Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 20001-23-39-000-2020-00607-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 20001-23-39-000-2020-00607-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 20001-23-39-000-2020-00607-01
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
12 de agosto de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá, D.C., doce (12) de agosto dos mil veintiséis (2026)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 20001-23-39-000-2020-00607-01 (1174-2026)
Demandante: Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones.
Demandado: Aristides Saurith Maestre.
Tema: Solo motivos reales, objetivos y verificables, que pudieran
enmarcarse en un comportamiento criminal, justifican la
revocatoria sin el consentimiento del afectado / Procedencia del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra
acto revocado directamente por la administración. CONFIRMA
SENTENCIA.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
1. Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante,
contra la sentencia proferida el veinticuatro (24) de julio de dos mil veinticinco (2025)
por el Tribunal Administrativo del Cesar, por medio de la cual se negaron las
pretensiones.
ANTECEDENTES
2. La Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones instauró
demanda contra el señor Aristides Saurith Maestre en ejercicio del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), con el
fin de que se acceda a las siguientes:
PRETENSIONES
3. Que se declare la nulidad de la Resolución GNR 391378 del 02 de diciembre
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de 2015, por la cual se reconoció la pensión de invalidez a favor del demandado.
Como restablecimiento del derecho, se ordene el reintegro de lo pagado por concepto
de mesadas, retroactivo y salud, derivado del reconocimiento pensional, respecto del
período comprendido entre el 1 de diciembre de 2015 y el 31 de diciembre de 2019 1,
suma que asciende a $243’611.521, de forma indexada.
HECHOS
4. La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente
manera:
5. Que al demandado le fue reconocida pensión de invalidez mediante
Resolución GNR 391378 del 02 de diciembre de 2015, en cuantía de $4.019.909 a
partir del 1 de diciembre de 2015, con un total de 1590 semanas cotizadas, un IBL
de $5.359.878 y una tasa de remplazo del 75%, de conformidad con la Ley 860 de
2003 y para el estudio de la prestación se tuvo en cuenta el dictamen No.
2015103096EE del 25 de junio de 2015, que determinó una pérdida de capacidad
laboral del 57.36%, con fecha de estructuración del 13 de abril de 2015.
6. Que, dada la existencia de una investigación penal en contra de 206 personas
a las cuales Colpensiones reconoció pensión de invalidez —presuntamente con
documentación fraudulenta, sin que en verdad tuvieran derecho—, se dio apertura al
procedimiento especial administrativo No. 445-19, para verificar el derecho
prestacional.
7. Que, en el marco de la investigación administrativa, se solicitó a la Corporación
para el desarrollo de la seguridad social - CODESS, valorar la historia clínica que se
había tenido en cuenta para la calificación de pérdida de capacidad laboral que había
originado el reconocimiento y se concluyó que el porcentaje debió ser de 29,11%,
según el reporte que se citó en el hecho 5 de la demanda:
«(…) Afiliado con múltiples comorbilidades donde se evidencia que el dictamen
de calificación inicial presenta una evaluación de deficiencias con criterios que
están sobrevalorados, otorgando el mayor valor posible a cada factor principal.
Es importante destacar que para la presente calificación: No se determina
deficiencia del sistema auditivo, ya que no se cuenta con los criterios que exige
el manual para su evaluación: Se deberán realizar tres audiometrías, separadas
una de otro por lo menos una semana y teniendo en cuenta la indicación de
reposo auditivo de por lo menos 12 horas; de igual monera tampoco se cuenta
con dictamen de origen, que para la patología en particular es importante dado
la exposición a ruido ocupacional, No se determina deficiencia por gastritis no
especificada, ya que son diagnosticados en agosto del 2014 y no ha iniciado
1 Así lo indicó en la pretensión número 2 de la demanda. Descarga del Expediente digital. Archivo denominado
5_ED_02DEMANDACC_17970487.
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proceso de rehabilitación, y por ende no se pueden determinar secuelas. Fecha
de estructuración: 13/04/2015»2.
