Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 68001-23-33-000-2020-00752-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 68001-23-33-000-2020-00752-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 68001-23-33-000-2020-00752-01
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
14 de mayo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá, D.C., catorce (14) de mayo dos mil veintiséis (2026)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 68001-23-33-000-2020-00752-01 (0274-2026)
Demandante: Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones.
Demandado: Anibal José Villalba Escorcia.
Tema: Solo motivos reales, objetivos y verificables, que pudieran
enmarcarse en un comportamiento criminal, justifican la
revocatoria sin el consentimiento del afectado / Procedencia del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra
acto revocado directamente por la administración. REVOCA
SENTENCIA.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, contra
la sentencia proferida el veinticinco (25) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)
por el Tribunal Administrativo de Santander, por medio de la cual se concedieron las
pretensiones.
ANTECEDENTES
1. La Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones instauró
demanda contra el señor Anibal José Villalba Escorcia en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
(CPACA), con el fin de que se acceda a las siguientes:
PRETENSIONES
2. Que se declare la nulidad de la Resolución SUB-163979 del 17 de agosto de
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Radicación: 68001-23-33-000-2020-00752-01 (0274-2026)
2017, por la cual se reconoció la pensión de invalidez a favor del demandado.
Como restablecimiento del derecho, se ordene el reintegro de lo pagado por
concepto de mesadas, retroactivo y salud derivados del reconocimiento pensional,
desde el 12 de mayo de 2017 hasta el 30 de noviembre de 2019 y enero de 20211,
suma que asciende al valor de $53.152.044, de forma indexada.
3. Que se ordene la compensación de cualquier suma de dinero presente o futura
que deba cancelarle Colpensiones al demandado, por concepto del otorgamiento
de cualquier prestación económica.
HECHOS
4. La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente
manera:
5. Que el demandado, el 13 de julio de 2017 solicitó la pensión de invalidez que
le fue reconocida mediante Resolución SUB-163979 del 17 de agosto de 2017, a
partir del 12 de mayo de 2017 en aplicación de la ley 860 de 2003, según el
dictamen de perdida de la capacidad laboral No. 2017220935TT del 16 de junio
de 2017, que determinó un 53.64%, con fecha de estructuración del 12 de mayo
de 2017.
6. Que, dada la existencia de una investigación penal frente a la Administración
Pública, en contra de 206 personas a las cuales Colpensiones reconoció pensión
de invalidez —presuntamente con documentación fraudulenta, sin que en verdad
tuvieran derecho—, se dio apertura al procedimiento especial administrativo No.
261-18, para verificar el derecho prestacional.
7. Que, en el marco de la investigación administrativa, se solicitó a la Corporación
para el desarrollo de la seguridad social - CODESS, realizar otro dictamen y
valorar la historia clínica que se había tenido en cuenta para la calificación de
pérdida de capacidad laboral que había originado el reconocimiento. El CODESS
concluyó que el porcentaje debió ser de 40,45%, según el reporte que se citó en
el hecho 6 de la demanda:
«(…) DIABETES MELLITUS INSULINODEPENDIENTE: se califica con el cuadro
descompensación de la enfermedad, sin control de los síntomas y sin lograr la
mejoría médica máxima. En la calificación da un valor superior al reportado por
Colpensiones. • TRASTORNO DE ANSIEDAD Y DEPRESION: se califica con
dos valoraciones que sin que se cumpla el criterio 2 paro calificación de
enfermedad mental. No se tiene en cuenta en la calificación. HIPERTENSION
ARTERIAL: Se deja un valor ligeramente mayor, teniendo en cuenta que
solamente toma un medicamento. • SINDROME DE TUNEL DEL CARPO
1 Así lo indicó en la pretensión número 2 de la reforma a la demanda. Samai del Tribunal, índice 23.
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BILATERAL: Es un síndrome de túnel de carpo bilateral moderado de acuerdo al
electro diagnóstico.
No recibió tratamiento. Se calificó con reporte. En dictamen Colpensiones se
tomó como un síndrome de túnel leve bilateral. • POLINEUROPATIA DE
MIEMBROS INFERIORES: Los nervios afectados dan una deficiencia de para
cada extremidad. En dictamen de Colpensiones fue tomado un menor valor. • EN
CUANTO AL ROL LABORAL: Se sugiere cambio de labor, sin embargo, puede
continuar laborando en el cargo con recomendaciones, teniendo en cuenta que
el cargo es operador»2.
8. Que, con base en ese concepto, la Gerencia de Prevención del Fraude de
Colpensiones determinó que el reconocimiento se realizó a partir de información
no verídica, que no se ajustó a la realidad médica del ciudadano, por lo que, a
través de la Resolución SUB-300908 del 30 de octubre de 2019, se revocó la
Resolución SUB-163979 del 17 de agosto de 20173, por la que se reconocía la
prestación, de acuerdo con los artículos 19 de la Ley 797 de 2003, 243 de la Ley
1450 de 2011 y la Resolución 555 del 2015 emitida por Colpensiones.
