Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 68001-23-33-000-2020-00166-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 68001-23-33-000-2020-00166-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 68001-23-33-000-2020-00166-01
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
14 de mayo de 2026
Radicado: 68001-23-33-000-2020-00166-01 (1270-2023)
Demandante: Carlos Muñoz Triviño
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá D.C., catorce (14) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 68001-23-33-000-2020-00166-01 (1270-2023)
Demandante: Carlos Muñoz Triviño
Demandado: Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones
Temas: Régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de
1993. Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de 1990.
Decisión: Revoca parcialmente sentencia de primera instancia. Niega
reliquidación conforme al Decreto 758 de 1990.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
1. La Sala de Subsección procede a resolver el recurso de apelación interpuesto
por la parte demandada contra la sentencia del 3 noviembre de 2022, proferida por el
Tribunal de Administrativo de Santander, que accedió a las pretensiones de la
demanda.
I. ANTECEDENTES
Pretensiones de la demanda.
2. El señor Carlos Muñoz Triviño por intermedio de apoderado y en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho1, solicitó que se declare la
nulidad total de las Resoluciones núm. GNR 64833 del 6 de marzo de 2015, GNR
282024 del 15 de septiembre de 20152 y VPB 74545 del 12 de diciembre de 20153 que
reconocieron una pensión de vejez de conformidad con lo dispuesto en la Ley 33 de
1985; las Resoluciones núm. GNR 381504 del 15 de diciembre de 2016, GNR 394725
del 30 de diciembre de 20164 y VPB 6843 del 21 de febrero de 20175 que ordenaron
1 Expediente digital – “(04) 2020-166-00 Demanda y Anexos.pdf”.
2 Resolvió el recurso de reposición contra la Resolución núm. GNR 64833.
3 Resolvió el recurso de apelación contra la Resolución núm. GNR 64833.
4 Resolvió el recurso de reposición contra la Resolución núm. GNR 381504.
5 Resolvió el recurso de apelación contra la Resolución núm. GNR 381504.
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el pago de la prestación a partir del 28 de noviembre de 2016 y de las Resoluciones
núm. SUB 214354 del 9 de agosto de 2019, SUB 254354 del 17 de septiembre de
2019 y DPE 11942 del 28 de octubre de 2019 que negaron la reliquidación de acuerdo
con lo indicado en el Decreto 758 de 1990.
3. Como consecuencia, a título de restablecimiento del derecho, peticionó: i) la
reliquidación de la prestación aplicando lo dispuesto en el Decreto 758 de 1990
teniendo en cuenta como factor salarial para determinar el IBL la prima de antigüedad,
ii) las sumas insolutas que resulte de la reliquidación a partir del 28 de noviembre de
2016, iii) el ajuste de la condena de acuerdo con el IPC, iv) los intereses moratorios
establecidos en el artículo 192 del CPACA y v) la condena en costas.
4. De manera subsidiara, solicitó la nulidad de los actos demandados y, en
consecuencia, la reliquidación de la prestación reconocida teniendo en cuenta para
efectos de obtener el IBL la prima de antigüedad.
Hechos.
5. El señor Carlos Muñoz Triviño nació el 27 de mayo de 1954, por lo que cumplió
60 años el 27 de mayo de 2014.
6. Prestó servicio a la Universidad Industrial de Santander desde el 3 de julio de
1978 hasta el 27 de noviembre de 2016, cotizando un total de 1970 semanas,
distribuidas así:
«UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER, empleado público, del 03 de julio de
1978 al 30 de junio de 1995. 873 semanas.
Al I.S.S. hoy COLPENSIONES, como empleado público del 01 de julio de 1995 al 31
de marzo de 2015. 1.095 semanas».
7. Para la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 tenía más de 40 años y más
de 15 años de servicios, por lo que es beneficiario del régimen de transición dispuesto
en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, lo que le permite pensionarse de acuerdo a
los preceptuado en la Ley 33 de 1985 o el Decreto 758 de 1990.
8. Mediante la Resolución núm. GNR 64833 del 6 de marzo de 2015 la entidad
reconoció la pensión de vejez en los términos de la Ley 33 de 1985, decisión que fue
confirmada por las Resoluciones núm. GNR 282024 del 15 de septiembre de 2015 y
VPB 74545 del 12 de diciembre de 2015 que resolvieron los recursos de reposición y
apelación.
9. Posterior a su retiro del servicio el 28 de noviembre de 2016, la entidad ordenó
el ingreso en nómina a partir de la fecha, por medio de las Resoluciones núm. GNR
381504 del 15 de diciembre de 2016, GNR 394725 del 30 de diciembre de 2016 y VPB
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6843 del 21 de febrero de 20176, en las cuales se indicó que el régimen aplicable es
el contenido en la citada Ley 33 de 1985, con un IBL equivalente a $9.966.266 COP,
los factores indicados en el Decreto 1158 de 1994 y una tasa de reemplazo del 75%.