8. Que, con base en ese concepto, la Gerencia de Prevención del Fraude de
Colpensiones determinó que el reconocimiento se realizó a partir de información no
verídica, que no se ajustó a la realidad médica del ciudadano, por lo que, a través de
la Resolución SUB-331805 del 03 de diciembre de 2019, se revocó la Resolución
GNR 391378 del 02 de diciembre de 2015, por la que se reconocía la prestación, de
acuerdo con los artículos 19 de la Ley 797 de 2003, 243 de la Ley 1450 de 2011 y la
Resolución 555 del 2015 emitida por Colpensiones.
9. Que luego, mediante la Resolución SUB-18701 del 22 de enero de 2020, se
informó el valor girado con ocasión al reconocimiento pensional, por un total de
$243’611.521, por el periodo comprendido entre el 01 de diciembre de 2015 al 31 de
diciembre de 2019, a efectos de su reintegro.
NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN
10. En la demanda se citaron como vulneradas las leyes 100 de 1993, 860 de
2003, artículo 15, 12 de 2012 y el Acto Legislativo 01 de 2005. Como concepto de
violación sostuvo que el reconocimiento de la pensión de invalidez no se ajusta a los
requisitos de la normatividad aplicable, por lo que vulnera las disposiciones en las
que se funda, pues el dictamen de calificación de la pérdida de capacidad laboral,
sobre el cual se concedió la prestación, fue adulterado y sobrevalorado con la
finalidad de conseguir un beneficio económico que, en condiciones normales, no
podría concederse.
TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA
11. La demanda se admitió el 08 de abril de 2021, el demandado afirmó que, no
eran ciertos la mayoría de los hechos y que Colpensiones debió realizar una revisión
del estado de invalidez, pues en el procedimiento administrativo especial, el
beneficiario pensional no fue valorado medicamente.
12. Que de su historia clínica se evidencia operación de columna que, debido a
su labor había tenido que ser intervenido nuevamente en el 2011 y que actualmente
presentaba múltiples dolores y diagnósticos que, claramente, lo hacían acreedor de
la prestación. Propuso como excepción la de ilegalidad del acto administrativo que
revocó la Resolución GNR 391378 del 2 de diciembre de 2015.
2 Hecho 5 de la demanda. Descarga del Expediente digital. Archivo denominado
5_ED_02DEMANDACC_17970487.
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SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN
13. El Tribunal Administrativo del Cesar mediante sentencia del 24 de julio de
2.025 negó las pretensiones al considerar que, si bien dentro de la documentación
aportada en relación con la denuncia penal se había encontrado una carpeta con el
historial del señor Arístides Saurith Maestre ―hoy demandado― no podía
desconocerse que, al contrastarse la información con el expediente administrativo de
Colpensiones, se concluía claramente que el dictamen que dio origen a la pensión
de invalidez no fue emitido por la Junta Regional de Calificación del Cesar
―vinculada con la investigación penal―, sino por un médico laboral de
Colpensiones.
14. Que «(…) teniendo en cuenta que el soporte de la Resolución GNR 391378
del 2 de diciembre de 2015 fue el dictamen 2015103096EE de fecha 25 de junio de
2015 (…) no era posible oponer esa situación como constitutiva de fraude o indicativa
de mala fe del afiliado para revocar su derecho pensional y pretender el recobro de
lo pagado (…)3».
15. Que, de este modo, de las pruebas aportadas no era posible concluir que el
demandado hubiera incurrido en conducta fraudulenta alguna para la obtención de
su prestación y que, por esa razón, no lograba desvirtuarse la ilegalidad del acto
demandado ni la buena fe que revestía al demandado, pues su actuar no se enmarcó
en los supuestos señalados en las sentencias SU – 182 de 2019 y C – 835 de 2003,
por lo que la demandante no estaba habilitada para el recobro de las mesadas.
RECURSO DE APELACIÓN
16. Colpensiones interpuso recurso de apelación por considerar que el Tribunal
debió acceder a las pretensiones porque la prestación no se ajustaba al
ordenamiento y vulneraba el artículo 38 de la Ley 100 de 1993, la Ley 860 de 2003
y la sentencia de unificación No. 182 del 8 de mayo de 2019, pues en el auto de
cierre de la investigación administrativa especial se había determinado que el
dictamen de pérdida de capacidad laboral del demandado había sido sobrevalorado
con la única finalidad de conseguir un beneficio económico que, en condiciones
normales, no habría podido concederse.