9. Que luego, mediante la Resolución SUB-321490 de 25 de noviembre de 2019,
se informó el valor girado con ocasión al reconocimiento pensional, por un total de
$52.980.744, por el periodo comprendido entre el 12 de mayo de 2017 al 30 de
noviembre de 2019, a efectos de su reintegro.
10. Que se interpuso acción de tutela que dio lugar a la sentencia del 25 de junio
de 2020, por la que el Juzgado Cuarto Administrativo de Bucaramanga ordenó
realizar el pago de las mesadas pensionales adeudadas y las que se siguieran
causando, hasta tanto quedara en firme el acto de revocatoria; lo cual se cumplió
en la Resolución SUB-143497 del 06 de julio de 20204.
11. Que el 25 de noviembre de 2020, el Juzgado Cuarto de Familia del Circuito de
Bucaramanga ordenó a Colpensiones, en sede de tutela, estudiar nuevamente la
solicitud del reconocimiento de la pensión de invalidez, a lo que se dio
cumplimiento en la Resolución SUB-265740 del 07 de diciembre de 2020 y se
ordenó el pago de la prestación a partir del 01 de enero de 2021, en cuantía de
$1,684,978.
12. Que esa decisión fue impugnada y el Tribunal Superior del Distrito de
Bucaramanga, la revocó. En su cumplimiento, se expidió la Resolución SUB-
2 Hecho sexto de la reforma a la demanda. Samai del Tribunal, índice 23.
3 La Resolución por la que se revocó la prestación fue notificada el 4 de junio de 2020 y mediante la Resolución
SUB-143425 del 6 de julio de 2020 se negaron los recursos de reposición y en subsidio apelación, por ser
extemporáneos.
4 En la que se dispuso que se pagaría un retroactivo del 01 de diciembre de 2019 hasta el 30 de julio de 2020 y
que, una vez ejecutoriada la resolución de revocatoria directa, se retiraría de nómina la prestación.
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19724 del 29 de enero de 2021, por la que se revocó la Resolución del 07 de
diciembre de 2020 y se ordenó el retiro de nómina de pensionados.
13. Que, en consecuencia, Colpensiones actualizó la estimación de la deuda en
la Resolución SUB-28114 del 03 de febrero de 2022, para determinar un valor total
a título de mesadas, retroactivo y aportes a salud, en $53.152.044, al incluir enero
de 2021.
NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN
14. En la demanda se citaron como vulneradas la ley 100 de 1993 y el Acto
Legislativo 01 de 2005. Como concepto de violación sostuvo que el
reconocimiento de la pensión de invalidez no se ajusta a los requisitos de la
normatividad aplicable, por lo que vulnera las disposiciones en las que se funda,
pues el dictamen de calificación de la pérdida de capacidad laboral, sobre el cual
se concedió la prestación, fue adulterado y sobrevalorado con la finalidad de
conseguir un beneficio económico que, en condiciones normales, no podría
concederse.
TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA
15. La demanda fue inadmitida y subsanada. Se admitió el 15 de abril de 2021 y
se notificó debidamente5, junto con el auto que dio traslado a la medida cautelar.
Se reformó la demanda el 02 de marzo de 20226 y se decretó la suspensión del
acto demandado7.
16. El demandado explicó que, una vez revocada su pensión, solicito una nueva
calificación de invalidez, por lo que logró el dictamen No. 4148664 del 25 de marzo
de 2021, en el que se dictaminó una pérdida de 44.98%. Que dicho resultado que
fue apelado y la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Santander, en
dictamen No. 12647400-1913, determinó un porcentaje de 59.61%.
17. Que la Junta Nacional de Calificación de Invalidez resolvió el recurso de
Colpensiones, mediante dictamen No. 12647400-11886 del 06 de julio de 2022,
con porcentaje del 55.81%. Que, en firme la calificación, solicitó nuevamente el
reconocimiento de la prestación, la cual le fue otorgada en Resolución
2023_743309 de 2023, por lo que actualmente recibe su prestación desde mayo
del 20238.
18. El 6 de marzo de 2025 se profirió auto de sentencia anticipada9, se resolvieron
5 Índices 056 a 66 de Samai en el radicado de primera instancia.
6 Índice 023 de Samai en el radicado de primera instancia.
7 Índice 070 de Samai en el radicado de primera instancia.
8 Índice 092 de Samai en el radicado de primera instancia.
9 Índice 099 de Samai en el radicado de primera instancia.
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las excepciones previas, se fijó el litigio, se decretaron las pruebas documentales
y, luego de incorporadas se dio traslado para alegar.
SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN
19. El Tribunal Administrativo de Santander mediante sentencia del 25 de
septiembre de 2.025 accedió a las pretensiones. Consideró que de acuerdo con
la investigación administrativa especial No. 261-18, el dictamen que sustentó el
reconocimiento pensional se basó en información médica falsa y sobrevalorada
porque tuvo en cuenta diagnósticos no verificados, agregó tratamientos no
recibidos y valoró documentos carentes de veracidad y soporte médico real.
