Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 68001-23-33-000-2020-01059-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 68001-23-33-000-2020-01059-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 68001-23-33-000-2020-01059-01
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
18 de julio de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., dieciocho (18) de julio de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 68001-23-33-000-2020-01059-01 (0182-2023)
Demandante: Martha Patricia Santana Osorio
Demandado: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar1
Tema: Relación laboral encubierta
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
Asunto
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada contra
la sentencia proferida el 29 de junio de 2022 por el Tribunal Administrativo de
Santander, mediante la cual se accedió a las pretensiones de la demanda.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
1. Martha Patricia Santana Osorio presentó demanda en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo2, en
orden a que se declarara la nulidad de los oficios 20205720000006491 del 12 de
febrero de 2020 y 202057200000011031 del 11 de marzo de 2020, por medio de
los cuales la directora del ICBF regional Santander le negó el reconocimiento de
una relación laboral por sus servicios «profesionales prestados en el grupo relacionado
con el saneamiento de los bienes del ICBF, regional Santander» desde el 11 de enero de
2017 hasta 30 de diciembre de 2019 y el pago de las prestaciones sociales que se
derivaban de ella.
2. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho
solicitó: i) la declaratoria de la existencia de la relación laboral por el período
reclamado; ii) el reconocimiento de los conceptos salariales y prestacionales que de
ello se derivaban, tales como salario, cesantías y sus intereses, vacaciones, primas
de servicios y de diciembre, licencia de maternidad y auxilio de alimentación,
1 En adelante ICBF.
2 En adelante CPACA.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 68001-23-33-000-2020-01059-01 (0182-2023)
Demandante: Martha Patricia Santana Osorio
conforme al valor pactado en los contratos de prestación de servicios; iii) el
nombramiento en provisionalidad en igualdad de condiciones que los demás
empleados de carrera; iv) la sanción moratoria de las cesantías y la indemnización
de perjuicios por falta de pago de salarios, así como los intereses a los que hubiere
lugar; v) el pago de la indemnización por despido injusto; y vi) la condena en costas.
1.1.2. Fundamentos fácticos
3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:
3.1. Martha Patricia Santana Osorio suscribió los siguientes contratos de prestación
de servicios con el ICBF:
Contrato No. Desde Hasta Remuneración mensual
1 154-2017 11/01/2017 30/12/2013 $2’981.000
2 68-098-2018 15/01/2018 30/12/2018 $3’100.000
3 68-001-2019 03/01/2019 30/12/2019 $3’202.000
3.2. El objeto de los contratos se contrajo a «prestar servicios profesionales de apoyo al
grupo administrativo en lo relacionado con el saneamiento de bines del IBF, regional
Santander».
3.3. Entre uno y otro contrato debió prestar sus servicios de forma gratuita.
3.4. Por medio del correo electrónico recibido el 29 de junio de 2018, el profesional
especializado del grupo jurídico y coordinador encargado de la oficina jurídica del
ICBF regional Santander, le comunicó el contenido de la Resolución 8265 del 29 de
junio de 2017, por el cual se amplió la jornada laboral de 8:00 a.m. a 5:00 p.m., con
receso de una hora para el almuerzo, «a fin realizar actividades tales como servicios de
radicación de correspondencia, archivo, financiera, contratación, jurídica y demás que sean
pertinentes para concluir las etapas del proceso de contratación, tales como la suscripción
de actas de inicio y se adelanten los tramites de legalización de cuentas en general,
situación que se presentaba a menudo en tiempos de contratación» (sic).
3.5. Con escrito radicado E-2018-44431146-86000 del 14 de agosto de 2018, informó
a la supervisora del contrato de prestación de servicios 68-098-2018 sobre su
estado de embarazo.
3.6. De forma verbal, el 15 de marzo de 2019 la directora encargada del ICBF le
solicitó la suspensión del contrato 68-001-2019, a partir de la fecha probable del
parto y durante toda la licencia de maternidad.
2
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Demandante: Martha Patricia Santana Osorio
3.7. El
3 de enero de 2020 recibió una llamada telefónica de la coordinadora
administrativa del ICBF regional Santander quién le informó que la entidad decidió
prescindir de sus servicios profesionales, pues en su lugar «sería contratada otra
profesional».
3.8. Durante su vinculación con el ICBF realizó sus labores de manera personal,
dependiente y subordinada, dentro de un horario impuesto por el empleador y
recibió como contraprestación por sus servicios una remuneración mensual.
3.9. La entidad demandada suministró todos los elementos de trabajo, tales como
puestos de trabajo, carné, computadores, lapiceros, papelería y demás necesarios
para el cumplimiento de sus funciones.
3.10. El 23 de enero de 2020 solicitó al ICBF, regional Santander el reconocimiento
de la relación laboral por el tiempo en que prestó sus servicios profesionales de
«apoyo al grupo administrativo en lo relacionado con el saneamiento de los bienes del ICBF
regional Santander» y el pago de las prestaciones sociales que se derivaban de ella;
sin embargo, esta petición fue negada por la directora regional de la entidad a través
de los actos demandados.
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
4. Como tales se señalaron los artículos 6, 12, 56 y 311 de la Constitución Política;
32 de la Ley 80 de 1993; 23 y 65 del Código Sustantivo del Trabajo; la Ley 29 de
1989; y los decretos 1950 de 1976 y 227 de 1979.
5. En cuanto al concepto de violación expuso lo siguiente3:
5.1. A través de los contratos de prestación de servicios se pretendió ocultar la
existencia de un trabajo desarrollado de forma permanente, subordinado o
dependiente, consistente en la actitud por parte de la administración de impartirle
órdenes en relación con la labor contratada, de manera personal y con similar
horario y funciones.
5.2. El ICBF desconoció principios mínimos y fundamentales como el de la primacía
3 Samai del tribunal, índice 48,
28_ENVIOEXPEDIENTE_CONSTANCIA_CONSTANCIAENVIOCORRE(.pdf) NroActua 48, link
one drive: https://etbcsj-
my.sharepoint.com/personal/des05tadmbuc_cendoj_ramajudicial_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2F
personal%2Fdes05tadmbuc%5Fcendoj%5Framajudicial%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FEXPEDIENTES
%2F01%2E%20PRIMERA%20INSTANCIA%2F01%2E%20NULIDAD%20Y%20RESTABLECIMIENTO
%20DEL%20DERECHO%2F2020%2F680012333000%2D2020%2D01059%2D00%20%28Contrato%20de
%20realidad%20ICBF%29&ga=1, DEMANDA MARTHA SANTANA.pdf.
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Demandante: Martha Patricia Santana Osorio
de la realidad sobre las formalidades, no obstante haberse configurado los
elementos propios de una relación laboral.
5.3. Las labores para las que fue contratada no fueron temporales, transitorias y
ocasionales, por el contrario, estas fueron permanentes y variaron en atención a las
instrucciones impartidas por la supervisora del contrato.
1.2. Contestación de la demanda
6. La entidad demandada se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la
demanda, con fundamento en los siguientes argumentos4:
6.1. Con el objetivo de cumplir los fines del Estado, el legislador, a través de las leyes
80 de 1993 y 1150 de 2007, permitió a las entidades estatales la vinculación de
personal por contratación directa, para contribuir con el funcionamiento y adecuada
prestación de los servicios públicos, razón por la cual, al ser una forma válida,
dispuso contratar los servicios de la demandante.
6.2. No se configuraron los elementos constitutivos para declarar la existencia de una
relación laboral entre las partes, en especial el de la subordinación, toda vez que se
trató de una labor coordinada entre el contratista y la contratante con el fin de
armonizar las actividades, lo que implicó que el primero se sometiera a las
condiciones necesarias para el desarrollo eficiente de estas.
6.3. Las labores contratadas correspondían a actividades técnicas y profesionales
relacionadas con la asistencia administrativa que no pueden confundirse con una
labor propia de la entidad.
6.4. Los elementos probatorios aportados no permiten acreditar la existencia de una
subordinación o dependencia de la demandante con el ICBF.
6.5. Por último, propuso las excepciones de: i) inexistencia de la relación laboral,
legal o reglamentaria entre las partes; ii) inexistencia de los elementos del contrato
de trabajo; iii) cobro de lo debido; iv) prescripción y v) genérica o innominada.
4.Samai del tribunal, índice 48,
28_ENVIOEXPEDIENTE_CONSTANCIA_CONSTANCIAENVIOCORRE(.pdf) NroActua 48, link
one drive: https://etbcsj-
my.sharepoint.com/personal/des05tadmbuc_cendoj_ramajudicial_gov_co/_layouts/15/onedrive.asp
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RESTABLECIMIENTO%20DEL%20DERECHO%2F2020%2F680012333000%2D2020%2D01059
%2D00%20%28Contrato%20de%20realidad%20ICBF%29&ga=1, 08. CONTESTACION
DEMANDA Y ANEXOS.pdf y SUBSANACION DEMANDA MARTHA SANTANA.pdf.
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Demandante: Martha Patricia Santana Osorio
1.3. La sentencia apelada
7. El Tribunal Administrativo de Santander en sentencia proferida el 29 de junio de
2022 declaró la nulidad del «Oficio 20205720000011031 del 11 de marzo de 2020» y, a
título de restablecimiento del derecho condenó al ICBF a pagar a la demandante las
sumas que por concepto de prestaciones sociales devengaba un empleado
«vinculado mediante relación legal y reglamentaria con idénticas funciones a las
desarrolladas por la demandante, liquidada con base en el valor mensual promedio
devengado a título de honorarios en virtud de los contratos de prestación de servicios».
8. Para tal efecto, luego de realizar un recuento legal y jurisprudencial aplicable al
asunto, fundamentó su decisión en lo siguiente5:
8.1. En atención a los testimonios, los contratos de prestación de servicios y las
demás pruebas documentales, es posible declarar la relación laboral entre las
partes, toda vez que se acreditaron los elementos para su configuración, esto es la
prestación personal del servicio, la remuneración y la subordinación o dependencia.