17. Que los hallazgos de la investigación permitían inferir la existencia de
conductas asociadas a posibles delitos como estafa agravada, fraude procesal y
falsedad en documento público, circunstancias que ocasionaban un detrimento
patrimonial a la entidad y comprometían recursos destinados al sistema pensional.
Que, al ser así, era procedente acceder a las pretensiones de nulidad y el
restablecimiento del derecho pues, de lo contrario, se vulneraría la sostenibilidad del
3 Página 18 de la sentencia.
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sistema pensional.
TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA
18. El 09 de junio de 2026 se admitió el recurso de apelación. Las partes
guardaron silencio en esta etapa. El Ministerio Público emitió concepto4 en el cual
sostuvo que la decisión de primera instancia debía confirmarse porque no se acreditó
que el reconocimiento de la pensión hubiese sido obtenido mediante fraude, ni se
lograba desvirtuar la presunción de buena fe que ampara al beneficiario pensional,
puesto que las inconsistencias advertidas en el dictamen obedecían a divergencias
de carácter técnico, sin que existiera prueba alguna de la intervención del
beneficiario en su elaboración, alteración o eventual irregularidad.
19. Se decidirá la controversia, previas las siguientes,
CONSIDERACIONES
20. Corresponde a la Sala determinar si Colpensiones logró desvirtuar la
presunción de legalidad del acto administrativo demandado. En caso afirmativo,
definirá si debe ordenarse la devolución de las sumas recibidas por concepto de
mesadas, retroactivos y pagos de salud, al desvirtuarse la buena fe del beneficiario.
21. Para abordar el asunto propuesto resulta necesario, en atención a los
supuestos fácticos, realizar algunas precisiones previas con respecto a la
procedencia del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra
un acto administrativo que fue revocado directamente por la administración, con
fundamento en el artículo 19 de la Ley 797 de 2003.
Procedencia del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
contra el acto de reconocimiento pensional que fue revocado directamente por
la administración
22. Según los antecedentes del presente caso, se observa que la Resolución
demandada, por la cual Colpensiones reconoció la pensión de invalidez, fue
revocado unilateralmente por la entidad con fundamento en la prerrogativa
consagrada en el artículo 19 de la Ley 797 de 2003:
«(…) Artículo 19. Revocatoria de pensiones reconocidas irregularmente. Los
representantes legales de las instituciones de Seguridad Social o quienes
respondan por el pago o hayan reconocido o reconozcan prestaciones
económicas, deberán verificar de oficio el cumplimiento de los requisitos para la
adquisición del derecho y la legalidad de los documentos que sirvieron de soporte
4 Índice 08 de Samai.
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para obtener el reconocimiento y pago de la suma o prestación fija o periódica a
cargo del tesoro público, cuando quiera que exista motivos en razón de los cuales
pueda suponer que se reconoció indebidamente una pensión o una prestación
económica. En caso de comprobar el incumplimiento de los requisitos o que el
reconocimiento se hizo con base en documentación falsa, debe el funcionario
proceder a la revocatoria directa del acto administrativo aun sin el consentimiento
del particular y compulsar copias a las autoridades competentes (…)»
23. Por su parte en la sentencia C-835 de 2003 y luego en la SU 182 de 2019, la
Corte Constitucional explicó que tal facultad otorgada a la administración es
perfectamente válida en aras de proteger la objetividad, transparencia, moralidad y
eficacia que la función administrativa requiere en orden al correcto reconocimiento y
pago de las pensiones u otras prestaciones económicas propias del régimen de
seguridad social. No obstante, determinó que tal atribución solamente puede
ejercerse una sola vez, y durante su desarrollo, debe respetarse celosamente el
debido proceso administrativo, es decir, que se citen las personas que puedan estar
interesadas en las resultas de la actuación administrativa, con el objeto de que
puedan expresar sus opiniones, presentar pruebas, controvertir las que se alleguen
en su contra y en general, para defender sus derechos subjetivos.5
24. Por su parte, en la SU 182 de 2019, precisó el alcance del artículo 19 de la
Ley 797 de 2003 y complementó las conclusiones previas a las que se había llegado
en la sentencia C-835 de 2003:
«(…) (i) Solo son dignos de protección aquellos derechos que han sido
adquiridos con justo título. Según dispone el artículo 58 de la Carta Política, la
protección de los derechos adquiridos implica que su obtención se dio “con
arreglo a las leyes vigentes”. Los derechos que se obtienen irregularmente no
pueden aspirar a la misma protección e inmutabilidad de la que gozan los
derechos obtenidos con apego a la Ley.