20. Que existían indicios para vincular al caso los hechos de la investigación penal
por la existencia de la red de fraude pensional en el departamento del Cesar, a
pesar de la respuesta del oficio del 14 de marzo de 2025, en el que la fiscalía
general de la Nación informó que «(…) no se halló evidencia que lo vincule
directamente al proceso (…)10»
21. Que Colpensiones acató la sentencia SU-182 de 2019 en la que la Corte
Constitucional definió que cuando existieran elementos de juicio que indicaran que
un acto administrativo fue inducido por fraude o falsedad, las entidades de
seguridad social podían revocarlo de manera unilateral.
22. Consideró que, de las pruebas allegadas al proceso, se logró desvirtuar la
legalidad de la Resolución SUB-163979 de 2017 y declaró la nulidad del acto
demandado y ordenó devolver las sumas canceladas por concepto de mesadas,
retroactivos y pagos de salud con ocasión al reconocimiento de la prestación.
RECURSO DE APELACIÓN
23. El demandado interpuso recurso de apelación por considerar que el Tribunal
erró al dar por probada la mala fe, puesto que con los elementos probatorios
obrantes en el expediente no lograba desvirtuarse la presunción de buena fe y,
tampoco, la ilegalidad del acto demandado, dado que no existía prueba que
demuestra fraude, maniobras o actos ilegales.
24. Que participó activamente en la investigación administrativa y aportó historias
clínicas, exámenes médicos y conceptos y, además, se puso a disposición para
que, eventualmente, le fuera corroborado su estado de salud en el marco de la
actuación.
10 Página 13 de la sentencia.
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25. Que, pese a haberlo solicitado, no fue enviada la calificación emitida por el
CODESS ante la Junta Nacional de Calificación de Invalidez para corroborar que
las conclusiones fueran acertadas, por lo que adujo que se vulneró su derecho al
debido proceso.
26. Que los resultados del cierre de la investigación administrativa no fueron los
suficientemente determinantes como para pasar de presunciones. Resaltó que
Colpensiones no ha adelantado ninguna investigación penal en su contra, por lo
que el Tribunal prejuzgó su responsabilidad penal sobre una investigación que ni
siquiera ha sido en su contra.
27. Que el fallo vulnera el principio de in dubio pro administrado porque se
fundamentó en presunciones sobre su estado de salud, sin contar con pruebas que,
en efecto, lograran superar el estándar de prueba necesario para demostrar su mal
actuar.
28. Consideró que el Tribunal no valoró las pruebas aportadas con la contestación
de la reforma de la demanda de las que se puede concluir que sí tenía el derecho.
Dijo que fue Colpensiones quien actuó indebidamente por las siguientes razones:
29. Que al revocarse el acto por el que se reconoció su pensión, solicitó ante
Colpensiones una nueva calificación de invalidez, por lo que dicha entidad emitió
dictamen No. 4148664 del 25 de marzo de 2021, en 44.98%. Que, pese a haber
sido apelado, se tuvo que acudir a la acción de tutela para que fuera remitido ante
la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Santander, quien por medio del
dictamen No. 12647400-1913 del 04 de octubre de 2021, lo fijó en 59.61%, dándole
la razón al demandado.
30. Que dicho derecho pensional fue apelado por Colpensiones y confirmado por
la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, al decretar un 55.81%, razón por la
que hoy goza de su derecho pensional reconocido mediante la Resolución No
2023_743309.
31. Así, solicitó revocar la sentencia y ordenar a Colpensiones el pago del
retroactivo reconocido en la resolución Rad 2023_743309, que se encuentra en
suspenso. De forma subsidiaria, en el eventual caso de compartirse el sentido de la
decisión de primera instancia, solicitó aplicar la prescripción para la devolución de
las mesadas.
TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA
32. El 23 de febrero de 2026 se admitió el recurso de apelación. Las partes y el
señor agente del Ministerio Público guardaron silencio en esta etapa.
33. Se decidirá la controversia, previas las siguientes,
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CONSIDERACIONES
34. Corresponde a la Sala determinar si Colpensiones logró desvirtuar la
presunción de legalidad del acto administrativo demandado. En caso afirmativo,
definirá si debe ordenarse la devolución de las sumas recibidas por concepto de
mesadas, retroactivos y pagos de salud, al desvirtuarse la buena fe del beneficiario.
35. En caso negativo, se deberá determinar si debe aplicarse el fenómeno de la
prescripción, para la devolución de las sumas.
36. Para abordar el asunto propuesto resulta necesario, en atención a los
supuestos fácticos, realizar algunas precisiones previas con respecto a la
procedencia del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra
un acto administrativo que fue revocado directamente por la administración, con
fundamento en el artículo 19 de la Ley 797 de 2003.
