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Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 68001-23-33-000-2014-00010-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 68001-23-33-000-2014-00010-01

Fecha
15 de febrero de 2024
Consejero ponente
Hernando Sanchez Sanchez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 68001-23-33-000-2014-00010-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: DECLARAR FUNDADO el impedimento que manifestó el Consejero de Estado, doctor Germán Eduardo Osorio Cifuentes, para intervenir en el proceso de la referencia y, en consecuencia, SEPARAR al Magistrado de la Sección Primera del Consejo de Estado del conocimiento de la presente acción popular, por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 100 Núm. único de radicación: 680012333000201400010-01 SEGUNDO: MODIFICAR los ordinales primero, segundo, tercero y quinto de la sentencia de 27 de noviembre de 2019 proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, por las razones expuestas en la parte motiva, los cuales quedarán así: PRIMERO: DECLARAR la vulneración de los derechos e intereses colectivos al goce de un ambiente sano y al acceso a una infraestructura de servicios públicos que garantice la salubridad pública por los municipios de Bucaramanga, Lebrija y Girón. Asimismo, declarar la amenaza del derecho a la seguridad y salubridad públicas por estos mismos municipios, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia. SEGUNDO: ORDENAR, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia: 2.1. A los Municipios de Bucaramanga, Girón, Lebrija y al Área Metropolitana de Bucaramanga que, en caso de que no lo hayan hecho, en el marco de sus competencias constitucionales, legales y reglamentarias, en el término de seis (6) meses contados a partir de la ejecutoria de esta providencia, actualicen sus Planes para la Gestión Integral de Residuos o desechos sólidos en el ámbito de su jurisdicción. Para lo cual, tendrán en cuenta un componente relativo al control del gallinazo negro, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 2.2. A los Municipios de Bucaramanga, Lebrija y Girón que, en coordinación con la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga – CDMB, en el marco de las competencias constitucionales, legales y reglamentarias de cada una, en el término de tres (3) meses contados a partir de la […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 68001-23-33-000-2014-00010-01

Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez

15 de febrero de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá D.C., quince (15) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos
Número único de radicación: 680012333000201400010-01
Actor: Superintendencia de Puertos y Transportes
Demandados: Departamento de Santander, Municipio de Bucaramanga, Municipio
de Lebrija, Municipio de Girón, Corporación Autónoma Regional de Santander y
Empresa de Aseo de Bucaramanga S.A. E.S.P.
Entidades vinculadas: Nación - Ministerio de Transporte; Unidad Administrativa
Especial de Aeronáutica Civil; Procuraduría General de la Nación, Delegada Agraria
y de Medio Ambiente; Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la
Meseta de Bucaramanga; y Área Metropolitana de Bucaramanga

Temas: Derecho colectivo al goce de un ambiente sano –literal a–; a la seguridad y
salubridad públicas –literal g–; al acceso a una infraestructura de servicios que
garantice la salubridad pública –literal h–; seguridad de la operación aérea; riesgo
de fauna; sobrevuelo de gallinazos negros o aves de carroña en inmediaciones del
Aeropuerto Internacional Palonegro

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide los recursos de apelación interpuestos por los municipios de Girón
y Bucaramanga contra la sentencia de 27 de noviembre de 2019, proferida por el
Tribunal Administrativo de Santander1.

La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii)
Consideraciones de la Sala; y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.

1 Cfr. Expediente físico, cuaderno principal, folios 1589 a 1611.

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Núm. único de radicación: 680012333000201400010-01

I. ANTECEDENTES

La demanda

1. El Superintendente de Puertos y Transporte presentó2 demanda en ejercicio
del medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos contra el
Departamento de Santander, el Municipio de Bucaramanga, el Municipio de Lebrija,
el Municipio de Girón, la Corporación Autónoma Regional de Santander y la
Empresa de Aseo de Bucaramanga S.A. E.S.P., con el objeto de lograr la protección
de los derechos e intereses colectivos al goce de un ambiente sano, a la seguridad
y salubridad públicas, al acceso a una infraestructura de servicios que garantice la
salubridad pública, al acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea
eficiente y oportuna, a la seguridad y prevención de desastres previsibles
técnicamente, así como, el derecho de los consumidores y usuarios.

Pretensiones

2. La parte actora formuló las siguientes pretensiones3:

“[…] 1. Se declare que las condiciones en que actualmente opera el AEROPUERTO
PALONEGRO, atenta contra los derechos e intereses colectivos de goce a un
ambiente sano, seguridad y salubridad pública, acceso a una infraestructura de
servicios que garantice la salubridad pública, el derecho a la seguridad y prevención
de desastres previsibles técnicamente, el derecho e interés colectivo de acceso a los
servicios públicos en condiciones de eficiencia, calidad y oportunidad, así como el
derecho de los consumidores y usuarios.

2. Se declare que en la actualidad la operación del AEROPUERTO PALONEGRO,
ubicado en la ciudad de Bucaramanga genera un riesgo inminente para la seguridad
aérea, la vida y la integridad personal de los usuarios y personal que labora en el
citado aeropuerto.

CONDENATORIAS

1. Que de acuerdo con las pretensiones anteriores, se ordene al DEPARTAMENTO
DE SANTANDER, MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, MUNICIPIO DE LEBRIJA,
MUNICIPIO DE GIRON, CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE
SANTANDER y la EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA S.A. E.S.P., iniciar
planes de mejoramiento en cuanto al depósito final de residuos sólidos, efectuándolo
en áreas y zonas distintas al perímetro en el que se encuentra ubicado el Aeropuerto
Palonegro y en un área de 13 k [sic] a la redonda, con el fin de garantizar los derechos
colectivos de goce de un ambiente sano, la seguridad y salubridad pública, el acceso
a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública.

2. Ordenar al DEPARTAMENTO DE SANTANDER, MUNICIPIO DE
BUCARAMANGA, MUNICIPIO DE LEBRIJA, MUNICIPIO DE GIRON,
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER, iniciar el trámite de
acciones de expropiación por vía administrativa o judicial de los terrenos adyacentes

2 La demanda fue presentada el 13 de enero de 2014.
3Cfr. Índice 2 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado: ED_01CUADERNO01(.pdf)
NroActua 2, folios 3 a 7.

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que perteneciendo a un particular estén siendo sub o inutilizados con lo cual se
permita garantizar la seguridad en la operación del Aeropuerto Palonegro.

3. Ordenar al DEPARTAMENTO DE SANTANDER, MUNICIPIO DE
BUCARAMANGA, MUNICIPIO DE LEBRIJA, MUNICIPIO DE GIRON,
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER, iniciar el trámite de
imposición de servidumbres y/o cualquier otro mecanismo que permita liberar el
perímetro del Aeropuerto Palonegro en un área de 13 k [sic] a la redonda de zona de
criaderos que generen insalubridad, malos olores, presencia de aves que generen
peligro aviario de colisión con aeronaves.

4. Ordenar al DEPARTAMENTO DE SANTANDER, MUNICIPIO DE
BUCARAMANGA, MUNICIPIO DE LEBRIJA, MUNICIPIO DE GIRON,
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER y la EMPRESA DE
ASEO DE BUCARAMANGA S.A. E.S.P. permitir la participación de
SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS TRANSPORTES en los escenarios que
impliquen mejoramiento de las condiciones que actualmente ponen en peligro la
seguridad aérea y con ello la vida e integridad personal de usuarios del servicio aéreo
así como del personal en tierra que desarrolla su labor en el Aeropuerto Palonegro.

5. Ordenar a las demandadas, acabar en forma inmediata los actos que vulneran los
derechos e intereses colectivos y mediante sentencia que ponga fin a la presente
acción se ordene garantizar el goce a un ambiente, seguridad y salubridad pública,
acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública, el
derecho a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente, el
derecho e interés colectivo de acceso a los servicios públicos en condiciones de
eficiencia, calidad y oportunidad, así como el derecho de los consumidores y
usuarios.

6. Que las demandadas acaten inmediatamente la orden que se imparta […]”.

Presupuestos fácticos

3. La parte actora indicó, en síntesis, para fundamentar sus pretensiones4 que
el derecho e interés colectivo al goce de un ambiente sano se encuentra vulnerado,
dado que, en el “perímetro” de la terminal aérea Palonegro se encuentran botaderos
de basura que funcionan de manera ilegal, que conllevan problemas de salubridad
en la comunidad y afectan la operación del aeropuerto por la presencia de aves de
carroña que sobrevuelan en el espacio aéreo de uso de las aeronaves.

4. Adujo que estos botaderos de basura constituyen un foco de contaminación
y una “problemática ambiental” que ocasiona la presencia de malos olores,
roedores, vectores, etc., ocasionando un riesgo para la salud del personal que
trabaja en el aeropuerto y de los usuarios del servicio de transporte aéreo.

5. Respecto del derecho colectivo a la seguridad y salubridad públicas, refirió
que, además de la existencia de los botaderos de basura, se suma la presencia de
zoo criaderos, porquerizas y mataderos en las inmediaciones del aeropuerto –en un

4 Ibidem.

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área inferior a los 13 km a la redonda– que incide en la presencia indiscriminada de
aves que generan peligro para la operación aérea.

6. De ese mismo modo, fundamentó la vulneración del derecho al acceso a una
infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública. Añadió que la
Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil tiene a su cargo el control del
tráfico aéreo y debe ejercer una adecuada supervisión sobre la seguridad aérea y
el control técnico, de conformidad con el parágrafo 3° del artículo 48 de la Ley 105
de 30 de diciembre de 19935. Asimismo, indicó que se requiere la intervención de
las entidades territoriales, las cuales tienen el deber de garantizar el derecho a la
salubridad pública.

7. En relación con la afectación del derecho a la seguridad y prevención de
desastres previsibles técnicamente señaló que la operación del Aeropuerto
Internacional Palonegro conlleva un riesgo inminente debido a la presencia de los
gallinazos negros –los cuales constituyen un obstáculo o impedimento para la aviación de
conformidad con lo establecido en la Resolución núm. 01092 de 13 de marzo de 20076– en
un radio inferior al permitido por la autoridad aeronáutica –13 kilómetros a la redonda
contados a partir del punto de referencia del aeródromo–. Adujo que estas aves se ven
atraídas por la existencia de depósitos de residuos sólidos, criaderos y mataderos
de animales en sectores aledaños al aeropuerto. Al mismo tiempo, refirió que la
existencia de estos sitios de disposición final de residuos sólidos sin la debida
autorización, contraría lo dispuesto en las normas aeroportuarias y de aviación,
debido a su cercanía a la pista de aterrizaje.

8. Igualmente, indicó que la omisión en el control, inspección y vigilancia de la
problemática que se refleja en la inseguridad del trasporte aéreo da lugar a la
existencia de un “riesgo inminente y contingente que amenaza [con] vulnerar los
derechos e intereses colectivos [previamente referidos]”.

Actuaciones en primera instancia

9. La demanda fue presentada el 13 de enero de 2014. El Magistrado
Sustanciador la admitió mediante auto de 24 de abril de 20147 y vinculó al Ministerio

5
“[…] Por la cual se dictan disposiciones básicas sobre el transporte, se redistribuyen competencias y recursos
entre la Nación y las Entidades Territoriales, se reglamenta la planeación en el sector transporte y se dictan
otras disposiciones […]”.
6 “[…] Por la cual se adoptan unas normas sobre Aeródromos, Aeropuertos y Helipuertos y se adicionan como

Parte Décimo Cuarta a los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia […]”.
7 Cfr. Cuaderno 1, folios 114 a 116.

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de Transporte, a la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil y a la
Procuraduría General de la Nación, Delegada Agraria y de Medio Ambiente.

10. El Municipio de Girón contestó8 la demanda el 26 de mayo de 2014. Se
opuso a las pretensiones y formuló las excepciones de agotamiento de la
jurisdicción, cosa juzgada, inexistencia del hecho generador del daño, falta de
legitimación en la causa por pasiva e improcedencia de la acción popular.

11. En lo que atañe a la excepción de agotamiento de la jurisdicción sostuvo que
en el radicado 2002-02891 existe sentencia de segunda instancia en la cual se
analizaron hechos y pretensiones similares a los del sub iudice. Con fundamento en
esta misma situación, propuso la excepción de cosa juzgada. Además, planteó la
inexistencia del hecho generador del daño. Al respecto, indicó que el daño
contingente no se configura y tampoco se incurre en amenaza de los intereses de
la colectividad, comoquiera que las apreciaciones particulares del accionante no son
determinantes para probar la vulneración de los derechos colectivos.

11.1. Sobre argumentos similares, sustentó la excepción denominada
improcedencia de la acción popular. Al respecto, adujo que no se satisface la
finalidad de la acción, toda vez que el demandante no logró demostrar que el
municipio incurrió en la vulneración de los derechos e intereses colectivos.
Finalmente, formuló la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva,
con sustento en que el ente territorial no es el responsable de la presunta
vulneración de los derechos e intereses colectivos que manifiesta el actor.

12. El Departamento de Santander se opuso9 a las pretensiones de la demanda
mediante escrito presentado el 27 de mayo de 2014. Propuso, por un lado, las
excepciones de agotamiento de la jurisdicción y falta de legitimación en la causa por
pasiva. Y, por el otro, señaló que la situación planteada en el libelo es una
problemática exclusiva del municipio donde está ubicado el botadero de basura y
de la autoridad ambiental de su jurisdicción, esto es de la Corporación Autónoma
Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga; autoridad a la cual –según
lo dispuesto en el artículo 31, numeral 12 de la Ley 99 de 1993– le corresponde ejercer
las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua,
suelo, aire y de los demás recursos naturales renovables.

8 Cfr. Cuaderno 1, folios 126 a 132.
9 Cfr. Cuaderno 1, folios 138 a 142.

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13. La Empresa de Aseo de Bucaramanga EMAB S.A. E.S.P., a través de
apoderado judicial, se opuso10 a las pretensiones de la demanda mediante escrito
de 28 de mayo de 2014. Formuló las excepciones que denominó “inexistencia de
violación de la normatividad legal”, “inexistencia de las omisiones que generaron la
presentación de la acción” y la “genérica”.

14. Al mismo tiempo, argumentó que la empresa no ha vulnerado ningún derecho
o interés colectivo. Para ello, refirió que en relación con el riesgo que se alude en la
demanda sobre la presencia de gallinazos negros en las inmediaciones del
Aeropuerto de Palonegro, ha venido realizando estrictos controles en el área con el
fin de evitar su permanencia en el lugar de disposición final de residuos sólidos “El
Carrasco” y ha adelantado actividades para impedir la alimentación de estas aves,
tales como: detonación de voladores (pólvora), uso de caucheras para ahuyentar
los gallinazos, instalación de mallas de obstaculización (para impedir el aterrizaje
de los gallinazos negros), uso de enredaderas de nilón en los estoraques y
cubrimiento diario de residuos. En igual sentido, indicó que ha cumplido con el Plan
de Manejo Ambiental de conformidad con las normas existentes y ha venido
participando en el Comité de Peligro Aviario del Aeropuerto de Palonegro.

14.1. A modo de información, señaló que “El Carrasco” está ubicado en el kilómetro
5 en la vía que conduce de Bucaramanga al Municipio de Girón. Precisó que la
definición del lugar donde está situado obedeció al resultado de un convenio suscrito
entre el municipio y una empresa consultora canadiense en el año 1977. Aclaró que
para el momento del estudio no existía norma técnica para los procesos de
disposición de residuos. Además, indicó que “El Carrasco” está compuesto por tres
(3) cárcavas. La primera se encuentra ubicada en su totalidad en la jurisdicción de
Bucaramanga; la segunda en jurisdicción de Bucaramanga y Girón; y, la tercera en
la jurisdicción de Girón.

15. El Municipio de Lebrija contestó11 la demanda mediante escrito de 2 de julio
de 2014. Se opuso a las pretensiones por no ser la entidad responsable de los
derechos e intereses colectivos. Afirmó que el actor popular no probó la vulneración
de los derechos cuya protección reclama, toda vez que el único medio de prueba
que aportó corresponde a las fotografías “sobre la presencia de botaderos de basura
y obstáculos”, los cuales no brindan claridad respecto de la situación que se alude
en la acción popular, comoquiera que no da certeza sobre el lugar y la fecha de ese
registro.

10 Cfr. Cuaderno 1, folios 167 a 218.
11 Cfr. Cuaderno 2, folios 373 a 379.

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15.1. Indicó que la Aeronáutica Civil es la autoridad encargada de la función de
vigilar que la prestación del servicio de transporte aéreo opere en forma segura. En
tal sentido, indicó que le corresponde determinar con exactitud los obstáculos que
pueda generar la presencia de aves, con miras a que las autoridades
correspondientes tomen las acciones pertinentes. A su vez, manifestó que las
Corporaciones Autónomas Regionales son la máxima autoridad ambiental en el
área de su jurisdicción. En consecuencia, propuso que se exija a la Corporación
Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga la solución a la
problemática planteada, por ser la entidad encargada de la protección del medio
ambiente, en particular, de la gestión integral de residuos sólidos; y que ésta
disposición de desechos se efectúe acorde con la normativa ambiental.

16. La Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil contestó12 la
demanda el 13 de marzo de 2015. Alegó la excepción de falta de legitimación en la
causa por pasiva. Para sustentar la excepción afirmó que la Unidad fue subrogada
en los contratos de concesión por la Agencia Nacional de Infraestructura ANI, en
virtud del Convenio Interadministrativo de Cooperación celebrado entre las dos
entidades. Indicó que la ANI es la autoridad que concesionó el Aeropuerto de
Palonegro, por lo que propone sea vinculada al proceso.

17. Coadyuvó la demanda por tratarse de la entidad que ha liderado esfuerzos
con el objeto de solucionar la problemática que generan los basureros y mataderos
de los Municipio de Lebrija, Floridablanca, Girón, Bucaramanga y Piedecuesta, esto
es, de aquellos ubicados en los límites exteriores del Aeropuerto Internacional
Palonegro.

17.1. Indicó que el Aeropuerto Palonegro está ubicado en la zona rural de los
Municipios de Lebrija y Girón. Señaló que, desde la década de los noventa existe la
preocupación por el sobrevuelo de gallinazos negros en lo que a las operaciones
aéreas respecta. Esto, por cuanto la presencia de gallinazos en el cono de
aproximación a la pista de aterrizaje Cabecera 35 representa peligro para la
operación. Expresó que en el área de influencia del Aeropuerto Palonegro se han
identificado cerca de cincuenta (50) focos que generan la presencia del gallinazo
negro, entre ellos: el relleno sanitario El Carrasco.

17.2. En tal sentido, informó que a mediados del año 2000 se conformó el Comité
Regional de Prevención del Peligro Aviario, que tiene por objeto fundamental

12 Cfr. Cuaderno 3, folios 418 a 457.

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“analizar, consensuar e implementar medidas adecuadas para disminuir el riesgo,
previniendo de manera efectiva la presencia de la población aviaria en el área de
influencia del aeropuerto”. Señaló que el Comité está integrado por autoridades del
gobierno departamental, entidades territoriales del Área Metropolitana de
Bucaramanga, autoridades ambientales y sanitarias, autoridades de control,
Empresas Prestadoras de Servicios de Recolección de Residuos Sólidos, Ejército
Nacional, Departamento de Policía de Santander, entre otras autoridades.

17.3. Adujo que el derecho colectivo al goce de un ambiente sano se encuentra
vulnerado en la medida que, en el perímetro de la terminal aérea del Aeropuerto
Palonegro se encuentra ubicado el relleno sanitario El Carrasco, que conlleva a la
insalubridad de la comunidad aledaña y a la presencia indiscriminada de aves de
carroña que sobrevuelan de manera simultánea con las aeronaves.

17.4. Como argumentos de su coadyuvancia, señaló que la entidad tiene como
objetivo garantizar el desarrollo de la aviación civil y la administración del espacio
aéreo en condiciones de seguridad y eficiencia. A su vez, indicó que tiene la
obligación de implementar las medidas y las recomendaciones necesarias para
impedir o evitar acciones que conlleven la generación de situaciones de riesgo en
el transporte aéreo, en virtud del Convenio de Aviación Internacional suscrito por
Colombia.

17.5. Precisó que el término peligro aviario consiste en el “[…] riesgo que para las
operaciones aéreas representa la presencia de aves en la cabecera de la pista,
cono de aproximación y trayectoria de vuelo de los terminales aéreos, toda vez que
éstas pueden llegar a introducirse en las turbinas o colisionar con las aeronaves,
afectando las condiciones de seguridad aérea y por ende constituye una amenaza
grave para el derecho a la vida de los pasajeros y terceros situados en tierra del
aeródromo y sus alrededores […]”.

17.6. Para disminuir el riesgo aviario, expuso que la Aeronáutica desarrolló el
Programa Nacional de Limitación de Fauna Silvestre en los Aeropuertos de
Colombia. Asimismo, puntualizó que mediante la Resolución núm. 02786 de 16 de
julio de 2003 se institucionalizó el funcionamiento del Comité Nacional de Peligro
Aviario. Además, informó que en el año 2002 se crearon los Comités Aeroportuarios
de Peligro Aviario en los distintos aeropuertos, con el propósito de, por un lado,
asignar a los administradores y gerentes aeroportuarios la responsabilidad de
implementar las directrices generales para mantener los terrenos y el aeropuerto
libre de alimento y refugio para aves; y, por el otro, transferir las responsabilidades

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en el control del uso de suelos en áreas aledañas a las autoridades competentes,
como son las Alcaldías Municipales y las Corporaciones Autónomas Regionales.

17.7. Afirmó que, en cumplimiento de sus funciones, ha adelantado desde hace
varios años gestiones permanentes ante las autoridades locales, departamentales
y nacionales, con el propósito de lograr su intervención con el objeto de lograr la
solución a los problemas sanitarios de las localidades vecinas a los aeropuertos y
la incompatibilidad de los usos del suelo. Señaló que ha tomado medidas tendientes
a eliminar el peligro aviario como la restricción de las operaciones aéreas en los
horarios de mayor proliferación de las aves de carroña.

18. El Ministerio de Transporte contestó13 la demanda mediante escrito de 30
de abril de 2015. Propuso la excepción de falta de legitimación en la causa por
pasiva. Manifestó que tiene a cargo la elaboración de políticas, la planificación y la
programación del sector, pero no es ejecutor. Adujo que las pretensiones de la
demanda no están en el marco de sus competencias, comoquiera que las
autoridades locales y ambientales son las llamadas a responder por la problemática
de los rellenos sanitarios.

18.1. Señaló que la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil es la
entidad especializada, de carácter técnico, adscrita al Ministerio de Transporte, que
goza de personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio, de
conformidad con lo establecido por el Decreto 2724 de 31 de diciembre de 199314.
Agregó que a la Superintendencia de Puertos y Transporte se le delegaron las
funciones de inspección, vigilancia y control en materia de tránsito, transporte e
infraestructura. En consecuencia, indicó que ambas entidades tienen expresamente
definidas sus funciones, las cuales ejercen de manera autónoma, en virtud de la ley.

19. La Procuraduría General de la Nación, Delegada Agraria y de Medio
Ambiente15 contestó la demanda mediante escrito16 presentado el 3 de septiembre
de 2015. Expresó que en cumplimiento de sus funciones ha asistido a los diferentes
comités aviarios organizados por la Aeronáutica Civil para tratar los problemas
ambientales y dar informe sobre los controles y seguimientos a los planes de manejo
establecidos, en relación con el riesgo aviario, que al parecer obedece a la
inadecuada disposición de residuos sólidos que conlleva a la presencia de
gallinazos negros en el área de influencia del aeropuerto. Adujo que participó desde

13 Cfr. Cuaderno 4, folios 708 a 713.
14 “[…] “Por el cual se modifica la estructura de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil y se

determinan sus funciones [...]”.
15 A través del Procurador Veinticuatro (24) Judicial II Ambiental y Agrario.
16 Cfr. Cuaderno 4, folios 735 a 742.

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el momento de la creación del Comité Regional de Prevención de Peligro Aviario,
que tenía por objeto el desarrollo y la implementación de las políticas para mitigar
el peligro aviario.

20. Señaló las competencias de la entidad en materia ambiental y precisó que el
control que ejerce es preventivo de conformidad con lo establecido en el artículo
111 de la Ley 99 de 22 de diciembre de 199317. En este contexto, consideró que el
Ministerio Público ha desarrollado a cabalidad las funciones preventivas y de control
de gestión en procura de la protección de los recursos naturales y del ambiente.

21. Las partes y el Ministerio Público fueron citadas a la audiencia de pacto de
cumplimiento, la cual se celebró el 29 de junio de 2016, pero se declaró fallida18 por
inexistencia de fórmulas de arreglo, de conformidad con lo establecido en el artículo
27 de la Ley 472. Luego, el proceso se abrió a etapa de pruebas19. Posteriormente,
mediante auto de 16 de septiembre de 201620 se vinculó a la Corporación Autónoma
Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga y al Área Metropolitana de
Bucaramanga.

22. La Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de
Bucaramanga contestó la demanda mediante escrito de 9 de noviembre de 201621.
Propuso la excepción de agotamiento de la jurisdicción y/o cosa juzgada, con
sustento en la acción popular con número único de radicación
680013331004200202891-01, en la cual se emitió sentencia de primera y segunda
instancia, en los que se ordenó y confirmó –respectivamente– el cierre definitivo de
El Carrasco con fecha límite al 30 de septiembre de 2011.

23. Al respecto indicó que, en esa fecha impuso los sellos a la entrada del sitio
de disposición final. No obstante, informó que, al margen de lo ordenado en las
decisiones judiciales, se extendió la vida útil de El Carrasco con ocasión de la
declaratoria de la emergencia sanitaria que decretó el Municipio de Bucaramanga.
A su vez, informó que el 1.° de octubre de 2013, instaló de nuevo los sellos para su
cierre. Pese a ello, refirió que los alcaldes siguieron declarando la emergencia
sanitaria sin atender las afectaciones ambientales causadas con el funcionamiento
de El Carrasco.

17 “[…] Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la

gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional
Ambiental, SINA y se dictan otras disposiciones […]”.
18 Cfr. Cuaderno núm. 4, folios 801 a 803.
19 Cfr. Cuaderno núm. 5, folios 840 a 842. El a quo decreto pruebas testimoniales de oficio mediante auto de 11

de agosto de 2016 -Cuaderno núm. 6, folios 1194 a 1196.
20 Cfr. Cuaderno núm. 7, folios 1250 a 1251.
21 Cfr. Cuaderno núm. 7, folios 1265 a 1298.

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24. Además, advirtió sobre las distintas actuaciones que ha desplegado como
autoridad ambiental para el cumplimiento de las sentencias, que comprenden un
número importante de visitas técnicas. No obstante, señaló que su labor se ha visto
limitada por factores externos de entidades gubernamentales del orden nacional,
departamental y municipal. Pese a ello, refirió que no ha desfallecido en la búsqueda
de la conservación de los recursos naturales, que han sido afectados por el manejo
inadecuado de los residuos sólidos.

25. De otra parte, se opuso a las pretensiones de la demanda. Advirtió que los
competentes para el manejo de las basuras en el sector urbano y suburbano son
las autoridades municipales a través de las Empresas de Servicios Públicos de
Aseo. A su vez, indicó que la Policía Nacional es la encargada de evitar que se
arroje basura en las vías públicas y que dispone del comparendo ambiental
establecido en el Decreto 3695 de 25 de septiembre de 200922 para amonestar por
el incumplimiento de tal obligación.

26. Señaló que la problemática que se presenta por la confluencia de gallinazos
negros en la zona de disposición de las basuras en El Carrasco le compete a la
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA por ser la entidad que tiene el
control de la disposición final de las basuras en el relleno.

27. El Área Metropolitana de Bucaramanga23 contestó la demanda el 31 de
enero de 201724; formuló las excepciones de: i) falta de legitimación en la causa por
pasiva; ii) el agotamiento de la jurisdicción; iii) falta de competencia del Área
Metropolitana de Bucaramanga en el objeto de la acción; iv) inexistencia de
vulneración de los derechos colectivos; y v) la excepción genérica del artículo 282
del Código General del Proceso. En tal sentido, se opuso a las pretensiones de la
demanda, a la condena en costas y a las agencias en derecho.

28. Sobre el particular, manifestó que no tiene competencia en el asunto,
comoquiera que, las funciones de autoridad ambiental y de apoyo a las entidades
territoriales en temas ambientales y funciones de planificación, de conformidad con
el Acuerdo Metropolitano núm. 016 de 2012, no conllevan la posibilidad y el deber
de garantizar los derechos e intereses colectivos en relación con el servicio público

22 “[…] Por medio del cual se reglamenta la Ley 1259 de 2008 y se dictan otras disposiciones […]”.
23 A través de apoderado judicial.
24 Cfr. Cuaderno núm. 7, folios 1337 a 1345.

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de aseo o de disposición de los residuos sólidos, de conformidad con la Ley 1625
de 29 de abril de 201325.

29. Del mismo modo, precisó que su deber funcional consiste en realizar el
control y seguimiento de la ejecución de los Planes de Gestión Integral de Residuos
Sólidos Regionales PGIRS, exclusivamente, con las metas de aprovechamiento y
autorizaciones ambientales que requiera el prestador de servicios de aseo, de
conformidad con la reglamentación ambiental vigente.

30. Afirmó que ha adelantado su labor de seguimiento y control del medio
ambiente urbano en El Carrasco, que es operado por la Empresa de Aseo de
Bucaramanga EMAB S.A. E.S.P., bajo las directrices de tres autoridades
ambientales, la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de
Bucaramanga –autoridad ambiental rural–, el Área Metropolitana de Bucaramanga
AMB –controla y vigila el medio ambiente urbano– y la Autoridad Nacional de Licencias
Ambientales ANLA – autoridad que, desde la última emergencia decretada por los
municipios que integran el Área Metropolitana de Bucaramanga, dispuso su mediación para
el cumplimiento de la sentencia en el proceso con número de radicación 2002-02891–. Bajo
tal señalamiento, indicó que no es dable declarar la vulneración de los derechos
colectivos al goce de un ambiente sano y a la existencia de un equilibrio ecológico
por parte del Área Metropolitana de Bucaramanga.

Audiencia de pacto de cumplimiento

31. La audiencia de pacto de cumplimiento se realizó el 29 de junio de 2016 26.
No obstante, la diligencia se declaró fallida debido a la ausencia de ánimo
conciliatorio de las partes intervinientes, quienes no presentaron ninguna fórmula
de arreglo.

Sentencia proferida, en primera instancia

32. El Tribunal Administrativo de Santander profirió sentencia27 el 27 de
noviembre de 2019, en la que resolvió lo siguiente:

“[…] PRIMERO. DECLARAR la vulneración de los derechos e intereses colectivos al
goce de un ambiente sano, a la seguridad y salubridad pública y al acceso a una
infraestructura de servicios públicos que garanticen la salubridad pública, por parte
de los MUNICIPIOS DE BUCARAMANGA, LEBRIJA Y GIRON, de conformidad con
las razones expuestas en parte motiva de la presente providencia.

25 “[…] Por la cual se deroga la Ley Orgánica 128 de 1994 y se expide el Régimen para las Áreas Metropolitanas

[…]”.
26 Cfr. Cuaderno núm. 4, folios 801 a 803.
27 Ibidem 1.

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SEGUNDO. ORDENAR a los MUNICIPIOS DE BUCARAMANGA, LEBRIJA Y
GIRÓN, que de manera coordinada y en el marco de sus competencias, realicen una
participación efectiva en los Comités de Peligro Aviario convocados por la Aeronáutica
Civil, con propósito de hacer seguimiento a las condiciones de atracción del gallinazo
negro y se logre elaborar una solución a la problemática asociada al peligro aviario
en zonas aledañas al Aeropuerto Palonegro de Bucaramanga. En igual sentido, los
referidos entes territoriales deberán dar efectivo cumplimiento a las actividades y
compromisos adquiridos en sus respectivos Planes de Manejo para el control de
gallinazo.

TERCERO. ORDENAR a los MUNICIPIOS DE BUCARAMANGA, LEBRIJA Y
GIRÓN, que de manera coordinada y en el marco de sus competencias, que en el
término de tres (3) meses contados a partir de la ejecutoria de la presente providencia,
procedan a realizar la identificación y seguimiento de actividades dentro del sector
agroproductivo, incluidos mataderos clandestinos, avícolas y porcícolas, con el fin de
inactivar y/o controlar el desarrollo de su actividad y garantizar adecuado manejo de
los insumos y residuos derivados de su proceso productivo. Cumplido lo anterior,
deberá presentarse ante la autoridad ambiental competente para efectos de su
aprobación.

CUARTO. DENEGAR las demás pretensiones de la demanda, exonerando de
responsabilidad a las demás entidades que fueron vinculadas al proceso, por cuanto
respecto de las mismas no se logró demostrar la existencia de una acción u omisión
que resultara vulneratoria de los derechos colectivos objeto del presente amparo.

QUINTO. ORDENAR la conformación del Comité de Verificación que deberá estar
integrado por el actor popular, los Municipios de Bucaramanga, Lebrija y Girón, la
Empresa de Aseo de Bucaramanga -EMAB SA. ESP-, la Unidad Administrativa
Especial de Aeronáutica Civil, la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de
la Meseta de Bucaramanga -CDMB- y Área Metropolitana de Bucaramanga -AMB-,
con el propósito de que realice seguimiento y adopte las medidas necesarias para el
cabal cumplimiento de la presente sentencia, conforme a lo expuesto en la parte
motiva de esta providencia.

SEXTO. CONDENAR en costas de primera instancia a los Municipios de
Bucaramanga, Lebrija y Girón, las cuales se liquidarán de manera concentrada por el
A Quo, conforme al artículo 366 del C.G.P. Las agencias en derecho se fijarán en
auto separado.