(ii) La verificación oficiosa del cumplimiento de los requisitos
pensionales es un deber. Las administradoras de pensiones o quienes
respondan por el pago o hayan reconocido o reconozcan prestaciones
económicas, no solo están facultadas, sino que es su deber verificar de oficio, el
cumplimiento de los requisitos para la adquisición de un derecho prestacional.
Sin embargo, mientras no surjan nuevos motivos o causas fundadas de duda, no
puede la administración reabrir periódicamente investigaciones que afecten
derechos adquiridos, y propicien escenarios injustificados de inseguridad
jurídica.
(iii) Solo motivos reales, objetivos, trascendentes, y verificables, que
pudieran enmarcarse en un comportamiento criminal justifican la
revocatoria, sin el consentimiento del afectado. Con este criterio, la
jurisprudencia busca evitar que el ciudadano quede al arbitrio de la
administración. La simple sospecha, inconsistencias menores en el cumplimiento
5 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. Sentencia del 20 de enero de 2011. Exp. 25000-23-15-
000-2010-03304-01 C.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila.
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de los requisitos, o debates jurídicos alrededor de una norma, no habilitan el
mecanismo de la revocatoria unilateral. Estos motivos deben ser lo
suficientemente graves como para que pudieran enmarcarse en una conducta
penal.
(iv) No es necesario aportar una sentencia penal para desvirtuar la
buena fe del beneficiario de la pensión. Los supuestos que trae el artículo 19
de la Ley 797 de 2003 deben entenderse como el resultado de conductas u
omisiones especialmente graves, al punto que pudieran enmarcarse en algún
tipo penal; y no simplemente tratarse de discrepancias jurídicas, o
inconsistencias menores en el cumplimiento de los requisitos. Esto supone un
estándar alto de prueba a cargo de la administración, pero no implica una suerte
de prejudicialidad, que restrinja la actuación de la administración a la espera que
se produzca una sentencia penal condenatoria.
(v) Tampoco hace falta que el afiliado sea el que haya concertado o
inducido en error a la administración, pues el ordenamiento jurídico
sanciona a quién se aprovecha de estos escenarios. El cumplimiento de las
normas es un presupuesto básico del Estado social y democrático de derecho.
Actuar con rectitud y honestidad es una exigencia que se deriva del principio
general de la buena fe y que permite crear un ambiente de confianza mutuo,
imprescindible para el buen funcionamiento del sistema pensional. El orden
constitucional no protege la posición de quien pretende aprovecharse del error o
infortunio ajeno para obtener un beneficio particular.
(vi) Sujeción al debido proceso. La administración o autoridad competente
no puede suspender un derecho pensional, sin antes haber agotado un debido
proceso que garantice al afectado su defensa. En este proceso, la carga de la
prueba recae sobre la administración a quien corresponde desvirtuar la
presunción de buena fe que cobija al pensionado. Durante el mismo, debe
prestarse especial atención a los principios de la necesidad de la prueba, de la
publicidad y la contradicción. Frente a una “censura fundada” de la
administración, la carga de la prueba se traslada al afiliado.
(vii) El derecho fundamental al habeas data y la prueba supletiva de la
historia laboral. Tanto el empleador como las administradoras de pensiones son
las principales responsables de velar por la correcta expedición y custodia de los
certificados que den cuenta fielmente de la trayectoria laboral de una persona.
