Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 73001-23-33-000-2016-00745-01
Consejo de Estado · Sección Primera
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 73001-23-33-000-2016-00745-01
Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 73001-23-33-000-2016-00745-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 73001-23-33-000-2016-00745-01
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
13 de febrero de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D. C., trece (13) de febrero de dos mil veinticinco (2025)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 73001-23-33-000-2016-00745-01
ACCIÓN POPULAR – FALLO
Actora: GLORIA HELENA RÍOS SÁNCHEZ
TESIS: LAS GESTIONES DE ORDEN ADMINISTRATIVO, TÉCNICO Y
PRESUPUESTAL PARA RECUPERAR LA ZONA DE RONDA HÍDRICA DE
LA QUEBRADA EL TEJAR COMPETEN AL MUNICIPIO DE IBAGUÉ, EN
VIRTUD DEL DEBER LEGAL QUE LE ASISTE PARA LA PROTECCIÓN Y
RESTABLECIMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO.
DERECHOS COLECTIVOS INVOCADOS COMO VULNERADOS: AL
GOCE DE UN AMBIENTE SANO, A LA PREVENCIÓN DE DESASTRES
PREVISIBLES TÉCNICAMENTE, AL ACCESO A UNA
INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS QUE GARANTICEN LA
SALUBRIDAD PÚBLICA, AL ACCESO A LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y
A QUE SU PRETACIÓN SEA EFICIENTE Y OPORTUNA, AL GOCE DEL
ESPACIO PÚBLICO Y A LA REALIZACIÓN DE CONSTRUCCIONES
RESPETANDO LAS DISPOSICIONES JURÍDICAS.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide los recursos de apelación interpuestos por la NACIÓN
• MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL1, la CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DEL TOLIMA2 y el MUNICIPIO DE
1 En adelante el Ministerio.
2 En adelante CORTOLIMA.
2
Número único de radicación: 73001233300020160074501
Actora: GLORIA HELENA RÍOS SÁNCHEZ
IBAGUÉ3 contra la sentencia de 30 de noviembre de 2023, proferida
por el Tribunal Administrativo del Tolima4.
I.- ANTECEDENTES
I.1- La demanda
La señora GLORIA HELENA RÍOS SÁNCHEZ, en ejercicio de la
acción popular prevista en el artículo 88 de la Constitución Política,
desarrollada por la Ley 472 de 5 de agosto de 19985, presentó
demanda ante el Tribunal contra el MINISTERIO, el MUNICIPIO,
CORTOLIMA y la EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO S.A. E.S.P.6, tendiente a que se protegieran los
derechos colectivos al goce de un ambiente sano, al goce del espacio
público, al acceso a una infraestructura de servicios públicos que
garanticen la salubridad pública, al acceso a los servicios públicos y
a que su prestación sea eficiente y oportuna, a la seguridad y
prevención de desastres previsibles técnicamente, y a la realización
de construcciones respetando las disposiciones jurídicas.
3 En adelante el Municipio.
4 En adelante el Tribunal.
5 “Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación
con el ejercicio de las acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones”.
6
En adelante IBAL.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
3
Número único de radicación: 73001233300020160074501
Actora: GLORIA HELENA RÍOS SÁNCHEZ
I.2. Hechos
Manifestó que las urbanizaciones Los Nogales y Ricaurte fueron
construidas bajo el amparo de las licencias otorgadas por el
MUNICIPIO.
Sostuvo que el 6 de junio de 2007 y sin que la autoridad ambiental
lo hubiese autorizado, el Batallón Jaime Rooke de Ibagué7 construyó
un cerramiento de aislamiento dentro del cauce de la quebrada El
Tejar y la margen de protección ubicada en la calle 25 carrera 11 sur
MC, casas 22 y 23 de Los Nogales, hasta la carrera 11 sur #24-383
del barrio Ricaurte, el cual constituye una barrera que modifica el
cauce, genera socavamiento y erosión, inestabilidad, hundimiento,
desprendimiento y deslizamiento del terreno, así como afecta a las
viviendas ubicadas allí, al punto de que se encuentran en amenaza
de colapso.
Expuso que mediante las resoluciones núms. 1089 de 29 de julio de
2008 y 2941 de 25 de julio de 2011, CORTOLIMA sancionó al
7
En adelante el Batallón.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
4
Número único de radicación: 73001233300020160074501
Actora: GLORIA HELENA RÍOS SÁNCHEZ
BATALLÓN con multa equivalente a dos (2) SMLMV por incurrir en
conductas vulneradoras de normas ambientales.
Afirmó que el 10 de septiembre de 2014 requirió a las accionadas
para que atendieran la amenaza y el riesgo existente; no obstante,
a la fecha de promover la demanda no habían emitido respuesta
alguna.
I.3. Pretensiones
La parte actora solicitó, además del amparo de los derechos
colectivos invocados y la declaratoria de responsabilidad de las
demandadas, lo siguiente:
“[…] 3.2 Como consecuencia de lo anterior, ordenar al Municipio de
Ibagué Tolima, la Corporación Autónoma Regional del Tolima
CORTOLIMA y la Nación – Ministerio de Defensa – Fuerzas Militares,
acometer de manera inmediata coordinada y armónica, las medidas
técnicamente exigibles, jurídicas y presupuestalmente visibles, a fin
de reparar el talud afectado con socavación – erosión, por el desvío
del cauce de la quebrada el Tejar.
3.3 Ordenar a las accionadas realizar las obras de protección a la
población y las viviendas asentadas arriba del talud afectado con
socavación – erosión, por el desvío del cauce de la quebrada el Tejar
(sector comprendido desde la Calle 25 Carrera 11 Sur-M C casa 22 y
23 Los Nogales hasta la Carrera 11 Sur No. 24-383 Barrio Ricaurte,
(margen derecha aguas abajo) a fin de precaver la amenaza de
remoción, desplazamiento y desastre.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
5
Número único de radicación: 73001233300020160074501
Actora: GLORIA HELENA RÍOS SÁNCHEZ
3.4 Ordenar al Municipio de Ibagué Tolima, la Corporación Autónoma
Regional del Tolima CORTOLIMA y la Nación – Ministerio de Defensa
– Fuerzas Militares, rectificar el cauce de la quebrada el Tejar, en los
sectores afectados por su desvío.
3.5 Que se ordene a los accionados recuperar la cuenca hidrográfica
de la Quebrada el Tejar en los sectores en cuestión, como elemento
integrante del medio ambiente, recurso natural renovable y bien de
uso público.
3.6 Que se ordene a la empresa IBAL realizar la conexión de todos
los vertimientos de aguas residuales y domésticas que descargan en
parte baja del talud en cuestión, particulares residentes del sector
aledaño, al sistema de recolección, conducción, tratamiento y
disposición de aguas negras y desechos a cargo de la Empresa IBAL
[…]”.
I.4. Defensa
I.4.1.- La empresa IBAL refirió que en visita técnica de 15 de marzo
de 2017 verificó la construcción de un muro que obliga a las aguas a
tomar una curva que afecta el talud de las viviendas ubicadas sobre
la carrera 11 sur con calle 23 del barrio Ricaurte.
Adujo que algunas viviendas ubicadas sobre ese talud están
conectadas al sistema principal de alcantarillado, por lo que no
vierten aguas residuales y domésticas a la quebrada, como sí lo
hacen ciertos asentamientos subnormales.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
6
Número único de radicación: 73001233300020160074501
Actora: GLORIA HELENA RÍOS SÁNCHEZ
Propuso la excepción de “FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA
POR PASIVA”, porque, a su juicio, no es responsable de la
vulneración de los derechos invocados, pues dentro de sus
competencias no está reparar, rectificar o realizar obras por
socavación o erosión del cauce a raíz de su desvío, así como tampoco
precaver la amenaza de remoción y desastres en los sectores
afectados, ni la recuperación de la cuenca hidrográfica.
I.4.2.- CORTOLIMA manifestó haber actuado dentro de sus
competencias, toda vez que inició el trámite sancionatorio contra el
Batallón a raíz de la construcción del muro en referencia, incluso, en
el marco de la visita técnica, realizada el 3 de enero de 2008, lo
requirió para que rectificara el cauce.
Afirmó que en la investigación declaró al Batallón como infractor de
las normas ambientales, en virtud de la desviación y ocupación del
cauce sin el respectivo permiso.
Expuso que el 4 de noviembre de 2012 realizó una nueva visita
técnica en la que evidenció que ya no existía tal desviación, sino la
ocupación de la zona protectora de la quebrada El Tejar; luego, en la
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
7
Número único de radicación: 73001233300020160074501
Actora: GLORIA HELENA RÍOS SÁNCHEZ
visita de diciembre de 2016, corroboró el cumplimiento del Batallón
de las medidas de compensación impuestas dentro del proceso
sancionatorio, consistentes en la plantación de 50 árboles de
especies forestales protectoras.
Refirió que el 21 de marzo de 2017 practicó una nueva visita en la
que constató que la malla eslabonada estaba ubicada a una distancia
de 15 metros del cauce de la quebrada, sin ocasionar
represamientos, remociones en masa ni eventos similares, y verificó
que ya no existía desviación de dicho cauce, hecho que, en su
criterio, fue el motivo de esta acción popular.
Propuso, con fundamento en lo anterior, las excepciones que
denominó: “ausencia de causa para accionar a Cortolima” y “falta de
legitimación en la causa por pasiva”.
I.4.3.- El MINISTERIO afirmó que la malla instalada tenía por
objeto cambiar los cercos de alambre de púas que servían de
seguridad perimetral a la unidad militar, por lo que dicha
construcción no desvió el cauce.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
8
Número único de radicación: 73001233300020160074501
Actora: GLORIA HELENA RÍOS SÁNCHEZ
Sostuvo que si bien el cerramiento está ubicado dentro de la zona
establecida por el POT como área de reserva, las instalaciones del
Batallón se encuentran a una distancia superior a los 30 mts;
además, la obra permitió proteger el talud en la margen derecha de
la quebrada, la resiliencia de la vegetación protectora del talud e
impidió la existencia de invasores en la zona de protección.
Afirmó que, de acuerdo con lo probado en el proceso sancionatorio
ambiental, no se alteró el flujo natural de las aguas o el cambio del
cauce y tampoco hubo aprovechamiento de éstas, mientras que
IBAL sí realizó obras hidráulicas dentro de la quebrada,
concretamente, la instalación de un colector principal en medio de su
cauce.
Reiteró que aunque la construcción fue realizada sin contar con el
permiso de ocupación de cauce, en ningún momento la malla ni el
muro eslabonado generaron un cambio en el curso de la quebrada,
pues la forma en que fue construido permitía que el agua siguiera su
curso normal.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
9
Número único de radicación: 73001233300020160074501
Actora: GLORIA HELENA RÍOS SÁNCHEZ
Destacó que con la demanda no se aportaron las pruebas que
permitan inferir de manera fehaciente su responsabilidad por la
vulneración de los derechos alegados; por el contrario, fueron
evidenciadas las acciones que ha desplegado en pro de conservar el
buen estado de limpieza de la zona protectora de la quebrada y,
además, la construcción de la malla de seguridad busca impedir la
invasión de la zona de reserva por parte de la comunidad.