8.2. Lo anterior, comoquiera que Martha Patricia Santana Osorio i) realizó de forma
personal sus labores como abogada para el saneamiento de bienes del ICBF
regional Santander; ii) por la labor que ejerció recibió una contraprestación
económica mensual la cual fue pactada en los contratos de prestación de servicios
suscritos; iii) no tenía libertad para realizar las funciones encomendadas, las cuales
eran permanentes, se realizaron en un horario determinado, eran esenciales de la
entidad y fueron iguales que las desarrolladas por los empleados de planta;
iv) estuvo sujeta al cumplimiento de un horario; v) recibía llamados de atención;
vi) los elementos de trabajo eran propiedad de la entidad; y vii) debía movilizarse a
otras regionales para ejercer su actividad, por lo cual la entidad le reconocía viáticos.
1.4. El recurso de apelación
9. ElICBF recurrió la sentencia de primera instancia con fundamento en los
siguientes argumentos6:
9.1. El acto cuya nulidad fue declarada no corresponde al que resolvió la situación
jurídica particular, pues la resolución del «reconocimiento de la primacía de la realidad
sobre las formalidades», se encuentra contenido en el ordinal décimo tercero del
Oficio 0205720000000649 de 12 de febrero de 2020; en los demás ordinales,
5 Samai del tribunal, índice 30.
6 Samai del tribunal, índice 36.
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Demandante: Martha Patricia Santana Osorio
únicamente, se hace relación a la solicitud de documentos emanados por el ICBF,
que no pueden ser objeto de nulidad ya que fueron suministrados a la demandante
según su petición.
9.2. No es posible dar cumplimiento a la orden de restablecimiento del derecho, toda
vez que no existe congruencia entre lo demandado y lo concedido, «pues el acto
declarado nulo se refiere al suministro en medio magnético de las cuentas de cobro
presentadas durante las vigencias 2017 y 2028».
9.3. Se violó el principio de congruencia, pues la nulidad declarada no puede afectar
un acto administrativo diferente y el cual no es el resultado de la interposición de los
recursos.
9.4. Tal y como se expuso en la contestación de la demanda, la relación contractual
entre las partes estuvo regulada por el artículo 32 de la Ley 80 de 1993, la cual
autorizó a las entidades públicas a celebrar contratos de prestación de servicios; no
obstante, estos no generan un vínculo laboral ni el derecho a percibir prestaciones
sociales.
9.5. El cumplimiento de un horario no puede ser catalogado como único elemento
para inferir el elemento subordinación, especialmente, cuando la entidad presta sus
servicios de atención en horario de 8:00 a.m., a 5:00 p.m.; no obstante, nada dice
que la contratista se pudiera retirar en cualquier hora del día.
9.6. Existió una indebida valoración de las pruebas, pues no se demostró dentro del
debate probatorio la configuración de los elementos constitutivos de una relación
laboral entre las partes, en especial el de la subordinación o dependencia, toda vez
que a la demandante no se le impartieron órdenes en la ejecución de la labor
contratada, así como tampoco recibió llamados de atención, memorandos,
comunicaciones, circulares u otros medios a través de los cuales se hubieren
impartido instrucciones en relación con sus servicios.
9.7. Las directrices impartidas por el contratante en la ejecución del contrato no
suponen por si solas una subordinación.
1.5. Intervenciones en segunda instancia
10. Conforme con el numeral 3 del artículo 247 del CPACA, modificado por el artículo
67 de la Ley 2080 de 2021, en cuanto no fue necesario el decreto de pruebas, no
hubo traslado a las partes para alegar.
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Demandante: Martha Patricia Santana Osorio
1.6. Concepto del Ministerio Público
11. En esta etapa procesal guardó silencio.
2. Consideraciones
2.1. Los problemas jurídicos
12. Con fundamento en los argumentos expuestos en el escrito de apelación 7, los
problemas jurídicos consisten en determinar ¿si el acto administrativo cuya nulidad
fue declarada por el tribunal corresponde al que definió la situación jurídica particular
de la demandante?, ¿si entre Martha Patricia Santana Osorio y el ICBF se configuró
una relación laboral? y si ¿aquella tiene derecho al reconocimiento y pago de las
prestaciones sociales derivadas de esa relación laboral?
2.2. Marco normativo y jurisprudencial
2.2.1. Sobre la existencia de las relaciones laborales encubiertas
13. El numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 permite la celebración de
contratos de prestación de servicios con las entidades del sector público, así:
«Artículo 32. De los contratos estatales. Son contratos estatales todos los actos
jurídicos generadores de obligaciones que celebren las entidades a que se refiere el
presente estatuto, previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales, o
derivados del ejercicio de la autonomía de la voluntad, así como los que, a título
enunciativo, se definen a continuación:
(…)
3o. Contrato de Prestación de Servicios.
Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades estatales para
desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la
entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas
actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos
especializados.
En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales y se
celebrarán por el término estrictamente indispensable».
14. Por su parte, el Decreto 2209 de 19988 precisó que «(l)os contratos de prestación
7 Que delimita el marco de la competencia del juez de segunda instancia, pues así lo establece el
artículo 328 de la Ley 1564 de 2012.
8 «Por el cual se modifican parcialmente los Decretos 1737 y 1738 del 21 de agosto de 1998».
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de servicios con personas naturales o jurídicas, sólo se podrán celebrar cuando no exista
personal de planta con capacidad para realizar las actividades que se contratarán».
15. De esta forma, en cuanto tiene que ver con la contratación de personas naturales,
la norma exige que solo se celebrarán con el propósito de suplir actividades
relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad, o para
desarrollar labores especializadas que no puede asumir el personal de planta. De
allí que la consecuencia jurídica lógica radica en que no se generará una relación
laboral y con ello tampoco se producirá ningún tipo de prestación social.
16. La Corte Constitucional, en sentencia C-147 de 1997, al estudiar la
constitucionalidad de las expresiones «no puedan realizarse con personal de planta o»
y «en ningún caso (...) generan relación laboral ni prestaciones sociales», contenidas en
el citado numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, estableció que el ejercicio
de tal potestad es ajustado a la Carta Política, siempre y cuando la administración
no la utilice para ocultar la existencia de una relación laboral personal subordinada
y dependiente.
17. De tal forma, se hace necesario remitirse al artículo 53 de la Constitución Política
que dispone, frente a los principios mínimos fundamentales en materia laboral, entre
otros, el de la primacía de la realidad sobre las formalidades. Esto señala la norma:
«Articulo 53. El Congreso expedirá el estatuto del trabajo. La ley correspondiente tendrá
en cuenta por lo menos los siguientes principios mínimos fundamentales:
Igualdad de oportunidades para los trabajadores; remuneración mínima vital y móvil,
proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; estabilidad en el empleo; irrenunciabilidad
a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales; facultades para transigir y
conciliar sobre derechos inciertos y discutibles; situación más favorable al trabajador en
caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho;
primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de las
relaciones laborales; garantía a la seguridad social, la capacitación, el adiestramiento
y el descanso necesario; protección especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador
menor de edad.
El estado garantiza el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones
legales.
Los convenios internacionales del trabajo debidamente ratificados hacen parte de la
legislación interna.
La ley, los contratos, los acuerdos y convenios de trabajo no pueden menoscabar la
libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores». (Resalta la Sala).
18. Así,
cuando la norma constitucional alude a los convenios internacionales
debidamente ratificados, impone remitirse a su vez, a la Constitución de la
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Organización Internacional del Trabajo (OIT)9 que previó una garantía al derecho a
la igualdad a través del principio de «salario igual por un trabajo de igual valor». En
igual sentido el artículo 2 del Convenio 111 de esa organización 10, desarrolló el
principio anterior al establecer que «(t)odo miembro para el cual este Convenio se halle
en vigor se obliga a formular y llevar a cabo una política nacional que promueva los métodos
adecuados a las condiciones y a las prácticas nacionales, la igualdad de oportunidades y
de trato en materia de empleo y ocupación, con objeto de eliminar cualquier discriminación
a este respecto».
19. Ahora bien, el «(p)rotocolo de San Salvador: Adicional a la Convención Americana
sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales»11 y
que también fue ratificado por Colombia, establece que todos los Estados parte
deben garantizar, como mínimo, «unas condiciones justas, equitativas y satisfactorias»,
y, en particular «una remuneración que asegure como mínimo a todos los trabajadores
condiciones de subsistencia digna y decorosa para ellos y sus familias y un salario
equitativo e igual por trabajo igual, sin ninguna distinción».
20. Estasobligaciones internacionales, encuentran vigencia en el ordenamiento
colombiano. En particular, el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo señala
los elementos esenciales del contrato de trabajo de la siguiente manera:
«Artículo 23. Elementos esenciales. <Artículo subrogado por el artículo 1o. de la Ley
50 de 1990. El nuevo texto es el siguiente:>
1. Para que haya contrato de trabajo se requiere que concurran estos tres elementos
esenciales:
a. La actividad personal del trabajador, es decir, realizada por sí mismo;
b. La continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto del empleador,
que faculta a éste para exigirle el cumplimiento de órdenes, en cualquier momento, en
cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, e imponerle reglamentos, la cual debe
mantenerse por todo el tiempo de duración del contrato. Todo ello sin que afecte el honor,
la dignidad y los derechos mínimos del trabajador en concordancia con los tratados o
convenios internacionales que sobre derechos humanos relativos a la materia obliguen
al país; y
c. Un salario como retribución del servicio.
2. Una vez reunidos los tres elementos de que trata este artículo, se entiende que existe
contrato de trabajo y no deja de serlo por razón del nombre que se le dé ni de otras
condiciones o modalidades que se le agreguen».