10. El 7 de mayo de 2019 solicitó la reliquidación de la pensión de acuerdo con lo
establecidos en el Decreto 758 de 1990 con inclusión de los tiempos de servicio
prestados a la Universidad Industrial de Santander antes de la entrada en vigencia de
la Ley 100 de 1993, por ser un régimen más favorable. Petición que fue resuelta de
manera negativa, por medio de las Resoluciones núm. SUB 214354 del 9 de agosto
de 2019, SUB 254354 del 17 de septiembre de 2019 y DPE 11942 del 28 de octubre
de 20197.
11. Por otra parte, recibió el 30 de abril de cada año la prima de antigüedad, factor
respecto del cual el ente universitario no cotizó, pese a estar señalado en el Decreto
1158 de 1994.
Fundamentos de derecho y concepto de violación.
12. Como disposiciones vulneradas invocó: artículos 36 de la Ley 100 de 1993, 152
y 157 del CPACA, Decretos 758 de 1990 y 1158 de 1994 y las sentencias de la Corte
Constitucional SU 769 de 2014, SU 057 de 2018, C 258 de 2013 y T 370 de 2016 y
del Consejo de Estado del 28 de abril de 2018 con ponencia del consejero Cesar
Palomino Cortés bajo el radicado núm. 52001-23-33-000-2012-00143-01.
13. Al desarrollar el concepto de violación, realizó un recuento de la normativa y
jurisprudencia a su juicio aplicable y concluyó que corresponde declarar la nulidad de
los actos demandados y ordenar la reliquidación de la pensión conforme el Acuerdo
049 de 1990 «respecto de un servidor público que no realizó cotizaciones al I. S. S.
antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993», pues se deben tener en cuenta
no solo las semanas cotizada al ISS, sino también, los tiempos de servicio como
empleado de la Universidad Industrial de Santander.
14. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1158 de 1994, la
prima de antigüedad es factor para el cálculo del IBL, prima que fue cancelada al
demandante, pero no cotizada, por lo que debe ser tenida en cuenta para liquidar el
derecho pensional.
Contestación de la demanda.
6 Las últimas resuelven los recursos de reposición y apelación contra la primera
7 Las 2 últimas resuelven los recursos interpuestos contra la primera de las mencionadas
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15. La Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones8 adujo que para
que proceda la aplicación del régimen de transición y el Decreto 758 de 1990, de
conformidad con la circular 01 de 2012 expedida por la entidad, el afiliado debe
acreditar haber realizado cotizaciones al Instituto de Seguro Social antes de la entrada
en vigor del Sistema General de Pensiones, es decir, el 1 de abril de 1994.
16. En el caso del demandante, verificada su historia laboral, reportó 919 semanas
al ISS hoy Colpensiones, de las cuales ninguna fue cotizada con anterioridad a la
vigencia de la Ley 100 de 1993, razón por la cual no es beneficiario de la aplicación
del Decreto 758 de 1990.
17. Así las cosas, la prestación fue liquidada de acuerdo con la norma más
favorable, esto es, Ley 33 de 1985 aplicable por remisión de la Ley 100 de 1993.
Sentencia de primera instancia.
18. El Tribunal Administrativo de Santander, mediante sentencia del 3 noviembre
de 20229 declaró la nulidad de los actos demandados y ordenó a Colpensiones
reliquidar la pensión de vejez de la actora de acuerdo con lo establecido en el Decreto
758 de 1990 desde el 28 de noviembre de 2016, con una tasa de reemplazo del 90%
sobre el promedio de los salarios devengados en los últimos 10 años de servicio
incluyendo la prima de antigüedad como factor salarial, sobre el cual se deberán hacer
los aportes al Sistema.
19. Para ello, encontró acreditado que el señor Carlos Muñoz Triviño laboró en la
Universidad Industrial de Santander desde el 3 de julio de 1978 hasta el 31 de enero
de 2015, acreditando 1873 semanas, de las cuales 874 fueron cotizadas al fondo del
ente universitario antes de la entrada en vigor de la Ley 100 de 1993 y 999 con destino
a Colpensiones, y nació el 27 de mayo de 1954, cuenta con 60 años, por lo que cumple
los requisitos para pensionarse de acuerdo con el Decreto 758 de 1990.
20. Asimismo, es beneficiario del régimen de transición, pues contaba con 15 años
de servicio a la vigencia de la Ley 100 y más de 750 semanas al 25 de julio de 2005.
