-2010). Consejero ponente doctor VÍCTOR HERNANDO ALVARADO ARDILA; Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia de 18 de febrero de 2016. Rad. 66001-23-33-000-2012-00060-01 (2681-2013). Consejera ponente doctora SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ
FUENTE FORMAL: LEY 131 DE 1985 – ARTICULO 3 / LEY 65 DE 1967 / DECRETO 2728 DE 1968 / DECRETO 1211 DE 1990 – ARTICULO 189 / LEY 447 DE 1998

CONDENA EN COSTAS – Criterio objetivo

El concepto de las costas del proceso está relacionado con todos los gastos necesarios o útiles dentro de una actuación de esa naturaleza y comprende los denominados gastos del proceso, que incluye los honorarios de abogado o agencias del derecho, los llamados en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo gastos ordinarios del proceso y otros como son los necesarios para traslado de testigos y para la práctica de la prueba pericial, los honorarios de auxiliares de la justicia como peritos y de secuestres, transporte de expediente al superior en caso de apelación. (…) Para finalizar la Sala de Subsección llama la atención en que inclusive en el evento del desistimiento tácito ya consagra el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo que el juez “condenará en costas”, superando el simple dispondrá que consagra el artículo 188 ibídem. Lo anterior permite establecer unas conclusiones básicas sobre las costas: a) La legislación varió del Código de Procedimiento Civil al Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo para la condena en costas de un criterio subjetivo a uno objetivo; b) Toda sentencia “dispondrá” sobre costas, bien sea con condena total o parcial o con abstención; c) Se requiere que en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación (como sucede con el pago de gastos ordinarios del proceso y con la actividad profesional realizada dentro del proceso); d) La cuantía de la condena en agencias en derecho se hará atendiendo el criterio de la posición en la relación laboral, pues varía según sea parte vencida, si es el empleador o si es el trabajador (Acuerdo 1887 de 2003 Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura), la complejidad e intensidad de la participación procesal ; y, e) Las estipulaciones de las partes en materia de costas se tendrán por no escritas.

FUENTE FORMAL: LEY 1564 DE 2012 – ARTICULO 365

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ

Bogotá D. C., dieciséis (16) de febrero de dos mil diecisiete (2017)

Radicación número: 68001-23-33-000-2013-00564-01(2114-14)

Actor: JESÚS ELÍAS SILVA LEIVA, ANA ISABEL PARRA CONTRERAS

Demandado: NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJÉRCITO NACIONAL

Asunto: LEY 1437 DE 2011. NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA. RECONOCIMIENTO DE PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES.

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 247 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, procede la Sala de Subsección a dictar sentencia escrita, dentro del proceso de la referencia, con ocasión del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia de 22 de enero de 2014, por la cual el Tribunal Administrativo de Santander, accedió parcialmente a las súplicas de la demanda incoada por los señores JESÚS ELÍAS SILVA LEIVA y ANA ISABEL PARRA CONTRERAS contra la NACIÓN, MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, EJÉRCITO NACIONAL.

ANTECEDENTES

Pretensiones.

Los señores JESÚS ELÍAS SILVA LEIVA y ANA ISABEL PARRA CONTRERAS, por intermedio de apoderado y en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho solicitaron la nulidad de los Oficios núm. OFI – 11 8331 MDSGDVBSGPS - 22 de 12 de diciembre de 2011 y OFI – 12 60586 MDSGDAGPS – 1.10 de 26 de junio de 2012, por medio de los cuales la Coordinación del Grupo de Prestaciones Sociales del Ministerio de Defensa Nacional negó a los actores el reconocimiento de la pensión de sobrevivencia en calidad de padres del Cabo Segundo JESÚS DAVID SILVA PARRA (Q.E.P.D).

Como consecuencia de la declaratoria de nulidad y a título de restablecimiento de derecho, solicitaron el reconocimiento y pago de dicha prestación social con sus respectivos ajustes de ley, es decir, indexación e intereses moratorios.

Hechos.

Para fundamentar las pretensiones, el apoderado de la parte demandante expuso los siguientes hechos:

De la unión de los señores JESÚS ELÍAS SILVA LEIVA y ANA ISABEL PARRA CONTRERAS, nació JESÚS DAVID SILVA PARRA (Q.E.P.D).

El señor JESÚS DAVID SILVA PARRA desempeñó actividad militar al servicio del Ejército Nacional desde el 14 de enero de 1994 hasta el 29 de octubre de 1994, fecha en la que se produjo su muerte.

El Ejército Nacional calificó la muerte del soldado voluntario JESÚS DAVID SILVA PARRA como en simple actividad y dispuso el ascenso póstumo del mismo a Cabo Segundo.

El día 14 de octubre de 2011, los demandantes solicitaron ante la Dirección de Prestaciones Sociales del Ejército Nacional – Oficina de Pensiones del Ministerio de Defensa Nacional el reconocimiento de una pensión de sobreviviente a su favor.

Mediante los Oficios núm. OFI – 11 8331 MDSGDVBSGPS - 22 de 12 de diciembre de 2011 y OFI – 12 60586 MDSGDAGPS – 1.10 de 26 de junio de 2012, la entidad demandada negó la solicitud presentada con fundamento en que (i) no era aplicable el régimen general de pensiones consagrado en la Ley 100 de 1993, y (ii) el régimen jurídico aplicable y vigente al momento de la muerte del causante no preveía como prestación a favor de los beneficiarios de aquel una pensión de sobrevivencia.

Normas violadas y concepto de violación.

En demanda se invocaron como normas violadas las siguientes:

De la Constitución Política, los artículos 1, 2, 5, 6, 13, 29, 42, 48 y 53.
De la Ley 100 de 1993, los artículos 35, 46, 47, 48 y 288.
El Decreto 1211 de 1990.
El Decreto 1212 de 1990.
El Decreto 1213 de 1990.
El Decreto 4433 de 2004.

Como concepto de la violación, se indicó que al caso concreto le resulta aplicable la Ley 100 de 1993, dado que el régimen pensional especial previsto para los miembros de las fuerzas militares es adverso a lo pretendido por la parte demandante.

Señaló que el causante cumplió con el requisito de cotización mínima de 26 semanas en el año inmediatamente anterior al acaecimiento de su muerte, que está previsto por el legislador como supuesto de hecho para que proceda el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes en los términos de la Ley 100 de 1993, y en tal sentido, dicha prestación habría de liquidarse a partir de las reglas establecidas en el artículo 48 ídem y 7 del Decreto 4433 de 2004.

Argumentó igualmente que la entidad demandada desconoció las «pautas de la hermenéutica jurídica para la aplicación de la Ley» y los principios-derechos de igualdad, seguridad social e in dubio pro operario.

Contestación de la demanda.

La NACIÓN, MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, EJÉRCITO NACIONAL, por conducto de apoderado judicial, se opuso a todas las pretensiones de la demanda y formuló la excepción de «prescripción de las mesadas pensionales».

Argumentó que la normatividad vigente para la fecha en que ocurrió el deceso del soldado regular JESÚS DAVID SILVA PARRA (Q.E.P.D), entiéndase la Ley 131 de 1985 y el Decreto 2728 de 1958, determinaba que los beneficiarios del causante podrían acceder a únicamente a una compensación por muerte y el pago de las cesantías definitivas dobles; prestaciones que se hicieron efectivas a favor de los demandantes mediante la Resolución núm. 08151 de 17 de agosto de 1995.

