Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 68001-23-33-000-2020-00779-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 68001-23-33-000-2020-00779-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 68001-23-33-000-2020-00779-01
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
14 de mayo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá, D.C., catorce (14) de mayo dos mil veintiséis (2026)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 68001-23-33-000-2020-00779-01 (0205-2025)
Demandante: Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones.
Demandado: William Martínez Pacheco.
Tema: Solo motivos reales, objetivos y verificables, que pudieran
enmarcarse en un comportamiento criminal, justifican la
revocatoria sin el consentimiento del afectado / Procedencia del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra
acto revocado directamente por la administración. CONFIRMA
SENTENCIA.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
1. Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante,
contra la sentencia proferida el veintiocho (28) de noviembre de dos mil veinticuatro
(2024) por el Tribunal Administrativo de Santander, por medio de la cual se negaron
las pretensiones y se accedió a la demanda de reconvención.
ANTECEDENTES
2. La Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones instauró
demanda contra el señor William Martínez Pacheco en ejercicio del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), con el
fin de que se acceda a las siguientes:
PRETENSIONES
3. Que se declare la nulidad de la Resolución GNR 350304 del 06 de octubre de
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2014, por la cual se reconoció la pensión de invalidez a favor del demandado y de
las resoluciones GNR 59870 del 27 de febrero de 2015, que negó el recurso de
reposición contra la anterior y VPB 49683 del 19 de junio de 2015, por la que se
reliquidó la prestación.
4. Que, como restablecimiento del derecho, se ordene el reintegro indexado de
lo pagado por concepto de mesadas, retroactivo y salud, derivados del
reconocimiento pensional desde el 29 de mayo de 20141, hasta el 31 de enero de
2020, suma que asciende al valor de $243.395.414.
HECHOS
5. La demanda se fundamenta en los hechos que se resumen de la siguiente
manera:
6. Que al demandado se le reconoció una pensión de invalidez mediante
Resolución GNR 350304 del 06 de octubre de 2014, a partir del 01 de octubre de
2014 con un total de 797 semanas, un IBL de $4.222.307 y tasa de reemplazo del
52.50% de acuerdo con la Ley 860 de 2003.
7. Que la Resolución GNR 59870 del 27 de febrero de 2015, al resolver el recurso
de reposición que buscaba reliquidar la prestación, confirmó la decisión. Por la
Resolución VPB 49683 del 19 de junio de 2015 se resolvió la apelación, se reliquidó
la prestación y determinó la mesada en $ 2.535.137.
8. Que, dada la existencia de una investigación penal contra la Administración
Pública, en contra de 206 personas a las cuales Colpensiones reconoció pensión
de invalidez, presuntamente con documentación fraudulenta, con apoyo de la Junta
Regional de Calificación de Invalidez del Cesar, se dio apertura al procedimiento
especial administrativo No. 337-19, para determinar la veracidad de los documentos
aportados por el demandado para la obtención de su pensión.
9. Que, en el marco de la investigación, se solicitó a Gestar Innovación valorar
la historia clínica que se tuvo en cuenta para la calificación de pérdida de capacidad
laboral que había originado el reconocimiento y se concluyó que para ese momento
debió reportarse una incapacidad permanente parcial del 28.17%, dado que no se
tuvieron en cuenta las patologías calificadas por la Junta Nacional de Calificación
de Invalidez.
10. Que, por auto de cierre 2102 del 16 de diciembre de 2019, la Gerencia de
Prevención del Fraude de Colpensiones determinó que el reconocimiento se realizó
1 Así lo indicó en la pretensión número 4 de la reforma a la demanda. Samai del Tribunal, índice 24. Archivo
denominado (28). 2020-779-00 REFORMA DEMANDA.
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a partir de información no verídica por lo que, a través de la Resolución DPE 856
del 16 de enero de 2020, se revocaron las Resoluciones GNR 350304 del 06 de
octubre de 2014, GNR 59870 del 27 de febrero de 2015 y VPB 49683 del 19 de
junio de 2015.
11. Que, en consecuencia, mediante la Resolución SUB-26789 de 29 de enero de
2020, Colpensiones informó el valor girado con ocasión del reconocimiento
pensional, por un total de $214.548.398, por el periodo comprendido entre el 29 de
mayo de 2014 al 31 de enero de 2020, a efectos que se sirviera reintegrarlos. Esta
decisión fue confirmada en la Resolución SUB-58575 del 28 de febrero de 2020,
por la que se resolvió el recurso de reposición.
12. Que el señor William Martínez Pacheco interpuso acción de tutela que dio
lugar a la sentencia del 30 de junio de 2020, por la que el Juzgado Cuarto Laboral
del Circuito de Bucaramanga ordenó a Colpensiones dejar sin efectos las
resoluciones por las que se revocó la prestación y se ordenó la devolución de los
saldos pagados. En cumplimiento de esa orden, Colpensiones profirió la Resolución
DPE 9271 del 7 de junio del 2020, en la que se reanudó el pago de la prestación a
partir de agosto de 2020.