Pero, teniendo en cuenta que aún subsisten fallas en el manejo de la información,
las administradoras de pensiones no pueden, sin más, modificar la historia
laboral de un afiliado, salvo que cuenten con una “justificación bien razonada” y
sujeta a un debido proceso. El afiliado, por su parte, está en el derecho de
controvertir el dictamen de la administración, y para ello podrá hacer uso de los
medios supletivos de prueba a su alcance. El análisis del nivel de certeza que
ofrecen estos medios alternos deberá hacerse caso a caso, y teniendo en cuenta,
también, que la tutela no es el escenario para adelantar un examen probatorio a
fondo, ni reemplaza la competencia del juez ordinario, quien tiene la palabra
definitiva.
(viii) El procedimiento administrativo de revocatoria no debe entenderse
como un escenario puramente adversarial. Ateniendo las fallas históricas en
el manejo de la información laboral, y considerando que el trabajador es la parte
débil del sistema, las administradoras de pensiones no pueden asumir el
procedimiento de revocatoria como una instancia meramente adversarial. Están
obligadas a utilizar sus competencias de investigación e inspección, incluso de
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oficio, para corroborar o desestimar los argumentos y pruebas que ponga de
presente el trabajador. En caso de que el afiliado allegue algún medio de prueba
que soporte razonablemente su versión, no se podrá revocar su derecho, hasta
tanto la administración agote los medios a su alcance para verificar las pruebas
e intentar aproximarse a la realidad fáctica de lo sucedido.
(ix) Efectos de la revocatoria. La revocatoria directa solo tiene efectos
hacia el futuro (ex nunc). La administración no puede recuperar los dineros que
haya girado en una maniobra fraudulenta a través de este mecanismo, sino que
debe acudir al juez administrativo, quién sí es competente para retrotraer todas
las consecuencias que ocasionó un acto administrativo contrario a derecho.
(x) Alcance de la revocatoria y recurso judicial. La revocatoria unilateral
es un mecanismo de control excepcional promovido por la propia administración.
Esta no resuelve definitivamente sobre la legalidad de un acto administrativo, ni
tiene la competencia para expulsar del ordenamiento un acto pensional y
retrotraer sus efectos. Tanto la administración como los particulares podrán
acudir ante el juez competente para resolver de forma definitiva las diferencias
que surjan en torno a un reconocimiento pensional (…)6» (Subrayas de la Sala).
25. Dichos parámetros se comparten por esta Subsección7, y por tanto, como los
efectos que tiene la revocatoria de que trata el artículo 19 de la Ley 797 de 2003, son
hacia futuro (ex nunc) y dicha decisión no implica un juicio de legalidad respecto del
acto administrativo de reconocimiento pensional, resulta procedente que tanto los
particulares, como la administración, puedan acudir ante el juez administrativo a
través del medio de control previsto en el artículo 138 del CPACA, para cuestionar la
legalidad del acto que concedió la prestación.
26. Así, para el caso de las entidades, pueden pretender además de la nulidad del
acto de reconocimiento pensional, la recuperación de los dineros que hayan sido
girados por una maniobra fraudulenta.
Resolución del caso concreto
27. Para la Subsección los argumentos de la apelación no deben prosperar
porque, tal como lo consideró el tribunal, en el curso del proceso Colpensiones no
logró desvirtuar la presunción de buena fe del beneficiario pensional y, por ende,
tampoco la legalidad del acto acusado. Veamos:
28. La investigación administrativa especial No. 445-19 por la que se indagó sobre
la certeza del derecho prestacional, se inició con ocasión del proceso penal que
cursaba ante la Fiscalía 12 Seccional de Valledupar con radicado SPOA No.
200016008792201600014, en la que se dio cuenta de la presunta existencia de una
6 Corte Constitucional. Sentencia SU 182 de 2019. M.P. José Fernando Reyes Cuartas.
7 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 23 de mayo de 2024. Exp. 25000-23-42-
000-2020-00544-01 (5403-2022). C.P. Jorge Iván Duque Gutiérrez.