Manifestó igualmente que en el caso concreto no resulta aplicable los mandatos de la Ley 100 de 1993, toda vez que (i) dicha norma expresamente excluyó de su ámbito de aplicación a los miembros de las fuerzas militares, y (ii) la Corte Constitucional ha señalado que «los regímenes especiales deben mantenerse, son derechos adquiridos, por tanto, deben ser respetados»; por lo tanto,

En ese orden de ideas, los regímenes especiales que diseñe el legislador para dichas instituciones no vulnera (sic) el derecho a la igualdad ni otras disposiciones de la Carta Política, y se revisten de fuerza vinculante que prevalece en su aplicación; acorde al principio de hermenéutica jurídica universalmente aceptado que la ley especial, o la disposición que verse sobre un asunto especial, prevalece sobre la norma general.

Arguyó que (i) en la demanda no está acreditada la dependencia económica de los demandantes respecto del causante, y (ii) la parte demandante pretende la violación del principio de inescindibilidad de la ley para así acoger lo que le resulta favorable de los regímenes general y especial de pensiones, al mismo tiempo.

Finalmente, solicitó, que en el evento en el que se acceda a las pretensiones de la demanda, se ordene el descuento de los valores que la entidad demandada ya reconoció y pago a favor de los beneficiarios del Cabo Segundo JESÚS DAVID SILVA PARRA, por concepto de indemnización y compensación por muerte.

Trámite en primera instancia.

Mediante auto de 9 de diciembre de 2013, el Tribunal Administrativo de Santander fijó la audiencia inicial para el día 22 de enero de 2014.

En la fecha señalada, el a quo celebró la audiencia inicial del proceso de la referencia; en dicha diligencia (i) fue saneado el proceso, y (ii) fijó el litigio en los siguientes términos:

Si le asiste a los demandantes el derecho al reconocimiento y pago de la pensión de sobreviviente a partir del 29 de octubre de 1994, fecha de fallecimiento de su hijo, el Cabo Segundo del Ejército Nacional Jesús David Silva Parra, o si por el contrario, la negativa de tal reconocimiento por parte de la entidad demandada se ajusta a la legalidad.

Igualmente, en la mencionada audiencia (iii) se concedió el uso de la palabra las partes para que alegaran de conclusión, y (iv) procedió a dictar sentencia.

La sentencia apelada.

El Tribunal Administrativo de Santander mediante sentencia dictada en audiencia inicial de 22 de enero de 2014, accedió parcialmente a las súplicas de la demanda en atención a los siguientes argumentos:

En primer término, el a quo estimó que la pauta jurisprudencial fijada por el Consejo de Estado indica que el régimen aplicable al caso sub judice es el consagrado en el Decreto 1211 de 1990, el cual prevé el reconocimiento de una prestación de carácter pensional (pensión de sobrevivientes) a favor de los beneficiarios del causante que fallece en desarrollo de actos propios del servicio.

Sobre el particular, el Tribunal dispuso

En este punto advierte la Sala que si bien es cierto tanto en sede administrativa como judicial los demandantes solicitaron el reconocimiento de la pensión de sobreviviente con fundamento en el artículo 46 de la Ley 100 de 1993 que consagra el Sistema General de Pensiones no resulta que pueda reconocerse la pensión al amparo de este régimen en la medida en que no cumplen los requisitos previstos en el régimen general, contenidos en el artículo 46 y 47 de la Ley 100 de 1993 para disponer con fundamento en ésta tal reconocimiento pues es ausente el informativo de prueba que demuestre la dependencia económica de los padres, conforme el literal d) del artículo 47 ibídem, por lo que la Sala, por tratarse de un asunto laboral donde no aplican los principios de extra y ultra petita, da aplicación para efectos del reconocimiento de la pensión de sobrevivientes objeto de estudió (sic) a las normas del Régimen Especial a que se hizo referencia [Decreto 1211 de 1990], bajo el cual se cumplen los supuestos normativos que se exigen para el reconocimiento pensional deprecado. [Corchetes fuera de texto]

De igual manera se dispuso que en aplicación del artículo 174 del Decreto 1211 de 1990, había operado la prescripción de las mesadas causadas con anterioridad al 14 de octubre de 2007.

En lo que respecta al tema de los descuentos por concepto de indemnización y/o compensación por muerte, el Tribunal consideró no es evidente la incompatibilidad entre esta y el reconocimiento de una pensión de sobreviviente, motivo por el cual no consideró procedente el descuento de los mismos.

Finalmente, se condenó en costas a la parte demandada como parte vencida en el proceso y se fijaron las agencias en derecho en el 1% del valor de las pretensiones reconocidas en las sentencia.

Razones de la apelación.

El apoderado de la parte demandada interpuso recurso de apelación, en el que manifestó que el a quo incurrió en el yerro jurídico de dar aplicación un régimen jurídico diferente al deprecado por los actores en su escrito de demanda, lo que implica la configuración de un fallo extra petita, una violación al debido proceso de la entidad demandada y el desconocimiento del axioma según el cual la jurisdicción contenciosa administrativa es rogada.

De igual manera, (i) insistió en que no reposa en el expediente prueba de la dependencia económica de los demandantes respecto del Cabo Segundo (póstumo) JESÚS DAVID SILVA PARRA, y (ii) solicitó, que en el evento en que se confirme la sentencia del Tribunal, se ordene el descuento de los valores reconocidos por la demandada a los señores JESÚS ELÍAS SILVA LEIVA y ANA ISABEL PARRA CONTRERAS por concepto de compensación por muerte.

Debe anotarse que la entidad demandada impugnó la condena en costas impuesta en primera instancia, toda vez que su actuación procesal se dirigió exclusivamente a la defensa de sus intereses y que en ningún momento se realizaron conductas encaminadas a entorpecer el curso normal del proceso.

Trámite en segunda instancia.

Por autos calendados el 4 de noviembre de 2014 y el 12 de mayo de 2015, este despacho resolvió admitir el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia de 22 de enero de 2014 y correr traslado para alegar de conclusión en segunda instancia, respectivamente.

En escrito de 18 de junio de 2015, el apoderado judicial del demandante ratificó los argumentos expuestos en la demanda y en su escrito de alegaciones; por su parte, la entidad demandada no presentó memorial de intervención.

Concepto del Ministerio Público.

Mediante escrito radicado el 11 de agosto de 2015, el Ministerio Publico presentó concepto en el que solicitó se confirme la sentencia recurrida. Dicha petición se fundó en los siguientes argumentos:

Del acervo probatorio que reposa en el proceso queda plenamente probado que se cumplen con los supuestos de hechos que prevé el Decreto 1211 de 1990 para que proceda el reconocimiento y pago de una pensión de sobrevivientes a favor de los señores JESÚS ELÍAS SILVA LEIVA y ANA ISABEL PARRA CONTRERAS.

Respecto la presunta vulneración al debido proceso por la configuración de un fallo extra petita, indicó

Por otra parte, la entidad apelante aduce que no se podía aplicar el Decreto 1211 de 1990, toda vez que el actor solicitó la aplicación del régimen general de la Ley 100 de 1993.

Lo anterior es cierto y así obra en la demanda, no obstante es apenas entendible que los actores hayan solicitado la aplicación de dicha normatividad general, teniendo en cuenta que la especial, en el Decreto 2728 de 1968, no contemplaba la pensión de sobrevivientes y ha sido la jurisprudencia a través de su inaplicación y atendiendo el ascenso a suboficial de que son objeto los soldados que mueren en circunstancias específicas señalas en la ley, la que ha abierto la puerta a la aplicación de las disposiciones que regulan en este caso a quienes ostentan el grado de cabo segundo.

