Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 68001-23-33-000-2015-00303-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 68001-23-33-000-2015-00303-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 68001-23-33-000-2015-00303-01
Consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernandez
10 de febrero de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓ N A
CONSEJERO PONENTE: GABRIEL V ALBUE NA HE RNÁNDEZ
Bogotá D.C., diez (10) de febrero de dos mil veintidós (2022)
Referencia: Proceso Ejecutivo
Radicación : 680012333000201500303 01 (1053-2016)
Ejecutante: Martha Adela Saavedra de Gutiérrez
Ejecutada : Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
Temas: Apelación de sentencia que ordena seguir adelante
con la ejecución
SENTENCIA DE SEGUNDA I NSTANCIA / LEY 1437 DE 2011
I. ASUNTO
1. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado
decide el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la
entidad ejecutada contra la sentencia del 20 de enero de 2016 ,
proferida por el Tribunal Administrativo de Santander 1 que ordenó
seguir adelante con la ejecución en el proceso ejecutivo del
epígrafe .
II. ANTECEDENTES
2.1. La demanda
2.1.1. Las pretensiones
2. La señora Martha Adela Saavedra de Gutiérrez , mediante
apoderado, formuló demanda ejecutiva con el fin de lograr el
cumplimiento de la sentencia condenatoria proferida el 6 de julio de
2011, por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de
1 Con ponencia del magistrado Luis Javier Rosero Villota.
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Radicado: 680012333000201500303 01 (1053 -2016)
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Estado dentro del proceso de nulidad y restablecimie nto del
derecho radicado 68001233100020050008001.
3. Como consecuencia de lo anterior, solicitó que se lib rara
mandamiento ejecutivo y en consecuencia que : (i) «se ordene a la
demandada efectuar una reliquidación de las sumas a que resultó
condenada conforme al t ítulo ejecutivo base de esta Litis», (ii) que
se condene a la ejecutada a pagar la suma de $58´818.301
conforme a la liq uidación presentada en la demanda «[…] o a
cualquier otra suma por encima de la mencionada , si la
reliquidación realizada por parte de la contadora del Tribunal así lo
refleja»; (iii) «[…] se condene a pagar a la entidad demandada, los
intereses de mora sobre la suma a que resulte condenada conforme
al punto anterior, d esde el 28 de dicie mbre del año 2012 y hasta el
día en que sea efectivamente cancelada» .
2.1.2. Hechos
4. Como hechos relevantes, el apoderado de la ejecutante señaló
los siguientes:
• En ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del
derecho 2, la señora Martha Adela Saavedra de Gutiérrez,
formuló demanda en orden a que se declar e la nulidad de la
Resolución 07280 de 19 de agosto de 2004 , por la cual la
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN - dispuso
su retiro del servicio con fundamento en el parágrafo 3 .° del
artículo 9 .° de la Ley 797 de 2003 .
• El Tribunal Administrativo de Santander profirió sentencia el
27 de mayo de 2010 , en la que denegó las pretensiones de la
demanda, con fundamento en el artículo 90 , parágrafo 3.° , de
la Ley 797 de 2003 (Declarado exequible por la Corte
Constitucional en sentencia C -1037 del 5 de noviembre de
2003, exp. D.4590) , según el cual se otorgó al empleador la
facultad de dar por terminado el contrato de trabajo, con justa
causa , cuando el trabajador haya cumplido con los requisitos
de edad y tiempo de servicio s para pensionarse, pero se
2 Radicado 680012331000200500080 00/01 (1942-2010)
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requiere que se h aya expedido la resolución de
reconocimiento de la pensión y la inclusión en la nómina de
pensionados.
• Estimó el Tribunal que en ese caso no se vulneraron derechos
adquiridos comoquiera que la peticionaria cumplió con los
requisitos establecidos en la ley para obtener el derecho a
pensionarse por vejez y con ocasión de ello la DIAN le
comunicó el retiro del servicio, no sin antes estar incluida en
la nómina de pensionados ; consideró además que con la
decisión tomada se benefician a o tras personas para que
gocen de oportunidades laborales.
• Al resolve r el re curso de apelación interpuesto por la
accionante, la Sección Segunda , Subsección A del Consejo
de Estado, a través de sentencia de 6 de julio de 2011, revocó
la decisión anterio r y en su lugar accedió a las pretensiones
de la demanda .
• Al efecto consideró que el acto de retiro del servicio era ilegal
por no serle aplicables a la accionante las modificaciones,
introducidas por e l artículo 9.° de la Ley 797 de 2003. En
consecuencia, declaró la nulidad del acto demandado, declaró
que la demandante tenía derecho a permanecer en el cargo
que ostentaba hasta la edad de retiro forzoso y accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda 3.
• La anterior decisió n quedó ejecutoriada el veintidós (22 ) de
agosto de dos mil once (2011).
• Durante el tiempo en que la demandante permaneció
desvinculada del cargo asumió de su propia pensión los
aportes en salud, desde octubre de 2004 hasta octubre de
2011 por cuantía de $33 ´062.600.
• Mediante Resolución 385 de 23 de enero de 2012 la DIAN
pretendió dar cumplimiento al fallo, pero , según la demanda,
cometió varios erro res en la liquidació n por lo que a través de
petición de 14 de febrero de 2012 la accionante solicitó una
reliquidación.
• En cumplimiento de la citada resolu ción la DIAN realizó un
primer abono a capital el 26 de febrero de 2012 por valo r de
$ 126 ´551.581, tal como se expresa en la Resolución 1625 de
5 de marzo de 2012 , por la cual se adicionó la Resolución
385, al ser necesaria una nueva liquidación.
3 Sobre esta decisión se profundizará al resolver el fondo del asunto.
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• El 15 de marzo de 2012, la DIAN rea lizó un abono por valor
de $159 ´667.908.
• Posteriormen te, a través de la Resolución 8971 de 23 de
noviembre de 2012 la DIAN adicionó la Resolución 385 de 23
de enero de 2012 frente a la liquidación de las cesantías ,
intereses sobre las mismas y el «factor de protección », en
virtud de lo cual, e l 28 de diciemb re de 2012 realizó un tercer
abono a capital equivalente a $38´887.254 .
• Según la demanda, a pesar de que en repetidas ocasiones se
le solicitó a la DI AN que no realizara descuento alguno por
concepto de aportes en salud, por cuanto estos fueron
asumidos en su totalidad por la demandante, la entidad hizo
caso omiso.
2.1.3. Normas violadas. Fundamentos de derecho de la demanda
ejecutiva
5. Como tales, se señalaron los art ículos 84, 85, 177 y 178 del
Código Contencioso Administrativo; el artículo 204 y co ncordantes
de la Ley 100 de 1993, el artículo 297 y concordantes del CPACA.
6. Señaló la ejecutante que la entidad demandada ignoró un
mandato de seguridad social contenido en el artículo 204 de la Ley
100 de 1993, que indica el porcentaje de cotización al sistema por
concepto de salud y que corresponde al 12.5% del salario base de
cotización , el cual ya venía siendo sufragado en su totalidad por la
demandante con cargo a su pensión.
7. Por ende, la DIAN al descontarle nuevamente el dinero de las
cotizaciones en salud desconoció que la demandante ya había
realizado aportes al sistema, tal como quedó probado en la
certificación expedida por el FOPEP .
8. Al contrario, lo que debió hacer la DIAN es establecer
nuevamente el IBC y calcular los aportes pendientes sobre la
diferencia existente entre lo aportado por la señora Saavedra de
Gutiérrez y lo que debía aportarse.
9. Adicionalmente se indi có que la DI AN, al liquidar las cesantías,
intereses sobre las mismas y el «factor de protección», de manera
separada a los demás valores reconocidos, sin indexarl os, ni
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reconocer intereses moratorios ignoró los numerales 4.° y 7.° de la
parte resolutiva d e la sentencia del Consejo de Estado.
10. Finalmente indicó que, al momento de liquidar los intereses de
algunas de las sumas reconocidas, calculó intereses co rrientes por
los primeros 30 días hábiles a partir de la ejecutoria del fallo , lo
que incurre en desconocimiento de la jurisprudencia del Consejo de
Estado en esta materia , según la cual, se calculan y reconocen
intereses moratorios desde el día siguiente a la ejecutoria del fallo.
2.2. Mandamiento de pago 4
11. A través de auto de 2 de julio de 2015, el Tribunal Administrativo
de Santander libró mandamiento ejecutivo en contra de la DIAN, y
a favor de Martha Adela Saavedra de Gutiérrez por la suma de
$58´818,301 «por concepto de capital, más el valor que
corresponda a los intereses moratorios liquidados desde el 28 de
diciembre de 2012 - fecha del último abono -, hasta que se verifique
el pago total de la condena, liquidados a la tasa máxima legal
certificada por la S uperintendencia financiera de Colombia ».
12. Igualmente ordenó a la DIAN pagar las anteriores obligaciones
en el término de 5 días conforme con lo dispuesto en el artículo 431
del Código General del Proceso.
2.3. Contestación de la demanda 5
13. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, por
intermedio de apoderado, se opuso a la prosperidad de las
pretensiones y propuso la excepción de pago que se sustenta en
las razones que se expresan a continuación:
14. Señaló que, en efecto, mediante las Resoluciones 385 de 23 de
enero de 2012, 1625 de 5 de marzo de 2012 y 8971 de 23 de
noviembre de 2012 , la DIAN dio cumplimiento a la providencia
judicial mencionada y que los valores allí relacionados fueron el
4 Folios 146 – 148 del cuaderno principal.
5 Folios 160 - 162.
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resultado de aplicar «al pie de la le tra » lo ordenado en la parte
resolutiva de la sentencia de 6 de junio de 2011 .
15. El apoderado explicó que s i bien e n la sentencia del Consejo de
Estado no se ordenó de manera expresa el descuent o de las sumas
correspondientes a los aportes por salud, sin embargo, «tal omisión
no puede ser entendida como erróneamente se plantea en la
demanda, en un sentido según el cual lo que corre spondía en
derecho es que la DIAN asumiese el 100% de los aportes por dicho
concepto; esto como quiera que a la luz de nuestro ordenamiento
jurídico, tal obligación correspondía ser asumida por las dos partes
de la relación laboral ». En consecuencia, no se requería mandato
judicial para que la DIAN realizara el descuento por valor de los
aportes al sistema de seguridad social en salud de la ejecutante,
por la existencia de tal obligación en la norma.
16. Frente a la act ualización de las cesantías, intereses sobre las
mismas y el «factor de protección » dijo que en la liquidación
realizada por el Fondo Nacional del Ahorro, citada de manera
expresa en la Resolución 8971 de 23 de noviembre de 2012, se le
reconoció el valor de protección según el artículo 11 de la Ley 432
de 1998, por tanto al momento de hacerse la liquidació n de dicha
prestación social se hizo la actualización del valor po r parte del
Fondo Nacional del Ahorro; además dicha liquidación fue solic itada
por la demandante y adoptada en la Resolución 8971 de 23 de
noviembre de 2012.
17. Finalmente estim ó que no era posible liquidar intereses
moratorios en el p rimer mes siguient e a la ejecutoria del fallo que
le impuso la oblig ación pecuniaria, comoquiera que el mismo Art.