SÉPTIMO. Ejecutoriada esta providencia, ARCHIVENSE las diligencias, previas las
constancias y anotaciones de rigor en el Sistema Siglo XXI […]”.

Consideraciones del Tribunal

33. El Tribunal consideró que las excepciones denominadas “inexistencia del
hecho generador del daño” e “improcedencia de la acción popular” formuladas por
el Municipio de Girón; las de “inexistencia de violación de la normatividad legal” e
“inexistencia de las omisiones que generaron la presentación de la demanda”
formuladas por la Empresa de Aseo de Bucaramanga S.A. E.S.P.; y, la de
“inexistencia de vulneración de derechos colectivos” formulada por el Área
Metropolitana de Bucaramanga, no tienen connotación de excepciones previas o
mixtas.

34. En lo atinente a la excepción de agotamiento de la jurisdicción respecto del
proceso con número único de radicación 680013331004200202891-01, que cuenta

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con sentencias de primera y segunda instancia –respectivamente– de 1.° de marzo
de 2009 y de 16 de febrero de 2011, alegada por la Corporación Autónoma Regional
para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, el Municipio de Girón y el Área
Metropolitana de Bucaramanga, el Tribunal consideró que no había lugar a su
configuración, toda vez que el objeto en ambas demandas es distinto.

34.1. Ello por cuanto, la acción popular 2002-02891 se refirió específicamente a la
problemática ambiental relacionada con el manejo inadecuado de las basuras
depositadas en El Carrasco y los efectos en las comunidades aledañas, mientras
que en la demanda interpuesta por el Superintendente de Transporte lo que se
pretende es contrarrestar el riesgo en la operación aérea que provoca la existencia
de aves de carroña o gallinazos negros en las cercanías del Aeropuerto
Internacional Palonegro de Bucaramanga.

35. En lo que al fondo del asunto corresponde, la Sala encontró vulnerados los
derechos colectivos al goce de un ambiente sano, a la seguridad y salubridad
públicas y al acceso a una infraestructura de servicios públicos que garanticen la
salubridad pública por parte de los Municipios de Bucaramanga, Lebrija y Girón, los
cuales colindan con el Aeropuerto Internacional Palonegro de Bucaramanga; en
tanto, halló demostrado que el manejo inadecuado de sus residuos sólidos es una
fuente generadora de los gallinazos negros en las inmediaciones del aeródromo.

36. Concluyó que la prestación directa o indirecta del servicio público de aseo es
una de las principales funciones a cargo de los municipios. En tal sentido, ordenó
que los Municipios de Bucaramanga, Lebrija y Girón efectúen todas las actuaciones
necesarias para que en sus jurisdicciones realicen de forma efectiva y adecuada el
manejo de sus residuos sólidos, en aras de aminorar y “extinguir la presencia de
gallinazos negros en inmediaciones del Aeropuerto Palonegro de Bucaramanga”,
para evitar que sigan siendo un riesgo en las operaciones aéreas.

37. Puntualmente, dispuso que estos municipios de manera coordinada y en el
marco de sus competencias realicen una participación efectiva en los Comités de
Peligro Aviario convocados por la Aeronáutica Civil, con el propósito de hacer
seguimiento a las condiciones de atracción del gallinazo negro y se elabore una
solución a la problemática. Del mismo modo, ordenó que los entes territoriales den
cumplimiento a las actividades y compromisos establecidos en los Planes de
Manejo para el control de gallinazo.

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38. A su vez, resolvió que estos municipios en el marco de sus competencias y
dentro de los tres (3) meses siguientes, contados a partir de la ejecutoria de la
sentencia, realicen la identificación y seguimiento de las actividades en el sector
agroproductivo (mataderos clandestinos, avícolas, porcícolas) con el fin de inactivar
y/o controlar el desarrollo de su actividad y garantizar el adecuado manejo de los
insumos y residuos del proceso productivo.

39. Respecto de las demás entidades negó las pretensiones de la demanda por
no encontrar demostrada la existencia de una acción u omisión que conlleve la
vulneración de los derechos colectivos.

40. Finalmente, dispuso la conformación del Comité de Verificación para el
cumplimiento de la sentencia y condenó en costas de primera instancia a los
Municipios de Bucaramanga, Lebrija y Girón, según lo dispuesto en el artículo 366
del Código General del Proceso.

Recursos de apelación

Municipio de Girón

41. El Municipio de Girón28 recurrió la sentencia de primera instancia mediante
escrito de 29 de noviembre de 201929. Se opuso a la sentencia proferida por el a
quo en tanto, a su juicio, no ha vulnerado los derechos al goce de un ambiente sano,
a la seguridad y a la salubridad públicas, así como al acceso a la infraestructura de
servicios públicos que garanticen la salubridad pública, dado que ha cumplido a
cabalidad los requerimientos efectuados.

42. Señaló que las excepciones denominadas como: inexistencia del hecho
generador del daño e improcedencia de la acción popular debieron ser resueltas
como excepciones previas o mixtas.

43. Por otra parte, insistió en que se probaron los presupuestos para declarar la
excepción de agotamiento de la jurisdicción debido a que los hechos y pretensiones
de este asunto respecto de la acción popular 2002-02891 son los mismos. Además,
alegó que ambos procesos buscan el mismo objeto, aunque los derechos e
intereses colectivos se hayan manifestado de forma diferente.

28 Mediante apoderado judicial.
29 Cfr. Cuaderno principal, folios 1618 a 1620.

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44. Asimismo, indicó que, pese a que el Tribunal Administrativo de Santander
confirmó30 la sentencia de primera instancia en la acción popular 2002-02891, en el
sentido de ordenar el cierre del relleno sanitario El Carrasco, esto no se ha cumplido,
en tanto, no existe otro lugar para la disposición final de los residuos sólidos. Sin
embargo, precisó que esto no ha sido provocado por acción u omisión del municipio,
en la medida que es el ente territorial más interesado en el traslado del relleno
sanitario, debido a la afectación que generan los malos olores.

45. Para argumentar su posición, aduce que la solución a la problemática no es
seguir conformando comités, ni hacer seguimientos como se manifiesta en la
sentencia objeto de recurso. En contraposición, refirió que la situación se zanja con
la reubicación del depósito final de basuras El Carrasco, en la medida que no es
apto para seguir funcionando en el lugar donde se encuentra.

46. Por todo lo anterior, pidió revocar las órdenes de la sentencia en lo que
concierne al Municipio de Girón y solicitó condenar en costas y agencias en derecho
al demandante.

Municipio de Bucaramanga

47. El Municipio de Bucaramanga31 interpuso recurso de apelación32 mediante
escrito allegado el 2 de diciembre de 2019. Sustentó su inconformidad con la
sentencia de primera instancia, al considerar que el Tribunal no tuvo en cuenta que
la Aeronáutica Civil es la autoridad que ejerce el control y vigilancia para la
adecuada prestación del servicio aéreo en condiciones de calidad, oportunidad y
seguridad.

47.1. Adujo que en el marco de competencias de dicha entidad se han establecido
los Comités Aviarios que se integran con municipios del Área Metropolitana de
Bucaramanga, en los cuales se presentó el Plan de Manejo Ambiental para el
Control del Gallinazo Negro. Sobre el particular, afirmó que el Municipio asiste de
manera activa, propositiva y efectúa el seguimiento a las condiciones de atracción
del gallinazo negro.

48. Recalcó que todas las actividades para el control de dichas aves en el área
comprendida en el Aeropuerto Internacional Palonegro deben ser realizadas “en
asocio” con la Empresa de Aseo de Bucaramanga S.A. E.S.P., por ser la autoridad

30 En sentencia de 16 de febrero de 2011.
31 Mediante apoderado judicial.
32 Cfr. Cuaderno Principal, folios1621 a 1623.

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que –desde el año 199833– tiene aprobado el Plan de Manejo de los Recursos Sólidos
del Relleno Sanitario El Carrasco –mayor foco de gallinazos negros en el Área
Metropolitana de Bucaramanga–.

49. Refirió que, como el Aeropuerto Internacional Palonegro geográficamente
está ubicado en Lebrija, no tiene jurisdicción territorial para ejercer la función de
inspección, vigilancia y control en este y otros municipios.

50. Además, se opuso a la condena en costas, con sustento en que el Municipio
de Bucaramanga ha venido –y continuará– participando en el Comité Aviario,
establecido de conformidad con los lineamientos del Plan de Manejo Ambiental para
el control del Gallinazo Negro; en tal sentido, sustentó que la orden impartida por el
a quo se encuentra satisfecha.

51. En consecuencia, solicitó revocar la sentencia proferida en primera instancia
y absolver al Municipio de Bucaramanga.

Concesión del recurso de apelación

52. El Magistrado Sustanciador del Tribunal Administrativo de Santander
concedió el recurso de apelación interpuesto por los Municipios de Girón y
Bucaramanga contra la sentencia de 27 de noviembre de 2019, mediante auto
proferido el 23 de enero de 202034.

Actuaciones en segunda instancia

53. El Despacho Ponente, mediante auto de 14 de mayo de 202135, admitió los
recursos de apelación interpuestos por los Municipios de Girón y Bucaramanga
contra la sentencia de 27 de noviembre de 2019.

54. Asimismo, corrió traslado a las partes para la presentación de alegatos por
escrito y al Ministerio Público para rendir concepto mediante auto de 20 de enero
de 2023.

33 Resolución núm. 1337 de 17 de diciembre de 1998 y Resolución núm. 368 de 11 de marzo de 2014.
34 Cfr. Cuaderno principal, folio 1630.
35 Cfr. Índice 9 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado:
AUTOQUEADMITERECURSODEAPELACION(.pdf) NroActua 9.

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55. El Municipio de Girón36, la Aeronáutica Civil37, el Área Metropolitana de
Bucaramanga38, el Municipio de Lebrija39, la Corporación Autónoma Regional para
la Defensa de la Meseta de Bucaramanga CDMB40 y la Superintendencia de
Transporte41 presentaron alegaciones, en términos similares a los aducidos a lo
largo del proceso.

56. El Ministerio Público42 rindió concepto núm. 019/2023 el 16 de febrero de
202343, en el cual solicitó confirmar la decisión de primera instancia que declaró la
vulneración de los derechos colectivos al goce de un ambiente sano, a la seguridad
y salubridad públicas y al acceso a una infraestructura de servicios públicos que
garanticen la salubridad pública por parte de los Municipios de Bucaramanga,
Lebrija y Girón.

57. El Consejero de Estado, doctor Germán Eduardo Osorio Cifuentes44
manifestó impedimento en los términos del numeral 3.° del artículo 130 de la Ley
1437 de 18 de enero de 201145.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

58. La Sala abordará el estudio del presente asunto en las siguientes partes: i) la
competencia de la Sala; ii) la manifestación de impedimento del doctor Germán
Eduardo Osorio Cifuentes; iii) los problemas jurídicos; iv) el marco normativo y
desarrollo jurisprudencial del medio de control de protección de los derechos e
intereses colectivos; v) el derecho colectivo al goce de un ambiente sano; vi) el
derecho colectivo a la seguridad y salubridad públicas; vii) el derecho colectivo al
acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública; viii)
las competencias de las entidades territoriales y de las autoridades ambientales en

36 Cfr. Índice 34 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado:
131_RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_ANEXOAP201400010(.pdf) NroActua 34.
37 Cfr. Índice 35 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado:
133_RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_ANEXOAP201400010(.pdf) NroActua 35.
38 Cfr. Índice 38 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado:
139_RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_ALEGATOSDECONCLUSI(.pdf) NroActua 38.
39 Cfr. Índice 39 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado:
141_RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_ALEGATOSACCIONPO(.pdf) NroActua 39.
40 Cfr. Índice 40 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado:
143_RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_CORREO_00010APPD(.pdf) NroActua 40.
41 Cfr. Índice 42 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado:
147_RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_ALEGATOSPODERYAN(.pdf) NroActua 42
42 Procurador Delegado de Intervención Cuarto ante el Consejo de Estado.
43 Cfr. Índice 44 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado:
149_MemorialWeb_Concepto019-2023(.pdf) NroActua 44.
44 Escrito de 31 de enero de 2024.
45 “[…] Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo […]”.

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materia de saneamiento básico; ix) la incidencia del riesgo aviario o de fauna en la
operación aeronáutica; y, x) el análisis del caso concreto.

Competencia de la Sala

59. Vistos: i) el artículo 16 de la Ley 472, sobre competencia para conocer de las
acciones populares en segunda instancia; ii) el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de
12 de marzo de 201946, sobre la distribución de asuntos entre las secciones del
Consejo de Estado; y, iii) el 15047 de la Ley 1437, sobre competencia del Consejo
de Estado, en segunda instancia; esta Sección es competente para conocer, en
segunda instancia, de los recursos de apelación que se presenten contra las
sentencias proferidas, en primera instancia, por los Tribunales Administrativos en el
trámite de las acciones populares.

60. Vistos los artículos 32048 y 32849 de la Ley 1564 de 12 de julio de 201250,
norma aplicable al presente caso, en virtud de lo dispuesto en el artículo 37 de la
Ley 472, el juez se limitará a conocer de los puntos o cuestiones a los cuales se
contraen los recursos interpuestos por los Municipios de Girón y Bucaramanga.

61. Agotados los trámites inherentes a la acción popular de que trata este asunto
y sin que se observe causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, la Sala
procede a proferir la sentencia correspondiente.

Manifestación de impedimento del doctor Germán Eduardo Osorio Cifuentes

62. El Consejero de Estado, doctor Germán Eduardo Osorio Cifuentes, manifestó
encontrarse impedido para actuar en el proceso de la referencia, mediante escrito
de 31 de enero de 202451, con sustento en la causal prevista en el numeral 3.° del
artículo 130 de la Ley 143752, que establece lo siguiente:

46 “[…] Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado […]”.
47 “Artículo 150. Competencia del Consejo de Estado en Segunda Instancia y Cambio de Radicación. Modificado

Ley 1564 de 2012, artículo 615. El Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en
segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales
administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación […]”.
48 “[…] Artículo 320. FINES DE LA APELACIÓN. El recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine

la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante, para que el
superior revoque o reforme la decisión. Podrá interponer el recurso la parte a quien le haya sido desfavorable
la providencia: respecto del coadyuvante se tendrá en cuenta lo dispuesto en el inciso segundo del artículo […]”.
49 “[…] Artículo 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse

solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de
oficio, en los casos previstos por la ley. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o
la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones […]”.
50 “[…] Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones […]”.
51 Cfr. Índice 56 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado:
168_MANIFESTACIONDEIMPEDIMENTO_IMPEDIMENT(.pdf) NroActua 56.
52 Aplicable en virtud del artículo 44 de la Ley 472.

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“[…] ARTÍCULO 130. CAUSALES. Los magistrados y jueces deberán declararse
impedidos, o serán recusables, en los casos señalados en el artículo 150 del
Código de Procedimiento Civil y, además, en los siguientes eventos:

[…]

3. Cuando el cónyuge, compañero o compañera permanente, o alguno de los
parientes del juez hasta el segundo grado de consanguinidad, segundo de
afinidad o único civil, tengan la condición de servidores públicos en los niveles
directivo, asesor o ejecutivo en una de las entidades públicas que concurran
al respectivo proceso en calidad de parte o de tercero interesado […]”.
(Destacado fuera de texto).

63. El Consejero de Estado indicó que, en su concepto, se encuentra incurso en
la causal por cuanto: “[…] el señor José Fernando Osorio Cifuentes, quien es
pariente del suscrito dentro del segundo grado de consanguinidad (hermano), se
encuentra vinculado en el cargo de Procurador Judicial II en la Procuraduría General
de la Nación, parte demandada en el proceso de la referencia […]”.

64. Vistos: i) los artículos 130, numeral 3.°; 13153, numeral 3.°, de la Ley 1437,
sobre las causales y el trámite para manifestar impedimento; ii) el artículo 140 de la
Ley 1564, sobre declaración de impedimentos; y iii) 44 de la Ley 472, sobre
aspectos no regulados.

65. Atendiendo a que las causales de impedimento establecidas en la ley son
mecanismos jurídicos que buscan garantizar que las decisiones adoptadas por los
administradores judiciales estén enmarcadas dentro de los principios de
independencia e imparcialidad.

66. La Corte Constitucional54 ha considerado que el principio de independencia
se refiere a que los funcionarios encargados de administrar justicia, en sus
decisiones, no se vean sometidos a presiones, insinuaciones, recomendaciones,
exigencias, determinaciones o consejos por parte de otros órganos del poder,
inclusive de la misma rama judicial, sin perjuicio del ejercicio legítimo por parte de
otras autoridades judiciales de sus competencias constitucionales y legales.

67. De conformidad con los argumentos expuestos por el doctor Germán
Eduardo Osorio Cifuentes, en el caso sub examine, y teniendo en cuenta la causal
prevista en el numeral 3.° del artículo 130 de la Ley 1437, la Sala considera que se
debe establecer si el cargo de Procurador Judicial II en la Procuraduría General de

53 Adicionado por el artículo 21 de la Ley 2080 de 25 de enero de 2021 “Por medio de la cual se Reforma el

Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo –Ley 1437 de 2011– y se dictan
otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción”.
54 Corte Constitucional, Sentencia C-600 de 2011, Magistrada Ponente María Victoria Calle Correa

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la Nación, al cual se encuentra vinculado el pariente del Consejero de Estado,
corresponde al nivel directivo, asesor o ejecutivo en esa entidad.

68. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado,
mediante auto de 8 de agosto de 2023, proferida en el proceso identificado con el
número único de radicación 110010315000202300871-0055, consideró que, en el
caso de los Procuradores Judiciales II, debe acudirse a un criterio funcional y que,
de conformidad con el artículo 4.° del Decreto 264 de 2000, se establece que son
cargos directivos aquellos que actúen en representación del Procurador General de
la Nación, por lo que según lo señalado en los artículos 277 y 280 de la Constitución
Política, en concordancia con el artículo 41 del Decreto Ley 262 de 22 de febrero de
200056 cumplen esta función. En dicha providencia se consideró lo siguiente:

“[…] En cuanto a la ubicación del empleo de procurador judicial II en la estructura
de la Procuraduría General de la Nación, se tiene que el Decreto 264 de 2000, en
su artículo 7, se refiere a la nomenclatura de los empleos de la entidad y señala
que los procuradores judiciales II se encuentran en el nivel profesional,
asignándoles el código 3PJ y el grado EC.

No obstante lo anterior, en claro desarrollo de un criterio funcional, en el
artículo 4 del mencionado Decreto 264 de 2000 se establece que son cargos
del nivel directivo aquellos empleos que tienen funciones de dirección,
definición de políticas y de representación del Procurador General. En el
numeral 10 de ese artículo señala como funciones generales de los empleos de
ese nivel: “10. Intervenir como agentes del Ministerio Público, de conformidad con
lo establecido en la Constitución y la ley”, lo que resulta congruente con lo
prescrito en los artículos 277-7 y 280 de la Carta Política, en tanto los
procuradores judiciales II tienen la condición de agentes del Ministerio
Público que, entre otras, ejercen funciones de intervención judicial en
representación del Procurador General de la Nación, lo que igualmente se ve
refrendado en el artículo 41 del Decreto Ley 262 de 2000, de manera que la simple
ubicación formal del mencionado artículo 7 del Decreto 264 de 2000 no puede
tenerse en consideración para los efectos de esta decisión […]”. (Destacado fuera
de texto).

69. Atendiendo a que, en el presente caso, el pariente, en segundo grado de
consanguinidad, del Consejero de Estado, doctor German Eduardo Osorio
Cifuentes, se encuentra nombrado en la entidad demandada, en el cargo de
Procurador Judicial II, el cual, desde una perspectiva material y funcional,
corresponde al nivel directivo, la Sala considera que, en este caso, se configura la
causal de impedimento invocada y, en consecuencia, se separará del conocimiento

55 Consejera Ponente, doctora Marta Nubia Velásquez Rico.
56 “[…] Por el cual se modifican la estructura y la organización de la Procuraduría General de la Nación y del

Instituto de Estudios del Ministerio Público; el régimen de competencias interno de la Procuraduría General; se
dictan normas para su funcionamiento; se modifica el régimen de carrera de la Procuraduría General de la
Nación, el de inhabilidades e incompatibilidades de sus servidores y se regulan las diversas situaciones
administrativas a las que se encuentren sujetos […]”.

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de este proceso al Consejero de Estado impedido, como se dispondrá en la parte
resolutiva de esta sentencia.

Problemas jurídicos

70. La Sala deberá determinar, con fundamento en los recursos de apelación
interpuestos por los municipios de Girón y Bucaramanga:

70.1. Si, en el caso particular, se configuran o no los supuestos para declarar
probada la excepción de agotamiento de jurisdicción respecto del proceso de acción
popular identificado con número único de radicación 680013331004200202891-01.

70.2. Asimismo, si le asiste razón o no al Municipio de Girón al argumentar que
respecto de las excepciones que formuló, puntualmente, las denominadas
“inexistencia del hecho generador del daño” e “improcedencia de la acción popular”,
el Tribunal debió resolverlas de manera previa al análisis de fondo, o si, por el
contrario, le corresponde confirmar lo decidido por el a quo en el sentido de precisar
que tales excepciones son objeto de ser resueltas al efectuar el estudio de fondo,
comoquiera que se encuentran sustentadas en argumentos de defensa de los
demandados.

70.3. Una vez superado el análisis anterior, la Sala determinará si está probada o
no la amenaza o vulneración de los derechos colectivos: al goce de un ambiente
sano, a la seguridad y salubridad públicas y al acceso a una infraestructura de
servicios públicos que garanticen la salubridad pública, por los Municipios de
Bucaramanga y Girón, de conformidad con sus competencias constitucionales,
legales y reglamentarias, en lo que respecta, a la problemática relacionada con la
existencia de focos de atracción del gallinazo negro en un radio de trece (13)
kilómetros a la redonda contados a partir del eje central del Aeropuerto Internacional
Palonegro y su incidencia en el riesgo de fauna en la operación aérea.

70.4. Posteriormente, en caso de encontrar probada la amenaza o vulneración de
los derechos e intereses colectivos, la Sala deberá determinar cuáles son las
medidas idóneas que se deben ordenar con el propósito de satisfacer la protección
de los derechos e intereses conculcados.

71. Aunado a ello, decidirá si hay lugar o no a la imposición de la condena en
costas. De modo semejante, resolverá si el comité de verificación de cumplimiento
constituido mediante el ordinal quinto de la sentencia proferida por el Tribunal, en

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primera instancia, cumple con las normas y los desarrollos jurisprudenciales sobre
la materia.

72. En este orden de ideas, la Sala determinará si debe confirmar, modificar o
revocar la sentencia de 27 de noviembre de 2019 proferida en primera instancia por
el Tribunal Administrativo de Santander.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del medio de control de
protección de los derechos e intereses colectivos

73. Visto el artículo 88 de la Constitución Política, que dispone que las acciones
populares son un mecanismo de protección “[…] de los derechos e intereses
colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad
públicas, la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia económica y
otros de similar naturaleza que se definan en ella […]”.

74. En desarrollo de la norma constitucional, el legislador expidió la Ley 472 que,
en su artículo 2.º, definió las acciones populares como “[…] los medios procesales
para la protección de los derechos e intereses colectivos […]” que se ejercen para
“[…] evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la vulneración o
agravio sobre los derechos e intereses colectivos, o restituir las cosas a su estado
anterior cuando fuere posible […]”.

75. Esta acción tiene por objeto que “toda persona natural o jurídica” pueda
disponer de un mecanismo judicial para la protección efectiva de los derechos e
intereses colectivos, cuya amenaza o vulneración debe probarse en el trámite del
proceso, con miras a la procedencia del amparo pretendido.

76. Conforme lo anterior, los supuestos sustanciales para la procedencia de la
acción popular son los siguientes: i) una acción u omisión de la parte demandada;
ii) un daño contingente, peligro, amenaza, vulneración o agravio de derechos o
intereses colectivos; y, iii) la relación o nexo de causalidad entre la acción u omisión
y la afectación de los derechos e intereses.

77. Sobre el particular, la Sección Primera del Consejo de Estado, en providencia
de 28 de marzo de 2014, explicó que la acción popular es autónoma y principal y,
además, puede ser ejercida por cualquier persona natural o jurídica; sin embargo,
“[…] quien concurre al litigio después de haberse promovido la acción popular por
diferente persona, sólo puede acogerse al proceso dentro de los términos en que
está presentada la demanda, es decir, no le es dable al tercero extenderse en la

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materia discutida, los móviles o las consecuencias del proceso, puesto que es la
parte actora quien en la demanda, fija el litigio […]”57.

78. La Sala resalta que, conforme a los artículos 1.°, 2.°, 4.° y 9.° de la citada Ley
472, la acción popular se caracteriza porque: i) está dirigida a obtener la protección
de los derechos e intereses de naturaleza colectiva definidos como tales en la
Constitución Política, en las leyes y en los tratados celebrados por Colombia; ii) su
objetivo es evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la
vulneración o el agravio sobre los derechos e intereses colectivos y restituir las
cosas a su estado anterior, cuando ello fuere posible; iii) es una acción pública y un
mecanismo propio de la democracia participativa, por lo tanto, puede ser ejercida
por “toda persona”, organizaciones no gubernamentales, las entidades públicas de
control, el Procurador General de la Nación, el Defensor del Pueblo, los personeros
y los servidores públicos; iv) es una acción autónoma y principal; v) no tiene carácter
sancionatorio respecto de aquel contra quien se dirigen las pretensiones y,
eventualmente, recaiga la sentencia estimatoria; y, vi) no ha sido instituida como
mecanismo de control judicial de las leyes, en consecuencia, cuando con
fundamento en la eventual violación o amenaza a un derecho o interés colectivo se
pretenda impugnar una ley o que se imparta una orden al legislador, habrá de
acudirse a las acciones pertinentes.

79. Finalmente, es importante resaltar que la lesión o puesta en peligro de los
derechos colectivos debe estar debidamente probada, según lo dispuesto en el
artículo 30 de la Ley 472; al tiempo que, le corresponde al actor popular la carga de
probar los hechos que sustentan las pretensiones de la demanda.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho colectivo al goce de
un ambiente sano

80. Vistos los artículos 8.°, 58, 79, 80 y 95 de la Constitución Política,
relacionados con el derecho al goce de un ambiente sano. Considerando que la
Constitución Política de 1991 es una Constitución Ecológica que cuenta con más de
treinta disposiciones constitucionales que desarrollan la materia, entre los cuales se
destacan los artículos anteriormente citados que prevén: i) la obligación del Estado
y de las personas de proteger las riquezas naturales de la Nación; ii) la función
ecológica de la propiedad; iii) el derecho a gozar de un ambiente sano y el deber
del Estado de proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservando las

57 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Marco Antonio Velilla

Moreno, providencia de 28 de marzo de 2014, núm. único de radicación 25000-23-27-000-2001-90479-01(AP).

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áreas de especial importancia ecológica y fomentando la educación para el logro de
estos fines; y, iv) el deber del Estado de planificar el manejo y aprovechamiento de
los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación,
restauración o sustitución. Así como, de prevenir y controlar los factores de deterioro
ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños
causados.

81. El medio ambiente es entendido como un bien jurídico superior que se analiza
desde tres perspectivas (i) como un derecho de las personas, (ii) un servicio público
y, (iii) un principio que permea el ordenamiento jurídico en su integridad, dado que
asigna facultades e impone compromisos a las autoridades, al igual que, a los
particulares, en aras de su protección; adquiriendo, de esa forma, un carácter de
objetivo social.

82. El marco legal en materia ambiental encuentra sus inmediatos orígenes en la
Ley 23 de 19 de diciembre de 197358 y en el Decreto 2811 de 18 de diciembre de
197459, cuyos artículos 1.° y 2.°, establecen –en su orden– que: i) el medio ambiente
es un patrimonio común cuya preservación y manejo es una obligación exigible al
Estado y a los particulares y ii) el Código de Recursos Naturales y Protección al
Medio Ambiente tiene por objeto, entre otros aspectos, la preservación y
restauración del ambiente y la conservación, mejoramiento y utilización racional de
los recursos naturales renovables, previniendo y controlando los efectos nocivos de
la explotación de los recursos naturales no renovables sobre los demás recursos; y,
regular la conducta humana en sus dimensiones individual o colectiva, así como la
actividad de la administración en lo que se refiere a las relaciones que emanan del
aprovechamiento y conservación del medio ambiente.

83. De forma más reciente, la Ley 99 prevé los principios que la política ambiental
debe seguir, haciendo remisión específica a los postulados universales y de
desarrollo sostenible contenidos en la Declaración de Río de Janeiro de junio de
1992 sobre Medio Ambiente y Desarrollo. Adicionalmente, procura la protección de
la biodiversidad en Colombia como patrimonio nacional y de interés de la
humanidad, el derecho de los seres humanos a una vida saludable y productiva en
armonía con la naturaleza, resaltando que la formulación de políticas ambientales
debe tener en cuenta el resultado del proceso de investigación científica.

58 “[…] Por la cual se conceden facultades extraordinarias al Presidente de la República para expedir el Código

de Recursos Naturales y Protección al Medio Ambiente y se dictan otras disposiciones […]”.
59 “[…] Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio

Ambiente […]”.

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84. La Corte Constitucional60 ha resaltado la importancia del medio ambiente
sano como derecho colectivo, "[…] ya que los derechos colectivos y del ambiente
no sólo se le deben a toda la humanidad, en cuanto son protegidos por el interés
universal, y por ello están encuadrados dentro de los llamados derechos humanos
de 'tercera generación', sino que se le deben incluso a las generaciones que están
por nacer, toda vez que la humanidad del futuro tiene derecho a que se le conserve,
el planeta desde hoy, en un ambiente adecuado a la dignidad del hombre como
sujeto universal del derecho […]”.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho colectivo a la
seguridad y salubridad públicas

La seguridad pública

85. Vistos el Preámbulo y los artículos 2.° y 88 de la Constitución Política, sobre
el derecho a la seguridad pública; se tiene, por un lado, que el Preámbulo de la
Constitución Política establece que la Asamblea Constituyente, en ejercicio de su
poder soberano, asegura la vida, la convivencia y la paz. Y, por el otro, el artículo
2.° ibidem dispone como fines esenciales del Estado “[…] defender la
independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia
pacífica y la vigencia de un orden justo […]”.

86. Sobre el derecho a la seguridad, la Corte Constitucional61 ha considerado que
tiene tres connotaciones jurídicas relevantes: (i) es un valor constitucional, (ii) es un
derecho colectivo, y (iii) es un derecho fundamental.

87. En relación con su connotación de derecho colectivo, la Corte Constitucional
ha definido que se trata de “[…] un derecho que le asiste en forma general a todos
los miembros de la sociedad, quienes se pueden ver afectados por circunstancias
que pongan en riesgo bienes jurídicos colectivos tan importantes para el
conglomerado social, como el patrimonio público, el espacio público, la seguridad y
salubridad públicas, la moral administrativa, el medio ambiente o la libre
competencia económica (Art. 88, C.P.) […]”.

60 Corte Constitucional, Sentencia C-699/15. Referencia: Expediente D-10610. Asunto: Demanda de
inconstitucionalidad contra el Artículo 53, 54 (parcial) y 55 (parcial) de la Ley 13 de 1990 “Por la cual se dicta el
Estatuto General de Pesca”. Demandante: Diego López Medina. Magistrada Ponente: Diana Fajardo Rivera, 18
de octubre de 2017.
61 Corte Constitucional, sentencia T-123/2019, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.

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88. La Sección Primera del Consejo de Estado ha considerado que el derecho a
la seguridad es “[…] uno de los elementos que tradicionalmente se identifican como
constitutivo del orden público y, por tanto, como uno de los objetos a proteger por
parte del poder de policía. En la doctrina, se le delimita como la ausencia de riesgos
de accidentes, como la prevención de accidentes de diversos tipos y de flagelos
humanos y naturales, v.g. incendios, inundaciones, accidentes de tránsito, etc., lo
mismo que como la prevención de atentados contra la seguridad del Estado62 […]”.

La salubridad pública

89. Visto el artículo 49 de la Constitución Política referente a la atención de la
salud y el saneamiento ambiental como servicios públicos a cargo del Estado; y, los
artículos 46 de la Ley 715 de 21 de diciembre de 200163, 32 de la Ley 1222 de 9 de
enero de 200764 y 6.°, numeral 4.º de la Ley 1801 de 29 de julio de 201665, relativos
a la salud pública.

90. El artículo 49 de la Constitución Política ordena que la atención de la salud y
el saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del Estado, que se rigen
de conformidad con los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad. En tal
sentido, garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de promoción,
protección y recuperación de la salud.

91. El artículo 46 de la Ley 715 dispone que la gestión en salud pública es una
“[…] función esencial del Estado y para tal fin la Nación y las entidades territoriales
concurrirán en su ejecución […]. Las entidades territoriales tendrán a su cargo la
ejecución de las acciones de salud pública en la promoción y prevención dirigidas a
la población de su jurisdicción […]”.

92. El artículo 32 de la Ley 1222 señala que la salud pública está “constituida”
por “[…] el conjunto de políticas que buscan garantizar de una manera integrada, la
salud de la población por medio de acciones de salubridad dirigidas tanto de manera
individual como colectiva, ya que sus resultados se constituyen en indicadores de
las condiciones de vida, bienestar y desarrollo del país. Dichas acciones se

62 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 1.° de febrero de 2007, radicado número: 54001-23-31-

000-2004-00385-01(AP). Reiterada en sentencias de 1.° de marzo de 2007, radicado número: 73001-23-31-
000-2003-01236-01(AP), y de 28 de febrero de 2008, radicado número: 19001-23-31-000-2005-00988-01(AP).
63
“[…] Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad con los
artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras
disposiciones para organizar la prestación de los servicios de educación y salud, entre otros […]”.
64 “[…] Por la cual se hacen algunas modificaciones en el Sistema General de Seguridad Social en Salud y se

dictan otras disposiciones […]”.
65 “[…] Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana […]”.