Tal situación no enerva los argumentos expuestos en la sentencia para acceder a las pretensiones y por el contrario, da fuerza a la jurisprudencia sentada por el Consejo de Estado en el sentido de que se debe atender a la condición más beneficiosa.

El juez no puede desconocer en que casos como el presente están de por medio derechos fundamentales y prevalentes de personas de la tercera edad, como acaece con los demandantes, en su condición de padres del causante que murió (…) en combate con grupos ilegales y por acción directa del enemigo como se anotó en el Infamativo Administrativo (fl. 104)

CONSIDERACIONES

Como no se observa causal que invalide lo actuado, procede la Sala de Subsección a decidir previas las siguientes consideraciones.

Competencia.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 de la Constitución Política y con lo previsto en los artículos 11, 12, 34 y 36 de la Ley 270 de 1996, Estatutaria de Administración de Justicia, así como de lo ordenado en el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de la Contencioso Administrativo y en el artículo 13 del Acuerdo 58 de 1999 expedido por la Sala Plena de esta Corporación, la Sección Segunda del Consejo de Estado es competente para conocer del asunto de la referencia.

Cuestión previa: del principio de justicia rogada y la violación al debido proceso de la entidad demandada.

Previo a entrar a decidir de fondo el recurso de apelación, resulta imperioso para esta Sala de Subsección hacer algunas consideraciones sobre la presunta violación al debido proceso producto del desconocimiento del principio de justicia rogada que se predica de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, dado que este fue uno de los argumentos que la entidad demandada formuló en su recurso de apelación contra la sentencia del a quo.

En su criterio, el Tribunal Administrativo de Santander profirió un fallo extra petita que desconoce el principio de justicia rogada, por cuanto reconoció una pensión de sobreviviente a los demandantes bajo un régimen jurídico-pensional diferente al invocado en su escrito de demanda.

Sobre este punto, la Sala estima que no existe vulneración o contravención alguna al debido proceso de la entidad demandada como quiera que los argumentos en los que se fundó el reconocimiento de la prestación deprecada no resultan sorpresivos y/o ajenos a su conocimiento, puesto que tanto en sede administrativa como en sede judicial, la defensa técnica de la NACIÓN, MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, EJÉRCITO NACIONAL siempre estuvo dirigida a (i) desvirtuar la aplicación del régimen general de pensiones y (ii) justificar el porqué bajo el régimen especial y/o excepcional que rige la materia pensional de los miembros de las FF. MM., no era procedente reconocer una pensión de sobrevivientes a favor de los beneficiarios del Cabo Segundo (póstumo) JESÚS DAVID SILVA PARRA.

Es por ello que puede verse en sede administrativa, v. gr., en los Oficios OFI – 11 8331 MDSGDVBSGPS - 22 de 12 de diciembre de 2011 y OFI – 12 60586 MDSGDAGPS – 1.10 de 26 de junio de 2012, proferidos por la Coordinación del Grupo de Prestaciones Sociales del Ministerio de Defensa Nacional, argumentos tales como:

[…] es de indicar que el Decreto 2728 de 1968 norma vigente para la época de los hechos, no contemplaba dentro de su articulado reconocimiento y pago de pensión por muerte a favor de los beneficiarios legales dado que en su Artículo Octavo, establecía: “…El Soldado o Grumete en servicio activo que Fallezca por causa de heridas o accidente aéreo en combate o por acción directa del enemigo, bien sea en conflicto internacional o en mantenimiento del orden público, será ascendido en forma póstuma al grado de Cabo Segundo o Marinero y sus beneficiarios tendrán derecho al reconocimiento y pago de cuarenta y ocho (48) meses de los haberes correspondientes a ese grado y al pago doble de las cesantías…”

[…]

Así mismo, la Ley 100 de 1993 en su artículo 279 establece las excepciones para la aplicación de dicha norma, Así; “ARTÍCULO 279. EXCEPCIONES. El Sistema Integral de Seguridad Social contenido en la presente Ley no se aplica a los miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, ni al personal regido por el Decreto ley 1214 de 1990, con excepción de aquel que se inculpe a partir de la vigencia de la presente Ley, ni a miembros no remunerados de las Corporaciones Públicas…”. [Corchetes fuera del texto original].

O en sede judicial, v. gr., en la contestación de la demanda y alegatos de conclusión durante el trámite de la primera instancia, otros en los que se dijo expresamente:

Los soldados regulares de las Fuerzas Militares están sometidas a un régimen legal especial diferente al propio de carrera y definido como servicio militar con sujeción a lo previsto en la Ley 131 de 1985, Decreto 370 de 1991 y en materia prestacional a las previsiones del Decreto 2728 de 1.968 y Decreto 94 de 1.989, sin que ninguna de las citadas disposiciones estableciera el derecho a pensión de sobrevivencia reclamado por la demandante.

[…]

La Ley 100 de 1993 “Por la cual se crea el Sistema de Seguridad Social Integral y se dictan otras disposiciones” –Régimen General de la Seguridad Social- es muy clara en consagrar en s artículo 279 que esta ley no se aplica a los miembros de las Fuerzas Militares ni de la Policía Nacional.

En ese orden de ideas, los regímenes especiales que diseñe el legislador para dichas instituciones no vulnera (sic) el derecho a la igualdad ni otras disposiciones de la Carta Política, y se revisten de una fuerza vinculante que prevalece en su aplicación […]. [Corchetes fuera del texto original].

Específicamente sobre el tema de la vulneración al principio de justicia rogada, en sentencia de 1.° de septiembre de 2013, esta Sala de Subsección sostuvo

Es menester indicar que en reiteradas oportunidades, esta Corporación ha sostenido que el juez debe integrar e interpretar la demanda de forma tal que supere los meros formalismos y llegue a impartir justicia, de fondo y sin dilaciones. Al respecto, se ha señalado:

“No se puede incurrir en el rigorismo de impedir al juzgador la interpretación de la demanda, sacrificando el derecho sustancial en aras de ciertas formalidades. Por ello el juez debe valorar su contenido aun cuando ella no esté muy acorde con la técnica procesal.”.

Ahora bien, es cierto que la formulación que en la demanda se hace sobre las normas violadas y su concepto de violación no se ajusta a los parámetros establecidos en el artículo 137 del C.C.A., lo cual podría degenerar en una inepta demanda. Con todo, considerando que el acto acusado entraña una situación de inequidad y desmejoramiento de la pensión de jubilación que obra en favor de su titular, fuerza reivindicar ineluctablemente la prevalencia del derecho sustancial sobre la ritualidad, para reconocer sin más la procedencia de la nulidad deprecada.”. Resalta la Sala.

La providencia que se cita refiere la protección de derechos de personas de la tercera edad, que valga señalar, llevan consigo la protección de derechos sustanciales tales como el debido proceso y el acceso a la administración de justicia y la prevalencia del derecho sustancial sobre el formal -artículos 29, 228 y 229 de la C.P.-, a quienes imponerle la carga de volver a presentar la demanda para acceder a la reliquidación pensional, constituye un desacierto que no se ajusta a los principios que rigen el Estado Social de Derecho.

