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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 70001-23-33-000-2020-00274-01

Fecha
6 de marzo de 2025
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 70001-23-33-000-2020-00274-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Revocar la sentencia proferida el 6 de marzo del 2024 por el Tribunal Administrativo de Sucre, que negó las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia, y en su lugar se dispone: Segundo: Declarar la nulidad de la Resolución 0470 del 18 de mayo de 2020, por la cual se negó el reconocimiento de la pensión de jubilación a la demandante. Tercero: Como consecuencia de la anterior declaración, y a título de restablecimiento del derecho, condenar a la Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio reconocer y pagar a la demandante, Martha Beatriz Arrieta Diaz, desde el 29 de julio de 2018, la pensión de jubilación con el 75% del promedio de los emolumentos dispuestos en el artículo 1 de la Ley 62 de 1985 y en normas posteriores, que hayan sido devengados por la accionante y que hayan servido de base para las cotizaciones a seguridad social en el año anterior a la adquisición del estatus de pensionada —29 de julio de 2017 a 29 de julio de 2018—, sin que deba acreditar el retiro del servicio docente. La accionada hará la actualización sobre las sumas adeudadas, teniendo en cuenta los índices de inflación certificados por el DANE y mediante la aplicación de la fórmula matemática adoptada por el Consejo de Estado, a saber: R = Rh. índice final índice inicial Cuarto: La Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio podrá recaudar las cotizaciones en favor de la demandante en el tiempo en que estuvo contratada a través de órdenes de prestación de servicios y que no se efectuaron, de igual forma, la demandante, en caso de no haberlo hecho, tendrá que realizar los aportes a su cargo durante su vinculación a través de contratos de prestación de servicios. Asimismo, el Fondo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 7 de abril de 2016, exp. 13001-23- 33-000-2013-00022-01 (1291-14). 21 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. - Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicación: 70001-23-33-000-2020-00274-01 (3563-2024) Demandante: Martha Beatriz Arrieta Díaaz […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 70001-23-33-000-2020-00274-01

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

6 de marzo de 2025

Radicación: 70001-23-33-000-2020-00274-01 (3563-2024)
Demandante: Martha Beatriz Arrieta Diaz
Demandado: Fomag

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO–ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá D.C., seis (6) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 70001-23-33-000-2020-00274-01 (3563-2024)
Demandante: Martha Beatriz Arrieta Díaz
Demandado: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag)

Tema: pensión de jubilación docente, Ley 33 de 1985. Subtema 1: Docente
vinculado a través de órdenes de prestación de servicios antes de la entrada en
vigencia de la Ley 812 de 2003.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia proferida el 6 de marzo del 2024 por el Tribunal Administrativo de Sucre,
mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda.

I. SINTESIS DEL CASO

La demandante, en su calidad de docente oficial, solicitó al FOMAG el reconocimiento
y pago de la pensión de jubilación de que trata la Ley 33 de 1985 por haber cumplido
55 años de edad y 20 años de servicio. Para ello, pidió que se tuviera en cuenta el
tiempo de servicio docente obtenido a través de órdenes de prestación de servicio
antes de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003. La entidad demandada
contestó la solicitud de forma negativa a los intereses de la docente por haberse
vinculado al servicio público educativo después de la vigencia de la Ley 812 de
2003, por lo que le es aplicable, para el reconocimiento de la pensión, el régimen
de prima media establecido en la Ley 100 de 1993.

II. ANTECEDENTES

2.1. La demanda

1. Martha Beatriz Arrieta Diaz, por conducto de apoderado judicial, presentó
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho1 de acuerdo con las
pretensiones, hechos y fundamentos jurídicos que a continuación se enuncian.

1 Según el medio de control previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento

Administrativo y de lo Contencioso–Administrativo, en adelante CPACA. La demanda fue presentada el 13 de
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Demandante: Martha Beatriz Arrieta Díaaz
Demandado: Fomag

2.1.1. Pretensiones

2. La demandante solicitó que se declarara: (i) la nulidad de la Resolución 0470 del
18 de mayo de 2020, expedida por el FOMAG, a través de la Secretaría de Educación
del departamento de Sucre, por medio de la cual le negó el reconocimiento y pago
de la pensión de jubilación; y (ii) que el tiempo de servicio prestado a través de de
prestación de servicios con el departamento de Sucre entre el 2 de febrero de 1993
y el 22 de noviembre de 2005, le sea tenido como válido para el reconocimiento de
la pensión reclamada.

3. A título de restablecimiento del derecho pidió que se condenara a la Nación,
Ministerio de Educación, FOMAG a: (i) reconocerle y pagarle una pensión de
jubilación equivalente al 75% del salario básico y demás factores salariales
devengados en el año anterior al cumplimiento del estatus, a partir del 29 de julio
de 2018, (ii) pagarle todas las mesadas pensionales dejadas de cancelar desde la
constitución del derecho hasta el pago efectivo, incluidas las primas y aumentos
establecidos en la ley, y (iii) dar cumplimiento al fallo de conformidad con los
artículos 189, 192, 184 y 195 del CPACA, con el respectivo ajuste de su valor.

2.1.2. Hechos

4. La Sala sintetiza los principales hechos del caso de la siguiente manera:

1) La demandante nació el 29 de julio de 1963.

2) La Secretaría de Educación del departamento de Sucre le certificó el siguiente
tiempo de servicios como instructora y docente de la Institución Educativa Los
Palmitos, a través de prestación de servicios del 2 de febrero al 31 de diciembre
de 1993, del 1 de enero al 31 de diciembre de 1994 y del 2 de enero de 1995 al
22 de noviembre de 2005; por nombramiento del 23 de noviembre de 2005 al 16
de mayo de 2006 y del 16 de mayo de 2006 al 31 de octubre de 2018.

3) El 20 de diciembre de 2018 solicitó a la demandada el reconocimiento pensional.

4) La Secretaría de Educación del departamento de Sucre, en representación del
Fomag, emitió la Resolución 0470 del 18 de mayo de 2020, mediante la cual
negó el reconocimiento pensional a la demandante con el argumento de que en
el tiempo de servicio comprendido entre el 2 de febrero de 1993 al 22 de
noviembre de 2005, la docente no hizo aportes para pensión. Además, que el
régimen que le es aplicable es el de prima media contenido en las leyes 100 de

agosto de 2020 de acuerdo con el «acta individual de reparto» visible en el índice 1 del expediente electrónico
de Samai del Tribunal, archivo
«70001233300020200027400_ActaReparto_130820202_57_09pm_b78d51e8b6444209af8108a23ad47a34.p
df(.pdf)NroActua 1». La demanda fue subsanada respecto a la estimación razonada de la cuantía a través de
memorial visible en el índice 7 del expediente electrónico de Samai del Tribunal, archivo «Agregar
Memorial(.pdf) NroActua 7».
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Demandante: Martha Beatriz Arrieta Díaaz
Demandado: Fomag

1993 y 797 de 2003, pues su ingreso a la docencia fue en vigencia de la Ley 812
de 2003.

5) La entidad demandada no podía exigir a la docente las cotizaciones durante el
tiempo laborado entre el 2 de febrero de 1993 y el 22 de noviembre de 2005,
pues era responsabilidad del departamento de Sucre, como empleador, afiliar al
docente al Fomag creado a partir de 1989. Que en caso de no haberse hecho
aportes, debió solicitar las cuotas parte de conformidad con la Ley 33 de 1985.

2.1.3. Normas violadas y concepto de la violación

5. La demandante citó como normas violadas las siguientes: de la Constitución
Política, los artículos 2, 4, 6, 13, 23, 25, 48, 53, 83, 84, 95, 209 y 228; de la Ley 65
de 1946, el artículo 3; de la Ley 24 de 1947, el artículo 2; de la Ley 48 de 1962, el
artículo 4; la Ley 4 de 1966; de la Ley 5 de 1969, el artículo 2; de la Ley 33 de 1985,
el artículo 3; de la Ley 62 de 1985, el artículo 1; de la Ley 91 de 1989, los artículos
2 y 15; de la Ley 100 de 1993, el artículo 141; de la Ley 812 de 2003, el artículo 81;
de la Ley 962 de 2005, el artículo 56; de la Ley 1437 de 2011, el artículo 192; la Ley
6 de 1945; del Decreto 1848 de 1969, el artículo 99; del Decreto 1045 de 1978, el
artículo 45; del Decreto 2277 de 1979, el literal f del artículo 36, y el Decreto 2831
de 2005.