I.4.4.- El MUNICIPIO manifestó que los hechos fundamento de la
acción y las pruebas aportadas con esta demuestran que es la misma
comunidad demandante quien ha generado la erosión de la quebrada
a raíz de los vertimientos directos al talud y la disposición de residuos
sólidos y escombros que contaminan la fuente hídrica.
Sostuvo que CORTOLIMA no cumplió con las obligaciones de
evaluación, control y seguimiento que le asisten en relación con los
usos del agua, el suelo, el aire y demás recursos naturales
renovables, y la imposición y ejecución de las medidas de policía y
las sanciones previstas en la ley.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
10
Número único de radicación: 73001233300020160074501
Actora: GLORIA HELENA RÍOS SÁNCHEZ
Solicitó declarar de oficio las excepciones que resultaren probadas en
el trámite del proceso, conforme con lo dispuesto en el artículo 282
del Código General del Proceso.
I.5. Pacto de cumplimiento
La audiencia de pacto de cumplimiento se llevó a cabo el 30 de junio
de 2017, la cual se declaró fallida por ausencia de fórmulas de
acuerdo entre las partes.
II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA IMPUGNADA
El Tribunal, en sentencia de 30 de noviembre de 2023, declaró la
vulneración de los derechos e intereses colectivos invocados en la
demanda, con fundamento en lo siguiente:
Indicó que las pruebas allegadas al proceso daban cuenta que desde
varios años atrás se viene presentando socavación y erosión en la
zona identificada en la demanda, debido a diferentes factores que
han alterado la quebrada El Tejar y afectado las viviendas ubicadas
en la corona del talud de esa área.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
11
Número único de radicación: 73001233300020160074501
Actora: GLORIA HELENA RÍOS SÁNCHEZ
Destacó como determinantes de la problemática: i) el golpe
hidráulico generado por el caudal de la quebrada sobre el costado
izquierdo, afectando la base del talud donde están ubicadas las
viviendas de los barrios Los Nogales y El Ricaurte; ii) los vertimientos
de aguas residuales y domésticas, así como superficiales de
escorrentías provenientes de dichas viviendas y de los asentamientos
subnormales; iii) la inadecuada disposición de residuos sólidos en las
riberas del cauce y sobre el talud; iv) obras dentro de la zona de
protección y también al interior del cauce; y v) viviendas construidas
en la zona de protección.
Afirmó que no solo estaba demostrada la afectación a la quebrada
por el nivel de contaminación y alteración del cauce, sino también los
riesgos por inestabilidad, hundimiento y deslizamiento del terreno a
los que están expuestos los habitantes de las viviendas de la parte
alta del talud, además de los riesgos de inundación para quienes
habitan la parte baja de éste.
Estableció que aun cuando las pruebas periciales no fueron
suficientes para concluir que la obra adelantada por el BATALLÓN
haya modificado el cauce natural original, sí quedó demostrado que
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
12
Número único de radicación: 73001233300020160074501
Actora: GLORIA HELENA RÍOS SÁNCHEZ
la construcción fue ejecutada dentro de éste, en claro
desconocimiento de la norma que exigen una zona de aislamiento y
protección de la fuente hídrica.
Precisó que CORTOLIMA inició la investigación sancionatoria
ambiental contra el BATALLÓN por ocupación del cauce; sin
embargo, la sanción que le fue impuesta obedeció a la ocupación de
la zona de protección, comoquiera que al acatar la orden de
reubicación de la malla la instaló dentro del área protectora.
Expuso, en cuanto a la seguridad y prevención de desastres, que el
riesgo existente para los habitantes del sector y el estar probado que
se trata de personas de escasos recursos, amerita una mayor
protección por parte del Estado, máxime cuando la misma
Administración ha permitido el asentamiento en esa zona catalogada
del alto riesgo desde el POT del año 2014.
En virtud de lo anterior, impartió las siguientes órdenes:
«[…] SEGUNDO: ORDENAR al Municipio de Ibagué, a la
Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado IBAL S.A.
E.S.P., a la Corporación Autónoma Regional del Tolima
“CORTOLIMA” y la Nación – Ministerio de Defensa Nacional –
Ejército Nacional que dentro de los tres (03) meses siguientes a la
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
13
Número único de radicación: 73001233300020160074501
Actora: GLORIA HELENA RÍOS SÁNCHEZ
ejecutoria de la presente providencia, realicen de forma conjunta un
informe previas las correspondientes inspecciones técnicas con el fin
de formular un programa de recuperación de la Quebrada El Tejar en
el sector ubicado calle 25 carrera 11 sur manzana C casa 22 y 23 Los
Nogales hasta la carrera 11 sur Nro. 24-383 del barrio El Ricaurte, lo
cual debe comprender entre otras acciones, obras, actividades,
responsables, fecha cierta de culminación de cada actividad,
presupuesto o financiación período dentro del cual deberán efectuarse
las gestiones administrativas, presupuestales y financieras para la
ejecución del programa.
El desarrollo y/o ejecución no puede superar el plazo de doce (12)
meses contados desde que se venza el plazo para la elaboración de
este documento.
TERCERO: ORDENAR a la Empresa Ibaguereña de Acueducto y
Alcantarillado de Ibagué IBAL S.A. E.S.P., en un plazo de tres
(03) meses contados a partir de la ejecutoria de la presente decisión,
efectué un estudio detallado para determinar eliminar y sanear los
puntos de vertimientos individuales y de descargas de aguas
residuales, domésticas, aguas lluvias y escorrentías provenientes del
sector calle 25 carrera 11 sur manzana o casa 22 y 23 Los Nogales
hasta la carrera 14 sur Nro. 24-383 del barrio El Ricaurte, así mismo
efectúe las actividades de mantenimiento y reparación de daños que
se identifiquen en la red de alcantarillado especialmente, de la red de
alcantarillado que se encuentra dentro del cauce la quebrada El Tejar.
CUARTO: ORDENAR al Municipio de Ibagué y a la Corporación
Autónoma Regional del Tolima "CORTOLIMA", que en el marco
de sus competencias dentro de los tres (03) meses siguientes a la
ejecutoria de la presente providencia adelante las gestiones
administrativas, presupuestales y financieras para que se realice un
informe técnico para determinar en el sector ubicado calle 25 carrera
11 sur manzana c casa 22 y 23 Los Nogales hasta la carrera 11 sur
Nro. 24-383 del barrio El Ricaurte, cuáles son las viviendas que se
encuentran en alto riesgo conforme el Plan de Ordenamiento
Territorial y que deberán ser objeto de reubicación.
QUINTO: ORDENAR al Municipio de Ibagué y a la Corporación
Autónoma Regional del Tolima "CORTOLIMA", que, en el marco
de sus competencias, atendiendo los conceptos emitidos en la parte
motiva, el informe técnico ordenado en el numeral cuarto de esta
providencia y otros que se dispongan, garanticen en un plazo de doce
(12) meses siguientes a la ejecutoria de la presente providencia la
reubicación de los propietarios de las viviendas determinadas, a un
lugar seguro donde no resulten amenazados a efectos de que puedan
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
14
Número único de radicación: 73001233300020160074501
Actora: GLORIA HELENA RÍOS SÁNCHEZ
continuar desarrollando sus proyectos de vida y actividades
económicas.
Se advierte que el proceso de reubicación, corresponde únicamente a
las viviendas que cuentan con todo el proceso de legalización
respectiva, por lo que se exceptúa cualquier vivienda o asentamiento
irregular.
SEXTO: ORDENAR al Municipio de Ibagué y a la Corporación
Autónoma Regional del Tolima "CORTOLIMA" que, en el marco
de sus competencias, atendiendo los conceptos emitidos, y en
especial el informe técnico de numeral cuarto de esta providencia y
otros que se dispongan, garanticen en un plazo de tres(03) meses
siguientes a la ejecutoria de la presente providencia, la reubicación
de los habitantes que tienen la calidad de arrendatarios de las
viviendas determinadas apoyándolos en forma temporal con subsidios
de arrendamiento por este mismo período.
SÉPTIMO: ORDENAR al Municipio de Ibagué y a la Corporación
Autónoma Regional del Tolima "CORTOLIMA”, que en el marco
de sus competencias en el proceso de reubicación se garantice
viviendas dignas, dotadas de servicios públicos domiciliarios,
construidas con sujeción a las acciones urbanísticas pertinentes y los
planes de ordenamiento del territorio, que podrán ser objeto de
modificaciones, de ser necesario, para lograr la ejecución de esta
sentencia y la protección de los derechos colectivos de los habitantes
de las viviendas que fueron determinadas en el informe técnico del
numeral cuarto de esta providencia.
OCTAVO. ORDENAR al Municipio de Ibagué y a la Corporación
Autónoma Regional del Tolima "CORTOLIMA”, que el proceso de
reubicación de los habitantes se inicie con los habitantes de las
viviendas en donde existe mayor nivel de riesgo y progresivamente
con los demás habitantes que sean objeto de protección, según el
informe técnico establecido el numeral cuarto de la presente
providencia. De acuerdo a ello, los habitantes que efectivamente
reciban el beneficio de reubicación, deberán transferir previamente al
Municipio de Ibagué los derechos sobre los inmuebles que ocupan
actualmente, para que se procede con la demolición de las
construcciones correspondientes.
NOVENO: ORDENAR al Municipio de Ibagué y a la Corporación
Autónoma Regional del Tolima "CORTOLIMA” que, en un plazo
de doce (12) meses contados a partir de la ejecutoria de esta
providencia, efectúen las gestiones administrativas presupuestales y
financieras con fines a recuperar - espacio público - la ronda de
protección hídrica de la Quebrada EI Tejar durante todo su recorrido
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
15
Número único de radicación: 73001233300020160074501
Actora: GLORIA HELENA RÍOS SÁNCHEZ
de los asentamientos humanos y/o ocupaciones de viviendas
construidas ilegalmente estableciendo responsables y fechas ciertas
para su ejecución.
DÉCIMO: ORDENAR al Municipio de Ibagué que en forma directa
o a través de su operador del servicio de aseo, en un plazo de quince
(15) días contados a partir de la ejecutoria de esta providencia, realice
la limpieza de los residuos sólidos domiciliarios y escombros sobre la
zona de protección del cauce de la Quebrada El Tejar durante todo su
recorrido.
DÉCIMO PRIMERO: ORDENAR al Municipio de Ibagué y la
Corporación Autónoma Regional del Tolima "CORTOLIMA" que,
en un plazo de un (01) mes planifiquen y coordinen actividades
participativas correspondientes a jornadas de capacitación
comunitaria con acciones que propendan a la modificación de hábitos
de consumo, reutilización de elementos, adecuada separación de la
fuente almacenamiento y presentación de residuos sólidos
domiciliarios para la recolección de estos, que son generados por las
viviendas aledañas al recorrido de la Quebrada El Tejar.
DÉCIMO SEGUNDO: ORDENAR a la Corporación Autónoma
Regional Del Tolima "CORTOLIMA", que participe activamente en
la planeación y elaboración y ejecución del plan de recuperación de la
fuente hídrica El Tejar y el de la reubicación o reasentamiento de las
viviendas determinadas en el informe técnico del numeral cuarto de
esta providencia, precisamente para que en dicho proceso contemple
la "defensa y protección o para la descontaminación o recuperación
del medio ambiente y los recursos naturales no renovables", por lo
que ese ejercicio debe realizarse en concurrencia con la competencia
atribuida al municipio en todas las actividades, obras de
infraestructura y proyectos que se desarrollaran y que puedan
generar deterioro ambiental máxime cuando su labor constituye
también la inspección, vigilancia, seguimiento y control de los
recursos renovables y no renovables.