176 del CCA establece el término de 30 días con los que cuentan
las autoridades desde la publicación del fallo para que se adopten
las medidas necesarias para su p ag o. Por tanto, en su parecer,
corresponde declarar que los int ereses reconocid os en las
resoluciones de cumplimiento de la sentencia se encuentran
ajustados a la Ley .
2.4. Contestación a las excepciones
18. La apoderada de la señora Saavedra Gutiérrez insistió en que
la entidad demandada ignoró el artículo 204 de la Ley 100 de 1993 ,
y que la demandante ya había realizado aportes al sistema de
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salud, tal como qued ó probado en la certificación expedida por el
FOPEP.
19. Asimismo, reiteró que deben indexarse las sumas
correspondientes a las cesantías , inte reses a las cesantías y factor
de protección; y que de conformidad con los artícu los 176 y
siguientes del CCA las sumas de dine ro a que resultó condena da la
DIAN genera n intereses moratorios a partir de la ejecutoria del fallo .
2.5. La sentencia apelada
20. El Tribunal Ad ministrativo de Santander, mediante sentencia
proferida el 2 0 de enero de 2015 (i) ordenó seguir adelante con la
ejecución , (ii) disp uso que de conformidad con el art. 446 del CGP
cualquiera de las partes podría presentar la liquidación de crédito
y (iii) condenó en costas a la parte ejecutada ; todo lo anterior con
base en los siguientes razonamientos 6:
i) No son de re cibo los argumentos planteados por la parte
ejecutada para tener por probada la e xcepción de pago , pues en lo
que respecta a los descuentos de los aportes que a la empleada le
correspondía hacer por concepto de salud, es claro que los mismos
son procedentes, pero de manera proporcional, teniendo en cuenta
que durante el periodo comprendido entre octu bre de 2004 hasta
octubre de 2011 ella efectuó aportes al sistema de salud en calidad
de pensionada y por ello la DIAN debió calcular los descuentos
tomando como base la diferencia entre lo efectivamente aportado
por la demandante y lo que debió aportar en su momento.
ii) Explicó que el « factor de protecció n » que debió aplicarse a las
cesantías durante el periodo comprendido entre octubre de 2004
hasta octubre de 2011, no es equivalente a la indexación de las
sumas que se ordena en la sentencia, pues con la misma se
pretende actualizar las sumas al momento de la decisión.
iii) En lo que se refiere al reco nocimiento de los intereses
moratorios dijo que basta con precisar que los intereses que se
causan a partir de la ejecutoria de la respectiva sentencia so n
moratorios (no comerciales), en los términos de la sentencia SU–
188 de 1999, en concordancia con la interpretaci ón de los artículos
176 y 177 del C.C.A. realizada por parte del Consejo de Estado, en
6 Folios 194 y siguientes.
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sentencia de 21 de octubre de 2009 dentro del proceso 68001 -23-
15-000-2000-01152-01.
iv) «[…] es claro para la Sala que no existe un pago total de las
obligaciones como lo excepciona la parte ejecutada, sino un pago
parcial que es reconocido en la demanda ejecutiva, de conformidad
con el artículo 1649 del Código Civil, lo que impide que se pudiera
dar por terminado el proceso.
v) «de conformidad con el artículo 443 numeral 4 .° del Código
General del Proceso, se ordenará seguir adelante con la ejecución,
para lo cual cualquiera de las partes podrá pre sentar la liquidación
del crédito con especificación del capital y los intereses causados
hasta la fecha de su presentación, atendiendo las consideraciones
precedentes en lo que respecta al cálculo de los descuentos en
salud, la actualización de las cesant ías y el reconocimiento de los
intereses moratorios» .
2.6. El recurso de apelación
21. La DIAN, por conducto de apoderado, interpuso recurso de
apelación 7.
22. Para tal efecto insistió en que si bien en la sentencia no se
ordenó de manera expresa el descuento de las sumas
correspondientes a los aportes por salud que correspondía asumir
a la accionante, tal omisión no puede ser entendida para que la
DIAN asumiera el 100% de tales aportes, porque el ordenamiento
jurídico señala que deben ser asumidas por las dos partes.
23. En cuanto a la actualización de cesantías, dijo que, tal como se
aprecia en la liquidación realizada por el Fondo Nacional del
Ahorro, que aparece en la Resolución 8971 de 23 de noviembre de
2012, allí se reconoció el valor de protección previsto en el artículo
11 de la Ley 432 de 1998, por ende «al momento de hacerse la
liquidación de esta prestación social, se hizo la actualización del
valor por parte del FONDO NA CIONA L DEL AHORRO», liquidación
que fue además solicitada po r la DIA N.
24. En cuanto a los intereses de mora, causados sobre el capital
que fue oportunamente cancelado por la DIAN no es posible hablar
de mora de la administración dentro del primer mes siguiente a la
7 Folios 197 - 198.
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ejecutoria del fallo que le impuso la obligación pe cuniaria de
acuerdo con el artículo 176 del CCA.
2.7. Alegatos de conclusión en segunda instancia
2.7.1. La ejecutante
25. La señora Martha Adela Saavedra de Gutiérrez , po r conducto
de apoderado, reafirmó lo sostenido en el libelo introductorio. 8
2.7.2. La entidad ejecutada
26. La DIAN, a través de apoderado 9, insistió en que era obligación
de la demandante efectuar cotizaci ones en salud, y que tales
dineros no pertenecen ni al pensio nado ni a la DIA N, sino que
hacen parte del FOSYGA ; además dicha entidad actuó de
conformidad con el concepto 100208221 -00-102309 de 11 de
diciembre de 2009, por el cual la subdirectora de gestión normativa
y doctrina de la Dirección de la Oficina Jurídica de esa entidad,
indicó que en caso de que el reintegro del trabajador se ordene sin
solución de continuidad, se considera que la entidad empleadora
debe efectuar los aportes dejados de realizar al régimen de
seguridad social conforme a lo ordenado por el fallo, como s i
durante ese lapso el trabajador hubiera prestado su s servicios en
forma continua.
27. En cuanto al «factor de protección » de las cesantías explicó
que ya se encuentra contenido en la Resolución 8971 de 23 de
noviembre de 2012 , al tenor de lo señalado por el artículo 11 de la
Ley 432 de 1998 . Por ende, no se puede efectuar una indexación
sobre lo indexado.
28. Respecto de los intereses igualmente manifestó su desacuerdo
por cuanto dijo que se efectuó la liquidación correcta en virtud de
lo señalado en el artículo 176 del CCA.
2.7.3. El Ministerio Público guardó silencio.
8 Folios 248 - 251.
9 Folios 242 - 246
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III. CONSIDERACI ONES
3.1. Competencia
29. Es competente esta Subsección para decidir dentro del proceso
del epígrafe, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 150 del
CPACA 10.
3.2. Problema s jurídicos
30. Corresponde a la Sala de Subsección establecer lo siguiente:
(i) ¿En este caso la DIAN podía descontar los aportes en salud de
la liquidación efectuada a favor de la accionante en cumplimiento
de la orden impuesta por esta Corporación en sentencia de 6 de
julio de 2011?
(ii) ¿Deberá verificar la Sala si el cumplimiento de la sentencia
genera intereses moratorios y a partir de cu ándo, con miras a
establecer si la liq uidación efectuada por la entidad se encuentra
ajustada a derecho?
iii) ¿En virtud del marco de apelación, le correspondió a la DIAN
consignar en el Fondo Nacional del Ahorro a favor de la señora
Saavedra de Gutiérrez el interés de p rotección sobre el valor de las
cesantías actualizadas ?
3.3. Marco normativo
3.3.1. Generalidades de l proceso e jecutivo y los requisitos del
título ejecutivo
31. El proceso eje cutivo ha sido definido como el medio procesal
para que un acreedor, de modo coercitivo, haga efectiva una
obligación o un derecho del que es t itular ante un deudor que se
10 CPACA, art. 150: «Competencia del Consejo de Estado en segunda instancia y cambio de radicación. El
Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las
apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando
no se conceda el de apelación por parte de los tribunales, o se conceda en un efecto distinto del que
corresponda, o no se concedan los extraordinarios de revisión o de unificación de jurisprudencia […]».
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rehúsa a su cumplimiento. Es decir, « es el medio para q ue el
acreedor haga valer el derecho (que conste en un documento
denominado título ejecutivo) mediante la ejecución forzada» 11
32. En esta clase de procesos no se busca el reconocimiento de un
derecho subjetivo, sino que está dirigido a obtener el cumplimiento
de una obligación que consta en un documento que d a plena fe de
su existencia , siendo el título « el documento principal a partir del
cual se desarrolla el proceso ejecutivo». 12 Su definición y requisitos
se encuentran en el artículo 488 del C P C en los siguientes términos:
«A rt í cul o 488. T ít ul os ej ecuti vos . Pueden d em andar se
ej ecut ivam ent e l as obl i gaci ones expre sas, cl aras y exi gi bl es que
const en en docum ent os que pr ovengan del deudor o de su causant e y
const it uyan plena pr ueba cont r a él, o las que em anen de una sent encia
de condena pr of er ida por j uez o t r ibunal de cualquier j ur isdicción, o
de ot r a pr ovidencia j udicia l que t enga f uer za ej ecut iva conf or m e a la
ley, o de las pr ovidenc ias que en pr ocesos cont encioso
adm inist r at ivos o d e policí a apr ueben li q uidac ión de c ost as o señalen
honor ar ios de auxi li ar es de la j ust icia.
La conf esión hecha en el cur so de un pr oceso no const ituye t í t ul o
ej ecut ivo, per o sí la que const e en el int er r ogat or io pr evist o en el
ar t í culo 294. » (Negrilla de la Sala].
33. La norma consagra los requisitos del título ejecutivo: formales
y sustanciales. Los primeros hacen referencia a la prueba de la
existencia de la o bligación y exigen que el título eje cutivo sea
auténtico y que provenga del deudor, su causante o de una
providencia judicial. 13 La autenticidad se refiere a la plena
11 Consejo de Estado, Sección Cuarta, providencia del 15 de noviembre de 2017, radicado 54001 23 33 000
2013 00140 01(22065), M.P. Julio Roberto Piza Rodríguez. Ver también Consejo de Estado, Sección
Primera, providencia del 12 de julio de 2018, radicado 81001 23 33 003 2017 00042 01, M.P. María Elizabeth
García González.