En este sentido, la Corte Constitucional ha aclarado, que en los casos en los que el solicitante o afectado sea una persona de la tercera edad, implica por sí misma, el incremento de la vulnerabilidad del individuo, frente a quienes las autoridades deben obrar, dadas sus condiciones de debilidad manifiesta, interpretando el alcance de sus propias funciones con un criterio eminentemente protectivo, de tal forma que se materialice la intención del constituyente y se busque garantizar el goce de sus derechos constitucionales fundamentales.

Ahora bien, en el plenario de la referencia está demostrado que los demandantes tienen 60 y 66 años de edad, motivo por el cual se hacen acreedores de la protección que impone el Estado Social de Derecho a favor de las personas de la tercera edad en relación con el goce efectivo de sus derechos fundamentales como lo es la seguridad social.

En este sentido, reitera la Sala que no se advierte violación alguna al debido proceso por la flexibilización de principio de justicia rogada que se predica de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, y por ende se valida y ratifica la postura adoptada por el a quo.

Problema jurídico.

Le corresponde a esta Sala de Subsección determinar si a los señores JESÚS ELÍAS SILVA LEIVA y ANA ISABEL PARRA CONTRERAS tienen derecho al reconocimiento de una pensión de sobreviviente por la muerte de su hijo el Cabo Segundo del Ejército Nacional JESÚS DAVID SILVA PARRA, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1211 de 1990.

A fin de resolver este problema jurídico, la Sala de Decisión estudiará el marco legal de la pensión de sobrevivientes causada con ocasión a la muerte de un miembro de las FF. MM., en combate.

De la pensión de sobrevivientes por muerte en combate de miembros de las fuerzas militares.

Sea lo primero señalar que de conformidad con lo reglado en el artículo 3 de la Ley 131 de 1985, los soldados voluntarios, a partir de su vinculación, quedan sometidos a los regímenes penal, disciplinario, prestacional y demás normas relativas a la capacidad psicofísica, incapacidades, invalideces e indemnizaciones de las fuerzas militares.

De igual manera, esta Sala de Decisión debe poner de presente que el marco legal del régimen prestacional por muerte en combate de miembros de las Fuerzas Militares (i) en un primer momento diferenció entre soldados voluntarios y personal con la calidad de oficiales y suboficiales, y (ii) que con el trasegar del tiempo han cambiado las prestaciones específicas a reconocer y pagar con cargo al tesoro de la Nación tras el acontecimiento de esta contingencia.

Dicho esto, se procederá a realizar un breve recuento de las normas jurídicas que han regulado la materia.

En el año 1968, el presidente de la República, en uso de las facultades extraordinarias a él conferidas por la Ley 65 de 1967, profirió el Decreto 2728 de 1968, «por el cual se modifica el régimen de prestaciones sociales por retiro o fallecimiento del personal de Soldados y Grumetes de las Fuerzas Militares»; decreto que al tenor de su artículo 8 dispuso, entre otros y específicamente en lo que atañe al caso concreto, que el soldado voluntario que fallezca en servicio activo, en combate o por acción directa del enemigo, bien sea que se trate en el marco de un conflicto internacional o del mantenimiento del orden público, (a) tiene derecho a ser ascendido de forma póstuma al grado de Cabo Segundo y (b) sus beneficiarios tendrán derecho a (i) una compensación por muerte y (ii) el pago doble de las cesantías definitivas del causante.

Dicho artículo dispone expresamente lo siguiente:

Artículo 8. El Soldado o Grumete en servicio activo, que fallezca por causa de heridas o accidente aéreo en combate o por acción directa del enemigo, bien sea en conflicto internacional o en mantenimiento del orden público, será ascendido en forma póstuma al grado de Cabo Segundo o Marinero y sus beneficiarios tendrán derecho al reconocimiento y pago de cuarenta y ocho (48) meses de los haberes correspondientes a dicho grado y el pago doble de la cesantía. A la muerte del Soldado o Grumete en servicio activo, causada por accidente en misión del servicio, sus beneficiarios tendrán derecho al reconocimiento y pago de treinta y seis (36) meses del sueldo básico que en todo tiempo corresponda a un Cabo Segundo o Marinero.

A la muerte de un Soldado o Grumete en servicio activo o por causas diferentes a las enunciadas anteriores a sus beneficiarios tendrá derecho al reconocimiento y pago de veinticuatro (24) meses de sueldo básico que en todo tiempo corresponda a un Cabo Segundo o Marinero. (Negrilla y subrayado fuera del texto).

Posteriormente, el Decreto 1211 de 1990, en su artículo 189, estableció el régimen prestacional por muerte en combate aplicable al personal que ostentare la dignidad de oficial y/o suboficial de las Fuerzas Militares, según este a la muerte de un oficial o suboficial de las FF. MM., en servicio activo, en combate o por acción directa del enemigo, bien sea que se trate en el marco de un conflicto internacional o del mantenimiento del orden público (es decir, en los mismos términos del Decreto 2728 de 1968), (a) se tiene derecho ser ascendido en forma póstuma al grado inmediatamente superior y (b) sus beneficiarios tendrán derecho a (i) una compensación por muerte, (ii) el pago doble de las cesantías por el tiempo de servicio del causante, y (iii) una pensión mensual (pensión de sobreviviente) cuyo monto varía de acuerdo al tiempo que el causante tuviese de servicio.

Sobre este decreto, merece igual atención el artículo 5, toda vez que en este se establece que el grado Cabo Segundo corresponde jerárquicamente a un suboficial del Ejército Nacional y por tanto se encuentra sujeto a las obligaciones y derechos de ese estatuto; el tenor literal de este artículo reza:

La jerarquía y equivalencia de los Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares para efectos de mando, régimen interno, régimen disciplinario y justicia penal militar, lo mismo que para todas las obligaciones y derechos consagrados en este Estatuto, comprende los siguientes grados en escala descendente: […] II. SUBOFICIALES. EJERCITO. Sargento Mayor, Sargento Primero, Sargento Viceprimero, Sargento Segundo, Cabo Primero, Cabo Segundo […] (Negrilla y subrayado fuera del texto).

Luego, para el año de 1998, el legislador profirió la Ley 447 de ese mismo año, en la cual (i) reconoció el derecho a percibir una pensión vitalicia equivalente a un salario y medio (11/2) mínimo mensuales y vigentes, a favor de los beneficiarios de la persona vinculada a las fuerzas armadas y de Policía por razón constitucional y legal de la prestación del servicio militar obligatorio, cuya muerte acaezca en combate o por acción directa del enemigo, bien sea que se trate en el marco de un conflicto internacional o de la conservación o restablecimiento del orden público, y (ii) se suprimió «la indemnización por muerte, que actualmente se causa, de conformidad al Estatuto Militar, cuando se apliquen estos casos de pensiones», refiriéndose a las pensiones de sobrevivencia por muerte en combate.

Sobre este marco legal, el Consejo de Estado ha tenido la oportunidad de pronunciarse en repetidas ocasiones, estableciendo una clara línea jurisprudencial sobre la materia. Es así como en sentencia de 1.° de abril de 2004, esta Sala de Subsección, con ponencia del doctor NICOLÁS PÁJARO PEÑARANDA, sostuvo que:

[…] es cierto que el artículo 8º del referido estatuto 2728 no contempló como prestación a favor de los beneficiarios legales, la pensión en el caso de muerte del soldado en misiones de orden público, en combate o por acción directa del enemigo, y que tal derecho lo establece el decreto ley 1211 de 1990 cuando fallecen en esas condiciones los oficiales y suboficiales.