DÉCIMO SEGUNDO [sic]: EXHORTAR a la comunidad de los barrios
Los Nogales y El Ricaurte y toda la comunidad contigua o aledaña al
recorrido de la quebrada él Tejar de Ibagué, para que se abstengan
de continuar afectando el espacio público y el medio ambiente y que
coadyuven a las autoridades accionadas en los trámites y gestiones
que se requieran con miras a dar cumplimientos a las ordenes
emitidas en la presente providencia, sin perjuicio de las acciones
administrativas y policías [sic] a que haya lugar.
DÉCIMO TERCERO: Las órdenes impartidas a título de medidas
cautelares seguirán rigiendo como tales hasta cuando quede en firme
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
16
Número único de radicación: 73001233300020160074501
Actora: GLORIA HELENA RÍOS SÁNCHEZ
la sentencia que ponga término al proceso; y una vez ejecutoriada
esta última decisión, seguirán rigiendo como parte de la sentencia
hasta cuando se logre la recuperación de la quebrada y la reubicación
definitiva de los propietarios determinados en el informe técnico del
numeral cuarto de la presente providencia.
DÉCIMO CUARTO: ORDENAR a todas las entidades obligadas a
cumplir las órdenes impartidas por esta sentencia, y al vencimiento
de cada plazo deberán presentar ante el Tribunal Administrativo del
Tolima un informe detallado sobre su cumplimiento.
DÉCIMO QUINTO: DECLARAR no probadas las excepciones
invocadas por los integrantes de la parte pasiva.
[…].
DÉCIMO SÉPTIMO: Para verificar el cumplimiento del fallo, en los
términos previstos en la Ley 472 de 1998, se ORDENA integrar el
comité de verificación del cual harán parte el ALCALDE DEL
MUNICIPIO DE IBAGUÉ O SU DELEGADO, EL DIRECTOR DE
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL TOLIMA"CORTOLIMA",
ALCANTARILLADO EL GERENTE DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO DE
IBAGUÉ IBAL S.A. E.S.P.,EL PROCURADOR JUDICIAL II AMBIENTAL
Y AGRARIO PARA EL TOLIMA, Y EL MAGISTRADO PONENTE.
DÉCIMO OCTAVO: CONDENAR EN COSTAS al Municipio de
Ibagué, Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado de
Ibagué IBAL S.A. E.S.P Oficial, a la Corporación Autónoma
Regional del Tolima y a la Nación - Ministerio de Defensa -
Ejército Nacional y a favor de la demandante, para lo cual se fija la
suma equivalente a un (1) salario mínimo legal mensual vigente para
cada una de las entidades, por concepto de agencias en derecho, y,
se ordena que por la Secretaria de este Tribunal se realice la
correspondiente liquidación de los gastos procesales, en los términos
del artículo 366 del Código General del Proceso […]».
III.- FUNDAMENTOS DE LOS RECURSOS DE APELACIÓN
III.1.- El MINISTERIO alegó que no hubo valoración de fondo del
material probatorio y, en consecuencia, se obviaron las
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
17
Número único de radicación: 73001233300020160074501
Actora: GLORIA HELENA RÍOS SÁNCHEZ
circunstancias de tiempo, modo y lugar que daban cuenta de los
hechos sustento de la demanda.
Adujo que no se tuvo en cuenta que desde el año 2007 y hasta la
fecha de promoverse la acción no existía vulneración de derechos
que le fuera atribuible, pues ésta es producto de la invasión por parte
de la comunidad, la cual arroja basuras y realiza vertimientos a la
quebrada.
Manifestó que dentro del proceso sancionatorio ambiental fue
probado que no realizó obras hidráulicas en el cauce, como sí lo hizo
el IBAL con la construcción de un colector.
Precisó que el Cantón Militar conserva en buen estado de limpieza la
zona protectora de la quebrada, insistiendo en las ventajas de la
malla eslabonada y la ausencia de prueba para afirmar que sea la
causante de un daño ambiental y la desviación del cauce, aspectos
que, a su juicio, no fueron valorados por el a – quo.
III.2. CORTOLIMA argumentó que en las consideraciones de la
sentencia de primera instancia se dejó claro que al MUNICIPIO le
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
18
Número único de radicación: 73001233300020160074501
Actora: GLORIA HELENA RÍOS SÁNCHEZ
corresponden las acciones relacionadas con el censo de la población
afectada, su reubicación, subsidios de arrendamiento, suministro de
servicios públicos y recuperación de espacio público; sin embargo,
en la parte resolutiva le fueron impuestas obligaciones atinentes a
estos asuntos, desconociendo que son ajenos a sus competencias
como autoridad ambiental.
Cuestionó la condena en costas porque, en su criterio, en esta acción
se ventila un interés público que hace improcedente dicha condena,
conforme con lo previsto en los artículos 188 de la Ley 1437 de 18
de enero de 2011 y 4° de la Ley 472 de 1998.
III.3. El MUNICIPIO negó su responsabilidad por la vulneración
alegada, toda vez que la misma deriva de: i) la construcción realizada
por el Batallón al interior del cauce y sobre su margen protectora, lo
que conllevó su desviación; ii) la omisión de la autoridad ambiental
de imponer las sanciones correspondientes; y iii) la comunidad
asentada ilegalmente en la zona que es la causante del proceso de
erosión de la quebrada, así como de la mala disposición de residuos
sólidos y escombros que ha generado contaminación y afectaciones
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
19
Número único de radicación: 73001233300020160074501
Actora: GLORIA HELENA RÍOS SÁNCHEZ
al medio ambiente. En consecuencia, a su juicio, carece de
legitimación en la causa por pasiva.
Puso de manifiesto, en relación con la limpieza del cauce, la
necesidad de vincular a las empresas que prestan el servicio público
de aseo, como garantes y responsables de la infracción ambiental
advertida.
IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Cuestión Previa
Previo a resolver el asunto sub examine, la Sala advierte que el señor
consejero GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES, en escrito de
13 de febrero de 20258, manifiesta que se declara impedido para
actuar dentro del proceso de la referencia, por cuanto su hermano
JORGE ENRIQUE OSORIO CIFUENTES se desempeña actualmente
como contratista de CORTOLIMA, entidad que funge como
demandada en la acción popular de la referencia, por lo que
8
Visible en el índice 17 del expediente digital obrante en el aplicativo SAMAI.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
20
Número único de radicación: 73001233300020160074501
Actora: GLORIA HELENA RÍOS SÁNCHEZ
considera que se encuentra incurso en la causal de impedimento
prevista en el numeral 4 del artículo 130 del CPACA.
Al respecto, la Sala pone de manifiesto que la Ley 472 no contiene
disposiciones especiales que regulen las manifestaciones de
impedimento; no obstante, en virtud del artículo 44 ibidem, es del
caso aplicar el CPACA debido a la remisión que efectúa dicha norma
en aspectos no regulados.
Siendo ello así, la Sala observa que la causal de impedimento que se
invoca es la prevista en el numeral 4 del artículo 130 del CPACA, la
cual dispone:
“[…] Artículo 130. CAUSALES. Los magistrados y jueces
deberán declararse impedidos, o serán recusables, en los
casos señalados en el artículo 150 del Código de
Procedimiento Civil y, además, en los siguientes eventos:
(…)
4. Cuando el cónyuge, compañero o compañera permanente,
o alguno de los parientes del juez hasta el segundo grado
de consanguinidad, segundo de afinidad o único civil,
tengan la calidad de asesores o contratistas de alguna
de las partes o de los terceros interesados vinculados al
proceso, o tengan la condición de representantes legales o
socios mayoritarios de una de las sociedades contratistas de
alguna de las partes o de los terceros interesados […]”
(Resaltado fuera del texto).
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
21
Número único de radicación: 73001233300020160074501
Actora: GLORIA HELENA RÍOS SÁNCHEZ
De la causal transcrita, se colige que para que se configure la misma
deben concurrir dos elementos objetivos: 1) el parentesco y 2) que
los referidos parientes sean asesores, contratistas, representantes
legales o socios mayoritarios de una entidad pública que intervenga
en el respectivo proceso en calidad de parte o tercero interesado.
Así pues, de la causal transcrita y los hechos que soportan el
impedimento manifestado por el Consejero GERMÁN EDUARDO
OSORIO CIFUENTES, la Sala advierte que concurren los
presupuestos para el efecto, toda vez que su hermano9, el señor
JORGE ENRIQUE OSORIO CIFUENTES, se desempeña actualmente
como contratista de CORTOLIMA10, entidad demandada en la acción
popular de la referencia.
En virtud de lo anterior, la Sala declarará fundado el impedimento
manifestado por el citado Consejero y lo separará del conocimiento
del presente proceso, como en efecto se dispondrá en la parte
resolutiva de esta providencia.
9 Parentesco, por cuanto los hermanos se encuentran en segundo grado de consanguinidad,
de conformidad con el artículo 35 del CC, el cual prevé: “Parentesco de consanguinidad
es la relación o conexión que existe entre las personas que descienden de un mismo tronco
o raíz, o que están unidas por los vínculos de la sangre”.
10 Calidad de contratista en la entidad pública demandada en la acción popular de la
referencia.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
22
Número único de radicación: 73001233300020160074501
Actora: GLORIA HELENA RÍOS SÁNCHEZ
Generalidades de la acción popular
La acción popular prevista en el artículo 88 de la Constitución Política
y desarrollada por la Ley 472 de 5 de agosto de 199811, tiene como
finalidad la protección de los derechos e intereses colectivos, cuando
estos resulten amenazados o vulnerados, exista peligro o agravio o
un daño contingente, por la acción o la omisión de las autoridades
públicas o de los particulares. El objetivo de estas acciones es dotar
a la comunidad afectada de un mecanismo jurídico expedito y sencillo
para la protección de sus derechos.
Problemas jurídicos
De acuerdo con los argumentos expuestos por los apelantes, a la
Sala corresponde determinar, en su orden, lo siguiente:
i) ¿Cuál es la causa de la vulneración de los derechos colectivos
invocados y, en consecuencia, determinar si el MINISTERIO y el
MUNICIPIO son responsables de su vulneración?
11 “Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación
con el ejercicio de las acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones”.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
23
Número único de radicación: 73001233300020160074501
Actora: GLORIA HELENA RÍOS SÁNCHEZ
ii) ¿La sentencia apelada carece de congruencia entre la parte motiva
y la resolutiva respecto del responsable de las obligaciones que
propenden por la reubicación de la población en riesgo?
iii) ¿Es procedente la condena en costas en las acciones populares?
De la causa de la vulneración de los derechos colectivos y su
responsable
Del material probatorio se advierte que en un sector de la zona en la
que se desarrolla la problemática origen de esta acción
constitucional, específicamente en la parte inferior del talud, existen
asentamientos subnormales que, además de encontrarse en alto
riesgo por inundación, son fuente de contaminación de la
quebrada El Tejar a raíz del depósito de residuos sólidos y los
vertimientos de aguas residuales de manera directa a la
fuente hídrica12.