12 Sentencia T-704 de 2013. Igual concepto está en la sentencia T-996 de 2012.
13 Sobre los requisitos formales del título se puede consultar la siguiente jurisprudencia: Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección B. Sentencia del 27 de agosto de 2015. Radicado: 200012331000 2011-
00548 01 (2586 – 2013). Consejera ponente Sandra Lisset Ibarra Vélez. «…que se trate de documentos que
tengan autenticidad, que emanen de autoridad judicial, o de otra clase si la ley lo autoriza, o del propio
ejecutado o causante cuando aquel sea heredero de este y los segundos, que de esos documentos aparezca
a favor del ejecutante o de su causante y a cargo del ejecutado o de su causante, una obligación clara
expresa, exigible y además líquida o liquidable por simple operación aritmética si se trata de pagar una suma
de dinero».Ver también: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera,
sentencia de 31 de mayo de 2018, Consejera ponente María Elizabeth García González, Radicación: 11001
03 15 000 2018 00824 00. A su vez la Sección Tercera del Consejo de Estado señaló: «Que además de
esos requisitos el documento debe reunir dos condiciones formales: i) la autenticidad y ii) que proceda del
deudor o de su causante, o de una sentencia judicial condenatoria, o de cualquier otra providencia judicial
que tenga fuerza ejecutiva». Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, providencia de 8 de junio
de 2016, radicado 27001 23 31 000 2012 00086 01(47539), M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa (E).
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identificación del creador del documento para que no haya duda del
deudor y el juez tenga certeza de quién lo suscribió. 14
34. Los segundos exigen que en el título ejecutivo se refleje en
favor del ejecutante una obligación clara, expresa y exigible. Es
expresa si se encuentra especificada en el título y no es el resultado
de una presunción legal o de una interpretación; clara si sus
elementos aparecen inequívocamente señalados y no hay duda con
respecto al objeto o sujetos de la obligación, esto es fácilmente
inteligible y se entiende en un solo sentido; y, exigible si la
ejecución no depende del cumplimiento de un plazo o condici ón o
siempre que estos se hubiesen cumplido 15.
35. Estos requisitos deben cumplirse en su totalidad y en los
términos enunciados, de modo que del título se concluya sin duda
alguna la existencia de la obligación, su claridad y que ya es
exigible. Así entonces cuando el juez verifica que el documento
cumple con los requisitos enunciados debe emitir la orden de pago
en contra de la parte ejecutada, pues así lo dispone el artículo 430
del CGP 16, antes 497 del C P C 17.
14 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 14 de mayo de 2014, radicado 33.586.
15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, consejera ponente Carmen
Teresa Ortiz de Rodríguez, auto de 26 de febrero de 2014, Radicado: 25000 23 27 000 2011 00178 01
(19250), actor: Clínica del Country S.A. En esta providencia se citó la siguiente doctrina: Velásquez G., Juan
Guillermo. Los procesos ejecutivos. (2006). Medellín: Librería Jurídica Sánchez R. Ltda.
También puede consultarse la siguiente jurisprudencia: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección
A, 26 de julio de 2018, radicado 41001 23 31 000 2010 00139 01(0490-16), M.P. Rafael Francisco Suarez
Vargas.
16«Artículo 430. Mandamiento ejecutivo. Presentada la demanda acompañada de documento que preste
mérito ejecutivo, el juez librará mandamiento ordenando al demandado que cumpla la obligación en la forma
pedida, si fuere procedente, o en la que aquel considere legal.
Los requisitos formales del título ejecutivo sólo podrán discutirse mediante recurso de reposición contra el
mandamiento ejecutivo. No se admitirá ninguna controversia sobre los requisitos del título que no haya sido
planteada por medio de dicho recurso. En consecuencia, los defectos formales del título ejecutivo no podrán
reconocerse o declararse por el juez en la sentencia o en el auto que ordene seguir adelante la ejecución,
según fuere el caso.
Cuando como consecuencia del recurso de reposición el juez revoque el mandamiento de pago por ausencia
de los requisitos del título ejecutivo, el demandante, dentro de los cinco (5) días siguientes a la ejecutoria
del auto, podrá presentar demanda ante el juez para que se adelante proceso declarativo dentro del mismo
expediente, sin que haya lugar a nuevo reparto. El juez se pronunciará sobre la demanda declarativa y, si la
admite, ordenará notificar por estado a quien ya estuviese vinculado en el proceso ejecutivo.
Vencido el plazo previsto en el inciso anterior, la demanda podrá formularse en proceso separado.
De presentarse en tiempo la demanda declarativa, en el nuevo proceso seguirá teniendo vigencia la
interrupción de la prescripción y la inoperancia de la caducidad generados en el proceso ejecutivo.
El trámite de la demanda declarativa no impedirá formular y tramitar el incidente de liquidación de perjuicios
en contra del demandante, si a ello hubiere lugar. »
17 «Presentada la demanda con arreglo a la ley, acompañada de documento que preste mérito ejecutivo, el
juez librará mandamiento ordenando al demandado que cumpla la obligación en la forma pedida si fuere
procedente, o en la que aquél considere legal».
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36. De acuerdo con lo anterior, el título ejecutivo es el documento
necesario para que pueda incoarse y darse trámite al proceso
ejecutivo. Además, conforme lo dispone el artículo 422 del CGP 18,
antes 488 del C P C , i) es la prueba de la existencia de la obligación,
la cual debe ser expresa, clara y exigible; y ii) señala con certeza
el obligado a cumplirla, por lo que constituye plena prueba contra
el adeudado, por provenir de él o de su causante o de cualquiera
de las providencias enunciadas en dicha nor ma. En tal sentido,
debe entenderse que las sentencias ejecutoriadas que condenen a
una entidad al pago de suma de dinero constituyen un título
ejecutivo.
3.4. Análisis de la Sala.
3.4.1. Primer problema jurídico. ¿En este caso la DIAN podía
descontar los aportes en salud de la liquidación efectuada a
favor de la accionante en cumplimiento de la orden impuesta
por esta Corporación en sentencia de 6 de julio de 2011?
3.4.1.1. De la seguridad social en salud 19.
37. La Sección Segunda de esta Corporación 20 ha indicado que la
prestación de los servicios de salud, como componente de la
seguridad social, por su naturaleza prestacional, es un derecho y
un servicio público de amplia configuración legal, así lo dispone el
artículo 48 constitucio nal, cuando señala que la seguridad social
debe sujetarse a los principios d e eficiencia, universalidad y
solidaridad en los t érminos que establezca la ley, es decir, que este
derecho no sólo tiene sustento constitucional, sino también legal y
compete al E stado a través de su polít ica social hacerlo efectivo en
beneficio de la colectividad, dado el carácter de servicio público
esencial que le es inherente y que implica su cobertura para todos
18 « Artículo 422. Título ejecutivo. Pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas, claras
y exigibles que consten en documentos que provengan del deudor o de su causante, y constituyan plena
prueba contra él, o las que emanen de una sentencia de condena proferida por juez o tribunal de cualquier
jurisdicción, o de otra providencia judicial, o de las providencias que en procesos de policía aprueben
liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de la justicia, y los demás documentos que señale
la ley. La confesión hecha en el curso de un proceso no constituye título ejecutivo, pero sí la que conste en
el interrogatorio previsto en el artículo 184. »
19 Análisis realizado por esta Subsección en sentencia del 3 de septiembre de 2020, dentro del proceso
radicado 25000 23 42 000 2013 00586 01 (3715-2015), con ponencia de quien se ocupa de esta providencia.
20 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de 22 de
septiembre de 2010, C.P. Gerardo Arenas Monsalve, número de radicación 11001-03-25-000-2006-00049-
00(1067-06).
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los habitantes del territorio nacional, siendo posible que además
del Estado los particulares también tengan a su cargo la prestación
de este servicio, a través de la delegación que el Estado les hace.
38. El permitir que no sólo el Estado sea el que asuma la prestación
de este servicio, re dunda en beneficio de los as ociados, porque así
se logra su prest ación sin interrupción, para lo cual además es
necesario que tanto el Estado como los particulares a cuyo cargo
se encuentra este servicio, reciban o portunamente los valores per
cápita que se invertirán en el costo del mismo y que constituyen
una de las formas de financiamiento del sistema e implican el
desarrollo del principio de solidaridad previsto en el artículo 2º
de la Ley 100 de 1993 el cual constituye un deber exigible a las
personas, que hace referencia a la obl igación que tienen los
administrados de contribuir con su esfuerzo a la sostenibilidad,
equidad y eficiencia, lo cual lleva forzosamente a concluir que éstos
deban cotizar, si tienen ingresos, no solo para poder recibir los
distintos beneficios, sino ademá s para preservar el equilibrio del
sistema y cumplir con uno de sus objetivos cuál es el de garantizar
la ampliación de su cobertura hasta lograr que toda la población
acceda sin discriminación a este servicio.
39. De esta manera tanto el derecho a la sa lud como el derecho a
la seguridad social, son derechos prestacionales para cuya
efectividad requieren normas presupuestales, de procedimiento y
de organización, que viabilizan y optimizan la eficacia d el servicio
público y que sirven además para mantener el equilibrio del
sistema.
40. De este conjunto normativo cabe destacar el numeral 1.º del
artículo 157 de la Ley 100 de 1993 que establece como formas de
participación en el servicio esencial de salud, la afiliación al
régimen contributivo integrado por las personas vinculadas a
través de un contrato de trabajo, l os servidores públicos , los
pensionados , los jubilados y los independientes con capacidad de
pago; y al régimen subsidiado integrado por las personas que no
tienen capacidad de pago para cubrir el monto total de la cotización.
3.4.1.2. La cotización en el régimen contributivo del sistema de
seguridad social en salud
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41. El artículo 204 de la Ley 100 de 1993, respecto al monto y
distribución de las cotizaciones en el régimen contributivo, dispo ne:
«A RT Í CULO 204. MO NTO Y DI ST RI BUCI Ó N DE LAS
CO T I ZA CI O NES. <Inciso 1o. m odif icado por el ar t í culo 10 de la Ley
1122 de 2007. El n uevo t ext o es el siguient e: > La cot iza ción al
Régim en Cont r ibut iv o de Salud ser á, a par t ir del pr im er o (1°) de
ener o del año 200 7, del 12, 5% del ingr eso o salar io b ase de
cot ización, el cua l no podr á ser inf er ior al salar io m í ni m o. La
cot ización a car go del em pleador ser á del 8. 5% y a cargo del
em pleado de l 4%. U no punt o ci nco ( 1, 5) de l a cot i zaci ón serán
t rasl adados a l a subcuent a de So l i dari dad del Fosyga para
cont ri bui r a l a f i nanci aci ón de l os benef i ci ari os del régi men
subsi di ado . Las cot izaciones q ue ho y t ienen par a sal ud los
r egí m enes especial es y de excepción se incr em ent ar án en cer o
punt o cinco por cient o ( 0, 5%) , a car go del em ple ador , que ser á
dest inado a la su bcu ent a de solidar idad p ar a com plet ar el uno punt o
cinco a los que hac e r ef er encia el pr esent e ar t í culo. El cer o punt o
cinco por cient o ( 0, 5%) adicional r eem pl aza en par t e el increm ent o
del punt o en pensiones apr obado en la Ley 797 de 2003, el cual
sólo ser á incr em ent ado por el G obier n o Naciona l en cer o punt o
cinco por cient o ( 0, 5%) .
La cot ización m ens ual al r ég im en con t r ibut ivo de salu d de los
pensiona dos ser á del 12% del ingr eso de la r espect iva m esada
pensiona l , [ …] ».