Pero, la Sala estima que es un contrasentido que la ley ordene ascender a los soldados que mueren en misiones de orden público, en combate o por acción directa del enemigo al grado de Cabo Segundo, les conceda la misma compensación, en cuantía de 48 meses de los haberes correspondientes y doble la cesantía, como en el caso de los Oficiales y Suboficiales, pero en cambio no les otorgue a sus beneficiarios la pensión que sí concede tratándose de estos últimos militares y, por ello, no ve tan claro que a aquellos solo se les aplique el decreto 2728 de 1968 y no 1211 de 1990. Tal duda evidente, solo puede resolverse en los términos del artículo 53 constitucional, con aplicación de la más [sic] favorable, o sea el último estatuto.

Además, desde otro ángulo, al no existir una razón suficiente que explique y menos justifique que los beneficiarios legales de los soldados muertos como se dijo, no tengan el mismo derecho que los de los oficiales y suboficiales, la estricta aplicación del decreto 2728 de 1968, conduciría a la violación del derecho a la igualdad de los primeros, por lo que la Sala, ante tal vacío legal, y en aplicación del artículo 8º de la ley 153 de 1887, tendrá en cuenta al caso el artículo 189 letra d) del decreto ley 1211 de 1990 y ordenará el reconocimiento y pago de la pensión allí establecida, que corresponde al 50% de las partidas previstas en el artículo 158 ibídem, a partir del 5 de mayo de 1991, cuyos valores serán ajustados, con la fórmula matemática ya dicha, que deberá liquidarse mes a mes, con índice inicial de la fecha en que debió pagarse la mesada pensional. [Corchetes fuera del texto]

Posteriormente, esta tesis fue ratificada por la Subsección B de la Sección Segunda de esta corporación, en proveído de 30 de octubre de 2008 con ponencia de la doctora BERTHA LUCÍA RAMÍREZ DE PÁEZ, en la cual se explicó que:

De conformidad con la jurisprudencia en cita [refiriéndose a la sentencia de 1 de abril de 2004], los demandantes en su calidad de padres del soldado muerto en combate (fl. 2) tienen derecho a la pensión consagrada en el artículo 189 del Decreto 1211 de 1990 teniendo en cuenta que el causante fue merecedor de un ascenso al grado de Cabo Segundo que lo ubica dentro de los suboficiales beneficiarios de dicha prestación (artículo 5 del Decreto 1211 de 1990). [Corchetes fuera del texto]

Igualmente, en sentencia de 7 de julio de 2011 con ponencia del doctor GERARDO ARENAS MONSALVE, en la que se estudió un caso similar al del proceso de la referencia, se señaló lo siguiente:

Bajo estos supuestos, resulta evidente la existencia de un trato diferenciado entre las prestaciones que le son reconocidas, por el Decreto 2728 de 1968 a los familiares de los soldados muertos en desarrollo de actos propios del servicio y las previstas por el Decreto 1211 de 1990, para los oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares muertos en las mismas circunstancias.

A juicio de la Sala tal discriminación tiene lugar debido a que las citadas disposiciones fueron expedidas con anterioridad a la entrada en vigencia de la Constitución Política de 1991, sólo a partir de la cual, se reivindican como principio y derecho constitucionales la igualdad material y la seguridad social, respectivamente. En efecto, una interpretación armónica de los artículos 13 y 48 de la Constitución Política, y de los principios que orientan el desarrollo del derecho a la seguridad social, entre ellos la universalidad y la solidaridad, no admiten la existencia dentro del ordenamiento jurídico de disposiciones que conlleven el desmedro de las condiciones dignas de vida de un ser humano y en especial la imposibilidad de acceder a los beneficios derivados del citado derecho, entre ellos los que buscan amparar las contingencias derivadas por muerte.

[…]

Así las cosas, y descendiendo al caso concreto, estima la Sala que no existe justificación valida [sic] para que a los beneficiarios de los soldados regulares que vienen prestando sus servicios a la Fuerza Pública, y fallezcan en desarrollo de actos propios del servicio, no les sea reconocida una pensión de sobreviviente cuya única finalidad, como quedó visto, es la de brindar un apoyo económico al grupo familiar que ante la ausencia definitiva de quien proveía lo necesario para satisfacer las necesidades básicas, ha quedado desprovisto de los medios económicos para tal efecto.

[…]

Lo anterior, si se tiene en cuenta que los soldados al igual que los suboficiales y oficiales no sólo hacen parte de las Fuerzas Militares, sino que contribuyen al desarrollo de su misión constitucional y legal, esto es, la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y el orden constitucional. [Corchetes fuera del texto]

En providencia de 2 de agosto de 2012 con ponencia del doctor VÍCTOR HERNANDO ALVARADO ARDILA, se replica la postura jurisprudencial aquí reseñada, cuando dispuso que:

En atención a la aludida directriz jurisprudencial [refiriéndose a la sentencia de 7 de julio de 2011], en consonancia con el artículo 44 de la Constitución Política, la Sala en el caso concreto inaplicará el artículo 8° del Decreto 2728 de 1968 en cuanto no dispone el reconocimiento y pago de una pensión de sobreviviente a favor de los familiares de los soldados muertos en desarrollo de actos propios del servicio y, en su lugar, aplicará el artículo 189 del Decreto 1211 de 1990, toda vez que, como quedó visto, sí reconoce la citada prestación pensional a favor de los beneficiarios de los oficiales y suboficiales de la Fuerza Pública. [Corchetes fuera del texto]

Recientemente, en sentencia de 18 de febrero de 2016 con ponencia de la doctora SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ, fue recogida la mencionada línea jurisprudencial sobre la materia; en esta providencia se sostuvo expresamente que:

Así las cosas, es claro que en el presente caso existe duda seria y razonable en relación con la norma que se ha de aplicar para la solución del problema jurídico planteado, puesto que como ya se dijo, el artículo 8 del Decreto 2728 de 1968 contempla el pago de 48 meses de los haberes correspondientes a dicho grado y el pago doble de la cesantía; al paso que el artículo 189 del Decreto 1211 de 1990 estipula el pago de una pensión mensual, cuya cuantía dependerá del tiempo de servicios prestado por el miembro de las Fuerzas Militares fallecido en actos del servicio. Por ende, se debe establecer cuál de las dos disposiciones legales favorece a la actora y para ese efecto, se debe acudir al principio constitucional de favorabilidad en materia laboral consagrado en el artículo 53 de la Constitución Política.

Al respecto, la Corte Constitucional señaló que para efectos de la aplicación de la favorabilidad, es necesaria la concurrencia de dos elementos a saber: (i) la duda seria y objetiva ante la necesidad de elegir entre dos o más interpretaciones, ello, en función de la razonabilidad argumentativa y solidez jurídica que una u otra interpretación tengan; y (ii) la noción de interpretaciones concurrentes, pues además de generar duda, deben ser aplicables a los supuestos de hecho de las disposiciones normativas en juego y a las situaciones fácticas concretas.

Por tal razón, de conformidad con el artículo 4 de la Constitución Política, en el caso concreto se debe inaplicar el artículo 8° del Decreto 2728 de 1968 en cuanto no dispone el reconocimiento y pago de una pensión de sobreviviente a favor de los familiares de los soldados regulares muertos en desarrollo de actos propios del servicio, y en su lugar, aplicar el artículo 185 del Decreto 1211 de 1990, toda vez que, como quedó visto, sí reconoce la citada prestación pensional a favor de los beneficiarios de los oficiales y suboficiales de la Fuerza Pública.