Procedencia del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
contra el acto de reconocimiento pensional que fue revocado directamente por
la administración
37. Según los antecedentes del presente caso, se observa que la Resolución
demandada, por la cual Colpensiones reconoció la pensión de invalidez, fue
revocado unilateralmente por la entidad con fundamento en la prerrogativa
consagrada en el artículo 19 de la Ley 797 de 2003:
«(…) Artículo 19. Revocatoria de pensiones reconocidas irregularmente. Los
representantes legales de las instituciones de Seguridad Social o quienes
respondan por el pago o hayan reconocido o reconozcan prestaciones
económicas, deberán verificar de oficio el cumplimiento de los requisitos para la
adquisición del derecho y la legalidad de los documentos que sirvieron de soporte
para obtener el reconocimiento y pago de la suma o prestación fija o periódica a
cargo del tesoro público, cuando quiera que exista motivos en razón de los cuales
pueda suponer que se reconoció indebidamente una pensión o una prestación
económica. En caso de comprobar el incumplimiento de los requisitos o que el
reconocimiento se hizo con base en documentación falsa, debe el funcionario
proceder a la revocatoria directa del acto administrativo aun sin el consentimiento
del particular y compulsar copias a las autoridades competentes (…)»
38. Por su parte en la sentencia C-835 de 2003 y luego en la SU 182 de 2019, la
Corte Constitucional explicó que tal facultad otorgada a la administración es
perfectamente válida en aras de proteger la objetividad, transparencia, moralidad y
eficacia que la función administrativa requiere en orden al correcto reconocimiento y
pago de las pensiones u otras prestaciones económicas propias del régimen de
seguridad social. No obstante, determinó que tal atribución solamente puede
ejercerse una sola vez, y durante su desarrollo, debe respetarse celosamente el
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debido proceso administrativo, es decir, que se citen las personas que puedan estar
interesadas en las resultas de la actuación administrativa, con el objeto de que
puedan expresar sus opiniones, presentar pruebas, controvertir las que se alleguen
en su contra y en general, para defender sus derechos subjetivos.11
39. Por su parte, en la SU 182 de 2019, precisó el alcance del artículo 19 de la
Ley 797 de 2003 y complementó las conclusiones previas a las que se había llegado
en la sentencia C-835 de 2003:
«(…) (i) Solo son dignos de protección aquellos derechos que han sido
adquiridos con justo título. Según dispone el artículo 58 de la Carta Política, la
protección de los derechos adquiridos implica que su obtención se dio “con
arreglo a las leyes vigentes”. Los derechos que se obtienen irregularmente no
pueden aspirar a la misma protección e inmutabilidad de la que gozan los
derechos obtenidos con apego a la Ley.
(ii) La verificación oficiosa del cumplimiento de los requisitos
pensionales es un deber. Las administradoras de pensiones o quienes
respondan por el pago o hayan reconocido o reconozcan prestaciones
económicas, no solo están facultadas, sino que es su deber verificar de oficio, el
cumplimiento de los requisitos para la adquisición de un derecho prestacional.
Sin embargo, mientras no surjan nuevos motivos o causas fundadas de duda, no
puede la administración reabrir periódicamente investigaciones que afecten
derechos adquiridos, y propicien escenarios injustificados de inseguridad
jurídica.
(iii) Solo motivos reales, objetivos, trascendentes, y verificables, que
pudieran enmarcarse en un comportamiento criminal justifican la
revocatoria, sin el consentimiento del afectado. Con este criterio, la
jurisprudencia busca evitar que el ciudadano quede al arbitrio de la
administración. La simple sospecha, inconsistencias menores en el cumplimiento
de los requisitos, o debates jurídicos alrededor de una norma, no habilitan el
mecanismo de la revocatoria unilateral. Estos motivos deben ser lo
suficientemente graves como para que pudieran enmarcarse en una conducta
penal.
(iv) No es necesario aportar una sentencia penal para desvirtuar la
buena fe del beneficiario de la pensión. Los supuestos que trae el artículo 19
de la Ley 797 de 2003 deben entenderse como el resultado de conductas u
omisiones especialmente graves, al punto que pudieran enmarcarse en algún
tipo penal; y no simplemente tratarse de discrepancias jurídicas, o
inconsistencias menores en el cumplimiento de los requisitos. Esto supone un
estándar alto de prueba a cargo de la administración, pero no implica una suerte
de prejudicialidad, que restrinja la actuación de la administración a la espera que
se produzca una sentencia penal condenatoria.
(v) Tampoco hace falta que el afiliado sea el que haya concertado o
inducido en error a la administración, pues el ordenamiento jurídico
sanciona a quién se aprovecha de estos escenarios. El cumplimiento de las
11 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. Sentencia del 20 de enero de 2011. Exp. 25000-23-15-
000-2010-03304-01 C.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila.
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normas es un presupuesto básico del Estado social y democrático de derecho.
Actuar con rectitud y honestidad es una exigencia que se deriva del principio
general de la buena fe y que permite crear un ambiente de confianza mutuo,
imprescindible para el buen funcionamiento del sistema pensional. El orden
constitucional no protege la posición de quien pretende aprovecharse del error o
infortunio ajeno para obtener un beneficio particular.
