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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2020-00544-01

Fecha
23 de mayo de 2024
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez
Citada por
4 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2020-00544-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Confirmar la sentencia proferida el trece (13) de mayo de dos mil veintidós (2022) por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, en el proceso promovido por la Administradora Colombiana de Pensiones contra Lina Gabriela Pulido Galindo, que negó las pretensiones. Segundo. Sin condena en costas de segunda instancia. Tercero. En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen, previo a realizar las anotaciones correspondientes en el sistema SAMAI.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2020-00544-01

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

23 de mayo de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá, D. C., veintitrés (23) de mayo de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 25000-23-42-000-2020-00544-01 (5403-2022)
Demandante: Administradora Colombiana de Pensiones
Demandado: Lina Gabriela Pulido Galindo

Temas: Procedencia del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho contra acto revocado directamente por la administración. El
deber de custodia de la información laboral. CONFIRMA
SENTENCIA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, contra la
sentencia proferida el trece (13) de mayo de dos mil veintidós (2022) por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, que negó las
pretensiones.
ANTECEDENTES

Colpensiones instauró demanda contra la señora Lina Gabriela Pulido Galindo, en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en
el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (CPACA), con el fin de que se acceda a las siguientes:

PRETENSIONES

Que se declare la nulidad de la Resolución GNR 365260 del 13 de octubre de 2014,
proferida por Colpensiones, que reconoció una pensión en virtud del Decreto 758 de
1990 con una tasa de remplazo del 84%, en cuantía de $1.179.367, efectiva a partir del
1° de junio de 2014.

A título de restablecimiento del derecho, que se ordene a la demandada reintegrar
debidamente indexados, la totalidad de los valores cancelados por concepto de
mesadas pensionales y retroactivo.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57) 601-350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 25000-23-42-000-2020-00544-01 (5403-2022)

HECHOS

La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:

Que a través de Resolución GNR 365260 del 13 de octubre de 2014, se reconoció una
pensión a la señora Lina Gabriela Pulido Galindo.

Que el gerente de prevención del fraude en virtud del auto de cierre 2573 del 17 de
noviembre de 2017 manifestó que la corrección de la historia laboral efectuada el 17 de
julio de 2014 se hizo sin existir una solicitud. Es decir, se realizó sin justificación o
soporte alguno.

Que las modificaciones efectuadas están asociadas con el patronal 01006300805 que
corresponde al Instituto de Seguros Social, para los periodos comprendidos entre el
04/1985 a 01/1990, 09/1990 a 06/1992, sin embargo, que no se cuentan con soporte
de cotizaciones reportadas por dichos periodos.

Que la finalidad de dicha modificación fue obtener el reconocimiento de la prestación a
través de la Resolución GNR 365260 del 13 de octubre de 2014, determinando que
aparentemente se configuran los delitos de falsedad material en documento público,
estafa agravada, acceso abusivo a sistema informático, violación de datos personales
y concierto para delinquir, los cuales generaron un detrimento patrimonial de los
recursos públicos que administra la entidad y la confianza de los afiliados.

Que se comunicó a la señora Lina Gabriela Pulido Galindo, el inicio de la investigación
administrativa especial adelantada, quien allegó soportes asociados «copias de varios
carnets y desprendibles de pago con los cuales se acreditan periodos diferentes a los
que están en investigación. Es decir, no aportó prueba sumaria respecto a los periodos
incluidos en su historia laboral».

Que mediante Resolución 22529 del 26 de enero de 2018, se revocó en todas sus
partes la GNR 365260 del 13 de octubre de 2014 con base en el auto de cierre 2573
del 17 de noviembre de 2017.

Que a través de la Resolución SUB 23999 del 29 de enero de 2018, se ordenó a la
señora Lina Gabriela Pulido Galindo el reintegro de los valores cancelados por concepto
de mesadas pensionales, retroactivo pensional y aportes en salud, ascendiendo a la
suma de $61.678.097 correspondientes al período del 1° de junio de 2014 al 30 de
enero de 2018.

NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN

Citó como vulneradas la Constitución Política y artículos 33, 34, 35 y 36 Ley 100 de
1993.

Sostuvo que una vez verificados los tiempos laborados o evidenciados en el expediente

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pensional, se observó que existieron hechos de fraude para el reconocimiento de la
prestación, consistente en periodos incluidos fraudulentamente en la historia laboral de
la afiliada, induciendo a error a la administración aportando un documento
presuntamente falso para adquirir el derecho pensional.

TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA

La demanda fue admitida el 21 de abril de 2012 y notificada a la pensionada, quien se
opuso a las pretensiones, indicando que, Colpensiones en forma arbitraria y sin los
suficientes medios probatorios, en abierta desviación de poder y con violación al
contenido del artículo 97 del CPACA dio por hecho, que había efectuado fraude para
obtener la pensión y le endilgó una conducta de la cual no tenía necesidad, pues
contaba con el tiempo suficiente para acceder al derecho pensional, pues incluso
empezó a laboral a la edad de 16 años (siendo aún menor de edad y con tarjeta de
identidad), en la CAJA SECC CUND SEG SOCIALES, desde 24/12/1973, 11/01/74 y
así sucesivamente hasta 05/05/2014, cuando desempeñó su último cargo, como
trabajador independiente.

Que el 25 de mayo de 2012, presentó solicitud de corrección por los periodos de
septiembre/1990 a junio /1992, sin embargo, la anterior administradora del régimen de
Prima Media ISS, nunca contestó de fondo la solicitud.

Que Colpensiones no ha demostrado la culpabilidad que se imputa dentro de la
investigación por el fraude a la Administración Pública. Que en su contra no existe,
sindicación directa ni indiciaria que permita atribuirle responsabilidad administrativa y
aún menos penal. Afirma que lo que realmente sucedió fue que la base de datos de la
entidad es errónea y pudo ser manipulada de forma extraña, pero eso no le es
imputable.