12 Según la información de la que dan cuenta los registros fotográficos allegados con la
demanda; informe de visita técnica el memorando Núm. 021592 de 15 de mayo de 2017
de la Alcaldía de Ibagué y el informe de visita técnica anexo (fls. 76 a 85, Índice SAMAI
0002, “ED_CORREO_BLANCALILIA(.pdf) NroActua 2”, “Tomo 2 201600745.pdf”); informe
técnico de visita realizada por IBAL, de fecha 15 de marzo de 2017 (fls. 142 a 147, Índice
SAMAI 0002 “ED_CORREO_BLANCALILIA(.pdf) NroActua 2”, “Tomo 1 201600745.pdf”); el
informe técnico rendido por CORTOLIMA el de febrero de 2018, con el fin de dar
cumplimiento a la orden impartida en el auto de pruebas (fls. 136 a 171, Índice SAMAI
0002, “ED_CORREO_BLANCALILIA(.pdf) NroActua 2”, “Tomo 4 201600745.pdf”).
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
24
Número único de radicación: 73001233300020160074501
Actora: GLORIA HELENA RÍOS SÁNCHEZ
Asimismo, está probado que las construcciones ubicadas en el sector,
concretamente en la corona del talud, se encuentran expuestas a un
alto nivel de riesgo por causa de los procesos de socavación y erosión
existentes en el margen izquierdo de la quebrada El Tejar13.
De igual forma, la Sala destaca que está probado que el Batallón
construyó un cerramiento de seguridad en la margen
protectora aledaña al cauce de la quebrada El Tejar14; sin
embargo, no se demostró que dicha obra hubiese desviado el cauce15,
pues el mismo dictamen pericial expresamente indicó que el
13 De conformidad con el informe de visita de inspección realizada la quebrada El Tejar,
realizada de 22 de marzo de 2017 (fls. 61 a 66 Índice SAMAI 0002,
“ED_CORREO_BLANCALILIA(.pdf) NroActua 2”, “Tomo 2 201600745.pdf”); el oficio de 14
de marzo de 2018, suscrito por el Director del Grupo Plan de Ordenamiento Territorial y sus
anexos en cumplimiento del auto de pruebas de 25 de octubre de 2017 (fls. 102 a 130,
Índice SAMAI 0002 “ED_CORREO_BLANCALILIA(.pdf) NroActua 2”, “Tomo 1
201600745.pdf”) hechos sobre los cuales son coincidentes las declaraciones testimoniales
recaudadas en primera instancia; el informe técnico rendido por CORTOLIMA el de febrero
de 2018, con el fin de dar cumplimiento a la orden impartida en el auto de pruebas (fls. 136
a 171, Índice SAMAI 0002, “ED_CORREO_BLANCALILIA(.pdf) NroActua 2”, “Tomo 4
201600745.pdf”).
14 De acuerdo con la información incorporada al expediente a través de la contestación de
la demanda (fls. 2 a 28, Índice SAMAI 0002, “ED_CORREO_BLANCALILIA(.pdf) NroActua 2”,
“Tomo 2 201600745.pdf”); el informe técnico suscrito por el Grupo de Prevención y Atención
de Desastres el 6 de octubre de 2016 (fls. 20 a 7 a 25 de la demanda, ídem); el informe de
visita técnica suscrito el 1º de marzo de 2011 (fl. 185 a 189, ídem).
15 En comunicación de 11 de octubre de 2018, mediante la cual el perito designado acepto
el nombramiento, realizó las siguientes precisiones: “[…] Para conocer la dinámica geológica
e hidráulica de la Quebrada El Tejar es necesario: a) Un estudio geológico remontado a
antes de la construcción del muro y otro al día de hoy, con estudios de suelos y concepto
soportado técnicamente por especialista geólogo para conocer las modificaciones internas y
superficiales de los suelos de la Quebrada El Tejar […] c) Para demostrar si se modificó la
dinámica hidráulica, se deben emprender estudios de caudales en la época de construcción
del muro y al día de hoy […]” (fls. 14 a 17, Índice SAMAI 0002, expediente digital obrante
en “ED_CORREO_BLANCALILIA(.pdf) NroActua 2”, “Tomo 5201600745”).
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
25
Número único de radicación: 73001233300020160074501
Actora: GLORIA HELENA RÍOS SÁNCHEZ
cuestionamiento referente a la presunta modificación de la dinámica
de esa fuente hídrica requiere estudios técnicos especializados16.
No obstante lo anterior, el MINISTERIO en la contestación de la
demanda admitió expresamente que la malla “[…] fue construida
dentro la zona adoptada por el POT como zona de reserva […]17,hecho
que al estar debidamente acreditado18 dentro del plenario se erige
como razón suficiente para declarar la vulneración del derecho al
goce del ambiente sano, dada la ocupación de ese espacio de
carácter protector que tiene por fin la salvaguarda del recurso
hídrico, máxime si también se demostró que en dicha área también
está ubicado el muro inicial del cerramiento.
Ahora, en cuanto a la instalación de un colector al interior del cauce
por parte de IBAL que, en criterio del MINISTERIO, constituye la
16 Dictamen pericial obrante en Índice SAMAI 0002, expediente digital que reposa en el link
relacionado en “ED_CORREO_BLANCALILIA(.pdf) NroActua 2”, “CUAD DICTAMEN
PERICIAL201600745.pdf”; lo cual es coincidente con la información suministrada por
CORTOLIMA en el informe técnico de el de febrero de 2018, con el fin de dar cumplimiento
a la orden impartida en el auto de pruebas (fls. 136 a 171, Índice SAMAI 0002,
“ED_CORREO_BLANCALILIA(.pdf) NroActua 2”, “Tomo 4 201600745.pdf”).
17
Índice SAMAI 0002, expediente digital obrante en
“ED_CORREO_BLANCALILIA(.pdf) NroActua 2”, “Tomo 2 201600745.pdf”: i)
contestación de la demanda (fl. 22); ii) informe de visita técnica suscrito el 15 de
noviembre de 2012 (fls. 179 a 184); iii) informe de visita técnica suscrito el 1º de
marzo de 2011 (fl. 185 a 189).
18
En el dictamen pericial, expresamente se indicó: “[…] Actualmente, existe otro
muro construido con cimientos en concreto y, malla eslabonada con estructura en
tubos galvanizados […]”.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
26
Número único de radicación: 73001233300020160074501
Actora: GLORIA HELENA RÍOS SÁNCHEZ
fuente de vulneración del citado derecho, la Sala advierte que
durante el trámite del proceso, en las oportunidades pertinentes, no
se demostró que esa intervención hubiere sido ejecutada sin la
aprobación de la autoridad ambiental y, mucho menos, la presunta
afectación que se le es atribuida.
En consecuencia, la Sala concluye que la causa de la vulneración de
los derechos colectivos invocados es: i) el depósito de residuos
sólidos y los vertimientos de aguas residuales de manera directa a la
fuente hídrica por parte de los asentamientos subnormales; y ii) la
construcción del cerramiento de seguridad y el muro inicial con los
mismos fines en la margen protectora aledaña al cauce de la
quebrada El Tejar.
Ahora, respecto de la responsabilidad de las recurrentes, la Sala
considera que:
De la responsabilidad del MUNICIPIO
La Sala advierte que la transgresión de los derechos e intereses
colectivos involucrados obedece a factores de tipo ambiental y otros
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
27
Número único de radicación: 73001233300020160074501
Actora: GLORIA HELENA RÍOS SÁNCHEZ
directamente relacionados con la ordenación del territorio y los usos
del suelo, respecto de las cuales el MUNICIPIO tiene expresas
competencias asignadas por la Ley.
En efecto, en materia de ordenación del territorio y control
urbánistico al MUNICIPIO le corresponde la inspección, vigilancia y
control de las acciones urbanísticas que se surten en su territorio19,
lo cual resulta necesario para garantizar la calidad de vida a la
población y el desarrollo físico del territorio de manera adecuada y
sostenible, bajo los principios de la función social y ecológica de la
propiedad, la prevalencia del interés y la distribución equitativa de
las cargas y los beneficios20.
19 Ley 388 de 1997, “[…] ARTÍCULO 36.- Actuación urbanística. Son actuaciones urbanísticas
la parcelación, urbanización y construcción de inmuebles. Cada una de estas actuaciones
comprenden procedimientos de gestión y formas de ejecución con base en las decisiones
administrativas contenidas en la acción urbanística, de acuerdo con los contenidos y criterios
de prevalencia establecidos en los artículos 13, 15, 16 y 17 y demás disposiciones de la
presente ley.
[…]
ARTÍCULO 104.- Sanciones urbanísticas. Las infracciones urbanísticas darán lugar a la
aplicación de las sanciones que a continuación se determinan, por parte de los alcaldes
municipales y distritales y el gobernador del departamento especial de San Andrés y
Providencia, quienes las graduarán de acuerdo con la gravedad de la infracción y la
reiteración o reincidencia en la falta, si tales conductas se presentaren […]”.
20
Ley 388 de 1997. Artículo 2º.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
28
Número único de radicación: 73001233300020160074501
Actora: GLORIA HELENA RÍOS SÁNCHEZ
Asimismo, en lo que respecta a la gestión del riesgo 21, la Ley 1523 de
24 de abril de 201222 señaló como responsables a todas las
autoridades y habitantes del territorio. En consecuencia, en
tratándose de las autoridades, asignó a las entidades públicas,
privadas y comunitarias el desarrollo y ejecución de los procesos de
gestión del riesgo que comprenden conocimiento y reducción del
riesgo y manejo de desastres, en el marco de sus competencias, su
ámbito de actuación y su jurisdicción, como componentes del
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.
Por su parte, cuando se trata de los habitantes del territorio, los hizo
corresponsables de la gestión del riesgo y, por tanto, deben actuar
con precaución, solidaridad, autoprotección, tanto en lo personal
como en lo de sus bienes y acatar lo dispuesto por las autoridades23.
21 El artículo 1º de la Ley 1523 de 2012 definió la gestión del riesgo como “[…] un proceso
social orientado a la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas,
estrategias, planes, programas, regulaciones, instrumentos, medidas y acciones
permanentes para el conocimiento y la reducción del riesgo y el manejo de desastres, con
el propósito explícito de contribuir a la seguridad, el bienestar, la calidad de vida de las
personas y al desarrollo sostenible […]”.
22 “Por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece
el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones”.
23
Ley 1523. Artículo 2°.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
29
Número único de radicación: 73001233300020160074501
Actora: GLORIA HELENA RÍOS SÁNCHEZ
Ahora, en los ámbitos territoriales, la Sala encuentra que la ley
otorgó funciones específicas en materia de gestión del riesgo
a los alcaldes en los siguientes términos:
“[…] 1.- Como conductor del desarrollo local, “[…] es el
responsable directo de la implementación de los procesos de
gestión del riesgo en el distrito o Municipio, incluyendo el
conocimiento y la reducción del riesgo y el manejo de desastres
en el área de su jurisdicción […]”24.
“[…] 2.- Integrar en la planificación del desarrollo local,
acciones estratégicas y prioritarias en materia de gestión del
riesgo de desastres, especialmente, a través de los planes de
ordenamiento territorial, de desarrollo municipal o distrital y
demás instrumentos de gestión pública [...]”25.