9 Aprobada el 11 de abril de 1919.
10 Aprobado en Colombia mediante la Ley 22 de 1967 y ratificado en 1969.
11 Adoptado en San Salvador, el 17 de noviembre de 1988.
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Demandante: Martha Patricia Santana Osorio
21. Aquí se debe precisar que, en materia probatoria, la presunción que se establece
en la citada norma opera de forma distinta cuando se trata en materia laboral
ordinaria, ya que se está dejando la carga de la prueba en manos del empleador,
caso distinto ocurre cuando se involucran relaciones entre los servidores públicos o
particulares frente al Estado, los cuales deberán asumir esa carga siempre que
intenten develar una relación laboral a través de un contrato de prestación de
servicios.
22. Al respecto, la Sección Segunda del Consejo de Estado en la sentencia de
unificación12 del 25 de agosto de 2016, indicó lo siguiente:
«De lo anterior se colige que el contrato de prestación de servicios se desfigura cuando
se comprueban los tres elementos constitutivos de una relación laboral, esto es, la
prestación personal del servicio, la remuneración y la continuada subordinación laboral,
de lo que surge el derecho al pago de prestaciones sociales a favor del contratista, en
aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas
en las relaciones laborales, consagrado en el artículo 53 de la Constitución Política, con
el que se propende por la garantía de los derechos mínimos de las personas
preceptuados en normas respecto de la materia.
En otras palabras, el denominado “contrato realidad” aplica cuando se constata en juicio
la continua prestación de servicios personales remunerados, propios de la actividad
misional de la entidad contratante, para ejecutarlos en sus propias dependencias o
instalaciones, con sus elementos de trabajo, bajo sujeción de órdenes y condiciones de
desempeño que desbordan las necesidades de coordinación respecto de verdaderos
contratistas autónomos, para configurar dependencia y subordinación propia de las
relaciones laborales13». (Resalta la Sala).
23. Así entonces, el Consejo de Estado ha reiterado la necesidad de que se acrediten
fehacientemente los 3 elementos propios de una relación de trabajo, como son la
prestación personal del servicio, la remuneración y, en especial, la subordinación y
dependencia del trabajador respecto del empleador.
24. Ahora, sobre la prescripción del derecho reclamado en el marco de una relación
laboral encubierta, la Sección Segunda del Consejo de Estado, en la referida
sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016, señaló:
«Por lo tanto, si quien pretende el reconocimiento de la relación laboral con el Estado,
se excede de los tres años, contados a partir de la terminación de su vínculo contractual,
para reclamar los derechos en aplicación del principio de la “...primacía de la realidad
sobre las formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales” (artículo
12 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 25 de agosto de 2016, radicado
230012333000201300260 01 (0088-15) CE–SUJ2-005-16. M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
13 «En similares términos, se pronunció el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, en
sentencia del 27 de enero de 2011, M.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila, expediente: 5001-23-31-
000-1998-03542-01(0202-10)».
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Radicado: 68001-23-33-000-2020-01059-01 (0182-2023)
Demandante: Martha Patricia Santana Osorio
53 constitucional), se extingue el derecho a solicitar las prestaciones que se deriven de
aquella, pues dicha situación se traduciría en su desinterés, que no puede soportar el
Estado, en su condición de empleador.
Pero en aquellos contratos de prestación de servicios, pactados por un interregno
determinado y que la ejecución entre uno y otro tiene un lapso de interrupción, frente a
cada uno de ellos habrá de analizarse la prescripción a partir de sus fechas de
finalización, puesto que uno de los fundamentos de la existencia del contrato realidad es
precisamente la vocación de permanencia en el servicio. Por consiguiente, le
corresponderá al juez verificar si existió o no la citada interrupción contractual, que será
excluida de reconocimiento y examinada en detalle en cada caso particular, en aras de
proteger los derechos de los trabajadores, que han sido burlados por las autoridades
administrativas al encubrir una relación laboral bajo contratos de prestación de
servicios».
25. Esta providencia aclaró que el fenómeno prescriptivo no opera respecto de los
aportes para pensión, en consideración a la condición periódica del derecho
pensional que los hace imprescriptibles.
26. Además, este mecanismo de contratación tiene un límite temporal, esto es que
solo es posible ejecutarlo por el término indispensable para el cumplimiento de la
labor contratada.
27. Al respecto, la Sección Segunda de esta Corporación en la sentencia SUJ-025-
CE-S2-2021 del 9 de septiembre de 202114 estableció las siguientes reglas de
unificación frente a varios aspectos de las relaciones laborales encubiertas, como
son: i) el sentido y alcance de la expresión «término estrictamente indispensable»
(temporalidad) contenido en el numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993; ii) la
delimitación del término de solución de continuidad en los contratos estatales de
prestación de servicios que ocultaron la existencia de una relación laboral que se
declara, a efectos de determinar la prescripción de derechos; y iii) la improcedencia
de la devolución de los aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud efectuados
por el contratista. Al efecto se señaló:
«(i) La primera regla define que el concepto de «término estrictamente indispensable»,
al que alude el numeral 3.o del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, es el señalado en los
estudios previos y en el objeto del contrato, el cual, de acuerdo con el principio de
planeación, tiene que estar justificado en la necesidad de la prestación del servicio a
favor de la Administración, de forma esencialmente temporal y, de ninguna manera, con
ánimo de permanencia.
(ii) La segunda regla establece un periodo de treinta (30) días hábiles, entre la
finalización de un contrato y la ejecución del siguiente, como término de la no solución
14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso- Administrativo, Sección Segunda, sentencia de 9 de
septiembre de 2021, expediente: 1317-2016, magistrado ponente: Rafael Francisco Suárez
Vargas.
11
Radicado: 68001-23-33-000-2020-01059-01 (0182-2023)
Demandante: Martha Patricia Santana Osorio
de continuidad, el cual, en los casos que se exceda, podrá flexibilizarse en atención a
las especiales circunstancias que el juez encuentre probadas dentro del expediente.
(iii) La tercera regla determina que frente a la no afiliación al sistema de la Seguridad
Social en salud, por parte de la Administración, es improcedente la devolución de los
valores que el contratista hubiese asumido de más, en tanto se recaudaron como
recursos de naturaleza parafiscal».
28. En esta providencia se sostuvo que «aun cuando se acrediten los mencionados
elementos del contrato de trabajo, lo que emerge entre el contratista y la entidad es una
relación laboral, gracias a la aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre las
formalidades, por lo que, en ningún caso, será posible darle la categoría de empleado
público a quien prestó sus servicios sin que concurran los elementos previstos en el artículo
122 de la Carta Política».
29. En línea con lo expuesto, se establece que quien demande tiene que desvirtuar
inicialmente la presunción de legalidad del contrato estatal del artículo 32 de la Ley
80 de 1993. Así que es necesario que se prueben los elementos de la relación
laboral, esto es la actividad personal del trabajador, la subordinación continuada y
dependencia de este y la remuneración como retribución del trabajo prestado, para
que se pueda configurar una relación laboral encubierta.
2.3. Caso concreto
30. En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente:
2.3.1. Documentales
31. Duranteel periodo comprendido entre el 11 de enero de 2017 y el 30 de
diciembre de 2019, Martha Patricia Santana Osorio estuvo vinculada con el ICBF
mediante los siguientes contratos de prestación de servicios:
CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS15 TIEMPO
Interrupción
No. Objeto Valor Desde Hasta en días
hábiles
Prestar servicios profesionales
de apoyo al grupo administrativo 11 de 30 de
$34’778.333
154- en lo relacionado con el enero de diciembre -
saneamiento de los bienes del 2017 de 2017
ICBF regional Santander.
15 La información consignada en el cuadro se funda en el plazo señalado en los contratos, sus
prórrogas, adiciones y en las certificaciones de contrato estatal suscritas por la coordinadora grupo
jurídico ICBG regional Santander.
12
Radicado: 68001-23-33-000-2020-01059-01 (0182-2023)
Demandante: Martha Patricia Santana Osorio
201716.
Prestar servicios profesionales
de apoyo al grupo administrativo 15 de 30 de
68-098-
en lo relacionado con el $35’753.333 enero de diciembre 8 días
201817.
saneamiento de los bienes del 2018 de 2018
ICBF regional Santander.
Prestar servicios profesionales
de apoyo al grupo administrativo 03 de 30 de
68-001-
en lo relacionado con el $38’103.800 enero de diciembre 2 días
201918.
saneamiento de los bienes del 2019 de 2019
ICBF regional Santander.
32. En el período reclamado, efectuó los siguientes aportes al sistema de seguridad
social19:
Periodo de pago Fecha de pago Tipo de planilla Valor pagado
Marzo 2017 2017/03/15 Independientes $346.700
Abril 2017 2017/04/19 Independientes $346.200
Mayo 2017 2017/05/08 Independientes $346.200
Junio 2017 2017/06/05 Independientes $346.200
Julio 2017 2017/07/05 Independientes $346.200
Agosto 2017 2017/08/03 Independientes $346.200
Septiembre 2017 2017/09/05 Independientes $346.200
Octubre 2017 2017/10/11 Independientes $346.200
Noviembre 2017 2017/11/10 Independientes $346.200
Diciembre 2017 2017/12/06 Independientes $346.200
Enero 2018 2017/12/26 Independientes $346.200
Febrero 2018 2018/02/01 Independientes $361.400
Marzo 2018 2018/03/16 Independientes $362.200
Abril 2018 2018/04/19 Independientes $363.300
Mayo 2018 2018/04/26 Independientes $361.400
Junio 2018 2018/06/12 Independientes $361.400
Julio 2018 2018/07/23 Independientes $363.500
Agosto 2018 2018/08/21 Independientes $363.500
Septiembre 2018 2018/10/01 Independientes $361.400
Octubre 2018 2018/10/25 Independientes $361.400
16. Samai del tribunal, índice 48,
28_ENVIOEXPEDIENTE_CONSTANCIA_CONSTANCIAENVIOCORRE(.pdf) NroActua 48, link
one drive: https://etbcsj-
my.sharepoint.com/personal/des05tadmbuc_cendoj_ramajudicial_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2F
personal%2Fdes05tadmbuc%5Fcendoj%5Framajudicial%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FEXPEDIENTES
%2F01%2E%20PRIMERA%20INSTANCIA%2F01%2E%20NULIDAD%20Y%20RESTABLECIMIENTO
%20DEL%20DERECHO%2F2020%2F680012333000%2D2020%2D01059%2D00%20%28Contrato%20de
%20realidad%20ICBF%29&ga=1, 05-Contrato 154-2017.pdf.