13. Que esa entidad impugnó la tutela y el Tribunal Superior del Distrito de
Bucaramanga, revocó la decisión, por lo que fue expedida la Resolución SUB-
185398 del 31 de agosto del 2020, por la que se dispuso a mantener los efectos de
las resoluciones por las que se revocó la prestación y se ordenó la devolución de
los saldos pagados.
14. Que, dado que por la orden de tutela de primera instancia se reanudó el pago
de la prestación, se emitió la Resolución SUB-211861 del 2 de octubre del 2020,
por la que Colpensiones informó que el valor girado con ocasión del reconocimiento
pensional ascendió a un total de $234.395.414, por el periodo comprendido entre el
29 de mayo de 2014 al 31 de enero de 2020 y 01 de marzo de 2020 al 31 de agosto
de 20202.
NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN
15. Se citaron como vulneradas la ley 100 de 1993 y el Acto Legislativo 1 de 2005.
16. Sostuvo que el reconocimiento de la pensión de invalidez no se ajusta a los
requisitos de la normatividad aplicable, por lo que vulnera las disposiciones en las
que se funda, pues el dictamen de calificación de la pérdida de capacidad laboral
fue adulterado y sobrevalorado con la finalidad de conseguir un beneficio
económico que, en condiciones normales, no podría concederse.
2 Modificando la Resolución UB 26789 del 29 de enero de 2020, en el sentido de informar el mayor valor girado
a favor del señor William Martínez Pacheco.
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TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA
17. La demanda fue inadmitida y, una vez subsanada, se admitió el 3 de
noviembre de 2020 y se notificó.
18. El demandado se opuso a las pretensiones e interpuso demanda de
reconvención en la que pidió que se declare la nulidad de la Resolución DEP 856
del 16 de enero del 2020, por la que se revocó directamente la pensión y las
Resoluciones SUB-26789 del 29 de enero del 20203, SUB-58575 del 28 de febrero
del 20204, SUB-185398 del 31 de agosto del 20205, SUB-211861 del 2 de octubre
del 20206.
19. Que, como restablecimiento del derecho, se ordene terminar cualquier acción
de cobro, declarar que no está obligado a reintegrar suma alguna y, en el evento de
pesar medida cautelar por cobro coactivo, se ordene su levantamiento; por cuanto
los actos demandados por Colpensiones fueron proferidos con pleno derecho y
respeto de las normas en que se fundan. Solicitó, además, compulsar copias a la
procuraduría y fiscalía general de la Nación, por la actuación irregular de la entidad.
20. Como hechos, relató que fue Coomeva E.P.S. S.A. quien presentó solicitud
de calificación de pérdida de capacidad laboral a su favor, por lo que, el 30 de julio
de 2013, Colpensiones calificó las patologías de «secuelas de poliomelitis,
síndrome túnel del carpio, hipoacusia no especificada», con una pérdida de
capacidad laboral del 41,99% con fecha de estructuración del 27 de enero de 2013.
21. Que presentó inconformidad con el porcentaje determinado, por lo que el caso
fue remitido ante la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Santander, quien
emitió dictamen No. 19292013 del 30 de octubre de 2013, valorando las patologías
3 Por la que se informó que el valor girado a favor del señor William Martínez Pacheco, a título de mesadas,
retroactivo, aportes a salud y/o fondo de solidaridad pensional, con ocasión del reconocimiento de una pensión
de invalidez asciende a la suma de $214.548.398, respecto del periodo comprendido entre el 29 de mayo de
2014 al 31 de enero de 2020 y se remitió la decisión a la Dirección de Procesos Judiciales, para que iniciara las
acciones legales pertinentes. Samai del Tribunal, índice 24. Archivo denominado (24) 2020-779-00 2. Pruebas -
William Martínez - PARTE A.
4Por la cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución DEP 856 del 16 de enero del
2020, confirmando la decisión. Samai del Tribunal, índice 24. Archivo denominado (24) 2020-779-00 2. Pruebas
• William Martínez - PARTE A.
5 Por la cual se da cumplimiento al fallo de tutela de segunda instancia, emitido por el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Bucaramanga, manteniendo los efectos de las resoluciones que dejaron sin efecto el reconocimiento
pensional. Samai del Tribunal, índice 24. Archivo denominado (24) 2020-779-00 2. Pruebas - William Martínez -
PARTE A.
6 Por la que se modificó la Resolución SUB-26789 del 29 de enero del 2020, en el sentido de informar que el
valor girado a favor del señor William Martínez Pacheco, a título de mesadas, retroactivo, aportes a salud y/o
fondo de solidaridad pensional, con ocasión del reconocimiento de una pensión de invalidez asciende a la suma
de $234.395.414, respecto del periodo comprendido entre el 29 de mayo de 2014 al 31 de enero de 2020 y 01
de marzo de 2020 al 31 de agosto de 2020. Samai del Tribunal, índice 24. Archivo denominado (24) 2020-779-
00 2. Pruebas - William Martínez - PARTE A.