(vi) Sujeción al debido proceso. La administración o autoridad competente
no puede suspender un derecho pensional, sin antes haber agotado un debido
proceso que garantice al afectado su defensa. En este proceso, la carga de la
prueba recae sobre la administración a quien corresponde desvirtuar la
presunción de buena fe que cobija al pensionado. Durante el mismo, debe
prestarse especial atención a los principios de la necesidad de la prueba, de la
publicidad y la contradicción. Frente a una “censura fundada” de la
administración, la carga de la prueba se traslada al afiliado.
(vii) El derecho fundamental al habeas data y la prueba supletiva de la
historia laboral. Tanto el empleador como las administradoras de pensiones son
las principales responsables de velar por la correcta expedición y custodia de los
certificados que den cuenta fielmente de la trayectoria laboral de una persona.
Pero, teniendo en cuenta que aún subsisten fallas en el manejo de la información,
las administradoras de pensiones no pueden, sin más, modificar la historia
laboral de un afiliado, salvo que cuenten con una “justificación bien razonada” y
sujeta a un debido proceso. El afiliado, por su parte, está en el derecho de
controvertir el dictamen de la administración, y para ello podrá hacer uso de los
medios supletivos de prueba a su alcance. El análisis del nivel de certeza que
ofrecen estos medios alternos deberá hacerse caso a caso, y teniendo en cuenta,
también, que la tutela no es el escenario para adelantar un examen probatorio a
fondo, ni reemplaza la competencia del juez ordinario, quien tiene la palabra
definitiva.
(viii) El procedimiento administrativo de revocatoria no debe entenderse
como un escenario puramente adversarial. Ateniendo las fallas históricas en
el manejo de la información laboral, y considerando que el trabajador es la parte
débil del sistema, las administradoras de pensiones no pueden asumir el
procedimiento de revocatoria como una instancia meramente adversarial. Están
obligadas a utilizar sus competencias de investigación e inspección, incluso de
oficio, para corroborar o desestimar los argumentos y pruebas que ponga de
presente el trabajador. En caso de que el afiliado allegue algún medio de prueba
que soporte razonablemente su versión, no se podrá revocar su derecho, hasta
tanto la administración agote los medios a su alcance para verificar las pruebas
e intentar aproximarse a la realidad fáctica de lo sucedido.
(ix) Efectos de la revocatoria. La revocatoria directa solo tiene efectos
hacia el futuro (ex nunc). La administración no puede recuperar los dineros que
haya girado en una maniobra fraudulenta a través de este mecanismo, sino que
debe acudir al juez administrativo, quién sí es competente para retrotraer todas
las consecuencias que ocasionó un acto administrativo contrario a derecho.
(x) Alcance de la revocatoria y recurso judicial. La revocatoria unilateral
es un mecanismo de control excepcional promovido por la propia administración.
Esta no resuelve definitivamente sobre la legalidad de un acto administrativo, ni
tiene la competencia para expulsar del ordenamiento un acto pensional y
retrotraer sus efectos. Tanto la administración como los particulares podrán
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acudir ante el juez competente para resolver de forma definitiva las diferencias
que surjan en torno a un reconocimiento pensional (…)12» (Subrayas de la Sala).
40. Dichos parámetros se comparten por esta Subsección13, y por tanto, como los
efectos que tiene la revocatoria de que trata el artículo 19 de la Ley 797 de 2003, son
hacia futuro (ex nunc) y dicha decisión no implica un juicio de legalidad respecto del
acto administrativo de reconocimiento pensional, resulta procedente que tanto los
particulares, como la administración, puedan acudir ante el juez administrativo a
través del medio de control previsto en el artículo 138 del CPACA, para cuestionar la
legalidad del acto que concedió la prestación.
41. Así, para el caso de las entidades, pueden pretender además de la nulidad del
acto de reconocimiento pensional, la recuperación de los dineros que hayan sido
girados por una maniobra fraudulenta.
Resolución del caso concreto
42. La Subsección considera que los argumentos propuestos en el recurso de
apelación deben prosperar porque, en el curso del proceso, Colpensiones no logró
desvirtuar la presunción de buena fe del beneficiario pensional y, por ende, tampoco
la legalidad del acto acusado. Veamos:
43. La investigación administrativa especial No. 261-18 se inició con ocasión del
proceso penal que cursaba ante la Fiscalía 12 Seccional de Valledupar con radicado
SPOA No. 200016008792201600014, en la que se dio cuenta de la presunta
existencia de una organización que operó en el departamento del Cesar, mediante
la cual, al parecer, se gestaron de forma fraudulenta actuaciones que dieron lugar al
reconocimiento de prestaciones económicas de invalidez, sin el lleno de los
requisitos.