17 Ibidem, 05-Contrato 68-098-2018.pdf.
18 Ibidem, 05-contrato 68-001-2019.pdf.
19 Samai del tribunal, índice 8, SoporteHistoricoPagos.7657185181.pdf.
13
Radicado: 68001-23-33-000-2020-01059-01 (0182-2023)
Demandante: Martha Patricia Santana Osorio
Noviembre 2018 2018/12/07 Independientes $361.400
Diciembre 2018 2019/01/03 Independientes $361.400
Enero 2019 2019/02/27 Independientes $375.800
Febrero 2019 2019/04/11 Independientes $379.900
Marzo 2019 2019/03/26 Independientes $372.000
Mayo 2019 2019/05/23 Independientes $372.000
Junio 2019 2019/07/26 Independientes $375.100
Julio 2019 2019/08/27 Independientes $375.500
Agosto 2019 2019/09/13 Independientes $372.000
Septiembre 2019 2019/10/29 Independientes $375.900
Octubre 2019 2019/11/25 Independientes $374.100
Noviembre 2019 2019/12/10 Independientes $372.000
33. El 10 de febrero de 2020, la coordinadora del grupo jurídico regional Santander
ICBF certificó que durante la ejecución de los contratos celebrados entre la entidad
y la demandante «en contra de la contratista no exist[iero]n procesos administrativos
sancionatorios contractuales de los que trata el artículo 1150 de 2017 y el artículo 86 de la
Ley 1474 de 2011, así como no se evidencia registro ni sanciones»20 (sic).
34. A la demandante le fueron asignados los siguientes elementos de trabajo21:
Vigencia Descripción
Puesto de trabajo
Silla giratoria con brazos
2017 CPU
Monitor
Teclado
CPU
Teclado
2018
Monitor
Puesto de trabajo
CPU
Teclado
2019 Monitor
Silla giratoria sin brazos
Puesto de trabajo
35. Mediante comunicación del 14 de agosto de 2018, la demandante le informó a la
coordinadora administrativa del ICBF sobre su embarazo22.
36. A través de la anotación del 6 de abril de 2019, la dirección de contratación del
ICBF, con el fin de dar respuesta a la consulta CR074 de 2019, informó a la regional
que «es generalmente posible que la madre en periodo de lactancia (a menos que exista
concepto médico desde la EPS, la maternidad o lactancia no constituye una enfermedad
20 Ibidem, 06-certificado no sancionatorio MARTHA SANTANA.pdf.
21 Ibidem, 08-Certificación Almacén.pdf.
22 Ibidem, 16-Aviso embarazo.pdf.
14
Radicado: 68001-23-33-000-2020-01059-01 (0182-2023)
Demandante: Martha Patricia Santana Osorio
limitante de las capacidades físicas o cognitivas), pueda continuar desarrollando las
actividades para el cumplimiento de sus obligaciones y el objeto contractual pactado» (sic).
En consecuencia, durante el periodo de lactancia, la demandante debía continuar
con la ejecución de las obligaciones pactadas en el contrato de prestación de
servicios23.
37. A través de escrito radicado el 23 de enero de 202024, Martha Patricia Santana
Osorio solicitó a la entidad demandada i) la expedición de unas certificaciones
relacionadas con los contratos de prestación de servicios celebrados entre las
partes; ii) que se informara los motivos por los cuales no se renovó el contrato en la
vigencia 2020; iii) el pago de las prestaciones sociales que se derivaban del
reconocimiento de la relación laboral por el tiempo en que se prestó sus servicios
profesionales de apoyo al grupo administrativo en lo relacionado con el saneamiento
de bienes del ICBF regional Santander.
38. Esta petición fue resuelta por la directora regional ICBF Santander través de los
oficios 20205720000006491 del 12 de febrero de 202025 y 202057200000011031
del 11 de marzo de esa anualidad26, para lo cual en lo referente al reconocimiento
de la relación laboral, manifestó que al estar ante un contrato estatal de prestación
de servicios profesionales, de carácter directo «la entidad tiene libertad de escoger, sin
necesidad de convocatoria pública, la persona que requiere para la prestación del servicio,
siempre y cuando esta demuestre idoneidad para la prestación del servicio requerido. Por
tanto, al no existir una relación laboral entre el peticionario y el ICBF, la contratista no tiene
a su favor el reconocimiento de las prestaciones derivadas de un contrato de trabajo» (sic).
39. Además, al expediente se aportaron los siguientes documentos:
23 Ibidem, 17-Alumbramiento.pdf.
24 Ibidem, 11-Reclamación administrativa.pdf.
25 Samai del tribunal, índice 48,
28_ENVIOEXPEDIENTE_CONSTANCIA_CONSTANCIAENVIOCORRE(.pdf) NroActua 48, link
one drive: https://etbcsj-
my.sharepoint.com/personal/des05tadmbuc_cendoj_ramajudicial_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2F
personal%2Fdes05tadmbuc%5Fcendoj%5Framajudicial%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FEXPEDIENTES
%2F01%2E%20PRIMERA%20INSTANCIA%2F01%2E%20NULIDAD%20Y%20RESTABLECIMIENTO
%20DEL%20DERECHO%2F2020%2F680012333000%2D2020%2D01059%2D00%20%28Contrato%20de
%20realidad%20ICBF%29&ga=1, 12-Respuesta 1y 2 reclamación administrativa.pdf, folios 1 al 9.
26 Ibidem, folios 10 y 11.
15
Radicado: 68001-23-33-000-2020-01059-01 (0182-2023)
Demandante: Martha Patricia Santana Osorio
40. Cuentas de cobro de los contratos 154-201727, 68-098-201828 y 68-001-201929.
41. Informes de supervisión de los contratos 154-201730, 68-098-201831 y 68-001-
201932.
42. Certificados emolumentos de nómina del ICBF33.
43. Reporte de relación de pagos efectuados a la demandante34.
2.3.2. Testimonios, declaraciones e interrogatorio de parte
44. En la audiencia de pruebas celebrada el 29 de marzo de 202235, el demandante
manifestó lo siguiente:
44.1. De manera exclusiva, laboró al servicio del ICBF regional Santander desde el
11 de enero de 2017 hasta el 30 de diciembre de 2019, tiempo en el que prestó sus
servicios profesionales como abogada de manera personal y subordinada. Nunca
tuvo llamados de atención o sanciones por escrito, pero en algunas ocasiones fue
objeto de descargos verbales por ausentarse de su lugar de trabajo sin el
consentimiento de sus superiores.
44.2. En el tiempo en que estuvo vinculada con la entidad recibió instrucciones y
órdenes escritas por parte de las supervisoras del contrato y del coordinador
jurídico.
44.3. Tan pronto firmó el contrato se le impuso un horario de trabajo y la obligación
de permanecer durante este tiempo en las instalaciones de la entidad, además, se
le informó que debía compensar los permisos. En alguna ocasión tuvo que
27 Samai del tribunal, índice 48,
28_ENVIOEXPEDIENTE_CONSTANCIA_CONSTANCIAENVIOCORRE(.pdf) NroActua 48, link
one drive: https://etbcsj-
my.sharepoint.com/personal/des05tadmbuc_cendoj_ramajudicial_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2F
personal%2Fdes05tadmbuc%5Fcendoj%5Framajudicial%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FEXPEDIENTES
%2F01%2E%20PRIMERA%20INSTANCIA%2F01%2E%20NULIDAD%20Y%20RESTABLECIMIENTO
%20DEL%20DERECHO%2F2020%2F680012333000%2D2020%2D01059%2D00%20%28Contrato%20de
%20realidad%20ICBF%29&ga=104-Cuenta de cobro Cto 154-2017.pdf.
28 Ibidem, 04-Cuenta de cobro Cto 098-2018.pdf.
29 Ibidem, 04-Cuenta de cobro Cto 001-2019.pdf.
30 Ibidem, 04-Informes de supervison Contrato 154-2017.pdf.
31 Ibidem, 04-Informes de Supervision Contrato 68-098-2018.pdf.
32 Ibidem, 04-Informes de supervision Contrato 68-001-2019.pdf.
33 Ibidem, 10-Certificación emolumentos nómina ICBF.pdf.
34 Ibidem, 07-Estados de cuenta contratos Martha Santana.pdf.
35 Samai del tribunal, índice 23, https://apigestionaudiencias3.ramajudicial.gov.co/share/beebc0a1-
a1be-4a5d-89fe-dd59c0dd5a5d.
16
Radicado: 68001-23-33-000-2020-01059-01 (0182-2023)
Demandante: Martha Patricia Santana Osorio
asuntarse de su lugar de trabajo sin avisar porque la llamaron del colegio de su hija
y posteriormente, fue objeto de un llamado de atención verbal por parte de la
coordinadora de área.
44.4. En la coordinación administrativa, lugar en el que prestó sus servicios debía
atender las obligaciones contractuales y otras tareas asignadas por la supervisora
y jefe de área, tales como revisión de estados financieros e impulso de etapas pre
y postcontractuales, entre otros.