6. En el concepto de violación expuso que el acto demandado fue expedido con
infracción a las leyes 33 de 1985 y 71 de 1988 que establecían los requisitos para
el reconocimiento pensional con 20 años de servicio continuo o discontinuo y 55
años de edad.

7.La entidad demandada al exigirle los aportes por el tiempo laborado entre febrero
de 1993 y noviembre de 2005, desconoció que la Ley 33 de 1985 fijó el mecanismo
de cobro de cuotas partes pensionales, por lo que el Fomag debió iniciar los trámites
necesarios para que el departamento de Sucre, en calidad de empleador de la
docente, manifestara si objetaba o aceptaba la cuota parte correspondiente y no
imponerle esa carga a la accionante.

8. El acto enjuiciado adoleció de falsa motivación al considerar que el derecho
pensional de la docente debía reconocerse con fundamento en el régimen de prima
media de las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003 y acreditar 57 años de edad y 1.300
semanas cotizadas, ya que, contrario a ello, el artículo 81 de la Ley 812 de 2003
indicó que los docentes vinculados al servicio educativo antes de su vigencia
gozaban del régimen de jubilación de los servidores públicos del orden nacional
previsto en la Ley 33 de 1985, con la inclusión de los factores sobre los que se
efectuaran aportes de acuerdo con el artículo 1 de la Ley 62 de 1985.

9.El tiempo de servicio laborado bajo contratos de prestación de servicio docente,
debió computarse en el caso de la demandante, tal como lo estableció la Corte
Constitucional en sentencia C-517 de 1999.

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Demandante: Martha Beatriz Arrieta Díaaz
Demandado: Fomag

10. Enuncia la postura unificada del Consejo de Estado contenida en la sentencia del
25 de abril de 2019 respecto a que (i) los docentes afiliados al Fomag están
exceptuados del Sistema General de Seguridad Social, según el artículo 279 de la
Ley 100 de 1993; (ii) por lo anterior, no son beneficiarios de la transición de que
trata el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 ni se les aplica el artículo 21 de esa mima
norma en cuanto al ingreso base de liquidación; (iii) el régimen pensional de los
docentes está previsto en la Ley 91 de 1989 en el artículo 15, núm. 2 literal b) que
estableció que el régimen de aquellos es el vigente para los pensionados del sector
público nacional, contenido en la Ley 33 de 1985; y (iv) solo los docentes que se
vinculen después de la vigencia de la Ley 812 de 2003 se les aplica el régimen de
prima media de las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003 con los requisitos ahí
determinados, excepto la edad que será de 57 años para hombre y mujeres.

11. De conformidad con la mencionada sentencia de unificación el régimen
pensional de los docentes está condicionado a la fecha de ingreso o vinculación al
servicio educativo oficial, entre los vinculados antes o después de la entrada en
vigor de la Ley 812 de 2003, así: antes de su entrada en vigencia, leyes 33 de 1985
y 91 de 1989; después de su vigor, régimen de prima media de las leyes 100 de
1993 y 797 de 2003, con la edad de 57 años para hombres y mujeres.

12. Que la vinculación como docente oficial de la demandante fue el 2 de febrero de
1993, antes de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, por lo que tiene
derecho al reconocimiento de la pensión de jubilación de conformidad con las leyes
33 de 1985 y 91 de 1989, con los requisitos de 55 años de edad y 20 años de
servicio.

2.2. Contestación de la demanda

13. El Fomag se opuso a las pretensiones de la demanda 2. En concreto argumentó
lo siguiente:

a) La demandante no es beneficiaria de la Ley 71 de 1988 porque se vinculó con
posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003.

b) Martha Beatríz Arrieta Diaz no efectuó aportes para pensión entre el 2 de febrero
de 1993 y el 22 de noviembre de 2005, por lo que cotizó 12 años, 11 meses y 27
días, sin tener derecho a adquirir la pensión de jubilación.

c) Propuso como excepciones la legalidad de los actos administrativos,
improcedencia de la condena en costas y la genérica.

2.3. Sentencia de primera instancia

2 Índice 15 del expediente electrónico de Samai del Tribunal, archivo
«24_MEMORIALRECIBIDO_MARTHABEATRIZARRIE(.pdf) NroActua 15».
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Demandante: Martha Beatriz Arrieta Díaaz
Demandado: Fomag

14. El Tribunal Administrativo de Sucre mediante sentencia del 6 de marzo de 20243
resolvió negar las pretensiones de la demanda, sin condena en costas, porque:

a) Después de hacer un recuento jurisprudencial de decisiones adoptadas por esta
corporación4, concluyó que el reconocimiento de la pensión de jubilación bajo el
imperio de la Ley 33 de 1985 o la Ley 71 de 1988 procede con el cómputo de tiempo
de servicio a través de órdenes de prestación de servicios cuando el docente ha
cotizado con anterioridad a la vigencia de la Ley 812 de 2003, «lo cual queda
mayormente reforzado si en sede judicial se ha reconocido la existencia de la
relación laboral que convalida dichos tiempos como una verdadera relación laboral».

b) Que «solo puede considerarse la vinculación oficial realizada como empleado
público, porque el reconocimiento de la una relación laboral en virtud de la tesis del
contrato realidad, no confiere la condición de empleado público, pues, según lo ha
señalado el Consejo de Estado, dicha calidad no se adquiere por el sólo hecho de
trabajar para el Estado, punto este que igualmente acoge la Corte Constitucional,
como se puede apreciar en sentencia T- 093 de 2010».

c) Que esta corporación en «sentencia del 11 de mayo de 20235, indicó que solo la
vinculación al sector docente oficial a través de una relación legal y reglamentaria
con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, autoriza a estudiar
el reconocimiento pensional conforme la Ley 33 de 1[985]. […]

d) Así pues, consideró que procede la suma de tiempos para pensión
correspondientes a órdenes y contratos de prestación de servicios como docentes,
sin que se pueda tomar como fecha de vinculación al servicio público educativo la
establecida en dichas órdenes para que le resulte aplicable a la demandante la Ley
33 de 1985, puesto que, si estuviera acreditado el reconocimiento de la relación
laboral, esto no genera, por sí mismo, la condición de servidor público docente. Que
en el caso de la demandante la fecha de ingreso al servicio público docente
mediante vinculación legal y reglamentaria fue el 23 de noviembre de 2005, por lo
que no es posible la aplicación de la Ley 33 de 1985 sino las disposiciones de las
leyes 100 de 1993 y 797 de 2003. Por lo anterior, niega las pretensiones de la
demanda.

2.4. Recurso de apelación

15. La accionante interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primera
instancia, en el que insistió en los argumentos de su demanda, y adicionó lo
siguiente6:

3 Índice 24 del expediente electrónico de Samai del Tribunal, archivo
«42SENTENCIAANTIC_SNYR20200027400PENSI(.pdf) NroActua 24».
4 Sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016, radicado 23001233300020130026001 (00882015);

Sentencia del 5 de agosto de 2021, radicado 81001-23-33-000-2013-00063-01(4169-14), entre otras.
5 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso–Administrativo, Sección Segunda - Subsección A, sentencia del

11 de mayo de 2023, radicación: 68001-23-33-000-2019-00830-01 (1340-2022).
6 Índice 27 del expediente electrónico de Samai del Tribunal, archivo « 45MemorialdeApelación(.pdf) NroActua

27».
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a) Con la sentencia de unificación del 25 de abril de 2019 se aclara que el régimen
pensional los docentes está condicionado a la fecha de vinculación al servicio
educativo oficial.

b) El Tribunal interpretó erróneamente la Ley 812 de 2003 pues esta solo requiere la
existencia de la vinculación como docente antes de su entrada en vigencia, sin que
establezca que deba ser a través de relación legal y reglamentaria, por lo que se
puede tener en cuenta otro tipo de vinculación, como lo son los contratos de
prestación de servicios.