Que Colpensiones profirió la Resolución SUB 24617 del 3 de febrero de 2021, por
medio de la cual se resuelve un trámite de prestación en el régimen de prima media
con prestación definida (vejez ordinaria) en la que ordenó reconocer nuevamente la
pensión a la demandada, la cual ya está disfrutando.

El 6 de septiembre de 2021 se prescindió de la audiencia inicial y se corrió traslado
para alegar de conclusión para posteriormente proferir sentencia anticipada.

SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las pretensiones indicando que la
señora Lina Gabriela Pulido Galindo mantuvo una relación laboral con el Instituto de los
Seguros Sociales, en algunos de los tiempos respecto de los cuales reclamó la
corrección de su historia laboral, y sobre los que la entidad cuestionó por la inexistencia
de soportes que demuestren el pago de los respectivos aportes.

Que la actora allegó ante la entidad como respuesta al requerimiento y apertura de la

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investigación administrativa un reporte (tarjeta de kardex) expedido por la entidad
empleadora, Instituto de los Seguros Sociales, en el que entre otros tiempos, se
relacionó que prestó sus servicios como asistente de odontología desde junio de 1990
al 3 de diciembre de 1990, diciembre de 1990 al 25 de abril de 1991, y mayo de 1991
al 20 de mayo de 1992. Que el hecho de que no se cuente con los aportes por parte
del empleador1 de ningún modo implica que dichos tiempos no hayan sido laborados,
máxime cuando al proceso no se allegaron la totalidad de las planillas que registran
pagos relacionados con los aportes de los empleados y trabajadores de los tiempos
debatidos, sino solamente algunas de ellas.

Que los incumplimientos por parte del empleador2 y de la accionante (antes el Instituto
de los Seguros Sociales)3, no pueden ser atribuidos a la parte accionada, quien
constituye la parte más débil.

Que está acreditado que la señora Lina Gabriela Pulido Galindo solicitó en reiteradas
ocasiones al Instituto de los Seguros Sociales la expedición de dichas certificaciones
laborales y que en su respuesta le manifestó que se encontraba en búsqueda y gestión
de los documentos, sin que al parecer le fuera dada una respuesta de fondo y clara,
motivo por el cual no se puede desconocer la situación de desventaja en la que se
encontraba, pues hasta para la misma entidad empleadora la búsqueda de tal
información implicó un reto.

RECURSO DE APELACIÓN

Colpensiones apeló insistiendo en que luego de la revisión del acto administrativo de
reconocimiento de la pensión de vejez y de las pruebas que obran en el expediente
pensional, se concluyó que la señora Lina Gabriela Pulido Galindo, no tiene derecho a
la prestación, toda vez que dicho trámite se realizó a partir de información no verídica.

Insiste en que en la actuación administrativa que reconoció la pensión se tuvieron en
cuenta períodos incluidos fraudulentamente en la historia laboral de la afiliada,
induciendo en error a la administración por aportar documentación presuntamente falsa
para adquirir el beneficio de una prestación económica que no debió tener lugar.

Que a través de la investigación administrativa especial se ha logrado determinar que,
con los antecedentes que fueron objeto de análisis y validación relacionados con el
presente caso, se han configurado presuntamente hechos que se enmarcan en
tipologías penales como falsedad material en documento público, estafa agravada,
acceso abusivo a sistema informático, violación de datos personales y concierto para
delinquir, situaciones que la afectan pues se genera un detrimento patrimonial de los

1 El reporte de la historia laboral se evidencia que no se encuentran relacionados los ciclos de abril de 1985 a enero
de 1989, enero de 1990, y de septiembre de 1990 a junio de 1992.
2 En reportar la existencia de una relación laboral con la accionada y en efectuar los aportes a pensión durante el
tiempo en el que esta duró, incluyendo los posibles intervalos o interrupciones que se hayan presentado, así como
también el incumplimiento.
3 En ejercer su labor de vigilancia, control y cobro de los aportes, así como también de custodiar, conservar y
salvaguardar la información relacionada con los aportes y cotizaciones, y de consignar información cierta, precisa,
fidedigna y actualizada en las historias laborales.

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recursos públicos que se ve materializada con el reconocimiento de un derecho
obtenido de forma fraudulenta.

TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

Mediante auto del 13 de octubre de 2022 se admitió el recurso, y por no haber pruebas
que decretar no se hizo necesario otorgar el término de traslado para alegar, de
conformidad con lo establecido en el numeral 5 del artículo 247 del CPACA, modificado
por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021.

Las partes y el señor agente del Ministerio Público guardaron silencio.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

La Sala debe determinar si Colpensiones logró desvirtuar la presunción de legalidad
del acto administrativo a través del cual se reconoció la pensión de vejez a la señora
Lina Gabriela Pulido Galindo y si hay lugar a la devolución de los dineros pagados.

Para abordar el asunto propuesto resulta necesario, en atención a los supuestos
fácticos, realizar algunas precisiones previas con respecto a la procedencia del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra un acto administrativo que
fue revocado directamente por la administración con fundamento en el artículo 19 de la
Ley 797 de 2003.

Procedencia del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
contra el acto de reconocimiento pensional que fue revocado directamente por la
administración

Según los antecedentes del presente caso, se tiene lo siguiente:

• Mediante Resolución GNR 365260 del 13 de octubre de 2014, acto del cual se busca
su nulidad, Colpensiones reconoció una pensión de vejez a la señora Lina Gabriela
Pulido Galindo con fundamento en el Decreto 758 de 1990, al haber acreditado un total
de 8.197 días laborados correspondientes a 1.171 semanas y tener 57 años.