44.5. Solicitó a la entidad permiso para continuar ejecutando su contrato desde casa,
toda vez que su esposo había quedado desempleado y con «$1’400.000 que pagaban
por la incapacidad» le era imposible subsistir; no obstante, durante el periodo de
lactancia fue obligada a prestar sus servicios de manera personal e ininterrumpida
en las instalaciones de la entidad porque la regional «no fue capaz de decir si podía o
no suspender su contrato. Entonces tocó elevar la consulta a Bogotá, para que dijera si sí
podía o no podía hacer la labor desde mi casa».
45. En esta oportunidad, también se recibieron los testimonios de Viviana Andrea
Vesga Benítez, Adriana Rincón Parada y Dalia Astrith Arias Lozano, quienes en
particular señalaron lo siguiente:
46. Viviana Andrea Vesga Benítez abogada de profesión. Actualmente tiene una
demanda en contra el ICBF por similares supuestos facticos y jurídicos a los de la
demandante.
46.1. La demandante era la encargada de saneamiento de bienes de la regional
Santander, pero también era la encargada de los contratos de prestación de
servicios del personal que trabajaba en el grupo administrativo. Allí debía cumplir
un horario de más de 8 horas e incluso en algunas oportunidades la vio trabajando
en días de descanso.
46.2. El coordinador del área era el encargado de la supervisión de los contratos de
prestación de servicios, pero este también les impartía órdenes y les asignó
funciones diferentes a las obligaciones pactadas en los contratos de prestación de
servicios. Para el caso particular de la demandante, ella debía impulsar todo lo
relacionado con los contratos de prestación de servicios del área administrativa.
46.3. El personal vinculado por medio de contratos de prestación de servicio podía
hacer uso de todos los elementos de trabajo asignados, pero no podían hacer uso
del servicio de transporte, pues este era, únicamente, para los funcionarios de
planta
17
Radicado: 68001-23-33-000-2020-01059-01 (0182-2023)
Demandante: Martha Patricia Santana Osorio
46.4. Si no se cumplía el horario de trabajo eran objeto de llamados de atención
verbales.
47. Adriana Rincón Prada, contadora publica de profesión y actualmente labora al
servicio de la alcaldía de Bucaramanga. Fue compañera de trabajo de la
demandante en el ICBF. En el momento tiene una demanda en contra de la entidad
por el tiempo en que estuvo vinculada con la regional por medio de contratos de
prestación de servicios.
47.1. La demandante laboraba en el grupo administrativo y ejercía funciones como
abogada en el saneamiento de bienes de la entidad; sin embargo, también debía
ejecutar otras funciones relacionadas con los contratos a cargo del área
administrativa.
47.2. Dalia Astrith era la supervisora del contrato de la demandante, ella le asignaba
distintas funciones, tales como la revisión de la liquidación de los contratos
estatales, entre otros. En alguna ocasión tuvo que capacitarla, toda vez que la
actividad requería conocimientos financieros.
47.3. Cada coordinador de área tenía un grupo de whatsapp a través del cual se
impartían instrucciones y se hacían distintos llamados de atención, pero
especialmente por el incumplimiento del horario.
47.4. Durante la licencia de maternidad y periodo de lactancia la demandante tuvo
que prestar sus servicios a favor del ICBF, algunos días desde su casa y otros en
las instalaciones de la entidad.
47.5. La función de saneamiento de bienes es una labor permanente de la entidad.
48. DaliaAstrith Arias Lozano, administradora de empresas de profesión y
actualmente funge como coordinadora de planeación y sistemas en el ICBF regional
Santander. Entre 2017 y 2019 ejerció como supervisora de los contratos celebrados
por la demandante con el ICBF; desde julio de 2019 supervisó «la doctora Niyoli
Hernández Cáceres».
48.1. MarthaPatricia Santana Osorio cumplió con las labores pactadas en los
contratos de prestación de servicios, pero, de manera voluntaria, apoyaba a la
persona que revisaba las cuentas de los contratos, toda vez que era la única
abogada con la que contaba el área administrativa.
18
Radicado: 68001-23-33-000-2020-01059-01 (0182-2023)
Demandante: Martha Patricia Santana Osorio
48.2. Los contratistas del ICBF no tienen horario asignado, por tanto, podían laborar
en el tiempo que estimaran conveniente. La entidad, sin discriminar el tipo de
vinculación del personal, dota a sus funcionarios y contratistas de todos los insumos
necesarios para el ejercicio de sus labores.
48.3. Por temas de seguridad, el personal de vigilancia lleva una bitácora de ingreso
y salida, sin que pueda justificarse el cumplimiento y control de un horario, pues
dicho control atiende al protocolo de emergencias y no excluye visitantes de
funcionarios.
48.4. Como coordinadora realizaba reuniones con personal de planta y contratistas
para impartir instrucciones y coordinar los procesos de trabajo. En algunas
ocasiones se aprovecharon esos espacios para reiterar el cumplimiento del horario.
48.5. Lasactividades ejecutadas por la demandante en la entidad, siempre se
realizaron a través de contratistas, toda vez que el personal del área administrativa
no cuenta con la experiencia para realizar el saneamiento de bienes del ICBF.
48.6. La labor de saneamiento de bienes es una tarea permanente en la entidad que
requiere conocimiento especializado. En 2015, dicha labor fue realizada por
personal de la entidad, pero a comienzos de 2017, con el fin de contar con personal
capacitado, se contrataron los servicios de la demandante.
48.7. En el periodo de embarazo y postparto la demandante informó de su estado de
embarazo e informó que seguiría ejerciendo sus labores desde su hogar; «como
éramos casi vecinas yo le llevaba información hasta mi portería o ella me la llevaba a mi
para que ella pudiera seguir ejerciendo labores desde su casa» y la labor no se viera
afectada.
48.8. La regional del ICBF, con el fin de garantizar los derechos de la demandante y
el cumplimiento de las obligaciones contractuales pactadas, consultó con la nacional
lo relacionado con el periodo de lactancia, toda vez que el saneamiento de bienes
requería el desplazamiento a los distintos municipios del departamento. La
programación y desplazamiento era organizado por la demandante quien debía
informar de dicha situación a la entidad para su acompañamiento y el pago de
viáticos por concepto de gastos de traslado.
48.9. Por temas de seguridad de la información, la entidad les asigna a sus
contratistas un puesto de trabajo totalmente dotado de todos los elementos.
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Radicado: 68001-23-33-000-2020-01059-01 (0182-2023)
Demandante: Martha Patricia Santana Osorio
48.10. En el área administrativa no se contaba con apoyo jurídico, por tanto, desde
2017 la regional decidió contratar los servicios de una abogada experta en
saneamiento de bienes. El proceso de saneamiento inicia en la coordinación
administrativa, en donde se arma la carpeta que posteriormente debe ser remitida
al equipo jurídico de la entidad para que allí se realicen las actuaciones finales.
2.4. Análisis sustancial del caso concreto
49. Previo a abordar el estudio de los elementos que permiten la configuración de
una relación laboral encubierta, la Sala procederá a estudiar el argumento expuesto
por la entidad demandada, según el cual el a quo declaró la nulidad de un acto que
«se refiere al suministro en medio magnético de las cuentas de cobro presentadas durante
las vigencias 2017 y 2028» y por tanto no es posible dar cumplimiento a la orden de
restablecimiento del derecho.
50. Para comenzar, se precisa que el criterio moderno señala que cuando los oficios
contienen declaraciones de voluntad, de ciencia o cognición proferida en ejercicio
de la función administrativa que produce efectos jurídicos directos y definitivos sobre
determinados asuntos, son verdaderos actos administrativos y por ende
susceptibles de control jurisdiccional. De ahí que, se haya sostenido que no puede
el juez inhibirse para efectuar un pronunciamiento de fondo, pues a través de estos
la administración exterioriza directamente su voluntad sobre la reclamación puesta
a su consideración36.
51. Ciertamente, mediante auto 15 de abril de 2021 el tribunal inadmitió la demanda
y otorgó a la demandante el término de 10 días para corregir lo relacionado con el
poder, la individualización de los actos demandados y el envío simultáneo de la
demanda a la parte demandada. Dicha subsanación se efectuó con escrito del 20
de abril de 2021, en el cual se solicitó la nulidad de «los Oficios 20205720000006491
del 12 de febrero de 2020 y 20200572000000011031 del 11 de marzo de 2020»;
posteriormente, a través del auto del 30 de agosto del 2021 se admitió la demanda.
52. En efecto, los Oficios 20205720000006491 del 12 de febrero de 2020 y
20200572000000011031 del 11 de marzo de 2020 dieron respuesta a la solicitud
radicada el 23 de enero de 2020, Martha Patricia Santana Osorio, a través de la
36 Sobre el particular ver: Consejo de Estado, Sección Segunda, providencia del 18 de febrero de
2010, expediente 25000-23-25-000-2001-10589-01 (1712-2008), M.P. Gustavo Gómez Aranguren;
Consejo de Estado, Sección Segunda, providencia 4 de noviembre de 2010, expediente 25000-23-
25-000-2003-01124-02 (1712-2008), M.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila; Consejo de Estado,
Sección Segunda, providencia 4 de noviembre de 2010, expediente 15001-23-31-000-2002-01595-
02 (1717-2009), M.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila; Corte Constitucional, sentencias T-446 de
2013, T-153 de 2015, T-464 de 2015 y T-228 de 2016.
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Radicado: 68001-23-33-000-2020-01059-01 (0182-2023)
Demandante: Martha Patricia Santana Osorio
cual se pidió a la entidad demandada i) expedir unas certificaciones relacionadas
con los contratos de prestación de servicios celebrados entre las partes; ii) informar
los motivos por los cuales no se renovó el contrato en la vigencia 2020; iii) el pago
de las prestaciones sociales que se derivaban del reconocimiento de la relación
laboral por el tiempo en que se prestó sus servicios profesionales de apoyo al grupo
administrativo en lo relacionado con el saneamiento de bienes del ICBF regional
Santander.