En efecto, el artículo 14 de la Ley 1523 identifica al alcalde, en su
calidad de conductor del desarrollo local, como el responsable directo
de la implementación de los procesos de gestión del riesgo en el
distrito o municipio, incluyendo el conocimiento y la reducción del
riesgo y el manejo de desastres en el área de su jurisdicción.
La disposición en mención se acompasa con lo dispuesto por los
artículos 311 de la Constitución Política y 1° de la Ley 136 de 2 de
junio de 199426, que definen al Municipio como la entidad territorial
24 Ley 1523. Artículo 14.
25 Ley 1523. Artículo 14, parágrafo.
26 “Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento
de los municipios”.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
30
Número único de radicación: 73001233300020160074501
Actora: GLORIA HELENA RÍOS SÁNCHEZ
fundamental en la división político administrativa del Estado, cuya
finalidad es prestar los servicios públicos que determine la ley,
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el
desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el
mejoramiento social y cultural de sus habitantes, buscar el bienestar
general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población de su
territorio.
Por consiguiente, en lo atinente a la política de gestión y prevención
del riesgo, es al MUNICIPIO, en cabeza de su alcalde, a quien
corresponde de manera principal implementar, ejecutar, desarrollar,
entre otras, las políticas, actividades y gestiones tendientes a dicho
fin; no obstante, ello no indica que deba dejarse de lado que la misma
Ley 1523 y el Decreto 4147 de 2011, establecieron un trabajo
coordinado y armónico con las demás entidades, en punto al
desarrollo de dicha política27.
Finalmente, la Sala señala que al MUNICIPIO también le asisten
mandatos expresos de conservación del medio ambiente, pues debe
27 Igual consideración fue adoptada por la Sala en un asunto similar que fue resuelto en
sentencia de 28 de noviembre de 2019 (Expediente núm. 13001-23-33-000-2015-00052-
02. Consejera ponente Nubia Margoth Peña Garzón).
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
31
Número único de radicación: 73001233300020160074501
Actora: GLORIA HELENA RÍOS SÁNCHEZ
“[…] velar por el adecuado manejo de los recursos naturales y del
ambiente, de conformidad con la Constitución y la ley […]”28, lo que
de suyo implica el deber de promover y ejecutar programas y
políticas que propendan por la protección del medio ambiente, así
como ejercer el control y la vigilancia de los recursos naturales en su
jurisdicción, amparado en sus atribuciones como primera autoridad
de policía del Municipio que, en todo caso, ha de ejercer en
coordinación con las entidades que integran el Sistema Nacional
Ambiental y el apoyo de la Policía Nacional.
En línea con lo anterior, el artículo 65 de la Ley 99 de 22 de diciembre
de 199329, prevé:
“[…] ARTÍCULO 65. FUNCIONES DE LOS MUNICIPIOS, DE LOS
DISTRITOS Y DEL DISTRITO CAPITAL DE SANTAFE DE
BOGOTA. Corresponde en materia ambiental a los municipios, y a los
distritos con régimen constitucional especial, además de las funciones
que les sean delegadas por la ley o de las que deleguen o transfieran
a los alcaldes por el Ministerio del Medio Ambiente o por las
Corporaciones Autónomas Regionales, las siguientes atribuciones
especiales:
[…] 2) Dictar con sujeción a las disposiciones legales reglamentarias
superiores, las normas necesarias para el control, la preservación y
la defensa del patrimonio ecológico del municipio;
28 Ley 136 de 2 de junio de 1994, “Por la cual se dictan normas tendientes a
modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios”. Artículo 3º,
numeral 10.
29 “Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público
encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales
renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA y se dictan otras
disposiciones”.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
32
Número único de radicación: 73001233300020160074501
Actora: GLORIA HELENA RÍOS SÁNCHEZ
4) Participar en la elaboración de planes, programas y proyectos de
desarrollo ambiental y de los recursos naturales renovables a nivel
departamental.
[…]
6) Ejercer, a través del alcalde como primera autoridad de policía con
el apoyo de la Policía Nacional y en Coordinación con las demás
entidades del Sistema Nacional Ambiental (SINA), con sujeción a la
distribución legal de competencias, funciones de control y vigilancia
del medio ambiente y los recursos naturales renovables, con el fin de
velar por el cumplimiento de los deberes del Estado y de los
particulares en materia ambiental y de proteger el derecho
constitucional a un ambiente sano;
7) Coordinar y dirigir, con la asesoría de las Corporaciones Autónomas
Regionales, las actividades permanentes de control y vigilancia
ambientales que se realicen en el territorio del municipio o distrito
con el apoyo de la fuerza pública, en relación con la movilización,
procesamiento, uso, aprovechamiento y comercialización de los
recursos naturales renovables o con actividades contaminantes y
degradantes de las aguas, el aire o el suelo;
[…]
9) Ejecutar obras o proyectos de descontaminación de corrientes o
depósitos de agua afectados por vertimientos del municipio, así como
programas de disposición, eliminación y reciclaje de residuos líquidos
y sólidos y de control a las emisiones contaminantes del aire.
10) Promover, cofinanciar o ejecutar, en coordinación con los entes
directores y organismos ejecutores del Sistema Nacional de
Adecuación de Tierras y con las Corporaciones Autónomas
Regionales, obras y proyectos de irrigación, drenaje, recuperación de
tierras, defensa contra las inundaciones y regulación de cauces o
corrientes de agua, para el adecuado manejo y aprovechamiento de
cuencas y micro-cuencas hidrográficas […]”.
De lo expuesto y de cara a los argumentos que fundamentaron el
recurso de apelación del ente territorial, para la Sala resulta evidente
que el MUNICIPIO no solo tiene legitimación en la causa por pasiva
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
33
Número único de radicación: 73001233300020160074501
Actora: GLORIA HELENA RÍOS SÁNCHEZ
para ser llamado al proceso, sino también debe ser declarado
responsable de la transgresión a los derechos colectivos invocados.
De igual forma, la Sala concluye que las acciones y omisiones que
resultan endilgables a los demás sujetos que integran el extremo
pasivo del proceso, e inclusive a la misma comunidad afectada, no
tiene la potencialidad de exonerar al ente territorial de las funciones
que por mandato legal le son inherentes, valga decir, el control
urbanístico como expresión de sus facultades en materia de
ordenación del territorio, así como aquellas funciones encaminadas a
la protección del medio ambiente y los recursos renovables en ese
mismo espacio geográfico.
Ahora bien, el MUNICIPIO refirió que el problema suscitado por el
manejo y disposición inadecuada de residuos sólidos es un asunto de
responsabilidad de las empresas de recolección que operan en su
territorio, cuyo argumento, a juicio de la Sala, no es de recibo, pues
no se acompasa con las disposiciones que rigen la prestación de los
servicios públicos y, en particular, el servicio de aseo, y desconoce
sus competencias y facultades de policía.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
34
Número único de radicación: 73001233300020160074501
Actora: GLORIA HELENA RÍOS SÁNCHEZ
En efecto, en desarrollo del mandato constitucional previsto en el
artículo 311 de la Constitución Política de Colombia, el legislador 30
dispuso expresamente que los municipios son los principales
garantes de la prestación de los servicios públicos domiciliario en
condiciones de oportunidad y eficiencia, lo que significa que en los
casos en los cuales estos servicios son prestados mediante empresas
creadas con ese objetivo, no les resulta dable sustraerse del
cumplimiento de ese deber legal que les asiste.
En esa misma línea, en punto al servicio público de aseo, el Decreto
2981 de 20 de diciembre de 201331, prevé:
“[…] Artículo 6°. Responsabilidad de la prestación del servicio
público de aseo. De conformidad con la ley, es responsabilidad de
los municipios y distritos asegurar que se preste a todos sus
habitantes el servicio público de aseo de manera eficiente.
[…]
Artículo 8°. Cobertura. Los municipios o distritos, deben garantizar
la prestación del servicio de aseo a todos sus habitantes dentro de su
territorio por parte de las personas prestadoras de servicio público de
aseo independientemente del esquema adoptado para su prestación.
Para ello deberá planificarse la ampliación permanente de la cobertura
teniendo en cuenta, entre otros aspectos el crecimiento de la
población y la producción de residuos […]”.
30 Ley 142 de 11 de julio de 1994, “Por la cual se establece el régimen de servicios públicos
domiciliarios y se dictan otras disposiciones”. Artículo 5, numeral 5.1.
31
“Por el cual se reglamenta la prestación del servicio público de aseo”.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
35
Número único de radicación: 73001233300020160074501
Actora: GLORIA HELENA RÍOS SÁNCHEZ
De otro lado, atendiendo a las facultades que detenta el
MUNICIPIO en materia ambiental y a su vez como máxima
autoridad de policía en la respectiva jurisdicción, la Ley 159 de
19 de diciembre de 200832 dispuso:
“ARTÍCULO 1o. OBJETO. La finalidad de la presente ley es crear e
implementar el Comparendo Ambiental como instrumento de cultura
ciudadana, sobre el adecuado manejo de residuos sólidos y
escombros, previendo la afectación del medio ambiente y la salud
pública, mediante sanciones pedagógicas y económicas a todas
aquellas personas naturales o jurídicas que infrinjan la normatividad
existente en materia de residuos sólidos; así como propiciar el
fomento de estímulos a las buenas prácticas ambientalistas.
[…]
ARTÍCULO 4o. SUJETOS PASIVOS DEL COMPARENDO
AMBIENTAL. Serán sujetos pasivos del Comparendo Ambiental
todas las personas naturales y jurídicas que incurran en faltas contra
el medio ambiente, el ecosistema y la sana convivencia, sean ellos
propietarios o arrendatarios de bienes inmuebles, dueños, gerentes,
representantes legales o administradores de todo tipo de local, de
todo tipo de industria o empresa, las personas responsables de un
recinto o de un espacio público o privado, de instituciones oficiales,
educativas, conductores o dueños de todo tipo de vehículos desde
donde se incurra en alguna o varias de esas faltas mediante la mala
disposición o mal manejo de los residuos sólidos o los escombros.
[…]
ARTÍCULO 9o. RESPONSABLE DE LA APLICACIÓN DEL
COMPARENDO AMBIENTAL. El responsable de la aplicación de la
sanción por Comparendo Ambiental en cada circunscripción
municipal será su respectivo alcalde, quien podrá delegar en su
Secretario de Gobierno o en quien haga sus veces. En cuanto a las
infracciones ambientales en vías o espacios públicos causadas desde
vehículos automotores o de tracción humana o animal, el
32 “Por medio de la cual se instaura en el territorio nacional la aplicación del comparendo
ambiental a los infractores de las normas de aseo, limpieza y recolección de escombros; y
se dictan otras disposiciones”.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
36
Número único de radicación: 73001233300020160074501
Actora: GLORIA HELENA RÍOS SÁNCHEZ
responsable será el respectivo alcalde, quien podrá delegar en su
Secretario de Tránsito o en la autoridad que haga sus veces.
PARÁGRAFO. La Policía Nacional, los Agentes de Tránsito, los
Inspectores de Policía y Corregidores serán los encargados de
imponer directamente el Comparendo Ambiental a los infractores
[…]”.