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de «hipertensión esencial (primaria), secuelas de poliomelitis, escoliosos – no
especificada, hipoacusia no especificada, síndrome túnel del carpio, seudoartrosis
consecutiva a fusión o artrodesis». En esta oportunidad se determinó la pérdida en
47,83% con fecha de estructuración del 27 de enero de 2013.
22. Que se impugnó la calificación y la Junta Nacional de calificación de Invalidez,
mediante dictamen 912046 del 17 de junio de 2014 definió que, valoradas todas las
patologías, la pérdida de capacidad laboral era de 54,10% con fecha de
estructuración del 27 de enero de 2013.
23. Que se dio respuesta a la apertura de la investigación administrativa, mediante
oficio BZ 2019_9930758 del 16 de agosto de 2019, en la que se expuso que en
ningún momento de su proceso de calificación hizo parte de la Junta Regional de
Calificación de Invalidez del Cesar, por cuanto, la calificación se llevó a cabo en la
Junta Regional de Santander y, la segunda instancia, ante la Junta Nacional.
24. Que el 23 de septiembre de 2019 presentó solicitud de revisión del estado de
invalidez y Colpensiones contestó indicando que no era posible realizar la revisión
porque presentaba una condición de salud no recuperable; razón por la que
mantenía su condición de invalidez7.
25. Que el beneficiario pensional insistió en una nueva calificación y el 5 de
noviembre de 2020 presentó de nuevo, ante Colpensiones, solicitud de calificación
de pérdida de capacidad laboral, en la que se emitió dictamen No. 3976146 del 24
de julio de 2020 y se determinó en 63,17%, con constancia de ejecutoria que le fue
entregada el 28 de octubre de 20208.
26. Al desarrollar el concepto de violación, expuso que los actos demandados
adolecían de falsa motivación porque la oficina de cumplimiento de Colpensiones
incurrió en una serie de errores que desnaturalizaron la realidad de los hechos que
dieron lugar a la prestación y destacó que sí se cumplían las condiciones para
obtener la pensión de invalidez. Que la investigación penal que dio lugar al inicio de
la investigación administrativa se relacionó con la Junta Regional de Calificación de
Invalidez del Cesar, pero que dicha entidad no lo había calificado.
27. Colpensiones, insistió en que los actos se ajustan a derecho porque de la
investigación administrativa se pudo determinar que el reconocimiento pensional se
dio a partir de información no verídica que no se ajustó a la realidad médica del
beneficiario.
7 Hecho quinto de la demanda de reconvención. Samai del Tribunal, índice 24. Archivo denominado (23) 2020-
779-00 1. Demanda de Reconvención - William Martínez Pacheco.
8 Así lo indicó en los hechos 2 y 3 del acápite 3.5 relacionado con el proceso de calificación del año 2020. Samai
del Tribunal, índice 24. Archivo denominado (23) 2020-779-00 1. Demanda de Reconvención - William Martínez
Pacheco. Página 14.
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28. El 9 de mayo de 2023 se profirió auto de sentencia anticipada9, se resolvieron
las excepciones previas, se fijó el litigio, se decretaron las pruebas y se fijó fecha
para celebrar la audiencia de pruebas que tuvo lugar el 31 de mayo de 202310, en
la que, luego de practicadas, se dio traslado para alegar.
SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN
29. El Tribunal Administrativo de Santander, mediante sentencia del 28 de
noviembre de 2.024, negó las pretensiones de la demanda y accedió a las de la
reconvención.
30. Consideró que si bien en la investigación administrativa especial se probó que
la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Cesar, en complicidad con
médicos de la EPS ASALUD, emitía dictámenes fraudulentos a cambio de dinero
para que algunos empleados de las empresas mineras del sector accedieran a
pensiones y créditos bancarios, lo cierto era que esos hechos no guardaban
relación con el caso en concreto porque la pérdida de capacidad laboral no fue
realizada por esa Junta de Calificación de Invalidez sino por la de la ciudad de
Bucaramanga.
31. Que el dictamen presentado por Gestar Innovación presentaba una deficiencia
crítica al haber sido elaborado exclusivamente con base en la historia clínica, sin la
práctica de un examen físico o evaluación médica directa, por lo que contradice lo
dispuesto en la Ley que exige una valoración exhaustiva y presencial para
determinar de manera fehaciente el grado de pérdida de capacidad laboral.
32. Que, ante la ausencia de esa valoración física, el dictamen carecía de la fuerza
probatoria necesaria para revocar una pensión de invalidez previamente
reconocida, máxime cuando el porcentaje de pérdida de capacidad laboral fue fijado
en un 28,17%, inferior al umbral mínimo del 50% que exige la ley para el
reconocimiento y que no se logró acreditar de manera fehaciente que el porcentaje
de pérdida de capacidad laboral que dio lugar al reconocimiento de la pensión
hubiera sido obtenido de manera fraudulenta.