De las citas jurisprudenciales antes transcritas, se extrae la subregla según la cual, en desarrollo de los principios constitucionales de igualdad y favorabilidad laboral, en los eventos en que se produzca la muerte de un soldado regular (trátese de soldados voluntarios, vinculados para prestar el servicio militar obligatorio, oficiales y/o suboficiales) en servicio activo, en combate o por acción directa del enemigo, bien sea que se trate en el marco de un conflicto internacional o de operaciones para el restablecimiento o mantenimiento del orden público interno, los beneficiarios del causante tendrán derecho al reconocimiento y pago de una pensión de sobrevivencia, tal como lo preceptúa el artículo 189 del Decreto 1211 de 1990.

De lo probado en el proceso.

Mediante la Resolución núm. 08151 de 17 de agosto de 1995, el Ejército Nacional reconoció y ordenó el pago doble de las cesantías definitivas y una compensación por muerte a los beneficiarios del Cabo Segundo (póstumo) JESÚS DAVID SILVA PARRA, es decir a favor de la señora ANA ISABEL PARRA CONTRERAS y el señor JESÚS ELÍAS SILVA LEIVA (ff. 9, 15, 116-117, 118-119).

Visible en el folio 103, obra copia de la Liquidación de Servicios de Soldados núm. 151, que demuestra que el tiempo de servicios prestados por el causante fue 9 meses y 18 días (f. 121).

A través del Informe Administrativo por muerte núm. 025 de 8 de noviembre de 1994, el Comandante del Batallón de Infantería # 14 «Ricaurte» calificó la muerte del soldado voluntario JESÚS DAVID SILVA PARRA como «en combate por acción directa del enemigo y en mantenimiento del orden público» (ff. 128, 129, 130).

Con la copia del Certificado de Defunción, se demostró el señor JESÚS DAVID SILVA PARRA murió el 29 de octubre de 1994 (ff. 105, 122, 123, 132).

Mediante la copia del Registro Civil de Nacimiento del señor JESÚS DAVID SILVA PARRA quedó acreditado que era hijo de la señora ANA ISABEL PARRA CONTRERAS y el señor JESÚS ELÍAS SILVA LEIVA, y que nació el 6 de enero de 1976 (ff. 107, 161).

Según la copia del Acta de 3 de noviembre de 1994, la cual contiene las declaraciones extraprocesales rendidas en la Notaría sexta del Circuito de Santafé de Bogotá, el señor JESÚS DAVID SILVA PARRA era soltero y no tenía hijos (ff. 113-114).

Visible en el folio 120 del expediente, obra copia de Informe de 3 de noviembre de 1994, por medio del cual el Comandante C/G Aguila-5 comunicó al Comando del Batallón Ricaurte que el día 29 de octubre de 1994 mientras se realizaba el control de las elecciones en el Corregimiento de Magará, Municipio de Sabana de Torres (Santander) resultaron muertos 5 soldados por emboscada de miembros del ELN, entre ellos el soldado JESÚS DAVID SILVA PARRA (ff. 131, 133)

Por medio de la Resolución núm. 0994 de 03 de febrero de 1995, el Ministro de Defensa Nacional, en uso de sus facultades legales, ascendió en forma póstuma al grado de Cabo Segundo al soldado JESÚS DAVID SILVA PARRA, con novedad fiscal a partir del 29 de octubre de 1994 (f. 125).

Caso concreto.

Como quiera que en el proceso está plenamente demostrado el supuesto de hecho de la subregla jurídica previamente estructurada, la Sala de Subsección encuentra que los señores JESÚS ELÍAS SILVA LEIVA y ANA ISABEL PARRA CONTRERAS tienen derecho al reconocimiento y pago de una pensión de sobrevivencia en los términos del literal d del artículo 189 del Decreto 1211 de 1990, con ocasión a la muerte del Cabo Segundo (póstumo) JESÚS DAVID SILVA PARRA.

Ahora bien, sobre la deducción de los valores pagados a título de compensación por muerte a favor de la parte demandante debe decirse que la jurisprudencia de esta Corporación ha considerado que a los ojos del ordenamiento jurídico vigente (parágrafo 1 del artículo 1 de la Ley 447 de 1998), la pensión de sobrevivencia por muerte en combate y la compensación por muerte resultan incompatibles; sobre el particular en la referenciada sentencia de 30 de octubre de 2008 se dijo:

En estas condiciones el fallo apelado que accedió a las súplicas de la demanda reconociendo a favor de los demandantes la pensión de que trata el Decreto 1211 de 1990, a partir del 7 de diciembre de 1997, será confirmado con la aclaración de que de la suma adeudada deberá descontarse lo pagado por concepto de compensación por muerte pues el daño que cubre tal prestación entraría a ser cubierto con el reconocimiento pensional, máxime si se tiene en cuenta que con posterioridad, la Ley 447 de 1998, consagra la incompatibilidad entre las dos prestaciones (parágrafo 1, artículo 1).

Y en la también citada sentencia de 18 de febrero de 2016, se sostuvo:

Frente al argumento planteado por la demandante, referido a que el A quo erró al ordenar descontar por parte de la entidad accionada lo pagado por concepto de compensación por muerte, la Sala precisa que la compensación por muerte y la pensión de sobrevivencia cubren la misma contingencia derivada de la muerte, por lo que fue acertada la decisión de primera instancia frente a este tópico, máxime si se tiene en cuenta que con posterioridad, la Ley 447 de 1998, consagra la incompatibilidad entre las dos prestaciones (parágrafo 1, artículo 1).

Por lo anterior, la Sala de Decisión modificará la sentencia de primera instancia en el sentido de ordenar la deducción de los valores reconocidos y pagados a los demandantes por concepto compensación por muerte.

Condena en costas en primera y segunda instancia.

El concepto de las costas del proceso está relacionado con todos los gastos necesarios o útiles dentro de una actuación de esa naturaleza y comprende los denominados gastos del proceso, que incluye los honorarios de abogado o agencias del derecho, los llamados en el CPACA gastos ordinarios del proceso y otros como son los necesarios para traslado de testigos y para la práctica de la prueba pericial, los honorarios de auxiliares de la justicia como peritos y de secuestres, transporte de expediente al superior en caso de apelación.

Tiene previsto el artículo 188 ídem que «salvo en los procesos en los que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil», hoy día por el CGP.