A su turno, la Ley 1801 de 29 de julio de 201633, en punto a las
conductas sancionables referentes a la recolección de residuos,
establece:
“[…] ARTÍCULO 111. COMPORTAMIENTOS CONTRARIOS A LA
LIMPIEZA Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS Y ESCOMBROS Y
MALAS PRÁCTICAS HABITACIONALES. Los siguientes
comportamientos son contrarios a la habitabilidad, limpieza y
recolección de residuos y escombros y por lo tanto no deben
efectuarse:
[…] 3. Arrojar residuos sólidos y escombros en sitios de uso público,
no acordados ni autorizados por autoridad competente.
[…]
8. Arrojar basura, llantas, residuos o escombros en el espacio
público o en bienes de carácter público o privado.
[…]
13. Arrojar en las redes de alcantarillado, acueducto y de aguas
lluvias, cualquier objeto, sustancia, residuo, escombros, lodos,
combustibles y lubricantes, que alteren u obstruyan el normal
funcionamiento […]”.
33
“Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana”.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
37
Número único de radicación: 73001233300020160074501
Actora: GLORIA HELENA RÍOS SÁNCHEZ
En los anteriores términos es dable concluir que el cargo tendiente a
trasladar a las empresas prestadoras del servicio de aseo la
responsabilidad atribuible al MUNICIPIO, respecto de la
contaminación de la quebrada El Tejar por el manejo y disposición
inadecuada de escombros y residuos sólidos en el sector, carece de
vocación de prosperidad.
Sin embargo, la Sala considera procedente instar a las empresas
prestadoras del servicio público en mención para que, de forma
activa, apoyen al MUNICIPIO en la ejecución de las acciones que
deberá adelantar con miras a hacer cesar la vulneración del derecho
colectivo al ambiente sano por las circunstancias ya descritas, tal y
como se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.
De la responsabilidad del MINISTERIO
Con fundamento en las pruebas allegadas al proceso y en atención a
las causas de la vulneración de los derechos colectivos analizadas en
precedencia, a juicio de la Sala, el MINISTERIO si es responsable
de la vulneración de los derechos colectivos, en atención a la
construcción del cerramiento de seguridad y del muro inicial del
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
38
Número único de radicación: 73001233300020160074501
Actora: GLORIA HELENA RÍOS SÁNCHEZ
cerramiento en la margen protectora aledaña al cauce de la quebrada
El Tejar.
En criterio de la Sala, las acciones referentes a la limpieza del cauce
y la reforestación del sector circundante a la quebrada, esta última
en cumplimiento de la medida compensatoria ordenada por
CORTOLIMA en el marco del proceso sancionatorio, así como la
disposición de residuos sólidos en la quebrada por parte de la
comunidad que, a su vez ha invadido la zona protectora, no
constituyen argumentos válidos para liberar al MINISTERIO de la
responsabilidad que le asiste, como bien fue expuesto en líneas
anteriores y, en todo caso, sin dejar de lado la participación de otros
actores en la materialización de la problemática ventilada ante el juez
popular.
En este contexto argumentativo, los cargos de apelación formulados
por el MINISTERIO no están llamados a prosperar.
Ahora, comoquiera que actualmente en la franja de protección
aledaña a la quebrada El Tejar están ubicados el muro inicial del
cerramiento y la malla eslabonada construida por el Batallón, es del
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
39
Número único de radicación: 73001233300020160074501
Actora: GLORIA HELENA RÍOS SÁNCHEZ
caso, adicionar el numeral segundo de la parte resolutiva de la
sentencia, en el sentido de ordenar que, en la estructuración del plan
de recuperación, CORTOLIMA disponga la realización de un estudio
técnico para dilucidar la necesidad o no de retirar y/o reubicar dichas
estructuras, cuya ejecución deberá llevarse a cabo por parte del
BATALLÓN.
De la congruencia de la sentencia
Con la finalidad de resolver los cargos formulados por CORTOLIMA
como sustento de su recurso, la Sala se referirá a las consideraciones
expuestas por el Tribunal que sirvieron de fundamento para atribuir
la responsabilidad en el cumplimiento de las órdenes impartidas.
Sobre el particular, el Tribunal adujo:
“[…] En ese sentido, vale la pena resaltar que desde la Constitución
Política en su artículo 288, estableció que el ordenamiento territorial
tendría una clara distribución de competencias entre la Nación y las
entidades territoriales, sin embargo, esas competencias deben ser
ejercidas conforme a los principios de coordinación, concurrencia y
subsidiariedad; principios que fueron plenamente definidos en el
artículo 4 de la Ley 136 de 1994 […]
Específicamente, en materia de gestión del riesgo la Ley 1523 de
2012 claramente indicó que estos principios eran los orientadores del
ejercicio de las entidades que conforman el Sistema Nacional de
Gestión del Riesgo de Desastres, al plantear que:
[…]
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
40
Número único de radicación: 73001233300020160074501
Actora: GLORIA HELENA RÍOS SÁNCHEZ
De estos principios, se puede deducir que dichas entidades deben
trabajar en forma articulada tanto en el proceso de planificación y
ejecución de las obras de prevención y atención de desastres,
lógicamente desde el ámbito de sus competencias y roles, puesto que,
tal como se advirtió, inicialmente el primer respondiente es el
municipio, y, en concordancia, a los departamentos que desarrollan
funciones especiales de planeación, conocimiento y seguimiento del
riesgo, así mismo, cuando estas dos entidades podrán ser
acompañadas, asesoradas y orientadas por las entidades del orden
nacional que pertenece al Sistema Nacional de Gestión del Riesgo […]
En materia de control de asentamientos ilegales el Municipio de
Ibagué es el primer y principal obligado acorde con los artículos […],
entre otras disposiciones normativas que tienen relación con la
organización del territorio municipal y con la prestación de servicios
esenciales de sus habitantes.
En ese mismo sentido, sin discusión alguna es el obligado a ejecutar
las disposiciones contenidas en el Plan de Ordenamiento Territorial
del Municipio de Ibagué, situación inherente como consecuencia de
la reubicación o reasentamiento de las personas que se
encuentran en la ronda hídrica y protección de la quebrada El
Tejar, sumado a que, la ejecución de estas acciones no solo
serán en cumplimiento de estas normas sino también, de las
disposiciones de orden ambiental que sean necesarias para el
reasentamiento.
Sumado a ello, la Ley 388 de 1997 precisa que el componente urbano
del plan de ordenamiento territorial debe contener por lo menos los
mecanismos para la reubicación de los asentamientos humanos
localizados en zonas de alto riesgo para la salud e integridad de sus
habitantes, incluyendo la estrategia para su transformación para
evitar su nueva ocupación, situación que plenamente se aplica a este
caso, pues según los informes técnicos y dictámenes periciales
existen viviendas que no respetaron la ronda hídrica y de protección
de la quebrada, así como, la existencia de nuevos asentamientos
irregulares que afectaron el ecosistema vegetal e interrumpieron la
dinámica de este afluente.
[…]
En ese sentido, CORTOLIMA al ser la autoridad que define las políticas
del medio ambiente en el orden territorial, debe participar
activamente en la planeación y elaboración y ejecución del
plan de mejoramiento y protección del afluente hídrico El Tejar
del Municipio de Ibagué, precisamente para que en dicho
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
41
Número único de radicación: 73001233300020160074501
Actora: GLORIA HELENA RÍOS SÁNCHEZ
proceso contemple la “defensa y protección o para la
descontaminación o recuperación del medio ambiente y los
recursos naturales no renovables”, tal como lo precisa
explícitamente el numeral 20 de artículo 31 de la Ley 99, por lo que
ese ejercicio debe realizarse en concurrencia con la
competencia atribuida a los municipios en todas las
actividades, obras de infraestructura y proyectos que se
desarrollarán y que puedan generar deterioro ambiental,
máxime cuando su labor constituye también la inspección,
vigilancia, seguimiento y control de los recursos renovables y
no renovables.
Sumado a ello, CORTOLIMA le compete ejercer las funciones de
evaluación, control y seguimiento ambiental de actividades, proyectos
o factores que generen o pudieran generar deterioro ambiental, como
en este caso, si bien se desarrolló un proceso sancionatorio ambiental
del cual resultó el Ejército Nacional sancionado por ocupación de la
zona de protección de la quebrada El Tejar, también lo es que
considera la Sala que el desplazamiento de la malla eslabonada no se
realizó respetando la zona de aislamiento de la fuente hídrica, sumado
a que, no se ordenó el levantamiento del muro de 30 cm de altura
que quedó de la construcción inicial efectuada por el Ejército Nacional,
situación que contrario a lo concluido por la autoridad ambiental, si
constituye un elemento ajeno a la zona de protección, al punto que,
los dos dictámenes periciales y el Ministerio Público, señalaron que
dicha construcción no tenía ninguna función positiva, por lo que debía
ser un objeto removido de la zona de protección de la quebrada El
Tejar, situación que obvió CORTOLIMA.
En ese orden de ideas, hace parte de sus deberes promover y ejecutar
obras de irrigación, avenamiento, defensa contra las inundaciones,
regulación de cauces y corrientes de agua, y de recuperación de
tierras que sean necesarias para la defensa, protección y
adecuado manejo de cuencas hidrográficas del territorio de su
jurisdicción.
En materia del riesgo de desastres sobre la población ubicada en el
sector de la corona del talud de los barrios Los Nogales y Ricaurte, la
Ley 1523 de 2012, señaló en su artículo 31 que las Corporaciones
Autónomas Regionales son integrantes del Sistema Nacional de
Gestión del Riesgo, y les imponen el deber de i) apoyar a las entidades
territoriales de su jurisdicción ambiental en todos los estudios
necesarios para el conocimiento y la reducción del riesgo, los cuales
serán integrados a los planes de ordenamiento de cuencas, de gestión
ambiental, de ordenamiento territorial y de desarrollo; ii) apoyar las
labores de gestión del riesgo que corresponden a la sostenibilidad
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
42
Número único de radicación: 73001233300020160074501
Actora: GLORIA HELENA RÍOS SÁNCHEZ
ambiental del territorio; iii) propender por la articulación de las
acciones de adaptación al cambio climático y la de gestión del riesgo
de desastre en su territorio, en virtud de que ambos procesos
contribuyen explícitamente a mejorar la gestión ambiental territorial
sostenible; iv) apoyar a las entidades territoriales que existan
en sus respectivas jurisdicciones en la implementación de los
procesos de gestión del riesgo de acuerdo con el ámbito de sus
competencias y serán corresponsables en la implementación;
v) realizar actividades de análisis, seguimiento, prevención y control
de desastres, en coordinación con las demás autoridades
competentes; vi) asistirlas en los aspectos medioambientales en la
prevención y atención de emergencias y desastres; vii) adelantar
con las administraciones municipales o distritales programas
de adecuaciones de áreas urbanas en zonas de alto riesgo,
tales como control de erosión, manejo de cauces y
reforestación.
Entonces, es evidente que debe realizar una serie de obras
respecto del impacto medio ambiental de la quebrada, así
como, para mejorar el talud existente, lo que necesariamente
exige que CORTOLIMA deberá prestar la asesoría técnica,
materializada en estudios concretos, habida cuenta de la
especialidad e importancia de la misma, por lo que
CORTOLIMA deberá ejecutar un trabajo coordinado y armónico
junto con las demás entidades señaladas por la ley, dentro de
las cuales se encuentra claramente el Municipio de Ibagué, al
punto de ser corresponsables en la implementación de proceso
de conocimiento, reducción, prevención y gestión del riesgo de
desastres […]” (Resaltado fuera del texto).