21. Además, durante los 10 años anteriores a su retiro percibió el factor de prima
de antigüedad establecido en artículo 1 literal d) del Decreto 1158 de 1994, sin
embargo, no fue tenido en cuenta como parte del IBL y no se probó que el empleador
lo hubiera cotizado.
22. Con fundamento en los anteriores hechos concluyó que al demandante le asiste
derecho a la reliquidación en los términos pretendidos, por cuanto para efectos de
8 Expediente digital – “(07) 2020-166-00 CONTESTACION DE DEMANDA- CARLOS MUÑOZ TRIVIÑO.pdf”.
9 Expediente digital – “14_SENTENCIADEPRIMERAINSTANCIA.pdf”.
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reconocimiento pensional es procedente la acumulación de tiempos cotizados en
diferentes fondos de pensiones. Y contrario «a lo afirmado por Colpensiones, no se
requiere que los tiempos cotizados anteriores a la entrada en vigencia de la Ley 100
de 1993, hayan sido cotizados al ISS exclusivamente para ser beneficiario del Decreto
758 de 1990, máxime cuando fueron tenidos en cuenta por la entidad al momento de
reconocer la pensión del demandante.»
23. Finalmente, encontró que no ocurrió la prescripción pues el actor reclamó la
reliquidación el 7 de mayo de 2019, por lo que tenía hasta el 7 de mayo de 2022 para
demandar y lo hizo en el año 2020.
Recurso de apelación.
24. La apoderada de la Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones,
inconforme con la decisión, presentó el recurso de apelación10 y solicitó sea revocada,
por cuanto, el actor no es beneficiario del régimen establecido en el Decreto 758 de
1990, dado que ninguna de las semanas cotizadas al ISS fue reportada antes de la
entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, «el 1 de abril de 1994».
25. Por lo anterior, la pensión de vejez de demandante se somete a lo dispuesto en
la Ley 33 de 1985, aplicable en virtud del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, y con los
factores establecidos en el Decreto 1158 de 1994.
26. Se refirió «[r]especto a la petición subsidiaria de reliquidar la pensión de vejez
con una tasa de reemplazo más alta en la ley 797 de 2003» y concluyó que «una vez
realizado el estudio de la solicitud de reliquidación y/o retroactivo, se establece que no
se generaron valores a favor del pensionado. Así las cosas, teniendo en cuenta que
no existen motivos de hecho o derecho que permitan generar retroactivo alguno o
incrementar la mesada pensional, se negó la solicitud de reliquidación. Teniendo en
cuenta que “lo accesorio sigue la suerte de lo principal”, entonces las pretensiones
subsidiarias relacionadas con la indexación, sus estudios estaban condicionados al
reconocimiento de la pretensión principal, pero como esta no prospero, el debate sobre
estos puntos resulta intrascendente.»11
Trámite correspondiente a la segunda instancia.
27. Mediante auto del 20 de mayo de 202412 se admitió el recurso de
apelación. Dentro de la oportunidad legal para alegar de conclusión, la parte
demandada y el agente del Ministerio Público guardaron silencio. Por otro lado, la parte
demandante solicitó confirmar la sentencia de alzada por cuanto, de acuerdo con la
10 Expediente digital – “16_RECEPCIONDEMEMORIAL_RECURSO_DE_APELACION.zip”.
11 Transcripción con errores.
12 Índice 16 en SAMAI.
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SU 317 de 2021 «es factible la aplicación del Acuerdo 049 de 1990, a las personas
que no contaban con cotizaciones al Instituto de Seguros Sociales, con anterioridad a
la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, pero sí vinculadas a algún otro régimen
pensional, como quiera que dicha exigencia no se encuentra contemplada en el
Acuerdo [049 de 1990]».
28. Control de legalidad. La Sala observa que el proceso se ha tramitado en legal
forma, sin que se advierta causal de nulidad que invalide lo actuado, por lo que se
resolverá la apelación, previas las siguientes:
II. CONSIDERACIONES
Competencia.
29. Esta Corporación es competente para resolver el recurso de apelación
interpuesto de acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo13.
30. De igual forma, conforme a lo dispuesto en el artículo 328 del Código General
del Proceso, la competencia del juez de segunda instancia está circunscrita a lo
expuesto por el apelante y, comoquiera que, en este caso, solo una de las partes
presentó el recurso de apelación, el análisis se limita a los argumentos del respectivo
recurso14.
Problema jurídico.
31. Le corresponde a la Subsección determinar si, contrario a lo considerado por el
tribunal, no hay lugar a reconocer la pensión en la forma establecida en el Decreto 758
de 1990 por cuanto el demandante no cuenta con aportes a pensión al Instituto de
Seguro Social anteriores a la entrada de vigencia de la Ley 100 de 1993.