42. A su vez, el artículo 143 de la Ley 100 de 1993, dispuso:
«[ …] A RT Í CULO 143. REA JUST E PENSI O NA L PA RA LO S
A CT UA LES PENSI ONA DO S. A quienes con ant er ior idad al 1o. de
ener o de 1994 se l es hubier e r econoci do la pensi ón de vej ez o
j ubilac ión, inval idez o m uert e, t endr án der echo, a par t ir de dicha
f echa, a un r eaj uste m ensual equivale nt e a la elevación en la
cot ización par a salu d que r esult e de la aplicac ión de la pr esent e
Ley.
La cot i zaci ón para sal ud est abl eci da en el si st ema gene ral de
sal ud para l os pen si onados est á, en su t ot al i dad, a cargo de
ést os, quienes p odr án cancel ar la m ediant e una cot izació n
com plem ent ar ia dur ant e su per í odo de vinculac ión lab or al [ …] ».
Negr il la de la S ala.
43. Respecto a esta normatividad, esta Sección 21 determinó que:
21Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de 22 de
septiembre de 2010, C.P. Gerardo Arenas Monsalve, número de radicación 11001-03-25-000-2006-00049-
00(1067-06).
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(a) Como formas d e financiación del primer régimen, esto es, del
contributivo, se consagró la obligación de la afiliación y cotización
en cuanto implica la obligación de efectuar para el sostenimiento
del sistema y disfrute de los servici os de salud, un aporte o
cotización en la proporción que establezca la ley.
(b) En el régimen contributivo de salud, el funcionamiento del
sistema supone la acción coordinad a y el cumplimien to de las
obligaciones de los empleadores, los trabajadores y la s entidades
administradoras del sistema (EPS), las cuales conforme el artículo
177 de la Ley 100 de 1993 “son las entidades responsables de la
afiliación y el registro de los afiliados, y del recaudo de las
cotizaciones”.
(c) La cotización al sistema fue inicialmente del 12% (Ley 100, art.
204), pero en la a ctualidad es del 1 2.5% del ingreso laboral del
afiliado, de los cuales el empleador debe aportar el 8.5% y el
trabajador el 4% y de ese porcentaje el 1.5% será destinado para
financiar el ré gimen subsidiado en salud, ello en aplicación del
principio de solidaridad.
(d) Conforme el a rtículo 143 de la Ley 100 de 1993 la cotización
para salud establecida en el sistema general de salud para los
pensionados está, en su totalidad, a cargo de éstos , quienes podrán
cancelarla mediante una cotización complementaria durante su
período de vinculación laboral y que las entidades pagadoras
deberán descontar la cotización para salud y transferido a la EPS o
entidad a la cual esté afiliado el pensionado en salud. Igualmente
deberán girar un punto porcentual de la cotización al fondo de
solidaridad y garantía en salud, ello conforme al artículo 43 del
Decreto 692 de 1994.
(e) A su vez, se de terminó que, en la concepción legal del régimen
contributivo del sis tema de seguridad social en salud, los aportes o
cotizaciones constituyen una obligación ineludible para la
financiación de este y que dicha obligación se sitúa en cabeza de
los empleadores, sean ellos del secto r público o del sect or privado
y de los traba jadores o pensionados.
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(f) Igualmente se ha señalado 22 que las cotizaciones efectuadas
por los cotizantes, se convierte en un tributo con destinación
específica (parafiscales), cuyos ingresos no entran a engrosar el
Presupuesto Nacional, porque son contr ibuciones que tienen como
sujeto pasivo un sector específico de la población y se destinan
para su beneficio, y conforme al principio de solidaridad, se
establecen para aumentar la cobertura en la prestación del servicio
de salud y, en esa medida, las Empr esas Promotoras de Salud,
como entidades encargadas del recaudo de las cotizaciones les
asiste el deber de realizar a la subcu enta establecida del Fondo de
Solidaridad y Garantías.
3.4.1.3. Caso concreto.
• Condena impuesta a cargo de la DIAN.
44. Como ya se indicó, a través de sentencia de 6 de julio de 2011,
la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado,
revocó la sentencia de 27 de mayo de 2010 dictada por el Tribunal
Administrativo de Santander, y en su lugar accedió a las
pretensiones de la demanda instaurada por la señora Martha Adela
Saavedra de Gutiérrez contra la DIA N.
45. Como fundamento de dicha decisión, estim ó que las
modificaciones introducidas por el artículo 9.° de la Ley 797 de
2003, no eran aplicables a la demandan te por cuanto a la fecha de
expedición del nuevo precepto, su situación jurídica pensional ya
estaba completamente definida al abrigo del régimen de transición,
toda vez que su derecho pensional se concretó el 1.° de enero de
2004, por lo que podía optar p or continuar laborando con miras a
obtener el mejoramiento pensional conforme con lo señalado en el
artículo 150 de la Ley 100 de 1993.
46. En consecuencia, declaró la nulidad del acto demandado, y que
la demandante tenía derecho a permanecer en el cargo que
ostentaba hasta la edad de retiro forzoso y a título de
restablecimiento del derecho dispuso:
«[ …]
22 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia
de 19 de febrero de 2015, C.P. Luis Rafael Vergara Quintero, número de radicación 25000-23-25-000-2003-
01047-01(0983-10).
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3. Com o consecuencia de lo ant er ior y a t í t ulo de r est ablecim ient o
del der echo, O RDÉ NA SE a la Dir ecc ió n de I m puest os y Aduanas
Nacion ales, r econocer y pagar a la señor a M ar t ha Adela
Saavedr a, los salar i os y pr est aciones sociales dej ados de per cibir
desde la f echa en que f ue r et ir ada del ser vicio y hast a la f echa en
que se pr oduzca el r eint egr o ef ect ivo al car go , de cuyo m ont o se
descont ar á el va lo r per cibido p or concept o de pens ió n de
j ubilac ión dur ant e el m ism o lapso, sum as que ser án r eint egradas
a la Caj a Naciona l d e Pr evisión Soc ia l.
4°. Las sum as a que r esult e condenada l a Ent idad dem andad a se
act ualizar án, apl ica ndo par a ello la f órm ula indicad a en la par t e
m ot iva de est a sentencia.
5°. O RDÉNA SE a la Ent idad dem anda da ef ect uar los apor t es a
pensión dej ados d e cot izar dur ant e el per iodo enun ciado,
descont ando de la s sum as adeudadas a la dem andant e el
por cent aj e que de ello le cor r esponde a la act or a, a f in de que
pueda ef ect uar se la r eliqu idac ión pens io nal r espect iva.
6°. DECLÁ RA SE par a t odos los ef ect os que no exist ió sol uci ón de
cont inuid ad en la pr est ación de los ser vicios por par t e de la
dem andant e.
7°. Se dar á cum pli m ient o a est a sent encia en l os t ér m inos y
condic iones est able cidas en los ar t í culos 176, 177 y 178 del
Códig o Cont encios o Adm inist r at ivo . »
• Aportes al sistema de seguridad social en salud por
parte de la señora MARTHA ADELA SAAVEDRA DE
GUTIÉRREZ.
47.A folios 31 y siguientes , obra copia de la certificación de
pagos históricos realizados a la EPS SOLSALUD, por parte de
la ejecutante, en su condición de pensionada, donde los
valores señalados se resumen así :
AÑO IBC APORTE 12%
2004 $2.139.000 $256.700
2005 $2.475.000 $297.000
2006 $2.941.000 $352.900
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2007 $3.073.000 $384.100
2008 $3.248.000 $406.000
2009 $3.497.000 $419.000
2010 $3.567.000 $428.000
2011 $3.680.000 $441.600
• Actos de cumplimiento de la DIAN
48. Para dar cumplimiento a la decisión anterior la DIAN profirió las
siguientes decisiones:
a.) Resolución 385 de 23 de enero de 2012 23, en la cual ordenó
reconocer a favor de la señora Saavedra de Gutiérrez, las
siguientes sumas:
• $199´680.581 pesos por concepto de salarios, prestaciones
sociales y demás emolumentos dejados de percibir durante el
tiempo de su desvinculación de la DI AN desde el 1 de septiembre
de 2004 hasta el 25 de octubre de 2011.
• En cuanto a los descuento s por concepto de aportes en salud
señaló:
«A RT Í CULO SEGUNDO : CO NSI G NA R a la ent ida d EPS
" SO LSALUD" NI T: 8 04. 001. 273, la sum a de CU ARE NTA Y TRES
M I LLO NES NO VECI ENTO S CUAR ENTA Y DO S M I L TRESCI E NTO S
PESO S ( $43. 942. 30 0, 00) M O NEDA CO R RI ENTE, por conce p t o de
SALU D, a saber :
1) . - La sum a de VEI NTI NUEV E M I LLO NES SETECI E NTO S
VEI NTI NU EVE M I L TRESCI ENTO S PESO S ( $29. 729. 300. 00)
M O NEDA CO RRI EN TE, APO RTES DEL EM PLEADO R, a f avor de la
señor a M ARTHA ADELA SAAV EDR A DE G UTI ÉRREZ ident if icada
con al ( sic) cédula d e ciudadaní a No. 37 . 798. 6 89.
2) . - La sum a de CATO RCE M I LLO NES DO SCI ENTO S TRE C E M I L
PESO S ( $14. 213. 00 0, 00) M O NEDA CO RRI ENT E, APO RTE S DEL
EM PLEADO .
Las ant eri ores c i f ras l e serán descont adas d el val or
reconoci do en el art í cul o Pri mero de est a Resol uci ón, de
acuerdo con l os val ores di scri mi nados en l a part e moti va de
est e act o admi ni st rat i vo.
23 Folios 42 a 56 del expediente
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[ …]
A RT Í CULO DÉCI MO : NI ÉGA SE lo solic it ado por la s eñor a
M ARTHA AD ELA SA AVED RA DE G UTI É RREZ id ent if icad a con al
( sic) cédula de ci u dadaní a No. 37. 79 8. 689, en el sent i do de
r eint egr a el 8% del valor apor t ado por concept o de salud de
acuer do con lo expuest o en la part e m ot iva de est e act o
adm inist r at ivo.
[ …] ». Negrilla de la Sala.
49. En la parte motiva de la decisión administrativa se plasmó que
del IBC los aportes en salud correspondían al 4 % a cargo del
empleado y el 8% al empleador ( ff. 49 vto. A 52 del expediente).
Por tanto, se estimó frente a los descuentos lo siguiente:
b.) Mediante la Resolución 1625 de 5 de marzo de 2012 24 se
adicionó la Resol ución 385 de 23 de enero de 2012, en cuanto
dispuso la actualización de las sumas por concepto de salarios ,
prestaciones sociales y demás emolumentos dejados de percibir por
la beneficiaria durante el periodo comprendido entre el 1.° d e
septiembre de 2004 hasta el 25 de octubre de 2011, con base en el
IPC del mes de julio de 2011.
24 Folios 57 – 70.
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50. Igualmente estableció una liquidación de intereses corrientes y
moratorios sobre los cuales ahondaremos en el acápite siguiente.
c.) A través de la Resolución 008971 de 23 de noviembre de 2012
la DIAN adicionó la Resolución No. 385 de 23 de enero de 2012 , en
el sentido de reconocer y disponer la consignación al Fondo
Nacional de Ahorro, de la suma de 38 ´887.254 por concepto de
cesantías e intereses y «factor de protección », no reconocidos en
la Resolución 385.