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realizarán bajo la rectoría del Estado y deberán promover la participación
responsable de todos los sectores de la comunidad […]”.

93. De conformidad con el numeral 4.º del artículo 6.º de la Ley 1801 de 29 de
julio de 201666, la salud pública es una categoría jurídica de convivencia que implica
la responsabilidad que le asiste al Estado, así como a la ciudadanía como un
derecho de diferentes connotaciones67.

94. La Corte Constitucional, en sentencia C-225 de 2017, analizó la
constitucionalidad de la Ley 1801, que incluye el concepto de salud pública, la cual
exige un conjunto de condiciones sanitarias necesarias para la protección de la vida,
salud e integridad física del ser humano, de las especies animales y vegetales
presentes en el ecosistema. En esta decisión, la Corte mencionó que el concepto
de salubridad y/o salud pública son entendidas como expresiones sinónimas.

95. La Sección Primera del Consejo de Estado, en la sentencia proferida el 6 de
julio de 2018, indicó que “[…] i) no existe distinción entre los conceptos de ´salud
pública´ y ´salubridad pública´ de hecho se han entendido como sinónimos; ii) este
derecho colectivo se encuentra íntimamente relacionado con la conservación del
orden público y la garantía del bienestar de la comunidad; iii) esto mediante la
adopción de medidas tendientes a evitar su alteración […]”68.

96. Adicionalmente, la Sección Primera se ha pronunciado sobre la
trascendencia social y el alcance de los conceptos de seguridad y salubridad
pública, al respecto ha indicado lo siguiente:

“[…] [C]onstituyen las obligaciones que tiene el Estado de garantizar
condiciones mínimas que permitan el desarrollo de la vida en comunidad. Su
contenido general implica, en el caso de la seguridad, la prevención de los delitos,
las contravenciones, los accidentes naturales y las calamidades humanas y, en el
caso de la salubridad, la garantía de la salud de los ciudadanos. Estos derechos
colectivos están ligados al control y manejo de las situaciones de índole sanitario,
para evitar que tanto en el interior como en el exterior de un establecimiento o
de determinado lugar se generen focos de contaminación, epidemias u otras
circunstancias que puedan afectar la salud y la tranquilidad de la comunidad y en
general que afecten o amenacen el estado de sanidad comunitaria69 […]”.

66 Individual, colectivo y comunitario, cuyo desarrollo se basa en las condiciones.
67Corte Constitucional, Sentencia C-225/17. Referencia: Expediente D-11648. Asunto: Demanda de
inconstitucionalidad contra el artículo 220 de la Ley 1801 de 2016 “Por la cual se expide el Código Nacional de
Policía y Convivencia”. Actores: Francisco de Paula Santander Ruiz y Yamile Vega Parra. Magistrado Ponente:
Alejandro Linares Cantillo, 20 de abril de 2017.
68 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; C.P. Dr. Hernando Sánchez

Sánchez; sentencia de 6 de julio de 2018; núm. único de radicación: 680012333000201500848-01(AP).
69 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 5 de octubre de

2009, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, radicación número: 190012331000200500067-01. Cita reiterada en
sentencia de 5 de octubre de 2023, radicación número: 130012333000201701043-01.

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97. De acuerdo con lo anterior, es dable concluir que la salud y la salubridad
pública son conceptos que se han entendido como equivalentes por la
jurisprudencia. El derecho colectivo a la salubridad pública ha sido considerado
como una garantía relacionada con el control y manejo de las situaciones sanitarias
“[…] para evitar que tanto en el interior como en el exterior de un establecimiento o
de determinado lugar se generen focos de contaminación, epidemias u otras
circunstancias que puedan afectar la salud y la tranquilidad de la comunidad […]70”.
Esto, debido a que, su finalidad es evitar circunstancias que afecten el estado de
sanidad de la comunidad.

98. Sobre el concepto de salubridad pública, la Sección Primera ha considerado
que alude a las condiciones sanitarias necesarias para la protección de la vida, de
la salud e integridad del ser humano y de su entorno. Al respecto, se ha referido en
los siguientes términos:

“[…] La salubridad pública puede ser definida como una serie de condiciones
sanitarias, tanto químicas, como relativas a la organización y disposición del
espacio, necesarias para la protección de la vida, salud e integridad física del ser
humano, así como de las especies animales y vegetales presentes en el ecosistema.

Esta definición parte de entender que los problemas de salubridad pública no sólo
afectan al ser humano directamente, sino que la afectación que genera en especies
animales y vegetales, en sí misma problemática, también conduce indirectamente a
la afectación del ser humano por vía alimentaria o cualquier otra forma de
transmisión, al reconocer la interdependencia mutua.

[…]

Así, la protección de la salubridad o salud públicas implica la prohibición y sanción
de ciertos comportamientos, pero también una actividad prestacional por parte del
Estado, por ejemplo, en cuanto a la disposición de la infraestructura y servicio
público necesarios para crear condiciones adecuadas de sanidad […]71”.

99. Además, la jurisprudencia del Consejo de Estado de tiempo atrás viene
considerando que el derecho colectivo al acceso a una infraestructura de servicios
que garantice la salubridad pública consiste en una prerrogativa, según la cual, la
comunidad puede acceder a las infraestructuras que sirvan para “la buena gestión
de la salubridad pública”, que integra el conjunto de elementos y servicios propicios
para garantizar la salud.

70 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 15 de julio de 2004, C.P. Germán Rodríguez Villamizar,

radicación número AP 1834. Reiterado por la Sección Primera, en sentencia de 6 de julio de 2018, radicación
número: 68001-23-33-000-2015-00848-01(AP), C.P. Hernando Sánchez Sánchez.
71 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 22 de febrero de 2018, radicación número: 68001-23-31-

000-2012-00485-01, C.P. Hernando Sánchez Sánchez.

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100. Así, en sentencia de 19 de abril de 200772 el Consejo de Estado se pronunció
sobre el alcance del derecho colectivo al acceso a una infraestructura de servicios
que garantice la salubridad pública:

“[…] El derecho o interés colectivo al acceso a una infraestructura de servicios
que garantice la salubridad pública, detenta un origen constitucional, pues en el
artículo 88 alusivo a las acciones populares se indica el de la ‘salubridad’ como
derecho susceptible de protección a través de esta acción constitucional. Así mismo,
en la lista enunciativa de derechos e intereses colectivos susceptibles de amparo a
través de este instrumento, contenida en el artículo 4 de la Ley 472 de 1998, se
consagra de manera textual en su literal h.

Este derecho comprendido en su dimensión colectiva, debe entenderse como la
posibilidad que tiene la comunidad de acceder a instalaciones y organizaciones que
velen por o garanticen su salud. En este orden de ideas, puede pensarse en la
estructura sanitaria y en especial hospitalaria, como típica manifestación del mismo.

[…]

El derecho colectivo invocado como vulnerado en la presente acción es el del ‘acceso
a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública’. Es un servicio
público a cargo del Estado cuya finalidad es disminuir la morbilidad, es decir, la
proporción de personas que enferman en un sitio y tiempo determinado. Ahora bien,
el derecho invocado hace alusión igualmente a la palabra ‘infraestructura’ la cual
debe entenderse como un conjunto de elementos o servicios que se consideran
necesarios para la creación y funcionamiento de una organización, en este caso, para
la buena gestión de la salubridad pública. Por lo tanto, el acceso a una infraestructura
de servicios que garantice la salubridad pública implica, entre otros aspectos, la
posibilidad que tienen las personas de beneficiarse de los programas de salud
preventivos, de rehabilitación y atención, buscando disminuir el número de personas
enfermas en un lugar específico y en un espacio de tiempo determinado73.

Se observa así, que este específico derecho o interés colectivo no puede confundirse
con la salud de la comunidad, toda vez que se refiere más bien a la posibilidad de
esta de acceder a infraestructuras que sirvan para protegerla. Se verifica entonces
una relación comunidad - bienes y/o comunidad - organización; de tal modo que solo
se constatará la afectación a este derecho o interés colectivo, cuando se logre
demostrar la imposibilidad de acceso a una infraestructura de servicios determinada;
se insiste no es el acceso a los servicios, sino a la infraestructura de estos.

Si se hace referencia al acceso, se colige, que la garantía de este derecho o interés
colectivo, se obtendrá a través de órdenes orientadas a acceder a infraestructuras de
servicios […]”.

101. En pronunciamientos posteriores, la Sala ha considerado que el derecho al
acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública implica
que “[…] las construcciones y edificaciones estén adaptadas de tal forma que eviten

72 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 19 de abril de 2007, C.P. Alier Eduardo Hernández

Enríquez, radicación número: 54001-23-31-000-2003-00266-01(AP).
73 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 14 de noviembre

de 2002. C.P. Ligia López Díaz, radicación número: AP- 533. En esta decisión se discutía la naturaleza colectiva
que podía detentar la expectativa de los enfermos de VIH de acceder a instalaciones y medios hospitalarios.

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a las personas contraer enfermedades o, que se generen focos de contaminación
o epidemias que afecten o amenacen el estado de sanidad comunitaria […]”74.

Marco normativo sobre las competencias de las entidades territoriales y de
las autoridades ambientales en materia de saneamiento básico

102. Visto el artículo 49 de la Constitución Política, el saneamiento ambiental es
un servicio público a cargo del Estado, cuya prestación tiene prioridad. Este servicio
guarda estrecha relación con el derecho de todas las personas a gozar de un
ambiente sano; así como, con el deber universal de proteger la diversidad e
integridad del ambiente75, el cual, se concreta, fundamentalmente, en los deberes
de planificación integral de los recursos naturales para garantizar el desarrollo
sostenible, y de prevención y control de los factores de deterioro ambiental 76 tales
como la contaminación de las aguas o la acumulación o disposición inadecuada de
residuos, basuras, desechos y desperdicios77.

103. De conformidad con el artículo 356 de la Constitución Política, al legislador
se le asignó la potestad de definir las competencias de las entidades locales,
departamentales y nacionales para la efectiva prestación de los servicios públicos.
Además, la citada norma creó el Sistema General de Participaciones de los
Departamentos, Distritos y Municipios como un mecanismo tendiente a promover
su adecuada articulación, con base en los “principios de solidaridad,
complementariedad y subsidiariedad”.

104. De modo semejante, el artículo 288 de la Constitución Política establece que
“[…] las competencias atribuidas a los distintos niveles territoriales serán ejercidas
conforme a los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad en
los términos que establezca la ley […]”; esto es, de acuerdo con el artículo 4.° de
la Ley 136, modificado por el artículo 3.° de la Ley 1551 de 6 de julio de 201278,
según el cual:

“[…] Artículo 4°. Principios Rectores del Ejercicio de Competencia. Los
municipios ejercen las competencias que les atribuyen la Constitución y la ley,
conforme a los principios señalados en la ley orgánica de ordenamiento territorial y la

74 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 6 de julio de 2018, radicación número: 68001-23-33-000-

2015-00848-01(AP), C.P. Hernando Sánchez Sánchez. Reiterado en sentencia de 31 de enero de 2019,
radicación número: 85001-23-33-000-2014-00034-01(AP), C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.
75 Artículo 79.
76 Artículos 80 y 95, numeral 8.

En torno al principio de planificación ambiental: Decreto Ley 2811 de 1974, artículos: 9, f); 10, a); 45, d) y g);
188 y ss.; 314, d), h) e i); 316, entre otros.
77 Decreto Ley 2811 de 1974: Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección del Medio

Ambiente. Artículo 8°, numerales 1° y 8°.
78 “[…] Por la cual se dictan normas para modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios”.

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ley de distribución de recursos y competencias que desarrolla el artículo 356 de la
Constitución Política, y en especial con sujeción a los siguientes principios:

a) Coordinación. Las autoridades municipales, al momento de ejercer sus
competencias y sus responsabilidades, deberán conciliar su actuación con la
de otras entidades estatales de diferentes niveles.

b) Concurrencia. Los municipios y otras entidades estatales de diferentes
niveles tienen competencias comunes sobre un mismo asunto, las cuales
deben ejercer en aras de conseguir el fin para el cual surgieron las mismas.

Las competencias de los diferentes órganos de las entidades territoriales y del orden
nacional no son excluyentes sino que coexisten y son dependientes entre sí para
alcanzar el fin estatal.

Las entidades competentes para el cumplimiento de la función o la prestación del
servicio deberán realizar convenios o usar cualquiera de las formas asociativas
previstas en la ley orgánica de ordenamiento territorial para evitar duplicidades
y hacer más eficiente y económica la actividad administrativa. Los municipios de
categoría especial y primera podrán asumir la competencia si demuestran la
capacidad institucional que para el efecto defina la entidad correspondiente. Las
entidades nacionales podrán transferir las competencias regulatorias, las de
inspección y vigilancia a las entidades territoriales.

c) Subsidiariedad. La Nación, las entidades territoriales y los esquemas de integración
territorial apoyarán en forma transitoria y parcial a las entidades de menor
desarrollo económico y social, en el ejercicio de sus competencias cuando se
demuestre su imposibilidad de ejercerlas debidamente.

d) Complementariedad. Para complementar o perfeccionar la prestación de los
servicios a su cargo y el desarrollo de proyectos locales, los municipios podrán hacer
uso de mecanismos de asociación, cofinanciación y/o convenios […]”.

En igual sentido, el artículo 63 de la Ley 99 agregó que el principio de armonía
regional rige a las entidades territoriales, en el siguiente sentido:

“[…] Principio de Armonía Regional. Los Departamentos, los Distritos, los
Municipios, los Territorios Indígenas, así como las regiones y provincias a las
que la ley diere el carácter de entidades territoriales, ejercerán sus funciones
constitucionales y legales relacionadas con el medio ambiente y los recursos
naturales renovables, de manera coordinada y armónica, con sujeción a las
normas de carácter superior y a las directrices de la Política Nacional Ambiental,
a fin de garantizar un manejo unificado, racional y coherente de los recursos
naturales que hacen parte del medio ambiente físico y biótico del patrimonio
natural de la nación […]” (Destacado fuera de texto).

105. Como se observa, los principios de coordinación, concurrencia,
subsidiariedad, complementariedad y armonía regional deben permitir la
articulación de las entidades obligadas, en el ejercicio de sus competencias propias,
dado que todas ellas interactúan en la prestación del servicio o en la conservación
del entorno natural.

106. Según lo dispuesto en el artículo 311 de la Constitución Política, al municipio
“[…] le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley y construir
las obras que demande el progreso local […]”, eso sí, “[…] cuando las
características técnicas y económicas del servicio y las conveniencias generales lo

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permitan y aconsejen […]”, de acuerdo con lo establecido en el artículo 367 también
de la Constitución Política. A su vez, el artículo 3.°, numeral 19, de la Ley 136 precisa
que la prestación del servicio público de saneamiento básico es una función del
municipio que se encuentra a su cargo de forma principal.

107. De acuerdo con lo anterior, es posible concluir que, el municipio es la
autoridad encargada de la prestación adecuada del servicio público, cuando actúa
como prestador directo. No obstante, para lograr su eficiencia requiere de la
aplicación de los principios de coordinación interinstitucional, concertación,
interdependencia de funciones y asistencia, así como el diálogo y la cooperación
multilateral.

108. En términos similares, el artículo 76 de la Ley 71579 establece que a los
municipios les corresponde promover, financiar o cofinanciar proyectos, de forma
directa o a través de terceros en materia de servicios públicos. Además, de forma
explícita, les asigna funciones en materia ambiental, para la preservación y defensa
del medio ambiente; para la ejecución de programas y políticas para mantener el
ambiente sano; coordinar y dirigir, con la asesoría de las Corporaciones Autónomas
Regionales, las actividades permanentes de control y vigilancia ambiental; ejecutar
obras o proyectos de descontaminación; entre otras.

“[…] ARTÍCULO 76. COMPETENCIAS DEL MUNICIPIO EN OTROS SECTORES.
Además de las establecidas en la Constitución y en otras disposiciones, corresponde
a los Municipios, directa o indirectamente, con recursos propios, del Sistema General
de Participaciones u otros recursos, promover, financiar o cofinanciar proyectos de
interés municipal y en especial ejercer las siguientes competencias:
76.1. Servicios Públicos
Realizar directamente o a través de terceros en materia de servicios públicos además
de las competencias establecidas en otras normas vigentes la construcción,
ampliación rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura de servicios públicos.
“[…]”
76.5. En materia ambiental
76.5.1. Tomar las medidas necesarias para el control, la preservación y la defensa
del medio ambiente en el municipio, en coordinación con las corporaciones
autónomas regionales.
76.5.2. Promover, participar y ejecutar programas y políticas para mantener el
ambiente sano.
76.5.3. Coordinar y dirigir, con la asesoría de las Corporaciones Autónomas
Regionales, las actividades permanentes de control y vigilancia ambientales, que se
realicen en el territorio del municipio.
76.5.4. Ejecutar obras o proyectos de descontaminación de corrientes o depósitos de
agua afectados por vertimientos, así como programas de disposición, eliminación y
reciclaje de residuos líquidos y sólidos y de control a las emisiones contaminantes del
aire.

79 “[…] Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad con los

artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras
disposiciones para organizar la prestación de los servicios de educación y salud, entre otros […]”.

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76.5.5. Promover, cofinanciar o ejecutar, en coordinación con otras entidades
públicas, comunitarias o privadas, obras y proyectos de irrigación, drenaje,
recuperación de tierras, defensa contra las inundaciones y regulación de cauces o
corrientes de agua.
76.5.6. Realizar las actividades necesarias para el adecuado manejo y
aprovechamiento de cuencas y microcuencas hidrográficas.
76.5.7. Prestar el servicio de asistencia técnica y realizar transferencia de tecnología
en lo relacionado con la defensa del medio ambiente y la protección de los recursos
naturales.

109. Ahora bien, de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 de la Ley 99,
numerales 2.°, 4.°, 6.°, 8.°, 9.°, 10°, 12.°, 17.°, 18.°, 20.° y 26.°, a las Corporaciones
Autónomas Regionales les compete ejercer funciones de vigilancia y control;
imponer y ejecutar las medidas de policía y las sanciones previstas en la ley, en
caso de violación a las normas de protección ambiental; asesorar a las entidades
territoriales en la elaboración de proyectos en materia ambiental, y ejecutar,
administrar, operar y mantener en coordinación con las entidades territoriales,
proyectos, programas de desarrollo sostenible y obras de infraestructura cuya
realización sea necesaria para la defensa y protección o para la descontaminación
o recuperación del medio ambiente.

110. El Decreto 1077 de 26 de mayo de 201580, “Por medio del cual se expide el
Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio”, en su
artículo 2.3.2.2.3.87. ordena que los municipios y distritos tienen el deber de
elaborar, implementar y mantener actualizado el plan municipal o distrital para la
gestión integral de residuos o desechos sólidos. Adicionalmente, prevé que la
revisión y actualización del plan es obligatoria y debe realizarse dentro de los doce
(12) meses siguientes al inicio del período constitucional del alcalde distrital o
municipal. Al respecto, dispone lo siguiente:

“[…] ARTÍCULO 2.3.2.2.3.87. Plan para la gestión integral de residuos sólidos,
PGIRS. Los municipios y distritos, deberán elaborar, implementar y mantener
actualizado un plan municipal o distrital para la gestión integral de residuos o
desechos sólidos en el ámbito local y/o regional según el caso, en el marco de
la gestión integral de los residuos, el presente decreto y la metodología para la
elaboración de los PGIRS.

El PGIRS deberá incorporar y fortalecer de manera permanente y progresiva las
acciones afirmativas a favor de la población recicladora.

Así mismo, el PGIRS tendrá en cuenta entre otros, los siguientes lineamientos
estratégicos:

1. Reducción en el origen: Implica acciones orientadas a promover cambios en el
consumo de bienes y servicios para reducir la cantidad de residuos generados por
parte de los usuarios. Incluye el desarrollo de acciones que fomenten el ecodiseño de

80 Que compiló entre otros el Decreto 2981 de 20 de diciembre de 2013 “Por el cual se reglamenta la prestación

del servicio público de aseo”.

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productos y empaques que faciliten su reutilización o aprovechamiento, la
optimización de los procesos productivos, el desarrollo de programas y proyectos de
sensibilización, educación y capacitación.

2. Aprovechamiento: Implica el desarrollo de proyectos de aprovechamiento de
residuos para su incorporación en el ciclo productivo con viabilidad social, económica
y financiera que garanticen su sostenibilidad en el tiempo y evaluables a través del
establecimiento de metas por parte del municipio o distrito.

3. Disposición final de los residuos generados que no puedan ser aprovechados.

La implementación de los programas y proyectos establecidos en el PGIRS deberá
incorporarse en los planes de desarrollo del nivel municipal y/o distrital y con la
asignación de los recursos correspondientes.

La formulación e implementación del Plan para la Gestión Integral de Residuos
Sólidos, PGIRS, estará en consonancia con lo dispuesto en los planes de
ordenamiento territorial y lo establecido en este decreto. La revisión y actualización
es obligatoria y deberá realizarse dentro de los doce (12 meses siguientes al
inicio del período constitucional del alcalde distrital o municipal.

Parágrafo 1. En los estudios de factibilidad para la elaboración del Plan de Gestión
Integral de los Residuos Sólidos, las autoridades distritales y municipales deberán
garantizar la participación de los recicladores de oficio en la formulación,
implementación y actualización.

Parágrafo 2. El ente territorial no podrá delegar en la persona prestadora del servicio
público de aseo la elaboración, implementación y actualización de los PGIRS.

Parágrafo 3. Los Ministerios de Vivienda, Ciudad y Territorio y Ambiente y Desarrollo
Sostenible deberán adoptar la metodología para la elaboración de los PGIRS.
Mientras se expide la norma de metodología, se seguirá aplicando la Resolución 1045
de 2003, en lo que no sea contrario a lo dispuesto en el presente capítulo”. (Destacado
fuera del texto original).

111. El numeral 32 del artículo 2.3.2.1.1. del mismo Decreto 1077, define el plan
integral de residuos sólidos como “[…] el instrumento de planeación municipal o
regional que contiene un conjunto ordenado de objetivos, metas, programas,
proyectos, actividades y recursos definidos por uno o más entes territoriales para el
manejo de los residuos sólidos […]”. Se sustenta en una política de gestión integral
de residuos. Además, se elabora a partir de un diagnóstico inicial, define un plan
financiero viable, con medición de resultados y se ejecuta en un período
determinado.

112. El artículo 1.° de la Resolución 754 de 25 de noviembre de 201481 del
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, adoptó la metodología de formulación, implementación, evaluación,
seguimiento, control y actualización de los Planes de Gestión Integral de Residuos
Sólidos.

81 […] ¨Por la cual se adopta la metodología para la formulación, implementación, evaluación, seguimiento,

control y actualización de los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos […]”.

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112.1. El artículo 2.° de la misma Resolución establece como ámbito de aplicación
de esta norma: los municipios, distritos, los esquemas asociativos territoriales (que
tratan los artículos 13, 14, 15 y 19 de la Ley 1454 o la que los modifique o sustituya)
y a las demás entidades con funciones relacionadas con el PGIRS.

112.2. El artículo 3.° de la Resolución en mención, define como Plan de Gestión
Integral de Residuos Sólidos Regional, aquel “adoptado por dos o más municipios,
distritos o por alguno de los esquemas asociativos territoriales” mencionados en el
párrafo anterior.

112.3. En lo que al deber de mantener actualizados los Planes de Gestión Integral
de Residuos Sólidos corresponde, el artículo 4.° de la Resolución 754 anteriormente
indicada, establece que es una responsabilidad de los municipios, distritos y
esquemas asociativos territoriales, que debe realizarse con la participación de los
actores involucrados, como se transcribe a continuación:

“[…] Artículo 4. Responsabilidades en la formulación, implementación,
evaluación, seguimiento, control y actualización del PGIRS. Es responsabilidad
de los municipios, distritos, esquemas asociativos territoriales, la formulación,
implementación, evaluación, seguimiento, control y actualización del PGIRS en el
ámbito local o regional, según el caso. La formulación o actualización del PGIRS
deberá realizarse con la participación de los actores involucrados en la gestión
integral de residuos sólidos.

Los PGIRS formulados a la fecha de expedición de la presente resolución se tendrán
como insumo para realizar la formulación o actualización de conformidad con la
metodología definida en esta norma.

Parágrafo. En ningún caso el municipio podrá delegar esta responsabilidad en la
empresa prestadora del servicio público de aseo […]”.

112.4. El artículo 8.° determina que los Planes de Gestión Integral de Residuos
Sólidos deben articularse con los Planes o Esquemas de Ordenamiento Territorial
o Planes Estratégicos Metropolitanos de Ordenamiento Territorial, según el caso.

Sobre la incidencia del riesgo aviario o de fauna en la operación aeronáutica

113. El artículo 68 de la Ley 336 de 20 de diciembre de 1996 82 establece que el
transporte aéreo es un servicio público esencial, que se rige por las normas del
Código de Comercio, por el Manual de Reglamentos Aeronáuticos que dicte la
Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil y por los Tratados, Convenios,
Acuerdos Prácticas Internacionales debidamente adoptados por Colombia. De igual
manera, el artículo 2.° de esta misma norma prevé que la seguridad de los usuarios
constituye una prioridad esencial en el sector.

82 "[…] Por la cual se adopta el estatuto nacional de transporte […]".

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114. En materia de seguridad del transporte aéreo, la obligación de garantizar el
desarrollo de la aviación civil y de la administración del espacio aéreo en
condiciones de seguridad y eficiencia corresponde a la Unidad Administrativa
Especial de Aeronáutica Civil. Esta unidad de carácter técnico, especializada,
adscrita al Ministerio de Transporte, con personería jurídica, autonomía
administrativa y patrimonio independiente, de conformidad con lo establecido en el
artículo 2.° del Decreto 1294 de 14 de octubre de 202183, tiene a su cargo las
siguientes competencias:

“[…] ARTÍCULO 2o. OBJETIVO Y COMPETENCIA. La Unidad Administrativa
Especial de Aeronáutica Civil (Aerocivil), tiene como objetivo garantizar el desarrollo
de la aviación civil y de la administración del espacio aéreo en condiciones de
seguridad y eficiencia, en concordancia con las políticas, planes y programas
gubernamentales en materia económico-social y de relaciones internacionales para
el crecimiento del transporte aéreo en Colombia y le compete: (i) ser la autoridad
aeronáutica civil en todo el territorio nacional para regular, certificar, vigilar y controlar,
en materia aeronáutica a los proveedores de servicios a la aviación civil, el uso del
espacio aéreo colombiano y la infraestructura dispuesta para ello; (ii) prestar los
servicios a la navegación aérea y operar las ayudas requeridas para que la
navegación en el espacio aéreo colombiano se efectúe con seguridad; (iii) operar,
explotar y proveer los servicios aeroportuarios de los aeródromos a su cargo para que
se efectúe con seguridad; (iv) adelantar la investigación de accidentes e incidentes
de la aviación civil, para determinar las causas y factores contribuyentes al suceso;
(v) impartir entrenamiento, formación y capacitación en su calidad de Institución de
Educación Superior, y (vi) coordinar con la autoridad aeronáutica de aviación de
Estado la seguridad operacional y la seguridad de la aviación civil […]”.

115. Sus funciones están establecidas en el artículo 4.° de la misma norma y son
las siguientes: asegurar el desarrollo de la gestión de la seguridad operacional y de
la seguridad de la aviación civil; expedir los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia
(RAC); vigilar el cumplimiento de las normas aeronáuticas y adoptar medidas que
lo garanticen; entre otras.

116. En lo que a la función de expedir Reglamentos Aeronáuticos de Colombia
concierne, resulta relevante señalar que la Unidad Administrativa Especial adicionó
la parte Décimo Cuarta denominada Aeródromos, Aeropuertos y Helipuertos
mediante la Resolución núm. 01092 de 13 de marzo de 200784,

117. Esta Resolución en el numeral 14.3.4.2.7. establecía que un obstáculo o
impedimento para la aviación es “[…] toda construcción, plantación, instalación o
actividad, ubicada en las inmediaciones de los aeropuertos, dentro de un radio

83 “[…] Por el cual se modifica la estructura de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil (Aerocivil)

[…]”.
84 “[…] Por la cual se adoptan unas normas sobre Aeródromos, Aeropuertos y Helipuertos y se adicionan como

Parte Décimo Cuarta a los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia […]”.

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de 13 km a la redonda, contados a partir del punto de referencia de
aeródromo85 – ARP que aún sin constituir un obstáculo físico permanente, impidan
el vuelo seguro de las aeronaves en inmediaciones de los aeropuertos86 y durante
su aproximación y salida de los mismos y particularmente, cuando dichas
instalaciones o actividades, puedan ocasionar la presencia de aves en las áreas
descritas (peligro aviario) con el consecuente riesgo de colisión contra las
aeronaves, poniendo en peligro la seguridad del vuelo y la vida y bienes de personas
a bordo o en la superficie […]” (Destacado fuera de texto).

118. Esta norma fue modificada por el artículo 3.° de la Resolución núm. 00557
de 15 de marzo de 2022, “por la cual se modifican, adicionan y suprimen unas
secciones, apéndices y adjuntos de la norma RAC 14 ‘Aeródromos, Aeropuertos y
Helipuertos’ de los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia”, así:

“[…] 14.3.4.2.7. Otros obstáculos o impedimentos a la aviación

14.3.4.2.7.1. […] constituye obstáculo o impedimento para la aviación, toda
construcción, plantación, instalación o actividad, ubicada en las inmediaciones de
aeródromos públicos, dentro de un radio de 13 km, 9 km, 7km o 5km contados
a partir de los extremos de pista y dependiendo de la operación del aeródromo
conforme a lo especificado en el Apéndice 8 - Áreas de control como medida de
prevención del peligro aviario, que aún sin constituir un obstáculo físico permanente,
impidan el vuelo seguro de las aeronaves en inmediaciones de los aeródromos,
durante su aproximación y salida de los mismos y particularmente, cuando dichas
instalaciones o actividades, puedan ocasionar la presencia de aves en las áreas
descritas (peligro aviario) con el consecuente riesgo de colisión contra las aeronaves,
poniendo en peligro la seguridad del vuelo y/o la vida y/o bienes de personas a bordo
o en la superficie […]” (Destacado fuera de texto).

119. El apéndice 8 establece las “áreas de control para la planificación y utilización
de suelos en zonas aledañas a los aeródromos de Colombia” como medida de
prevención del peligro aviario. En este apéndice se define el área de influencia como
la “franja o superficie en el terreno alrededor del aeródromo que está sujeta a
autorización y seguimiento de actividades, ecosistemas y lugares que puedan
representar atractivos para la fauna”. Los proyectos potencialmente atractivos para
la fauna que se pretendan adelantar en el área de influencia de un aeropuerto deben
contar con el permiso previo que otorga la Autoridad Aeronáutica.

85 El aeródromo es el área definida de tierra o de agua (que incluye todas sus edificaciones, instalaciones y

equipos) destinada total o parcialmente a la llegada, salida y movimiento en superficie de aeronaves. Definición
tomada del RAC 14. Información disponible en
https://www.aerocivil.gov.co/normatividad/RAC/RAC%20%2014%20-
%20Aer%C3%B3dromos%20%20Aeropuertos%20%20y%20%20Helipuertos.pdf
86 El Aeropuerto es todo aeródromo especialmente equipado y usado regularmente para pasajeros y/o carga y

que, a juicio de la UAEAC, posee instalaciones y servicios de infraestructura aeronáutica suficientes para ser
operado en la aviación civil. Definición tomada del RAC 14. Información disponible en
https://www.aerocivil.gov.co/normatividad/RAC/RAC%20%2014%20-
%20Aer%C3%B3dromos%20%20Aeropuertos%20%20y%20%20Helipuertos.pdf

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119.1. Asimismo, el apéndice 8 señala que la amplitud del área de influencia es de
trece (13) km para aeropuertos internacionales y 9 Km, 7 Km o 5 Km para
Aeropuertos nacionales dependiendo de sus consideraciones operacionales.

119.2. Las plantas de sacrificios de cerdos tienen un rango de criticidad número 2;
las granjas avícolas y porcícolas de engorde y sacrificio, los mataderos ilegales fijos
y móviles tienen un rango identificado en 3; las granjas avícolas y porcícolas de
engorde en 4; las plazas de mercado en 5; los ríos tienen un rango de 6; y, los
basureros o botaderos a cielo abierto de 7.

119.3. De conformidad con lo establecido en el apéndice referido, las actividades
con niveles de criticidad mayor deben ubicarse en las áreas más externas del radio.

119.4. El área de influencia de trece (13) kilómetros, definido para Aeropuertos
Internacionales, tiene un área de exclusión de dos (2) kilómetros de radio.

120. El numeral 14.3.4.2.7.2. de la Resolución núm. 01092 de 2007 modificado
por la Resolución núm. 00557 de 2022 establece que ciertas actividades87
consideradas como potencialmente atractivas para la fauna aviar que se pretendan
localizar dentro del radio de 13 km, 9 km, 7 km o 5 km, contados a partir de los
extremos de pista, dependiendo de la operación del aeródromo y conforme a lo
especificado en el Apéndice 8 deben contar con permiso de la Unidad Administrativa
Especial de la Aeronáutica Civil, “sin perjuicio de las licencias ambientales y/o de
construcción y demás requisitos que sean necesarios, según exigencia de las
respectivas autoridades y/o entidades competentes”.