33. Que, en consecuencia, no se acreditó la fundamentación fáctica ni jurídica
para suspender la prestación con fundamento en resultados de la investigación
administrativa especial, razón por la que los actos impugnados en la demanda de
reconvención eran ilegales y debían anularse.
9 Índice 018 de Samai en el radicado de primera instancia.
10 Índice 018 de Samai en el radicado de primera instancia. En la audiencia de pruebas se recibió el interrogatorio
de parte del señor William Martínez Pacheco y al perito Francisco Javier Sánchez Parra, quien sustentó el
dictamen aportado con la contestación de la demanda y la demanda de reconvención.
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RECURSO DE APELACIÓN
34. Colpensiones interpuso recurso de apelación por considerar que no se
debieron desestimar los resultados de la investigación administrativa especial No.
337-19 ni el dictamen pericial elaborado por la empresa Gestar Innovación puesto
que, en él, se evidenció que la calificación real correspondía al 28.17%, muy por
debajo del 50% requerido para acceder al derecho. Sostuvo que en él se demostró
que los soportes médicos utilizados para la calificación contenían inconsistencias
significativas, como la falta de audiometrías necesarias para calificar la hipoacusia
y la sobrevaloración de diagnósticos como secuelas de polio, lo que influyó
indebidamente en el porcentaje de pérdida de capacidad laboral.
35. Que los dictámenes posteriores realizados en el marco de la investigación
administrativa demostraron que el demandado no cumplía con los requisitos legales
para mantener el reconocimiento de la pensión.
36. Que el tribunal omitió reconocer que Colpensiones actuó dentro del marco de
la ley al revocar los actos administrativos cuestionados porque el artículo 19 de la
Ley 797 de 2003 y el artículo 243 de la Ley 1450 de 2011 facultan a las entidades
administradoras de pensiones a revocar actos administrativos sin el consentimiento
del particular cuando se demuestre que estos fueron obtenidos de manera
fraudulenta, tal como sucedió en este caso.
37. Que mantener los actos administrativos que otorgaron la prestación implica un
claro detrimento patrimonial para el Sistema General de Pensiones, pues el
beneficiario no cumple con los requisitos para tener el derecho, por lo que, además,
no puede aplicarse el principio de confianza legítima en favor del beneficiario. En
consecuencia, solicitó revocar la sentencia y, en su lugar, acceder a las
pretensiones de la demanda y negar las de la reconvención.
TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA
38. El 02 de abril de 2025 se admitió el recurso de apelación. Colpensiones y el
señor agente del Ministerio Público guardaron silencio en esta etapa.
39. El señor Martínez Pachecho se opuso al recurso de apelación interpuesto por
Colpensiones porque las calificaciones que se le hicieron respetaron el debido
proceso, se vulneró el debido proceso con la investigación administrativa especial
y el concepto de Gestar Innovación y, en consecuencia, con la revocatoria de los
actos que reconocían la prestación11.
11 Visible en el índice 08 de Samai.
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40. Se decidirá la controversia, previas las siguientes,
CONSIDERACIONES
41. Corresponde a la Sala determinar si Colpensiones logró desvirtuar la
presunción de legalidad de los actos administrativos demandados. En caso
afirmativo, definirá si debe ordenarse la devolución de las sumas recibidas por
concepto de mesadas, retroactivos y pagos de salud, al desvirtuarse la buena fe del
beneficiario.
42. En caso negativo, se definirá si las resoluciones impugnadas en la demanda
de reconvención adolecen de nulidad.
43. Para abordar el asunto propuesto resulta necesario, en atención a los
supuestos fácticos, realizar algunas precisiones con respecto a la procedencia del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra un acto
administrativo que fue revocado directamente por la administración, con
fundamento en el artículo 19 de la Ley 797 de 2003.