51. Como se aprecia de lo anterior, e s evidente que , en el periodo
comprendido entre octubre de 2004 a octubre de 2011, la
demandante realizó aportes en salud mientras percibió su mesada
pensional, en un 12% como lo dispone el artículo 204 de la Ley 100
de 1993. En este sentido no podía la DIAN, de la con dena que le
fue impuesta , descontar el aporte en salud, en un 12% del IBC
(incluyendo el aporte del empleado y del empleador) , toda vez
que el efecto de la sentencia fue crear la ficción legal
consistente en que no se retiró del servicio al señalar que su
reintegro se ente ndería «sin solución de continuida d» , lo que
significa que en ese interregno la accionante sólo de bió realizar
cotizaciones al sistema de salud correspondientes a un 4% del
IBC.
52. Así entonces , del acervo p robatorio se aprecian dos
situaciones:
(i) La DIAN desconoció que la demandante por ese mismo
periodo 2004 – 2011 ya había realizado cotizaciones al
sistema de salud que correspondieron a un 12% del IBC.
(ii) En la Resolución 385 de 23 de en ero de 2012 25, la DIAN
ordenó el descuento de las cotizaciones que durante el
periodo 2004 – 2011 correspondían tanto a la señora
Saavedra de Gutiérrez, como a la misma DIAN , cuando
dispuso « Las anteriores cifras le serán descontadas del
valor reconocido en el artículo Primero de esta
Resolución, de ac uerdo con los val ores discriminados en
la parte motiva de este acto administrativo. »
25 Folios 42 a 56 del expediente
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53. En ese sentido, l e asiste razón a la ejecutante en que la señora
Saavedra hizo aportes a Salud por el lapso 2004 – 2011 sobre el
12% como pensionada, pero que por orden judicial en ese mismo
interregno solo est aba obligada ella, como empleada de la Dian, a
realizar aportes sobre el 4%, en tanto el 8% restante era
competencia del empleador.
54. Finalmente , es de señalar que l o s alegatos de conclusión de
segunda instancia, el apoderado de la DIAN señaló que esos
dineros ya no pertenecían a la señora Saavedra de Gutiérrez o a la
DIAN sino al sistema general de Seguridad Social y por ende no era
posible solicita r la devolución de las sumas efectuadas.
55. Al respecto, es preciso señalar que e n el ámbito del proceso
ejecutivo no es via ble analizar si es f actible devolver lo s aportes a
salud que la ac cio nante realizó como pensionada, sino definir si
hubo diferencia entre aquellos y los que le correspondían si no
hubiera sido retirada. Por ende, al verificarse que en efecto, del
valor de la cond ena se le descontaron a la demandante las
cotizaciones en salud , por un per iodo en el cual ya cotizó, como
está plenamente demostrado, se advierte que la DIAN e fectuó una
liquidación errónea de la sentencia con lo cual no prospera la
excepción de pago por este aspecto.
3.4.2. Segundo problema jurídico. (ii) ¿ A partir de cuándo se
generan intereses moratorios e n el cumplimiento de la
sentencia y de acuerdo con ello, verificar si la liquidación de
los intereses efectuada por la entidad se encuentra ajustada a
derecho?
56. Como se indicó, en precedencia, la Subsección A de la Sección
Segunda de esta Corporación ord enó el cumplimiento de la
sentencia de 3 de julio de 2011, en los términos de los artículos
176 a 178 del Código Contencioso Administrativo.
57. El citado art. 177, en su 5.° inciso establece:
«ARTI CU LO 177. EFECTI VI DAD DE CO NDENAS CO NTRA
ENTI DA DES P UBLI CAS.
[ …]
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Las cant idad es lí quidas r econ ocida s en t ales sent encias
devengar án int er ese s com er ciales y m orat or ios. »
58. Este inciso en su redacción original d isponía que «Las
cantidades líquidas reconocidas en tales sentencias devengarán
intereses comerciales durante los seis (6) meses siguientes a su
ejecutoria y moratorias después de este término». Sin embargo, las
expresiones «durante los seis (6) meses sig uientes a su ejecutoria»
y «después de este término», fueron declaradas inexequibles por la
Corte Constitucion al en la sentencia C -188 de 1999, previas las
siguientes consideraciones:
«Par a la Cor t e es cl ar o que el pr inc ipi o de igua ldad y la e q uidad
im pone n que en est os casos las dos par t es r eciban igua l t r ato, sin
que se j ust if ique en m odo alguno que mient r as el Est ado cobr a a
los cont r ibuyent es i nt er eses m or at or ios cuando ell os no pa gan a
t iem po los im puest os, y ello a par t ir del pr im er dí a de r et ardo en
el pago, las ob li ga ciones en m or a a car go del Est ado d eban
f or zosam ent e per manecer libr es de l a obligac ión de ca ncelar
dichos r édit os dur an t e seis m eses, con not or io per j uicio par a los
par t icular es que han debido
r ecibir opor t unam ent e los r ecur sos pactados. Dur ant e ese t iem po,
el diner o no r eci bido por el acr eedor pier de poder adquis it ivo y no
exist e r azón vál ida par a que esa pér dida l a deba so por t ar el
par t icular y no el Es t ado, que incum ple.
[ …]
En cuant o al ar t í culo 177 del Cód igo C ont encioso A dm inist r at ivo,
a m enos que la sentencia que im pone la condena señale un plazo
par a el pago - even t o en el cual, dent r o del m ism o se pa gar án
int er eses com er cial es - , l os i nt ereses morat ori os se causan a
part i r de l a ej ecut ori a de l a respect i va sent enci a , sin p e r j uicio
de la aplicac ión d el t ér m ino de dieci ocho ( 18) m eses que el
pr ecept o cont em pla par a que la corr espondient e conden a sea
ej ecut able ant e la j ust icia or dinar ia». ( Negrilla de la Sala ).
59. Realizadas la s anteriores p recisiones, es pertine nte traer a
colación la jurisp rudencia de la Subsección B de la Sección
Segunda de esta Corporación sobre la procedencia de los intereses
moratorios:
«[ …]
Es viabl e coleg ir qu e se deban i nt ereses morat ori os a part i r de
l a ej ecut ori a de la sent enci a condenat ori a , así no se haya
dispuest o explí c it am ent e en el t ext o de la sent encia, pues o per an
de pleno der ech o y el deber de ind em nizar lo im pon e la l ey, una
conclus ión cont r ar ia ser í a en per j uicio d e la acc ion ant e, qu ie n ver í a
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det er ior ado el poder adquisit ivo de su diner o; t ant o es así que en
palabr as de la Cor t e Const it uciona l, no se j ust if ica un t r at o desigua l
ent r e el pago de int er eses m or at or ios que le com pet e a los
par t icular es y al Est ado, pues el daño ec onóm ico que suf r e el
acr eedor por causa de la m or a es id ént ico; y las obl iga ciones
asum idas por las e nt idades púb licas n o t ienen alcanc e j ur í dico
diver so de las que e st án a car go de las per sonas pr ivadas [ …] » 26
3.4.2.1. Caso concreto.
60. En el sub lite, la sentencia de 6 de julio de 2011 proferida por
la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado,
quedó ejecutoriada el 31 de agosto de 2011, como se aprecia según
constancia secretarial visib le a folio 3 1 vto. del cuaderno principal.
61. Ahora bien, en la Resolución 001625 de 5 de marzo de 2012 la
DIAN liquidó los intereses de la siguiente manera:
26 Consejo de Estado, Subsección B, Sentencia del 14 de marzo de 2019, radicado: 25000-23-42-000-2015-
02729-01, Consejera Ponente: Sandra Lisset Ibarra Vélez.
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62. Como se aprecia de lo anterior la DIAN liquidó los intereses
como «corrientes» desde el 22 de agosto de 2011 hasta el 30 de
septiembre del mismo año y moratorios desde el 1 .° de octubre de
2011 hasta el 26 de febrero de 2012, escenario el que se advierte
un yerro toda vez que debió liquidar los intereses como moratorios
desde la misma fecha de la ejecutoria de la sentencia de 6 de julio
de 2011 dictada por el Consejo de Est ado – 31 de agosto de 2011 -
y no como en efecto lo realizó, con lo cual se ap recia que no le
asiste razón frente al argumento de pago formulado como medio
exceptivo, y sobre el cual se insistió en la apelación .
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3.4.3. Tercer problema jurídico . ¿ ¿En virtud del marco de
apelación, le correspondió a la DIAN consignar en el Fondo
Nacional del Ahorro a favor de la se ñora Saavedra de Gutiérrez
el interés de protección sobre el valor de las cesantías
actualizadas?
63. Para resolver este interrogante es necesario referirno s al marco
legal del auxilio de cesantía para los afiliados al Fondo Nacional
del Ahorro.
64. En efecto, a través del Decreto 3 118 de 1968 se creó el Fondo
Nacional de Ahorro, en cuyo artículo 2.º estableció los objetivos
para la administración de sus recursos, como son el «pagar
oportunamente el auxilio de cesantía a empleados públicos y
trabajadores oficiales» 27, y «proteger dicho auxilio contra
depreciación monetaria» 28.
65. Dicha norma en s u artículo 3.º determinó que las cesantías de
los empleados públicos y trabajadores oficiales al servicio de los
Ministerios, Departamentos Administrativos, Superintendencias,
Establecimientos Públicos y Empresas Industriales y Comerciales
del Estado debían ser liquidadas y entregadas al Fondo ;
asimismo, en su artículo 22 ordenó a la Caja Nacional de Previsión
Social realiza r, con corte a 31 de diciembre de 1968, la liquidación
de cesantías de los empleados públicos y trabajadores oficiales
afiliados a ella.
66. Con lo previsto en los artícul os 27 29 y 28 30 ibidem empezó el
desmonte del régimen de retroactividad de cesantías, pues se
dispuso la liquidación anual de esta prestación para los empleados
27 Artículo 2 literal a) del Decreto 3118 de 1968.
28 Artículo 2 literal b) del Decreto 3118 de 1968.
29 «ARTÍCULO 27. Liquidaciones anuales. Cada año calendario, contado a partir del 1o. de enero de 1969,
los Ministerios, Departamentos Administrativos, Superintendencias, Establecimientos Públicos y Empresas
Industriales y Comerciales del Estado, liquidarán la cesantía que anualmente se cause en favor de sus
trabajadores o empleados.
La liquidación anual así practicada tendrá carácter definitivo y no podrá revisarse aunque en años
posteriores varíe la remuneración del respectivo empleado o trabajador.»
30 «ARTÍCULO 28. Liquidación año de retiro. En caso de retiro del empleado o trabajador, el respectivo
Ministerio, Departamento Administrativo, Superintendencia, Establecimiento Público o Empresa Industrial y
Comercial del Estado, liquidará la cesantía que corresponda al empleado o trabajador por el tiempo servido
en el año de retiro.»
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y trabajadores de las entidades aludidas previamente, y la
liquidación definitiva por la porción de tiempo laborada durante el
año del retiro.