121. Este permiso no será concedido por la Unidad Administrativa Especial de la
Aeronáutica Civil “cuando sea razonablemente previsible que el desarrollo y
funcionamiento de las instalaciones proyectadas atraerán la presencia de aves
generando obstáculo a la navegación aérea, por riesgos de impacto de las aves a
las aeronaves con el consecuente riesgo para la vida y bienes de las personas a

87 Tales como: manejo y/o disposición de residuos sólidos, sea transitoria o permanente, como rellenos
sanitarios, plantas de tratamiento de residuos sólidos orgánicos, plantas de transferencia de residuos sólidos,
entre otros; producción, aprovechamiento, procesamiento o venta de carnes, pieles, vísceras y cualquier otro
derivado animal, tales como plantas procesadoras de cebo, plazas de mercado, expendios ambulantes, plantas
de beneficio animal y frigoríficos, entre otros; sistemas agroproductivos como zoocriaderos, granjas pecuarias,
granjas avícolas, plantaciones, entre otros; cuerpos artificiales de agua como plantas de tratamiento de aguas,
lagos y represas, entre otros; zonas de recreación como parques recreativos, zoológicos, campos de golf, entre
otros, deberá contar con el respectivo permiso de la UAEAC, sin perjuicio de las licencias ambientales y/o de
construcción y demás requisitos que sean necesarios, según exigencia de las respectivas autoridades y/o
entidades competentes. El listado completo de actividades, ecosistemas y lugares que se consideran
potencialmente atractivos para la fauna aviar, se encuentra en el Apéndice 8 - Áreas de control como medida
de prevención del peligro aviario, no obstante, se evaluará cualquier otra actividad, ecosistema o lugar, que sin
estar dentro del listado mencionado, se considere como potencialmente atractivo para la fauna aviar.

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bordo o en la superficie” según lo dispuesto en el numeral 14.3.4.2.7.4. de las
Resolución en cita con la consecuente modificación.

122. El numeral 14.3.4.2.7.6. de la misma norma prevé que la Unidad
Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil solicitará a las autoridades en
materia urbanística, sanitaria y/o ambiental disponer conforme a lo de su
competencia, la suspensión de las obras, la demolición, la imposición de medidas
ambientales, o la cancelación de cualquier actividad de las relacionadas en el
numeral 14.3.4.2.7.2., que generen riesgo inminente de obstáculo a la navegación
aérea por peligro aviario, cuando estas se inicien o desarrollen sin previo permiso
de la Unidad, y se ubiquen dentro de un área de 13 Km, 9 km, 7km o 5 km, contados
a partir de los extremos de pista, dependiendo de la operación del aeródromo y
conforme a lo especificado en el Apéndice 8 88 -en especial, cuando se encuentren
dentro de las superficies de despegue o de aproximación de un aeródromo-.

123. A su vez, el numeral 14.3.4.2.7.9. ibidem relativo a la suspensión de
actividades aéreas y operaciones aeroportuarias establece que, si no se contara
con el permiso de la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil, cuando
corresponda, o si no se diera la suspensión dentro del plazo señalado en la orden,
o si no hubiese cesado dentro de los 90 días siguientes a la solicitud formulada por
la Unidad; la Aeronáutica puede disponer la “suspensión parcial de operaciones
aéreas en el correspondiente aeropuerto, evitando los vuelos en horas diurnas o
nocturnas (según los hábitos de las especies de aves predominantes) y de ser
necesario, la suspensión total de operaciones, hasta tanto no se efectúen los
correctivos pertinentes”.

124. El numeral 14.3.4.2.7.11. de la misma Resolución núm. 01092 de 2007
modificada por la Resolución núm. 00557 de 2022 ordena que las “determinaciones
y procedimientos a seguir en materia de peligro aviario y fauna se sujetarán a lo
previsto en el Programa Nacional de Limitación de Fauna en Aeródromos, las
decisiones del Comité Nacional Interinstitucional de Prevención del Peligro Aviario
y de la Fauna, el Apéndice 8 - Áreas de control como medida de prevención del
peligro aviario y las demás disposiciones impartidas por la Autoridad Aeronáutica”.

El peligro aviario o el peligro de fauna

125. El término de peligro aviario se usó inicialmente para denominar el riesgo que
supone para las aeronaves y su operación la presencia de aves silvestres y otro

88 Áreas de control como medida de prevención del peligro aviario.

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grupo de fauna en los aeropuertos y sus inmediaciones; en la actualidad, se conoce
como peligro de fauna.

126. De conformidad con lo establecido en la Resolución núm. 04072 de 12 de
agosto de 201089, el peligro aviario y de fauna se define como el “riesgo que supone
para las aeronaves y su operación la presencia de todo tipo de aves y otras especies
animales en los aeropuertos y sus inmediaciones. El vuelo de las aves en zonas
donde las aeronaves transitan a baja altura y particularmente en zonas aledañas a
los aeródromos, o en trayectoria de aproximación o salida de los mismos, constituye
un grave e inminente riesgo para dichas aeronaves ante la posibilidad de que sean
impactadas por aquellas durante sus fases de despegue y acenso o de
aproximación y aterrizaje, que son precisamente las fases más críticas del vuelo”.

127. El Programa Nacional de Limitación de Fauna Silvestre de la Unidad
Administrativa Especial de Aeronáutica Civil reitera esta definición. Además, señala
que esta situación produce desde “[…] la abolladura del fuselaje y los cristales hasta
el choque de las mismas contra las aspas de las hélices o la ingestión hacia los
alabes de las turbinas en los aviones más modernos [...]”90.

128. Los choques de fauna con aeronaves tienen una antigüedad semejante a la
de la aeronavegabilidad. A lo largo de la historia se han registrado incidentes que
incluso han llegado a cobrar vidas de civiles y militares en el mundo. El peligro por
fauna involucra diferentes aspectos del entorno físico, biótico y socioeconómico del
área en la que se encuentra el aeropuerto.

129. En cuanto, al medio físico son factores importantes el clima, la geología, la
fisiografía, la geomorfología, la hidrología y las amenazas naturales, los cuales
determinan los ecosistemas. El componente biótico alude a la vegetación, la fauna
de la zona y la ecología. Por último, el entorno socioeconómico se refiere a los usos
del suelo, el ordenamiento territorial del municipio, las actividades comerciales o
productivas desarrolladas en las zonas aledañas a los aeródromos y a la oferta de
servicios públicos.

130. La fauna silvestre se encuentra presente en los lugares de incidencia de
colisión debido a los factores previamente enunciados, principalmente, la comida,

89 “[…] Por la cual se modifican y adicionan unos numerales de la parte Decimocuarta de los Reglamentos

Aeronáuticos de Colombia […]”.
90 Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil. Programa Nacional de Limitación de Fauna Silvestre

(2008). Información recuperada de https://www.aerocivil.gov.co/autoridad-de-la-aviacion-
civil/reglamentacion/Normatividad%20Peligro%20Aviario/Programa%20Nacional%20de%20Limitaci%C3%B3n
%20de%20Fauna%20en%20aeropuertos.pdf

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el agua y/o el hábitat que se les proporcione son determinantes; es por ello que, el
riesgo que genera la presencia de aves en los aeropuertos y en la trayectoria de
vuelo es un inconveniente que exige la implementación de medidas de prevención
y control tanto en las áreas de un aeródromo como en sus zonas aledañas.

131. En Colombia, la problemática del peligro de fauna está íntimamente ligado a
los problemas ambientales y sanitarios en las inmediaciones de los aeropuertos. La
caracterización realizada en el país arrojó como una de las principales causas de
riesgo la presencia abundante de gallinazo negro debido al manejo equivocado en
la disposición final de residuos sólidos o por infraestructura de servicios
inadecuados, principalmente, por asentamientos ilegales.

132. En el Programa Nacional de Limitación de Fauna Silvestre se identifica que
las plantas de tratamiento de aguas residuales, los lagos artificiales, las actividades
agropecuarias y otras actividades como mataderos, plantas procesadoras de
carnes, pieles, cebo, zonas ambulantes de venta de pescado, plazas de mercado y
otras actividades con capacidad de producir olores y residuos orgánicos son lugares
atractivos para diversos animales, entre ellos el gallinazo negro.

133. La caracterización de la población de aves y de fauna presente, así como la
determinación de aquellas consideradas con mayor amenaza para las operaciones
aéreas, resulta fundamental para definir los métodos de control más adecuados que
propendan por evitar un impacto ambiental negativo. La probabilidad de incidencia
de un impacto de fauna con aeronave es evaluada a través de un análisis integral
de factores que depende tanto de las características de la fauna como de las
aeronaves.

134. Las variables mínimas que son tenidas en cuenta para la determinación de
peligrosidad de una especie en particular son: la densidad de la especie en un área
del espacio, el número promedio de animales, la cantidad de tiempo que se
encuentran en el ambiente, el periodo del día de mayor actividad, la ubicación con
respecto de las actividades aéreas, el tiempo en el aire o moviéndose activamente
y la habilidad para evitar las colisiones con las aeronaves91.

135. Para atender la problemática de la presencia de aves en los aeropuertos y
sus áreas próximas, la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil creó el
Comité Nacional para la Prevención del Peligro Aviario de Colombia mediante la

91 Ibidem.

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Resolución núm. 02786 de 16 de julio de 2003, la cual, posteriormente, fue
derogada por la Resolución núm. 03530 de 13 de julio de 201092, que adopta el
Programa Nacional de Limitación de Fauna de los Aeropuertos y modifica la
estructura, funcionamiento y denominación del Comité Nacional; en lo sucesivo, lo
titula Comité Nacional Interinstitucional para la Prevención del Peligro Aviario y de
la Fauna en Colombia.

136. La circular interna núm. 5001-01105-2002 de 15 de octubre de 2002,
expedida por la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil creó el Comité
Regional de Peligro Aviario en cada uno de los aeropuertos del país, como medida
para recolectar, dimensionar, informar y proponer soluciones para superar los
problemas con aves a nivel local.

137. La Resolución Núm. 03530 de 13 de julio de 2010, en su artículo 3.° adoptó
el reglamento para la conformación y actuación de los Comités Regionales, los
cuales, a partir de esta norma fueron denominados Comités Aeroportuarios de
Prevención del Peligro Aviario y de la Fauna.

Análisis del caso concreto

138. De conformidad con el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales
en la parte considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del
acervo probatorio; para, posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico,
concluir el caso concreto.

139. El Tribunal Administrativo de Santander declaró que los Municipios de
Bucaramanga, Lebrija y Girón vulneraron los derechos e intereses colectivos al goce
de un ambiente sano, a la seguridad y salubridad públicas y al acceso a una
infraestructura de servicios públicos que garanticen la salubridad pública, luego de
considerar que, en las respectivas jurisdicciones de estos entes territoriales existe
un manejo inadecuado de residuos sólidos que propicia la presencia de gallinazos
negros en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional Palonegro, lo cual
ocasiona un riesgo inminente en las operaciones aéreas.

140. En consecuencia, les ordenó que de manera coordinada y en el marco de
sus competencias, participen en los Comités de Peligro Aviario convocados por la
Aeronáutica Civil, con el objeto de hacer seguimiento a las condiciones de atracción
del gallinazo negro, para elaborar una solución a la problemática asociada al peligro

92 “[…] Por la cual se modifica la estructura y funcionamiento del Comité Nacional para la prevención del peligro

aviario, se establecen nuevas disposiciones y se deroga la Resolución 02786 de 16 de julio de 2003 […]”.

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aviario en zonas aledañas al Aeropuerto Palonegro de Bucaramanga. Asimismo,
dispuso que, estos entes territoriales den cumplimiento a las actividades y
compromisos adquiridos en sus Planes de Manejo para el control del gallinazo.

141. Adicionalmente, resolvió que en el término de tres (3) meses contados a partir
de la ejecutoria de la sentencia, los Municipios de Bucaramanga, Lebrija y Girón
deben realizar la identificación y el seguimiento de actividades del sector
agroproductivo (mataderos clandestinos, avícolas y porcícolas) con el fin de
“inactivar y/o controlar” el desarrollo de su actividad y garantizar el adecuado manejo
de insumos y residuos derivados del proceso productivo; este análisis será
presentado ante la autoridad ambiental competente para su aprobación.

142. Finalmente, condenó en costas a los municipios responsables de la
vulneración de los derechos e intereses colectivos.

143. Los municipios de Girón y Bucaramanga interpusieron recurso de apelación
contra la sentencia de primera instancia. Solicitaron revocar la sentencia proferida
en lo que corresponde a la declaratoria de su responsabilidad con sustento en las
siguientes razones:

143.1. El Municipio de Girón pidió resolver las excepciones que propuso en la
contestación de la demanda, denominadas “inexistencia del hecho generador del
daño” e “improcedencia de la acción popular”. Al mismo tiempo, propone declarar
probada la excepción de agotamiento de la jurisdicción respecto de la acción
popular con número único de radicación 680013331004200202891-01, al
considerar que ambos procesos pretenden el mismo objeto, pese a que los
derechos alegados son distintos.

143.2. Al mismo tiempo, argumentó que no vulneró los derechos al goce de un
ambiente sano, a la seguridad y a la salubridad públicas, así como al acceso a la
infraestructura de servicios públicos que garanticen la salubridad pública,
comoquiera que ha cumplido a cabalidad los requerimientos que le han efectuado.
Aunado a que, la falta de acatamiento de la orden proferida en la sentencia de
segunda instancia en el proceso con número único de radicación
680013331004200202891-01, relativa al cerramiento definitivo del relleno sanitario
El Carrasco no ha sido por su acción u omisión.

144. De modo semejante, adujo que la solución a la problemática no consiste en
seguir conformando comités, ni hacer seguimientos como se resuelve en la
sentencia del a quo. Al respecto, plantea ordenar la reubicación del depósito final

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de basuras El Carrasco. Por último, pidió condenar al demandante en costas y en
agencias en derecho.

145. El Municipio de Bucaramanga recurrió la providencia de primera instancia
con sustento en dos razones: en primer lugar, indicó que se debe absolver al
municipio, en tanto no vulneró los derechos e intereses colectivos. En segundo
lugar, señaló que no tiene competencia para ejercer funciones de inspección,
vigilancia y control fuera de su jurisdicción. Alegó que el relleno sanitario se
encuentra en Girón y allí está la mayor proliferación de gallinazos negros, por lo
cual, manifestó que carece de jurisdicción para desarrollar actividades que
garanticen un adecuado manejo de los insumos y residuos de mataderos
clandestinos, avícolas y porcícolas fuera de su territorio. Por último, se opuso a la
condena en costas, para lo cual argumentó que ha participado activamente en el
Comité Aviario organizado por la Aeronáutica Civil para el control del gallinazo negro
y planteó que lo seguirá haciendo. En consecuencia, pidió revocar la condena en
costas en su contra.

Respecto del análisis del material probatorio obrante en el expediente

146. De conformidad con los marcos normativos y los desarrollos
jurisprudenciales en la parte considerativa de esta sentencia, la Sala procede a
realizar el análisis del acervo probatorio para posteriormente, en aplicación del
silogismo jurídico, concluir el caso concreto.

147. Copia del Oficio núm. 4403-095-2009026238 de 16 de septiembre de 200993,
suscrito por el Director de Desarrollo Aeroportuario de la Aeronáutica Civil en el que
se solicita concepto aeronáutico para continuar con la disposición final en el relleno
sanitario El Carrasco, según el cual, se precisa lo siguiente:

“[…] De conformidad con los procedimientos al interior de la entidad para esta clase
de permisos contemplados en los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia Parte
Decimocuarta, la entidad procedió a realizar los estudios y evaluación
correspondiente dentro de los cuales cabe destacar lo siguiente:

El sitio propuesto se encuentra localizado en la superficie cónica del Aeropuerto
Palonegro a una distancia de 5021 metros medidos desde la base menor de la
superficie de aproximación a la cabecera 35 y su lado más cercano se encuentra a
una distancia de 1268 metros de prolongación del eje central de la pista principal; al
límite de la superficie de aproximación en esta zona.

El Carrasco cuyo uso del suelo como vertedero de residuos sólidos y su
cercanía al Terminal Aéreo, se constituye en un grave riesgo para la operación
de las aeronaves, debido a la abundante presencia de aves de carroña de gran

93 Cfr. Cuaderno núm. 1, folios 21 a 24.

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tamaño, que atraídas por la descomposición de residuos orgánicos del
vertedero, han impactado contra aeronaves al punto de haber provocado graves
incidentes, comprometiendo la vida de los pasajeros y terceros en tierra, siendo
este un evidente obstáculo para la seguridad de la operación aeroportuaria. Por
lo tanto, teniendo en cuenta que el proyecto prevé la continuidad como disposición
final de residuos sólidos, se constituye en una actividad incompatible con la industria
aeronáutica. […] [L]a Dirección de Desarrollo Aeroportuario emite concepto
desfavorable para el proyecto de mantener la disposición de residuos en el
predio El Carrasco bajo la denominación de relleno sanitario en jurisdicción de
Bucaramanga. (Destacado fuera del texto original)

148. Copia del documento94 titulado “Reconocimiento de puntos atractivos para el
Coragyps atratus o gallinazo en Bucaramanga y su Área Metropolitana. Incremento
del peligro Aviario en el Aeropuerto Palonegro”95. Este documento da cuenta de las
distintas prácticas que inciden en la atracción de los gallinazos negros y la
identificación de los focos en Bucaramanga, Girón, Floridablanca y Piedecuesta,
según se aprecia a continuación:

“[…] [L]as plantas de sacrificio de ganado y aves de corral - tanto legales como
ilegales - las productoras de compost, las productoras de concentrados para
animales, las plazas de mercado y el comportamiento en general de los ciudadanos
con respecto a la disposición de basuras en las calles, entre otros, permite
caracterizar la producción de la oferta de alimento para gallinazos, a la vez que se
definen e identifican los focos atrayentes para estos individuos en áreas urbanas y
rurales del área metropolitana.

Muchas de estas prácticas están relacionadas con los sistemas culturales que se
mueven en las poblaciones urbanas que para el caso colombiano están conformadas
por muchos habitantes rurales que han tenido que desplazarse desde sus lugares de
origen hasta las ciudades, muchos de los cuales llegan a vivir en barrios subnormales,
con una pobre información sobre la disposición final de basuras y desechos. Las
prácticas culturales mencionadas atrás, están relacionadas con el manejo inadecuado
de residuos sólidos y con los procesos industriales deficientes que están referidos al
manejo inadecuado de materias primas y vertimientos, principalmente en procesos
productivos como en el caso de las composteras o de las fábricas de insumo para la
elaboración de alimentos concentrados para animales, que terminan produciendo los
focos atrayentes; la eliminación de estos focos, indudablemente reduciría los eventos
problema con los gallinazos. Finalmente la calidad de habitat natural para los
gallinazos, relacionados con la oferta, abundancia y frecuencia de alimentación
natural, así como de sitios de percha, o las condiciones propicias para el
establecimiento de nidos, levante de polluelos y para los desplazamientos gracias a
las corrientes de aire que favorecen la formación de térmicas que son muy usadas,
es favorable para la población de gallinazos en toda el área, lo que indudablemente
señala una buena calidad de hábitat para ellos. Modificar dichas condiciones es un
tanto difícil, aunque es posible intervenir, principalmente al eliminar los focos de
alimentación’.

Para finalizar vale la pena mencionar las bandadas abundantes de gallinazos que en
la actualidad se observan en el espacio aéreo del Aeropuerto Internacional Palonegro.
Las medidas de dispersión utilizadas cada vez tienen menos efecto y cuando
funcionan, las aves regresan a los pocos minutos. Por otra parte, hay bandadas de
gallinazos que se encuentran durante la aproximación pero lejos del alcance de
cualquier artefacto hostigador. La solución de fondo es sin duda, el manejo apropiado

94 No se evidencia su fecha de elaboración, pero constan los logotipos de la Aeronáutica Civil y de Soluciones

Técnicas y Servicios Integrales S.A.S. Techno Proc.
95 Cfr. Cuaderno núm. 1, folios 25 a 42.

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de todo tipo de residuos orgánicos, un proceso que requiere de compromiso real y
por ende, de acciones concretas […]”.

149. Copia del Oficio núm. 12376 de 15 de agosto de 201396, suscrito por el
Director General de la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la
Meseta de Bucaramanga CDMB dirigido a los Alcaldes de los Municipios de Lebrija,
Rionegro, Playón, California, Surata y Tona, por medio del cual les informa que no
es posible seguir disponiendo residuos sólidos en El Carrasco, debido a que desde
el 30 de septiembre de 2011 se había dispuesto su cierre, de conformidad con lo
ordenado en la sentencia proferida el 16 de febrero del mismo año, por el Tribunal
Administrativo de Santander. A su vez, aclara que, si bien, se había postergado
dicho cumplimiento con ocasión de la declaratoria del estado de emergencia por un
periodo de seis (6) meses, prorrogado por dieciocho (18) meses más, el 30 de
septiembre de 2013 es la fecha límite de reimposición de sellos para su cierre.

150. Copia del informe97 rendido por el Ingeniero Rubén Amaya, Jefe de
Disposición Final (E) de la Empresa de Aseo de Bucaramanga EMAB S.A. E.S.P.
presentado el 29 de julio de 2016, en cumplimiento de la orden proferida en el auto
de pruebas de 18 de julio de la misma anualidad.

150.1. Del informe se destaca que la empresa continúa realizando actividades de
control de peligro aviario en el sitio de disposición final de residuos sólidos El
Carrasco, en el foco de alimentación de los gallinazos negros, esto es, en la celda
de disposición.

150.2. Indica que estos mecanismos de control están incluidos en el Plan de Manejo
Ambiental aprobado por el Área Metropolitana de Bucaramanga mediante la
Resolución núm. 1014 de 2013.

150.3. Señaló que los mecanismos utilizados son los siguientes:

• Quema de pólvora: quema de ocho (8) docenas de voladores de cinco (5)
golpes, durante dos turnos del día, en los horarios de 6 a.m. a 2 p.m. y de 2
p.m. a 10 p.m.
• Cubrimiento de residuos temporal con lonas impermeables y definitivo con
arcilla: cubrimiento temporal en áreas donde el volumen del llenado no ha
culminado con lonas impermeables negro-verde (material sintético) y se
cubre con material arcilloso. Adicionalmente, realizan cerramientos del

96 Cfr. Cuaderno núm. 1, folios 44 a 45.
97 Cfr. Cuaderno núm. 5, folios 877 a 879.

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perímetro de operación con malla cuando las condiciones geomorfológicas
del área de disposición son adecuadas, esto con el fin de disminuir los
desplazamientos horizontales del ave.

151. Copia del oficio98 de la Empresa de Aseo de Bucaramanga S.A. E.S.P. de 5
de agosto de 2016, por medio del cual se complementa el informe rendido por el
Ingeniero Rubén Amaya, en el sentido de señalar que: “[…] las acciones
adelantadas para disminuir las aves que vuelan sobre el perímetro del aeropuerto
Palonegro se realizan diariamente con el fin de mitigar la presencia de gallinazos
negros en el foco de alimentación como lo es la celda de Disposición Final El
Carrasco. Dichas actividades se presentan mensualmente en el Plan de Manejo
Ambiental en una de las fichas de control […]”.

151.1. En el oficio señaló que la Aeronáutica Civil es la autoridad que debe realizar
los controles a las empresas avícolas, porcícolas y demás que se encuentran
alrededor del Aeropuerto Palonegro, para conocer el cumplimiento de la normativa
ambiental respecto del manejo de la disposición final de los residuos y licencias
ambientales.

152. Copia del Plan de Manejo Ambiental para el Control de Gallinazos allegado
por la Aeronáutica Civil el 5 de agosto de 2016. El documento fue elaborado por la
Secretaría Local de Salud y la Oficina Asesora de Planeación del Municipio de Girón
el 8 de marzo de 2012.

152.1. Indica que el peligro aviario depende del tráfico aéreo en el aeropuerto, de
las poblaciones locales y de la presencia de los gallinazos negros y en especial del
hábitat de la zona.

152.2. Refiere que en el Municipio de Girón fueron identificados los siguientes
lugares de concentración de gallinazos negros, así99:

“[…] Sitio de Disposición Final de Residuos Sólidos "El Carrasco", Plaza de mercado
central de Girón, Plaza de El Poblado, Plaza de mercado Arenales, Rincón de Girón,
Invasión La Estanzuela, San Antonio del Carrizal I, II y IlI, Las Marias vía Bahondo,
Rio de Oro debajo del Puente Militar […]”.

152.3. Indica que el aumento de la población del gallinazo negro en los sitios
urbanos se relaciona directamente con la disponibilidad de alimento por focos

98 Cfr. Cuaderno Núm 5, folio 887.
99 Esto sitios fueron identificados en colaboración de la Empresa Prestadora del Servicio de Aseo, la Secretaría

Local de Salud y la Oficina de Planeación de Girón.

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atrayentes, lo cual conlleva el desplazamiento de la especie de un lugar a otro y
provoca un peligro inminente para el Aeropuerto Internacional Palonegro.

152.4. Como características de los focos atrayentes para los gallinazos negros en
Girón se señalan el río de oro, que sirve de vehículo de animales muertos y residuos;
los asentamientos de los desplazados; las plazas de mercado, por el indebido
manejo de residuos: verduras, vísceras de pescado, de res, aves, aguas
sanguinolentas.

152.5. El Plan de Manejo Ambiental para el Control de Gallinazos comprende dos
programas: 1) Gestión Integral de Residuos Sólidos y 2) Gestión y desarrollo social.
El primero contempla actividades específicas de residuos sólidos y el segundo
actividades sobre educación ambiental y cultura ciudadana.

152.6. Establece que el responsable de la implementación de las políticas para
atacar los puntos críticos es la administración municipal. Las encargadas del control
y seguimiento son la Oficina Asesora de Planeación, la Secretaría Local de Salud,
la Oficina de Infraestructura, la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Educación
y el Asesor de Cultura y Turismo.

153. Copia del Plan de Manejo Ambiental para el Control del Gallinazo Negro en
el Municipio de Piedecuesta100, allegado por la Aeronáutica Civil el 5 de agosto de
2016. Este documento fue elaborado el 18 de noviembre de 2014.

153.1. Refiere que el peligro aviario es el riesgo que supone para las aeronaves y
su operación la presencia de aves silvestres y otros grupos de fauna en
inmediaciones de los aeropuertos. Señala que las características de una especie de
ave, así como el hábitat con disponibilidad de alimento y refugio, son aspectos
definitivos para considerar el nivel de amenaza de la actividad aeronáutica de un
aeropuerto.

153.2. En punto a las características morfológicas, poblacionales y
comportamentales del gallinazo negro (Coragyps atratus) señala que:

“[…] El Gallinazo de cabeza negra (Coragyps atratus), es un pájaro grande (65 cm)
todo negro que se caracteriza por tener la cabeza desnuda y arrugada, lo que
previene que las plumas se contaminen por comer carroña. Sus patas son color gris
claro y están adaptadas a caminar en el suelo aunque no son muy elegantes
caminando y dan saltos torpes. Sus picos curvos y fuertes están adaptados a
desgarrar carne a la vez que la sostienen con una de sus patas; alimentan a sus
polluelos regurgitando la comida al llegar al nido.

100 Cfr. Cuaderno núm. 5, folios 911 a 940.

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Los gallinazos cabecinegros vuelan en grupos, ayudándose mutuamente para buscar
comida. Anidan de manera solitaria en cuevas profundas, huecos hondos en
acantilados y azoteas de edificios, donde ponen generalmente dos huevos. No
construyen nidos.

El gallinazo negro dadas sus características morfológicas y comportamentales,
hábitos alimenticios y dinámica de vuelo es considerada una especie sinantrópica
[sic], que si no se controla su número de individuos puede incrementar paralelo al
crecimiento de la población humana; esta especie es monógama y gregaria, es un
Ave oportunista que se alimenta de algunos materiales vegetales y todo tipo de
cadáveres de animales (carroña), a veces captura y da muerte a pequeños
mamíferos, reptiles y peces.

La mayoría de los individuos de esta especie son sedentarios estableciendo
poblaciones residentes; sus hábitos carroñeros implican que su comportamiento de
alimentación propende por focos atrayentes como son los botaderos a cielo abierto,
mataderos clandestinos de animales, empresas del sector agropecuario que generan
subproductos atractivos a la presencia de estas aves […]”.

153.3. El documento es explícito en señalar que el Municipio de Piedecuesta no se
encuentra dentro del cono de aproximación del Aeropuerto Palonegro; no obstante,
indica que sí está comprometido en conocer cuáles son los puntos críticos que a
nivel urbano y rural pueden ser atrayentes para la presencia del gallinazo negro y
así formular una solución al problema del riesgo aviario.

153.4. En tal sentido, precisa que los municipios que integran el Área Metropolitana
de Bucaramanga tienen la responsabilidad de: i) identificar los focos atractivos para
el gallinazo negro; ii) implementar medidas de seguimiento y control ambiental para
minimizar la presencia de estas aves de especie de carroñera. iii) ejercer autoridad
para el cumplimiento de la normativa en los sectores agropecuarios, porcícolas,
avícolas, piscícolas, insumos para alimentar animales, disposición de residuos
líquidos y sólidos, entre otros, los cuales pueden ser elementos atrayentes para su
refugio, alimentación y hospedaje.

153.5. Aduce que el Municipio tiene como compromiso ejercer inspección y
vigilancia en el área urbana, para lo cual debe implementar medidas sancionatorias
a la población que disponga inadecuadamente de los residuos sólidos ordinarios y
en la vía pública o en las franjas de aislamiento de las fuentes hídricas, entre otras
medidas que deben estar encaminadas a reducir los focos atractivos para el hábitat
de la especie.

153.6. El documento presenta un censo de cuarenta (40) puntos críticos por
contaminación en el área urbana que se constituyen como focos de atracción, los
cuales fueron identificados en el año 2014. Contiene un programa de manejo del
hábitat del gallinazo negro y un cronograma de actividades en los programas de

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gestión integral de residuos sólidos, seguimiento y control ambiental y manejo de
hábitat.

154. Copia del “Plan de manejo de la Problemática Aviar del Municipio de Lebrija”,
allegado por la Aeronáutica Civil el 5 de agosto de 2016. El documento fue
elaborado por la Alcaldía Municipal el 17 de octubre de 2012 y presentado al
Concejo Municipal.

154.1. Identifica como causas asociadas a la problemática aviar en Lebrija la
existencia de: granjas avícolas (105), granjas porcícolas (33), mataderos
clandestinos (se han determinado veinte mataderos clandestinos en un perímetro
inferior de 13 kilómetros del Aeropuerto Internacional Palonegro, en los cuales
sacrifican 120 animales semanalmente), fuentes hídricas naturales o artificiales –
estaciones piscícolas–.

154.2. Propone como estrategias para el control de peligro aviario a cargo del
municipio, la implementación de medidas pasivas y activas. Dentro del primer grupo
se encuentran: manejo del hábitat y de infraestructura (que involucra el control de
granjas avícolas y porcícolas y el mejoramiento de la planta de beneficio animal).
Como medidas activas propone: la repulsión y hostigamiento, la exclusión (uso de
barreras, cercas o redes y repelentes químicos) y la caza de control.

155. Copia del Plan de Manejo Ambiental para el Control de Gallinazos 2014-2015
del Municipio de Bucaramanga101, aportado por la Aeronáutica Civil el 5 de agosto
de 2016. El documento fue elaborado el 25 de noviembre de 2013, por la Secretaría
de Salud y Ambiente de Bucaramanga.

155.1. Refiere que en 2012 la Aeronáutica Civil registró dieciocho (18) incidentes a
causa de gallinazos negros en inmediaciones de los aeropuertos. Al respecto,
señala que “la mayoría de incidentes ocurrieron en Barranquilla”.

155.2. Señala que los puntos críticos del municipio se generan por el inadecuado
manejo de los residuos, por el constante crecimiento y desplazamiento, por la
contaminación de las fuentes hídricas, los cuales propician movimiento de las aves
en búsqueda de alimento, condiciones óptimas para la supervivencia y
reproducción.

155.3. Identifica como puntos críticos o focos de atracción para los gallinazos
negros: Sitio de Disposición Final de Residuos Sólidos "El Carrasco", Plazas de

101 Cfr. Cuaderno núm. 5, folios 984 a 990.

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mercado San Francisco, Guarín, y La Concordia, Costado Oriental del Río de Oro,
específicamente, en los puntos de descargue de las quebradas que atraviesan la
ciudad en sentido Oriente - Occidente, alrededores de empresas localizadas sobre
el corredor vial El Palenque - Café Madrid dedicadas al procesamiento de residuos
cárnicos, Corredor Vial La Virgen - Puente de la Cemento, Corredor Vial La Virgen
• Barrio Los Ángeles, Calle 45 entre Carrera 9 y Terpel, Porquerizas instaladas en
alrededores de la escarpa occidental.

155.4. Refiere que las medidas para el control de esta especie involucran acciones
correctivas y preventivas con el objeto de mitigar el riesgo aviario de forma
permanente. Bajo este contexto, señala que el Plan de Manejo Ambiental del
Gallinazo Negro se desarrolla acorde a las necesidades específicas del Aeropuerto
Internacional Palonegro.

155.5. El Plan de Manejo se centra en el control de los focos que generan un
estímulo alimentario para el gallinazo negro y se compone del programa de Gestión
Integral de Residuos Sólidos, que comprende actualización y caracterización de
puntos críticos o estimulantes del gallinazo; promoción y difusión de la normativa;
vigilancia y control sobre el manejo y manipulación de los residuos sólidos; puesta
en marcha del Comité Operativo del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos
Municipal para abordar la problemática aviaria; realización de jornadas ecológicas
de puntos críticos y seguimiento al proceso de cumplimiento del plan de manejo
ambiental para el control de gallinazos; entre otros.