Procedencia del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
contra el acto de reconocimiento pensional que fue revocado directamente por
la administración
44. Según los antecedentes del presente caso, se observa que la Resolución
demandada, por la cual Colpensiones reconoció la pensión de invalidez, fue
revocado unilateralmente por la entidad con fundamento en la prerrogativa
consagrada en el artículo 19 de la Ley 797 de 2003:
«(…) Artículo 19. Revocatoria de pensiones reconocidas irregularmente. Los
representantes legales de las instituciones de Seguridad Social o quienes
respondan por el pago o hayan reconocido o reconozcan prestaciones
económicas, deberán verificar de oficio el cumplimiento de los requisitos para la
adquisición del derecho y la legalidad de los documentos que sirvieron de soporte
para obtener el reconocimiento y pago de la suma o prestación fija o periódica a
cargo del tesoro público, cuando quiera que exista motivos en razón de los cuales
pueda suponer que se reconoció indebidamente una pensión o una prestación
económica. En caso de comprobar el incumplimiento de los requisitos o que el
reconocimiento se hizo con base en documentación falsa, debe el funcionario
proceder a la revocatoria directa del acto administrativo aun sin el consentimiento
del particular y compulsar copias a las autoridades competentes (…)»
45. Por su parte en la sentencia C-835 de 2003 y luego en la SU 182 de 2019, la
Corte Constitucional explicó que tal facultad otorgada a la administración es
perfectamente válida en aras de proteger la objetividad, transparencia, moralidad y
eficacia que la función administrativa requiere en orden al correcto reconocimiento
y pago de las pensiones u otras prestaciones económicas propias del régimen de
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seguridad social. No obstante, determinó que tal atribución solamente puede
ejercerse una sola vez, y durante su desarrollo, debe respetarse celosamente el
debido proceso administrativo, es decir, que se citen las personas que puedan estar
interesadas en las resultas de la actuación administrativa, con el objeto de que
puedan expresar sus opiniones, presentar pruebas, controvertir las que se alleguen
en su contra y en general, para defender sus derechos subjetivos.12
46. Por su parte, en la SU 182 de 2019, precisó el alcance del artículo 19 de la
Ley 797 de 2003 y complementó las conclusiones previas a las que se había llegado
en la sentencia C-835 de 2003:
«(…) (i) Solo son dignos de protección aquellos derechos que han sido
adquiridos con justo título. Según dispone el artículo 58 de la Carta Política, la
protección de los derechos adquiridos implica que su obtención se dio “con
arreglo a las leyes vigentes”. Los derechos que se obtienen irregularmente no
pueden aspirar a la misma protección e inmutabilidad de la que gozan los
derechos obtenidos con apego a la Ley.
(ii) La verificación oficiosa del cumplimiento de los requisitos
pensionales es un deber. Las administradoras de pensiones o quienes
respondan por el pago o hayan reconocido o reconozcan prestaciones
económicas, no solo están facultadas, sino que es su deber verificar de oficio, el
cumplimiento de los requisitos para la adquisición de un derecho prestacional.
Sin embargo, mientras no surjan nuevos motivos o causas fundadas de duda, no
puede la administración reabrir periódicamente investigaciones que afecten
derechos adquiridos, y propicien escenarios injustificados de inseguridad
jurídica.
(iii) Solo motivos reales, objetivos, trascendentes, y verificables, que
pudieran enmarcarse en un comportamiento criminal justifican la
revocatoria, sin el consentimiento del afectado. Con este criterio, la
jurisprudencia busca evitar que el ciudadano quede al arbitrio de la
administración. La simple sospecha, inconsistencias menores en el cumplimiento
de los requisitos, o debates jurídicos alrededor de una norma, no habilitan el
mecanismo de la revocatoria unilateral. Estos motivos deben ser lo
suficientemente graves como para que pudieran enmarcarse en una conducta
penal.
(iv) No es necesario aportar una sentencia penal para desvirtuar la
buena fe del beneficiario de la pensión. Los supuestos que trae el artículo 19
de la Ley 797 de 2003 deben entenderse como el resultado de conductas u
omisiones especialmente graves, al punto que pudieran enmarcarse en algún
tipo penal; y no simplemente tratarse de discrepancias jurídicas, o
inconsistencias menores en el cumplimiento de los requisitos. Esto supone un
estándar alto de prueba a cargo de la administración, pero no implica una suerte
de prejudicialidad, que restrinja la actuación de la administración a la espera que
se produzca una sentencia penal condenatoria.
12 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. Sentencia del 20 de enero de 2011. Exp. 25000-23-15-
000-2010-03304-01 C.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila.
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(v) Tampoco hace falta que el afiliado sea el que haya concertado o
inducido en error a la administración, pues el ordenamiento jurídico
sanciona a quién se aprovecha de estos escenarios. El cumplimiento de las
normas es un presupuesto básico del Estado social y democrático de derecho.
Actuar con rectitud y honestidad es una exigencia que se deriva del principio
general de la buena fe y que permite crear un ambiente de confianza mutuo,
imprescindible para el buen funcionamiento del sistema pensional. El orden
constitucional no protege la posición de quien pretende aprovecharse del error o
infortunio ajeno para obtener un beneficio particular.
(vi) Sujeción al debido proceso. La administración o autoridad competente
no puede suspender un derecho pensional, sin antes haber agotado un debido
proceso que garantice al afectado su defensa. En este proceso, la carga de la
prueba recae sobre la administración a quien corresponde desvirtuar la
presunción de buena fe que cobija al pensionado. Durante el mismo, debe
prestarse especial atención a los principios de la necesidad de la prueba, de la
publicidad y la contradicción. Frente a una “censura fundada” de la
administración, la carga de la prueba se traslada al afiliado.
(vii) El derecho fundamental al habeas data y la prueba supletiva de la
historia laboral. Tanto el empleador como las administradoras de pensiones son
las principales responsables de velar por la correcta expedición y custodia de los
certificados que den cuenta fielmente de la trayectoria laboral de una persona.