En cuanto a la condena en costas en vigencia del CPACA esta Corporación ya ha referido la pertinencia en estos términos:

2.5.3. Sobre la condena en costas y agencias en derecho en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho

“…

“Para el caso de autos se estima pertinente precisar en primer lugar, que según el artículo 361 del mencionado código, “las costas están integradas por la totalidad de las expensas y gastos sufragados durante el curso del proceso y por las agencias en derecho”, y que de conformidad con el artículo 365 del mismo estatuto, las siguientes constituyen algunas de las circunstancias por la que puede condenarse en costas:

“Artículo 365. Condena en costas. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas:
1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este código.
Además se condenará en costas a quien se le resuelva de manera desfavorable un incidente, la formulación de excepciones previas, una solicitud de nulidad o de amparo de pobreza, sin perjuicio de lo dispuesto en relación con la temeridad o mala fe.
2. La condena se hará en sentencia o auto que resuelva la actuación que dio lugar a aquella.
3. En la providencia del superior que confirme en todas sus partes la de primera instancia se condenará al recurrente en las costas de la segunda.
4. Cuando la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del inferior, la parte vencida será condenada a pagar las costas de ambas instancias.
5. En caso de que prospere parcialmente la demanda, el juez podrá abstenerse de condenar en costas o pronunciar condena parcial, expresando los fundamentos de su decisión.
6. Cuando fueren dos (2) o más litigantes que deban pagar las costas, el juez los condenará en proporción a su interés en el proceso; si nada se dispone al respecto, se entenderán distribuidas por partes iguales entre ellos.
7. Si fueren varios los litigantes favorecidos con la condena en costas, a cada uno de ellos se les reconocerán los gastos que hubiere sufragado y se harán por separado las liquidaciones.
8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación.
9. Las estipulaciones de las partes en materia de costas se tendrán por no escritas. Sin embargo podrán renunciarse después de decretadas y en los casos de desistimiento o transacción”.

De la lectura de la norma antes transcrita se observa, que varias de las situaciones por las que se impone el pago de las costas del proceso, están relacionadas con el hecho de que una de las partes resultó vencida en el juicio, sin que para tal efecto se indique que adicionalmente debe verificarse mala fe o temeridad como argumenta la accionante.

En consonancia con lo anterior, se encuentra el artículo 80 del Código General del Proceso, en el cual puede apreciarse que un asunto es que pueda sancionarse a una de las partes por actuar de mala fe o de manera temeraria, y otra, que deba imponérsele a una de las partes el pago de las costas:

“Artículo 80. Responsabilidad patrimonial de las partes.
Cada una de las partes responderá por los perjuicios que con sus actuaciones procesales temerarias o de mala fe cause a la otra o a terceros intervinientes. Cuando en el proceso o incidente aparezca la prueba de tal conducta, el juez, sin perjuicio de las costas a que haya lugar, impondrá la correspondiente condena en la sentencia o en el auto que los decida. Si no le fuere posible fijar allí su monto, ordenará que se liquide por incidente.
(…)”.

Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, tampoco se advierte que el Tribunal accionado haya incurrido en alguna de las causales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias, al haberle impuesto a la demandante al pago de las costas del proceso, que incluyen las agencias del derecho, en tanto al revocarse la sentencia de primera instancia proferida en su favor, la peticionaria resultó vencida en el juicio.

Para finalizar la Sala de Subsección llama la atención en que inclusive en el evento del desistimiento tácito ya consagra el CPACA que el juez «condenará en costas», superando el simple dispondrá que consagra el artículo 188 ibídem.

Lo anterior permite establecer unas conclusiones básicas sobre las costas:

La legislación varió del Código de Procedimiento Civil al Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo para la condena en costas de un criterio subjetivo a uno objetivo;

Toda sentencia «dispondrá» sobre costas, bien sea con condena total o parcial o con abstención;

Se requiere que en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación (como sucede con el pago de gastos ordinarios del proceso y con la actividad profesional realizada dentro del proceso)

La cuantía de la condena en agencias en derecho se hará atendiendo el criterio de la posición en la relación laboral, pues varía según sea parte vencida, si es el empleador o si es el trabajador (Acuerdo 1887 de 2003 Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura), la complejidad e intensidad de la participación procesal ; y,

Las estipulaciones de las partes en materia de costas se tendrán por no escritas.

En orden a lo anterior, esta Sala de Decisión (i) confirmará la condena en costas de primera instancia, como quiera que se configuró el supuesto objetivo de hecho de la norma según el cual «se condenará en costas a la parte vencida en el proceso», y (ii) condenará parcialmente en costas de segunda instancia a la parte demandada en un 80%, dado que u recurso de apelación prosperó de forma parcial en esta instancia..

Conclusión.

Con fundamento en todo lo expuesto, esta Sala de Decisión procederá a (i) modificar el fallo de primera instancia para ordenar, una vez liquidada la prestación deprecada, el descuento de lo pagado a los demandantes por concepto de compensación por la muerte del Cabo Segundo (póstumo) JESÚS DAVID SILVA PARRA, y (ii) confirmar en todo lo demás dicha providencia.

En mérito de lo expuesto, la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: MODIFICAR la sentencia de 22 de enero de 2014, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por los señores JESÚS ELÍAS SILVA LEIVA y ANA ISABEL PARRA CONTRERAS contra la NACIÓN, MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, EJÉRCITO NACIONAL, para ORDENAR el descuento de lo pagado a los demandantes por concepto de compensación por la muerte del Cabo Segundo (póstumo) JESÚS DAVID SILVA PARRA.

SEGUNDO: CONFIRMAR en todo lo demás la sentencia de primera instancia.

TERCERO: CONDENAR parcialmente en costas de segunda instancia a la parte demandada de conformidad con la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: En firme esta decisión, envíese al Tribunal de origen.

Notifíquese y cúmplase,

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala de la Subsección A en sesión de la fecha.

GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ

WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ RAFAÉL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Relatoria JORM

«Artículo 247. Trámite del recurso de apelación contra sentencias. El recurso de apelación contra las sentencias proferidas en primera instancia se tramitará de acuerdo con el siguiente procedimiento: (…) 4. Admitido el recurso o vencido el término probatorio si a él hubiere lugar, el superior señalará fecha y hora para la audiencia de alegaciones y juzgamiento, que deberá llevarse a cabo en un término no mayor a veinte (20) días. Si el Magistrado Ponente considera innecesaria la celebración de audiencia ordenará, mediante auto que no admite recurso alguno, la presentación de los alegatos por escrito dentro de los diez (10) días siguientes, caso en el cual dictará sentencia en el término de los veinte (20) días siguientes. Vencido el término que tienen las partes para alegar, se surtirá traslado al Ministerio Público por el término de diez (10) días, sin retiro del expediente. (…).». Folio 27 del expediente. Folios 27 reverso a 29 anverso del expediente. Folios 28 a 30 del expediente. Folios 70 a 80 del expediente. Folio 165 del expediente. Folios 169 a 175 del expediente. Folio 170 reverso del expediente. Folios 171 reverso a 175 del expediente. Folios 177 a 182 del expediente. Folio 194 del expediente. Folio 203 del expediente. Folios 204 a 219 del expediente. Folios 228 a 234 del expediente. Modificado por el artículo 615 del Código General del Proceso. Modificado por el artículo 1.º del Acuerdo 55 de 2003. Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia de 1.° de septiembre de 2013. Rad. 25000-23-25-000-2012-01532-01(2998-13). Consejero ponente doctor GUSTAVO EDUARDO GÓMEZ ARANGUREN. Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda; 26 de mayo de 1994; M. P. doctor Álvaro Lecompte Luna; Radicado interno No. 4929; actor: Edilfredo Morales Villegas. Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B; 12 de noviembre de 1998; M. P. doctor Carlos A. Orjuela Góngora; radicado interno No. 17593; actor: Caja Nacional de Previsión Social. En tal sentido la Corte dijo en la Sentencia T-668 de 2007, lo siguiente: “…en ciertos casos el análisis de la procedibilidad de la acción en comento deberá ser llevado a cabo por los funcionarios judiciales competentes con un criterio más amplio, cuando quien la interponga tenga el carácter de sujeto de especial protección constitucional –esto es, cuando quiera que la acción de tutela sea presentada por niños, mujeres cabeza de familia, discapacitados, ancianos, miembros de grupos minoritarios o personas en situación de pobreza extrema. En estos eventos, la caracterización de perjuicio irremediable se debe efectuar con una óptica, si bien no menos rigurosa, sí menos estricta, para así materializar, en el campo de la acción de tutela, la particular atención y protección que el Constituyente otorgó a estas personas, dadas sus condiciones de vulnerabilidad, debilidad o marginalidad”. Sentencia T-719 de 2003. Folios 26 y 110 del expediente. Folio 109 del expediente.
«Por la cual se dictan normas sobre servicio militar voluntario»
«Artículo 3.