155.6. Señala que la administración municipal es la directa responsable de la
implementación del plan de manejo ambiental para el control de gallinazos. Plantea
un cronograma de actividades e indicadores.

156. Copia del Informe allegado por el Municipio de Girón el 9 de agosto de
2016102, en cumplimiento al requerimiento del a quo, en virtud del cual señala que
mediante Decreto 077 de 3 de junio de ese mismo año103, creó la Secretaria de
Ambiente y Desarrollo Sostenible.

156.1. Sobre las acciones adelantadas y los programas realizados para disminuir de
manera definitiva los focos de acumulación de basuras que son atrayentes de aves
que sobrevuelan en el perímetro del Aeropuerto de Palonegro señaló que:

102 Cfr. Cuaderno núm. 5, folios 996 a 998.
103 “[…] Por medio del cual se ajusta el manual específico de funciones y competencias laborales para los

empleos de la planta de personal global de la alcaldía municipal de Girón”.

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• En 2012 creó y diseñó el Plan de Manejo Ambiental para el Control de
Gallinazos Negros que se incorporó al Plan de Gestión Integral de Residuos
Sólidos aprobado en 2015, mediante el Decreto Municipal núm. 202.
• Ha realizado Comité Aviarios según información suministrada por la
Secretaría Local de Salud con la participación de todos los actores y
autoridades responsables de planear y buscar soluciones a los focos de
contaminación. De lo analizado en los Comités entrega informes de avance
a la Aeronáutica Civil y a los demás entes para evidenciar la implementación
y ejecución del plan de manejo ambiental para el control del gallinazo.
• A través de las Secretarías de Ambiente y Salud adelanta Programas del
Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos y de Adecuado Manejo de los
residuos sólidos encaminados a mejorar la cultura ciudadana, de forma
articulada con el Comité Interinstitucional de Educación Ambiental, apoyado
por las Autoridades Ambientales.
• Capacitaciones a las comunidades y comparendos ambientales.

156.2. Sobre las inspecciones y controles efectuados a empresas avícolas,
porcícolas, entre otras, ubicadas en las inmediaciones del Aeropuerto Palonegro
para conocer el cumplimiento de la normativa ambiental respecto del manejo de
disposición final de residuos y licencias ambientales, indicó que la Secretaría de
Salud ha realizado visitas de inspección, vigilancia y control por petición de la
comunidad desde la protección del derecho de salubridad pública, en porcícolas y
ha trasladado tales requerimientos a la Corporación Autónoma Regional para la
Defensa de la Meseta de Bucaramanga CDMB por ser la entidad competente de
emitir las licencias o permisos ambientales.

157. Copia del Informe104 de “las actividades realizadas en los primeros 100 días
del Gobierno del Municipio de Girón, en el periodo 2016-2019”, rendido por la
Oficina de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. En las actividades efectuadas
se destacan: jornadas de limpieza, recolección de inservibles, recolección de
escombros, socialización de la normativa referida al comparendo ambiental, mesa
de trabajo con la Empresa Prestadora del servicio de Aseo del Municipio de Girón,
auditorías, asistencia al Comité Regional de Prevención del peligro aviario,
capacitaciones dirigidas a las empresas sobre temas ambientales –aporta las
planillas de intervenciones colectivas del año 2016105–, entre otras.

104 Cfr. Cuaderno núm. 6, folios 1000 a 1022.
105 Cfr. Cuaderno núm. 5, folios 1023 a 1044.

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158. En el expediente obra el Oficio allegado por la Aeronáutica Civil el 9 de agosto
de 2016106, en cumplimiento del requerimiento del a quo efectuado el 28 de julio del
mismo año. El oficio se acompaña del archivo fotográfico sobre las condiciones de
operación del Aeropuerto y de la copia del reglamento aeronáutico de Colombia,
adoptado mediante Resolución núm. 01092 de 13 de marzo de 2007107.

159. Oficio allegado el 10 de agosto de 2016, suscrito por la Secretaria General
de la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de
Bucaramanga por medio del cual anexa el memorando núm. 558/2016 de la
Subdirección de Evaluación y Control Ambiental SEYCA.

159.1. Copia del Memorando SEYCA 558 de 9 de agosto de 2016108, remitido a la
Coordinadora del Grupo Jurídico Administrativo, suscrito por la Subdirectora de
Evaluación y Control Ambiental, por medio del cual da respuesta al requerimiento
del Tribunal Administrativo de Santander por la presencia de gallinazos en el
perímetro del Aeropuerto de Palonegro. En el memorando indica que las acciones
adelantadas son las siguientes:

• La Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de
Bucaramanga ha venido participando del Comité Aviario, en las distintas
reuniones programadas por la Aeronáutica Civil.
• El 16 de junio de 2016, efectuó una reunión interinstitucional con los autores
del Comité Aviario, en la cual se comprometió el sector avícola en el sentido
de dar cumplimiento a la normativa ambiental vigente para tratar los residuos
orgánicos con el objeto de evitar la presencia de gallinazos negros en el
perímetro del Aeropuerto Palonegro.

159.2. Aclara que el manejo de las basuras en el sector urbano y suburbano es de
competencia de las autoridades municipales del Área Metropolitana, a través de las
Empresas de Servicios Públicos de Aseo y refiere que la Policía Nacional tiene la
competencia de evitar que se arroje basura en las vías públicas, para lo cual detenta
la potestad de imponer el comparendo ambiental.

159.3. Refiere que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales tiene la
competencia para resolver la problemática relacionada con el relleno sanitario El
Carrasco, por ser la autoridad que tiene a su cargo el control de la disposición final
de este relleno.

106 Cfr. Cuaderno núm. 6, folio 1045.
107 Cfr. Cuaderno núm. 6, folios 1046 a 1182.
108 Cfr. Cuaderno núm. 6, folios 1189 a 1193.

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159.4. Por último, señala que la Corporación Autónoma Regional para la Defensa
de la Meseta de Bucaramanga realiza seguimiento ambiental a las empresas
avícolas y porcícolas que se localizan en el área aferente al Aeropuerto con el fin
de verificar un adecuado manejo de los residuos orgánicos, para evitar la presencia
de gallinazos en el cono de aproximación del Aeropuerto Palonegro. Asimismo, que
ha requerido a las Empresas que procesan subproductos avícolas localizadas en el
Parque Industrial de Bucaramanga para que presenten un plan para el control de la
presencia de gallinazos negros. Y, que se encuentra atendiendo quejas
presentadas contra la Planta de Beneficio de Aves El Madroño ubicada en el
Municipio de Lebrija.

160. Oficio núm. 063071 SEPRO-GUPAE 29.25109 suscrito por la Jefe del Grupo
de Protección Ambiental y Ecológica de la Policía Nacional, Dirección de Protección
y servicios Especiales Seccional Bucaramanga, allegado el 18 de agosto de 2016,
en cumplimiento del requerimiento del a quo, por el cual informa de las acciones
adelantadas y los programas para disminuir los focos de acumulación de basuras
que son atrayentes para los gallinazos en el perímetro de influencia del Aeropuerto
Palonegro.

160.1. En el informe refiere que el 16 de agosto de 2016, a las 9:00 horas, la Policía
realizó sobrevuelo con el fin de ubicar los puntos de anidación de los gallinazos, los
focos de contaminación y efectuar el registro fílmico. Que el sobrevuelo fue
acompañado por un biólogo y de lo observado entregará un informe al Comité
Aviario citado para el 18 de agosto de ese mismo año.

160.2. De igual modo, describe que ha impuesto cuatrocientos (400) comparendos
ambientales en la jurisdicción del Área Metropolitana de Bucaramanga.

161. Oficio núm. 4403432-2016031270 de 12 de agosto de 2016110, allegado al
proceso el 19 del mismo mes y año, suscrito por la Directora de Desarrollo
Aeroportuario (E), mediante el cual informa sobre los incidentes con aves reportados
en el aeropuerto y sus alrededores de conformidad con el requerimiento efectuado
por el Tribunal Administrativo de Santander.

109 Cfr. Cuaderno núm. 7, folio 1208.
110 Cfr. Cuaderno núm. 7, folios 1210 a 1211.

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162. Oficio núm. 00845-2014-00010-00RG de 9 de agosto de 2016111, aportado el
22 del mismo mes y año, por medio del cual el Secretario de Gobierno –con funciones
delegadas por el Alcalde de Lebrija– rinde informe sobre las gestiones adelantadas por
la administración municipal con el objeto de abordar la problemática de atracción de
los gallinazos negros. Al respecto, indica que las actividades que adelantó fueron
las siguientes:

162.1. Creó el plan de manejo ambiental sobre el riesgo aviario, con la planeación
de fases y metodologías para la disminución de los focos de acumulación de basura.

• La administración ha dado cumplimiento a los planes de acción sobre
disminución de focos y vectores, manejo de clasificación y aprovechamiento
de residuos sólidos, ahorro de agua y comparendo ambiental.
• Adoptó el Plan de Desarrollo “Ambiente, vida y desarrollo”, en el que se
proyectaron metas para disminuir la contaminación y la generación de
vectores, manejo de disposición de residuos y licencias ambientales.

163. Copia del oficio de 2 de agosto de 2017112, suscrito por Jorge Enrique Chacón
Díaz, Auxiliar de la Justicia, mediante el cual allegó el mapa que presenta la zona
de seguridad del Aeropuerto Internacional Palonegro, correspondiente a un radio de
trece (13) kilómetros y un área de 530,93 kilómetros cuadrados.

111 Cfr. Cuaderno núm. 7, folios 1212 a 1230.
112 Cfr. Cuaderno núm. 8, folio 1443.

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Mapa. Zona de seguridad del Aeropuerto Internacional Palonegro

Actas del Comité Regional de Prevención del Peligro Aviario

164. Copia de las Actas números 1.°113, 2.°114 y 3.°115 del Comité Regional de
Prevención del Peligro Aviario, celebradas el 10 de abril, el 25 de mayo, el 18 de
agosto de 2016 -respectivamente- en la Sala de Audiencias del Aeropuerto
Palonegro.

164.1. En las actas relacionadas se aprecia que las sesiones fueron instaladas por
la Administradora del Aeropuerto y asistieron los representantes de las siguientes
entidades:

• Secretaría de Salud de Floridablanca.
• Secretaría de Salud y Ambiente de Girón.
• Secretaría de Salud de Lebrija.
• Secretaría de Desarrollo de Floridablanca.
• Secretaría de Desarrollo de Girón.
• Secretaría de Planeación de Lebrija.
• Secretaría de Planeación de Girón.
• Secretaría de Gobierno de Lebrija.
• Secretaría de Planeación de Piedecuesta.
• Secretaría de Salud de Bucaramanga.
• Secretaría de Salud del Departamento de Santander.
• Procuraduría Ambiental y Agraria.
• Dirección de Gestión del Riesgo de Lebrija.
• Alcaldía de Girón.
• Alcaldía de Lebrija.

113 Cfr. Cuaderno núm. 7, folios 1236 a 1238.
114 Cfr. Cuaderno núm. 7, folios 1246 a 1247.
115 Cfr. Cuaderno núm. 7, folios 1234 a 1235.

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• Alcaldía de Bucaramanga.
• Policía Nacional.
• Área Metropolitana de Bucaramanga.
• Federación Nacional de Avicultores FENAV.
• Instituto Nacional de. Vigilancia de Medicamentos y. Alimentos INVIMA.
• Instituto Colombiano Agropecuario ICA.
• Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de
Bucaramanga CDMB.
• Empresa de Aseo de Bucaramanga S.A E.S.P. EMAB.
• Empresa de Aseo Casalimpia.
• Universidad Cooperativa de Colombia UCC.
• Administradora de la Aerocivil, Aerooriente, Copa Airlines, AIS-COM
Aerocivil, OPAF Aerocivil, Biólogo del Consorcio AI.

164.2. De igual modo, constan los siguientes compromisos:

No. Actividad Responsable Fecha de
cumplimiento
1 Presentación PMA para el control de Alcaldía de EN AVANCE
gallinazo en Floridablanca Floridablanca

2 Informe sobre el seguimiento CDMB PERMANENTE
ambiental a las agroindustrias,
principalmente a las granjas avícolas
y porcícolas para determinar su grado
de cumplimiento en lo ambiental

3 Coadyudar en la implementación de Procuraduría Agraria PERMANENTE
las medidas preventivas para el
control y prevención del peligro
aviario.

4 Acompañamiento de la PONAL en los PONAL PERMANENTE
controles que se vienen realizando a
los mataderos clandestinos del AMB
y Lebrija.

5 Seguimiento de los Planes de Manejo CDMB, AMB PERMANENTE
Ambiental para el control de
Gallinazo, entregados por los
municipios de Lebrija y Girón.
6 Requerir a la Alcaldía de AMB HASTA LOGRAR SU
Floridablanca para el cumplimiento PRESENTACIÓN
del compromiso en la elaboración y
presentación del PMA del municipio
para el control de Gallinazo.
7 Promover conformación del equipo AMB, CDMB, HASTA LOGRAR SU
Interinstitucional, para el apoyo en la Entidades CONFORMACIÓN
implementación del PMA de los territoriales,
municipios para el control de Gobernación de
Gallinazo. Santander,
Aerolíneas, Aerocivil
8 Conformación de mesas de trabajo CDMB PERMANENTE
para hacer seguimiento de los AMB
PGIRS, en los municipios del Área Aerocivil
Metropolitana y Lebrija.
9 Proyecto de Ordenanza Secretaría de HASTA LOGRAR SU
Departamental para la constitución de Planeación PROMULGACIÓN
un fondo que permita cofinanciar los Departamental
PMA para el control de Gallinazo en
los municipios del AMB y Lebrija.
10 Conformación de una representación Aerocivil, HASTA LOGRAR SU
del C.R.P.P.A para sensibilizar a los Aerolíneas, PROPÓSITO

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nuevos mandatarios sobre el riesgo Procuraduría,
aviario en el Aeropuerto Palonegro. CDMB, AMB,
Defensoría del
Pueblo.

164.3. De lo anterior, se evidencia que en el Comité se acordaron como obligaciones
permanentes las siguientes: la elaboración de un informe sobre el seguimiento
ambiental a las agroindustrias (en especial de las granjas avícolas y porcícolas)
para determinar su cumplimiento en materia ambiental; coadyuvar en la
implementación de las medidas preventivas para el control y prevención del peligro
aviario; el acompañamiento de la Policía Nacional en los controles que se realizan
en los mataderos clandestinos del Área metropolitana y de Lebrija; el seguimiento
de los planes de Manejo Ambiental para el Control del Gallinazo de los Municipios
de Lebrija y Girón; y, la conformación de las mesas de trabajo para hacer
seguimiento a los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos en los Municipios
del Área Metropolitana y en Lebrija.

165. Copia de las actas números 1.° y 2.° del Comité Regional de Prevención del
Peligro Aviario y Fauna, celebradas el 16 de febrero y el 18 de mayo de 2017, en la
Sala de Conferencias del Aeropuerto Internacional Palonegro, en la que constan los
participantes -en similares términos a quienes asistieron a las sesiones del Comité
celebradas en el año 2016- y los compromisos acordados. En la última acta, los
compromisos se reducen a ocho (8), en tanto se eliminan algunos que estaban
dirigidos al Municipio de Floridablanca.

166. Copia del Contrato de Prestación de Servicios núm. 15000337-OJ-2015116
suscrito por la Aeronáutica Civil con el Consorcio AI el 18 de diciembre de 2015,
que tiene por objeto la prestación del servicio para el desarrollo del programa de
mejoramiento para la prevención del peligro aviario y fauna de los aeropuertos de
las regionales de Cundinamarca, Valle, Norte de Santander y Meta.

166.1. Este contrato tiene por objeto y lugares de ejecución los siguientes:

“[…] CLÁUSULA PRIMERA.- OBJETO: El CONTRATISTA se obliga para con la
AEROCIVIL a PRESTAR EL SERVICIO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA
DE MEJORAMIENTO PARA LA PREVENCIÓN DEL PELIGRO AVIARIO Y FAUNA
DE LOS AEROPUERTOS DE LA REGIONAL DE NORTE DE SANTANDER - (ITEM
2. REGIONAL DE NORTE DE SANTANDER), de acuerdo con su propuesta general
y económica de fecha 19/11/2015 y los términos de adjudicación contenidos en la
Resolución No. 03448 de fecha 15/12/2015”.

[…]

116 Cfr. Cuaderno núm. 7, folios 1239 a 1245.

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“CLÁUSULA TERCERA.- LUGARES DE EJECUCIÓN. La prestación del servicio
objeto del presente contrato se realizará en la Dirección Regional Aeronáutica de
Norte de Santander y los siguientes aeropuertos: 1. "Aeropuerto internacional Camilo
Daza"- Cúcuta, 2. "ALMIRANTE PADILLA - Riohacha, 3. "ALFONSO LÓPEZ
PUMAREJO - Valledupar, 4. SANTIAGO PÉREZ QUIROZ* - Arauca, 5. "Yariguies*-
Barrancabermeja, 6. “Internacional Palonegro” Bucaramanga y 7. “Aeropuerto
Internacional SIMÓN BOLÍVAR” - Santa Marta […]”.

167. Oficio suscrito por el Secretario de Salud y Ambiente del Municipio de
Bucaramanga de 27 de octubre de 2016117, allegado el día siguiente al proceso, en
el cual da respuesta al requerimiento del a quo que exige informar sobre las
acciones adelantadas y programas a realizar para disminuir de manera definitiva los
focos de acumulación de basuras atrayentes de aves en el perímetro del Aeropuerto
Palonegro. Al respecto, indica que las acciones adelantadas fueron:

• Erradicación de seis (6) puntos críticos en las comunas 1, 2, 5, 12 y 17.
• Atención a todos los requerimientos de las Empresas de Servicios Públicos
de Aseo en lo referente a los puntos críticos.
• Visitas al comercio (entre ellas, plazas de mercado).
• Entre otras.

167.1. Aunado a ello, indica que adelanta programas de prevención y de
sensibilización dirigida a la comunidad.

167.2. Señala que de conformidad con el artículo 7.° de la Ley 1625 de 2013 a las
Secretarías de Salud y Ambiente de cada uno de los Municipios que integran el Área
Metropolitana le competen las funciones higiénico sanitarias de inspección,
vigilancia y control en materia de residuos sólidos.

168. Copia del Oficio núm. 2017038145-2-001 de 20 de junio de 2017118, suscrito
por el Coordinador del Grupo de Atención al Ciudadano de la Autoridad Nacional de
Licencias Ambientales por el cual da respuesta al gerente de la Empresa de Aseo
Municipal de Bucaramanga EMAG S.A. E.S.P., en relación con la solicitud “[…] de
información para el trámite del permiso de recolección de especímenes silvestres y
permiso de caza […]” para el control de la población de gallinazo en el sitio de
disposición final de residuos sólidos El Carrasco, en el que indica que:

“[…] En relación con el oficio de la referencia, mediante el cual solicita información de
los permisos requeridos para la ejecución del proyecto ‘Control de la población de
gallinazo (Coragyps atratus) en el sitio de disposición final de residuos sólidos El
Carrasco’, a continuación, se da respuesta a la inquietud planteada, de conformidad

117 Cfr. Cuaderno Núm 7, folios 1262 a 1264.
118 Cfr. Cuaderno Núm 8, folios 1422 a 1424.

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con la competencia y funciones de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales,
establecidas en el Decreto 3573 de 2011.

El Artículo 2.2.1.5.1.2. del Decreto 1076 de 2015 establece que: ‘Las personas
naturales o jurídicas que pretendan adelantar un proyecto de investigación científica
en diversidad biológica que involucre una o todas las actividades de colecta,
recolecta, captura, caza, pesca. manipulación del recurso biológico y su movilización
en el territorio nacional, deberán obtener permiso de estudio, el cual incluirá todas las
actividades solicitadas’ y que el Artículo 2.2.2.8.1.3 Ibídem establece que un
espécimen de especie silvestre de la diversidad biológica es "Todo organismo
silvestre de la diversidad biológica vivo o muerto o cualquiera de sus productos, partes
o derivados. (...)’

De acuerdo a lo mencionado, si requiere el permiso de investigación científica del que
trata el capítulo 8 Sección 1 Permisos del Decreto 1076 de 2015, en cualquiera de
sus dos modalidades: Marco o Individual. Esto siempre y cuando la recolección
especímenes especies silvestres la diversidad biológica que se adelante dentro del
proyecto de investigación, tenga la finalidad de investigación científica no comercial
[…] debe tener en cuenta que las autoridades competentes para el otorgamiento del
permiso de recolección son:

a) Las Corporaciones Autónomas Regionales o de desarrollo sostenible o los grandes
centros urbanos, cuando las actividades de recolección se desarrollen
exclusivamente en sus respectivas jurisdicciones.

b) La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -ANLA-, en caso de que las
actividades de recolección se desarrollen en jurisdicción de dos o más
autoridades ambientales.

c) Parques Nacionales Naturales de Colombia, cuando las actividades de
recolección se desarrollen dentro de las áreas del Sistema de Parques
Nacionales Naturales.

Con base en lo anteriormente expuesto y en lo que atañe al caso que nos ocupa, es
la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de
Bucaramanga -CDMB, la entidad competente del conocimiento de las
actividades mencionadas y por ende quien debe absolver las inquietudes
relacionadas en su oficio petitorio”.

169. Copia del Oficio de 8 de marzo de 2018119, suscrito por la administradora del
Aeropuerto, por medio del cual allega el informe elaborado por el Biólogo del
Aeródromo de Bucaramanga del Consorcio AI, que refiere las acciones
desarrolladas por el Comité Regional de Peligro Aviario en el Aeropuerto
Internacional Palonegro.

169.1. En el informe120 se señala que el área de estudio para su presentación se
clasifica en dos niveles así:

“[…] Nivel 1: Corresponde al área comprendida por un círculo de 3km de radio a
partir del punto central del aeródromo (ARP). Allí se encuentran los predios

119 Cfr. Cuaderno núm. 8, folio 1481.
120 Cfr. Cuaderno núm. 8, folios 1482 a 1486.

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propios del aeropuerto y los sistemas naturales y artificiales adyacentes con gran
influencia sobre el mismo.

Nivel 2: Corresponde al área comprendida desde el límite exterior del Nivel 1, es
decir, 3 km, hasta 13 km de radio a partir del punto central del aeródromo. Esto
incluye diferentes usos de suelo, sistemas naturales e infraestructura urbana que
hacen parte del paisaje regional adyacente al aeropuerto en el cual se encuentra
inmerso, municipios aledaños como Lebrija, Bucaramanga y su área
metropolitana”. (Destacado fuera del texto original)

169.2. Sobre las medidas utilizadas para la dispersión de las aves, refiere que el
Aeropuerto Internacional Palonegro emplea algunas medidas pasivas y activas, que
consisten en:

“[…] Las medidas pasivas para el control y prevención de fauna que utiliza el
Aeropuerto Internacional Palonegro son las siguientes:

• Ojo de terror: es una esfera inflable con cuatro ojos que simulan los de u ave
rapaz, esta técnica se emplea en las franjas de seguridad.
• Cortina de CD: es una técnica que se instala en las franjas de seguridad donde
los CD instaladas en tubos de PVC generan visos de luz.
• Modificación y exclusión de hábitats: se reubican los nidos que se encuentren
en riesgo y contribuyan un peligro a las operaciones del aeródromo.
• Capacitaciones: se ofrecen a la comunidad aeroportuaria y trabajadores de
obras de pista.

Las medidas activas que se emplean en el aeropuerto Palonegro son las
siguientes:
• Falco-robot: es un aeromodelo con patrones de plumas de aves rapaces,
dicho avión controlado con un radio control se vuela como lo hace un ave de
rapiña, depredador natural de las aves; sin embargo, en este último mes se
averió y se encuentra en reparación.
• Aerolasser: haz de luz verde que se utiliza en las horas de la noche para
ahuyentar aves nocturnas que se posan en la pista y zonas de seguridad.
• Voladores: técnica empleada para aves que vuelan cerca de las cabeceras
del aeropuerto, es muy efectiva gracias a la altura que alcanza y las
detonaciones que hace en el aire
• Pirotecnia especializada: pistola que detona dos cartuchos, uno genera sonido
fuerte por periodo corto de tiempo y el otro causa una detonación, este es para
aves que están posadas sobre franjas de seguridad.
• Pértiga: se utiliza para capturar perros que ingresan a la zona operacional.
• Naza: red que se utiliza para capturar perros, gatos, iguanas, entre otros
animales que pueden causar problemas a la seguridad aérea.
• Monitoreo de la avifauna y fauna asociada al aeropuerto: el biólogo a diario
hace recorridos al interior y exterior del aeropuerto revisando los posibles
atrayentes de fauna, deterioro de las mallas y canales de desagües por donde
pueden ingresar animales, asimismo monitorea la fauna asociada al
aeropuerto y analiza las estrategias adecuadas para ahuyentar la fauna.

Adicional a estas estrategias de ahuyentamiento se realizan capacitaciones a la
comunidad circundante del aeropuerto en este caso comunidad aledaña de los
municipios a los cuales se les informa sobre las actividades que realiza el
programa de prevención y control de peligro aviar, adicional a esto se les hace
entender que ellos pueden contribuir a evitar los riesgos con fauna mediante una
buena disposición de los residuos sólidos. Asimismo, se capacita a la comunidad
para que sean replicadores de la información sobre el tema de peligro aviar”.

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169.3. Adicionalmente, da cuenta de las situaciones que dificultan la gestión del
Comité en el propósito de contrarrestar el peligro aviario, entre las que se destaca
la no presencia de los mandos jerárquicos de niveles altos de los entes que integran
el Comité, así:

“[…] En los estudios desarrollados se ha establecido que, de las especies
identificadas, el gallinazo es el ave que representa un riesgo inminente para las
operaciones aéreas en el Aeropuerto Palonegro.

De lo anterior se infiere que mientras haya fuentes de alimentación, habrá presencia
de gallinazos. Este alimento es proporcionado por el manejo inadecuado de los
residuos domésticos de las comunidades del Área Metropolitana de Bucaramanga
y Lebrija, y desde luego, por el manejo inadecuado de los residuos generados en
las agroindustrias y explotaciones agropecuarias ubicadas en el área de influencia
del aeropuerto Palonegro.

Los integrantes del Comité de Prevención de Peligro Aviario, coinciden en identificar
la principal dificultad como la No presencia, ni asistencia de los mandos jerárquicos
de niveles altos de los distintos entes que conforman el Comité.

Esta situación dificulta que los compromisos se ejecuten, toda vez que para ello se
requiere esencialmente la asignación de recursos humanos, técnicos y financieros,
los cuales solo son del alcance de los mandos directivos y no de los mandos medios
que son los que normalmente asisten a estas reuniones.

Consideramos que, desde el nivel central, al interior de los Comités Nacionales de
Prevención de Peligro Aviario, se debería involucrar las altas esferas del gobierno
nacional, ministerios del Interior, Hacienda y Medio Ambiente; para que desde allí
se tracen políticas de prevención del peligro aviario en los aeropuertos del país, se
fijen directrices a los entes territoriales y autoridades ambientales, y se garanticen
los recursos necesarios para la implementación de acciones requeridas.

Adicionalmente no se cuenta con un representante permanente en los comités. En
cada reunión asiste un funcionario distinto, lo que dificulta la unidad de criterio en el
abordaje de las posibles acciones para el control del peligro aviario, conllevando del
mismo modo al No cumplimiento de las tareas y compromisos adquiridos en las
distintas reuniones.

El no cumplimiento de los Entes Territoriales en el uso de suelos en áreas aledañas
a los aeropuertos, y la permisividad en el manejo inadecuado de los residuos sólidos
por parte de las agroindustrias y las comunidades de sus municipios.

Falta de acciones reales y concretas de las autoridades ambientales y sanitarias,
como la aplicación de sanciones y medidas coercitivas que persuadan a infractores
de las normas ambientales y generadores de contaminación del medio ambiente, a
No reincidir en la comisión de este tipo de acciones.

Falta de control y seguimiento por parte de las autoridades ambientales a los
compromisos adquiridos en el Comité Aviario.

Falta de autoridad para controlar el manejo inadecuado de los residuos sólidos por
parte de las comunidades.

Finalmente, como se ha señalado en distintos informes, el no direccionamiento de
los recursos que la Aerocivil destina para la Prevención del Peligro Aviario, en dar
solución real al problema, cual es la disponibilidad de alimento que tienen los
gallinazos en el área de influencia del Aeropuerto, proporcionado principalmente por
el manejo inadecuado de los residuos domésticos de las comunidades aledañas;
ocasionado por la falta de cultura y conciencia ambiental de dichas comunidades.

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Agrava esta condición el manejo inadecuado de los residuos generados en las
agroindustrias, explotaciones pecuarias y demás sistemas agro-productivos
ubicados en el entorno del aeropuerto Palonegro”.

170. Consta copia del mapa121 allegado por el Municipio de Floridablanca que
permite evidenciar la distancia de los trece (13) kilómetros tomados desde el punto
de referencia del Aeropuerto Internacional Palonegro, así:

Mapa. Radio de 13 kilómetros de distancia desde el punto de referencia del Aeropuerto
Internacional de Palonegro al Municipio de Floridablanca

171. Copia del Memorando SEYCA-0017-2023122, de 31 de enero de 2023,
suscrito por el Subdirector de Evaluación y Control Ambiental, mediante el cual
informa sobre las actuaciones adelantadas por la Corporación Autónoma Regional
para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, CDMB, surtidas en la etapa de
cierre, clausura y posclausura del relleno sanitario El Carrasco, en el curso del año
2023. Con este memorando se adjunta el Oficio núm. CDMB-2425 de 11 de marzo
de 2022, suscrito por el Subdirector de Evaluación y Control Ambiental, en el que
se indica:

“[…] 1. Que en cumplimiento del fallo dado el 01 de marzo de 2009 por el Juzgado
Cuarto Administrativo de Bucaramanga y confirmado parcialmente el 16 de febrero
de 2011 por el H. Tribunal Administrativo de Santander, la CDMB ha venido
realizando visitas de inspección y seguimiento al sitio de disposición final, de
las cuales se generan informes bimestrales que son enviados al Juez Quince
Administrativo de Bucaramanga para su conocimiento y fines pertinentes.

2. Que el MADS restituye la competencia del proyecto ‘Recuperación ambiental
del relleno sanitario el Carrasco’ a la Corporación Autónoma Regional para la
Defensa de la Meseta de Bucaramanga – CDMB, por medio de la resolución 1036
del 23 de septiembre de 2021.

3. Que el 6 de octubre de 2021 la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales –
ANLA, hizo entrega a la CDMB de las 37 cajas que contenían el expediente

121 Cfr. Cuaderno núm. 8, folio 1448.
122 Cfr. Índice 40 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado:
144_RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_CDMBALEGATOSCONC(.pdf) NroActua 40

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identificado por la ANLA como LAM6420, con la información de la trazabilidad de
seguimiento a El Carrasco.

4. Que la ANLA y la CDMB realizaron el proceso de empalme de la información
correspondiente a el relleno sanitario, realizando diferentes reuniones presenciales y
virtuales.
5. Que el pasado 9 de diciembre de 2021, las dos autoridades CDMB y ANLA,
realizaron visita conjunta de seguimiento al sitio, dando cumplimiento al cronograma
y finalizando la etapa básica del proceso de empalme.

6. Que el ‘AUTO QUE PONE EN CONOCIMIENTO, REQUIERE INFORMACION Y
ORDENA ACATAR LA ORDEN JUDICIAL DE CIERRE DEFINITIVO DEL SITIO DE
DISPOSICION FINAL ‘EL CARRASCO’, del 27 de octubre de 2021, menciona:
‘ADVIÉRTASE al señor JUAN CARLOS REYES NOVA en su calidad de Director de
la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga –
CDMB que las providencias del 05 y 11 de agosto de 2021 que ordenaron el
cierre definitivo del Sitio de Disposición Final ‘El Carrasco’, a partir de las 00:00
HORAS DEL 14 DE AGOSTO DE 2021, se encuentran debidamente
ejecutoriadas, en consecuencia, cualquier autorización orientada al funcionamiento
transitorio o permanente de este lugar, conlleva a la imposición de las sanciones
establecidas en el artículo 41 de la Ley 472 de 1998’.

7. Que la competencia del seguimiento al sitio de disposición final fue restituida con
el fin de adelantar el control y seguimiento ambiental al plan de cierre y abandono del
sitio de disposición final El Carrasco.

8. Que teniendo en cuenta las condiciones actuales del relleno sanitario, y
considerando que próximamente se cumplirán 10 años de vigencia de la
Resolución 1014 del 29 de noviembre de 2013, se considera necesario que la
EMAB realice la actualización del Plan de Manejo Ambiental enfocado
exclusivamente a las actividades de cierre y desmantelamiento […]”. (Destacado
fuera del texto original).