44. Sin embargo, en la Resolución SUB-300908 del 30 de octubre de 201914, por
la que se revocó la Resolución SUB-163979 del 17 de agosto de 2017 que concedía
la prestación, no se observa análisis probatorio alguno de cara a los hallazgos de la
investigación, pues Colpensiones se limitó a indicar que, por la sola existencia de la
indagación penal en el departamento del Cesar, —un departamento diferente al de
Santander, que es donde sucedieron los hechos de esta demanda—, debía
revocarse la prestación.
45. No se observa ningún esfuerzo en demostrar que los hechos del caso que hoy
se analiza estuvieron ligados, de forma alguna, con los que objeto de investigación
12 Corte Constitucional. Sentencia SU 182 de 2019. M.P. José Fernando Reyes Cuartas.
13 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 23 de mayo de 2024. Exp. 25000-23-42-
000-2020-00544-01 (5403-2022). C.P. Jorge Iván Duque Gutiérrez.
14 Gestión documental. Samai del Tribunal. Páginas 21 a 31 del documento denominado
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del departamento del Cesar. Es decir, no logró demostrarse el nexo causal entre los
hechos objeto de investigación penal y el reconocimiento pensional revocado, pues
la única razón en la que Colpensiones se basó para justificar la revocatoria fue el
dictamen pericial elaborado por la Corporación para el desarrollo se la seguridad
social – CODESS15 en el que se le calificó en 40.45%; sin embargo, ese dictamen
fue objetado16 y se solicitó su revisión ante la Junta Regional de Calificación de
Invalidez para dirimir la inconformidad, pero dicha petición no fue acogida según los
lineamientos de la Resolución 555 del 2015 por la cual Colpensiones definió el
procedimiento administrativo para la revocatoria en forma directa total o parcial, de
resoluciones por medio de las cuales se reconocen de manera irregular pensiones,
se definen competencias y se dictaminan presuntos responsables17.
46. Se observa que incluso el interesado insistió en revisar nuevamente su estado
de invalidez, con la finalidad de que dentro de la misma investigación se pudiera
corroborar su calificación en una mayor al 50%, sin embargo, también se negó la
solicitud mediante auto No. 625 del 14 de mayo de 201918.
47. Se cuenta, además, con el oficio del 31 de octubre de 2019 en el cual la fiscalía
general de la Nación informó, en el marco de la investigación administrativa, que
«(…) consultados los sistemas de Información Institucionales SIJUF y SPOA, que se
lleva en la Dirección Seccional del cesar, no se encontró registro alguno en contra
del señor ANIBAL JOSÉ VILLALBA ESCORCIA (…)19». Ello fue corroborado,
también, en el proceso judicial mediante el oficio No. 20510-01-02-12-218 del 14 de
marzo de 2025, aportado al proceso en el índice 110 de Samai.
48. De este modo, concluye la Sala que —contrario a lo considerado por el
Tribunal—, Colpensiones adoptó la decisión de revocar directamente el
reconocimiento prestacional del demandado, yendo en contravía de la sentencia de
unificación 182 de 2019, según la cual la Corte Constitucional indicó que para que se
pudiera llevar a cabo dicha potestad, se requiere, necesariamente, contar con
motivos reales, objetivos, trascendentes, y verificables, que se enmarcaran en un
comportamiento criminal, pues no bastaba con la existencia de indicios, dado que no
se podía dejar el ciudadano al arbitrio de la administración.
49. Se considera que, tal como lo indicó la Corte, la simple sospecha por
inconsistencias menores en el cumplimiento de los requisitos, no habilitan el
15 Hecho sexto de la reforma a la demanda. Samai del Tribunal, índice 23.
16 Gestión documental. Samai del Tribunal. Páginas 12 a 17 del documento denominado
26_RECEPCIONDEMEMORIAL_5RESOLUCION2023P.
17 En el numeral 3 del artículo 3 de la citada Resolución se indica que «En cao que el afiliado solicite la práctica
de pruebas en su escrito de respuesta o se considere necesario practicar otras pruebas de oficio, el Oficial de
Cumplimiento expedirá el respectivo acto administrativo en el que se declare la apertura de pruebas dentro del
proceso de investigación especial, indicando como mínimo el plazo de la etapa probatoria y las pruebas
solicitadas de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 48 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo. Contra el acto que decida la solicitud de practica de pruebas no procede recurso
alguno y se le deberá comunicar al asegurado»
18 Índice 092 de Samai del Tribunal. Páginas 39 a 40 de la contestación a la reforma de la demanda.
19 Índice 092 de Samai del Tribunal. Página 51 de la contestación a la reforma de la demanda.
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mecanismo de la revocatoria unilateral, pues los motivos deben ser lo
suficientemente graves como para que puedan enmarcarse en una conducta penal y
comprobados —en esa sede administrativa—, para que sea procedente ejercer esa
potestad. Así lo ha dicho esta sala de decisión, en la sentencia del 23 de mayo de
202420.