c) Está demostrado que la demandante se vinculó al servicio docente oficial del
departamento de Sucre desde el 2 de febrero de 1993 a través de prestación de
servicios, por lo tanto, como fue vinculada antes de la entrada en vigencia de la Ley
812 de 2003, le resultaban aplicables las leyes 33 de 1985 y 91 de 1989, que exigen
los requisitos de 20 años de servicios y 55 años de edad, para recibir pensión de
jubilación y salario hasta el cumplimiento de la edad de retiro forzoso.

d) Que en este caso no se requiere la declaración de la relación laboral encubierta,
con todas las consecuencias jurídicas que de ahí se derivan, sino que lo que aquí
se persigue es el cómputo de los tiempos laborales solo con efectos pensionales,
por lo que es procedente que esa pretensión se tramite dentro del proceso de
reconocimiento de la pensión docente, ya que incidiría solo en aportes pensionales,
los cuales no prescriben ni caducan, y la entidad a cargo del reconocimiento
pensional tiene la posibilidad de repetir contra las entidades obligadas al reembolso
en la cantidad que les corresponda.

e) La carga de realizar los aportes a pensión no puede trasladarse a la docente,
debido a que el departamento de Sucre, como empleador, no canceló los aportes a
pensión al Fomag, cuando era su obligación de conformidad con el artículo 22 de la
Ley 100 de 1993. Que el Fondo, como responsable del reconocimiento pensional,
no podría negar el derecho por la falta de aportes a pensión, pues debió exigir, por
las vías establecidas en la ley, que el departamento de Sucre cancelara los aportes
que no se efectuaron entre febrero de 1993 y junio de 2001.

2.5. Intervenciones en segunda instancia

16. Conforme con el numeral 3 del artículo 247 del CPACA, modificado por el artículo
67 de la Ley 2080 de 20217, no hubo traslado a las partes para alegar porque no
fue necesario el decreto de pruebas. El Ministerio Público no emitió concepto.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

7 Por medio de la cual se reforma el código de procedimiento administrativo y de lo contencioso–administrativo,

Ley 1437 de 2011, y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan
ante la jurisdicción.
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17. El presente asunto es de competencia de esta corporación de conformidad con
lo establecido en el inciso 1 del artículo 150 del CPACA, según el cual el Consejo de
Estado conoce en segunda instancia de las apelaciones contra las sentencias
dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos.

3.2. Problema jurídico y metodología de su resolución

18. De acuerdo con lo expuesto, la Sala analizará el fondo del asunto a partir del
siguiente problema jurídico: ¿Martha Beatriz Arrieta Diaz tiene derecho al
reconocimiento de la pensión de jubilación prevista en la Ley 33 de 1985, al tener
en cuenta que se vinculó como docente oficial antes de la entrada en vigencia de la
Ley 812 de 2003 a través de contratos de prestación de servicios?

19. Para resolver el problema jurídico planteado, la Sala reseñará, primero, el
régimen pensional de los docentes oficiales afiliados al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio. Luego, aludirá a la entrada en vigor del Acto
Legislativo 1 de 2005 y sus efectos sobre el régimen pensional de los docentes
oficiales. Posteriormente, se definirá si el tiempo que los docentes estuvieron
vinculados a través de órdenes o contratos de prestación de servicios es útil para
efectos del reconocimiento pensional. Por último, estudiará el caso en concreto.

3.3. El régimen pensional de los docentes oficiales afiliados al Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio

20. El régimen pensional de los docentes oficiales se encuentra exceptuado del
Sistema General de Pensiones por mandato expreso del artículo 279 de la Ley 100
de 1993, que establece: «[e]l Sistema Integral de Seguridad Social contenido en la
presente Ley no se aplica [...] a los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio, creado por la Ley 91 de 1989, cuyas prestaciones a cargo
serán compatibles con pensiones o cualquier clase de remuneración».

21. Esta excepción se debe a la existencia previa de un sistema particular de
administración y financiamiento de las prestaciones sociales del magisterio,
establecido por la Ley 91 de 19898, que creó un fondo especial con el objetivo
específico de atender las prestaciones de los docentes nacionales y nacionalizados.

22. La Ley 91 de 1989 establece un esquema particular de financiamiento que difiere
del régimen general. En su artículo 8 dispone un sistema de aportes donde los
docentes contribuyen con el 5% de su sueldo básico mensual, mientras que la
Nación aporta el 8% sobre los factores salariales que forman parte del rubro de pago
por servicios personales. Este esquema de financiamiento diferenciado constituye
una de las principales razones que justifican la excepción del régimen general.

23. La naturaleza exceptuada del régimen se refuerza con el artículo 15 de la Ley 91
de 1989, que establece reglas específicas para el reconocimiento de las
prestaciones económicas y sociales de los docentes, y diferencia entre el personal

8 Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.

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nacionalizado vinculado hasta el 31 de diciembre de 1989, y los docentes que se
vinculen a partir del 1 de enero de 1990.

24. Es importante señalar que la excepción del régimen general se mantiene incluso
después de la expedición de la Ley 812 de 20039. Aunque esta norma [en su artículo
81] estableció que los docentes vinculados a partir de su vigencia [27 de junio de
2003] se regirían por el régimen de prima media de las leyes 100 de 1993 y 797 de
2003, mantuvo una particularidad importante: la edad de pensión unificada en 57
años para hombres y mujeres. Esto confirma que, incluso bajo el nuevo esquema,
los docentes mantienen características especiales que justifican su tratamiento
diferenciado.

25. El Acto Legislativo 01 de 2005 ratificó el carácter exceptuado del régimen, al
establecer en su parágrafo transitorio 1 que: «[e]l régimen pensional de los docentes
nacionales, nacionalizados y territoriales, vinculados al servicio público educativo
oficial es el establecido para el Magisterio en las disposiciones legales vigentes con
anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, y lo preceptuado en el
artículo 81 de esta».

26. La excepción del régimen general se justifica, entonces, no solo por la existencia
de un sistema especial de administración y financiamiento, sino también por la
necesidad de mantener la unidad en el manejo de las prestaciones sociales del
magisterio, para garantizar así la sostenibilidad financiera del sistema y la adecuada
prestación del servicio público de educación.

3.4. El régimen pensional aplicable a los docentes oficiales según la sentencia
de unificación SUJ-014-CE-S2-2019 del 25 de abril de 201910

27. A propósito de este régimen pensional, debe prestarse especial atención a la
sentencia de unificación proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado el
25 de abril de 2019, a través de la cual se precisaron las reglas para determinar el
ingreso base de liquidación de la pensión ordinaria de jubilación del personal
docente oficial afiliado al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.

28. En efecto, en la aludida sentencia se precisó que de conformidad con el parágrafo
transitorio 1 del Acto Legislativo 01 de 2005 y el artículo 81 de la Ley 812 de 2003,
existen dos regímenes prestacionales para el reconocimiento del derecho a la
pensión de jubilación para los docentes oficiales, nacionales, nacionalizados y
territoriales, cuya aplicación está supeditada a la fecha de ingreso al servicio
educativo. Tales regímenes son:

(i) Los docentes vinculados antes de la entrada en vigencia de la Ley 812 de
2003, que con ocasión de la Ley 91 de 1989 gozan del mismo régimen
pensional de los servidores públicos del orden nacional establecido en la Ley

9 Por la cual se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 2003-2006, hacia un Estado comunitario. Diario Oficial

No. 45.231, de 27 de junio de 2003.
10 Sala de lo Contencioso–Administrativo, Sección Segunda. Sentencia de unificación jurisprudencial SUJ-014-

CE-S2 -2019. Radicado: 680012333000201500569-01 (0935-17).
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Demandante: Martha Beatriz Arrieta Díaaz
Demandado: Fomag

33 de 1985, «por la cual se dictan algunas medidas en relación con las Cajas de
Previsión y con las prestaciones sociales para el Sector Público», en el que los
únicos factores que se deben tener en cuenta en el ingreso base de liquidación son
aquellos sobre los que se hayan realizado los respectivos aportes, de acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley 62 de 1985. Al respecto se indicó que:

«En la liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de los docentes vinculados
antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003, que gozan del mismo régimen de pensión
ordinaria de jubilación para los servidores públicos del orden nacional previsto en la
Ley 33 de 1985, los factores que se deben tener en cuenta son solo aquellos sobre
los que se hayan efectuado los respectivos aportes de acuerdo con el artículo 1º de
la Ley 62 de 1985, y por lo tanto, no se puede incluir ningún factor diferente a los
enlistados en el mencionado artículo».