Pruebas testimoniales:

172. Obra el testimonio de Dalba Rocío Rivera Sanabria123, en audiencia
celebrada el 3 de agosto de 2016. Manifiesta que es abogada especialista en
Derecho Público, profesional Aeronáutico Grado 27 de la Unidad Aeronáutica Civil,
quien para el año 2014 se desempeñaba como Administradora del Aeropuerto
Internacional Palonegro de Bucaramanga. La testigo manifiesta en relación con la
problemática que se expone en la demanda de acción popular, lo siguiente:

“[…] Existe en el Aeropuerto Palonegro una problemática de peligro aviar, esta
problemática deviene de la presencia de gallinazos en el área de cono de
aproximación del aeropuerto, más específicamente en la cabecera 35, que es la que
da hacía al sur del aeropuerto. La Aerocivil desde el año 2000, aproximadamente, ha
iniciado ingentes trabajos y esfuerzos por lograr minimizar el riesgo que esto genera.
Desde el año 2000 esta conformado el Comité Nacional de Peligro Aviario y el Comité
Regional de Peligro Aviario al cual asisten todas las autoridades municipales,
ambientales, y la Procuraduría Regional Agraria también. A partir del trabajo y el
desarrollo de ese Comité se ha logrado hacer estudios para identificar los focos
atrayentes de aves. Efectivamente, no es en el Aeropuerto donde tenemos los
focos. Lo que dice la norma aeronáutica es que dentro de los trece (13) kilómetros
a la redonda, tomados desde el eje de la pista -hay que analizar que trece (13)
kilómetros alcanza al área metropolitana de Bucaramanga, de Girón, de

123 Cfr. Cuaderno núm. 5, folios 880 a 882. Asimismo, consta el Acta de Audiencia de Recepción de Testimonios.

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Floridablanca e incluso Piedecuesta (todos quedan dentro de los trece (13)
kilómetros a la redonda porque es en línea recta)-.En ese orden de ideas, sabiendo
que el peligro aviar lo genera el alimento de las aves, se han hecho trabajos con
las autoridades municipales, que son los responsables del manejo de los residuos en
su jurisdicción y con la autoridades ambientales para controlar la comida que les
damos a los animales. Específicamente del tema de El Carrasco que se ha reconocido
por la Aerocivil como un foco atrayente de aves […] la Aerocivil ordenó a través de
una Resolución de junio de este año el cierre definitivo, que son tareas que hemos
venido adelantando. La primera vez que la Aerocivil se pronunció dando un concepto
desfavorable para El Carrasco fue en el año 2009. Desde el año 2009 se viene
trabajando en el cierre de El Carrasco porque la Aerocivil, como Autoridad
Aeronáutica y por las facultades que la ley le otorga emitió un concepto desfavorable
en el que indicó que ‘El Carrasco no puede estar ahí porque es un generador de un
peligro aviario’ […].

El señor Juez pregunta a la declarante ¿a qué municipios se refiere?

Delba Rocío: “[…] del área metropolitana, Bucaramanga, Girón y Florida Blanca
específicamente […] Lebrija no está en el área metropolitana pero el aeropuerto está
en jurisdicción del área metropolitana y con Lebrija trabajamos mucho […] en el tema
del manejo de los residuos a través del comité de peligro aviario que ha hecho una
gestión […] que nos ha servido para el control del peligro que se genera en el
aeropuerto.
Le comentaba, las autoridades municipales metropolitanas por emergencia sanitaria
han ido prorrogando el cierre del relleno sanitario y […] esa es […] la razón que nos
trae acá a esta demanda de acción popular […]

Como última acción de la Aeronáutica Civil, en aras de garantizar la seguridad aérea
y la seguridad de todos los usuarios del trasporte aéreo en el aeropuerto Palonegro,
emitió la Resolución […] 01737 del 17 de junio de 2016, en donde, en su parte
resolutiva, califica como obstáculo prohibido la construcción y operación del relleno
sanitario “El Carrasco” […] y ordena […] la remoción y/o demolición de la construcción
entonces […] es la última acción que la Aeronáutica Civil como autoridad aeronáutica
responsable de la seguridad aérea a emitir […]”
“[…]”

Apoderado del Municipio de Lebrija: “[…] Sírvase manifestarle al despacho qué
temas son los que se ventilan en este Comité Regional Aviario y qué autoridades son
las que asisten […]”.

Delba Rocío: “[…] En el Comité Regional Aviario se ventilan todos los temas
relacionados con la problemática viar del aeropuerto Palonegro, los focos atractivos
de aves que pueden existir en el cono de aproximación que, de acuerdo a los estudios
que se han realizado, además del relleno sanitario “El Carrasco” están varias
agroindustrias que hay en el sector como son avícolas y porcícolas.

En ese orden de ideas, como las autoridades ambientales […] hacen parte del comité,
lo que hacemos es realizar un trabajo control y seguimiento a los planes de manejo
ambiental que […] deben tener y cumplir esas agroindustrias […], la Aeronáutica Civil
tiene un manual de uso de suelos, ese manual […] se le notifica y todos los años se
lo enviamos a los (sic) autoridades municipales y a los (sic) autoridades ambientales
para que […] los Municipios y las empresas que […] están ubicadas dentro del cono
de aproximación del aeropuerto cumplan […] esos controles ambientales a su
actividad, porque sabemos que no podemos eliminar las actividades industriales y
agrícolas de la región que son uno de los principales sectores de nuestra economía,
sino que lo que tienen es que trabajar con unos controles ambientales para evitar o
ser amigables con el medio ambiente y no generar riesgo.

Qué autoridades integran el Comité, lo integran las autoridades municipales, los
alcaldes del Municipio de Bucaramanga, del Municipio de Lebrija, […] Girón, Florida
Blanca, Piedecuesta, Lebrija que el aeropuerto está en jurisdicción del Municipio de

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Lebrija, la CDMB, el Área Metropolitana, la Procuraduría Agraria, el INVIMA, el ICA
[…], la Policía Ambiental y en algunas oportunidades hemos invitado a la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. También allí van como
invitadas las empresas municipales de aseo, la EMA, la empresa municipal de aseo
de Girón que era Casa Limpia, porque ellos son quienes desarrollan los planes de
manejo de residuos de los municipios donde están contratados […]”.

173. En la misma audiencia, se escuchó el testimonio de Tatiana Yurani Blanco
Garizao124. La declarante refiere que es administradora de empresas y
representante legal de la Aeronáutica Civil en la ciudad de Bucaramanga. Sobre la
problemática del peligro aviario señaló lo siguiente:

“[…] Nosotros como Aeronáutica Civil hemos emitido el 17 de junio del 2016 una
Resolución, la número 01737 […] por la cual se califica obstáculos prohibidos y se
ordena la remoción, ese obstáculo prohibido se caracteriza al Carrasco y se ordena
su remoción debido a que causa un peligro bastante amplio dentro de la aproximación
en la cabecera 35 de la pista del aeropuerto internacional Palonegro, nosotros como
entidad lo que venimos manejando dentro del plan de peligro aviario son reuniones
[…] en el año cada tres meses y son cuatro meses en el año donde hemos venido
hablando con cada una de las entidades que se (sic) vienen involucradas en este
caso para poder solventar de la mejor manera una solución que nos pueda permitir el
disminuir […] esta situación la cual no está permitiendo que los aviones aproximen de
la mejor manera y hacen que sea un riesgo operacional muy alto […]

[…] Cuando llegué se venía presentando el mismo caso, Carrasco está generando
una atracción bastante grande de las aves en general, lo cual hace que en la cabecera
35 de la pista se presenten varios animales los cuales obstaculizan la aproximación,
durante estos meses lo que la Aeronáutica Civil ha venido haciendo a través de un
contrato nacional con unos biólogos es poder disminuir a través de pólvora, a través
de varios elemento que el contratista ha llevado el poder dispersar estas aves, lo cual
es como una actividad que es por encima mas no es la que se requiere, que es el
retiro inmediato de este obstáculo que es El Carrasco […]”

“[…] [A] parte de El Carrasco existen muchas más […] mataderos clandestinos,
muchas otras cosas lo cual junto con el biólogo lo que se hace es visitar a una de las
alcaldías, en este caso Lebrija, también el Girón y en Bucaramanga para, de una
manera concienzuda y poder llegar a la persona de una manera lo más amigable
posible, en poder cerrar debido a que eso está causando varias aves. Se sigue
laborando en ellos desde que llegué hemos venido laborando en ello, lo cual en un
momento eso fue en Lebrija , […] se pudo cerrar una entidad de huesos, de quema
huesos pero se volvió a abrir, entonces […] lo que sigue es la gestión respectiva para
poderlos cerrar finalmente, entonces no solamente es El Carrasco, son muchas otras
entidades más, muchos entes más lo cual hace que las aves lleguen mucho más al
aeropuerto y sea un peligro cada vez más grande […]

[…] [C]ómo se encuentra actualmente, se encuentra en las mismas condiciones,
siguen las aves llegando a no ser que fuera por el biólogo y por las actividades que
se siguen manejando y las diferentes actividades de dispersión que se están
realizando las aves seguirían ahí […]”

“[…] [E]l más grave y el que atrae mucho más, a pesar del resto porque el resto
también es bastante grande, es El Carrasco […]”

“[…] [D]entro de estas reuniones lo que se plantea es que cada una de las entidades
pueda llevar a sus jefes una propuesta, para que lleve en la siguiente reunión una
solución a lo que se ha venido presentando, pero lamentablemente quedan allí […] y

124 Ibidem.

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no se ejerce una solución dentro de esos comités, sino toca llevarlos, llegan hasta
resoluciones y pues llegan hasta estos estrados […]”

“[…] [E]s el Comité de Peligro Aviario y son cuatro veces al año y se levantan actas
[…]”

“[…] [C]ada quien como que propone unas posibles soluciones las cuales se evalúan
y se miran cuál se puede ejecutar, cuáles no, la que se ha venido ejecutando es […]
la del biólogo la cual la Aeronáutica Civil […] lo ha colocado a nivel nacional y por
parte de cada una de las entidades también como el compromiso de mitigar lo que se
viene presentando […]”.

174. En el plenario también obra el testimonio de Elvin Mejía Olarte 125, rendido en
audiencia celebrada el 30 de agosto de 2016, quien es Administrador de Empresas
Agrícolas y se desempeña como profesional aeronáutico de la Aeronáutica Civil
desde hace veinte (20) años.

175. En la misma audiencia fue tomada la declaración de Rubén Enrique Amaya
Vanegas, de profesión Ingeniero Ambiental y Saneamiento Básico, quien se
desempeña como Jefe de Disposición Final de El Carrasco y hace parte de la planta
de personal de la Empresa de Aseo de Bucaramanga.

176. Asimismo, en la audiencia celebrada el 30 de agosto de 2016, fue tomada la
declaración de Oscar Armando Soto Galván126, quien laboró en la Empresa de Aseo
de Bucaramanga desde el año 2012 hasta el 18 de abril de 2016. Refiere que la
Empresa cuenta con un plan de manejo ambiental, que incluye el control del
gallinazo; el cual es auditado por el Área Metropolitana de Bucaramanga. Del mismo
modo, da cuenta de algunas características sobre el comportamiento y el hábitat de
estas aves, como se aprecia a continuación:

"[…] La EMAB recibía visitas periódicas de la Aeronáutica Civil en donde se
evidenciaba las labores de cubrimiento de residuos y en los que se decía que el
gallinazo no se estaba alimentando de los residuos pero si habita el sector o área
donde está el Carrasco, es decir, ahí duerme, llega todas las tardes a las 5 pm y salen
al otro día a las 7:30 de la mañana, luego es el hábitat natural porque el relleno
sanitario inicio como botadero a cielo abierto hace más de 40 años, lo cual permitió
crear ese ambiente para los gallinazos y cuando después empezó a aplicarse la
tecnología de relleno sanitario y a tener estos planes de manejo, el gallinazo
realmente no se alimenta en la celda de disposición sino que habita en los
alrededores, ya que además el terreno es óptimo para la procreación de ellos
(cárcavas naturales y estoraques donde habitan y anidan) […]”.

176.1. Además, el testigo indica que la Empresa de Aseo de Bucaramanga EMAB
S.A. E.S.P. le solicitó a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales realizar un
estudio para el proceso de caza y control para la destrucción de los nidos; sin
embargo, precisa que ese trámite quedó en ese punto al momento de su retiro.

125 Cfr. Cuaderno núm. 7, folios 1231 a 1233.
126 Cfr. Cuaderno núm. 7, folios 1248 a 1249.

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177. La Sala considera que de acuerdo con el material probatorio allegado al
proceso y referenciado supra, es posible concluir:

178. El Aeropuerto Internacional Palonegro se encuentra ubicado en la vereda del
mismo nombre del Municipio de Lebrija. En un radio de (13) kilómetros de distancia
del Aeropuerto se presentan focos de atracción para el gallinazo negro, que
conllevan la presencia de estas aves en el mismo espacio de operación de las
aeronaves, específicamente, en el cono de aproximación del Aeropuerto
Internacional Palonegro –cabecera 35, ubicada en el sur del aeropuerto–, con lo
cual se genera un riesgo aéreo, debido a que se constituyen como un obstáculo
susceptible de colisión, que pone en peligro la seguridad de los pasajeros y del
personal aeroportuario, además de esta especie de aves.

179. El radio de trece (13) kilómetros se clasifica en dos niveles. El nivel 1
corresponde al área de los predios del aeropuerto y los sistemas naturales y
artificiales adyacentes. Se encuentra situado dentro de los tres (3) kilómetros de
radio contados desde el punto central del aeródromo (ARP). Por su parte, el nivel 2,
va desde el kilómetro tres (3) hasta el kilómetro trece (13) de radio desde el punto
central del aeródromo, comprende “[…] diferentes usos de suelo, sistemas naturales
e infraestructura urbana que hacen parte de los municipios aledaños como
Lebrija, Bucaramanga y su área metropolitana […]127 (Destacado fuera del texto
original)”.

180. Los gallinazos de cabeza negra o “Coragyps atratus” son pájaros grandes
(65 cm) de color negro que se caracterizan por tener la cabeza desnuda y arrugada,
lo que previene que las plumas se contaminen por comer carroña, tienen picos
curvos y fuertes que están adaptados para desgarrar carne a la vez que la sostienen
con una de sus patas. Estos gallinazos vuelan en grupos, ayudándose mutuamente
para buscar comida. Son considerados una especie sinantrópica, monógama y
gregaria. Sus hábitos carroñeros implican que su comportamiento de alimentación
propende por focos atrayentes como son los botaderos a cielo abierto, mataderos
clandestinos de animales, empresas del sector agropecuario que generan
subproductos atractivos a la presencia de estas aves.

181. La calidad de hábitat natural para los gallinazos negros se encuentra
relacionada con la oferta, abundancia y frecuencia de alimentación natural, así

127 Oficio de 8 de marzo de 2018127, suscrito por la administradora del Aeropuerto, por medio del cual allega el

informe elaborado por el Biólogo del Aeródromo de Bucaramanga del Consorcio AI.

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como, con los sitios de percha, o las condiciones propicias para el establecimiento
de nidos, levante de polluelos y para los desplazamientos debido a las corrientes de
aire en toda el área.

182. El manejo inadecuado de residuos sólidos y de materias primas y
vertimientos en los procesos productivos generan focos atrayentes para los
gallinazos negros, en la medida que constituyen una fuente de alimentación. Estos
focos se encuentran en los municipios aledaños a la ubicación del Aeropuerto
Internacional Palonegro, dentro de los trece (13) kilómetros a la redonda contados
desde el eje central del aeródromo, específicamente, en el nivel 2 (que va desde el
kilómetro tres (3) hasta el trece (13) y que involucran: el Área Metropolitana de
Bucaramanga, y los Municipios de Girón, Bucaramanga, Floridablanca y
Piedecuesta.

183. El sitio de disposición final de residuos sólidos El Carrasco es uno de los
focos identificados para la atracción del gallinazo negro. Está ubicado en la
trayectoria del cono de aproximación de la cabecera 35 de la pista del Aeropuerto
Internacional Palonegro “a una distancia de 5021 metros, desde la base menor de
la superficie de aproximación a la cabecera 35. Su lado más cercano se encuentra
a una distancia de 1268 metros de prolongación del eje central de la pista principal
al límite de la superficie de aproximación en esta zona”.

183.1. El sitio donde se ubicó el lugar de disposición final de residuos sólidos El
Carrasco obedeció a la determinación de orden técnico de conveniencia para la
disposición de estos residuos, emitida en el año 1977, como resultado del convenio
celebrado entre el municipio, la Empresa de Aseo de Bucaramanga S.A. E.S.P. y
una firma canadiense. El Carrasco empezó a operar el año siguiente. Es conocido
como un hábitat natural para los gallinazos negros; se trata de un terreno que
propicia su procreación en las cárcavas y estoraques. El Carrasco está compuesto
por tres (3) cárcavas. La primera se encuentra ubicada en su totalidad en la
jurisdicción de Bucaramanga; la segunda en jurisdicción de Bucaramanga y Girón;
y, la tercera en la jurisdicción de Girón.

184. En el año 2009, el Director de Desarrollo Aeroportuario de la Aeronáutica Civil
emitió concepto desfavorable para el proyecto de mantener el sitio de disposición
de residuos sólidos El Carrasco debido al grave riesgo para la operación de las
aeronaves, en tanto “la abundante presencia de aves de carroña de gran tamaño,
[…] atraídas por la descomposición de residuos orgánicos del vertedero […]”

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pueden provocar incidentes que comprometen la seguridad de los pasajeros y los
terceros en tierra.

185. El Tribunal Administrativo de Santander ordenó el cierre definitivo de El
Carrasco a partir del 30 de septiembre del año 2011, al confirmar la sentencia de
primera instancia en la acción popular con el número único de radicación 68001-33-
31-004-2002-02891-01, en la cual, se declaró probada la vulneración de los
derechos e intereses colectivos al goce de un ambiente sano, a la existencia del
equilibrio ecológico, al acceso a una infraestructura de servicios que garantice la
salubridad pública, al acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea
eficiente y oportuna, entre otros.

185.1. Esta fecha fue objeto de postergación debido a distintas declaratorias de
estado de emergencia128 por parte de los municipios obligados a su acatamiento.

128 La Resolución núm. 0368 de 11 de marzo de 2014, emitida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, “Por la cual se asume la competencia del Proyecto ‘Recuperación ambiental del relleno sanitario El
Carrasco’ y se toman otras determinaciones”, da cuenta de los estados de emergencia que fueron declarados
por los entes territoriales para hacer uso de El Carrasco:

“[…] Que mediante Decreto 234 del 1° de octubre de 2011, la Alcaldía de Bucaramanga declaró el estado
de emergencia sanitaria en el municipio de Bucaramanga por el términos de seis (6) meses para atender la
disposición final de residuos sólidos de dicho municipio.
Que mediante Decreto 0056 del 30 de marzo de 2012, la alcaldía de Bucaramanga prorrogó, a partir del 1
de abril de 2012, por el término de dieciocho (18) meses, el estado de emergencia sanitaria declarado en el
Municipio de Bucaramanga mediante el Decreto 0234 de 2011.
Que mediante Decreto 0190 del 30 de septiembre de 2013, el Alcalde de Bucaramanga declaró a partir del
1º de octubre de 2013, la existencia de situación de riesgo de calamidad pública ambiental en el municipio
de Bucaramanga.
Asimismo, que a partir del primero (1°) de octubre de 2013 y hasta por el término de veinticuatro (24) meses
el estado de emergencia sanitaria y ambiental en el municipio de Bucaramanga.
Adicionalmente, entre otros puntos decretó que durante el término que dure la situación declarada, se hará
uso en las celdas 1, 2 y 3 de la cárcava 2 de disposición final de residuos sólidos, el cual se encuentra
ubicado en el km 7 en la vía que conduce de Bucaramanga a Girón, en el predio denominado "El Carrasco",
propiedad de la Empresa de Aseo de Bucaramanga -EMAB S.A. ESP-, hasta que cope su vida útil”.

Mediante el Decreto núm. 0158 de 25 de septiembre de 2015, proferido por el Alcalde Municipal de
Bucaramanga, “Por el cual se prorroga la declaratoria de existencia de situaciones de riesgo de calamidad
pública que da lugar al estado de emergencia sanitaria y ambiental en el Municipio de Bucaramanga, y se
adoptan otras disposiciones” resolvió:

“ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar a partir del 1° de Octubre de 2015, y hasta por el término de veinticuatro
(24) meses, la declaratoria de existencia de situación de riesgo de calamidad pública que da lugar al estado
de emergencia sanitaria y ambiental en el Municipio de Bucaramanga en lo que respecta a la prestación del
servicio público domiciliario de aseo en su actividad complementaria de disposición final de residuos sólidos.
PARÁGRAFO: En el evento en que con antelación al vencimiento de los veinticuatro (24) meses de que trata
el presente artículo, se superen los motivos que han dado origen a la situación de riesgo de calamidad pública
y al estado de emergencia sanitaria y ambiental que mediante el presente acto administrativo se prorroga, el
Alcalde de Bucaramanga así lo declarara mediante acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: Durante el término que dure la situación declarada en el presente Decreto o hasta
tanto se cope su vida útil, y dentro del plan de contingencia asociado, se hará uso de la capacidad remanente
de las Celdas 1 y 2 de la Cárcava 1 y se habilitará y hará uso de la Celda 4 en la Cárcava 2, dentro del predio
de propiedad de la EMAB S.A. E.S.P., ubicado en el perímetro urbano del municipio de Bucaramanga,
concretamente en el km 7 de la vía que conduce de Bucaramanga a Girón, celdas en las cuales se hará, a
partir de la fecha, la disposición final de los residuos sólidos que se producen en el Municipio de Bucaramanga,
en los demás municipios del Área Metropolitana de Bucaramanga y otros municipios aledaños que carecen
de otro sitio donde disponer residuos y se encuentren igualmente en situación de emergencia”.

El Decreto núm. 058 de 25 de septiembre de 2015, suscrito por el Alcalde de Piedecuesta, prorrogó por el
término de 24 meses la declaratoria de existencia de situación de riesgo de calamidad pública ambiental del
Municipio, en lo que respecta en el servicio público domiciliario de aseo. Igual, ocurrió mediante el Decreto
152 de 2015 -de la misma fecha- en el Municipio de Girón.

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La Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga
CDMB comunicó a los alcaldes de los Municipios de Lebrija, Rionegro, Playón,
California, Suratá y Tona que no era posible seguir disponiendo residuos sólidos en
El Carrasco, dado que el 30 de septiembre de 2013 se reimpondrían los sellos para
el cierre de este sitio de disposición final de residuos sólidos. No obstante, el cierre
definitivo de El Carrasco acaeció el 14 de agosto de 2021, con fundamento en la
providencia del 11 de agosto de ese mismo año, en la que el Juez Quince
Administrativo de Bucaramanga resolvió mantener la orden de cierre en los términos
de la Resolución núm. 786 de 2021 y el Auto núm. 05968 de 3 de agosto de la
misma anualidad expedido por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales.

186. Entre los años 2011 a 2016 se registraron en el Aeropuerto Internacional
Palonegro sesenta (60) incidentes con aves durante la operación aeronáutica; pese
a que, en la gran mayoría, no existe identificación de la especie de ave, en cinco (5)
ocasiones se dejó constancia que la situación ocurrió con gallinazo negro. Sin
embargo, no hubo ninguna consecuencia para el vuelo, comoquiera que, del total
de incidentes solo en una oportunidad se consignó demora operacional por chequeo
de mantenimiento. Además, se dejó constancia de las partes golpeadas de las
aeronaves, en los distintos eventos, tales como: radomo, fuselaje, parabrisas, motor
núm. 1, motor núm. 2, tren de aterrizaje, proa y ala.

187. En el año 2003 se conformó el Comité Nacional para la Prevención del
Peligro Aviario de Colombia, que luego fue denominado Comité Nacional
Interinstitucional para la Prevención del Peligro Aviario y de la Fauna en Colombia;
asimismo, se crearon los Comités Regionales de Peligro Aviario en los diferentes
aeropuertos del país, los cuales, posteriormente, fueron denominados Comités
Aeroportuarios de Prevención del Peligro Aviario y de la Fauna.

188. El Comité Aeroportuario de Prevención del Peligro Aviario y de la Fauna del
Aeropuerto Internacional Palonegro tiene por objeto tratar la problemática
relacionada con la presencia de gallinazos negros en las inmediaciones hasta un
radio de trece (13) kilómetros a la redonda, determinar los focos atractivos para
estas aves, pactar los compromisos y realizar el seguimiento. Las sesiones se
celebran cuatro (4) veces al año, esto es, cada tres (3) meses.

189. Consta que en las distintas sesiones del Comité Aeroportuario de Prevención
del Peligro Aviario y de la Fauna del Aeropuerto Internacional Palonegro, celebradas
en los años 2016 y 2017, en la Sala de Audiencias del Aeropuerto Palonegro
participaron representantes de las siguientes entidades: Secretaría de Salud de

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Floridablanca, Secretaría de Salud y Ambiente de Girón, Secretaría de Salud de
Lebrija, Secretaría de Desarrollo de Floridablanca, Secretaría de Desarrollo de
Girón, Secretaría de Planeación de Lebrija, Secretaría de Planeación de Girón,
Secretaría de Gobierno de Lebrija, Secretaría de Planeación de Piedecuesta,
Secretaría de Salud de Bucaramanga, Secretaría de Salud del Departamento de
Santander, Procuraduría Ambiental y Agraria, Dirección de Gestión del Riesgo de
Lebrija, Alcaldía de Girón, Alcaldía de Lebrija, Alcaldía de Bucaramanga, Policía
Nacional, Área Metropolitana de Bucaramanga, Federación Nacional de Avicultores
FENAV, Instituto Nacional de. Vigilancia de Medicamentos y. Alimentos INVIMA,
Instituto Colombiano Agropecuario ICA, Corporación Autónoma Regional para la
Defensa de la Meseta de Bucaramanga CDMB, Empresa de Aseo de Bucaramanga
S.A E.S.P. EMAB, Empresa de Aseo Casalimpia, Universidad Cooperativa de
Colombia UCC, Administradora de la Aerocivil, Aerooriente, Copa Airlines, AIS-
COM Aerocivil, OPAF Aerocivil, Biólogo del Consorcio AI.

189.1. En el marco de las sesiones del Comité Aeroportuario de Prevención del
Peligro Aviario y de la Fauna del Aeropuerto Internacional Palonegro, se pactaron
compromisos de carácter permanente, tales como: i) la elaboración de un informe
sobre el seguimiento ambiental a las agroindustrias (en especial de las granjas
avícolas y porcícolas) para determinar su cumplimiento en materia ambiental a
cargo de la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de
Bucaramanga, CDMB; ii) coadyuvar en la implementación de las medidas
preventivas para el control y prevención del peligro aviario por parte de la
Procuraduría Agraria; iii) el acompañamiento de la Policía Nacional en los controles
que se realizan en los mataderos clandestinos del Área metropolitana y de Lebrija;
iv) el seguimiento de los planes de Manejo Ambiental para el Control del Gallinazo
de los Municipios de Lebrija y Girón, por la Corporación Autónoma Regional para la
Defensa de la Meseta de Bucaramanga, CDMB y el Área Metropolitana de
Bucaramanga AMB; y, v) la conformación de las mesas de trabajo para hacer
seguimiento a los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos en los Municipios
del Área Metropolitana y en Lebrija, a cargo de la Corporación Autónoma Regional
para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, CDMB, el Área Metropolitana de
Bucaramanga, AMB y la Aeronáutica Civil.

190. Está probado que la Aeronáutica Civil suscribió un contrato de prestación de
servicios con el Consorcio AI el 18 de diciembre de 2015, cuyo objeto consiste en
prestar el servicio para el desarrollo del programa de mejoramiento para la

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prevención del peligro aviario y fauna en distintos aeropuertos, entre ellos, el
Internacional Palonegro de Bucaramanga.

191. El Aeropuerto Internacional Palonegro despliega medidas pasivas y activas
para la dispersión y el control de las aves, tales como: i) el ojo del terror, ii) cortinas
de Cd, iii) modificación y exclusión de hábitats, iv) capacitaciones a la comunidad
aeroportuaria. Y, activas: falco robot, aerolasser, voladores, pirotecnia
especializada, pértiga, naza, monitorio de avifauna y fauna.

192. La Empresa de Aseo de Bucaramanga EMAB S.A. E.S.P. ha venido
adelantando acciones diarias, de conformidad con lo establecido en el Plan de
Manejo Ambiental para el Control del Gallinazo Negro en El Carrasco, con el fin de
evitar la presencia de las aves en la celda de disposición final. Estas acciones
involucran la quema de pólvora, el cubrimiento de residuos de forma temporal con
lonas impermeables y arcilla, cerramientos con malla que evitan el desplazamiento
de las aves, entre otras.

192.1. Al respecto, también, está probado que el gerente de la Empresa de Aseo
Municipal de Bucaramanga EMAG S.A. E.S.P. presentó una solicitud a la Autoridad
Nacional de Licencias Ambientales ANLA para la caza de la población del gallinazo
negro, con miras a su control en El Carrasco. En la respuesta emitida en junio de
2017, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales señaló que la Corporación
Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga -CDMB, es la
entidad competente para resolver sobre el permiso de recolección que trata los
artículos 2.2.2.8.1.1 y 2.2.2.8.1.2.del Decreto 1076 de 2015129.

193. En los distintos municipios han sido identificados los focos de atracción del
gallinazo negro. En el Municipio de Girón los sitios reconocidos fueron los
siguientes: “El Carrasco”, la Plaza de mercado central de Girón, la Plaza de El
Poblado, la Plaza de mercado Arenales, el Rincón de Girón, la Invasión La
Estanzuela, San Antonio del Carrizal I, II y IlI, Las Marías vía Bahondo y Rio de Oro
debajo del Puente Militar.

194. Por su parte, en el Municipio de Piedecuesta fueron identificados cuarenta
(40) puntos críticos. Mientras que, en Lebrija se establecieron como causas
asociadas a la problemática la existencia de: granjas avícolas (105), granjas
porcícolas (33), mataderos clandestinos, así como, fuentes hídricas naturales o
artificiales –estaciones piscícolas–.

129 Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible.

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194.1. En lo que corresponde al Municipio de Bucaramanga, se identificaron como
puntos críticos o focos de atracción para los gallinazos negros: el sitio de
Disposición Final de Residuos Sólidos El Carrasco, las Plazas de mercado San
Francisco, Guarín, y La Concordia, el Costado Oriental del Río de Oro,
específicamente, en los puntos de descargue de las quebradas que atraviesan la
ciudad en sentido Oriente - Occidente, alrededores de empresas localizadas sobre
el corredor vial El Palenque - Café Madrid dedicadas al procesamiento de residuos
cárnicos, Corredor Vial La Virgen - Puente de la Cemento, Corredor Vial La Virgen
• Barrio Los Ángeles, Calle 45 entre Carrera 9 y Terpel, y porquerizas ubicadas en
los alrededores de la escarpa occidental.

195. Los municipios de Girón, Piedecuesta, Lebrija y Bucaramanga adoptaron
Planes de Manejo Ambiental para el Control del Gallinazo Negro.

195.1. El Plan de Manejo de Girón comprende dos programas: 1) Gestión Integral
de Residuos Sólidos y 2) Gestión y desarrollo social. El primero contempla
actividades específicas de residuos sólidos y el segundo actividades sobre
educación ambiental y cultura ciudadana.

195.2. Establece que el responsable de la implementación de las políticas para
atacar los puntos críticos es la administración municipal. Además, señala que las
encargadas del control y seguimiento son la Oficina Asesora de Planeación, la
Secretaría Local de Salud, la Oficina de Infraestructura, la Secretaría de Gobierno,
la Secretaría de Educación y el Asesor de Cultura y Turismo.

195.3. Por su parte, el Plan de Manejo Ambiental del Municipio de Piedecuesta es
explícito en señalar que, aunque el municipio no se encuentre dentro del cono de
aproximación del Aeropuerto Internacional Palonegro, está comprometido en
identificar los focos atrayentes para la presencia del gallinazo y en contribuir en la
formulación de una solución a la problemática, comoquiera que, es deber de los
municipios que integran el Área Metropolitana de Bucaramanga: i) identificar los
focos atractivos para el gallinazo negro; ii) implementar medidas de seguimiento y
control ambiental para minimizar la presencia de estas aves de especie carroñera.
Y, iii) ejercer autoridad para el cumplimiento de la normativa en los sectores
agropecuarios, porcícolas, avícolas, piscícolas, insumos para alimentar animales,
disposición de residuos líquidos y sólidos, entre otros. Además, que el municipio
tiene el deber de ejercer inspección y vigilancia en el área urbana, para lo cual le
corresponde implementar medidas sancionatorias para la población que disponga

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inadecuadamente de los residuos sólidos ordinarios y en la vía pública o en las
franjas de aislamiento de las fuentes hídricas.

195.4. El Plan de Manejo Ambiental de Lebrija propone como estrategias para el
control del gallinazo, la implementación de medidas pasivas y activas. Dentro del
primer grupo se encuentran: manejo del hábitat y de infraestructura (que involucra
el control de granjas avícolas y porcícolas y el mejoramiento de la planta de
beneficio animal). Como medidas activas propone: la repulsión y hostigamiento, la
exclusión (uso de barreras, cercas o redes y repelentes químicos) y la caza de
control.

195.5. En lo que atañe al Plan de Manejo Ambiental adoptado por el Municipio de
Bucaramanga refiere que este se desarrolla de acuerdo con las necesidades
específicas del Aeropuerto Internacional Palonegro. Y se compone del programa de
Gestión Integral de Residuos Sólidos, que comprende actualización y
caracterización de puntos críticos o estimulantes del gallinazo; promoción y difusión
de la normativa; vigilancia y control sobre el manejo y manipulación de los residuos
sólidos; puesta en marcha del Comité Operativo del Plan de Gestión Integral de
Residuos Sólidos Municipal para abordar la problemática aviaria; realización de
jornadas ecológicas de puntos críticos y seguimiento al proceso de cumplimiento
del plan de manejo ambiental para el control de gallinazos; entre otros.

195.6. Plantea que la administración municipal es la directa responsable de la
implementación del Plan de Manejo Ambiental para el Control de Gallinazos.