67. La norma en cita, en su artículo 33, dispuso a cargo del Fondo ,
el reconocimiento de los intereses anuales del 9%, que debían ser
liquidados el 31 de diciembre de cada año, sobre el saldo que figure
a favor de cada empleado:
«A rt í cul o 33° I nt er eses en f avor de lo s t r abajador es. El Fondo
Nacion al de Ahor r o liqu idar á y abon ar á en cuent a int er es es del
nueve ( 90) ( sic) por cient o anual sobr e las cant idades qu e el 31
de diciem br e de cad a año f igur en a f avor de cada em pleado públic o
o t r abaj ador of icial, inclusive sobr e la par t e de cesantí a que se
encuent r e en pode r de es t ablecim i ent os públ icos o em p r esas
indust r ia les y com erciales de l Est ado qu e gocen del plazo pr evist o
en el ar t í culo 47. »
68. Este porcentaje se incrementó al 12%, a través del artículo 3.º
de la Ley 41 de 1975 « Por la cual se modifica el Decreto -ley 1253
de 1975 y se dictan otras disposiciones», en los siguientes
términos:
«A RT Í CULO 3. El ar t í culo 33 del Decr eto 3118 de 26 de diciem br e
de 1968 quedar á así : El Fondo Nacional de Ahor r o liqui dar á y
abonar á en cuent a int er eses del 12 por cie nt o anual sobr e las
cant idades qu e el 3 1 de dic iem br e de c ada año f ig ur en a f a vor de
cada em pleado públ i co o t r abaj ador of ici al, inc lusive s obr e la par t e
de cesant í as que se encuent r en en poder de est ablecim i ent os
públ icos o em pr esas indust r iales o co m er ci ales del Est ad o que
gocen del plazo pr evist o en el ar t í culo 47 del Decr et o 3118 de
1968. »
69. Ahora bien, la Ley 432 de 1998 31 mantuvo el objetivo de
administrar, de manera eficiente, las cesantías 32, y, dentro de sus
funciones, las de recaudo y pago de ese auxilio a los afiliados, al
igual que la protección contra la pérdida de su valor adquisitivo 33.
70. El artículo 6.º de la citada norma disponía que «las entidades
públicas empleadoras deberán transferir al Fondo Nacional de
Ahorro una doceava parte de los factores de salarios que sean base
31 «por la cual se reorganiza el Fondo Nacional de Ahorro, se transforma su naturaleza jurídica y se dictan
otras disposiciones».
32 Artículo 2 del Decreto 432 de 1998.
33 Artículo 3, literales a), b) y c) del Decreto 432 de 1998.
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para liquidar las cesantías, devengados en el mes inmediatamente
anterior para los ser vidores públicos afiliados», y que «[e]l
incumplimiento de la obligación aquí establecida dará derecho al
Fondo para cobrar a su favo r intereses moratorios mensuales,
equivalentes al doble interés bancario corriente certificado por la
Superintendencia Banc aria, sobre la s sumas respectivas para todo
el tiempo de la mora». Esta norma fue modificada por el artícu lo
193 del Decreto 019 de 2012 34, así:
«A RT I CULO 193. TRA NSFER ENCI A DE CESA NT Í A S . El ar t ículo 6
de Ley 432 de 1998, quedar á así :
“ Ar t í culo 6. Tr ansf erencia de cesant í as. Dur ant e el t r anscur so del
m es de f ebr er o las ent idades em pleado r as deber án tr ansf er ir al
Fondo Nacio nal de l Ahor r o el valor liquidado por concep t o de
cesant í as, t eniéndo se en cuent a los do s últ im os núm er os d e NI T
par a f ij ar f ech as de pago.
M ensualm ent e, las ent idades públ icas em pleador as enviar án al
Fondo Nac iona l de Ahor r o una cer t if ica ción que cont enga e l val or
t ot al de los f act or es salar iales que cons t it uyan base par a liq uidar
cesant í as, devengados en el m es inm ediat am ent e ant er ior .
Los f uncionar ios com pet ent es de las ent idades públicas
em pleador as, que s in j ust a causa no hagan opor t unam en t e las
consignac iones de los apor t es m ensuales o el enví o de los
r epor t es anuales de cesant í as debidam ent e di lige nci ados,
incur r ir án en las f alt as discip l inar ias de conf or m idad con el
r égim en discip li nar i o vigent e.
En t odas las ent ida des públ icas ser á obli gat or io inc luir e n sus
pr esupuest os las pa r t idas necesar ias p ar a at ender las ces ant í as
de la r espect iv a vig encia, com o r eq uis i t o indisp ensab le pa r a su
pr esent ación, t r ám it e y apr obación por par t e de la autor idad
cor r espondient e.
Parágraf o .
Las f echas est ipu lad as en est e ar t í culo p ar a el cum pl im ient o de la
obli gació n de t r ansf er encia no ser án a plica bles a las ent i dades
públ ica s em pleador as del or den depar t am ent al y m unicip al, el
r égim en est ablec ido en el ar t í culo 99 d e la Ley 50 d e 1990, en lo
r elacion ado con las f echas de t r ansf er encia de cesant í as, y dem ás
nor m as que la r eglam ent en, m odif iquen o sust it uyan».
71. Igualmente , la Ley 432 de 1998 en cita estableció en sus
artículos 11 y 12, a cargo del Fondo Nacional del Ahorro, el
reconocimiento de un interés de protección por la pérdida del
34 «Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites
innecesarios existentes en la Administración Pública».
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valor adquisitivo d e la moneda, así como los intereses sobre las
cesantías, en los siguientes términos 35:
«A RT Í CULO 11 . A par t ir del 31 de dici e m br e de 1997 y anualm ent e
cada 31 de dic iem br e, el Fondo Nac iona l de Ahor r o r econoc er á y
abonar á en la cuen t a indiv idua l de c e sant í as de cada af i liad o,
com o mí nim o un int er és equivalent e a la var iación anua l del Í ndice
de Pr ecios a l Cons um idor , I PC, sobr e su saldo acum ula do de
cesant í as a 31 de diciem br e del añ o i nm ediat am ent e ant er ior , y
pr opor ciona l por la f r acción de año que cor r esponda al m om ent o
de r et ir o, sobr e el m ont o par cial o def init i vo d e la ce sant í a
pagada. »
72. En cuanto a los intereses sobre las cesantías el artículo 12,
dispuso:
«ARTÍ CU LO 12. A par t ir del 1o. de ener o de 1998 el Fondo
Naci onal de A horro reconocerá y a bonará en l a cuen t a de
cesant í as de cad a servi dor públ i co af i l i ado, un int er és
equiva lent e al sese nt a por cient o ( 60%) de la var iación an ual del
I ndice de Pr ecios al Consum idor , IPC, sobr e las cesant í as
liqu idad as por la e nt idad nom ina dor a cor r espondient es a l año
inm ediat am ent e ant er ior o pr opor ciona l por la f r acción de añ o que
se liqu ide def in it iva m ent e.
35 Estos artículos fueron modificado por los artículos 224 y 225de la Ley 1955 de 2019 «Por el cual se
expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”»:
«ARTICULO 11. PROTECCIÓN CONTRA LA PERDIDA DEL VALOR ADQUISITIVO DE LA MONEDA.
El Fondo Nacional de Ahorro reconocerá y abonará en la cuenta individual de cesantías de cada afiliado,
como mínimo un interés equivalente a la variación anual de la Unidad de Valor Real (UVR), certificada por
el Banco de la República, sobre su saldo acumulado de cesantías a 31 de diciembre del año inmediatamente
anterior, y proporcional por la fracción de año que corresponda al momento de retiro, sobre el monto parcial
o definitivo de la cesantía pagada.
Para el efecto, los saldos de Cesantías que administre el Fondo Nacional del Ahorro (FNA) se denominarán
en UVR y se reexpresarán en pesos de acuerdo con el valor de la UVR, certificado por el Banco de la
República, con base en la fecha de consignación de cada una de las fracciones.
ARTICULO 12. INTERESES SOBRE CESANTÍAS.
El Fondo Nacional del Ahorro reconocerá y abonará en la cuenta de cesantías de cada servidor público
afiliado, un interés equivalente a la variación anual de la Unidad de Valor Real (UVR), certificada por el
Banco de la República, sobre las cesantías liquidadas por la entidad nominadora correspondientes al año
inmediatamente anterior o proporcional por la fracción de año que se liquide definitivamente. No obstante,
el cálculo del interés tendrá en cuenta las fechas en las que fue consignada cada fracción.
Para el efecto, los saldos que administre el Fondo Nacional del Ahorro por este concepto se denominarán
en UVR y se reexpresarán en pesos de acuerdo con el valor de la UVR, certificado por el Banco de la
República, con base en la fecha de consignación de cada una de las fracciones.
PARÁGRAFO. El reconocimiento de intereses de que trata el presente artículo no aplicará a los servidores
de las entidades públicas empleadoras del orden departamental y municipal, a quienes aplica el régimen
establecido en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, en lo relacionado con las fechas de transferencia de
cesantías, intereses y demás normas que la reglamenten, modifiquen o sustituyan.»
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Par a ef ect os de la pr esent e ley, la var i ación anua l del Í nd i ce de
Pr ecios al Consum i dor , I PC, ser á la últ im a cer t if icada p or el
Depar t am ent o Adm inist r at ivo Naciona l de Est adí st ica, DANE, par a
los m eses de noviem br e - novie m br e, par a empleados
m edios. »( Negr il la d e la Sala)
73. Los citados artículos 11 y 12 de la Ley 432 de 1998 fueron
objeto de análisis por parte de la Corte Constitucional en sentencia
C- 625 de 1998 36 donde indicó:
« [ …]
En r elaci ón con es t os ar t í cul os, las dif er encias que señ ala el
dem andant e, r espect o del m ont o de los int er eses qu e se
r econocen a las ces ant í as de los af il iad os al Fondo Naci on al de
Ahor r o y los que reconocen las adm i nist r ador as de f ondos de
cesant í as pr ivados, sólo cabe r epet ir , que las dif er encias est án
j ust if icadas en la m edida en que se r el acionan con los obj et ivos
del Fondo.
Adem ás, al Fondo, las ent idades est at ales em pleador as, le deben
consignar m ensualm ent e, las doceavas par t es que corr esponden a
las cesant í as de sus t r abaj ado r es, lo que no ocur r e con los f ondos
pr ivados. En consecuencia, el pago de los i nt ereses est á a cargo
del Fondo y no de l os empl eadores . »(Negr il la y subr ayas de la
Sala) .
74. Es de señalar que el artículo 12 de la Ley 432 de 1998 fue
modificado posteriorm ente por el artículo 225 de la Ley 1955 de
2019 «Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018 -
2022. “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”»:
«A RT I CULO 12. INT ERESES SO BR E CESA NT I A S . <Ar t í culo
m odif icado por el ar t í culo 225 de la Ley 1955 de 2019. El n uevo
t ext o es el siguient e : > El Fondo Nacional del Ahor r o r econocer á y
abonar á en la cuent a de cesant í as de cada ser vidor público
af ili ado, un int er és equiva lent e a la var iació n anual d e la U nidad
de Valor Real ( U VR ) , cer t if icada por el Banco de la Rep ú blica,
sobr e las cesa nt í as liq uida das por la ent i dad nom i nador a
cor r espondient es al año inm ediat am ent e ant er ior o pr oporciona l
por la f r acción de año que se liqui de def i nit ivam ent e. No obs t ant e,
el cálc ulo del int er é s t endr á en cuent a l as f echas en l as qu e f ue
consignad a cada f r acción.