29. En consecuencia, el derecho a la pensión de jubilación de los docentes
vinculados a partir del 1 de enero de 1981, tanto nacionales como nacionalizados,
y de los nombrados a partir del 1 de enero de 1990, pero antes del 27 de junio de
2003, cuando entró a regir la Ley 812 de 2003, se regula por las siguientes reglas,
conforme con las leyes 91 de 1989 y 33 de 1985:

✓ Edad: 55 años para hombres y mujeres.
✓ Tiempo de servicio: 20 años.
✓ Tasa de remplazo: 75%.
✓ Ingreso base de liquidación que comprende (i) el periodo del último año de
servicio docente y (ii) los factores que hayan servido de base para calcular
los aportes previstos en la Ley 62 de 1985, que son: asignación básica;
gastos de representación; primas de antigüedad, técnica, ascensional y de
capacitación; dominicales y feriados; horas extras; bonificación por servicios
prestados y trabajo suplementario o realizado en jornada nocturna o en día
de descanso obligatorio.

30. Vale la pena aclarar frente a las consideraciones del fallo de unificación, en
cuanto a los factores a tener en cuenta para determinar el ingreso de base de
liquidación, que además de los antes señalados, deben considerarse los de
naturaleza salarial según las normas posteriores, por ejemplo, la bonificación
pedagógica (Decreto 2354 de 2018)11.

(ii) A los docentes vinculados a partir de la entrada en vigor de la Ley 812 de
2003 afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio les
aplica el régimen pensional de prima media regulado en las leyes 100 de 1993 y
797 de 2003, con excepción de la edad que será de 57 años para hombres y
mujeres. El ingreso base de liquidación se rige por lo dispuesto en la Ley 100 de
1993, con los factores señalados en el Decreto 1158 de 1994, sobre los que se
realizaron las respectivas cotizaciones. En relación con dichos docentes, en la
providencia se fijó la siguiente regla:

11 Ver, por ejemplo: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 4 de julio de 2024, Rad.

15001-23-33-000-2021-00637-01 (3167-2023).
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Demandado: Fomag

«Los docentes vinculados a partir de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003,
afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, les aplica el
régimen pensional de prima media establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de
2003, con los requisitos previstos en dicho régimen, con excepción de la edad que
será de 57 años para hombres y mujeres. Los factores que se deben incluir en el
ingreso base de liquidación son los previstos en el Decreto 1158 de 1994 sobre los
que se efectuaron las respectivas cotizaciones».

31. En tal sentido, los parámetros que se deben tener en cuenta para efectos del
reconocimiento de la pensión de jubilación de los docentes oficiales vinculados con
posterioridad a la Ley 812 de 2003 son:

✓ Edad: 57 años para hombres y mujeres.
✓ Semanas de cotización: artículo 33 de la Ley 100 de 1993 modificado por el
artículo 9 de la Ley 797 de 2003.
✓ Tasa de remplazo: 65%-85%12, con la precisión de que a partir del año 2005
«(e)l valor total de la pensión no podrá ser superior al ochenta (80%) del
ingreso base de liquidación, ni inferior a la pensión mínima», según el último
inciso del artículo 34 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 10 de
la Ley 797 de 2003.
✓ Ingreso base de liquidación que comprende: (i) El promedio de los salarios o
rentas sobre los cuales cotizó el afiliado durante los 10 años anteriores al
reconocimiento de la pensión y (ii) los factores salariales dispuestos en el
Decreto 1158 de 1994: asignación básica mensual; gastos de
representación; prima técnica (cuando sea factor de salario); primas de
antigüedad, ascensional de capacitación cuando sean factor de salario;
remuneración por trabajo dominical o festivo; bonificación por servicios
prestados y remuneración por trabajo suplementario o de horas extras, o
realizado en jornada nocturna.

32. Lo anterior, sin perjuicio de lo indicado líneas atrás, sobre la existencia de normas
especiales que reconozcan o establezcan que un factor salarial hace parte del
ingreso base de cotización.

33. Como puede apreciarse, la sentencia de unificación fue enfática en señalar que
el factor determinante para la aplicación de uno u otro régimen es la fecha de
vinculación inicial al servicio docente, esto es, antes o después del 27 de junio de
2003. Estas reglas tienen importantes implicaciones prácticas, que han sido
destacadas en la jurisprudencia de esta Sección13, tales como:

12 Porcentajes que varían de acuerdo con lo previsto en el artículo 34 de la Ley 100 de 1993.
13 Ver entre otras: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso–Administrativo, Sección Segunda, Subsección

B, sentencia del 30 de enero de 2025, Rad. 66001-23-33-000-2020-00492-01 (0391-2022). Consejo de Estado,
Sala de lo Contencioso–Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 8 de noviembre de 2024,
Rad. 25000-23-42-000-2019-00655-01 (2532-2021). Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso–
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 18 de septiembre de 2020. Rad. 66001-23-33-
000-2017-00470-01(3514-2019). Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso–Administrativo, Sección Segunda,
Subsección A, sentencia del 6 de febrero de 2020. Rad. 54001-23-33-000-2014-00363-01(2960-2015).
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1. No se requiere continuidad en el servicio para mantener el régimen anterior
a la Ley 812 de 2003, siempre que la vinculación inicial haya sido anterior a
su vigencia.
2. Los docentes vinculados antes de la Ley 812 de 2003 mantienen su régimen
pensional incluso si tienen interrupciones en el servicio, aspecto que cobra
especial relevancia en casos de vinculaciones mediante contratos de
prestación de servicios.
3. La aplicación del régimen está determinada por la fecha de la primera
vinculación, independientemente de la modalidad de vinculación (carrera
docente, provisional o por contrato de prestación de servicios).

34. Este criterio diferenciador establecido por la Ley 812 de 2003 responde a la
necesidad de preservar las expectativas legítimas de quienes ingresaron al servicio
docente bajo un régimen específico, mientras se implementa progresivamente el
nuevo sistema para las vinculaciones posteriores, para garantizar así la
sostenibilidad financiera del sistema sin afectar derechos adquiridos.

3.5. Sobre el cómputo de la labor docente en virtud de contratos de prestación
de servicios para el reconocimiento pensional

35. Para continuar con el análisis de la aplicación de la Ley 812 de 2003, y debido a
que en no pocas oportunidades se alega que la vinculación mediante contratos de
prestación de servicios no es válida para acreditar el ejercicio de la función oficial
docente, se subraya que el Consejo de Estado ha sostenido todo lo contrario por
varias razones a saber:

36. En primer lugar, porque la definición legal de la labor docente contenida en el
artículo 2 del Decreto 2277 de 1979, hace alusión al «ejercicio de la enseñanza en
planteles oficiales y no oficiales de educación en los distintos niveles», definición
que se centra en la naturaleza material de la actividad, independientemente de la
forma de vinculación.

37. En desarrollo de este concepto, la jurisprudencia ha establecido que los docentes
vinculados mediante contratos de prestación de servicios, al igual que los docentes-
empleados públicos, desarrollan su labor de manera personal y subordinada a los
reglamentos propios del servicio público educativo. En tal sentido, como se indicó
en sentencia de unificación del 25 de agosto de 201614:

«[…] la vinculación de docentes bajo la modalidad de prestación de servicios, no
desvirtúa el carácter personal de su labor ni mucho menos es ajena al elemento
subordinación existente con el servicio público de educación, en razón a que al igual
que los docentes – empleados públicos (i) se someten permanentemente a las
directrices, inspección y vigilancia de las diferentes autoridades educativas, por lo que
carecen de autonomía en el ejercicio de sus funciones, (ii) cumplen órdenes por parte
de sus superiores jerárquicos y (iii) desarrollan sus funciones durante una jornada

14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso–Administrativo, Sección Segunda, sentencia de unificación
jurisprudencial CE-SUJ2-005-16 del 25 de abril de 2016. Radicado número 23001-23-33-000-2013-00260-
01(0088-2015).
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laboral de acuerdo con el calendario académico de los establecimientos educativos
estatales en los que trabajen, motivo por el cual en virtud de los principios de primacía
de la realidad sobre las formalidades e igualdad, los docentes-contratistas merecen
una protección especial por parte del Estado».