195.7. El Área Metropolitana de Bucaramanga adoptó el Plan de Manejo Ambiental
mediante la Resolución núm. 1014 de 2013.

196. Del mismo modo, los distintos entes territoriales informaron sobre las
acciones y programas realizados para disminuir de manera definitiva los focos que
atraen los gallinazos negros.

196.1. Al respecto el Municipio de Girón probó que: i) diseñó el Plan de Manejo
Ambiental para el Control de Gallinazos Negros que se incorporó al Plan de Gestión
Integral de Residuos Sólidos aprobado en 2015; ii) ha venido participando de las
sesiones del Comité Regional de Prevención del Peligro Aviario para el Control del
Gallinazo; iii) adelanta Programas del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos
y de Adecuado Manejo de los residuos sólidos encaminados a mejorar la cultura
ciudadana, de forma articulada con el Comité Interinstitucional de Educación
Ambiental, apoyado por las Autoridades Ambientales; iv) brinda capacitaciones; v)

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realiza visitas de inspección, vigilancia y control a petición de la comunidad e
informa sobre el resultado de las mismas a la Corporación Autónoma Regional para
la Defensa de la Meseta de Bucaramanga CDMB para lo de su competencia; y, vi)
realiza jornadas de limpieza.

196.2. El Municipio de Lebrija demostró que: i) creó el plan de manejo ambiental
sobre el riesgo aviario, con la planeación de fases y metodologías para la
disminución de los focos de acumulación de basura; y, ii) viene adelantando los
planes de acción sobre disminución de focos y vectores, manejo de clasificación y
aprovechamiento de residuos sólidos, ahorro de agua y comparendo ambiental.

196.3. El Municipio de Bucaramanga comprobó que adelanta programas de
prevención y de sensibilización sobre el manejo de los residuos sólidos dirigida a la
comunidad; que erradicó puntos críticos de atracción para el gallinazo negro en las
comunas 1, 2, 5, 12 y 17. Y, que adelanta visitas de inspección, vigilancia y control
en plazas de mercado y en el comercio.

196.4. La Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de
Bucaramanga demostró que ha venido realizando seguimiento ambiental a las
empresas avícolas y porcícolas que se localizan en el área aledaña al Aeropuerto
con el fin de verificar un adecuado manejo de los residuos orgánicos. Al mismo
tiempo que realiza visitas de inspección y seguimiento al sitio de disposición final El
Carrasco, dado que en virtud de la Resolución núm. 1036 de 23 de septiembre de
2021 se le restituyó la competencia en el manejo del proyecto de recuperación
ambiental del sitio de disposición final de residuos sólidos.

Sobre la excepción del agotamiento de jurisdicción, en el caso concreto

197. La Sala, en punto a determinar los aspectos relativos al fondo de este asunto,
abordará el análisis de un planteamiento que postuló el Municipio de Girón, relativo
a la procedencia de la excepción del agotamiento de jurisdicción, el cual se sustenta
en la similitud de objeto de esta acción constitucional respecto del proceso con
número único de radicación 68001-33-31-004-2002-02891-01.

198. Para efectos de verificar si, en el presente asunto, es posible declarar la
configuración del agotamiento de jurisdicción, la Sala considera pertinente poner de
presente las siguientes precisiones:

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199. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado,
mediante sentencia de 11 de septiembre de 2012130, al resolver un recurso de
revisión eventual, unificó la jurisprudencia en torno al agotamiento de jurisdicción en
los siguientes términos:

“[…] [L]a Sala Plena del Consejo de Estado unifica su postura sobre la materia,
en el sentido de determinar que, con apoyo en los principios de economía, de
celeridad y de eficacia que rigen la función judicial, y que por expresa
disposición del artículo 5° de la Ley 472 de 1998 deben orientar el trámite de las
acciones populares, cuando se esté ante demandas de acción popular en las
cuales se persiga igual causa petendi, basada en los mismos hechos, y contra
igual demandado, lo que procede es dar aplicación a la figura del agotamiento
de jurisdicción131 […]” (Destacado fuera del texto original).

200. El agotamiento de jurisdicción resulta plenamente aplicable a las acciones
populares siempre y cuando se cumplan los siguientes presupuestos: i) que las
demandas versen sobre los mismos hechos y tengan igual causa petendi; y ii) que
las demandas se dirijan contra los mismos demandados, bajo el entendido de que
por tratarse de una acción que protege derechos en cabeza de todos, no se requiere
que coincida el mismo demandante.

201. Para efectos de saber si, en este caso, se configura el agotamiento de
jurisdicción, basta con analizar la información que se presenta en el siguiente cuadro
comparativo:

680013331004200202891-01 680012333000201400010-01
PARTES PARTES
Demandantes Demandante
Luis Guillermo Bautista, Jacob Giraldo Dávalos y Juan Miguel Duran Prieto – Superintendente de
Linnette Andrea Gutiérrez González. Puertos y Transportes
Coadyuvantes
Santiago José Olaya Gómez, María Teresa Rubio,
Paola Andrea Duarte Álvarez, Andrea Aponte
Macías y Claudia Milena Oviedo Jaimes.
Demandados: Demandados
Corporación Autónoma Regional para la Defensa Departamento de Santander, Municipio de
de la Meseta de Bucramanga CDMB y la Empresa Bucaramanga, Municipio de Lebrija Santander,
de Aseo de Bucaramanga EMAB S.A. E.S.P. Municipio de Girón Santander, Corporación Autónoma
Regional de Santander, Empresa de Aseo de
Bucaramanga S.A. E.S.P.
Vinculados: Vinculados
Superintendencia de Servicios Públicos Ministerio de Transporte, Unidad Administrativa
Domiciliarios, Municipio de Bucaramanga y Especial de la Aeronáutica Civil y la Procuraduría
Municipio de Girón. General de la Nación en su Delgada Agraria y de
Medio Ambiente.
Derechos e intereses colectivos Derechos e intereses colectivos
1. El goce de un ambiente sano. 1. El goce de un ambiente sano.
2. La seguridad y salubridad públicas. 2. La seguridad y la salubridad públicas.

130 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 11 de septiembre de 2012,
M.P. Susana Buitrago Valencia, radicación número: 41001-33-31-004-2009-00030-01(AP). En esta sentencia,
la Sala declaró ajustado a derecho el auto de 24 de julio de 2009, por el cual el Tribunal Administrativo del
Huila, confirmó el proveído de 15 de mayo de 2009, mediante el cual el Juzgado Cuarto Administrativo del
Circuito de Neiva declaró nulo todo lo actuado por agotamiento de jurisdicción y en consecuencia rechazó la
acción popular.
131 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Providencia de Unificación del 11 de

septiembre de 2012, Radicación No. 41001-33-31-004-2009-00030-01 (AP), Consejera Ponente: Susana
Buitrago Valencia.

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3. El acceso a una infraestructura de servicios que
3. El derecho a la seguridad y prevención de garantice la salubridad pública.
desastres previsibles técnicamente. 4. El derecho a la seguridad y prevención de desastres
previsibles técnicamente.
5. Los derechos de los consumidores y usuarios.
4. El acceso a los servicios públicos y a que su 6. El acceso a una infraestructura de servicios que
prestación sea eficiente y oportuna. garantice la salubridad pública.

Objeto Objeto
Tiene por objeto la protección de los derechos Tiene por objeto la protección de los derechos e
e intereses colectivos vulnerados con ocasión intereses colectivos amenazados y/o vulnerados
de la “contaminación ambiental que produce el con ocasión de la presencia de gallinazos negros
botadero de basura El Carrasco”. en el cono de aproximación del Aeropuerto
Internacional Palonegro que conlleva a la
existencia de riesgo aviario o de fauna. Las aves
son atraídas por la presencia de focos existentes
por el indebido manejo de los residuos sólidos,
mataderos, criaderos de animales, entre otros.

Pretensiones Pretensiones
1. Que se realice un correcto y adecuado manejo DECLARATIVAS:
de las basuras depositas en el sector que 1. Se declare que las condiciones en que actualmente
comprende el botadero de basura el carrasco de opera el AEROPUERTO PALONEGRO, atenta contra
conformidad con la normatividad en materia los derechos e intereses colectivos de goce a un
ambiental vigente, de manera que se detenga la ambiente sano, seguridad y salubridad pública, acceso
contaminación que afecta a la comunidad a una infraestructura de servicios que garantice la
circundante. salubridad pública, el derecho a la seguridad y
2. Que se realice un correcto manejo de los gases, prevención de desastres previsibles técnicamente, el
a raíz de la elaboración de un estudio industrial que derecho e interés colectivo de acceso a los servicios
determine su correcta dirección, evitándose así el públicos en condiciones de eficiencia calidad y
impacto ambiental negativo que hasta la fecha se oportunidad, así como el derecho de los consumidores
viene ocasionando. y usuarios. 3. Que se realice una correcta canalización de los 2. Se declare que en la actualidad la operación del
lixiviados en el recorrido de la cabecera de la AEROPUERTO PALONEGRO, ubicado en la ciudad
cárcava número 2, a las piscinas de oxidación, de de Bucaramanga genera un riesgo inminente para la
forma que se evite la continua contaminación de seguridad aérea, la vida y la integridad personal de los
las quebradas adyacentes, teniéndose en cuenta usuarios y personal que labora en el citado aeropuerto.
que durante el recorrido de los lixiviados, éstos CONDENATORIAS:
reciben aguas lluvias que desembocan en dichas 1. Que de acuerdo con las pretensiones anteriores, se
vertientes hídricas, por lo cual sería prudente la ordene al DEPARTAMENTO DE SANTANDER,
realización de un procedimiento idóneo que evite MUNICIPIO DE BUCARMANGA, MUNICIPIO DE
la contaminación. LEBRIJA SANTANDER, MUNICIPIO DE GIRON
4. Que se implemente un sistema adecuado que SANTANDER, CORPORACION AUTONOMA
permita la REGIONAL DE SANTANDER, EMPRESA DE AESO
estabilidad de los taludes. DE BUCARAMANGA S.A E.S.P, INICIAR PLANES DE
5. Que se efectúe una compactación y cubrimiento MEJORAMIENTO EN CUANTO AL DEPÓSITO FINAL
adecuado de las basuras, evitándose la presencia DE RESIDUOS SÓLIDOS, EFECTUANDOLO EN
de gallinazos y demás animales rastreros y AREAS Y ZONAS DISTINTAS AL PERIMETRO EN EL
voladores, agentes contaminantes de QUE SE ENCUENTRA UBICADO EL AEROPUERTO
enfermedades, al igual que un sistema de PALONEGRO Y EN UN ÁREA DE 13 K A LA
incineración de residuos hospitalarios. REDONDA, con el fin de garantizar los derechos e
6. Que se dé cumplimiento al proyecto de intereses colectivos de goce de un ambiente sano, la
recuperación del área seguridad y salubridad pública, el acceso a una
(DMI), especialmente en lo atinente a la infraestructura de servicios que garantice la salubridad
reforestación del área y a la resolución 0753 de pública. 1998, la cual se ha venido cumpliendo 2. Ordenar al DEPARTAMENTO DE SANTANDER,
[2:33 p. m., 10/12/2023] Carolina V: tan sólo de MUNICIPIO DE BUCARMANGA, MUNICIPIO DE
manera parcial. Y al plan de manejo ambiental LEBRIJA SANTANDER, MUNICIPIO DE GIRON
establecido por la CDMB. SANTANDER, CORPORACION AUTONOMA
7. Que se dé cumplimiento a la normatividad REGIONAL DE SANTANDER, INICIAR EL TRÁMITE
vigente en materia de contaminación ambiental y DE ACCIONES DE EXPROPIACION POR VIA
sobre disposición final de desechos orgánicos y ADMINISTRATIVA O JUDICIAL DE LOS TERRENOS
residuos sólidos. ADYACENTES QUE PERTENECIENDO A UN
8. Que se reduzca el tiempo inicialmente PARTICULAR ESTE SIENDO SUB O INUTILIZADOS
establecido para el cierre de la cárcava número 1, CON LO CUAL SE PERMITA GARANTIZAR LA
el cual estaba proyectado para el año 2003, SEGURIDAD EN LA OPERACIÓN DEL
teniendo en cuenta la gravedad del impacto AEROPUERTO PALONEGRO.
ambiental, y el perjuicio irremediable que se puede 3.

Ordenar al DEPARTAMENTO DE SANTANDER,
ocasionar a los vecinos y ajenos de la localidad, MUNICIPIO DE BUCARMANGA, MUNICIPIO DE
quienes se ven sustancialmente afectados con la LEBRIJA SANTANDER, MUNICIPIO DE GIRON
contaminación producida. SANTANDER, CORPORACION AUTONOMA
9. Que se prohíba la autorización de licencia REGIONAL DE SANTANDER, INICIAR EL TRÁMITE
ambiental para el manejo de basuras en parte de DE IMPOSICIÓN DE SERVIDUMBRES Y/O
la cárcava número 2 y 3. CUALQUIER OTRO MECANISMO QUE PERMITA
LIBERAR EL PERÍMETRO DEL AEROPUERTO

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Núm. único de radicación: 680012333000201400010-01

10. Que las disposiciones pertinentes para la PALONEGRO EN UN ÁREA DE 13 K A LA REDONDA
recuperación del sector y tendientes a cesar la de zoo criaderos que generen insalubridad, malos
continua contaminación, sean concertadas con la olores, presencia de aves que conlleven posible
comunidad, en especial con los habitantes de los peligro aviario de colisión con aeronaves.
barrios mencionados en el numeral primero del 4. Ordenar al DEPARTAMENTO DE SANTANDER,
acápite de los hechos. MUNICIPIO DE BUCARMANGA, MUNICIPIO DE
11. Que se decrete la indemnización a costa del LEBRIJA SANTANDER, MUNICIPIO DE GIRON
querellado, consagrada en el Art. 1006 del C.C. SANTANDER, CORPORACION AUTONOMA
con una suma entre una décima y una tercera parte REGIONAL DE SANTANDER, EMPRESA DE AESO
de lo que cueste la enmienda, "sin perjuicio de que DE BUCARAMANGA S.A E.S.P, PERMITIR LA
si se castiga el delito o negligencia con una pena PARTICIPACION DE LA SUPERINTENDENCIA DE
pecuniaria, se adjudique al actor la mitad"; de PUERTOS Y TRANSPORTE EN LOS ESCENARIOS
acuerdo a la regla general que sobre este tipo de QUE IMPLIQUEN MEJORAMIENTO DE LAS
acciones trae, en materia de indemnizaciones y CONDICIONES QUE ACTUALMENTE PONEN EN
beneficios consecuentes, el mismo código, en su PELIGRO LA SEGURIDAD AÉREA Y CON ELLO LA
artículo 2360, según el cual el actor será VIDA E INTEGRIDAD PERSONAL DE USUARIOS
indemnizado de todas las costas de la acción, y se DEL SERVICIO AÉREO ASI COMO DEL PERSONAL
le pagará lo que valga el tiempo y la diligencia EN TIERRA QUE DESARROLLA SU LABOR EN EL
empleados en ella, "sin perjuicio de la AEROPUERO PALONEGRO.
remuneración específica que conceda la ley en 5. Ordenar a las demandadas, acabar en forma
caso determinados" (concordato Sent. T-163-93 inmediata los actos que vulneran los derechos e
M.P. Dr. Fabio Morón Díaz). intereses colectivos y mediante sentencia que ponga
12. Que se decrete el incentivo de conformidad con fin a la presente acción se ordene garantizar el goce a
lo establecido en el artículo 39 de la Ley 472 de un ambiente sano, seguridad y salubridad pública,
1998. acceso a una infraestructura de servicios que
garantice la salubridad pública, el derecho a la
seguridad y prevención de desastres previsibles
técnicamente, el derecho e interés colectivo de acceso
a los servicios públicos en condiciones de eficiencia,
calidad y oportunidad, así como el derecho de los
consumidores y usuarios.
6. Que las demandadas, acaten inmediatamente la
orden que su despacho le imparta.

Sentencia de primera instancia: Sentencia de primera instancia:
Juzgado Cuarto Administrativo Tribunal Administrativo de Santander profirió sentencia
del Circuito Judicial de Bucaramanga se profirió el 27 de noviembre de 2019.
sentencia el 1.° de marzo de 2009.

Sentencia de segunda instancia:
Tribunal Administrativo de Santander, se profirió
sentencia el 16 de febrero de 2011.

202. Pues bien, de lo anotado se observa que el proceso de acción popular con
número único de radicación 680012333000201400010-01 no tiene la misma causa
petendi ni hechos similares, respecto de la acción de la misma naturaleza, con
radicado número 680013331004200202891-01, comoquiera que, en la primera se
busca la protección de los derechos e intereses colectivos amenazados y/o
vulnerados con ocasión de la presencia de gallinazos negros en las inmediaciones
del Aeropuerto Internacional Palonegro, en un radio de trece (13) kilómetros
contados desde el punto de referencia del aeródromo que conlleva a la existencia
de riesgo aviario. Y, la segunda, tiene por causa petendi la protección de los
derechos e intereses colectivos vulnerados con ocasión de la contaminación
ambiental causada por el sitio de disposición final de residuos sólidos “El Carrasco”.

203. Lo anterior, permite a la Sala constatar que no se satisface el presupuesto de
que ambos procesos de acción popular tengan la misma causa petendi, de manera
que no se configura el agotamiento de jurisdicción y, por ello, no es necesario el

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Núm. único de radicación: 680012333000201400010-01

estudio de los demás requisitos. Valga la pena anotar que, si bien, en ambas
acciones populares se hace una mención común –en el recuento fáctico– al sitio de
disposición final de residuos sólidos “El Carrasco”, lo cierto es que, ello no da lugar
a que se concluya que ambas acciones tienen identidad de causa petendi, en los
términos anteriormente indicados. Bajo ese entendido, –se itera– no se configura el
agotamiento de jurisdicción en la presente acción popular.

Sobre las excepciones de “inexistencia del hecho generador del daño” e
“improcedencia de la acción popular”, en el caso concreto

204. El Municipio de Girón en su recurso de apelación solicita resolver las
excepciones que formuló en el escrito de contestación de la demanda y que
denominó “inexistencia del hecho generador del daño” e “improcedencia de la
acción popular” con el carácter de excepciones previas o mixtas. Esto, en tanto, se
opone a la consideración del Tribunal, según la cual, deben ser resueltas con el
fondo del asunto, en la medida que “su contenido se refiere a argumentos de
defensa” (énfasis fuera del texto original). Por el contrario, el Municipio aduce que
estas excepciones sí hacen parte de esa clasificación y, por ello, el a quo debió
resolverlas con la denominación asignada.

205. Para fundamentar la excepción denominada “inexistencia del hecho
generador del daño” el Municipio de Girón adujo la ausencia de vulneración de los
derechos e intereses colectivos por falta de prueba. Al respecto, señaló lo siguiente:

“[…] [N]o se ha configurado un daño contingente y mucho menos una amenaza a los
intereses de la colectividad, como lo quiere hacer ver el accionante.

Las consideraciones o apreciaciones particulares del accionante, no son
determinantes para definir la configuración de la vulneración de los derechos
colectivos aducidos en el líbelo [sic] demandatorio [sic], aspecto que desvirtúa
ineludiblemente las consideraciones y desaciertos estimados por el accionante, al
acudir a la jurisdicción pretendiendo ejercer una acción constitucional sin que exista
evidencia de la vulneración de derechos colectivos que requieran de la atención del
Estado.

De igual manera es procedente aducir que los hechos relacionados en el escrito
demandatorio [sic] carecen de suficiente valor probatorio que permitan configurar la
vulneración de derechos colectivos por parte de la Administración Municipal, por
consiguiente las pretensiones carecen de fundamento fáctico, lo que se puede
entender como inexistencia del hecho que genera la acción o daño contingente que
se quiera proteger a través de ésta […]”.

206. Del mismo modo, para argumentar la excepción “improcedencia de la acción
popular” alegó que la vulneración aducida por la parte actora no se encontraba
probada, como se aprecia del texto citado a continuación:

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Núm. único de radicación: 680012333000201400010-01

“[…] Es importante resaltar que las acciones populares han sido creadas con la
finalidad de proteger los derechos colectivos, siempre y cuando el interesado en
propiciar dicha protección a través de la acción correspondiente, logre demostrar que
el ente acusado o demandado haya incurrido en dicha violación, aspecto que dentro
del asunto que nos atañe, billa por su ausencia, toda vez que los hechos y fundamento
fáctico carecen de todo peso probatorio y además los mismos son consideraciones
subjetivas del actor y dentro de las cuales no deja entrever siquiera la configuración
de un detrimento o daño contingente que se logre estimar como vulneración de
derechos colectivos.

Por lo tanto, se debe tener en cuenta que es improcedente acudir a la Administración
de Justicia y activar el aparato judicial a fin de entrar a proteger derechos colectivos
que no están siendo vulnerados o puestos en peligro, puesto que las consideraciones
del actor, carecen de fundamento probatorio, incumpliendo, por parte del actor
popular lo exigido en el artículo 30 de la Ley 472 de 1998, ‘la carga de la prueba
corresponderá al demandante’, es decir, que es deber del actor probar los hechos,
acciones u omisiones que a su juicio constituyen la causa de amenaza o vulneración
de los derechos e intereses colectivos cuya protección se reclama con la demanda
[…]”.

207. La Sala observa que, en la sentencia proferida en primera instancia, el
Tribunal Administrativo de Santander determinó que estas excepciones se
sustentan en aspectos que corresponden al fondo del asunto y, por ello, no les dio
el trámite de excepciones previas, en la medida que su estudio quedaba
comprendido en las consideraciones del caso.

208. Pues bien, al revisar la sustentación de ambas excepciones propuestas por
el Municipio de Girón, la Sala encuentra que le asiste razón al Tribunal, comoquiera
que los argumentos expuestos132 están orientados a desvirtuar el daño y a
evidenciar la ausencia de prueba que acredite la vulneración de los derechos e
intereses colectivos, los cuales implican –propiamente– un estudio en el que se
aborde el fondo del asunto.

209. Aunado a ello, la Sala considera que, en virtud de lo establecido en el artículo
23 de la Ley 472, solo se pueden proponer con la contestación de la demanda las
excepciones de mérito y las previas de falta de jurisdicción y cosa juzgada, las
cuales deben ser resueltas por el juez en la sentencia.

210. Así las cosas, resulta evidente que las excepciones alegadas, “inexistencia
del hecho generador del daño” e “improcedencia de la acción popular”, de acuerdo
con la norma referida, no son objeto de ser decididas como excepciones previas.
Además, los argumentos utilizados para su sustentación evidencian que su análisis
conlleva el estudio del caso concreto, comoquiera que apuntan a la constatación de
la amenaza o vulneración y a su responsabilidad, por lo cual, la Sala resolverá al
respecto en los acápites posteriores.

132 En su escrito de contestación de la demanda.

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Solución del caso concreto

211. La Sala procede a realizar el análisis de los argumentos expuestos en los
recursos de apelación, de acuerdo con los problemas jurídicos indicados supra que
atañen al fondo del asunto.

Sobre la amenaza de los derechos e intereses colectivos al goce de un
ambiente sano, a la seguridad y salubridad públicas y al acceso a una
infraestructura de servicios públicos que garanticen la salubridad pública

212. El Municipio de Girón sustenta en el recurso de apelación la inexistencia de
vulneración de los derechos e intereses colectivos, comoquiera que ha cumplido
con los requerimientos que le han efectuado. Y advierte que la falta de acatamiento
de la orden de “cerramiento del relleno sanitario El Carrasco” no ha sido por su
acción u omisión. Asimismo, cuestiona las órdenes impartidas por el a quo,
entretanto alega que “la solución a la problemática no es seguir conformando
comités, ni hacer seguimientos”, sino que, lo que correspondería resolver es la
reubicación de El Carrasco.

213. El Municipio de Bucaramanga solicita revocar la sentencia en lo que le resulta
desfavorable. Para ello, argumenta no tiene jurisdicción para desempeñar funciones
de vigilancia y control en los otros municipios respecto del manejo inadecuado de
los residuos y de la actividad avícola, porcícola, entre otras. A su vez, indica que
asiste activamente a los “Comités Aviarios” en los cuales se presentó el Plan de
Manejo Ambiental para el Control del Gallinazo Negro. Resalta que todas las
actividades para el manejo de estas aves deben efectuarse con la Empresa de Aseo
de Bucaramanga S.A. E.S.P. Por último, alega que no hay lugar a imponer la
condena en costas en la medida que ha venido participando del “Comité de
Prevención del Peligro Aviario y de Fauna del Aeropuerto Internacional Palonegro”
y lo seguirá haciendo.

214. Teniendo en cuenta los planteamientos expuestos por los recurrentes, la Sala
efectuará el análisis de los derechos e intereses colectivos vulnerados o
amenazados a la luz del caso concreto, para lo cual, en primer lugar, estudiará el
acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública; en
segundo lugar, analizará el goce de un ambiente sano; y, por último, abordará la
seguridad y salubridad públicas.

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Núm. único de radicación: 680012333000201400010-01

215. Previo a ello, resulta importante indicar que según lo señalado por la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación133, para que pueda
predicarse la vulneración o amenaza de los derechos colectivos, debe estar
demostrado su carácter real, inminente y concreto.

El acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública

216. Como se indicó supra, este derecho e interés colectivo ha sido entendido
como “la posibilidad que tiene la comunidad de acceder a instalaciones y
organizaciones que velen por o garanticen la salud”. Asimismo, el término
“infraestructura” hace referencia al conjunto de elementos o servicios que se
consideran necesarios para la creación y funcionamiento de una organización, para
la buena gestión de la salubridad pública.

217. La Sección Primera ha considerado que el derecho al acceso a una
infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública implica que “[…] las
construcciones y edificaciones estén adaptadas de tal forma que eviten a las
personas contraer enfermedades o, que se generen focos de contaminación o
epidemias que afecten o amenacen el estado de sanidad comunitaria […]”134.

218. En el asunto que le corresponde a la Sala resolver, como ha quedado en
evidencia, se presenta una problemática relacionada con el riesgo de la operación
área por el peligro de fauna debido a la existencia de gallinazos negros en las
inmediaciones del Aeropuerto Internacional Palonegro, en el área de trece (13)
kilómetros a la redonda, con ocasión de la existencia de focos atrayentes para este
tipo de aves, específicamente en el nivel 2 que va del kilómetro tres (3) al kilómetro
trece (13).

219. Como quedó probado en el proceso, el Aeropuerto Internacional Palonegro
está ubicado a una distancia de veinticinco (25) kilómetros del Municipio de
Bucaramanga, en jurisdicción del Municipio de Lebrija. Fue construido en 1971 por
la Aeronáutica Civil y cuenta con posteriores intervenciones de remodelación en el
año 2013.

133 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 13 de febrero de 2018, C.P.

William Hernández Gómez, radicación número: 25000-23-15-000-2002-02704-01(SU). Jurisprudencia reiterada
por la Sección Primera, en sentencia de 25 de noviembre de 2019, radicación número: 66001-23-33-000-2014-
00322-01(AP), C.P. Oswaldo Giraldo López.
134 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 6 de julio de 2018, radicación número: 68001-23-33-000-

2015-00848-01(AP), C.P. Hernando Sánchez Sánchez. Reiterado en sentencia de 31 de enero de 2019,
radicación número: 85001-23-33-000-2014-00034-01(AP), C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.

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220. Se encuentra en concesión de Aeropuertos de Oriente S.A.S.135 desde el 15
de octubre de 2010, mediante el contrato núm. 10000078136, suscrito entre la Unidad
Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil137 y la sociedad Aeropuertos de
Oriente S.A.S., que tiene una vigencia hasta el 15 de octubre de 2033.

221. De acuerdo con la realidad probatoria, específicamente, en lo atinente a la
valoración de los Planes de Manejo Ambiental para el Control del Gallinazo Negro
de los municipios de Piedecuesta, Bucaramanga y Girón, se evidencia la existencia
de unos focos de atracción de gallinazos negros en inmediaciones del Aeropuerto
Internacional Palonegro.

222. En el caso del Municipio de Girón los focos reconocidos fueron los siguientes:
"El Carrasco", la Plaza de mercado central de Girón, la Plaza de El Poblado, la Plaza
de mercado Arenales, el Rincón de Girón, la Invasión La Estanzuela, San Antonio
del Carrizal I, II y IlI, Las Marías vía Bahondo y Rio de Oro debajo del Puente Militar.

223. En el Municipio de Piedecuesta fueron identificados cuarenta (40) puntos
críticos. Mientras que, en Lebrija se establecieron como causas asociadas a la
problemática la existencia de: granjas avícolas (105), granjas porcícolas (33),
mataderos clandestinos, así como, fuentes hídricas naturales o artificiales –
estaciones piscícolas–.

224. En el Municipio de Bucaramanga, se identificaron como puntos críticos o
focos de atracción para los gallinazos negros: el sitio de Disposición Final de
Residuos Sólidos El Carrasco, las Plazas de mercado San Francisco, Guarín, y La

135 En el presente asunto, no se vinculó a la concesión Aeropuertos de Oriente S.A.S., no obstante, la Sala

considera que ello no impide proferir la sentencia de segunda instancia, en tanto, la situación que se discute
alude al riesgo aviario en la operación aérea debido a la presencia de gallinazos negros en las inmediaciones
del Aeropuerto Internacional Palonegro, específicamente, en el nivel 2, que va desde los tres (3) kilómetros
hasta los trece (13) kilómetros a la redonda contados desde el punto de referencia del aeródromo, y no
propiamente en las instalaciones del Aeropuerto.
Por las mismas razones, considera que tampoco había lugar a vincular a la Agencia Nacional de Infraestructura,
en la medida que la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil sí fue vinculada y es quien ejerce la
competencia de asegurar el desarrollo de la gestión de la seguridad operacional y de la seguridad de la aviación
civil de conformidad con lo establecido en el artículo 2.° del Decreto 1294 de 2021.
136 De acuerdo con el numeral 2.18 del contrato, corresponde al área Concesionada […] aquella señalada en

los planos que hacen parte de las Especificaciones Técnicas de Operación (Apéndice F). En todo caso, formarán
parte del Área Concesionada de cada uno de los Aeropuertos las Terminales de Pasajeros y las Plataformas.
Formarán también parte del Área Concesionada de cada uno de los Aeropuertos los parqueaderos públicos de
vehículos, las vías de acceso a la Terminal de Pasajeros así como las zonas verdes y de circulación de peatones
que sean colindantes a estas, siempre que se encuentren en predios de Aerocivil, así mismo el cerramiento de
cada uno de los Aeropuertos incluyendo el área de 0,5 metros al exterior de dicho cerramiento y de 3 metros
de lado interior de la malla de cerramiento incluyendo el camino perimetral interior asociado cuando este
efectivamente esté emplazado, de conformidad con lo establecido en las Especificaciones Técnicas de
Operación. No formaran parte del Área Concesionada de ninguno de los Aeropuertos, las calles de rodaje, las
pistas, las torres de control, los edificios diferentes de la Terminal de Pasajeros que alberguen algún tipo de
instrumento o equipo de ayuda a la navegación aérea y los cuarteles de SEl.
137 Resulta importante indicar que los contratos de concesión Aeroportuarios que se encontraban en cabeza de

la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil fueron subrogados a la Agencia Nacional de
Infraestructura en virtud del Decreto Ley 4164 de 3 de noviembre de 2011, “[p]or el cual se reasignan unas
funciones y se dictan otras disposiciones”.

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Concordia, el Costado Oriental del Río de Oro, específicamente, en los puntos de
descargue de las quebradas que atraviesan la ciudad en sentido Oriente -
Occidente, alrededores de empresas localizadas sobre el corredor vial El Palenque
• Café Madrid dedicadas al procesamiento de residuos cárnicos, Corredor Vial La
Virgen - Puente de la Cemento, Corredor Vial La Virgen - Barrio Los Ángeles, Calle
45 entre Carrera 9 y Terpel, y porquerizas ubicadas en los alrededores de la escarpa
occidental.

225. Estos Planes de Manejo Ambiental para el Control del Gallinazo Negro fueron
elaborados entre los años 2012 a 2014 y no consta en el proceso actualización
alguna de los mismos.

226. Teniendo en cuenta lo probado, la Sala concluye que son varios los focos de
atracción de gallinazos negros los que fueron identificados. No obstante, es el Sitio
de Disposición Final de Residuos Sólidos El Carrasco aquel que mayor
preocupación ha generado dada su proximidad con la pista del Aeropuerto
Internacional Palonegro, en la cabecera 35.

227. En lo que a El Carrasco corresponde, quedó probado que en 1977 se emitió
la determinación de orden técnico de conveniencia para la disposición de los
residuos sólidos de la región, en dicho lugar. El Carrasco empezó a operar el año
siguiente, esto es, con posterioridad a la construcción del Aeropuerto Internacional
Palonegro.

228. En el año 2009, el Director de Desarrollo Aeroportuario de la Aeronáutica Civil
emitió concepto desfavorable para mantener el sitio de disposición de residuos
sólidos El Carrasco en la misma zona debido al grave riesgo para la operación de
las aeronaves.

229. En la actualidad, el sitio de disposición final de residuos sólidos El Carrasco
se encuentra cerrado con ocasión de las órdenes impartidas en otro proceso de
acción popular identificado con número de radicación 680013331004200202891-
01. Si bien, la orden de cierre estaba dada desde el 30 de septiembre de 2011, no
fue sino hasta el 14 de agosto de 2021 que se cumplió, luego que el Juez Quince
Administrativo de Bucaramanga ordenara mantener la orden de cierre del Carrasco
en los términos de la Resolución núm. 786 de 2021 y el Auto núm. 05968 de 3 de
agosto del mismo año, expedidos por la Autoridad Nacional de Licencias
Ambientales.