Pero, teniendo en cuenta que aún subsisten fallas en el manejo de la información,
las administradoras de pensiones no pueden, sin más, modificar la historia
laboral de un afiliado, salvo que cuenten con una “justificación bien razonada” y
sujeta a un debido proceso. El afiliado, por su parte, está en el derecho de
controvertir el dictamen de la administración, y para ello podrá hacer uso de los
medios supletivos de prueba a su alcance. El análisis del nivel de certeza que
ofrecen estos medios alternos deberá hacerse caso a caso, y teniendo en cuenta,
también, que la tutela no es el escenario para adelantar un examen probatorio a
fondo, ni reemplaza la competencia del juez ordinario, quien tiene la palabra
definitiva.
(viii) El procedimiento administrativo de revocatoria no debe entenderse
como un escenario puramente adversarial. Ateniendo las fallas históricas en
el manejo de la información laboral, y considerando que el trabajador es la parte
débil del sistema, las administradoras de pensiones no pueden asumir el
procedimiento de revocatoria como una instancia meramente adversarial. Están
obligadas a utilizar sus competencias de investigación e inspección, incluso de
oficio, para corroborar o desestimar los argumentos y pruebas que ponga de
presente el trabajador. En caso de que el afiliado allegue algún medio de prueba
que soporte razonablemente su versión, no se podrá revocar su derecho, hasta
tanto la administración agote los medios a su alcance para verificar las pruebas
e intentar aproximarse a la realidad fáctica de lo sucedido.
(ix) Efectos de la revocatoria. La revocatoria directa solo tiene efectos
hacia el futuro (ex nunc). La administración no puede recuperar los dineros que
haya girado en una maniobra fraudulenta a través de este mecanismo, sino que
debe acudir al juez administrativo, quién sí es competente para retrotraer todas
las consecuencias que ocasionó un acto administrativo contrario a derecho.
(x) Alcance de la revocatoria y recurso judicial. La revocatoria unilateral
es un mecanismo de control excepcional promovido por la propia administración.
Esta no resuelve definitivamente sobre la legalidad de un acto administrativo, ni
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tiene la competencia para expulsar del ordenamiento un acto pensional y
retrotraer sus efectos. Tanto la administración como los particulares podrán
acudir ante el juez competente para resolver de forma definitiva las diferencias
que surjan en torno a un reconocimiento pensional (…)13» (Subrayas de la Sala).
47. Dichos parámetros se comparten por esta Subsección14, y por tanto, como los
efectos que tiene la revocatoria de que trata el artículo 19 de la Ley 797 de 2003,
son hacia futuro (ex nunc) y dicha decisión no implica un juicio de legalidad respecto
del acto administrativo de reconocimiento pensional, resulta procedente que tanto
los particulares, como la administración, puedan acudir ante el juez administrativo
a través del medio de control previsto en el artículo 138 del CPACA, para cuestionar
la legalidad del acto que concedió la prestación.
48. Así, para el caso de las entidades, pueden pretender además de la nulidad del
acto de reconocimiento pensional, la recuperación de los dineros que hayan sido
girados por una maniobra fraudulenta.
Resolución del caso concreto
49. Para la Subsección los argumentos de la apelación no deben prosperar
porque, tal como lo consideró el tribunal, en el curso del proceso Colpensiones no
logró desvirtuar la presunción de buena fe del beneficiario pensional y, por ende,
tampoco la legalidad de los actos acusados. Veamos:
50. La investigación administrativa especial No. 337-19 se inició con ocasión del
proceso penal que cursaba ante la Fiscalía 12 Seccional de Valledupar con radicado
SPOA No. 200016008792201600014, en la que se dio cuenta de la presunta
existencia de una organización que operó en el departamento del Cesar, mediante
la cual, al parecer, se gestaron de forma fraudulenta actuaciones que dieron lugar
al reconocimiento de prestaciones económicas de invalidez, sin el lleno de los
requisitos15.
51. Sin embargo, en la Resolución DPE 856 del 16 de enero de 202016, por la que
se revocaron las Resoluciones las Resoluciones GNR 350304 del 06 de octubre de
2014, GNR 59870 del 27 de febrero de 2015 y VPB 49683 del 19 de junio de 2015,
relativas al reconocimiento de la prestación, no se observa análisis probatorio
alguno de cara a los hallazgos de la investigación, pues Colpensiones se limitó a
indicar que, por la sola existencia de la indagación penal en el departamento del
13 Corte Constitucional. Sentencia SU 182 de 2019. M.P. José Fernando Reyes Cuartas.
14 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 23 de mayo de 2024. Exp. 25000-23-42-
000-2020-00544-01 (5403-2022). C.P. Jorge Iván Duque Gutiérrez.
15 Según consta en el Auto 1073 del 19 de julio de 2019. Samai del Tribunal, índice 24. Archivo denominado (23)
2020-779-00 1. Demanda de Reconvención - William Martínez Pacheco. Página 47.