38. Por consiguiente, «se ha establecido que el proceso ordinario de reconocimiento
de la pensión de jubilación con inclusión de tiempos laborados a través de contratos
de prestación de servicios es viable cuando se pretende la declaración de la
existencia de una relación laboral encubierta o en el evento en que únicamente
se solicite para efectos del cómputo de los periodos laborados bajo la forma
contractual15»16 [se destaca].

39. Lo anterior, en especial, cuando «las reclamaciones de los aportes pensionales
adeudados al sistema integral de seguridad social derivados del contrato realidad,
por su carácter de imprescriptibles y prestaciones periódicas, están exceptuadas no
solo de la prescripción extintiva sino de la caducidad del medio de control (de
acuerdo con el artículo 164, numeral 1, letra c, del CPACA), y por ende, pueden ser
solicitados y demandados en cualquier momento, puesto que la administración no
puede sustraerse del pago de los respectivos aportes al sistema de seguridad social
en pensiones, cuando ello puede repercutir en el derecho de acceso a una pensión
en condiciones dignas y acorde con la realidad laboral, prerrogativa que posee quien
ha servido al Estado mediante una relación de trabajo»17.

40. Por tanto, en línea con la lógica establecida para la aplicación de la Ley 812 de
2003, si un docente se vinculó mediante contrato de prestación de servicios antes
del 27 de junio de 2003, le será aplicable el régimen pensional anterior, es decir, el
establecido en la Ley 91 de 1989 que remite a la Ley 33 de 1985,
independientemente de que posteriormente haya tenido interrupciones en el
servicio o se haya vinculado bajo otras modalidades.

41. Esta interpretación se fundamenta en dos consideraciones adicionales: primero,
que la propia Ley 812 de 2003 no estableció distinciones respecto a la modalidad
de vinculación, centrándose únicamente en el momento temporal de ingreso al
servicio público docente; y segundo, que las leyes 60 de 1993, 115 de 1994 y 715
de 2001 reconocieron la existencia de la vinculación de docentes bajo esta
modalidad contractual al servicio público educativo.

42. Por consiguiente, cuando se analiza la aplicación del régimen pensional docente,
el hecho de que la vinculación anterior a la Ley 812 de 2003 haya sido mediante
contratos de prestación de servicios no impide la aplicación del régimen anterior.

15 En atención a que el Decreto 1848 de 1969 «[p]or el cual se reglamenta el Decreto 3135» permite la
acumulación de tiempos de servicio (artículo 72) con la posibilidad de que la entidad o empresa a cuyo cargo
esté el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación, tiene derecho a repetir contra las entidades y
empresas oficiales obligadas al reembolso de la cantidad proporcional que les corresponda, a prorrata del
tiempo de servicios en cada una de aquellas (artículo 75, numeral 3), tal como lo señaló el Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 13 de febrero del 2020 proferida dentro del proceso con
radicación 54001-23-33-000-2014-00106-01(0156-15).
16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso–Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del

30 de enero de 2025, Rad. 66001-23-33-000-2020-00492-01 (0391-2022).
17 Ibidem.

12

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3.6. La pensión mensual vitalicia de jubilación de la Ley 33 de 1985

43. La Ley 33 de 1985 reguló el régimen pensional de los «empleados oficiales», es
decir, el de los empleados públicos y trabajadores oficiales. Al efecto, estableció:

«Artículo 1. El empleado oficial que sirva o haya servido veinte (20) años continuos
o discontinuos y llegue a la edad de cincuenta y cinco (55) tendrá derecho a que por
la respectiva Caja de Previsión se le pague una pensión mensual vitalicia de
jubilación equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del salario promedio que
sirvió de base para los aportes durante el último año de servicio.

No quedan sujetos a esta regla general los empleados oficiales que trabajan en
actividades que por su naturaleza justifiquen la excepción que la Ley haya
determinado expresamente, ni aquellos que por ley disfruten de un régimen especial
de pensiones.

[…]».

44. Así las cosas, quienes en esa condición acumularan 20 años de servicios y
contaran con 55 años de edad podrían acceder a la pensión de jubilación
equivalente al 75% del salario promedio percibido en el último año de servicios. En
relación con la base de liquidación, el artículo 3 de la citada ley [modificado por el
artículo 1 de la Ley 62 de 1985] dispuso que estaría constituida por los siguientes
factores: «asignación básica; gastos de representación; primas de antigüedad,
técnica, ascensional y de capacitación; dominicales y feriados; horas extras;
bonificación por servicios prestados; y trabajo suplementario o realizado en jornada
nocturna o en día de descanso obligatorio». Agregó que, en todo caso «las
pensiones de los empleados oficiales de cualquier orden, siempre se liquidarán
sobre los factores que hayan servido de base para calcular los aportes».

3.7. Sobre la compatibilidad de la pensión y la prestación del servicio docente

45. Como lo ha precisado esta Sección en anteriores oportunidades 18, sobre la
presunta incompatibilidad entre la pensión y la prestación del servicio docente, debe

18 Ver: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 22 de noviembre de 2012, Rad.

15001 23 31 000 2004 02695 01 (0133-10). Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del
8 de agosto de 2019, Rad. 05001-23-33-000-2013-01456-01 (1499-2015). Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección B, providencia del 25 de septiembre de 2020, expediente 25000-23-42-000-2013-01579-
01 (3862-2014). Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso–Administrativo, Sección Segunda, Subsección A,
sentencia del 22 de junio de 2023, Rad. 17001-23-33-000-2017-00853-01 (0276-2021). Consejo de Estado,
Sala de lo Contencioso–Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 18 de abril de 2024,
Rad. 25000-23-42-000-2020-00549-01 (3118-2022). Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso–
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 20 de noviembre de 2024, Rad. 05001-23-33-
000-2020-00472-01 (1251-2024). Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso–Administrativo, Sección
Segunda, Subsección B, sentencia del 30 de enero de 2025, Rad. 66001-23-33-000-2020-00492-01 (0391-
2022). Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso–Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia
del 18 de abril de 2024, Rad. 25000-23-42-000-2020-00549-01 (3118-2022). Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso–Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 20 de noviembre de 2024, Rad.
05001-23-33-000-2020-00472-01 (1251-2024). Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso–Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 30 de enero de 2025, Rad. 66001-23-33-000-2020-00492-01
(0391-2022).
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considerarse el artículo 279 de la Ley 100 de 1993, que expresamente señala que
para los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio las
prestaciones «serán compatibles con pensiones o cualquier clase de
remuneración».

46. Este carácter compatible reconocido por la Ley 100, en otros momentos ha sido
otorgado por las siguientes disposiciones:

1. El Decreto 224 de 197219 (art. 5) que estableció que el ejercicio de la docencia
no sería incompatible con el goce de la pensión de jubilación.
2. El artículo 70 del Decreto 2277 de 197920 que señaló que el goce de la pensión
no sería incompatible con el ejercicio de empleos docentes; norma que se
advierte, fue declarada inexequible por la Corte Suprema de Justicia mediante
sentencia del 20 febrero de 1981.
3. La Ley 60 de 199321 (art. 6) que ratificó, durante su vigencia22, esta
compatibilidad al establecer que el régimen prestacional de los docentes incluía
este beneficio.
4. Específicamente para la pensión por aportes, el artículo 2° del Decreto 2709 de
1994 que reglamenta la Ley 71 de 1988, si bien establece que «la pensión de
jubilación por aportes, para los servidores públicos se hará efectiva una vez se
retiren del servicio», agrega: «salvo las excepciones previstas en la ley».