50. Es importante resaltar que el beneficiario pensional, luego de la revocatoria de
su pensión, se dio a la tarea de iniciar una nueva solicitud de valoración ante
Colpensiones, la cual concluyó en el dictamen No. 4148664 del 25 de marzo de
202121, por el que se realizó valoración vía telefónica y se determinó la pérdida de
capacidad laboral en 44.98%:
«(…) síndrome de túnel carpiano de moderado a severo, dolor y parestesias en
manos, diabetes mellitus insulinodependiente y hemoglobina glicosilada elevada
8,6%; trastorno afectivo bipolar, episodio mixto presente, con episodios
depresivos ansiosos de corte hipomaniaco, hipertensión esencial primaria, apnea
del sueño; insuficiencia renal crónica con nefrolitiasis (…)».
51. El demandado controvirtió la evaluación, por lo que la Junta Regional de
Calificación de Invalidez de Santander emitió el dictamen No. 12647400-1913 del 04
de octubre de 202122 y, luego de revisar el historial clínico y hacer la valoración
presencial, determinó el porcentaje en 59,61%. Para llegar a esta conclusión explicó,
entre otras cosas, lo que se cita:
«(…) Otros conceptos técnicos: Rol laboral y ocupacional. Previa revisión de
la documentación aportada, valoración, entrevista y determinación de las
deficiencias calificables se concluye que requiere cambio de rol laboral como
referencia el trabajo habitual de conductor de vehículo pesado (sector minería),
la autosuficiencia económica está reajustada y se considera restricción propia de
la edad. Además, se identifican dificultades que afectan de manera significativa
las actividades de la vida diaria relacionadas con las áreas ocupacionales de
aprendizaje, comunicación, movilidad, cuidado personal y vida doméstica. Ver
valoración cuantitativa en registro correspondiente (…)».
52. Colpensiones apeló la decisión de la Junta Regional, por lo que se obtuvo el
dictamen No. 12647400 – 11886 del 6 de julio de 202223 que determinó el porcentaje
en 55,81. Para ello se tuvo en cuenta las deficiencias de trastornos del humor,
enfermedad cardiovascular hipertensiva, Síndrome de Apnea-Hipopnea Obstructiva
del Sueño - SAHOS, diabetes mellitus, Síndrome túnel carpiano derecho más
dominancia y Síndrome túnel carpiano izquierda.
20 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 23 de mayo de 2024. Exp. 25000-23-42-
000-2020-00544-01 (5403-2022). C.P. Jorge Iván Duque Gutiérrez.
21 Índice 092 de Samai del Tribunal. Páginas 9 a 15 de la contestación a la reforma de la demanda.
22 Índice 092 de Samai del Tribunal. Páginas 16 a 21 de la contestación a la reforma de la demanda.
23 Índice 092 de Samai del Tribunal. Páginas 22 a 38 de la contestación a la reforma de la demanda.
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53. Al realizar la revisión correspondiente de las calificaciones asignadas por la
Junta Regional de la actividad laboral, se concluyó que los porcentajes están
debidamente calificados, teniendo en cuenta la esfera ocupacional y las alteraciones
derivadas de manera directa de las deficiencias encontradas. Resaltó, además, que
el paciente tiene diagnóstico de trastorno afectivo bipolar la cual incide de manera
directa en el subsistema volitivo que refleja la concreción de los pensamientos en
actos, por lo que «(…) el cargo desempeñado por el paciente, las condiciones
generales, la presión y metas asignadas pueden ocasionar altos niveles de estrés
ocasionando exacerbación de la patología mental y los síntomas inherentes. Así
mismo el STC puede generar bajos niveles de tolerancia a la manipulación y agarres
de potencia. Lo anteriormente expuesto justifica la calificación y referencia de cambio
de rol laboral (…)».
54. Dado que fue revisado en una segunda oportunidad el porcentaje de invalidez
y, agotado el procedimiento, la Junta Nacional de Calificación de Invalidez insistió en
que su calificación superaba el 50% (al determinarlo en 55,81), Colpensiones no tuvo
otra opción que emitir la Resolución No. 2023_743309 del 27 de abril de 202324, por
la cual le reconoció, nuevamente, el derecho al disfrute de la pensión de invalidez.
55. En efecto, el anterior recuento probatorio deja sin sustento lo planteado por la
Sentencia de prima instancia, porque no se trató de un reconocimiento a partir de
información fraudulenta allegada por el demandado, sino que se trató de un
reconocimiento basado en historial clínico que da cuenta de las patologías de base
que tenía desde años atrás y que, incluso, dio lugar a un nuevo reconocimiento
pensional en el año 2023.
56. En consecuencia, el Tribunal erró al dar por probada la mala fe del
demandado, puesto que con los elementos probatorios obrantes en el expediente no
lograba desvirtuarse la presunción de buena fe y, tampoco, la legalidad del acto
demandado, dado que no se advierte prueba que demuestre fraude, maniobras o
actos ilegales.