16 Samai del Tribunal, índice 24. Archivo denominado (23) 2020-779-00 1. Demanda de Reconvención - William
Martínez Pacheco. Páginas 90 a 104.
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Cesar, —un departamento diferente al de Santander, que es donde sucedieron los
hechos de esta demanda—, debía revocarse la prestación.
52. No se observa ningún esfuerzo en demostrar que los hechos del caso que hoy
se analiza estuvieron ligados, de forma alguna, con los que objeto de investigación
del departamento del Cesar. Es decir, no logró demostrarse el nexo causal entre
los hechos objeto de investigación penal y el reconocimiento pensional revocado,
pues la única razón en la que Colpensiones se basó para justificar la revocatoria
fue el dictamen pericial elaborado por GESTAR INNOVACION17 en el que se le
calificó en 28.17%; sin embargo, ese dictamen fue objetado18 y se solicitó su
revisión, pero dicha petición no fue acogida19 según los lineamientos de la
Resolución 555 del 2015 por la cual Colpensiones definió el procedimiento
administrativo para la revocatoria en forma directa total o parcial, de resoluciones
por medio de las cuales se reconocen de manera irregular pensiones, se definen
competencias y se dictaminan presuntos responsables20.
53. Se observa que incluso el interesado insistió en revisar nuevamente su estado
de invalidez, con la finalidad de que dentro de la misma investigación se pudiera
corroborar su calificación en una mayor al 50%, sin embargo, también se negó la
solicitud mediante comunicado BZ2019_12828298-2803659 del 24 de septiembre
de 2019, en donde se le indicó que «(…) En atención al trámite de determinación
de la perdida de capacidad laboral u ocupacional iniciado (…) no es posible
continuar con la calificación, por las siguientes razones: No es revisable por su
edad y/o por presentar una condición de salud no recuperable. Mantiene su
condición de invalidez (…)21» (Subrayas de la Sala).
54. De este modo, concluye la Sala que —contrario a lo considerado por el
Tribunal—, Colpensiones adoptó la decisión de revocar directamente el
reconocimiento prestacional del demandado, yendo en contravía de la sentencia de
unificación 182 de 2019, según la cual la Corte Constitucional indicó que para que
se pudiera llevar a cabo dicha potestad, se requiere, necesariamente, contar con
motivos reales, objetivos, trascendentes, y verificables, que se enmarcaran en un
comportamiento criminal, pues no bastaba con la existencia de indicios, dado que
no se podía dejar el ciudadano al arbitrio de la administración.
17 Hecho décimo de la reforma a la demanda. Samai del Tribunal, índice 28.
18 Samai del Tribunal, índice 24. Archivo denominado (23) 2020-779-00 1. Demanda de Reconvención - William
Martínez Pacheco. Páginas 52 y 55.
19 Samai del Tribunal, índice 24. Archivo denominado (23) 2020-779-00 1. Demanda de Reconvención - William
Martínez Pacheco. Página 58.
20 En el numeral 3 del artículo 3 de la citada Resolución se indica que «En cao que el afiliado solicite la práctica
de pruebas en su escrito de respuesta o se considere necesario practicar otras pruebas de oficio, el Oficial de
Cumplimiento expedirá el respectivo acto administrativo en el que se declare la apertura de pruebas dentro del
proceso de investigación especial, indicando como mínimo el plazo de la etapa probatoria y las pruebas
solicitadas de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 48 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo. Contra el acto que decida la solicitud de practica de pruebas no procede recurso
alguno y se le deberá comunicar al asegurado»
21 Samai del Tribunal, índice 24. Archivo denominado (23) 2020-779-00 1. Demanda de Reconvención - William
Martínez Pacheco. Página 58.
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55. Se considera que, tal como lo indicó la Corte, la simple sospecha por
inconsistencias menores en el cumplimiento de los requisitos, no habilitan el
mecanismo de la revocatoria unilateral, pues los motivos deben ser lo
suficientemente graves como para que puedan enmarcarse en una conducta penal
y comprobados —en esa sede administrativa—, para que sea procedente ejercer
esa potestad. Así lo ha dicho esta sala de decisión, en la sentencia del 23 de mayo
de 202422.