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organización que operó en el departamento del Cesar, mediante la cual, al parecer,
se gestaron de forma fraudulenta actuaciones que dieron lugar al reconocimiento de
prestaciones económicas de invalidez, sin el lleno de los requisitos8.
29. Sin embargo, en dicho procedimiento no se observa ningún esfuerzo en
demostrar que los hechos del caso que hoy se analiza estuvieron realmente ligados
con los que fueron objeto de la investigación penal, pues lo que se evidencia es que
Colpensiones, al observar que la Junta Regional de Calificación de Invalidez del
Cesar había emitido dictamen No. 4581 con fecha del 23 de octubre de 2014,
evaluando al hoy demandado, asumió que por el solo hecho de tratarse de una
pensión de invalidez, era altamente probable que ese beneficiario pensional también
hubiese hecho parte de las personas que supuestamente participaron en las
actuaciones fraudulentas.
30. Sin embargo, es importante destacar que, si bien ese era un supuesto
probable, le correspondía a Colpensiones verificar que, en efecto, para el caso en
concreto, sí se había consumado el fraude. Lo cual no sucedió.
31. La entidad demandante pasó por alto que ese dictamen ―que le preocupaba
por tratarse de la Junta implicada penalmente― fue emitido el 23 de octubre de 2014
con un porcentaje de pérdida de capacidad laboral del 21,71%9 y que,
posteriormente, al resolverse una nueva solicitud, fue el mismo Colpensiones quien
emitió dictamen de pérdida de capacidad laboral No. 2015103096EE del 25 de junio
de 2015, es decir, 8 meses después del de la Junta del Cesar y, en esta segunda
oportunidad ese dictamen sí configuró el porcentaje requerido para acceder al
derecho prestacional10.
32. Se observa, además, que en la Resolución SUB-331805 del 03 de diciembre
de 201911, por la que se revocó la Resolución GNR 391378 del 02 de diciembre de
2015 que concedía la prestación, tampoco se realizó valoración probatoria alguna
que lograra demostrar el nexo causal entre los hechos que dieron lugar a la
investigación penal y el reconocimiento pensional revocado, pues la única razón en
la que Colpensiones se basó para justificar la revocatoria fue la evaluación elaborada
por la Corporación para el desarrollo se la seguridad social – CODESS12 en el que
se le calificó en 29,11%; sin embargo, se destaca que la misma entidad demandante
indicó que dicho documento no era un peritaje ni una calificación de pérdida de
capacidad laboral, por lo que no puede considerarse, bajo ningún entendido, que
8Descarga del Expediente digital. Auto de apertura de la investigación especial administrativa. Archivo
denominado 119_RECEPCIONDEMEMORIAL_GENDOADA2019_9964.
9Descarga del Expediente digital. Auto de apertura de la investigación especial administrativa. Archivo
denominado 182_RECEPCIONDEMEMORIAL_GENREQIN2021_1050. Páginas 57 a
10 Descarga del Expediente digital. Auto de apertura de la investigación especial administrativa. Archivo
denominado 182_RECEPCIONDEMEMORIAL_GENREQIN2021_1050. Páginas 52 a 56.
11 Descarga del Expediente digital. Auto de apertura de la investigación especial administrativa. Archivo
denominado 223_RECEPCIONDEMEMORIAL_GJRSCEAF2023_6355. Páginas 13 a 25.
12 Hecho 5 de la demanda. Descarga del Expediente digital. Archivo denominado
5_ED_02DEMANDACC_17970487.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
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Radicación: 20001-23-39-000-2020-00607-01 (1174-2026)
pueda tener la virtualidad de dejar sin efecto, o poner en tela de juicio, el dictamen
No. 2015103096EE del 25 de junio de 2015.
33. En relación con la naturaleza del estudio realizado por la Corporación para el
desarrollo se la seguridad social, Colpensiones precisó:
«(…) Sea lo primero poner de presente que el Informe Técnico emitido por la
CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA SEGURIDAD SOCIAL –
CODESS no es una calificación de la pérdida de capacidad laboral, tal como
lo contempla el artículo 41 de la Ley 100 de 1993, se trata de un concepto técnico
que verifica la documentación aportada por el afiliado al momento de iniciar el
trámite de Pérdida de Capacidad Laboral.