57. Llama la atención de la Sala que, pese a la revocatoria del derecho por el
supuesto fraude en que incurrió la demandada en el trámite adelantado ante
Colpensiones, el derecho le fue nuevamente reconocido al agotarse, por segunda
vez, el estudio de porcentaje de su pérdida de capacidad laboral. Ello demuestra que
no se trató de ningún fraude sino de aspectos que no fueron estudiados con la
rigurosidad en el marco de la investigación especial.
58. Por lo expuesto, se concluye que la simple sospecha de posibles
inconsistencias en el reconocimiento pensional, sin que exista plena prueba de estas,
no basta para privar a una persona de un derecho que se presume legal y adquirido,
más en estos eventos en los cuales, luego del retiro laboral, en la mayoría de los
24 Índice 092 de Samai del Tribunal. Páginas 41 a 51 de la contestación a la reforma de la demanda.
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casos la pensión constituye su fuente mayor de ingresos y sostenimiento.
59. De acuerdo con lo anotado, la Subsección revocará la providencia de primera
instancia, que accedió a las pretensiones de la demanda, pues no se encuentra
acreditada la ilegalidad en el reconocimiento pensional.
60. La Sala precisa que la circunstancia de no haberse desvirtuado la legalidad
de la Resolución SUB-163979 del 17 de agosto de 2017, a través del cual se
reconoció la pensión de invalidez del señor Anibal José Villalba Escorcia, no revive
el derecho que fue revocado de manera unilateral por Colpensiones, pues a la
administración se le permite atacar la nulidad de ese acto por los efectos que
surgieron mientras estuvo vigente, con la finalidad de recuperar los dineros que
hayan sido girados en cumplimiento del mismo, lo que no implica el restablecimiento
del derecho del titular25, pues el acto de revocatoria goza de presunción de legalidad
y no fue objeto de debate en este proceso. Así lo dispuso esta Sala de decisión en
la sentencia del 2 de octubre de 202426
61. Ahora, en el recurso de apelación el demandado solicitó que, además de
revocar la sentencia, se ordene a Colpensiones el pago del retroactivo reconocido
en la Resolución 2023_743309 de 2023, que se encuentra en suspenso27.
62. En efecto, se observa que en el artículo 6 de la Resolución 2023_743309 de
2023, se dispuso:
«(…) Dejar en suspenso el retroactivo generado con ocasión del reconocimiento
de una pensión mensual de invalidez desde 15 de abril de 2019 hasta 30 de abril
de 2023, así mismo remitir a la Dirección de Procesos Judiciales con el fin de
que puedan aplicar el concepto No BZ _ 2020_12065070 del 25 de noviembre
de 2020, teniendo en cuenta que el ciudadano adeuda valores respecto del
periodo comprendido entre el día 12 de mayo de 2017 al 30 de noviembre de
2019, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de la
presente resolución (…)».
63. Sin embargo, destaca la Sala que dicha solicitud debe negarse por cuanto ese
acto administrativo no fue demandado ni por Colpensiones ni por el señor José
Villalba Escorcia. Recuérdese que esta jurisdicción no está habilitada para
pronunciarse sobre el contenido de actos administrativos que no han sido
25 La Corte Constitucional en la sentencia SU-182 de 2019, manifestó que este mecanismo excepcional: i) no
resuelve definitivamente sobre la legalidad del acto administrativo, ii) la entidad no tiene la competencia para
expulsar del ordenamiento jurídico un acto pensional y, iii) tampoco tiene la facultad de retrotraer los efectos
derivados del reconocimiento pensional.
En cuanto a los efectos de la revocatoria, manifestó que solo tiene efectos hacia el futuro (ex nunc). La
administración no puede recuperar los dineros que haya girado, sino que debe acudir al juez administrativo, quién
sí es competente para retrotraer todas las consecuencias que ocasionó un acto administrativo contrario a
derecho.
26 Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia del 2 de octubre de 2024. Exp: 68001-23-33-
000-2021-00399-01 (0367-2023). C.P: Jorge Iván Duque Gutiérrez.
27 Página 7 del recurso de apelación.
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previamente demandados.
De la condena en costas en ambas instancias
64. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la
Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta corporación
frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una lectura
armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna manera
significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta materia.
65. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente
de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público;
creando así una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha
imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos,
como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo
dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la
sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el proceso.
66. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación
y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGPP teniendo en cuenta la
remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
67. En consecuencia, se impondrán costas en ambas instancias en contra de la
parte demandante, por cuanto se accede totalmente a las peticiones del recurso de
apelación. Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 de la misma norma, las
agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia
y las expensas serán liquidadas por la secretaría del Tribunal Administrativo de
Primera instancia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. REVOCAR la sentencia proferida el 25 de septiembre de 2.025 por el
Tribunal Administrativo de Santander y, en su lugar, negar las pretensiones.
Segundo. Se condena en costas en ambas instancias a la demandante, por lo
expuesto.
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Tercero. Ejecutoriada esta sentencia devolver el expediente al Tribunal de origen,
previas las anotaciones correspondientes.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior decisión fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de la
fecha.
LOS MAGISTRADOS,
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente
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