56. Es importante resaltar que el beneficiario pensional insistió en la tarea de
iniciar una nueva solicitud de valoración ante Colpensiones, la cual concluyó en el
dictamen No. 3976146 del 24 de julio del 202023, por el que se realizó valoración y,
en esta nueva oportunidad, se determinó —incluso después de haberse revocado
directamente la prestación—, que la pérdida de capacidad laboral era del 63.17%:
«(…) I. Descripción de las deficiencias:
1. Gonartrosis izquierda
2. Secuelas de poliomielitis miembro inferior derecho
3. Lesión nervio ulnar izquierdo
4. Lesión nervio ulnar derecho
5. Síndrome de túnel carpiano derecho
6. Síndrome de túnel carpiano izquierdo
7. Hipertensión arterial
8. Restricción arcos de movilidad articular de codo derecho
9. Restricción arcos de movilidad articular de tobillo derecho
10. Restricción arcos de movilidad articular de columna
11. Hipoacusia neurosensorial bilateral
12. Dominancia
13. Escoliosis lumbar (…)
III. Descripción de discapacidades:
Dificultad en la ejecución: Discapacidad para bañarse, Otra discapacidad
de la higiene personal, discapacidad para ponerse la ropa, otra discapacidad
para arreglarse, discapacidad en los preparativos de la comida, otra
discapacidad del cuidado personal, discapacidad para recoger, discapacidad
para alcanzar, otra discapacidad de la función del brazo.
Ejecución ayudada: discapacidad del rol familiar, discapacidad del rol
ocupacional, discapacidad del rol social, discapacidad para caminar,
discapacidad salvar desniveles, discapacidad para subir escaleras, otra
22 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 23 de mayo de 2024. Exp. 25000-23-42-
000-2020-00544-01 (5403-2022). C.P. Jorge Iván Duque Gutiérrez.
23 Samai del Tribunal, índice 24. Archivo denominado (23) 2020-779-00 1. Demanda de Reconvención - William
Martínez Pacheco. Páginas 266 a 271.
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discapacidad para subir, discapacidad para correr, otra discapacidad de
ambulación, discapacidad para cambiar de posiciones en la cama o en la
silla, discapacidad para usar el transporte, discapacidad para levantarse, otra
discapacidad de la locomoción, discapacidad para las tareas del hogar, otra
discapacidad de la destreza, discapacidad relativa a la tolerancia al estrés en
el trabajo, otra discapacidad de situación.
TOTAL: 63.17% (…)».
57. Dicho dictamen quedó en firme el 26 de octubre del 2020, tal como se observa
de la constancia de ejecutoria emitida por Colpensiones y visible en la página 272
de la demanda de reconvención24.
58. En efecto, el anterior recuento probatorio apoya lo planteado en la Sentencia
de primera instancia porque no se trató de un reconocimiento a partir de información
fraudulenta allegada por el demandado, sino que se reconoció con base en historial
clínico que da cuenta de las patologías de base que tenía desde años atrás y que,
incluso, dio lugar a un nuevo reconocimiento de pérdida de capacidad laboral, por
la misma entidad demandante, en el año 2020. Se concluye, entonces, que la
prueba documental aportada por Colpensiones fue debidamente valorada en
primera instancia.
59. Por lo expuesto, se resalta que la simple sospecha de posibles inconsistencias
en el reconocimiento pensional, sin que exista plena prueba de estas, no basta para
privar a una persona de un derecho que se presume legal y adquirido, más en estos
eventos en los cuales, luego del retiro laboral, en la mayoría de los casos la pensión
constituye su fuente mayor de ingresos y sostenimiento.
60. En consecuencia, no hay lugar a revocar la sentencia de primera instancia y,
tampoco, necesidad de pronunciarse sobre la pretensión de devolución de las
mesadas pagadas, pues, se insiste, Colpensiones no logró desvirtuar la buena fe
del beneficiario prestacional.
61. La Sala concluye que la decisión respecto de la legalidad de los actos
demandados, tanto el que reconoció como el que revocó la prestación, permite
concluir que el señor Wiliam Martínez Pacheco sí tenía derecho a la pensión, por lo
que se resalta que no existe contradicción entre el reconocimiento y la revocatoria,
dado que esta última quedó sin efectos.
62. De acuerdo con lo anotado, la Subsección confirmará la providencia de
primera instancia en cuanto negó las pretensiones de la demanda y, además,
24 Samai del Tribunal, índice 24. Archivo denominado (23) 2020-779-00 1. Demanda de Reconvención - William
Martínez Pacheco. Página 272.
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confirmará la nulidad de los actos impugnados en la demanda de reconvención.
De la condena en costas en segunda instancia
63. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la
Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta corporación
frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una
lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna
manera significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta
materia.
64. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente
de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público;
creando así una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha
imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos,
como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo
dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la
sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el
proceso.
65. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación
y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en cuenta la
remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
66. En consecuencia, se impondrán costas a Colpensiones, por cuanto se niegan
totalmente las peticiones del recurso de apelación. Para el efecto, de conformidad
con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado
ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la secretaría
del Tribunal Administrativo de primera instancia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. CONFIRMAR la sentencia proferida el 28 de noviembre de 2.024, por el
Tribunal Administrativo de Santander.
Segundo. CONDENAR EN COSTAS de segunda instancia a la parte demandante,
por los motivos expuestos
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Tercero. Ejecutoriada esta sentencia devolver el expediente al Tribunal de origen,
previas las anotaciones correspondientes.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior decisión fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de la
fecha.
LOS MAGISTRADOS,
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente
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