32. A fin de dar respuesta al problema jurídico, la Sala abordará los siguientes
temas: I) Régimen de transición de la Ley 100 de 1993, II) Régimen pensional previsto
en el Acuerdo 049 de 1999 – Aprobado mediante el Decreto 758 de 1990 y III) Caso
concreto.
Régimen de transición de la Ley 100 de 1993.
33. La Ley 100 de 1993 creó el Sistema de Seguridad Social Integral conformado
por el conjunto de instituciones, normas y procedimientos, de los que disponen las
13 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».
14 25. Se precisa que, en este caso, no está sujeto a contradicción la pertenencia o no de la actora al régimen
de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, razón por la cual el estudio de la Sala se circunscribirá
a lo planteado el en problema jurídico.
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personas y la comunidad para proporcionar la cobertura integral de las contingencias
que menoscaban la salud y la capacidad económica de los habitantes del territorio
nacional.
34. De manera particular, en el artículo 10 ibidem se implementó el Sistema General
de Pensiones, con el fin de amparar las contingencias derivadas de la vejez, la
invalidez y la muerte, mediante el reconocimiento de las pensiones y prestaciones
determinadas en los términos de la ley, derogando los regímenes pensionales
anteriores.
35. Sin embargo, el artículo 36 de la disposición en comento estableció un régimen
de transición para las personas que se encontraban próximas a adquirir la prestación
bajo las normas suprimidas, conforme se trascribe:
«Régimen de transición. La edad para acceder a la pensión de vejez continuará en
cincuenta y cinco (55) años para las mujeres y sesenta (60) para los hombres, hasta el
año 2014, fecha en la cual la edad se incrementará en 2 años, es decir, será de 57
años para las mujeres y 62 para los hombres.
La edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número de
semanas cotizadas, y el monto de la pensión de vejez de las personas que al momento
de entrar en vigencia el Sistema tengan 35 o más años de edad si son mujeres o 40 o
más años de edad si son hombres, o 15 o más años de servicios cotizados, será la
establecida en el régimen anterior al cual se encuentren afiliados. Las demás
condiciones y requisitos aplicables a estas personas para acceder a la pensión
de vejez, se regirán por las disposiciones contenidas en la presente Ley.
El ingreso base para liquidar la pensión de vejez de las personas referidas en el inciso
anterior que les faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho, será el
promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o el cotizado
durante todo el tiempo si este fuere superior, actualizado anualmente con base en la
variación del índice de precios al consumidor, según certificación que expida el DANE.
Sin embargo, cuando el tiempo que les hiciere falta fuese igual o inferior a dos (2) años
a la entrada en vigencia de la presente ley, el ingreso base para liquidar la pensión será
el promedio de lo devengado en los dos (2) últimos años, para los trabajadores del
sector privado y de un (1) año para los servidores públicos. […]» (Negrilla fuera de
texto)
36. De lo anterior se deduce que, para ser beneficiario del régimen de transición
establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 se requiere que, a la entrada en
vigor de la norma, es decir, desde el 1 de abril de 1994 en el nivel nacional o 30 de
junio de 1995 si se es empleado en el nivel territorial, i) el interesado demuestre contar
con 35 años o más de ser mujer y 40 o más de ser hombre o ii) 15 o años más de
servicios cotizados.
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37. Sin embargo, el Acto Legislativo 01 de 200515 previó la terminación de dicho
régimen, por cuanto este no podía extenderse más allá del 31 de julio de 2010, salvo
para las personas que, a la vigencia, el 29 de julio de 2005, contaran al menos con
750 semanas cotizadas o su equivalente en tiempos de servicio, y solo ellos
mantendrían los beneficios otorgados por la Ley 100 de 1993 hasta el 31 de diciembre
de 2014.
38. Así las cosas, los administrados que cumplieran con los requisitos antes
descritos les asiste derecho a que su pensión de vejez sea reconocida conforme a los
requisitos de edad, semanas cotizadas y monto del régimen pensional anterior,
mientras que las demás condiciones deben cumplirse bajo la Ley 100 de 1993.
Régimen pensional previsto en el Acuerdo 049 de 1990 – Aprobado
mediante el Decreto 758 de 1990.