Las personas a que se refiere el artículo 2º. de la presente Ley, quedarán sujetas, a partir de su vinculación como soldados voluntarios, al Código de Justicia Penal Militar, al Reglamento de Régimen Disciplinario, al Régimen Prestacional y a las normas relativas a la capacidad psicofísica, incapacidades, invalideces e indemnizaciones para los soldados de las Fuerzas Militares y los reglamentos especiales que se expidan para el desarrollo de esta Ley.» (Negrilla y subrayado fuera de texto).
«Por el cual se reviste al Presidente de la República de facultades extraordinarias para modificar la remuneración y régimen de prestaciones de las Fuerzas Militares, se prevee [sic] al fortalecimiento de la administración fiscal, se dictan otras disposiciones relacionadas con el mejor aprovechamiento de las partidas presupuestales destinadas a gastos de funcionamiento y se crea una nueva Comisión Constitucional Permanente en las Cámaras Legislativas»
«Por el cual se reforma el estatuto del personal de oficiales y suboficiales de las fuerzas militares».
«Artículo 189. Muerte en combate. A partir de la vigencia del presente Estatuto, a la muerte de un Oficial o Suboficial de las Fuerzas Militares en servicio activo, en combate o como consecuencia de la acción de enemigo, bien sea en conflicto internacional o en el mantenimiento o restablecimiento del orden público, ser ascendido en forma póstuma al grado inmediatamente superior, cualquiera que fuere el tiempo de servicio en su grado. Además sus beneficiarios, en el orden establecido en este Estatuto, tendrán derecho a las siguientes prestaciones:
a. A que el Tesoro Público les pague por una sola vez, una compensación equivalente a cuatro (4) años de los haberes correspondientes al grado conferido al causante, tomando como base las partidas señaladas en el artículo 158 de este Decreto.
b. Al pago doble de la cesantía por el tiempo servido por el causante.
c. Si el Oficial o Suboficial hubiere cumplido doce (12) o más años de servicio, a que el Tesoro Público les pague una pensión mensual, la cual será liquidada y cubierta en la misma forma de la asignación de retiro, de acuerdo con el grado y tiempo de servicio del causante.
d. Si el Oficial o Suboficial no hubiere cumplido doce (12) años de servicio, sus beneficiarios en el orden establecido en este estatuto, con excepción de los hermanos, tendrán derecho a que el Tesoro Público les pague una pensión mensual equivalente al cincuenta por ciento (50%) de las partidas de que trata el artículo 158 de este Decreto.»
« Por la cual se establece pensión vitalicia y otros beneficios a favor de parientes de personas fallecidas durante la prestación del servicio militar obligatorio y se dictan otras disposiciones.»
Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia de 1 de abril de 2004. Rad. 07001-23-31-000-2001-01619-01 (1994-2003). Consejero ponente doctor NICOLÁS PÁJARO PEÑARANDA. Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia de 30 de octubre de 2008. Rad. 05001-23-31-000-2000-01274-01 (8626-2005). Consejera ponente doctora BERTHA LUCÍA RAMÍREZ DE PÁEZ. Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia de 7 de julio de 2011. Rad. 70001-23-31-000-2004-00832-01 (2161-2009). Consejero ponente doctor GERARDO ARENAS MONSALVE. 4 “Artículo 4º.- La Constitución es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales. Es deber de los nacionales y de los extranjeros en Colombia acatar la Constitución y las leyes, y respetar y obedecer a las autoridades.”. Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia de 2 de agosto de 2012. Rad. 05001-23-31-000-2002-00672-01 (1020-2010). Consejero ponente doctor VÍCTOR HERNANDO ALVARADO ARDILA.
“ARTÍCULO 53. El Congreso expedirá el estatuto del trabajo. La ley correspondiente tendrá en cuenta por lo menos los siguientes principios mínimos fundamentales:

Igualdad de oportunidades para los trabajadores; remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; estabilidad en el empleo; irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales; facultades para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles; situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho; primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales; garantía a la seguridad social, la capacitación, el adiestramiento y el descanso necesario; protección especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador menor de edad. (…)”
Sentencias T-545 de mayo 28 de 2004, M. P.: Dr. Eduardo Montealegre Lynett, T-248 de marzo 6 de 2008, M. P.: Dr. Rodrigo Escobar Gil, y T-090 de febrero 17 de 2009, M. P.: Dr. Humberto Antonio Sierra Porto.
“ARTÍCULO 4. La Constitución es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales.”
Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia de 18 de febrero de 2016. Rad. 66001-23-33-000-2012-00060-01 (2681-2013). Consejera ponente doctora SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ. Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia de 30 de octubre de 2008. Rad. 05001-23-31-000-2000-01274-01 (8626-2005). Consejera ponente doctora BERTHA LUCÍA RAMÍREZ DE PÁEZ. Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia de 18 de febrero de 2016. Rad. 66001-23-33-000-2012-00060-01 (2681-2013). Consejera ponente doctora SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ.
“ARTICULO 1o. MUERTE EN COMBATE. A partir de la vigencia de la presente ley, a la muerte de la persona vinculada a las F.F.A.A. y de Policía por razón constitucional y legal de la prestación del servicio militar obligatorio, ocurrida en combate o como consecuencia de la acción del enemigo, en conflicto internacional o participando en operaciones de conservación o restablecimiento del orden público, sus beneficiarios en el orden establecido en esta ley, o los beneficiarios que designe la persona prestataria del servicio militar al incorporarse, tendrán derecho a una pensión vitalicia equivalente a un salario y medio (11/2) mínimo mensuales y vigentes. PARAGRAFO 1o. Suprímese la indemnización por muerte, que actualmente se causa, de conformidad al Estatuto Militar, cuando se apliquen estos casos de pensiones.”
Sobre el particular: Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia de 3 de marzo de 2016. Rad. 25000-23-42-000-2012-01460-01 (1753-2014). Consejero ponente doctor GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ. En el mismo sentido: Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A. sentencia de 7 de abril de 2016. Rad. 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-2014). Consejero ponente doctor WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ. Artículo 361 del Código General del Proceso. Artículo 171 No. 4 en conc. Art. 178 ib. La doctrina denomina “las agencias y trabajos en derecho, que fija el magistrado ponente o juez”. MANUAL DE DERECHO PROCESAL CIVIL, Cardona G. Pedro Pablo, t. i, pág. 734
Artículo 361 del Código General del Proceso. Consejo de Estado, Sección Segunda – Subsección B, acción de tutela, C. P. GERARDO ARENAS MONSALVE, 30 de julio de 2014, Expediente N°: 11001-03-15-000-2014-01045-00, Publicada en Boletín del Consejo de Estado Número 151 – 15 de septiembre de 2014. Artículo 178 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

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