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Núm. único de radicación: 680012333000201400010-01

230. Lo anterior, permite evidenciar que ya no existe vulneración del derecho de
acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública,
respecto del foco de atracción del sitio de disposición de residuos sólidos El
Carrasco. Sin embargo, ocurre que debido a la existencia de otros focos que fueron
identificados como atrayentes del gallinazo negro al interior del proceso, en los
municipios de Bucaramanga, Lebrija y Girón, de los cuales no existe prueba de la
superación de la situación, la Sala deberá confirmar la vulneración de este derecho
colectivo, para lograr su protección a través de las órdenes que serán emitidas en
esta instancia.

El goce a un ambiente sano

231. Como se precisó en el marco normativo y jurisprudencial correspondiente, el
medio ambiente constituye un patrimonio común cuya preservación y manejo es
una obligación exigible al Estado y a los particulares por ser un interés de carácter
universal.

232. A su turno, el saneamiento ambiental es un servicio público que guarda
estrecha relación con el derecho de todas las personas a gozar de un ambiente
sano; así como con el deber de proteger la diversidad e integridad del ambiente 138,
el cual, se concreta, fundamentalmente, en los deberes de planificación integral de
los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, y de prevención y
control de los factores de deterioro ambiental139 tales como la contaminación de las
aguas o la acumulación o disposición inadecuada de residuos, basuras, desechos
y desperdicios140.

233. Según lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley 715, les corresponde a los
municipios: tomar las medidas necesarias para el control, la preservación y la
defensa del medio ambiente; así como coordinar y dirigir, con la asesoría de las
Corporaciones Autónomas Regionales, las actividades permanentes de control y
vigilancia ambiental, entre otras.

234. De las pruebas obrantes en el expediente, la Sala determina que en el caso
particular se vulnera el derecho al medio ambiente sano desde dos perspectivas: i)
por el daño provocado a los gallinazos negros debido a la colisión con las

138 Artículo 79.
139 Artículos 80 y 95, numeral 8.

En torno al principio de planificación ambiental: Decreto Ley 2811 de 1974, artículos: 9, f); 10, a); 45, d) y g);
188 y ss.; 314, d), h) e i); 316, entre otros.
140 Decreto Ley 2811 de 1974: Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección del Medio

Ambiente. Artículo 8°, numerales 1° y 8°.

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aeronaves, como consecuencia de la existencia de factores propicios para su
anidación y alimentación; y ii) debido a la contaminación ocasionada por el indebido
manejo de residuos sólidos que generan los focos de atracción, consecuencia de
actividades consideradas como potencialmente atractivas para la fauna aviar.

235. En el primero de los escenarios, tal como quedó relacionado supra, del oficio
núm. 4403432-2016031270 de 12 de agosto de 2016141, suscrito por la Directora de
Desarrollo Aeroportuario (E), está probado que durante los años 2011 a 2016 se
registraron en el Aeropuerto Internacional Palonegro sesenta (60) incidentes con
aves durante la operación aeronáutica; de los cuales, cinco (5) se debieron al
impacto de la aeronave con gallinazo negro, sin que se pueda descartar que el resto
de choques haya sido con otro tipo de ave.

236. En el segundo escenario, está probado que el indebido manejo de los
residuos sólidos generados por la comunidad en general y, consecuencia de ciertas
actividades productivas tales como: botaderos de basura, mataderos clandestinos,
criaderos avícolas y porcícolas, entre otros, ubicados en Lebrija, Bucaramanga y
Girón conllevan a la afectación del medio ambiente sano.

237. Teniendo en cuenta que, el Decreto 1077 de 2015 en su artículo 2.3.2.2.3.87.
ordena que los municipios y distritos deben elaborar, implementar y mantener
actualizado el plan municipal o distrital para la gestión integral de residuos o
desechos sólidos. Aunado a que tal revisión y actualización es obligatoria y debe
realizarse dentro de los doce (12) meses siguientes al inicio del período
constitucional del alcalde distrital o municipal, la Sala les ordenará a los municipios
de Bucaramanga, Girón, Lebrija, y al Área Metropolitana de Bucaramanga que
actualicen sus Planes para la Gestión Integral de Residuos o desechos sólidos en
el ámbito de su jurisdicción, en caso de que no lo hayan realizado. Tendrán en
cuenta en la actualización un componente relativo al manejo del gallinazo negro.

238. La metodología de formulación, implementación, evaluación, seguimiento,
control y actualización de los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos se
encuentra establecida en la Resolución 754 de 2014 del Ministerio de Vivienda,
Ciudad y Territorio y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

239. Esta medida se torna idónea en tanto los Planes de Gestión Integral de
Residuos Sólidos permiten la identificación de programas, actividades, metas a
corto, mediano y largo plazo, exige la participación de los actores y promueve una

141 Cfr. Cuaderno núm. 7, folios 1210 a 1211.

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conciencia en el manejo de los residuos y en el cuidado del medio ambiente.
Además, exige una construcción colectiva por parte de los distintos municipios que
integran el Área Metropolitana.

El derecho a la seguridad y salubridad públicas

240. La seguridad es el derecho o interés de todos los miembros de la sociedad,
que pueden verse afectados por circunstancias que pongan en peligro bienes
jurídicos colectivos. De la misma manera, se relaciona con “[…] la ausencia de
riesgos de accidentes, como la prevención de accidentes de diversos tipos y de
flagelos humanos y naturales, v.g. incendios, inundaciones, accidentes de tránsito,
etc., lo mismo que como la prevención de atentados contra la seguridad del Estado
[…]”142.

241. La salubridad pública ha sido considerada como una garantía relacionada
con el control y manejo de las situaciones sanitarias “[…] para evitar que tanto en el
interior como en el exterior de un establecimiento o de determinado lugar se generen
focos de contaminación, epidemias u otras circunstancias que puedan afectar la
salud y la tranquilidad de la comunidad […]”143.

242. La Resolución núm. 01092 de 2007 modificada por el artículo 3.° de la
Resolución núm. 00557 de 2022 emitidas por la Unidad Administrativa Especial de
la Aeronáutica Civil, establece en el numeral 14.3.4.2.7 que constituyen obstáculo
o impedimento para la aviación, toda construcción, plantación, instalación o
actividad, ubicada en las inmediaciones de aeródromos públicos, dentro de un
radio de 13 km -para Aeropuertos Internacionales- contados a partir de los
extremos de pista y dependiendo de la operación del aeródromo conforme lo
especificado en el Apéndice 8 - Áreas de control como medida de prevención del
peligro aviario, que aún sin constituir un obstáculo físico permanente, impidan el
vuelo seguro de las aeronaves en inmediaciones de los aeródromos, durante su
aproximación y salida de los mismos, particularmente, cuando dichas instalaciones
o actividades, puedan ocasionar la presencia de aves en las áreas descritas (peligro
aviario) con el consecuente riesgo de colisión contra las aeronaves, poniendo en

142 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 1.° de febrero de 2007, radicado número: 54001-23-31-

000-2004-00385-01(AP). Reiterada en sentencias de 1.° de marzo de 2007, radicado número: 73001-23-31-
000-2003-01236-01(AP), y de 28 de febrero de 2008, radicado número: 19001-23-31-000-2005-00988-01(AP).
143 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 15 de julio de 2004, C.P. Germán Rodríguez Villamizar,

radicación número AP 1834. Reiterado por la Sección Primera, en sentencia de 6 de julio de 2018, radicación
número: 68001-23-33-000-2015-00848-01(AP), C.P. Hernando Sánchez Sánchez.

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peligro la seguridad del vuelo y/o la vida y/o bienes de personas a bordo o en la
superficie.

243. De conformidad con los criterios especificados en el Apéndice 8, las plantas
de sacrificios de cerdos tienen un rango de criticidad número 2; las granjas avícolas
y porcícolas de engorde y sacrificio, los mataderos ilegales fijos y móviles tienen un
rango identificado en 3; las granjas avícolas y porcícolas de engorde en 4; las plazas
de mercado en 5; los ríos tienen un rango de 6; y, los basureros o botaderos a cielo
abierto de 7. El nivel más alto de criticidad debe estar ubicado de forma más alejada
del aeropuerto.

244. Con la modificación referida se determinó que el área de influencia para el
caso de los aeropuertos internaciones es de trece (13) kilómetros y para los
aeropuertos nacionales el área varía entre 9, 7 o 5 kilómetros dependiendo de sus
características operacionales. Antes de la entrada en vigencia de la modificación,
para todos los casos el área de influencia de los aeródromos estaba establecida en
trece (13) kilómetros contados a partir del punto de referencia.

245. El numeral 14.3.4.2.7.6. de la misma Resolución núm. 01092 de 2007
modificada por el artículo 3.° de la Resolución núm. 00557 de 2022 prevé que la
Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil solicitará a las autoridades
en materia urbanística, sanitaria y/o ambiental disponer conforme a lo de su
competencia, la suspensión de las obras, la demolición, la imposición de medidas
ambientales, o la cancelación de cualquier actividad de las relacionadas en el
numeral 14.3.4.2.7.2., que generen riesgo inminente de obstáculo a la navegación
aérea por peligro aviario, cuando estas se inicien o desarrollen sin previo permiso
de la Unidad, y se ubiquen dentro de un área de 13 Km, 9 km, 7km o 5 km, contados
a partir de los extremos de pista, dependiendo de la operación del aeródromo y
conforme a lo especificado en el Apéndice 8.

246. En el caso concreto, la Sala considera que los Municipios de Girón y
Bucaramanga han venido participando en el Comité Aeroportuario de Prevención
del Peligro Aviario y de la Fauna144, desde el momento de su creación, con sesiones
celebradas en el Aeropuerto Internacional Palonegro.

247. Está probado que ambas entidades territoriales han venido adelantando
diversos programas y gestiones para disminuir de manera definitiva los focos que

144 Tomó esta denominación en la Resolución núm. 03530 de 13 de julio de 2010, proferida por la Aeronáutica

Civil.

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atraen a los gallinazos negros. Para el caso de Girón se destacan: i) el diseñó el
Plan de Manejo Ambiental para el Control de Gallinazos Negros que se incorporó al
Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos aprobado en 2015; ii) su participación
en las sesiones del Comité Regional de Prevención del Peligro Aviario para el
Control del Gallinazo; iii) adelanta Programas del Plan de Gestión Integral de
Residuos Sólidos y de Adecuado Manejo de los residuos sólidos encaminados a
mejorar la cultura ciudadana, de forma articulada con el Comité Interinstitucional de
Educación Ambiental, apoyado por las Autoridades Ambientales; iv) brinda
capacitaciones; v) realiza visitas de inspección, vigilancia y control a petición de la
comunidad e informa a la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la
Meseta de Bucaramanga CDMB para lo de su competencia; y, vi) realiza jornadas
de limpieza.

248. De igual manera, el Municipio de Bucaramanga demostró que ha adelantado
programas de prevención y de sensibilización sobre el manejo de los residuos
sólidos a la comunidad, que erradicó puntos críticos de atracción para el gallinazo
negro en las comunas 1, 2, 5, 12 y 17. Y, que realiza visitas de inspección, vigilancia
y control en plazas de mercado y en el comercio.

249. Pues bien, pese a las acciones realizadas por los municipios recurrentes,
esto, sin desconocer los esfuerzos de los demás actores involucrados, la Sala
considera que la problemática del riesgo de fauna subsiste sin una solución
definitiva. Lo anterior, toda vez que, en las inmediaciones del Aeropuerto
Internacional Palonegro, en un radio de trece (13) kilómetros a la redonda,
específicamente en el nivel 2, de conformidad con la realidad procesal analizada,
persisten focos atrayentes para los gallinazos negros (obstáculos para la operación
aérea) debido, principalmente, al manejo inadecuado de residuos sólidos,
mataderos clandestinos, criaderos avícolas y porcícolas, entre otros, que no tienen
el permiso de la Autoridad Aeronáutica para su funcionamiento.

250. Lo anterior, permite a la Sala concluir que en el caso particular se encuentra
amenazado el derecho a la seguridad y salubridad pública y, en tal sentido, se
modificará la orden del a quo y se adoptarán las medidas tendientes a su protección.

Otras determinaciones

251. En este punto, la Sala considera que no es de recibo el argumento del
Municipio de Girón en el que sustenta que la falta de cumplimiento de la orden de
cierre del sitio de disposición final de residuos sólidos “El Carrasco” no ha sido por

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su acción u omisión; esto, en tanto, como quedó probado en el proceso, este
municipio también declaró estados de emergencia con el propósito de postergar el
cumplimiento de la respectiva orden, contenida en la sentencia proferida en el
proceso identificado con el número único de radicación 680013331004200202891-
01, relativa al cierre definitiva de “El Carrasco”.

252. Tampoco es de recibo el argumento señalado por el Municipio de
Bucaramanga que alude a la ausencia de jurisdicción respecto de los lugares como
criaderos avícolas y porcícolas, ubicados en otros municipios, en la medida que se
exige al ente territorial cumpla con sus deberes en el ámbito de sus competencias
al interior de su jurisdicción. Ello sin desconocer que pueda –en ejercicio de los
principios de concurrencia y coordinación– trabajar con otros entes territoriales en la
solución del problema de riesgo de fauna de forma definitiva.

253. En similares términos, no es posible vincular a la Empresa de Aseo de
Bucaramanga S.A. E.S.P. en las órdenes de la sentencia, comoquiera que no es
procedente atendiendo que, por un lado, el recurso de apelación no es la
oportunidad para presentar esa clase de solicitudes; por el otro, esa entidad no
presentó solicitud o recurso contra la decisión del a quo, en cuanto dispuso la
admisión y vinculación de las autoridades responsables. Adicionalmente, de
conformidad con la sustentación del Municipio de Bucaramanga, según el cual, la
Empresa de Aseo debe concurrir en todas las actividades que se adelanten para el
control de los gallinazos negros, dado que desde el año 1998 aprobó el Plan de
manejo de los residuos sólidos del “relleno sanitario” El Carrasco, la Sala reitera,
como se precisó en precedencia, que el sitio de disposición final de residuos El
Carrasco se encuentra cerrado y tal disposición fue objeto de otra acción popular.

Sobre las medidas que se deben ordenar para la protección de los derechos
e intereses colectivos amenazados

254. El Tribunal Administrativo de Santander les ordenó a los municipios de
Bucaramanga, Lebrija y Girón que de manera coordinada y en el marco de sus
competencias, participen en los Comités de Peligro Aviario convocados por la
Aeronáutica Civil, con el objeto de hacer seguimiento a las condiciones de atracción
del gallinazo negro, para elaborar una solución a la problemática asociada al peligro
aviario en zonas aledañas al Aeropuerto Palonegro de Bucaramanga. Asimismo,
dispuso que estos entes territoriales den cumplimiento a las actividades y
compromisos adquiridos en sus Planes de Manejo para el control del gallinazo.

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255. Además, resolvió que en el término de tres (3) meses contados a partir de la
ejecutoria de la sentencia, los municipios de Bucaramanga, Lebrija y Girón deben
realizar la identificación y el seguimiento de actividades del sector agroproductivo
(mataderos clandestinos, avícolas y porcícolas) con el fin de “inactivar y/o controlar”
el desarrollo de su actividad y garantizar el adecuado manejo de insumos y residuos
derivados del proceso productivo; este análisis será presentado ante la autoridad
ambiental competente para su aprobación.

256. Por su parte, el Municipio de Girón cuestionó las órdenes de la sentencia, al
estimar que la problemática planteada se soluciona con la reubicación del depósito
final de basura El Carrasco y no con la conformación de Comités, ni con el
seguimiento de compromisos.

257. La Sala considera que el riesgo de fauna por la presencia de gallinazos
negros en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional Palonegro se constituye
en un asunto objeto de preocupación para la operación aeronáutica, que involucra
distintos actores del orden territorial y nacional; y se ha perpetuado a lo largo del
tiempo. Por ello, considera oportuno la adopción de medidas tendientes a lograr una
solución definitiva, a partir de una postura consciente, donde se promueva la
sensibilización y armonización de las prácticas humanas con la protección del medio
ambiente, lo cual incluye la vida animal. En ese orden de ideas, la Sala hace un
llamado a las entidades para que, en cumplimiento de las órdenes, tengan en cuenta
la importancia de garantizar una conciencia colectiva en aras de garantizar el
equilibrio entre las actividades productivas y del entorno.

258. En consecuencia, la Sala modificará las órdenes de la sentencia recurrida,
en el sentido de imponer, como se indicó anteriormente, que, en el término de seis
(6) meses contados a partir de la ejecutoria de esta providencia, los municipios de
Bucaramanga, Girón, Lebrija, y el Área Metropolitana de Bucaramanga, en el marco
de sus competencias constitucionales, legales y reglamentarias, actualicen sus
Planes para la Gestión Integral de Residuos o desechos sólidos en el ámbito de su
jurisdicción, en caso de que no lo hayan realizado, de conformidad con lo
establecido en el artículo 2.3.2.2.3.87 del Decreto 1077 de 2015. Para lo cual,
tendrán en cuenta un componente relativo al control del gallinazo negro.

259. Se ordenará a los municipios de Bucaramanga, Lebrija, y Girón que, en
coordinación con la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta
de Bucaramanga, en el marco de las competencias constitucionales, legales y
reglamentarias de cada una, en el término de tres (3) meses contados a partir de la

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ejecutoria de esta sentencia, identifiquen las actividades, ecosistemas y lugares que
se consideran potencialmente atractivos para la fauna aviar, relacionada en el
Apéndice 8 -Áreas de control como medida de prevención del peligro aviario- de la
Resolución núm. 01092 de 2007 modificado por la Resolución núm. 00557 de 2022
de la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil.

260. Ante el incumplimiento de permisos y licencias a las que haya lugar, se le
ordenará a los municipios de Bucaramanga, Lebrija y Girón y a la Corporación
Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga que ejerzan
respectivamente y en el marco de sus competencias constitucionales, legales y
reglamentarias, las funciones de vigilancia y control y, en especial, de suspensión
de obras, demolición, imposición de medidas ambientales, entre otras.

261. Asimismo, se ordenará a la Corporación Autónoma Regional para la Defensa
de la Meseta de Bucaramanga, CDMB, que, en el marco de sus competencias
constitucionales, legales y reglamentarias, asesore a los municipios que
comprenden el Área Metropolitana de Bucaramanga y a Lebrija, en las actividades
de control y vigilancia ambiental en sus territorios, según lo establecen los
numerales 17 y 20 del artículo 31 de la Ley 99 y el artículo 76 de la Ley 715, con el
objeto de eliminar focos atrayentes para los gallinazos negros.

262. Se instará a la comunidad de los municipios que integran el Área
Metropolitana de Bucaramanga y de Lebrija para que adopten prácticas idóneas de
manejo de los residuos sólidos y, de este modo, eviten la generación de focos
atrayentes de gallinazos negros.

263. De igual modo, se ordenará que, dentro de los nueve (9) meses siguientes a
ejecutoria de esta sentencia, la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de
la Meseta de Bucaramanga diseñe e implemente una estrategia de control de la
población del gallinazo negro en el área de trece (13) kilómetros a la redonda del
Aeropuerto Internacional Palonegro, en el marco de lo dispuesto en el numeral 2.°
del artículo 31 de la Ley 99.

Sobre la condena en costas

264. El Municipio de Bucaramanga planteó en el recurso de apelación que “[…]
mal podría la instancia entrar en una condena en costas […]” cuando ha venido
participando en el “[…] Comité Avial [sic] desarrollado por la Aeronáutica Civil
conforme a los lineamientos del Plan de Manejo Ambiental para el control del
Gallinazo Negro […] [en el cual] continuará participando activamente […]” afirmación

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que utiliza para entender por superada la amenaza o vulneración de los derechos e
intereses colectivos.

265. La Sala considera que en este caso es posible concluir –luego de la valoración
probatoria– que la sola asistencia por parte del Municipio de Bucaramanga al Comité
Aeroportuario de Prevención del Peligro Aviario y de la Fauna, en el Aeropuerto
Internacional Palonegro, no permite entender por superada la amenaza o
vulneración de los derechos e intereses colectivos. Diferente a ello, en el análisis
supra quedó demostrado que la problemática del riesgo de fauna en las
inmediaciones del aeropuerto persiste, pese a las diversas acciones adelantadas
no solo por los municipios recurrentes sino por todos los actores involucrados.

266. Así las cosas, no se satisface el supuesto alegado por el Municipio de
Bucaramanga. Por el contrario, como las pretensiones son favorables a la parte
actora se confirmará la condena en costas impuesta en su contra.

267. Asimismo, el Municipio de Girón solicitó condenar en costas y agencias en
derecho al demandante al estimar que promovió esta acción constitucional sin
motivación alguna.

268. Sobre el particular, la Sala concluye que la solicitud efectuada por el
municipio no es procedente, comoquiera que en el proceso quedó demostrado que
Girón vulnera los derechos e intereses colectivos al goce de un ambiente sano y al
acceso a una infraestructura de servicios públicos que garanticen la salubridad
pública; y amenaza el derecho a la seguridad y salubridad públicas.

269. La condena en costas implica145, por un lado, que no se tenga en cuenta el
obrar temerario o de mala fe, o si quiera culpable de la parte demandada, sino su
derrota en el proceso o en el recurso que haya propuesto146; y, por el otro, la prueba
de su causación por el pago de gastos ordinarios del proceso, así como de agencias
en derecho147.

145 Ver entre otras: i) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, providencia

de 13 de diciembre de 2018, C.P. Oswaldo Giraldo López, radicado número 11001-03-24-000-2016-00162-01;
ii) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 7
de abril de 2016, C.P. William Hernández Gómez, radicado número 15001-23-33-000-2012-00509-00; iii)
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 12 de diciembre de
2018, C.P. Milton Chaves García, radicado número 25000-23-37-000-2014-01115-01.
146 Corte Constitucional, sentencia C-157 de 21 de marzo de 2013, M.P. Mauricio González Cuervo.
147 Al respecto se puede consultar: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera,

providencia de 7 de febrero de 2019, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, radicado número 05001-23-33-000-
2016-00713-01(AP)A.

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270. Al respecto, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta
Corporación profirió sentencia de 6 de agosto de 2019148, en la que unificó lo
relacionado con el reconocimiento, la condena y la liquidación de costas en el
trámite del medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos,
de la siguiente manera:

“[…] [U]nificar la jurisprudencia del Consejo de Estado en el sentido de precisar el
alcance de la interpretación del artículo 38 de la Ley 472 de 1998 y su armonización
con las disposiciones que regulan el reconocimiento, la condena y la liquidación de
las costas, así:

2.1 El artículo 38 de la Ley 472 de 1998 admite el reconocimiento de las costas
procesales a favor del actor popular y a cargo de la parte demandada, siempre que
la sentencia le resulte favorable a las pretensiones protectorias de los derechos
colectivos, y la condena en costas, a la luz del artículo 361 del Código General del
proceso, incorpora tanto el concepto de expensas y gastos procesales como el de las
agencias en derecho.

2.2 También hay lugar a condenar en costas a la parte demandada, en los
componentes de expensas y gastos procesales y de agencias en derecho, cuando
haya obrado con temeridad o mala fe. En este último evento, también habrá lugar a
condenarlo al pago de la multa prevista en la disposición 38 ibidem.

2.3 Sólo cabe reconocer costas a favor de la parte demandada y a cargo del actor
popular, cuando este último actuó temerariamente o de mala fe, caso en el cual
también habrá lugar a imponer la multa prevista en el artículo 38 de la Ley 472 de
1998. No hay lugar a condenarlo cuando la demanda le sea decidida en contra. En
este evento la condena en costas sólo admite el reconocimiento de los honorarios y
de las expensas, pues al tenor del artículo 364 del Código General del Proceso, es
claro que las agencias en derecho no corresponden a los honorarios a los que se
refiere la norma, pues ellos se señalan en relación con los auxiliares de la justicia.

2.4 Conforme lo dispone el artículo 38 de la Ley 472 de 1998, armonizado con el
artículo 361 del Código General del Proceso, en las acciones populares la condena
en costas a favor del actor popular incluye las expensas, gastos y agencias en
derecho con independencia de que la parte actora haya promovido y/o concurrido al
proceso mediante apoderado judicial o lo haya hecho directamente.

2.5 En cualquiera de los eventos en que cabe el reconocimiento de las costas
procesales, bien sea en cuanto a las expensas y gastos procesales o a las agencias
en derecho, bien sea a favor del actor popular o de la parte demandada, la condena
se hará atendiendo las reglas previstas en el artículo 365 del Código General del
Proceso, de forma que sólo se condenará al pago de aquellas que se encuentren
causadas y se liquidarán en la medida de su comprobación, conforme con lo
previsto en el artículo 366 del Código general del Proceso.

182. Las agencias en derecho se fijarán por el juez aplicando las tarifas
establecidas por el Consejo Superior de la Judicatura. Si aquellas establecen
solamente un mínimo, o este y un máximo, el juez tendrá en cuenta, además, la
naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada por el actor popular, con
independencia de si actuó directamente o mediante apoderado, u otras circunstancias
especiales, sin que pueda exceder el máximo de dichas tarifas […]”. (Destacado fuera
del texto).

148 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Veintisiete Especial de Decisión, C.P.

Rocío Araújo Oñate, sentencia de 6 de agosto de 2019, núm. único de radicación 15001-33-33-007-2017-00036-
01(AP)REV-SU.

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271. De acuerdo con lo anterior, teniendo en cuenta que las pretensiones resultan
favorables al actor, se confirmará el ordinal sexto de la sentencia proferida en
primera instancia, que condenó “[…] en costas a los Municipios de Bucaramanga,
Lebrija y Girón, las cuales se liquidarán de manera concentrada por el A Quo,
conforme al artículo 366 del C.G.P. Las agencias en derecho se fijarán en auto
separado […]”.

Respecto al comité de verificación de cumplimiento de la sentencia

272. Atendido a que el Tribunal, en el caso sub examine, en la sentencia proferida,
en primera instancia, resolvió en el ordinal quinto, lo siguiente:

“[…] QUINTO. ORDENAR la conformación del Comité de Verificación que deberá
estar integrado por el actor popular, los Municipios de Bucaramanga, Lebrija y Girón,
la Empresa de Aseo de Bucaramanga -EMAB S.A. ESP-, la Unidad Administrativa
Especial de Aeronáutica Civil, la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de
la Meseta de Bucaramanga -CDMB- y Área Metropolitana de Bucaramanga -AMB-,
con el propósito de que realice seguimiento y adopte las medidas necesarias para el
cabal cumplimiento de la presente sentencia, conforme a lo expuesto en la parte
motiva de esta providencia […]”.

273. La Sala modificará la parte resolutiva de la sentencia proferida el 27 de
noviembre de 2019 por el Tribunal Administrativo de Santander en lo relacionado
con la conformación del Comité de Verificación de cumplimiento, en el sentido de
precisar que el Magistrado Sustanciador del Tribunal deberá presidir el comité de
verificación.

274. Asimismo, en el evento que durante la ejecución de la sentencia se observe
que razonablemente es necesario otorgar un plazo adicional a las autoridades
obligadas, el Tribunal Administrativo de Santander, en el marco del Comité de
Verificación, podrá adoptar las decisiones que considere necesarias para garantizar
su cumplimiento, lo que incluye todas las órdenes de la sentencia, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

Conclusiones

275. La Sala considera que no se configuran los presupuestos para declarar la
excepción de agotamiento de jurisdicción respecto de la acción popular con
radicado número 68001-33-31-004-2002-02891-01.

276. Las excepciones propuestas por el Municipio de Girón que denominó
“inexistencia del hecho generador del daño” e “improcedencia de la acción popular”
no tienen vocación de prosperar. Esto, en la medida que, no constituyen

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excepciones previas, aunado a que, le asiste razón al Tribunal Administrativo de
Santander al señalar que los argumentos que sustentan las excepciones se
subsumen en el análisis propio de constatación de la amenaza o vulneración y la
responsabilidad.

277. De acuerdo con el material probatorio allegado al proceso, la Sala evidencia
la existencia del riesgo de fauna por la presencia de gallinazos negros en
inmediaciones del Aeropuerto Internacional Palonegro, específicamente, en el radio
hasta de trece (13) kilómetros, debido a la existencia de focos atrayentes para esta
especie de aves o Coragyps atratus.

278. La Sala considera que se encuentran vulnerados los derechos colectivos al
goce de un ambiente sano y al acceso a una infraestructura de servicios públicos
que garanticen la salubridad pública por parte de los Municipios de Girón y
Bucaramanga. A su vez, que se encuentra amenazado el derecho a la seguridad y
salubridad públicas por estos mismos municipios.

279. La Sala concluye que el riesgo aviario por la presencia de gallinazos negros
en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional Palonegro se constituye en un
asunto objeto de preocupación para la operación aeronáutica, que involucra
distintos actores del orden territorial y nacional. Esta problemática se ha perpetuado
a lo largo del tiempo. Por ello, considera oportuno la adopción de medidas
tendientes a lograr una solución definitiva, desde una perspectiva consciente en la
cual se promueva la sensibilización y armonización de las prácticas humanas con
la protección del medio ambiente.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

III. RESUELVE:

PRIMERO: DECLARAR FUNDADO el impedimento que manifestó el Consejero de
Estado, doctor Germán Eduardo Osorio Cifuentes, para intervenir en el proceso de
la referencia y, en consecuencia, SEPARAR al Magistrado de la Sección Primera
del Consejo de Estado del conocimiento de la presente acción popular, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.

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SEGUNDO: MODIFICAR los ordinales primero, segundo, tercero y quinto de la
sentencia de 27 de noviembre de 2019 proferida por el Tribunal Administrativo de
Santander, por las razones expuestas en la parte motiva, los cuales quedarán así:

PRIMERO: DECLARAR la vulneración de los derechos e intereses colectivos al
goce de un ambiente sano y al acceso a una infraestructura de servicios públicos que
garantice la salubridad pública por los municipios de Bucaramanga, Lebrija y Girón.
Asimismo, declarar la amenaza del derecho a la seguridad y salubridad públicas por
estos mismos municipios, de conformidad con las razones expuestas en la parte
motiva de la presente providencia.

SEGUNDO: ORDENAR, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia:

2.1. A los Municipios de Bucaramanga, Girón, Lebrija y al Área Metropolitana de
Bucaramanga que, en caso de que no lo hayan hecho, en el marco de sus
competencias constitucionales, legales y reglamentarias, en el término de seis (6)
meses contados a partir de la ejecutoria de esta providencia, actualicen sus Planes
para la Gestión Integral de Residuos o desechos sólidos en el ámbito de su
jurisdicción. Para lo cual, tendrán en cuenta un componente relativo al control del
gallinazo negro, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

2.2. A los Municipios de Bucaramanga, Lebrija y Girón que, en coordinación con
la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de
Bucaramanga – CDMB, en el marco de las competencias constitucionales, legales y
reglamentarias de cada una, en el término de tres (3) meses contados a partir de la
ejecutoria de esta sentencia, identifiquen las actividades, ecosistemas y lugares que
se consideran potencialmente atractivos para la fauna aviar, relacionada en el
Apéndice 8 -Áreas de control como medida de prevención del peligro aviario- de la
Resolución núm. 01092 de 2007 modificado por la Resolución núm. 00557 de 2022
de la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil y que requieren de
permiso de la autoridad aeronáutica, por las razones expuestas en la parte motiva de
esta providencia.

Ante el incumplimiento de permisos y licencias, ORDENAR a los municipios de
Bucaramanga, Lebrija y Girón y a la Corporación Autónoma Regional para la
Defensa de la Meseta de Bucaramanga - CDMB que ejerzan sus funciones de
inspección, vigilancia y control, en especial, las de suspensión de obras, demolición,
imposición de medidas ambientales, entre otras, de conformidad con las
competencias constitucionales, legales y reglamentarias de cada una, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

2.3. A la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de
Bucaramanga - CDMB que, en el marco de sus competencias constitucionales,
legales y reglamentarias, asesore a los municipios que integran el Área Metropolitana
de Bucaramanga y al Municipio de Lebrija, en las actividades de control y vigilancia
ambiental en sus territorios, con el objeto de eliminar focos atrayentes para los
gallinazos negros.

2.4. A la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de
Bucaramanga - CDMB, que, en el marco de sus competencias constitucionales,
legales y reglamentarias, dentro de los nueve (9) meses siguientes a la ejecutoria de
esta sentencia, diseñe e implemente una estrategia de control de la población del
gallinazo negro en el área de trece (13) kilómetros a la redonda del Aeropuerto
Internacional Palonegro.

TERCERO: INSTAR a la comunidad de los municipios que integran el Área
Metropolitana de Bucaramanga y de Lebrija para que adopten prácticas idóneas de
manejo de los residuos sólidos y, de este modo, eviten la generación de focos

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atrayentes de gallinazos negros, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.

[…]

QUINTO: ORDENAR la conformación del Comité de Verificación, que deberá estar
presidido por el Magistrado Sustanciador del Tribunal Administrativo de Santander.
Además, estará integrado por el actor popular, los Municipios de Bucaramanga,
Lebrija y Girón, la Empresa de Aseo de Bucaramanga -EMAG S.A. ESP-, la Unidad
Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, la Corporación Autónoma Regional para
la Defensa de la Meseta de Bucaramanga -CDMB- y el Área Metropolitana de
Bucaramanga -AMB-, con el propósito de que realice seguimiento y adopte las
medidas necesarias para el cabal cumplimiento de la presente sentencia, conforme a
lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia de 27 de noviembre de 2019
proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, por las razones expuestas en
la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: REMITIR copia de la presente sentencia a la Defensoría del Pueblo, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley 472.

QUINTO: En firme esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal
Administrativo de Santander, dejando las correspondientes anotaciones de ley.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la Sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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