5. A las anteriores disposiciones debe añadirse el literal g) del artículo 19 de la Ley
4 de 1992, que entre las excepciones para percibir doble asignación del tesoro
público, establece «(l)as que a la fecha de entrar en vigencia la presente Ley
beneficien a los servidores oficiales docentes pensionados», respecto de la cual
tratándose del régimen pensional docente, esta Subsección ha considerado que
no hace alusión a los docentes pensionados para el momento en que entró en
vigor la norma, sino a las disposiciones que para la misma fecha beneficiaban a
los docentes pensionados. Sobre el particular, en providencia del 8 de agosto de
201923 se reiteró:
«Ahora bien, respecto de la excepción a la que alude el literal g) del artículo 19 de
la Ley 4 de 1992, esta corporación, en sentencia de 6 de marzo de 2003,
expediente 05001-23-31-000-1995-01799-01, magistrado ponente Alejandro
Ordóñez Maldonado, sostuvo:

Al establecer la excepción, no se estaba señalando a los docentes que ya
estaban pensionados, sino a las disposiciones que en esa fecha beneficiaban a
los docentes pensionados, pues se trataba era de establecer excepciones a la

19 Por el cual se dictan normas relacionadas con el ramo docente.
20 Por el cual se adoptan normas sobre el ejercicio de la profesión docente.
21 Por la cual se dictan normas orgánicas sobre la distribución de competencias de conformidad con los artículos

151 y 288 de la Constitución Política y se distribuyen recursos según los artículos 356 y 357 de la Constitución
Política y se dictan otras disposiciones.
22 Porque fue derogada por el artículo 113 de la Ley 715 de 2001.
23 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 8 de agosto de 2019, Rad. 05001-23-33-

000-2013-01456-01 (1499-2015).
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prohibición, no de aclarar situaciones ya definidas como eran los docentes
pensionados:
Es la lectura que debe darse a la disposición, pues no resultaría comprensible
que el legislador, en vez de establecer excepciones, como lo anuncia, derogue
las existentes.
El sentido de la ley, al establecer las excepciones a la prohibición de percibir
simultáneamente más de una asignación del tesoro público, al expresar que a la
fecha de entrar en vigencia dicha ley beneficiaran a los servidores oficiales
docentes pensionados, contempló la posibilidad de que tales servidores se
siguieran beneficiando de la normatividad que les permitía percibir
simultáneamente pensión y sueldo o pensión ordinaria de jubilación y pensión
gracia, siempre y cuando cumplieran todas las exigencias legales.
La anterior apreciación la corrobora el mismo legislador, que en los años
siguientes a la expedición de la Ley 4 de 1992, reiteró la compatibilidad en
examen, como lo establecen, los artículos 6° de la Ley 60 de 1993, 279 de la Ley
100 del mismo año y 115 de la Ley 115 de 1994.
En esas condiciones, entendiendo que la Ley 4 de 1992, art. 19, literal g) al
establecer las excepciones en examen, contempló las disposiciones que al entrar
en vigencia dicha ley, beneficiaban a los docentes pensionados, una de ellas, es
el artículo 50 del Decreto 224 de 1972 que dispone:
El ejercicio de la docencia no será incompatible con el goce de la pensión de
jubilación siempre y cuando el beneficiario esté mental y físicamente apto para la
tarea docente, pero se decretará el retiro forzoso al cumplir sesenta y cinco (65)
años de edad.

Las razones antes expuestas permiten a la sala concluir que los docentes oficiales
siguen gozando de la prerrogativa de acceder a la pensión y seguir percibiendo
sueldo, por permitirlo así expresamente la normatividad antes citada.

El anterior derrotero jurisprudencial fue acogido por la sala de consulta y servicio
civil de esta Corporación en concepto de 23 de noviembre de 2000 y reiterado en
fallo de 22 de noviembre de 2012, expediente 15001-23-31-000- 2004-02695-01
(0133-10), C.P. Luis Rafael Vergara Quintero».

47. También debe considerarse el artículo 1924 de la Ley 344 de 199625, al dejar a
salvo lo dispuesto en las leyes 91 de 1989, 60 de 1993 y 115 de 1994,
«disposiciones de las que se desprende la compatibilidad entre la pensión y el
salario percibido con ocasión del ejercicio docente26.

48. La única disposición que textualmente estableció una incompatibilidad entre el
salario de los docentes y la pensión de jubilación fue el artículo 45 27 del Decreto
24 Artículo 19. Sin perjuicio de lo estipulado en las Leyes 91 de 1989, 60 de 1993 y 115 de 1994, el servidor

público que adquiera el derecho a disfrutar de su pensión de vejez o jubilación podrá optar por dicho beneficio
o continuar vinculado al servicio, hasta que cumpla la edad de retiro forzoso. Los docentes universitarios podrán
hacerlo hasta por diez años más. La asignación pensional se empezará a pagar solamente después de haberse
producido la terminación de sus servicios en dichas instituciones.
25 Por la cual se dictan normas tendientes a la racionalización del gasto público, se conceden unas facultades

extraordinarias y se expiden otras disposiciones.
26 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso–Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del

18 de abril de 2024, Rad. 25000-23-42-000-2020-00549-01 (3118-2022).
27 Artículo 45. Además de las establecidas en la Constitución y en las leyes para todos los servidores públicos,

el ejercicio de cargos en el sector educativo estatal es incompatible con:
a) El desempeño de cualquier otro cargo o servicio público retribuido;
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Demandante: Martha Beatriz Arrieta Díaaz
Demandado: Fomag

1278 de 200228, declarado inexequible por la Corte Constitucional (sentencia C-
1157 de 2003), al advertir que el Ejecutivo legisló sobre una materia para la que no
fue habilitado; circunstancia en virtud de la cual esta Subsección en providencia del
20 de noviembre de 202429 indicó:

«Este planteamiento de la Corte Constitucional para declarar inexequible el
precepto bajo estudio, demuestra que el legislador, en el marco de sus potestades,
había contemplado una clara excepción a la prohibición del artículo 128 de la
Constitución Política en cabeza de los docentes estatales, la cual no podía ser
modificada por el Ejecutivo, en razón a que claramente, desde la concepción de la
Ley 4ª de 1992, se pretendió eliminar la incompatibilidad para tales servidores de
percibir el salario y la pensión de jubilación de manera concomitante, ello para
nivelar sus condiciones remunerativas y la especialidad diferenciadora de su labor
dentro de la función pública30.

Así las cosas, la posición jurisprudencial asumida por esta Subsección en asuntos
con contornos similares ha sido pacífica al interpretar que los maestros oficiales
pueden devengar salario y pensión de forma simultánea, sin que incurran en
ninguna incompatibilidad».

49. La anterior conclusión, ha sido reiterada por esta Subsección, en casos en los
que se discute la compatibilidad de la pensión y el salario de los docentes, ya sea
vinculados con anterioridad31 o posterioridad32 a la Ley 812 de 2003, por cuanto, de
acuerdo con el desarrollo normativo, aquella se estableció a favor de quienes
prestan sus servicios como maestros oficiales, esto es en razón a la actividad
docente y no con ocasión de un régimen prestacional determinado. Por lo que, no
es dable limitar esta excepción a aquellas pensiones reconocidas bajo un régimen
específico, puesto que no fue un requisito o límite establecido por el legislador.

50. Es importante precisar que la compatibilidad entre la pensión y la remuneración
está limitada al ejercicio de la docencia oficial. Esta precisión resulta fundamental
pues delimita el alcance de la excepción a la prohibición general de recibir doble

b) El goce de la pensión de jubilación, vejez, gracia o similares.
28 Por el cual se expide el Estatuto de Profesionalización Docente.
29 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso–Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del

20 de noviembre de 2024, Rad. 05001-23-33-000-2020-00472-01 (1251-2024).
30 A dicha conclusión arribó la Sección Segunda, Subsección A de esta corporación, en la sentencia del 22 de

junio de 2023, rad. 17001-23-33-000-2017-00853-01 (0276-2021).
31 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso–Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del

30 de enero de 2025, Rad. 66001-23-33-000-2020-00492-01 (0391-2022). En esta providencia se analizó con
detalle la aplicabilidad del régimen de pensión por aportes, para los docentes vinculados con anterioridad al 27
de junio de 2003, fecha de entrada en vigor de la Ley 812.
32 Ver, por ejemplo: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso–Administrativo, Sección Segunda, Subsección

B, sentencia del 18 de abril de 2024, Rad. 25000-23-42-000-2020-00549-01 (3118-2022). En esta providencia
se indicó: «Finalmente, es importante concluir que la compatibilidad entre salario y pensión de la que son
beneficiarios los docentes se encuentra vigente, incluso con posterioridad a la expedición de la Ley 812 de
2003, que incorporó a los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio al régimen
pensional de prima media establecido en las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, por cuanto, de acuerdo con el
desarrollo normativo, aquella se estableció a favor de quienes prestan sus servicios como maestros oficiales,
esto es en razón a la actividad docente y no con ocasión de un régimen prestacional determinado. Por lo que,
no es dable limitar esta excepción a aquellas pensiones reconocidas bajo un régimen específico, puesto que no
fue un requisito o límite establecido por el legislador».
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Demandante: Martha Beatriz Arrieta Díaaz
Demandado: Fomag

asignación del tesoro público, circunscribiéndola específicamente al ejercicio de la
función docente oficial.