39. Uno de los regímenes pensionales antecedentes a la Ley 100 de 1993 es el
previsto en Decreto 758 de 1990, que aprobó el Acuerdo 049 de 1990, según el cual
los afiliados al Instituto del Seguro Social podrían acceder a la pensión de vejez de
acreditar los siguientes requisitos:
«Artículo 12. Requisitos de la pensión por vejez. Tendrán derecho a la pensión de vejez
las personas que reúnan los siguientes requisitos:
a) Sesenta (60) o más años de edad si se es varón o cincuenta y cinco (55) o más años de
edad, si se es mujer y,
b) Un mínimo de quinientas (500) semanas de cotización pagadas durante los últimos
veinte (20) años anteriores al cumplimiento de las edades mínimas, o haber acreditado un
número de un mil (1.000) semanas de cotización, sufragadas en cualquier tiempo.
40. La prestación tendría una cuantía mínima del 45% de la base de liquidación que
aumentaría en 3 puntos porcentuales con cada 50 semanas adicionales a las primeras
500 semanas de cotización, hasta obtener una tasa de reemplazo máxima del 90%,
de acuerdo con la siguiente tabla:
15 «Parágrafo transitorio 4o. El régimen de transición establecido en la Ley 100 de 1993 y demás normas que
desarrollen dicho régimen, no podrá extenderse más allá del 31 de julio de 2010; excepto para los trabajadores que
estando en dicho régimen, además, tengan cotizadas al menos 750 semanas o su equivalente en tiempo de
servicios a la entrada en vigencia del presente Acto Legislativo, a los cuales se les mantendrá dicho régimen hasta
el año 2014.». «Los requisitos y beneficios pensionales para las personas cobijadas por este régimen serán los
exigidos por el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y demás normas que desarrollen dicho régimen.».
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16
41. En cuanto a los tiempos de servicio que deben ser tenidos en cuenta para
calcular la pensión de vejez dispuesta en el citado decreto, la Corte Constitucional en
sentencia de unificación SU 769 de 2014, concluyó que es posible acumular los
tiempos de servicios públicos cotizados a las cajas o fondos de previsión social, con
las semanas de cotización efectuadas al Instituto de Seguros Sociales, dado que el
acuerdo citado no exige que las cotizaciones se hayan efectuado de forma exclusiva
en dicho instituto, tal y como se transcribe:
«De conformidad con los precedentes jurisprudenciales reseñados en la parte
considerativa de esta sentencia, para efecto del reconocimiento de esta prestación es
posible acumular los tiempos de servicios cotizados a las cajas o fondos de previsión
social, con las semanas de cotización efectuadas al Instituto de Seguros Sociales, por
cuanto la exclusividad en los aportes a esta entidad se trata de un evento no
contemplado en el Acuerdo 049 de 1990.
9.2. Por otro lado, según se decantó en esta providencia, por ser la postura que mejor
se ajusta a la Constitución y a los principios de favorabilidad y pro homine, y que
maximiza la garantía del derecho fundamental a la seguridad social, tal acumulación
es válida no solo para los casos en que fueron acreditadas 1000 semanas en cualquier
tiempo, sino también para los eventos en los que se demostró haber reunido un total
de 500 semanas dentro de los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad requerida.
9.3. Finalmente, también es posible acumular el tiempo laborado en entidades públicas
respecto de las cuales el empleador no efectuó las cotizaciones a alguna caja o fondo
de previsión social, con las semanas aportadas al Instituto de Seguros Sociales. Lo
anterior, toda vez que se trata de una circunstancia que puede limitar el goce efectivo
del derecho a la seguridad social, y porque el hecho de no haberse realizado las
respectivas cotizaciones o descuentos no es una conducta que deba soportar el
16 Artículo 20 del Decreto 758 de 1990. […]
II. Pensión de Vejez:
a) Con una cuantía básica igual al cuarenta y cinco por ciento (45%) del salario mensual de base y,
b) Con aumentos equivalentes al tres por ciento (3%) del mismo salario mensual de base por cada cincuenta (50)
semanas de cotización que el asegurado tuviere acreditadas con posterioridad a las primeras quinientas (500)
semanas de cotización. El valor total de la pensión no podrá superar el 90% del salario mensual de base ni ser
inferior al salario mínimo legal mensual ni superior a quince veces este mismo salario.
Parágrafo 1° El salario mensual de base se obtiene multiplicando por el factor 4.33, la centésima parte de la suma
de los salarios semanales sobre los cuales cotizó el trabajador en las últimas cien (100) semanas. El factor 4.33
resulta de dividir el número de semanas de un año por el número de meses.
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trabajador, más aún cuando era la entidad pública la que asumía dicha carga
prestacional. […]».
42. Criterio acogido por esta Subsección17, y según el cual, los periodos cotizados
al ISS pueden computarse con: i) el tiempo laborado en entidades públicas respecto
de las cuales el empleador no efectuó las cotizaciones a alguna caja o fondo de
previsión social y ii) los tiempos cotizados a entidades públicas o fondos de previsión.