Ahora, el Tribunal en la parte resolutiva de la sentencia ordenó lo
siguiente:
“[…] CUARTO: ORDENAR al Municipio de Ibagué y a la
Corporación Autónoma Regional del Tolima "CORTOLIMA", que
en el marco de sus competencias dentro de los tres (03) meses
siguientes a la ejecutoria de la presente providencia adelante las
gestiones administrativas, presupuestales y financieras para que se
realice un informe técnico para determinar en el sector ubicado calle
25 carrera 11 sur manzana c casa 22 y 23 Los Nogales hasta la carrera
11 sur Nro. 24-383 del barrio El Ricaurte, cuáles son las viviendas
que se encuentran en alto riesgo conforme el Plan de Ordenamiento
Territorial y que deberán ser objeto de reubicación.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
43
Número único de radicación: 73001233300020160074501
Actora: GLORIA HELENA RÍOS SÁNCHEZ
QUINTO: ORDENAR al Municipio de Ibagué y a la Corporación
Autónoma Regional del Tolima "CORTOLIMA", que, en el marco
de sus competencias, atendiendo los conceptos emitidos en la parte
motiva, el informe técnico ordenado en el numeral cuarto de esta
providencia y otros que se dispongan, garanticen en un plazo de
doce (12) meses siguientes a la ejecutoria de la presente providencia
la reubicación de los propietarios de las viviendas determinadas, a un
lugar seguro donde no resulten amenazados a efectos de que puedan
continuar desarrollando sus proyectos de vida y actividades
económicas.
Se advierte que el proceso de reubicación, corresponde únicamente a
las viviendas que cuentan con todo el proceso de legalización
respectiva, por lo que se exceptúa cualquier vivienda o asentamiento
irregular.
SEXTO: ORDENAR al Municipio de Ibagué y a la Corporación
Autónoma Regional del Tolima "CORTOLIMA" que, en el marco
de sus competencias, atendiendo los conceptos emitidos, y en
especial el informe técnico de numeral cuarto de esta providencia y
otros que se dispongan, garanticen en un plazo de tres(03) meses
siguientes a la ejecutoria de la presente providencia, la reubicación
de los habitantes que tienen la calidad de arrendatarios de las
viviendas determinadas apoyándolos en forma temporal con subsidios
de arrendamiento por este mismo periodo.
SÉPTIMO: ORDENAR al Municipio de Ibagué y a la Corporación
Autónoma Regional del Tolima "CORTOLIMA”, que en el marco
de sus competencias en el proceso de reubicación se garantice
viviendas dignas, dotadas de servicios públicos domiciliarios,
construidas con sujeción a las acciones urbanísticas pertinentes y los
planes de ordenamiento del territorio, que podrán ser objeto de
modificaciones, de ser necesario, para lograr la ejecución de esta
sentencia y la protección de los derechos colectivos de los habitantes
de las viviendas que fueron determinadas en el informe técnico del
numeral cuarto de esta providencia.
OCTAVO. ORDENAR al Municipio de Ibagué y a la Corporación
Autónoma Regional del Tolima "CORTOLIMA”, que el proceso de
reubicación de los habitantes se inicie con los habitantes de las
viviendas en donde existe mayor nivel de riesgo y progresivamente
con los demás habitantes que sean objeto de protección, según el
informe técnico establecido el numeral cuarto de la presente
providencia. De acuerdo a ello, los habitantes que efectivamente
reciban el beneficio de reubicación, deberán transferir previamente al
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
44
Número único de radicación: 73001233300020160074501
Actora: GLORIA HELENA RÍOS SÁNCHEZ
Municipio de Ibagué los derechos sobre los inmuebles que ocupan
actualmente, para que se procede con la demolición de las
construcciones correspondientes.
NOVENO: ORDENAR al Municipio de Ibagué y a la Corporación
Autónoma Regional del Tolima "CORTOLIMA” que, en un plazo
de doce (12) meses contados a partir de la ejecutoria de esta
providencia, efectúen las gestiones administrativas presupuestales y
financieras con fines a recuperar - espacio público - la ronda de
protección hídrica de la Quebrada EI Tejar durante todo su recorrido
de los asentamientos humanos y/o ocupaciones de viviendas
construidas ilegalmente estableciendo responsables y fechas ciertas
para su ejecución.
[…]
DÉCIMO PRIMERO: ORDENAR al Municipio de Ibagué y la
Corporación Autónoma Regional del Tolima "CORTOLIMA" que,
en un plazo de un (01) mes planifiquen y coordinen actividades
participativas correspondientes a jornadas de capacitación
comunitaria con acciones que propendan a la modificación de hábitos
de consumo, reutilización de elementos, adecuada separación de la
fuente almacenamiento y presentación de residuos sólidos
domiciliarios para la recolección de estos, que son generados por las
viviendas aledañas al recorrido de la Quebrada El Tejar.
DÉCIMO SEGUNDO: ORDENAR a la Corporación Autónoma
Regional Del Tolima "CORTOLIMA", que participe activamente en
la planeación y elaboración y ejecución del plan de recuperación de la
fuente hídrica El Tejar y el de la reubicación o reasentamiento de
las viviendas determinadas en el informe técnico del numeral
cuarto de esta providencia, precisamente para que en dicho
proceso contemple la "defensa y protección o para la
descontaminación o recuperación del medio ambiente y los
recursos naturales no renovables", por lo que ese ejercicio debe
realizarse en concurrencia con la competencia atribuida al municipio
en todas las actividades, obras de infraestructura y proyectos que se
desarrollaran y que puedan generar deterioro ambiental máxime
cuando su labor constituye también la inspección, vigilancia,
seguimiento y control de los recursos renovables y no renovables
[…]”.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
45
Número único de radicación: 73001233300020160074501
Actora: GLORIA HELENA RÍOS SÁNCHEZ
De lo expuesto, a juicio de la Sala, las órdenes que le fueron
impartidas a CORTOLIMA en materia de reubicación si están acorde
con lo considerado en la parte motiva de la sentencia, razón por la
que no se configura la alegada falta de congruencia.
Ahora, la Sala advierte que aunque exista una consonancia entre lo
considerado y lo resuelto, ello no implica que las órdenes impartidas
a CORTOLIMA, especialmente en lo referente a la reubicación, estén
acordes con sus competencias constitucionales y legales.
En efecto, en asuntos similares al aquí estudiado, la Sección ha
impartido la orden de reubicación de asentamientos ilegales en área
de ronda y demás actividades relacionadas con la misma, al
municipio, pues éste, y no las corporaciones autónomas regionales,
es el encargado directo de dicha competencia34. Sobre el particular,
en sentencia de 9 de mayo de 202435 se consideró que:
“[…] 149. Respecto de la orden relativa a que se “[…] efectúen las
gestiones administrativas, presupuestales y financieras con fines a
34 Pueden ser consultadas las sentencias de 21 de enero de 2021 (expediente núm.
66001233100020100028702, consejera ponente Nubia Margoth Peña Garzón), 27 de mayo
de 2021 (Expediente núm. 68001-23-33-000-2019-00411-01, consejera ponente Nubia Margoth Peña
Garzón), y 1o. de junio de 2020 (Expediente núm. 68001-23-31-000-2012-00091-01, consejero ponente
Hernando Sánchez Sánchez ) , entre otras.
35 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Consejero
ponente; Hernando Sánchez Sánchez, sentencia de nueve (9) de mayo de dos mil
veinticuatro (2024). Radicado: 730012333000201600558-01
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
46
Número único de radicación: 73001233300020160074501
Actora: GLORIA HELENA RÍOS SÁNCHEZ
recuperar - espacio público - la ronda de protección hídrica de la
Quebrada El Sillón durante todo su recorrido a cielo abierto respecto
de los asentamientos humanos y/o ocupaciones de viviendas
construidas ilegalmente, estableciendo responsables y fechas ciertas
para su ejecución […]”, la Sala observa que, en virtud del Decreto Ley
2811 de 18 de diciembre de 197494 y del Decreto 1449 de 27 de
junio de 1977, la franja paralela a la línea del cauce permanente de
ríos, hasta de 30 metros de ancho, son bienes inalienables e
imprescriptibles del Estado, así como “áreas forestales protectoras”
(Destacado fuera de texto).
150. En ese orden, por sus características, estas zonas constituyen
espacio público y, en consecuencia, están por fuera del comercio, no
se puede adquirir por medio del transcurso del tiempo en virtud de la
posesión y no puede ser objeto de adjudicación.
151. Ahora bien, la Constitución Política de Colombia asigna a las
autoridades administrativas municipales, concejos y alcaldes, la
competencia para regular los aspectos esenciales y protección del
espacio público. En atención a lo anterior, la Ley 388 y el Decreto
Reglamentario 1504 de 4 de agosto de 199896, disponen que las
autoridades municipales y distritales deben reglamentar la
administración y conservación del espacio público en los Planes de
Ordenamiento Territorial. En efecto, cuando un sector social incurre
en el abuso del espacio público, le corresponde al alcalde su
recuperación como función policiva. Por ello, en los eventos de una
invasión, esa autoridad, profiere la orden de desalojo que se ejecuta
con la colaboración de la fuerza pública.
152. En ese orden de ideas, la Sala considera que el Municipio de
Ibagué es competente para cumplir la orden de efectuar las gestiones
administrativas, presupuestales y financieras con fines a recuperar el
espacio público que, en este caso, constituye la ronda de protección
hídrica de la Quebrada El Sillón, durante todo su recorrido a cielo
abierto, en el área de su jurisdicción y respecto de los asentamientos
humanos y/o ocupaciones de viviendas construidas ilegalmente,
estableciendo responsables y las medidas necesarias para la
protección del medio ambiente y del espacio público, conforme lo
ordenado en el ordinal quinto de la parte resolutiva de la Sentencia
de 30 de marzo de 2023.
153. Sin perjuicio de lo anterior, la Sala considera que se debe
modificar el ordinal quinto de la parte resolutiva de la sentencia
proferida, en primera instancia, con el objeto de clarificar que el
ejercicio de las gestiones administrativas, presupuestales y
financieras, así como la determinación de responsabilidades y
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
47
Número único de radicación: 73001233300020160074501
Actora: GLORIA HELENA RÍOS SÁNCHEZ
medidas necesarias para la protección del medio ambiente y del
espacio público de la Quebrada El Sillón y su ronda, a cargo del
Municipio, implica, entre otras medidas:
153.1. Realizar, dentro del término de un (1) mes, contado a partir
de la notificación de esta sentencia, un censo, en el área de su
jurisdicción, con el objeto de determinar las estructuras
habitacionales -o de cualquier otro tipo- ubicadas en forma
permanente o transitoria en la precitada Quebrada o en su zona de
ronda; 153.2. Iniciar y adelantar de manera inmediata, en el marco
de sus competencias, al vencimiento del plazo anterior, las medidas
administrativas, policivas o de otra índole, necesarias, orientadas a
garantizar la protección de la zona de ronda de la Quebrada El Sillón;
153.3. Adelantar, dentro del término de cuatro (4) meses, contados
a partir de la notificación de esta sentencia, las gestiones necesarias
para lograr la reubicación de las familias que habitan en la zona de
ronda de la Quebrada El Sillón, ubicadas en el área de su jurisdicción,
con la claridad de que, dentro del término de dieciocho (18) meses,
contado a partir del vencimiento del plazo anterior y sin perjuicio de
las medidas urgentes a que haya lugar, el Municipio de Ibagué deberá
reubicar de forma definitiva, en un lugar que permita el acceso a los
servicios públicos, a las familias que habitan en la zona de ronda de
la Quebrada El Sillón, ubicadas en el área de su jurisdicción; 153.4.