Adicionalmente, nos permitimos informar que el referido informe no
corresponde a un peritaje, teniendo en cuenta que el trámite establecido en
el artículo 41 de la Ley 100 de 1993 es el único procedimiento legal paras la
calificación del Estado de Invalidez de un afiliado al Régimen General de
Pensiones (…)»13
34. De este modo, tal como lo explicó el tribunal, del material probatorio se
evidencia que el dictamen que dio vida al reconocimiento pensional que hoy se
demanda, no fue emitido por la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Cesar
sino el emitido por la misma entidad demandante. Se cita el comunicado y el aparte
del expediente en donde reposa dicha prueba:
«(…) En atención a su solicitud de Calificación de Pérdida de Capacidad
Laboral (PCL) a COLPENSIONES dando cumplimiento al artículo 142 del
Decreto Ley 019 de 2012 le informamos que el Grupo Médico Laboral de
COLPENSIONES le determinó en primera oportunidad una pérdida de
capacidad laboral de 57.36% de origen ENFERMEDAD y riesgo COMUN y
Fecha de Estructuración lunes, 13 de abril de 2015, según los criterios
establecidos en el Manual Único para la calificación de la Invalidez adoptado por
Decreto 1507 de 2014. (…)»14 (Negrillas y subrayas de la Sala).
35. Esto quiere decir que Colpensiones no verificó que, para el caso que se
estudia, el reconocimiento no lo determinó la Junta Regional de Calificación de
Invalidez del cesar ―cuestionada en la denuncia penal― sino que fue Colpensiones
quien elaboró el dictamen pericial; razón por la que se queda sin sustento la
investigación administrativa especial, y la demanda misma, al romperse el eventual
nexo causal que habría podido existir entre el dictamen que dio origen a la prestación
y los hechos objeto de denuncia penal.
36. De este modo, concluye la Sala que —tal como fue considerado por el
Tribunal—Colpensiones adoptó la decisión de revocar directamente el
reconocimiento prestacional, yendo en contravía de la sentencia de unificación 182
13 Descarga del Expediente digital. Auto de apertura de la investigación especial administrativa. Archivo
denominado 102_RECEPCIONDEMEMORIAL_GENCOMSA2020_2114_Indice_43
14 Descarga del Expediente digital. Auto de apertura de la investigación especial administrativa. Archivo
denominado 182_RECEPCIONDEMEMORIAL_GENREQIN2021_1050. Páginas 52 a 56.
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Radicación: 20001-23-39-000-2020-00607-01 (1174-2026)
de 2019, según la cual la Corte Constitucional indicó que para que se pudiera llevar
a cabo dicha potestad, se requiere, necesariamente, contar con motivos reales,
objetivos, trascendentes, y verificables, que se enmarcaran en un comportamiento
criminal, pues no bastaba con la existencia de indicios, dado que no se podía dejar
el ciudadano al arbitrio de la administración.
37. Se considera que, así como lo indicó la Corte, la simple sospecha por
inconsistencias menores en el cumplimiento de los requisitos, no habilitan el
mecanismo de la revocatoria unilateral, pues los motivos deben ser lo
suficientemente graves como para que puedan enmarcarse en una conducta penal y
comprobados —en esa sede administrativa—, para que sea procedente ejercer esa
potestad. Así lo ha sostenido esta sala de decisión, en las sentencias del 23 de mayo
de 2024 y 14 de mayo de 202615.
38. En efecto, el anterior recuento probatorio deja sin sustento lo planteado por
Colpensiones contra la Sentencia de prima instancia, porque quedó claro que no se
trató de un reconocimiento a partir de información fraudulenta allegada por el
demandado, sino de uno basado en historial clínico que da cuenta de las patologías
de base que tenía desde años atrás, el demandado16.