51. Por tanto, no es dable condicionar la pensión de jubilación del docente a la
desvinculación del servicio. Esta compatibilidad constituye uno de los elementos
diferenciadores del régimen exceptuado del magisterio.

3.8. Estudio del caso concreto

3.8.1. Hechos probados

1) Para resolver el problema jurídico planteado, la Sala establece que según su
cédula de ciudadanía, la demandante nació el 29 de julio de 1963, por lo que cumplió
55 años el 29 de julio de 201833.

2) Con la demanda se aportó el certificado de tiempo de servicio del 19 de noviembre
de 2018 y formato único para la expedición de certificado de historia laboral del 31
de octubre de 2018, ambos emitidos por la Secretaría de Educación del
departamento de Sucre34 y de los que se advierten los siguientes vínculos de la
demandante:

Institución y cargo Tipo de Desde Hasta
vinculación
Jardín Infantil Municipal Sonrisita «Autorización de
– Los Palmitos prestación de 02/02/1993 31/12/1993
Instructor35 servicios»
Jardín Infantil Municipal Sonrisita «Autorización de
– Los Palmitos prestación de 01/01/1994 31/12/1994
Instructor36 servicios»
Jardín Infantil Municipal Sonrisita «Autorización de
– Los Palmitos prestación de 02/01/1995 22/11/2005
Instructor37 servicios»

33 Cédula de ciudadanía visible en el índice 2 del expediente digital Samai, archivo «5ED_EXP
DIGITA_70001233300020200027(.zip) NroActua 2».
34 Índice 2 del expediente digital Samai, archivo «5ED_EXP DIGITA_70001233300020200027(.zip) NroActua

2».
35 Respecto de este tiempo de servicios, además de la certificación de la Secretaría de Educación del

departamento de Sucre del 19 de noviembre de 2018, se aportó con la demanda autorización del 7 de febrero
de 1993 suscrita por el delegado ante el Ministerio de Educación ante el F.E.R. de Sucre para que la
demandante prestara sus servicios como educadora del Jardín Infantil Sonrisitas. Índice 2 del expediente digital
Samai, archivo «5ED_EXP DIGITA_70001233300020200027(.zip) NroActua 2».
36 Respecto de este tiempo de servicios, además de la certificación de la Secretaría de Educación del

departamento de Sucre del 19 de noviembre de 2018, se aportó con la demanda orden de prestación de
servicios del 1 de mayo de 1994, para que la demandante prestara sus servicios como educadora especial del
Jardín Infantil Sonrisitas del 1 de enero al 31 de diciembre de 1994. Índice 2 del expediente digital Samai, archivo
«5ED_EXP DIGITA_70001233300020200027(.zip) NroActua 2».
37 Respecto de este tiempo de servicios, además de la certificación de la Secretaría de Educación del

departamento de Sucre del 19 de noviembre de 2018, se aportó con la demanda contrato de prestación de
servicios del año 1995, para que la demandante prestara sus servicios como educadora especial del Jardín
Infantil Sonrisitas del 2 de enero al 31 de diciembre de 1995. Índice 2 del expediente digital Samai, archivo
«5ED_EXP DIGITA_70001233300020200027(.zip) NroActua 2».
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Demandante: Martha Beatriz Arrieta Díaaz
Demandado: Fomag

«Legalizar Dec.
Institución Educativa Los Palmitos 02772 del 23 de
23/11/2005 21/05/2006
Docente38 noviembre de
2005»
Institución Educativa Los Palmitos Nombramiento en
22/05/200639 31/10/201840
Docente propiedad
25 años, 9 meses y 1
Tiempo total día a la fecha del
último certificado.

3) A través de la Resolución 0470 del 18 de mayo de 2020 41, acto administrativo
demandado, el Fomag resolvió la solicitud de reconocimiento pensional de la
demandante del 20 de diciembre de 2018, para ello, indicó que la docente laboró en
el departamento de Sucre durante 12 años, 11 meses y 27 días; que durante el
lapso laborado por órdenes de prestación de servicios, entre el 2 de febrero de 1993
y el 22 de noviembre de 2005, no hizo aportes para pensión, por lo que el tiempo
de servicios no es suficiente para el reconocimiento pensional de conformidad con
el artículo 33 de la Ley 100 de 1993.

3.8.2. Análisis sustancial

52. En el asunto que se analiza, la Sala encuentra que Martha Beatriz Arrieta Díaz
prestó sus servicios como docente desde el 2 de febrero de 1993 en la modalidad
de «autorización de prestación de servicios», tiempos que sin duda acreditan su
vínculo al sector educativo oficial antes de la entrada en vigencia de la Ley 812 de
2003 y que la hacen beneficiaria del régimen prestacional anterior, contenido en la
Ley 33 de 1985.

53. Ahora bien, tal como se explicó en las consideraciones de esta providencia y
contrario a lo establecido por el Tribunal en el fallo objeto del recurso de apelación,
los contratos, órdenes o autorizaciones de prestación de servicios son válidos para
demostrar el vínculo como docente oficial antes de la entrada en vigencia de la Ley
812 de 2003, debido a que la naturaleza de la función docente, en estos casos, es
independiente a la forma en que haya sido el ingreso, sumado a que la misma ley
no establece distinciones respecto a la modalidad de vinculación del docente, ya
que solo se circunscribió a su temporalidad.

54. Además, respecto a la omisión en el pago de aportes para pensión, se ha dicho
por parte de esta corporación que, tales cotizaciones tienen el carácter de

38 Respecto de este tiempo de servicios, además de la certificación de la Secretaría de Educación del
departamento de Sucre del 19 de noviembre de 2018, se aportó con la demanda la Resolución 02772 del 23 de
noviembre de 2005, «Por la cual se formaliza la vinculación de unos funcionarios administrativos del sistema
general de participaciones, vinculados por contratos» entre los que se encuentra la demandante. Índice 2 del
expediente digital Samai, archivo «5ED_EXP DIGITA_70001233300020200027(.zip) NroActua 2».
39 Se toma esta fecha atendiendo que la certificación del 19 de noviembre de 2018 certifica que laboró hasta el

21 de mayo de 2006 y el formato único para la expedición de certificado de historia laboral establece que inició
el 15 de mayo de 2006, por lo que, para no contabilizar tiempos dobles, se tomará el 22 de mayo debido a que
no existió interrupción entre los nombramientos.
40 Fecha del último certificado.
41 Índice 2 del expediente digital Samai, archivo «5ED_EXP DIGITA_70001233300020200027(.zip) NroActua

2».
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Demandado: Fomag

imprescriptibles42 y que las entidades no pueden sustraerse de su pago cuando ello
puede llegar a repercutir en el derecho de acceso a una pensión. Asimismo, es el
Fondo, por tener a cargo el reconocimiento y pago de la asignación aquí reclamada,
el que tiene la potestad de repetir en contra de las entidades y/o personas obligadas
a cotizar, el reembolso de los aportes a pensiones en la proporción que les
corresponda, en el caso de que no lo hubieren hecho.

55. Por lo tanto, al acreditarse el ingreso al servicio público a la docencia oficial antes
del 27 de junio de 2003, a través de las órdenes de prestación de servicios suscritas
con el departamento de Sucre, la demandante tiene derecho al reconocimiento de
la pensión de jubilación conforme a la Ley 33 de 1985, con inclusión de los factores
salariales previstos en la Ley 62 de 1985 y demás normas especiales que creen
prestaciones sociales con carácter de factor salarial, y que en consecuencia, sirvan
de base para calcular aportes a pensión. El estatus pensional lo adquirió el 29 de
julio de 2018, fecha en la que acreditó los requisitos de edad -55 años (pues nació
el 29 de julio de 1963) y más de 20 años de servicios, de conformidad con el artículo
1 de la Ley 33 de 1985.