• El 26 de enero de 2018, por Resolución SUB 22529 Colpensiones, revocó el acto
administrativo de reconocimiento pensional. Dispuso en la parte resolutiva:

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Revocar en todas y cada una de sus partes, la Resolución
GNR365260 del 13 de octubre de 2014 por medio de la cual se reconoció una pensión
de vejez a favor de la señora PULIDO GALINDO LINA GABRIELA, identificado(a) con
CC No. 41,787,473, con base en el auto de cierre No. 2573 del 17 de noviembre de
2017, proferido dentro de la investigación administrativa especial No. 206-2016 dentro
del expediente de la señora PULIDO GALINDO LINA GABRIELA, identificado(a) con
CC No. 41,787,473, llevada a cabo por la Dirección de Prevención del Fraude facultada
por el artículo 19 de la Ley 797 de 2003 y el artículo 243 de la Ley 1450 de 2011 y la

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resolución 555 de 2015, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva
de la presente resolución.

Como se observa, el acto administrativo a través del cual Colpensiones reconoció la
pensión de vejez a la señora Pulido Galindo, fue revocado unilateralmente por la
entidad con fundamento en la prerrogativa consagrada en el artículo 19 de la Ley 797
de 2003, dicha preceptiva dice:

Artículo 19. Revocatoria de pensiones reconocidas irregularmente. Los representantes
legales de las instituciones de Seguridad Social o quienes respondan por el pago o hayan
reconocido o reconozcan prestaciones económicas, deberán verificar de oficio el
cumplimiento de los requisitos para la adquisición del derecho y la legalidad de los
documentos que sirvieron de soporte para obtener el reconocimiento y pago de la suma
o prestación fija o periódica a cargo del tesoro público, cuando quiera que exista motivos
en razón de los cuales pueda suponer que se reconoció indebidamente una pensión o
una prestación económica. En caso de comprobar el incumplimiento de los requisitos o
que el reconocimiento se hizo con base en documentación falsa, debe el funcionario
proceder a la revocatoria directa del acto administrativo aun sin el consentimiento del
particular y compulsar copias a las autoridades competentes

Por su parte en la sentencia C-835 de 2003, la Corte Constitucional estableció que tal
facultad otorgada a la administración, es perfectamente válida en aras de proteger la
objetividad, transparencia, moralidad y eficacia que la función administrativa requiere
en orden al correcto reconocimiento y pago de las pensiones u otras prestaciones
económicas propias del régimen de seguridad social, no obstante, determinó que tal
atribución solamente puede ejercerse una sola vez, y durante su desarrollo debe
respetarse celosamente el debido proceso administrativo, es decir, que se citen las
personas que puedan estar interesadas en las resultas de la actuación administrativa,
con el objeto de que puedan expresar sus opiniones, presentar pruebas, controvertir
las que se alleguen en su contra y en general, para defender sus derechos subjetivos.4

Ahora, luego de realizar estas precisiones sobre la figura de la revocatoria directa,
resulta importante puntualizar que el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho resulta procedente contra los actos que ya fueron revocados unilateralmente
por la administración, porque tal como lo sostuvo la Corte Constitucional en la sentencia
SU-182 de 2019, este mecanismo excepcional: i) no resuelve definitivamente sobre la
legalidad del acto administrativo, ii) la entidad no tiene la competencia para expulsar
del ordenamiento jurídico un acto pensional y, iii) tampoco tiene la facultad de retrotraer
los efectos derivados del reconocimiento pensional.

La Corte Constitucional en la Sentencia de unificación ya referida, no solo precisó el
alcance del artículo 19 de la Ley 797 de 2003 sino que además reiteró los principios y
criterios trazados por la Sentencia C-835 de 2003 a través de la cual se estudió la
constitucionalidad de la misma norma. Los parámetros de unificación que se trazaron
en la decisión son los siguientes:

(i) Solo son dignos de protección aquellos derechos que han sido adquiridos con

4 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 20 de enero de 2011 radicado 25000-23-15-

000-2010-03304-01 (AC).

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justo título. Según dispone el artículo 58 de la Carta Política, la protección de los
derechos adquiridos, implica que su obtención se dio “con arreglo a las leyes vigentes”.
Los derechos que se obtienen irregularmente no pueden aspirar a la misma protección
e inmutabilidad de la que gozan los derechos obtenidos con apego a la Ley5.

(ii) La verificación oficiosa del cumplimiento de los requisitos pensionales es un
deber. Las administradoras de pensiones o quienes respondan por el pago o hayan
reconocido o reconozcan prestaciones económicas, no solo están facultadas, sino
que es su deber verificar de oficio, el cumplimiento de los requisitos para la
adquisición de un derecho prestacional. Sin embargo, mientras no surjan nuevos
motivos o causas fundadas de duda, no puede la administración reabrir
periódicamente investigaciones que afecten derechos adquiridos, y propicien
escenarios injustificados de inseguridad jurídica6.

(iii) Solo motivos reales, objetivos, trascendentes, y verificables, que pudieran
enmarcarse en un comportamiento criminal justifican la revocatoria, sin el
consentimiento del afectado. Con este criterio, la jurisprudencia busca evitar que
el ciudadano quede al arbitrio de la administración. La simple sospecha,
inconsistencias menores en el cumplimiento de los requisitos, o debates jurídicos
alrededor de una norma, no habilitan el mecanismo de la revocatoria unilateral7.
Estos motivos deben ser lo suficientemente graves como para que pudieran
enmarcarse en una conducta penal8.

(iv) No es necesario aportar una sentencia penal para desvirtuar la buena fe del
beneficiario de la pensión. Los supuestos que trae el artículo 19 de la Ley 797 de
2003 deben entenderse como el resultado de conductas u omisiones especialmente
graves, al punto que pudieran enmarcarse en algún tipo penal; y no simplemente
tratarse de discrepancias jurídicas, o inconsistencias menores en el cumplimiento de
los requisitos9. Esto supone un estándar alto de prueba a cargo de la administración,
pero no implica una suerte de prejudicialidad, que restrinja la actuación de la
administración a la espera que se produzca una sentencia penal condenatoria.