Par a el ef ect o, los saldos que adm in ist r e el Fondo Nacion al del
Ahor r o por est e concept o se deno m inar án en UVR y se
r eexpr esar án en pesos de acuer do con el valor de l a UVR,
36 Con ponencia del magistrado Alfredo Beltrán Sierra.
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cer t if icado por el Banco de la Repúbl ica, con base en la f echa de
consignac ión de cad a una de las f r acciones.
PA RÁ G RA FO . El reconocim ie nt o de int er eses de que t rat a el
pr esent e ar t í culo no apl icar á a los s e r vidor es de las ent i dades
públ icas em pleador as del or den depa r t am ent al y m unicipal, a
quienes a pl ica el r é gim en est ablec ido e n el ar t í culo 99 de l a Ley
50 de 1990, en lo r elacio nado con las f echas de t r ansf er encia de
cesant í as, int er eses y dem ás nor m as que la r eglam ent en,
m odif iquen o sust it u yan. »
75. Así mismo, el artículo 13 ibídem contempló que l a
responsabilidad del Fondo Naciona l del Ahorro en el pago de
cesantías a los afiliados se limitará al monto de los aportes
efectivamente consignados y abonados a cuentas indi viduales de
los afiliados con sus respectivos intereses 37.
76. Además, es necesario precisar que el Decreto 1582 de 1998
reglamentó los artículos 13 de la Ley 344 de 1996 y 5.º de la Ley
432 de 1998, e indicó que la norma a la que se debía remitir a efecto
de la liquidación anual del auxilio de cesantías de quienes se afilien
a fondos privados es la Ley 50 de 1990, en sus artículos 99, 102 y
104, y para liquidar las cesantías de los afiliados al Fond o Nacional
de Ahorro, la Ley 4 32 de 1998, en sus artículos 5.º y siguientes. Así
lo determinó:
« A rtí cul o 1º . - El Régim en de liq uidac ió n y pago de las cesant í as
de los ser vidor es públicos de l nivel t er r it or ial y vinculados a par t ir
del 31 de diciem br e de 1996 que se af ili en a los f ondos pr ivados de
cesant í as, ser á el pr evist o en los ar tí culos 99, 102, 104 y dem ás
nor m as c oncor dant es de la Ley 50 d e 1 990; y el d e los s er vidor es
públ icos del m ism o nivel que se af ilien a l Fondo Naciona l de Ahor r o
ser á el est ableci do en el ar t í culo 5 y dem ás nor m as pert inent es de
la Ley 432 de 1998 » . (Negrilla de la Sala) .
77. No obstante, para aquellos empleados que venían con una
vinculación anterior al 31 de diciembre de 1996, cuando entró a
regir la citada Ley 344 de 1996, se les continuaría respetando el
37 “Artículo 13º.- Responsabilidad del Fondo Nacional de Ahorro. La responsabilidad del Fondo Nacional de
Ahorro en el pago de cesantías a los afiliados se limitará al monto de los aportes de cesantías efectivamente
consignados, los intereses sobre las cesantías y el porcentaje de que trata el artículo 11.
Igualmente, responderá por ahorro voluntarios a que se refiere el literal h) del artículo 4 de la presente Ley,
en conformidad con la reglamentación que se expida para el efecto.”
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régimen de liquidación del auxilio de cesantías consagrado en
normas anteriores 38.
78. Finalmente es de indicar que la Subsección A de la Sección
Segunda de esta Corporación en lo referente a este Régimen
realizó las siguientes precisiones 39:
« [… ]
C o n fo rm e a l o an te ri o r, s e ti e n e q u e fue e l m i sm o de c re to e l q u e
e s ta b l e c i ó u n ré g i m en d i fe re n c i a d o r d e l i q u i d a ci ó n y p a g o d e l a u x i l io
d e c e s a n tía s d e l o s f u n c i o n a rio s q u e s e a fi l i a n a l o s fo n d o s p riv a d o s ,
re s p e c to d e l o s e m p le a d o s p ú b l i co s q u e s e v i n c u l e n a l F o n d o Na c i o n al
d e l A h o rro , d i fe re n c i a é s ta q u e s e j u s ti fi c a p re c i s a m en te p o r l a fo rm a
e n q u e s e c a u s a e l d e re c h o , a s í c o m o , s e c a n c e l a l a p re s ta c ió n p o r
p a rte d e l a e n ti d a d e m p le a d o ra .
F o nd o N a c ion a l d e l A h o rro :
➢ D e c o n fo rmi d a d c on lo d i s p u e s to e n e l a rtí c u l o 6 d e la L e y 4 32
d e 1 9 9 8 , l a s e n ti d a d e s p ú b l i c a s em p le a d o ra s d e b e rá n tr a n s fe ri r
m e n su a lm e n te a l F ond o N a c i on a l d e l A h o rro , p o r c o n c e p to d e a p o rte s
u n a d o c e a v a p a rte d e l o s fa c to re s d e s a l a ri o q u e s e a n b as e p a ra
l i q ui d a r l a s c e s an tía s , re c i b i d o s e n el me s i nm e d ia ta m e n te an te ri o r,
d e v e n g a d o s p o r l o s s e rv i d o re s p ú b l i c o s a fi l i a d o s . D i c ho s a p o rte s s e
to m a n c om o un a p ro vi s i ó n d e o rd e n l e ga l pa ra e l p a g o d e l a s c es a n tía s
d e s u s s e rv i d o re s .
➢ P a ra q u e s e c o n v i e rt a n e n c e s a n tía s d e b e n h a b e rs e c a u s a d o ,
l o q u e o c u rre a 3 1 d e d i c i e m b re d e c a d a a ñ o , o a l a te rm i n a c i ón d e l a
re l a c i ó n l a b o ral , fe c h a p a ra l a c u a l e l F o n d o p ro c e d e a tra s l a d a r a l a s
c u e n ta s i n d i v i d ua l e s d e c a d a u n o d e l o s e m p le a d o s p ú b li c o s a fi l i ad o s ,
l o s d i n e ro s a p o rta d o s y re p o rta d o s p o r e s to s c o n c e p to s p o r p a rte d e
l a s e n ti d a d e s p ú b l i ca s , y a re c o n o c e r y a b o n a r e n l a s c u e n ta s l o s
i n te re s e s s o b re l a s c e s a n tía s y l a p ro te c c i ó n c o n tra l a p é rd i d a d e l
v a l o r a d q u i si ti v o d e l a m o n e d a q u e la s m is m a s h a y an g e n e ra do .
➢ E l i n c ump l imi e n to d e l a c o n s i g na c i ó n m e n s u a l d e lo s a p o rte s
c o rre s p o n d i e n te s a l a s d o c e a v a s p a rte s d e l o s fa c to re s d e s a l a ri o ,
g e n e ra i n te re s e s m o ra to ri o s m e n s u a l es e q u i v a l e n te s a l d o b l e d e l
i n te ré s b a n c a ri o c o rri e n te .
➢ L a s a n c i ó n p e c u n ia ria p o r m o ra e s a fa v o r d e l F o n d o N a c i o n al
d e l A h o rro .
[… ]
T e n i e nd o e n c u e n ta lo a n te ri o r, e s e v i d e n te q u e e x i s te n d o s re gím e n e s
38 Es decir, el sistema de liquidación retroactiva, consagrado en Ley 6 de 1945, el Decreto 2767 de 1945, la
Ley 65 de 1946 y el Decreto 1160 de 1947.
39 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 22 de julio de 2014, M.P. Gustavo
Eduardo Gómez Aranguren (E), radicación número: 66001-23-33-000-2012-00127-01(3764-13).
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c o n d i s ti n to s o b j e ti v o s s o c i a l e s , c o n u n a n a tu ra l e z a j u ríd i c a d i v e rs a ,
e s to e s , p ri v a d a y E s ta ta l , a s í c o m o u n ré g i me n l e g a l q u e l o s h a c e
d i fe re n te s .
C om o s e s e ñ a l ó e n co n s i d e ra c io n e s p re c ed e n te s , fu e e l c i ta d o D e c re to
1 5 8 2 e l q u e e x p re s am e n te e x c l uy ó l a a p li c a c i ó n d el a rtíc u l o 9 9 d e l a
L e y 5 0 d e 1 9 9 0 a l o s a fi l i a d o s a l F o n d o N a c i on a l d e l A h o rro , y s o l o
c o n s a g ró e l b e n e fi c io i n d e m ni z a to ri o p a ra q u i e n e s s e v i n c u l en a l o s
fo n d o s p ri v a d o s .
A l re s p e c to , c o n s i d e ra l a S a l a q u e d i c h o a rg u m e n to n o s e c o m p a d e c e
c o n l a re a l i d a d te n i e nd o e n c u e n ta l a s c i rc u n s ta n c i a s q u e ro d e an c a d a
u n o d e l o s re g ím e n es s e ñ a l a d o s , e s to e s , e l a n u a l i z a do d e l o s fo n d o s
p ri v a d o s c o n s ag ra d o e n l a L e y 5 0 de 1 99 0 , y e l d e l F on d o Na c i o n al
d e l A h o rro c o n te n i do e n l a L e y 4 3 2 d e 1 9 9 8 , c o m o s e e x p l i c ó e n
c o n s i d e ra ci o n e s p re ce d e n te s .[… ]» .
79. De acuerdo con las normas transcritas, se ad vi erten las
siguientes características del citado régimen:
(i) Las entidades públicas empleadoras deberán transferir al
Fondo Nacional del Ahorro el va lor liquidado por concepto
de cesantías.
(ii) Corresponde al Fondo Nacional del Ahorro reconocer y
abonar en la cuenta de cesantías de cada servidor público
afiliado, dos tipos de interés: (a) e l interés contra la
pérdida del valor adquisitivo de la moneda, en los
términos del artíc ulo 11 de la Ley 432 de 1998 y (b) los
intereses sobre las cesantías, equivalente al sesenta por
ciento (60%) de la variación anual del Índice de Precios al
Consumidor, IPC, sobre las cesant ías liquidadas por la
entidad nominadora correspondientes al año
inmediatamente anterior o proporcio n al por la fracción de
año que se liquide definitivamente, conforme con el artículo
12 40 ibidem.
(iii) El incumplimiento de los funcionarios competentes, sin
justa causa, los hará incurrir en las fa ltas discip linarias, de
conformidad con el régimen disciplinario vigente;
(iv) La responsabilidad del Fondo Nacional del Ahorro en el
pago de cesantías a los afiliados, se limitará al monto de
los aportes efectivamente consignados y abonados a
cuentas individuales de los afiliados con sus respectivos
intereses 41.