43. Ahora, se precisa que, en todo caso, para ser beneficiario de la pensión
establecida en el Acuerdo 049 de 1990, aplicable por remisión del artículo 36 de la Ley
100 de 1993, el interesado debe demostrar que estuvo afiliado al ISS o realizó
cotizaciones a Instituto antes de la vigencia de la Ley 100 de 1993, lo anterior toda vez
que:
«Conforme a la norma citada a los beneficiarios del régimen de transición se les
respetan unas condiciones específicas para acceder al derecho pensional como son la
edad y el tiempo de servicios, que son más favorables que las contenidas en la nueva
legislación, así como el monto o porcentaje sobre el cual se liquidaba la prestación
antes de la Ley 100. Sin embargo, debe entenderse que las condiciones a respetar son
aquellas respecto de las cuales la persona tenía la expectativa legítima de pensionarse,
como bien lo consideró el Congreso al definir que estas serían las establecidas «en el
régimen anterior al cual se encuentren afiliados»18.
44. Y es que, el régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de
1993 tiene por finalidad proteger las expectativas legítimas de quienes estuviera cerca
de obtener su derecho pensional bajo «el régimen anterior al cual se [encontraban]
afiliados», por lo que, para que resulte admisible aplicar el Acuerdo 049 de 1990 en
virtud de la normativa citada, el interesado debe acreditar la vinculación al ISS en los
términos indicados, pues solo así es posible afirmar que tenía una expectativa legitima
de pensionarse conforme a las disposiciones aplicables a sus afiliados.
Caso concreto.
45. Expone la apelante que, contrario a lo considerado por el tribunal, no hay lugar
a reconocer la pensión en la forma establecida en el Decreto 758 de 1990 por cuanto
el demandante no cuenta con aportes a pensión al Instituto de Seguro Social anteriores
a la entrada de vigencia de la Ley 100 de 1993.
46. Ahora, encuentra la Sala acreditado que el señor Carlos Muñoz Triviño nació el
17 de mayo de 195419 y cumplió los 60 años el 17 de mayo de 2014, por lo que,
17 Sentencia del 1 de agosto de 2024, núm. Interno: 7745-2023; sentencia del 29 de agosto de 2024, núm. Interno:
7255-2023, entre otros.
18 Sentencia del 30 de enero de 2025, núm. Interno: 4288-2024.
19 Conforme se advierte de la cédula de ciudadanía visible en el expediente administrativo del actor, Expediente
digital – “(10) 2020-166-00 CC-4882428 EXP ADM “ - “2013_983679_GEN-DDI-AF.pdf”.
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mediante Resolución núm. GNR 64833 del 6 de marzo de 201520, Colpensiones le
reconoció una pensión de conformidad con la Ley 33 de 1985 21 por contar con 1.873
semanas cotizadas calculada con una tasa de reemplazo del 75%. Para ello tuvo en
cuenta los tiempos de servicio en la Universidad Industrial de Santander cotizados
desde el 3 de julio de 1978 hasta el 31 de enero de 2015, aportes realizados al «fondo
de pensiones de la Universidad Industrial de Santander hasta el 30 de junio de 1995,
fecha a partir de cual entró a regir el Sistema General de Pensiones para los servidores
públicos del nivel departamental, y realizando cotizaciones desde el 1 de julio de 1995
hasta el día de hoy, al Instituto del Seguro Social hoy Colpensiones». Decisión que fue
confirmada por medio de las Resoluciones núm. GNR 282024 del 15 de septiembre
de 201522 y VPB 74545 del 12 de diciembre de 201523.
47. Seguidamente, a través de las Resoluciones núm. GNR 381504 del 15 de
diciembre de 201624, GNR 394725 del 30 de diciembre de 201625 y VPB 6843 del 21
de febrero de 201726 se ordenó el pago de la prestación previamente reconocida y la
inclusión del demandante en la nómina a partir del 28 de noviembre de 2016.
48. El 7 de mayo de 201927 el interesado solicitó la reliquidación de la pensión de
vejez en aplicación del Decreto 758 de 1990 y el pago de la diferencia. Petición que
fue negada a través de la Resolución núm. SUB 214354 del 9 de agosto de 201928,
por cuanto «al 1 de abril de 1994, se encontraba cobijado por el régimen de transición
en virtud de la ley 33 de 1985, ya que a esta fecha no se encontraba afiliado al Seguro
Social, puesto que las cotizaciones se estaban realizando a la UNIVERSDAD
INDUSTRIAL DE SANTANDER». Decisión que fue confirmada por medio de las
Resoluciones núm. SUB 254354 del 17 de septiembre de 201929 y DPE 11942 del 28
de octubre de 2019.