(v) Tampoco hace falta que el afiliado sea el que haya concertado o inducido en
error a la administración, pues el ordenamiento jurídico sanciona a quién se
aprovecha de estos escenarios. El cumplimiento de las normas es un presupuesto
básico del Estado social y democrático de derecho. Actuar con rectitud y honestidad
es una exigencia que se deriva del principio general de la buena fe y que permite
crear un ambiente de confianza mutuo, imprescindible para el buen funcionamiento
del sistema pensional. El orden constitucional no protege la posición de quien
pretende aprovecharse del error o infortunio ajeno para obtener un beneficio
particular10.

(vi) Sujeción al debido proceso. La administración o autoridad competente no puede
suspender un derecho pensional, sin antes haber agotado un debido proceso que
garantice al afectado su defensa. En este proceso, la carga de la prueba recae sobre
la administración a quien corresponde desvirtuar la presunción de buena fe que cobija
al pensionado. Durante el mismo, debe prestarse especial atención a los principios
de la necesidad de la prueba, de la publicidad y la contradicción11. Frente a una

5 Constitución Política. Art. 58. Sentencias T-639 de 1996 MP. Vladimiro Naranjo; C-672 de 2001. MP. Álvaro Tafur

Galvis; C-1007 de 2002. MP. Clara Inés Vargas; C-835 de 2003 MP. Jaime Araujo; SU-240 de 2015. MP. Martha
Victoria Sáchica.
6 Sentencia C-835 de 2003 MP. Jaime Araujo.
7 Sentencias T-347 de 1994. MP. Antonio Barrera Carbonell y T-611 de 1997. MP. Hernando Herrera.
8 Sentencia C-835 de 2003 MP. Jaime Araujo.
9 Sentencias C-835 de 2003 MP. Jaime Araujo; y T-479 de 2017. MP. Cristina Pardo Schlessinger.
10 Constitución Política, Arts. 1, 83 y 95. Sentencia SU-240 de 2015. MP. Martha Victoria Sáchica.
11 Sentencia C-835 de 2003. MP. Jaime Araujo.

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“censura fundada”12 de la administración, la carga de la prueba se traslada al afiliado.

(vii) El derecho fundamental al habeas data y la prueba supletiva de la historia
laboral. Tanto el empleador13 como las administradoras de pensiones14 son las
principales responsables de velar por la correcta expedición y custodia de los
certificados que den cuenta fielmente de la trayectoria laboral de una persona. Pero,
teniendo en cuenta que aún subsisten fallas en el manejo de la información, las
administradoras de pensiones no pueden, sin más, modificar la historia laboral de un
afiliado, salvo que cuenten con una “justificación bien razonada”15 y sujeta a un
debido proceso. El afiliado, por su parte, está en el derecho de controvertir el
dictamen de la administración, y para ello podrá hacer uso de los medios supletivos
de prueba a su alcance. El análisis del nivel de certeza que ofrecen estos medios
alternos deberá hacerse caso a caso, y teniendo en cuenta, también, que la tutela no
es el escenario para adelantar un examen probatorio a fondo, ni reemplaza la
competencia del juez ordinario, quien tiene la palabra definitiva.

(viii) El procedimiento administrativo de revocatoria no debe entenderse como un
escenario puramente adversarial. Ateniendo las fallas históricas en el manejo de
la información laboral, y considerando que el trabajador es la parte débil16 del
sistema, las administradoras de pensiones no pueden asumir el procedimiento de
revocatoria como una instancia meramente adversarial. Están obligadas a utilizar sus
competencias de investigación e inspección, incluso de oficio, para corroborar o
desestimar los argumentos y pruebas que ponga de presente el trabajador17. En caso
de que el afiliado allegue algún medio de prueba que soporte razonablemente su
versión, no se podrá revocar su derecho, hasta tanto la administración agote los
medios a su alcance para verificar las pruebas e intentar aproximarse a la realidad
fáctica de lo sucedido.

(ix) Efectos de la revocatoria. La revocatoria directa solo tiene efectos hacia el futuro
(ex nunc)18. La administración no puede recuperar los dineros que haya girado en
una maniobra fraudulenta a través de este mecanismo, sino que debe acudir al juez
administrativo, quién sí es competente para retrotraer todas las consecuencias que
ocasionó un acto administrativo contrario a derecho19.

(x) Alcance de la revocatoria y recurso judicial. La revocatoria unilateral es un
mecanismo de control excepcional promovido por la propia administración. Esta no
resuelve definitivamente sobre la legalidad de un acto administrativo, ni tiene la
competencia para expulsar del ordenamiento un acto pensional y retrotraer sus
efectos. Tanto la administración como los particulares podrán acudir ante el juez
competente para resolver de forma definitiva las diferencias que surjan en torno a un
reconocimiento pensional.

Los parámetros fijados en la providencia de unificación son compartidos en su
integridad por esta Subsección, y por tanto, como los efectos que tiene la revocatoria

12 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. CP: Ana Margarita Olaya Forero. Sentencia del

16 de julio de 2002. Radicación número: 23001-23-31-000- 1997- 8732-02 (IJ 029).
13 Para el sector público, ver Ley 4 de 1913, Ley 43 de 1913, Decreto 2842 de 2010; y en el sector privado, ver

Código sustantivo del trabajo (Art.57 y 264).
14 Ley 100, Art 53. Ver, entre muchas otras, sentencias T-144 de 2013. MP. María Victoria Calle; T-494 de 2013. MP.

Luis Guillermo Guerrero; T-463 de 2016. MP. Gloria Stella Ortiz.
15 Sentencias T-208 de 2012. MP. Juan Carlos Henao y T-463 de 2016. MP. Gloria Stella Ortiz.
16
Sentencia T-058 de 2017. MP. Gabriel Eduardo Mendoza.
17 Ver sentencias T-144 de 2013. MP. María Victoria Calle y T-463 de 2016. MP. Gloria Stella Ortiz.
18 Sentencia C-835 de 2003 MP. Jaime Araujo. Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo.