39. En consecuencia, el Tribunal también acertó al determinar que con los
elementos probatorios obrantes en el expediente no lograba desvirtuarse la
presunción de buena fe y, tampoco, la legalidad del acto demandado, dado que no
se advierte prueba que demuestre fraude, maniobras o actos ilegales en el actuar del
beneficiario pensional.
40. De acuerdo con lo anotado, al no prosperar el recurso de apelación, la
Subsección confirmará la providencia de primera instancia en cuanto negó las
pretensiones de la demanda.
41. Por último, se precisa que la circunstancia de no haberse desvirtuado la
legalidad de la Resolución GNR 391378 del 02 de diciembre de 2015, a través de la
cual se reconoció la pensión de invalidez, no revive el derecho que fue revocado de
manera unilateral por Colpensiones en la Resolución SUB-331805 del 03 de
diciembre de 201917, pues el acto de revocatoria goza de presunción de legalidad y
15 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Expedientes: 25000-23-42-000-2020-00544-01 (5403-
2022), 68001-23-33-000-2020-00779-01 (0205-2025) y 68001-23-33-000-2020-00752-01 (0274-2026) C.P. Jorge
Iván Duque Gutiérrez.
16 Tal como se observa de la valoración realizada en el dictamen pericial emitido por Colpensiones que dio origen
al derecho prestacional y del historial clínico completo aportado al expediente. Descarga del Expediente digital.
Archivos denominados: 96_RECEPCIONDEMEMORIAL_GENCOMRE2019_1111 y
222_RECEPCIONDEMEMORIAL_GJRNOTAF2023_1120.
17 La Corte Constitucional en la sentencia SU-182 de 2019, manifestó que este mecanismo excepcional: i) no
resuelve definitivamente sobre la legalidad del acto administrativo, ii) la entidad no tiene la competencia para
expulsar del ordenamiento jurídico un acto pensional y, iii) tampoco tiene la facultad de retrotraer los efectos
derivados del reconocimiento pensional.
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Radicación: 20001-23-39-000-2020-00607-01 (1174-2026)
ello no fue objeto de debate en este proceso. Así también lo ha dispuesto esta Sala
de decisión en la sentencia del 2 de octubre de 202418 y del 14 de mayo de 2026.19
De la condena en costas en segunda instancia.
42. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la
Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta corporación
frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una lectura
armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna manera
significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta materia.
43. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente
de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público;
creando así una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha
imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos,
como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo
dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la
sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el proceso.
44. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación
y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGPP teniendo en cuenta la
remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
45. En consecuencia, se impondrán costas a Colpensiones, en esta instancia, por
cuanto se niegan totalmente las peticiones del recurso de apelación. Para el efecto,
de conformidad con el artículo 366 de la misma norma, las agencias en derecho
serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán
liquidadas por la secretaría del Tribunal Administrativo de Primera instancia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. CONFIRMAR la sentencia proferida el 24 de julio de 2.025 por el Tribunal
Administrativo del Cesar, por los motivos expuestos.
En cuanto a los efectos de la revocatoria, manifestó que solo tiene efectos hacia el futuro (ex nunc). La
administración no puede recuperar los dineros que haya girado, sino que debe acudir al juez administrativo, quién
sí es competente para retrotraer todas las consecuencias que ocasionó un acto administrativo contrario a
derecho.
18 Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia del 2 de octubre de 2024. Exp: 68001-23-33-
000-2021-00399-01 (0367-2023). C.P: Jorge Iván Duque Gutiérrez.
19 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Expedientes: 25000-23-42-000-2020-00544-01 (5403-
2022), 68001-23-33-000-2020-00779-01 (0205-2025) y 68001-23-33-000-2020-00752-01 (0274-2026) C.P. Jorge
Iván Duque Gutiérrez.
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Radicación: 20001-23-39-000-2020-00607-01 (1174-2026)
Segundo. Se condena a Colpensiones en costas de segunda instancia por las
razones explicadas.
Tercero. Ejecutoriada esta sentencia devolver el expediente al Tribunal de origen,
previas las anotaciones correspondientes.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior decisión fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de la
fecha.
LOS MAGISTRADOS,
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente
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