49. Asimismo, cotizó los siguientes tiempos de servicio:
Tiempo de servicio Entidad encargada de los aportes
Universidad Industrial de Santander desde Universidad Industrial de Santander30
el 3 de julio de 1978 hasta el 30 de junio de
1995
Universidad Industrial de Santander desde Instituto de Seguro Social
el 1 de julio de 1995 hasta el 30 de
septiembre de 2012
20 Expediente digital – “(01) 2020-166-00 DEMANDA+ANEXOS+PRESENTACION.pdf”. Págs. 48 a 54.
21 Por remisión del artículo 36 de la Ley 100 de 1993.
22 Ibidem. Págs. 55 a 59.
23 Ibidem. Págs. 60 a 67.
24 Ibidem. Págs. 69 a 77.
25 Ibidem. Págs. 79 a 86.
26 Iibidem. Págs. 88 a 96.
27 Se extrae de la Resolución núm. SUB 214354 del 9 de agosto de 2019.
28 Ibidem. 98 a 105.
29 Ibidem. Págs. 107 a 118.
30 Como se colige del certificado de información laboral visible en el expediente administrativo – “GEN-CSA-F1-
2014_9049866-20141028184347.pdf”.
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Universidad Industrial de Santander desde Colpensiones31
el 1 de octubre de 2012 hasta el año 2016
50. El ente universitario32 solo «realiz[ó] el aporte de pensión del señor MUNOZ
TRIVINO, desde el 1° (primero) de julio de 1995 a la fecha, en el Instituto del Seguro
Social»33, con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 100 de 1993 en el sector
territorial el 30 de junio de 1995.
51. Así las cosas, dado que el demandante no estuvo afiliado al ISS o realizó
cotizaciones a Instituto antes de la vigencia del Sistema General de Pensiones no es
beneficiario del régimen previsto en el Decreto 758 de 1990. Pues, como se indicó en
el acápite precedente, para tener la expectativa de pensionarse con un sistema
anterior a la Ley 100 de 199334 la persona debía estar afiliada o haber cotizado a este.
52. Tampoco es de recibo lo alegado en segunda instancia por la parte
demandante, en tanto esta Subsección35 se ha apartado de la postura vertida en
sentencia SU 317 de 2021 de la Corte Constitucional en cuanto a la aplicación
ultractiva del Acuerdo 049 de 1990 para personas que no estaban afiliadas al ISS a la
entrada en vigencia de la Ley 100, con fundamento en el siguiente razonamiento:
«Debe precisarse que la negativa a aplicar el Acuerdo 049 al caso de la parte
demandante no se debe a que esta Sala considere que para ser beneficiario de este
debió acreditar la totalidad de semanas exclusivamente al ISS, pues esta Sección
acoge el criterio de que estos periodos sí pueden acumularse con los cotizados en
otras cajas de previsión o con tiempos de servicio público. Tampoco a que el actor
hubiese tenido que estar afiliado al ISS al 1.° de abril de 1994, según se desprendería
de la literalidad del inciso segundo del artículo 36 de la Ley 100.
Sino que, se repite, el legislador previó que el beneficiario del régimen de transición se
podría pensionar con la edad, tiempo de servicios o semanas cotizadas y monto
regulados en el régimen pensional anterior al cual se encontraran afiliados, y en este
caso la parte demandante no demostró haber estado afiliado al ISS al 1.° de abril de
1994 o haber cotizado a dicha entidad en cualquier tiempo antes de que entrara a regir
la Ley 100.»
53. Asimismo, no resulta procedente la aplicación de la sentencia del 8 de mayo de
2005 proferida por esta subsección b de esta sección bajo el radicado núm. 68001-23-
33-000-2021-00420-0136, por cuanto en ella el litigio se circunscribió a determinar si
podía tener en cuenta tiempos de servicio cotizados al ISS antes de la entrada en
31 Verificado reporte de semanas cotizadas en pensiones en el que solo reporta cotizaciones a la entidad
demandada desde el «01/07/1995», visible en el expediente administrativo – “GRP-SCH-HL-
66554443332211_1066-20170803101138.PDF”
32 Perteneciente al orden territorial, creada por la asamblea departamental de Santander mediante la ordenanza
núm. 83 de 1944. Ver en línea: https://uis.edu.co/wp-content/uploads/2022/05/ordenanzaNo83.pdf
33 Certificado expedido por el ente universitario visible en el expediente administrativo – “2013_983679_GEN-ANX-
CI.pdf”.
34 En virtud del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la norma.
35 Sentencia del 30 de enero de 2025, núm. Interno: 4288-2024.
36 Solicitud presentada en el curso de la segunda instancia visible en el índice 26 en SAMAI.
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vigencia de la Ley 100 de 1993 para calcular la tasa de reemplazo de una pensión
conforme al Acuerdo 049 de 1990, supuesto de hecho que difiere del aquí estudiado.