53. Eneste punto, la Sala advierte que el primero de los oficios mencionados
corresponde a la respuesta «al derecho de petición radicado núm. 2020570000008502»
y el segundo, es el «complemento de la respuesta otorgada al derecho de petición
radicado núm. 2020570000008502».
54. Enese orden, mediante providencia del 23 de marzo de 2022 el Tribunal
Administrativo fijó el litigio en los siguientes términos: «Consiste en establecer si hay
lugar a declarar la nulidad del oficio No 02057200000006491 del 12 de febrero de 2020 y
del oficio No 202057200000011031 del 11 de marzo de 2020, expedidos por el INSTITUTO
COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR» (sic).
55. Así las cosas, es claro que dichos oficios verdaderamente fueron los actos
administrativos que resolvieron definitivamente el reconocimiento de las
prestaciones sociales como consecuencia de la alegada relación laboral y, por tanto,
susceptibles del control jurisdiccional. No obstante, comoquiera que el Oficio
20200572000000011031 del 11 de marzo de 2020 corresponde a la continuidad de
la respuesta a la petición 2020570000008502 y en este solo se encuentra lo relativo
a la entrega en medio magnético de las «cuentas de cobro presentadas por la
peticionaria durante la ejecución de los contratos de prestación de servicios», de encontrar
acreditada la existencia de una relación laboral se modificará el ordinal tercero de
la sentencia recurrida en sentido de indicar que el acto administrativo respecto del
cual se declara la nulidad corresponde al Oficio 20205720000006491 del 12 de
febrero de 2020, en tanto en él exteriorizó directamente la voluntad de la
administración sobre la reclamación puesta a su consideración.
2.4.1. Sobre los elementos que permiten configurar una relación laboral
56. Con fundamento en lo expuesto, y en atención a los argumentos del recurso de
apelación, la Sala analizará si en el sub judice se acreditaron los elementos que
permiten configurar una relación de trabajo entre Martha Patricia Santana Osorio y
el ICBF.
21
Radicado: 68001-23-33-000-2020-01059-01 (0182-2023)
Demandante: Martha Patricia Santana Osorio
2.4.1.1. Prestación personal del servicio
57. De las pruebas relacionadas, se tiene que en efecto entre el 11 de enero de 2017
y el 30 de diciembre de 2019, la demandante se vinculó y prestó sus servicios al
ICBF mediante contratos de prestación de servicios profesionales de «apoyo al grupo
administrativo en lo relacionado con el saneamiento de los bienes del ICBF regional
Santander», lo que implica que fue ella quien suministró el servicio en forma personal
y no a través de otra persona, en tanto fue quien ejecutó la labor contratada.
2.4.1.2. Remuneración
58. Ahora bien, Martha Patricia Santana Osorio percibió una remuneración por el
trabajo cumplido, tal como se evidencia en las cláusulas contractuales y los
comprobantes de pago, en los que se da cuenta que se estipuló el valor y la forma
de pago, lo que se entiende como la remuneración pactada por el servicio o el
trabajo prestado, independientemente de su denominación (honorarios o salario).
2.4.1.3. Continuada subordinación o dependencia
59. En torno a este último elemento, la Sala considera necesario realizar una
transcripción de las obligaciones contractuales pactadas entre Martha Patricia
Santana Osorio y el ICBF, para después determinar si en el desarrollo de la
ejecución contractual hubo subordinación o dependencia del trabajador respecto de
la entidad.
60. En síntesis, las obligaciones de los contratos relacionados, entre otras, fueron las
siguientes: «Elaborar y tramitar la etapa precontractual cuando se requiera para el
saneamiento de los bienes del ICBF regional Santander. 2. Elaborar el análisis de utilidad
para cada uno de los bienes inmuebles de propiedad del IBCF regional Santander. 3.
Comprobar la situación física, jurídica y material a través de la realización de inspecciones
oculares y realizar los respectivos informes y actos que para ello establezca la entidad. 4.
Recibir, revisar y analizar los documentos de los bienes de propiedad del ICBF regional
Santander. 5. Elaborar los informes de saneamiento de bienes que solicite la sede nacional,
órganos de control, ICBF regional Santander y cualquier otra entidad que lo requiera. 6.
Desplazarse a los municipios del área de influencia de la Regional Santander donde se
encuentren ubicados los bienes objeto de saneamiento. 7. Estudiar, analizar e identificar el
estado jurídico administrativo de los bienes que ingresan al ICBF regional Santander con el
fin de determinar si las mismas presentan limitación de dominio y/o alguna situación jurídica
que sea objeto de saneamiento y efectuar el respectivo análisis de títulos. 8.Representar,
asesorar y apoyar al ICBF regional Santander en todas las acciones relacionadas con el
saneamiento legal y depuración de información que conlleve a la claridad en la titularidad y
registro de los bienes muebles e inmuebles a nombre del ICBF regional Santander. 9.
Presentar al supervisor del contrato de los cinco (5) días siguientes a la terminación del
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Radicado: 68001-23-33-000-2020-01059-01 (0182-2023)
Demandante: Martha Patricia Santana Osorio
mismo, informe final del contrato sobre las actividades desarrolladas con los soportes
correspondientes. 10. Las demás que requiera el supervisor del contrato relacionadas con
el objeto contractual. 11. Realizar la inducción virtual en el primer mes de vinculación e
inducción presencial y reinducción al cual se ha convocado por el responsable en el ICBF
(…) 12. Devolver al ICBF una vez finalizado la ejecución del contrato el carnet de
identificación y los documentos que en desarrollo del contrato se hayan producido, e
igualmente todos los archivos que se hayan generado en cumplimiento de sus obligaciones
y a la dirección administrativa, los bienes devolutivos que le hayan sido asignados en
custodia» (sic).
INFORME DE OBLIGACIONES Y CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR 37
No. Producto
68- -. Se solicita concepto GDT760, sobre la necesidad de tramitar licencia de demolición para
001- cumplir con lo dispuesto por el juez 15 administrativo y tratado en la audiencia pública por
2019 infracción a la integridad urbanística, casa avenida el jardín 26 de noviembre.
-. Se realizó inspección ocular al predio ubicado en Bosques de la Cira de Barrancabermeja y al
del Corregimiento el pedral Puerto Wilches.
-. Se realizó desplazamiento al municipio de Barrancabermeja y Puerto Wilches.
-. Realizar visita al EDUBA con el fin de obtener información de la prohibición que esta
consignada en la anotación 04 del folio de matricula inmobiliaria del inmueble con predial 01 04
0751 0013 000.
-. Responder observaciones del proceso de aires acondicionados y de jardinería, así como
realizar la evaluación de los oferentes, revisar la etapa precontractual de fumigan y lavado de
tanques y cuartos de RES, apoyo en la modificación del convenio con la Gobernación sobre los
inmuebles donde funciona la modalidad CAE.
-. Realizar acompañamiento de vista y declaración en el ministerio de trabajo especial de
Barrancabermeja con ocasión de la queja presentada por condiciones inseguras de la
infraestructura.
68- -. Se realizaron las subsanaciones correspondientes al proceso de almuerzos y exámenes
098- ocupaciones, así como la elaboración de todos los documentos previos a la contratación del
2018 servicio de lavado de tanques y fumigación y el mantenimiento de los aires acondicionados.
-. Se dio respuesta a los derechos de petición #1761109825, 1761102078 y E-2018-098901-
6800.
-. Se realizaron las liquidaciones de los contratos de ocupasalud y abc fumiservices.
-. Se realizó visita a los predios denominados jardín, Piedecuesta oyó en uno, Rincón de Girón,
en conjunto con asistencia técnica con el fin de reunirlos documentos para determinar si es
viable incluirlos en el PEO.
-. Se envió memorando al transito de Bucaramanga, con el fin de obtener orientación sobre la
chatarrización del vehículo doña Ana Credencia Amado.
-. Se realizaron las subsanaciones correspondientes al proceso de fumigación y lavado de
tanques, así como la elaboración de todos los documentos previos a la contratación del servicio
de Bienestar Universitario y Ferretería.
-. Se dio respuesta a los derechos de petición de la Contraloría.
-. Elaboración de visitas e identificación de los invasores de los predios ubicados en las ciudades
de Barrancabermeja y Bucaramanga, con el fin de remitir los expedientes al departamento
jurídico.
-. Se realizó visita de inspección ocular al municipio de Gambita al inmueble de placa 307383.
37 A manera de ilustración, de cada uno de los informes allegados al expediente solo se
transcribirán algunos apartes.
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Radicado: 68001-23-33-000-2020-01059-01 (0182-2023)
Demandante: Martha Patricia Santana Osorio
-. Se realizó desplazamiento al municipio de Vélez, con el fin de asistir a la reunión con los
vecinos del CDI en construcción Los Pilluelos.
-. Se realizaron las audiencias de cierre.
-. Se respondieron las observaciones.
-. Se realizaron las evaluaciones preliminares y definitivas del proceso de dotación.
-. Apoyo en la contratación del plan de bienestar.
154- -. Se recibe del almacenista la relación de 107 bienes registrados en el aplicativo SEVEN, donde
2017 figura la ubicación, el uso y el estado legal de los bienes de propiedad del ICBF.
-. Se recibe relación de las carpetas con la documentación existente de los bienes de propiedad
del ICBF.
-. Se recibió del almacenista información referente a los bienes de propiedad del ICBF y el
estado de los mismos.
-. En conjunto con la coordinación jurídica se fijo un posible plan de acción para cumplir con la
meta de sanear los bienes del ICBF.
-. Se presentó asesoría y colaboración en las labores propias del área administrativa.
-. Se inició el estudio de los pasos tendientes a contratar la dotación.
-. Se inició estudio de mercados para la contratación de lavado de tanques y fumigación.
-. Se realizó inspección ocular al inmueble denominado el chapulín ubicado en el municipio de
Barbosa.
-. Se presentó informe de visita al municipio de Barbosa.