40 Antes de la modificación introducida por el artículo 225 de la Ley 1955 de 2019.
41 “Artículo 13º.- Responsabilidad del Fondo Nacional de Ahorro. La responsabilidad del Fondo Nacional de
Ahorro en el pago de cesantías a los afiliados se limitará al monto de los aportes de cesantías efectivamente
consignados, los intereses sobre las cesantías y el porcentaje de que trata el artículo 11.
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3.4.3.1. Caso concreto.
80. A través de la Resolución 008971 de 23 de noviembre de
2012 42 la DIAN adicionó la Resolución 385 de 23 de enero de 2012,
en el sentido de reconocer y disponer la consignación al Fondo
Nacional de Ahorro, de la suma de $38’887.254 por concepto de
cesantías e intereses y «factor de protección », no reconocidos en
la Resolución 385.
81. Allí estableció lo siguiente:
«[ …]
Q ue en el ar t í culo Noveno de la par t e r esolut iva de la ci t ada
r esolució n , se cont em pló que el r econoci m ient o de las cesant í as a
f avor de la señor a SAAVED RA DE G UTI ÉRR EZ, se dispondr í a
m ediant e act o adm inist r at ivo , una vez alle gada la liq uidac i ón de
las m ism as por par t e de la coor din ación Nóm ina de l a Subd ir ección
de Per sonal , con el aj ust e de los valor es por concept o de int er eses
y pr ot ección.
Q ue el Técnico Adm i nist r at ivo d el Fondo Nacion al de l Ahor r o , Luis
Danie l Bust os , m ediant e cor r eo elect r ónico r ecibi do en est a
dependenc ia el 19 de noviem br e de 2012, r em it ió la liquidac ió n de
las cesant í as j unt o con los int er eses y el valor de
pr ot ección. ( Foli os 337 - 338) .
Q ue de acuer do con lo ant er ior , se pr oceder á a adicio nar la
Resoluc ión No. 000 385 del 23 de ener o de 2012, en t al sent ido, a
saber :
Igualmente, responderá por ahorro voluntarios a que se refiere el literal h) del artículo 4 de la presente Ley,
en conformidad con la reglamentación que se expida para el efecto.”
42 Folios 113 y s.s. Cuaderno principal.
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82. Por lo anterior dispuso:
«ARTÍ CU LO PRI M ERO : Adicionar la Re soluci ón No. 000385 del 23
de ener o de 2012 por m edio de la cual se r econoció a f avor de la
señor a M ARTHA ADELA SAA VED RA DE G UTI ÉRREZ [ …] una
sum a de diner o, por concept o de salar ios , pr est aciones socia l es y
dem ás em olum ent os dej ados de per cibir , con f undam ent o en la
sent encia del 06 de j ulio de 2011 pr ef er í a por la Subsecció n A -
Sección Segund a, Sala d e lo Cont en cioso Adm i nist r at iv o de l
Consej o de Est ado. Expedie nt e 2005 - 00 080 - 01. Acción: N u l i dad y
Rest ablec im ient o d el der echo. Expe di ent e Adm inist r at ivo No.
26235 de 2011.
ARTÍ CULO SEG U NDO : RECO NO C ER Y DI SPO N E R la
consignac ión a l FO NDO NACI O NAL DE AHO RRO , de la su m a de
TREI NTA Y O CHO M I LLO NES O CHO CI ENTO S O CHENT A Y SI ETE
M I L DO SCI ENTO S CI NCUE NTA Y CUATRO PE S O S (
$38. 887. 254. oo) M ONEDA CO R RI ENTE por concept o de cesant í as
e int er eses y pr ot ección, no r econocid os en la Resoluc ió n No.
000385 del 2 3 de en er o de 2012 a f avor d e las benef ic iar ias señor a
M ARTHA AD ELA SA AVED RA DE G UTI É RREZ, ident if icada con la
cédula [ …] , conf orm e a los valor es discr im inados en la par t e
consider at iva de est e act o adm inist r at ivo.
[ …] ».
83. Advierte la Sala que no le asiste razón a ninguna de las partes,
toda vez que (i) la ejecutante sostiene que « no puede confundirse
el concepto de indexación con el factor de protección sólo por el
hecho que el cálculo de ambos se realice con base en el IP C»; por
tanto estima que la DIAN debe act ualizar las sumas relacionadas
como cesantías en la Resolución 008971 de 23 de noviembre de
2012 y, (ii) la parte ejecutada esgrime que cuando ordenó la
consignación de las citadas sumas de dinero correspondientes al
valor de las cesantías liquidadas , atendió a los salarios percibidos
por la demandante, así como los intereses y el valo r de protección ,
con lo cual no debe actualizar nuevamente tales sumas.
84. En efecto, d e acuerdo con el marco normativo analizado , las
cesantías deben ser consignadas por el empleador al Fondo
Nacional del Ahorro en los términos del artículo 6.° de la Ley 432
de 1998 43, que disponía que «las entidades públicas empleadoras
deberán transferir al Fondo Nacional de Ahorro una doceava parte
de los factores d e salarios que sean base para liquidar las
43 «por la cual se reorganiza el Fondo Nacional de Ahorro, se transforma su naturaleza jurídica y se dictan
otras disposiciones».
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cesantías, devengados en el mes inmediatamente anterior para los
servidores público s afiliados» , y que «[e]l incumplimiento de la
obligación aquí establecida dará derecho al Fondo para cobrar a su
favor intereses moratorios mensuales, equivalentes al doble interés
bancario corriente certificado por la Superintendencia Bancaria,
sobre las sumas respe ctivas para t odo el tiempo de la mora».
Además, la modificación introducida a la citada norma, mantuvo la
obligación a cargo del empleador en el artículo 193 44 del Decreto
019 de 2012 45.
85. Ahora, como ya se indicó, en el ámbito del proceso ejecutivo
donde se verifica si la entidad ejecutada realizó una debida
liquidación de la condena, se advierte que la DIAN efectuó la
liquidación del valor de las cesantías precisamente con base en la
misma liquidación que el FNA le presentó , tal como se indica en la
Resolución 8971 de 23 de noviembre de 2012, cumpliendo con la
obligación que la ley le impone, correspondiéndole al FNA realizar
la actualización así como el pago de l interés de protección , según
los artículos 11 y 12 de la Ley 432 de 1998, arriba indicados.
86. En consecuencia, estima la Sala que le asiste razón a la DIAN
cuando explica que ya cumplió con la condena impuesta en la
sentencia por este aspecto y que, además, la ord en del a quo daría
lugar a una doble actualización . Por estos motivos prospera
44 «ARTICULO 193. TRANSFERENCIA DE CESANTÍAS. El artículo 6 de Ley 432 de 1998, quedará así:
“Artículo 6. Transferencia de cesantías. Durante el transcurso del mes de febrero las entidades empleadoras
deberán transferir al Fondo Nacional del Ahorro el valor liquidado por concepto de cesantías, teniéndose en
cuenta los dos últimos números de NIT para fijar fechas de pago.
Mensualmente, las entidades públicas empleadoras enviarán al Fondo Nacional de Ahorro una certificación
que contenga el valor total de los factores salariales que constituyan base para liquidar cesantías,
devengados en el mes inmediatamente anterior.
Los funcionarios competentes de las entidades públicas empleadoras, que sin justa causa no hagan
oportunamente las consignaciones de los aportes mensuales o el envío de los reportes anuales de cesantías
debidamente diligenciados, incurrirán en las faltas disciplinarias de conformidad con el régimen disciplinario
vigente.
En todas las entidades públicas será obligatorio incluir en sus presupuestos las partidas necesarias para
atender las cesantías de la respectiva vigencia, como requisito indispensable para su presentación, trámite
y aprobación por parte de la autoridad correspondiente.
Parágrafo.
Las fechas estipuladas en este artículo para el cumplimiento de la obligación de transferencia no serán
aplicables a las entidades públicas empleadoras del orden departamental y municipal, el régimen establecido
en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, en lo relacionado con las fechas de transferencia de cesantías, y
demás normas que la reglamenten, modifiquen o sustituyan».
45 «Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites
innecesarios existentes en la Administración Pública».
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parcialmente la excepción de pago formulada por la DIAN , tal como
se dirá en la parte resolutiva de esta providencia, por lo que será
modificada la sentencia de 20 de enero de 2016, proferida por el
Tribunal Administrativo de Santander 46.
3.5. Condena en costas
87. En cuanto a la condena en costas en vigencia del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
este Despacho y la Corporación ya lo ha analizado con
detenimiento 47 y pre vió que el artícu lo 188 de la Ley 1437 de 2011
señala que «salvo en los procesos en los que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya
liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de
Procedimiento Civil», hoy día por el Código General del Proceso, y
estableció unas conclusiones básicas:
• La legislación varió del C.P.C. al CPACA para la condena en
costas de un criterio subjetivo a uno objetivo.
• Toda sentencia «dispo ndrá» sobre costas, bien sea con
condena total o parcial o con abstención.
• Se requiere que en el expediente aparezca que se causaron y
en la medida de su comprobación (como sucede con el pago
de gastos ordinarios del proceso y con la actividad profesional
realizada dentro del proceso).
• La cuantía de la condena en agencias en derecho se hará
atendiendo el criterio de la posición en la relación laboral,
pues varía según sea parte vencida, si es el empleador o si
es el trabajador (Acuerdo 1887 de 2003 Sala Ad ministrativa
del Consejo Superior de la Judicat ura), la complejidad e
intensidad de la participación procesal.
• Las estipulaciones de las partes en materia de costas se
tendrán por no escritas.
88. Atendiendo a esa orientación de acuerdo con la posición fijada
por esta Subsección 48, considera la Sala que en este caso no hay
lugar a imponer la condena en costas de segunda instancia , toda
vez que, prosperaro n parcialmente los argumentos del recurso de
apelación .
46 Con ponencia del magistrado Luis Javier Rosero Villota.
47 Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia de 3 de marzo de 2016. Rad. 25000-23-
42-000-2012-01460-01 (1753-2014). Consejero ponente: GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ. En el
mismo sentido: Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia de 7 de abril de 2016. Rad.
13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-2014).
48 Se puede ver, entre otras, la sentencia de 14 de julio de 2016, radicado 2013-00270-03 (3869-2014).
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89. En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Secció n Segunda, Subsección A,
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por
autoridad de la Ley,
FALLA
PRIMERO.- CONFI RMAR PARCIALMENTE la sentencia de 20 de
enero de 2016 proferida por el Tribunal Administrativo de
Santander, mediante la cual orde nó seguir adelante con la
ejecución dentro del proceso ejecutivo formulado por la señora
Martha Adela Saavedra de Gutiérrez en contra de la Dirección de
Impuestos y Aduanas Naciona les, por los motivos señalados en la
parte considerativa de esta providencia.
SEGUNDO.- DECLARAR la prosperidad parcial de la excepción de
pago frente a las cesantías, propuesta por el apoderado de la DIAN ,
de conformidad con las razones señaladas en la p arte motiva.
TERCERO.- SIN CONDENA en costa s en esta instancia.
CUARTO. - Efectuar las anotaciones correspondientes en el
sistema de gestión judicial SA MAI y una vez en firme esta
providencia devuélvase el expediente al tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión del
diez (10) de febrero de dos mil veintidós (2022).
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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