CP: Ana Margarita Olaya Forero. Sentencia del 16 de julio de 2002. Radicación número: 23001-23-31-000- 1997-
8732-02 (IJ 029).
19 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011). Arts. 138 y 164,

núm. 1º, literal c.

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Radicación: 25000-23-42-000-2020-00544-01 (5403-2022)

de que trata el artículo 19 de la Ley 797 de 2003, son hacia futuro (ex nunc) y dicha
decisión no implica un juicio de legalidad respecto del acto administrativo de
reconocimiento pensional, resulta procedente que tanto los particulares como la
administración puedan acudir ante el juez administrativo a través del medio de control
previsto en el artículo 138 del CPACA para cuestionar precisamente la legalidad del
acto que concedió la prestación.

Así, para el caso de las entidades, pueden pretender además de la nulidad del acto de
reconocimiento pensional, el restablecimiento del derecho que no sería otro que
recuperar los dineros que hayan sido girados por una maniobra fraudulenta.

Las anteriores acotaciones permiten entonces considerar que el medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho es el mecanismo judicial procedente para
cuestionar la legalidad de un acto administrativo de reconocimiento pensional, no
obstante, el mismo haber sido revocado unilateralmente por la administración con
fundamento en la prerrogativa contenida en el artículo 19 de la Ley 797 de 2003.

El deber de custodia de la información laboral

La jurisprudencia constitucional20 ha considerado que las administradoras de pensiones
tienen la obligación de custodiar la información consignada en la historia laboral,
además de velar por su certeza y exactitud. Ello tiene fundamento, entre otros, en lo
consagrado en el artículo 53 de la Ley 100 de 1993 que facultó a las administradoras
del régimen de prima media con prestación definida para: a. verificar la exactitud de las
cotizaciones y aportes u otros informes, cuando lo consideren necesario; b. adelantar
las investigaciones que estimen convenientes para verificar la ocurrencia de hechos
generadores de obligaciones no declarados; c. citar o requerir a los empleadores o
agentes retenedores de las cotizaciones al régimen, o a terceros, para que rindan
informes.

Adicionalmente, la Ley 1581 de 2012, en su artículo 17 determina, entre las
obligaciones de los responsables del tratamiento de datos: d. conservar la información
bajo las condiciones de seguridad necesarias para impedir su adulteración, pérdida,
consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento, e. garantizar que la información
que se suministre al Encargado del Tratamiento sea veraz, completa, exacta,
actualizada, comprobable y comprensible y g. rectificar la información cuando sea
incorrecta.

En cuanto al concepto de historia laboral se ha dicho que es un documento emitido por
las administradoras de pensiones –sean públicas o privadas- que se nutre a partir de la
información sobre los aportes a pensiones de cada trabajador. En ella se relaciona el
tiempo laborado, el empleador –si lo tiene- y el monto cotizado. También se consignan
datos específicos sobre el salario, la fecha de pago de la cotización, los días reportados
e igualmente se pueden hacer anotaciones sobre cada uno de los períodos de

20 Ver sentencias T-058 de 2017 y T-463 de 2016.

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aportes.21

Resulta además oportuno citar un aparte jurisprudencial de la Corte Constitucional
donde se advirtió la responsabilidad que tienen las administradoras de pensiones frente
a la historia laboral:22

La historia laboral se erige, por ende, como un documento cuya responsabilidad reposa
en cabeza de las administradoras de pensiones, las cuales deben velar para que la
información consignada sea fidedigna, por ende, están facultadas por ley para realizar las
correspondientes verificaciones, actividad que idóneamente se debe realizar antes de
consignar la información. Lo contrario podría impactar sobre el reconocimiento de una
prestación y la imposición de cargas infundadas al tesoro público.

De haberse registrado información errónea por no realizar las verificaciones previas y,
como consecuencia de ello, reportar información imprecisa, deberá surtirse el
procedimiento administrativo correspondiente para la corrección. Función que debe
desarrollarse con riguroso cuidado, pues se puede comprometer no solo el derecho de
información, sino el acceso a una prestación, garantía no pocas veces ligada a la
satisfacción del mínimo vital.

De cualquier forma, la negligencia en la cual se incurra en la construcción, guarda y
vigilancia de las historias laborales y los inconvenientes que puedan presentar los
documentos y sus contenidos, es responsabilidad de las administradoras23. “Una
interpretación diferente dejaría desprovisto de contenido el deber de las aseguradoras y
los derechos de los titulares de la información”24

Puede concluirse que al ser las administradoras de pensiones las encargadas de la
conservación y custodia de los documentos relacionados con la información laboral -
vinculación y cotizaciones - del afiliado, no es dable trasladar al interesado las
consecuencias negativas del deficiente cumplimiento de estas obligaciones, en otras
palabras, la pérdida, deterioro o desorganización sobre esa información, no es atribuible
al afiliado, pues como se acotó, es un deber que radica en cabeza de la entidad
administradora de pensiones.

Finalmente, sobre los deberes de custodia y correcta administración de la información
laboral, jurisprudencialmente se ha sostenido:

144. Tanto el empleador, como las administradoras de pensiones, son responsables
de almacenar correctamente la información que reposa en su poder sobre la historia
laboral de una persona. Ello, de manera que los ciudadanos interesados puedan acceder
oportunamente a esta, presentar correcciones o solicitar certificaciones para realizar
trámites legales. […]

149. Pero los empleadores, sean públicos o privados, no son los únicos responsables
de velar por la correcta custodia de la historia laboral de sus trabajadores. Sobre las
administradoras de pensiones también recae una obligación mayúscula. Lo anterior, por
cuanto los datos allí consignados han de ser sean completos y veraces, y reflejar el
“verdadero esfuerzo económico que realizó el potencial beneficiario de la pensión en aras