61. Así las cosas, luego de revisar el contenido de cada uno de los contratos y
comparados el objeto contractual, las obligaciones contractuales, los informes de
gestión allegados al plenario, los testimonios y el interrogatorio de parte, se tiene
que las funciones desempeñadas durante su vinculación con el ICBF regional
Santander no se realizaron de forma autónoma e independiente, sino que la
demandante estuvo sujeta a horarios, instrucciones y órdenes que son propias de
la naturaleza de una relación subordinada, pues atienden al control de un superior
a nivel profesional cualquiera que sea su denominación (coordinador de área, líder
o director) para ejecutar las obligaciones contractuales, por lo que existe una
sujeción de aquella hacia la entidad demandada y, en tal sentido, esta contaba en
todo momento con la posibilidad de disponer de su servicio, y aquella, a su vez,
tenía la obligación correlativa de obedecerle, lo que evidencia el ejercicio del ius
variandi por parte de la entidad demandada.
62. Precisamente, los testimonios de Viviana Andrea Vesga Benítez, Adriana Rincón
Parada, quienes en precisos momentos compartieron laboral y personalmente con
la demandante, dan buena cuenta de las condiciones bajo las cuales la accionante
prestaba sus servicios en la entidad, de las que se resalta que en ejercicio de sus
funciones cumplía con un horario, seguía órdenes e instrucciones de la
coordinadora del área administrativa, asistía permanentemente a las instalaciones
de la entidad y solo dejaba de hacerlo previa autorización, tal y como se advierte de
la situación ocurrida en su periodo de gestación o embarazo y luego de parto, lo que
se traduce en la ausencia de libertad o autonomía en el desarrollo de la labor.
Aunado a lo expuesto, del relato de Dalia Astrith Arias Lozano (supervisora del
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Radicado: 68001-23-33-000-2020-01059-01 (0182-2023)
Demandante: Martha Patricia Santana Osorio
contrato), se encuentra que la labor realizada por Martha Patricia Santana Osorio
era de carácter permanente y que en el ejercicio de sus funciones realizaba otras
de apoyo en la revisión de cuentas de los contratos de prestación de servicios del
área administrativa, lo que evidencia el ejercicio del ius variandi por parte de la
entidad, en la medida en que modificaron las condiciones de la labor contratada, a
efectos de que desarrollara otras, por fuera de lo pactado.
63. En efecto, el empleador impuso las condiciones de tiempo, modo y lugar,
inclusive con sus propios elementos o instrumentos, para que la trabajadora
desarrollara sus labores, sin que le hubiere asistido ningún tipo de independencia.
64. Esto se advierte luego de contrastado los informes de gestión, el objeto, las
obligaciones que se establecieron en los contratos de prestación de servicios
suscritos entre los extremos procesales, de los testimonios recibidos en el proceso
y demás pruebas documentales aportadas como las constancias de servicios. En
ellos se aprecian actividades que exigen para su ejecución necesaria dependencia
y subordinación, por lo que la Sala, al realizar una valoración bajo las reglas de la
sana crítica, encuentra que es posible determinar la existencia de una relación
laboral subordinada, siendo incuestionable el ánimo de la entidad contratante de
emplear de modo permanente y continuo los servicios de la demandante.
65. Así las cosas, las obligaciones impuestas a la demandante ponen en evidencia
que no realizó sus labores en forma autónoma e independiente, pues estas tienen
relación de correspondencia con el ejercicio del poder subordinante por parte del
empleador, al tiempo que corroboran que no puede dejar de existir imposición de
órdenes en la ejecución de su objeto contractual para desempeñar esa labor, cuyas
condiciones fueron variadas por el empleador, pues tal y como se evidencia de lo
transcrito en líneas anteriores, este alteró unilateralmente las condiciones del
contrato asignando otras funciones tales como la liquidación y revisión de contratos,
es decir, en últimas hizo uso del poder de dirección o ius variandi, propio de una
relación de tipo laboral, que no contractual.
66. Se aclara que la situación descrita en el sub judice no corresponde a la que es
propia del principio de coordinación, que «consiste en la sincronización de las
actividades que ejerce el contratista con las directrices que imparte el contratante para la
ejecución eficiente y eficaz del contrato, por lo que es indispensable que exista una
concertación contractual, en la que aquel cumple su contrato con independencia, pero en
armonía con las condiciones necesarias impuestas por su contraparte, respecto de las
cuales esta ejerce control, seguimiento y vigilancia al pacto suscrito»38.
38 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 3 de noviembre de 2022,
radicado 63001-23-33-000-2020-00365-01 (2181-2022). M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
25
Radicado: 68001-23-33-000-2020-01059-01 (0182-2023)
Demandante: Martha Patricia Santana Osorio
67. Otra es la subordinación, «en virtud de la cual existe una sujeción del trabajador hacia
su empleador y, en tal sentido, este cuenta en todo momento con la posibilidad de disponer
del trabajo de aquel, quien a su vez tiene la obligación correlativa de obedecerle. En efecto,
el empleador impone las condiciones de tiempo, modo y lugar, inclusive con sus propios
elementos o instrumentos, para que el trabajador desarrolle sus labores, sin que a este
respecto le asista ningún tipo de independencia»39.
68. Así las cosas, en el presente asunto no puede hablarse de coordinación, puesto
que el desempeño de las funciones por parte de la demandante estaba sujeta a
medidas u órdenes del ICBF, a saber: la imposición de un horario y/o el
cumplimiento de unos turnos, la sujeción a directrices de los coordinadores de área
y la variación de las funciones pactadas en los contratos de prestación de servicios,
lo que demuestra que la entidad y, en su calidad de empleadora, contaba con la
posibilidad de disponer del trabajo del actor, y denota la existencia de una
indiscutible subordinación.
69. Ahora bien, en este punto echa de menos la Sala que pese a las disposiciones
contenidas en la Ley 909 de 2004, la entidad no haya hecho uso de la creación de
plantas temporales que atiendan a la oferta y la demanda en la prestación del
servicio. Por tanto, la ausencia de personal suficiente que ejecute las obligaciones
para las cuales fue contratada la demandante no puede ser argumento suficiente
que enerve las consideraciones expuestas en esta decisión, pues no justifica la
ausencia de planeación por parte de la entidad y desconoce que las labores
desarrolladas se ejercieron bajo la subordinación de la entidad.
70. Valga precisar que la posibilidad de contratar con terceros a que aluden los
artículos 32 de la Ley 80 de 1993 y 2 de la Ley 1150 de 2007, no puede ser
entendida como una carta abierta a efectos de desconocer derechos y garantías
laborales, pues lo cierto es que tal y como se advirtió en esta decisión, la naturaleza
contractual con la cual se revistió la vinculación del demandante se desnaturalizó al
desarrollarse sin autonomía ni independencia, las cuales se constituyen en las
características propias de la referida relación contractual.
71. En consecuencia, tal y como fue determinado por el Tribunal Administrativo de
Santander, para el período comprendido entre el 11 de enero de 2017 y el 30 de
diciembre de 2019 se encuentran demostrados los elementos de la relación laboral,
razón por la cual, en este punto, se confirmará la decisión apelada.
39 Ibidem.
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Radicado: 68001-23-33-000-2020-01059-01 (0182-2023)
Demandante: Martha Patricia Santana Osorio
2.4.2. En torno a la prescripción de los derechos en litigio
72. Establecido lo anterior, la Sala procederá con el análisis de la prescripción de las
prestaciones a que tiene derecho el demandante, en consonancia con la
declaratoria del reconocimiento de la relación laboral.
73. Respecto del término de interrupción o solución de continuidad esta
corporación en sentencia de unificación40 dispuso que:
«150. Como se indicó en el apartado anterior, aunque en la actualidad la Sección
Segunda aplica el criterio pacífico sobre el término y el momento a partir del cual debe
computarse la prescripción extintiva, la existencia de vinculaciones contractuales
consecutivas hace necesario el examen de sus interrupciones, con el fin de establecer
si se presentó o no la solución de continuidad en la relación laboral declarada. En ese
sentido, la Sala considera adecuado establecer un periodo de treinta (30) días hábiles
como indicador temporal de la no solución de continuidad entre contratos
sucesivos de prestación de servicios, sin que este, se itera, constituya una «camisa
de fuerza» para el juez contencioso que, en cada caso y de acuerdo con los elementos
de juicio que obren dentro del plenario, habrá de determinar si se presentó o no la rotura
del vínculo que se reputa laboral.
151. Adicionalmente, como complemento de la anterior regla, deberán atenderse las
siguientes recomendaciones:
152. Primera: cuando las entidades estatales a las que se refiere el artículo 2 de la Ley
80 de 1993 celebren contratos de prestación de servicios en forma sucesiva con una
misma persona natural, en los que concurran todos los elementos constitutivos de una
auténtica relación laboral, se entenderá que no hay solución de continuidad entre el
contrato anterior y el sucedáneo, si entre la terminación de aquél y la fecha en que inicie
la ejecución del otro, no han transcurrido más de treinta (30) días hábiles, siempre y
cuando se constate que los objetos contractuales y las obligaciones emanadas de ellos
son iguales o similares y apuntan a la satisfacción de las mismas
necesidades.(Subrayado fuera de texto)
153. Segunda: en cualquier caso, de establecerse la no solución de continuidad, los
efectos jurídicos de dicha declaración serán solamente los de concluir que, a pesar de
haberse presentado interrupciones entre uno y otro contrato, no se configura la
prescripción de los derechos que pudiesen derivarse de cada vínculo contractual. En el
evento contrario, el juez deberá definir si ha operado o no tal fenómeno extintivo respecto
de algunos de los contratos sucesivos celebrados, situación en la cual no procederá el
reconocimiento de los derechos salariales o prestacionales que de aquellos hubiesen
podido generarse».
40Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, nueve (9) de
septiembre de dos mil veintiuno (2021), Asunto: SENTENCIA DE UNIFICACIÓN DE
JURISPRUDENCIA CONFORME AL ARTÍCULO 271 DE LA LEY 1437 DE 2011, Medio de control:
Nulidad y restablecimiento del derecho, Radicado: 05001-23-33-000-2013-01143-01 (1317-2016),
Demandante: Gloria Luz Manco Quiroz.
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Radicado: 68001-23-33-000-2020-01059-01 (0182-2023)
Demandante: Martha Patricia Santana Osorio
74. Esta decisión fue aclarada mediante auto del 11 de noviembre de 2021, en el que
la Sección Segunda de esta corporación precisó que «el término de treinta (30) días
hábiles, a que alude la segunda regla de unificación, tal como se dijo en la sentencia del 9
de septiembre de 2021, debe entenderse como un indicador temporal para inferir que no
hay solución de continuidad entre un contrato y otro sucedáneo, y solo para efectos de la
prescripción de derechos laborales».
75. Asimismo, en la sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016, con referencia
SUJ2-005-16, proferida por el Consejo de Estado, se establecieron las siguientes
subreglas:
«(…)
En aquellos contratos de prestación de servicios, pactados por un interregno
determinado y que la ejecución entre uno y otro tiene un lapso de interrupción, frente a
cada uno de ellos habrá de analizarse la prescripción a partir de sus fechas de
finalización, puesto que uno de los fundamentos de la existencia del contrato realidad es
precisamente la vocación de permanencia en el servicio. Por consiguiente, le
corresponderá al juez verificar si existió o no la citada interrupción contractual, que será
excluida de reconocimiento y examinada en detalle en cada caso particular, en aras de
proteger los derechos de los trabajadores, que han sido burlados por las autoridades
administrativas al encubrir una relación laboral bajo contratos de prestación de servicios.
Pese a lo expuesto, la Sala aclara que la prescripción extintiva no se aplica frente a los
aportes para pensión, en atención a la condición periódica del derecho pensional, que
los hace imprescriptibles, pues aquellos se causan día a día y en tal sentido se pueden
solicitar en cualquier época, mientras que las prestaciones sociales y salariales, al ser
pagadas por una sola vez, sí son susceptibles del mencionado fenómeno, por tener el
carácter de emolumentos económicos temporales (…)». (Se subraya).
76. Así las cosas, a juicio de la Sala, «(q)uien pretenda el reconocimiento de la relación
laboral con el Estado y, en consecuencia, el pago de las prestaciones derivadas de esta,
en aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades, deberá
reclamarlos dentro del término de tres años contados a partir de la terminación de su
vínculo contractual»41.
77. En consideración con lo anterior, en el sub judice, al verificarse que la solicitud
del reconocimiento de la relación laboral fue presentada ante la entidad demandada
el 23 de enero de 2020, se establece que no acaeció el fenómeno jurídico de la
prescripción, pues no transcurrió un lapso superior a 3 años para solicitar por vía
administrativa el reconocimiento de la relación laboral y por ende el pago de los
salarios y prestaciones, toda vez que la relación culminó el 30 de diciembre de 2019
41 Sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016, con referencia SUJ2-005-16, proferida por el
Consejo de Estado.
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Radicado: 68001-23-33-000-2020-01059-01 (0182-2023)
Demandante: Martha Patricia Santana Osorio
y que no hubo interrupción superior a 30 días entre uno y otro contrato, que implicara
solución de continuidad en la prestación del servicio.
2.4.3. Sobre los salarios y prestaciones objeto del restablecimiento del
derecho
78. Por lo dicho, la demandante tiene derecho al reconocimiento y pago de los
valores que por concepto de prestaciones legales derivadas de la relación laboral
debieron liquidarle, y el criterio de la Sala es que la liquidación tendría que realizarse
en consideración al salario de un empleado de planta que desarrollaba iguales
funciones a las que ejecutó.
79. Lo anterior, en consideración al principio de «a trabajo igual salario igual», que se
deriva del artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales42 frente al cual la Corte Constitucional ha señalado que la remuneración
de los trabajadores en general debe estar acorde con los criterios de
proporcionalidad, cantidad y calidad del trabajo, entre quienes se encuentren en
igualdad de condiciones, sin desconocer la admisión de diversidad de reglas cuando
se trata de hipótesis distintas43.
80. En tal sentido, en atención a que con esta decisión judicial se otorga vigencia al
principio de primacía de la realidad sobre las formas, corresponde reconocer que la
labor desempeñada por Martha Patricia Santana Osorio debía ser remunerada
conforme con lo devengado por un empleado de planta que realizara iguales
funciones a las suyas.
81. Con fundamento en iguales consideraciones, en criterio de la Sala se tendría que
reconocer el reajuste salarial, esto es, las diferencias entre lo devengado por un
empleado de planta y lo percibido por concepto de honorarios. Al respecto, es
importante aclarar que frente al reconocimiento de las prestaciones que deberán ser
42 «Artículo 7 Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al
goce de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias que le aseguren en especial:
a) Una remuneración que proporcione como mínimo a todos los trabajadores:
i) Un salario equitativo e igual por trabajo de igual valor, sin distinciones de ninguna especie;
en particular, debe asegurarse a las mujeres condiciones de trabajo no inferiores a las de los
hombres, con salario igual por trabajo igual;
ii) Condiciones de existencia dignas para ellos y para sus familias conforme a las disposiciones del
presente Pacto;
b) La seguridad y la higiene en el trabajo;
c) Igual oportunidad para todos de ser promovidos, dentro de su trabajo, a la categoría superior que
les corresponda, sin más consideraciones que los factores de tiempo de servicio y capacidad;
d) El descanso, el disfrute del tiempo libre, la limitación razonable de las horas de trabajo y las
vacaciones periódicas pagadas, así como la remuneración de los días festivos». (Resalta la Sala).
43 Sentencia SU-519 de 1997, M. P. José Gregorio Hernández Galindo.
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Radicado: 68001-23-33-000-2020-01059-01 (0182-2023)
Demandante: Martha Patricia Santana Osorio
reconocidas a la demandante se sostuvo en anterior providencia44 que «el
reconocimiento de la primacía de la realidad sobre las formalidades que conlleva a la
declaración de existencia de una relación laboral subyacente de un contrato de prestación
de servicio, no puede otorgar al accionante la calidad de empleado público (…)», lo que no
impide que se reconozcan las prestaciones reclamadas en virtud del aludido
principio de «a trabajo igual salario igual».
82. Esto, en aplicación de las garantías de orden constitucional que impone a las
autoridades proteger los principios de igualdad de oportunidades para los
trabajadores; remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad
de trabajo; irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas
laborales; y la primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los
sujetos de las relaciones laborales45. Con fundamento en ello, esta Sala ha señalado
que en asuntos relativos a las relaciones laborales encubiertas, es procedente el
reconocimiento y pago de las diferencias que resulten entre lo que recibió el
demandante por concepto de honorarios y lo que debió recibir, en igualdad de
condiciones de dicho cargo de la entidad.
83. Lo explicado con anterioridad, es la posición adoptada por la Sala para la
liquidación de las prestaciones laborales a la cuales tendría derecho la demandante
y para el cálculo del ingreso base de cotización (IBC); sin embargo, comoquiera que
ello daría lugar a la modificación de la orden proferida por el a quo al establecer que
la entidad demandada debía reconocer las prestaciones «con base en el valor mensual
promedio devengado a título de honorarios en virtud de los contratos de prestación de
servicios»; y al ser la entidad el apelante único en este asunto no se modificará la
providencia en este aspecto con el ánimo de no desmejorar su situación en virtud
del principio de la non reformatio in pejus.
2.5. Costas
84. La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:
«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».
85. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada,
44 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 6 de octubre de 2016, radicado
66001 23 33 000 2013 00091 01 (0237 2014).
45 Artículo 53 de la Constitución Política.
30
Radicado: 68001-23-33-000-2020-01059-01 (0182-2023)
Demandante: Martha Patricia Santana Osorio
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales
del procedimiento para su liquidación y ejecución.
86. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma46.
87. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones temerarias,
dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas del
procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si se causaron
dichas costas.
88. En el caso concreto, como no se evidenció que la parte vencida actuase con
temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el transcurso
del trámite procesal, la Sala se abstendrá de condenar en costas.
3. Conclusión
89. Con fundamento en lo expuesto, la Sala encuentra que, durante el periodo del
11 de enero de 2017 al 30 de diciembre 2019, entre Martha Patricia Santana Osorio
y el ICBF existió una relación laboral. En consecuencia, tiene derecho al
reconocimiento y pago de las prestaciones sociales devengadas por los
trabajadores de planta de la entidad durante dicho lapso, tal y como lo dispuso el a
quo.
90. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Modificar el ordinal tercero de la sentencia proferida el 29 de junio de
2022 por el Tribunal Administrativo de Santander que accedió a las pretensiones de
la demanda incoada por Martha Patricia Santana Osorio contra el ICBF, de
46 En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter., radicación 70001-
23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014).
31
Radicado: 68001-23-33-000-2020-01059-01 (0182-2023)
Demandante: Martha Patricia Santana Osorio
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia, el cual quedará
así:
«Tercero: Declarar la nulidad del Oficio 20205720000006491 del 12 de febrero de 2020,
a través del cual el ICBF regional Santander le negó a la demandante el reconocimiento
de una relación laboral por sus servicios «profesionales prestados en el grupo
relacionado con el saneamiento de los bienes del ICBF, regional Santander» desde el
11 de enero de 2017 hasta 30 de diciembre de 2019 y el pago de las prestaciones
sociales que se derivaban de ella».
Segundo. Confirmar en lo demás la sentencia recurrida.
Tercero. No condenar en costas en esta instancia.
Cuarto. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del
Consejo de Estado.
Quinto. Devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones en el
aplicativo Samai.
Sexto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma
del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
DMGT
32
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