56. En este punto es necesario aclarar que, si bien en los artículos 6 y 8 del Decreto
2709 de 1994 se estableció que la pensión por aportes se liquida con el 75% del
salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de
servicios, en este caso, como se ha dispuesto en otras oportunidades por esta
Sala43, debido a que se considera que no hay incompatibilidad entre la función
docente y el derecho al goce pensional, la pensión de la demandante deberá
calcularse con el equivalente al 75% del promedio de los factores salariales
dispuestos en el artículo 1 de la Ley 62 de 1985 y en normas posteriores, que hayan
servido de base de cotizaciones a seguridad social, en el año anterior a la
adquisición del estatus de pensionada, porque una vez consolidado el estatus, la
docente puede gozar de la pensión sin necesidad de retirarse del servicio.

57. Por otro lado, respecto a los aportes al sistema pensional que debió hacer el
empleador y empleado en el porcentaje correspondiente, en el evento de que no se
hayan efectuado como lo ordena la ley, deben las entidades de previsión adelantar
las gestiones necesarias para su cobro, pues no se pierde de vista que son
necesarios para la financiación de la prestación y la sostenibilidad del sistema.

58. Así las cosas, corresponde al Fomag realizar los trámites legales necesarios para
recaudar las cotizaciones en favor de la demandante en el tiempo en que estuvo
contratada a través de órdenes de prestación de servicios y que no se efectuaran,
de igual forma, la demandante, en caso de no haberlo hecho, tendrá que realizar
los aportes a su cargo durante su vinculación a través de contratos de prestación
de servicios.

42 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016,

radicado 23001-23-33-000-2013-00260-01 (00882015); Subsección A, sentencia del 6 de febrero de 2020,
radicado 54001-23-33-000-2014-00363-01(2960-15) y Subsección B, sentencia del 30 de enero de 2025,
radicado 54001-23-33-000-2014-00363-01(2960-15).
43 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 30 de enero de 2025, expediente 2020-

00492-01 (0391-2022).
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59. Finalmente, el Fondo podrá reclamar la cuota parte a las entidades de previsión
social o fondos pensionales en los que cotizó la demandante.

3.8.3. Sobre la prescripción de los derechos en litigio

52. Como se expuso, Martha Beatriz Arrieta Diaz alcanzó el estatus jurídico de
pensionada en virtud de las prerrogativas que el legislador ha previsto para los
docentes, el 29 de julio de 2018 y, comoquiera que presentó la reclamación ante la
autoridad administrativa el 20 de diciembre de 2018, se advierte que no se configuró
el fenómeno prescriptivo del derecho de las mesadas.

3.9. Conclusión

53. Con fundamento en lo expuesto, la Sala concluye que el tiempo de servicio
prestado por la demandante, en el sector público docente, puede computarse para
acreditar la vinculación exigida para ser beneficiaria del régimen de transición
previsto en el artículo 81 de la Ley 812 de 2003 y para el reconocimiento de la
pensión de jubilación de conformidad con la Ley 33 de 1985.

54. En consonancia con lo anterior, Martha Beatriz Arrieta Diaz es beneficiaria del
régimen pensional contenido en la Ley 33 de 1985, toda vez que acreditó los
requisitos contenidos en dicha norma. Razón por la cual se revocará la decisión
apelada, y en su lugar, se declarará la nulidad del acto administrativo demandado.
En consecuencia, como restablecimiento del derecho se condenará al Fomag al
reconocimiento y pago de la pensión de jubilación con el 75% del promedio de los
factores salariales dispuestos en el artículo 1 de la Ley 62 de 1985 y en normas
posteriores, que hayan servido de base de cotizaciones a seguridad social, en el
año anterior a la adquisición del estatus de pensionada− 28 de julio de 2017 a 29
de julio de 2018, sin que deba acreditar el retiro del servicio docente.

3.10. Costas

55.La presente providencia acoge el criterio interpretativo mayoritario 44 de la
Subsección sobre el artículo 188 del CPACA, según el cual la norma en cita no

44 La magistrada ponente considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un criterio

objetivo valorativo por varias a razones a saber: (i) El artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de
procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso–administrativo. (ii) Dicho artículo 188 no
excluye la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en
el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». (iii) La temeridad o mala fe deben
ser valoradas por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de determinar la
eventual responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (iv) El inciso segundo del
artículo 188 no elimina el criterio objetivo, por el contrario, amplía su espectro al considerar que en los asuntos
en los que se ventila un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se
establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal». (v) Los parámetros
antes enunciados son producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio
de las de carácter especial como los artículos 265 a 269 del CPACA. Lo expuesto en consonancia con la
sentencia SU-241 de 2024 de la Corte Constitucional, que a propósito del régimen de costas en el CPACA
indicó que «puede concluirse que para imponer la condena en costas el juez ya no tiene en cuenta la conducta
temeraria o de mala fe de las partes a la hora de condenar en costas, sino la derrota en el proceso y la prueba
de su causación, esto es, un criterio objetivo- valorativo.». En el mismo sentido: Consejo de Estado, Sala de lo
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presupone la causación automática de costas contra la parte que pierda el litigio,
sino que, para condenar en costas es necesario realizar un juicio de ponderación
subjetiva respecto de la conducta procesal asumida por las partes, por lo tanto, debe
verificarse que la parte vencida actuó de mala fe, de manera temeraria o dilatoria,
etc. Así las cosas, en esta oportunidad no se condenará en costas, porque no se
advierte que la parte demandada, vencida en esta instancia, haya incurrido en las
anteriores conductas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso–
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Revocar la sentencia proferida el 6 de marzo del 2024 por el Tribunal
Administrativo de Sucre, que negó las pretensiones de la demanda, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia, y en su lugar se dispone:

Segundo: Declarar la nulidad de la Resolución 0470 del 18 de mayo de 2020, por
la cual se negó el reconocimiento de la pensión de jubilación a la demandante.

Tercero: Como consecuencia de la anterior declaración, y a título de
restablecimiento del derecho, condenar a la Nación, Ministerio de Educación
Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio reconocer y
pagar a la demandante, Martha Beatriz Arrieta Diaz, desde el 29 de julio de 2018,
la pensión de jubilación con el 75% del promedio de los emolumentos dispuestos
en el artículo 1 de la Ley 62 de 1985 y en normas posteriores, que hayan sido
devengados por la accionante y que hayan servido de base para las cotizaciones a
seguridad social en el año anterior a la adquisición del estatus de pensionada —29
de julio de 2017 a 29 de julio de 2018—, sin que deba acreditar el retiro del servicio
docente.

La accionada hará la actualización sobre las sumas adeudadas, teniendo en cuenta
los índices de inflación certificados por el DANE y mediante la aplicación de la
fórmula matemática adoptada por el Consejo de Estado, a saber:

R = Rh. índice final
índice inicial

Cuarto: La Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio podrá recaudar las cotizaciones en favor de la
demandante en el tiempo en que estuvo contratada a través de órdenes de
prestación de servicios y que no se efectuaron, de igual forma, la demandante, en
caso de no haberlo hecho, tendrá que realizar los aportes a su cargo durante su
vinculación a través de contratos de prestación de servicios. Asimismo, el Fondo

Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 7 de abril de 2016, exp. 13001-23-
33-000-2013-00022-01 (1291-14).
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Demandante: Martha Beatriz Arrieta Díaaz
Demandado: Fomag

podrá reclamar la cuota parte a las demás entidades de previsión social o fondos
de pensiones en los que la demandante realizó cotizaciones.

Quinto: No condenar en costas.

Sexto: La parte demandada deberá dar cumplimiento a la sentencia en los términos
de los artículos 192 y 195 del CPACA.

Séptimo: En firme esta providencia, devolver el expediente al tribunal de origen,
previas las anotaciones en el aplicativo SAMAI.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI.
En consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, a través del siguiente enlace:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

EdelaO

22

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