21 Ver sentencia T-463 de 2016.
22 Sentencia T-058 de 2017.
23 T-463 de 2016.
24 T-463 de 2016.

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de la satisfacción de las condiciones legales para acceder a ella”25. Según la
jurisprudencia de esta Corte, hay cuatro obligaciones principales de las administradoras
de pensiones, que se derivan del deber general de custodia sobre la información laboral.
Estas obligaciones pueden resumirse de la siguiente manera:

“(i) el deber de custodiar, conservar y guardar la información y los documentos que
soportan las cotizaciones, que hace referencia al especial cuidado que deben tener las
entidades al organizar y manipular las historias laborales; (ii) la obligación de consignar
información cierta, precisa, fidedigna y actualizada en las historias laborales, que se
enfoca en las características mínimas que deben reunir los datos contenidos en los
registros laborales; (iii) el deber de brindar respuestas oportunas y completas a las
solicitudes de información, corrección o actualización de la historia laboral que formulen
los afiliados al Sistema General de Pensiones, lo anterior porque en el marco de
garantizar la veracidad de la información, en caso de que ésta sea inexacta, se debe
garantizar la oportunidad y los canales adecuados para que los interesados presenten
sus peticiones de corrección y sean respondidas en debida forma; y (iv) la obligación del
respeto del acto propio, que se torna en una protección al trabajador cuando la entidad
modifica la información de sus cotizaciones de forma intempestiva”.26

150. Las posibles fallas de las administradoras, desde el punto de vista operacional, “no
puede traducirse en una denegación del derecho a la seguridad social del ciudadano que
tiene la expectativa legítima de pensionarse”27. En efecto, es a través de aquella
información que se constata el cumplimiento de los requisitos para acceder a la prestación
económica por el riesgo de vejez, así como otras manifestaciones del derecho a la
seguridad social28. La desorganización, la no sistematización de los datos o el descuido,
no pueden repercutir negativamente en contra del trabajador29. De ahí que estas
entidades deban actuar diligentemente, y cuando se presenten inconsistencias o
solicitudes de corrección por parte del el (sic) propio afiliado, es su deber “desplegar las
actuaciones pertinentes que conduzcan a la corrección de cualquier información errónea
o inexacta, pues de lo contrario se vulneraría el derecho al habeas data al negarle al titular
del derecho la posibilidad de que dichos datos sean corregidos o complementados” 30.

Resolución del caso concreto

La Subsección considera que los argumentos propuestos por la entidad demandante
en su recurso de apelación no tienen sustento alguno si se tienen en cuenta los
siguientes elementos probatorios31 que reposan en el expediente administrativo y que
la misma parte allegó al proceso:

Consta que la demandada presentó el 25 de mayo de 2012, solicitud de actualización
de historia laboral, ante el Seguros Social en la que pidió, además, corregir información
de periodos cotizados en septiembre de 1990 a junio de 1992, con el empleador Instituto
de Seguros Social:32

25 Sentencia T-079 de 2016. MP. Luis Ernesto Vargas Silva.
26 Sentencia T-463 de 2016. MP. Gloria Stella Ortiz.
27 Sentencia T-494 de 2013. MP. Luis Guillermo Guerrero.
28 Sentencia T-482 de 2012. MP. Luis Ernesto Vargas.
29 Ver, entre otras, sentencias T-144 de 2013. MP. María Victoria Calle; T-198 de 2015. MP. Martha Victoria Sáchica;

T-463 de 2016. MP. Gloria Stella Ortiz; T-376 de 2018. MP. José Fernando Reyes.
30 Sentencia T-144 de 2013. MP. María Victoria Calle.
31 Es necesario precisar en este punto que aunque la relación probatoria a la que se hace referencia corresponde a

una fecha posterior a la del acto de revocatoria de la resolución de reconocimiento y es el fundamento de la
prestación posteriormente otorgada a la señora Lina Gabriela Pulido Galindo a través de Resolución SUB 24617 del
3 de febrero de 2021, da cuenta la corrección de la historia laboral.
32
Antecedentes administrativos archivo digital GEN-DOA-DA-2016_7521219-20160630032533.pdf

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Que recibió en respuesta el Oficio de 30 de septiembre de 2013, expedido por
Colpensiones, en el que se le informó que la corrección de la historia laboral fue
efectuada:33

33 Antecedentes administrativos archivo digital 2012110012263.pdf

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Que solicitó el reconocimiento y pago de su pensión el 21 de julio de 2014 ante
Colpensiones:34

Y que mediante Resolución GNR 365260 del 13 de octubre de 201435 Colpensiones le
reconoció y ordenó el pago de una pensión de vejez con fundamento en el Decreto 758
de 1990, al acreditar un total de 8.197 días laborados correspondientes a 1.171

34 Antecedentes administrativos archivo digital GEN-DOA-DA-2016_7521219-20160630032533.pdf
35 Antecedentes administrativos archivo digital GRF-AAT-RP-2014_5851536-20141014020539.

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semanas y tener 57 años, con fecha de adquisición del estatus del 20 de marzo de
2012. Conforme el mencionado acto, la peticionaria prestó los siguientes servicios:

También está acreditado que a través del oficio 30 de junio de 2016, Colpensiones
notificó a la demandada de la investigación administrativa adelantada por posibles
inconsistencias en su corrección de historia laboral:36

Que en su respuesta la demandada presentó oficio el 28 de septiembre de 2016, en el

36 Antecedentes administrativos archivo GEN-COM-RE-2016_11473183-20160928090102

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Radicación: 25000-23-42-000-2020-00544-01 (5403-2022)

que informó que solicitó el reconocimiento pensional, luego de verificar su historia
laboral en la página web de Colpensiones y de observar que ya habían efectuado las
correcciones:

Que la Gerencia de Prevención del Fraude de Colpensiones a través de auto 2573 del
17 de noviembre de 201737 advirtió lo siguiente:

Visto lo anterior y teniendo en cuenta que el trabajador de la Gerencia Nacional de
Operaciones identificado con el usuario “hfvallejoj”, quien fue el funcionario encargado de
hacer las modificaciones a la historia laboral de la señora LINA GABRIELA PULIDO
GALINDO, se encuentran vinculados en investigaciones penales por hechos y
actuaciones fraudulentas y de corrupción al interior de esta Administradora de Pensiones
y para efectos de llegar a una conclusión respecto de la modificación de la Historia
Laboral, se efectúo auditoría en la historia laboral tradicional de nuestra afiliada,
encontrándose que para el día 17 de julio de 2014, el funcionario “hfvallejo” (sic),
realizó modificaciones a la historia laboral de la señora LINA GABRIELA PULIDO
GALINDO, para el periodo comprendido entre el 04/1985 a 01/1989, 01/1990, 09/1990 a
06/1992. Asociado al patronal N° 01006300805 que corresponde al INSTITUTO DE
SEGURO SOCIAL, de lo que se dedujo que la afiliada para esos periodos no contiene las
cotizaciones efectuadas a su nombre. Dicho de otra manera, la ciudadana no cuenta con
las cotizaciones efectuadas para el periodo comprendido entre el 04/1985 a 01/1989,
01/1990, 09/1990 a 06/1992 ya que no se encontraron los soportes que demuestren los
pagos realizados por dicho patronal en el periodo enunciado, igualmente este de tenerse
en cuenta que se verificó dicha información en todas nuestras bases de datos y aplicativos
tales como Historia Laboral, Libro de Pagos, Microfichas, Consulta Pagos, NEL,
CORRDNC, CONGRE y Bizagi.

Con fundamento en lo anterior, Colpensiones a través de Resolución SUB 22529 del
26 de enero de 201838 revocó la Resolución GNR 365260 del 13 de octubre de 2014
por medio de la cual se reconoció la pensión de vejez a la señora Pulido Galindo, con
fundamento en el artículo 19 de la Ley 797 de 2003.

37 Antecedentes administrativos archivo digital GEN-REQ-IN-2018_1952735_2-20200103081325
38 Antecedentes administrativos archivo digital GEN-REQ-IN-2018_504607_9-20180126050523

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Que mediante Oficio de 15 de marzo de 201839 la demandada presentó ante el ISS,
copia de la escritura de 27 de agosto de 1991, en la que consta su cambio de nombre,
de María Gabriela a Lina Gabriela Pulido Galindo como era socialmente conocida, y
colocó de presente que omitió allegar dicha escritura al momento de solicitar el
reconocimiento pensional, por ello, no le fueron computados tiempos de servicios y
cotizaciones realizadas.

Que a través del Oficio BZ2018_1448034-0376152 del 7 de febrero de 201840
Colpensiones da recibido a la petición sobre corrección de historia laboral radicada por
la señora Lina Gabriela Pulido Galindo en la misma fecha, en el que se informa que la
respuesta sería emitida dentro de los 60 días hábiles siguientes.

También se observa petición radicada el 15 de mayo de 201941 por la demandada ante
Colpensiones en la cual se lee:

Esta con el fin de comunicarles que Colpensiones revocó mi pensión, esto causado por
un supuesto fraude en los años cotizados 1985-1986-1987-1988.

Dicho fraude no existe, es un error de Colpensiones que relacionó los años
mencionados como si pertenecieran al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIAL (ISS),
sino que pertenecen a dos entidades privadas que son: ASOCIACIÓN DE EX
ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA e INDUSTRIAS
MARATON LTDA. De esas entidades hay pruebas, planillas de aportes a pensión y
certificaciones laborales. (Negrilla fuera del documento original).

Se solicitó hace más de un año la corrección de la historia laboral y no ha sido posible,
Colpensiones mando (sic) una carta donde dicen que no es posible la corrección porque
mi historia laboral está bloqueada porque se encuentra en investigación.

• Oficio BZ2019_16153428-3560656 del 27 de diciembre de 2019,42 donde
Colpensiones informa a la demandada que se realizaron las correcciones pertinentes y
en la historia laboral se encuentran los tiempos acreditados correctamente de acuerdo
con lo reportado por el empleador en su momento:

39 Antecedentes administrativos archivo digital GEN-COM-CO-2018_3080063-20180315010140.pdf
40 Antecedentes administrativos archivo digital GEN-RES-CO-2018_1448034-20180207052508
41 Antecedentes administrativos archivo digital GEN-ANX-CI-2019_16086057-20191129013603
42 Antecedentes administrativos archivo digital GEN-RES-CO-2019_16086057-20191227051710

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Como resultado de lo anterior, fue proferida la Resolución SUB 24617 del 3 de febrero
de 2021 por medio de la cual Colpensiones reconoció y ordenó el pago de una pensión
de vejez a la señora Pulido Galindo a partir del 1° de febrero de 2018 con fundamento
en el Decreto 758 de 1990, al acreditar un total de 10.042 días laborados
correspondientes a 1.434 semanas y tener 63 años, con fecha de adquisición del
estatus del 17 de marzo de 2012.

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En efecto, el anterior recuento probatorio deja sin sustento lo planteado por
Colpensiones tanto en la demanda como en el recurso interpuesto, porque no se trató
de un reconocimiento a partir de información fraudulenta allegada por la demandada,
sino que se trató de una serie de inconsistencias que finalmente pudieron ser corregidas
y que, incluso, dio lugar a un reconocimiento pensional en el año 2021.

Precisa la Sala que la actora, previo a solicitar el reconocimiento pensional en el año
2012, pidió al ISS asegurador la corrección de unos periodos laborados ante el ISS
empleador (septiembre 1990 a junio de 1992), y en su respuesta, fueron realizados los
ajustes de dichos años. Luego de ello, confiada de que su historia laboral se encontraba
en orden, procedió a solicitar el reconocimiento pensional ante Colpensiones, sin
percatarse incluso que no se habían incluido tiempos laborados en los años 1973 a
1983, y que en los años 1985 a 1990 no se reflejaba la vinculación laboral con sus
empleadores privados.