54. Finalmente, en cuanto al argumento relativo a la no prosperidad de la pretensión
subsidiaria de reliquidar la prestación con una tasa de reemplazo mayor, lo cierto es
que no constituye un reparo contra la sentencia de alzada, comoquiera que esto no
fue solicitado en la demanda ni decidido en primera instancia.
55. Por lo tanto, se revocará la sentencia dado que la parte actora no tiene derecho
a la reliquidación de la pensión con el régimen del contenido en el Decreto 758 de 1990
y no hay lugar a declarar la nulidad de las Resoluciones núm. SUB 214354 del 9 de
agosto de 2019, SUB 254354 del 17 de septiembre de 2019 y DPE 11942 del 28 de
octubre de 2019 y se confirmará en lo relativo a la prima de antigüedad por no ser
objeto del recurso de apelación.
56. No obstante, se advierte que el tribunal al resolver sobre los actos que
reconocieron el régimen pensional conforme a la Ley 33 de 1985 y ordenaron su pago,
debió declarar su nulidad parcial, por lo que hay lugar a modificar la parte resolutiva
en ese aspecto.
57. En consecuencia, la Sala revocará parcialmente la sentencia del 3 noviembre
de 2022, proferida por el Tribunal de Administrativo de Santander, que accedió a las
pretensiones de la demanda y en consecuencia, no hay lugar a declarar la nulidad de
las Resoluciones núm. SUB 214354 del 9 de agosto de 2019, SUB 254354 del 17 de
septiembre de 2019 y DPE 11942 del 28 de octubre de 2019.
58. Y se modificará en el sentido de que respecto de los siguientes actos la nulidad
es parcial: Resoluciones núm. GNR 64833 del 6 de marzo de 2015, GNR 282024 del
15 de septiembre de 2015, VPB 74545 del 12 de diciembre de 2015, GNR 381504 del
15 de diciembre de 2016, GNR 394725 del 30 de diciembre de 2016 y VPB 6843 del
21 de febrero de 2017.
Condena en costas
59. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de
la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta corporación
frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una lectura
armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna manera
significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta materia.
60. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021,
fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de
fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público; creando
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así una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha imposición en
este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el caso
de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el artículo
188 del CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la sentencia dispondrá sobre la
condena en costas sobre la parte vencida en el proceso.
61. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación
y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en cuenta la remisión
contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
62. En consecuencia, se condenará en costas a la parte demandante, por cuanto
se acceden totalmente las peticiones del recurso de apelación. Para el efecto, de
conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por el
magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la
secretaría del Tribunal Administrativo de Santander.
63. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO. Revocar parcialmente la sentencia del de la sentencia del 3 noviembre
de 2022, proferida por el Tribunal de Administrativo de Santander, que accedió a las
pretensiones de la demanda y, en su lugar:
«PRIMERO. Declarar la nulidad parcial de las Resoluciones núm. GNR 64833 del 6 de
marzo de 2015, GNR 282024 del 15 de septiembre de 2015, VPB 74545 del 12 de
diciembre de 2015, GNR 381504 del 15 de diciembre de 2016, GNR 394725 del 30 de
diciembre de 2016 y VPB 6843 del 21 de febrero de 2017.
SEGUNDO. Negar la nulidad de las Resoluciones núm. SUB 214354 del 9 de agosto
de 2019, SUB 254354 del 17 de septiembre de 2019 y DPE 11942 del 28 de octubre
de 2019 que negaron la reliquidación de acuerdo con lo indicado en el Decreto 758 de
1990, por las razones expuestas.
TERCERO. A título de restablecimiento del derecho condenar a la Administradora
Colombiana de Pensiones – Colpensiones reliquidar y pagar a favor del señor CARLOS
MUÑOZ TRIVIÑO la pensión de vejez que le fue reconocida mediante la Resolución
núm. GNR 381504 del 15 de diciembre de 2016, incluyendo la prima de antigüedad de
devengada como factor salarial, sobre el cual se deberán hacer los descuentos con
destino a aportes al sistema pensional.»
SEGUNDO. Confirmar en todo lo demás la providencia apelada.
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Demandante: Carlos Muñoz Triviño
TERCERO. Condenar a la parte demandante en costas en esta instancia.
CUARTO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para
la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta providencia
devolver el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior decisión fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
consejero de Estado
Firmado electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
consejero de Estado
Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
consejero de Estado
Firmado Electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en sede electrónica
para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, de conformidad con la ley y el art. 186 del CPACA.
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