Ahora, si bien en el acto que reconoció la pensión, se tuvieron en cuenta periodos de
cotización de 1985 a 1992, en los que se identifica como empleador al ISS, no existe
prueba de que hayan sido incluidos como fruto de una nueva solicitud de corrección
presentada por la actora entre los años 2012 a 2014 y tampoco que sea producto de
un fraude en el que haya participado la demandada con ayuda de un funcionario de
dicha entidad. Se destaca que la señora Lina Gabriela Pulido Galindo en su defensa
afirmó, que se trató de un error de parte de Colpensiones, al relacionar los años (1985
a 1992) como si pertenecieran al (ISS), cuando correspondían a tiempos de servicios
laborados en dos entidades privadas; ASOCIACIÓN DE EX ALUMNOS DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA e INDUSTRIAS MARATON LTDA, de lo
cual hay prueba en los antecedentes administrativos43, por tanto, no hay duda que para
el momento de reclamar su pensión, sí acreditaba el tiempo o semanas cotizadas y la
edad para adquirir el derecho conforme al Decreto 758 de 1990.

Es relevante precisar que la carga de la prueba sobre las posibles inconsistencias o
irregularidades en la historia laboral de los afiliados recae en la administradora de
pensiones, ello con fundamento en el deber de custodia de la información laboral que
implica las obligaciones de construcción, guarda y vigilancia de esta.

Recuérdese además que, el trabajador es el sujeto jurídico más débil del sistema, lo
que implica una protección reforzada por parte del Estado y en el sub lite quedó
plenamente demostrado la densidad de semanas requeridas por la demandada,
situación que intensifica el deber del fondo de pensiones de demostrar las
irregularidades reprochadas y no simplemente limitarse a afirmaciones sin fundamento
que pueden ser fácilmente rebatibles.

Llama la atención de la Sala que pese a la revocatoria del derecho por el supuesto
fraude en que incurrió la demandada en el trámite adelantado ante Colpensiones, el

43Ver Antecedentes administrativos archivos digitales GEN-ANX-CI-2018_1448034-20180207051431.pdf; GEN-
ANX-CI-2018_1952735-20180219045045.pdf; GEN-ANX-CI-2018_4139413-20180413112946.pdf GEN-ANX-CI-
2018_7407023-20180626011719.pdf.

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derecho le fue nuevamente reconocido al aclararse las inconsistencias en su historia
laboral44 lo que demuestra que no se trató de ningún fraude sino de aspectos que no
fueron estudiados con la rigurosidad que se requería y que finalmente fueron aclarados.

Por lo expuesto, se concluye que, la simple sospecha de posibles inconsistencias en la
historia laboral, sin que exista plena prueba de estas no basta para privar a una persona
de un derecho que se presume legal y adquirido, más en estos eventos en los cuales
luego del retiro laboral en la mayoría de los casos la pensión constituye en su fuente de
ingresos y sostenimiento.

De acuerdo con lo anotado, la Subsección comparte la providencia de primera
instancia, que negó las pretensiones de la demanda, pues no se encuentra acreditada
la ilegalidad en el reconocimiento pensional, y si bien Colpensiones insiste en afirmar
que la actora allegó información fraudulenta para acreditar tiempos de servicios, ello no
fue demostrado en el proceso.

En consecuencia, la Subsección confirmará la sentencia del tribunal, que negó las
pretensiones de la demanda.

De la condena en costas

Sobre la condena en costas, es importante aclarar que la jurisprudencia de la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado venía aplicando el criterio
objetivo valorativo consagrado en el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, según el cual,
en toda sentencia, el juez procederá a su reconocimiento cuando encuentre
demostrado en el proceso que estas se causaron, sin que en esa valoración fuera
relevante analizar si las partes actuaron de manera temeraria, malintencionada o de
mala fe. No obstante, dicho criterio fue variado con la adición efectuada por el artículo
47 de la Ley 2080 de 2021, en el que se indica que la condena en costas es viable,
siempre que se acredite que la parte vencida obró con manifiesta carencia de
fundamento legal.

Teniendo en cuenta el cambio introducido por el legislador en la materia, la Subsección
A de esta Sección, aclara que adoptará la postura en virtud de la cual, se deberá
analizar la conducta desplegada por las partes en el proceso, conforme al inciso 2 del
artículo 188 de la Ley 1437 de 2011.

De acuerdo con las anteriores reglas, y en atención a que el Consejo de Estado ya ha
venido analizando la conducta de las partes en el proceso y la carencia de

44 Se incluyeron años laborados desde 1973 a 1979, algunos de ellos cotizados por la actora con tarjeta de identidad

por ser menor de edad; se allegó escritura pública de 27 de agosto de 1991 en la que consta el cambio de su nombre
de María Gabriela a Lina Gabriela Pulido Galindo y también certificaciones laborales en las que consta el tiempo de
servicios laborados con los empleadores Asociación de ex Alumnos de la Universidad Nacional de Colombia e
Industrias Maraton LTDA., durante los periodos 22 de marzo de 1979 a 18 de febrero de 1982 y 18 de octubre de
1983 a 15 de junio 1988.

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fundamentación jurídica, en el presente asunto, se procederá a estudiar dicha situación
a la luz de la normativa vigente.

En el presente caso, se observa del recurso de apelación, que no hay lugar a la condena
en costas, pues no se advierte carencia de fundamentación jurídica, por el contrario, la
entidad expuso argumentos razonables en defensa jurídica de sus intereses. En
consecuencia, no se impondrá condena en costas a la parte vencida.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Confirmar la sentencia proferida el trece (13) de mayo de dos mil veintidós
(2022) por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección
E, en el proceso promovido por la Administradora Colombiana de Pensiones contra Lina
Gabriela Pulido Galindo, que negó las pretensiones.

Segundo. Sin condena en costas de segunda instancia.

Tercero. En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen, previo
a realizar las anotaciones correspondientes en el sistema SAMAI.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

LOS MAGISTRADOS,

Firmado electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

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