Establecer, dentro del término de un (1) mes, contado a partir de la
notificación de esta sentencia, criterios administrativos y probatorios
que permitan verificar que las familias beneficiarias de las medidas
de reubicación hubieren habitado permanentemente en la Quebrada
o su zona de ronda, durante el período objeto de amparo, que
comprende la presentación de la demanda que dio origen a este
proceso y la fecha en que se profiere esta sentencia, en segunda
instancia; y adoptar y ejecutar, dentro del mismo término, un
mecanismo dirigido a evitar que, luego de la reubicación de las
personas y familias, otras personas o grupos de ellas se instalen en
la Quebrada El Sillón o en su zona de ronda, en el área de su
jurisdicción. 154. En todo caso, si durante la ejecución de la orden
anterior se observa que razonablemente es necesario otorgar un
plazo adicional, el Tribunal Administrativo del Tolima, en el marco del
Comité de Verificación, proferirá las decisiones que considere
necesarias para garantizar su cumplimiento, de conformidad con el
artículo 34 de la Ley 472 […]».
En consecuencia, las órdenes relacionadas con el censo de las
viviendas expuestas a un alto riesgo, el proceso de reubicación de
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
48
Número único de radicación: 73001233300020160074501
Actora: GLORIA HELENA RÍOS SÁNCHEZ
quienes las habitan, la asignación de subsidios de arrendamiento y
la recuperación del espacio público constituyen asuntos que
desbordan los límites competenciales de la autoridad ambiental y de
suyo implican el desconocimiento de normas de rango superior como
el artículo 121 de la Constitución36, razón por la que se modificarán
los numerales cuarto a noveno de la parte resolutiva de la sentencia
apelada en el sentido de excluir a CORTOLIMA, tal y como se
dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.
Ahora, la orden de planeación, elaboración y ejecución del plan de
recuperación de la fuente hídrica El Tejar encuentra pleno sustento
en las funciones atribuidas a las corporaciones autónomas en los en
numerales 18, 19 y 20 de la Ley 9937, así como lo referente a las
jornadas de capacitación sobre hábitos de consumo, reutilización de
elementos, adecuada separación de la fuente, almacenamiento y
36 “[…] ARTICULO 121. Ninguna autoridad del Estado podrá ejercer funciones distintas de
las que le atribuyen la Constitución y la ley. […]”.
37 “[…] 18. Ordenar y establecer las normas y directrices para el manejo de las cuencas
hidrográficas ubicadas dentro del área de su jurisdicción, conforme a las disposiciones
superiores y a las políticas nacionales;
19. Promover y ejecutar obras de irrigación, avenamiento, defensa contra las inundaciones,
regulación de cauces y corrientes de agua, y de recuperación de tierras que sean necesarias
para la defensa, protección y adecuado manejo de las cuencas hidrográficas del territorio
de su jurisdicción, en coordinación con los organismos directores y ejecutores del Sistema
Nacional de Adecuación de Tierras, conforme a las disposiciones legales y a las previsiones
técnicas correspondientes […].
20. Ejecutar, administrar, operar y mantener en coordinación con las entidades territoriales,
proyectos, programas de desarrollo sostenible y obras de infraestructura cuya realización
sea necesaria para la defensa y protección o para la descontaminación o recuperación del
medio ambiente y los recursos naturales renovables […]”.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
49
Número único de radicación: 73001233300020160074501
Actora: GLORIA HELENA RÍOS SÁNCHEZ
presentación de residuos sólidos domiciliarios, las cuales están
amparadas jurídicamente en los deberes de que tratan los numerales
338 y 2439 ídem, dada la incidencia directa de estas actividades en la
salvaguarda del goce a un ambiente sano y la conservación del
recurso hídrico.
De la procedencia de condenar en costas
Para resolver el último problema jurídico, es pertinente referirse a la
sentencia de unificación proferida por la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo de esta Corporación el 6 de agosto de 2019 40, en la
que se precisó el alcance del artículo 38 de la Ley 472, en los
siguientes términos:
“[…] 90. Así pues, de la literalidad de la disposición analizada se
concluye que las costas procesales, en su componente de expensas
y agencias en derecho, es un tema regulado de manera expresa,
especial, clara y completa, en el artículo 38 de la Ley 472 de 1998,
38 “[…] 3. Promover y desarrollar la participación comunitaria en actividades y programas
de protección ambiental, de desarrollo sostenible y de manejo adecuado de los recursos
naturales renovables […]”.
39 “[…] 24. Transferir la tecnología resultante de las investigaciones que adelanten las
entidades de investigación científica y de apoyo técnico del nivel nacional que forman parte
del Sistema Nacional Ambiental, SINA, y prestar asistencia técnica a entidades públicas y
privadas y a los particulares, acerca del adecuado manejo de los recursos naturales
renovables y la preservación del medio ambiente, en la forma que lo establezcan los
reglamentos y de acuerdo con los lineamientos fijados por el Ministerio del Medio Ambiente
[…]”.
40 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, consejera ponente Rocío
Araújo Oñate, providencia de 6 de agosto de 2019, expediente núm. 15001-33-33-007-
2017-00036-01(AP)REV-SU.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
50
Número único de radicación: 73001233300020160074501
Actora: GLORIA HELENA RÍOS SÁNCHEZ
razón por la cual no le está permitido al fallador aplicar un
ordenamiento diferente al del procedimiento civil, pues tal
autorización se previó en el artículo 4420 de la Ley 472 de 1998
respecto de los asuntos no regulados.
91. En la teleología de la disposición, al contrastar el texto del
artículo 38 ejusdem, con la exposición de motivos y los debates
surtidos en el Congreso de la República con ocasión de la expedición
de la Ley 472 de 1998, la Sala encuentra pleno sustento, pues aun
cuando en las gacetas legislativas no halla referencia específica a las
razones por las cuales el legislador diseñó las reglas del
reconocimiento de las costas en las acciones populares y acogió el
régimen del procedimiento civil para tal efecto, se constata que el
carácter constitucional del mecanismo y la finalidad protectoria de
los derechos colectivos, determinó en el legislador la necesidad de
diseñar un régimen especial, autónomo y distinto al previsto para
los medios de control judicial de carácter legal […]”.
92. Desde el punto de vista histórico y revisados los antecedentes
legislativos de la Ley 472 de 1998 aparece palpable el
reconocimiento de la acción popular como mecanismo público donde
se ventila un asunto de interés general, lo cierto es que el legislador
reconoció que tal esfuerzo, sustentado en el principio de solidaridad;
requiere ser compensado aún, cuando no responde a la defensa de
un interés subjetivo, con lo cual, a diferencia de otros mecanismos
constitucionales que también propenden por la defensa del interés
público, las acciones populares constituyan una excepción en
materia de condena en costas, a pesar de que con ellas no se entable
una controversia o litis de carácter subjetivo.
[…] 6.4.1 Reglas de unificación
163. El artículo 38 de la Ley 472 de 1998 admite el reconocimiento
de las costas procesales a favor del actor popular y a cargo de la
parte demandada, siempre que la sentencia le resulte favorable
a las pretensiones protectoras de los derechos colectivos, y la
condena en costas, a la luz del artículo 361 del Código General del
proceso, incorpora tanto el concepto de expensas y gastos procesales
como el de las agencias en derecho.
164. También hay lugar a condenar en costas a la parte demandada, en
los componentes de expensas o gastos procesales y de agencias en
derecho, cuando haya actuado con temeridad o mala fe. En este último
evento, también habrá lugar a condenarlo al pago de la multa prevista en
la disposición 38 ibidem.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
51
Número único de radicación: 73001233300020160074501
Actora: GLORIA HELENA RÍOS SÁNCHEZ
165. Sólo cabe reconocer costas a favor de la parte demandada y a cargo
del actor popular, cuando este último actuó temerariamente o de mala
fe, caso en el cual también habrá lugar a imponer la multa prevista en el
artículo 38 de la Ley 472 de 1998. No hay lugar a condenarlo cuando la
demanda le sea decidida en contra. En este evento la condena en costas
sólo admite el reconocimiento de los honorarios y de las expensas, pues
al tenor del artículo 364 del Código General del Proceso, es claro que las
agencias en derecho no corresponden a los honorarios a los que se refiere
la norma, pues ellos se señalan en relación con los auxiliares de la justicia.
166. Conforme lo dispone el artículo 38 de la Ley 472 de 1998,
armonizado con el artículo 361 del Código General del Proceso, en las
acciones populares la condena en costas a favor del actor popular incluye
las expensas, gastos y agencias en derecho con independencia de que la
parte actora haya promovido y/o concurrido al proceso mediante
apoderado judicial o lo haya hecho directamente.
167. En cualquiera de los eventos en que cabe el reconocimiento
de las costas procesales, bien sea en cuanto a las expensas y
gastos procesales o a las agencias en derecho, bien sea a favor del
actor popular o de la parte demandada, la condena se hará atendiendo
las reglas previstas en el artículo 365 del Código General del Proceso, de
forma que sólo se condenará al pago de aquellas que se
encuentren causadas y se liquidarán en la medida de su
comprobación.
169. Para este efecto, se entenderá causada la agencia en
derecho siempre que el actor popular resulte vencedor en la
pretensión protectoria de los derechos colectivos y su
acreditación corresponderá a la valoración que efectúe el fallador
en atención a los criterios señalados en el numeral 4 del artículo
366 del Código General del Proceso, es decir, en atención a la
naturaleza, calidad y duración del asunto, o a cualquier otra
circunstancia especial que resulte relevante para tal efecto.
170. Las agencias en derecho se fijarán por el juez aplicando las tarifas
establecidas por el Consejo Superior de la Judicatura. Si aquellas
establecen solamente un mínimo, o este y un máximo, el juez tendrá en
cuenta, además, la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada
por el actor popular, con independencia de si actuó directamente o
mediante apoderado, u otras circunstancias especiales, sin que pueda
exceder el máximo de dichas tarifas. […]” (Destacado de la Sala).
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
52
Número único de radicación: 73001233300020160074501
Actora: GLORIA HELENA RÍOS SÁNCHEZ
De acuerdo con los anteriores parámetros jurisprudenciales, no
prospera el cargo planteado por CORTOLIMA respecto de la
improcedencia de la condena en costas en acciones populares.
Del Comité de Verificación
Comoquiera que en la sentencia apelada se omitió precisar a quien
correspondería presidir dicho Comité, y de conformidad con el
artículo 34 de la Ley 472 y la jurisprudencia de la Sección41 esta
función compete al Juez que conoció del asunto en primera instancia,
se modificará el numeral décimo séptimo del acápite resolutivo del
fallo cuestionado en tal sentido.
Medidas Cautelares
La Sala revocará el numeral décimo tercero de la parte resolutiva
de la sentencia en cuanto mantuvo la vigencia de las medidas
cautelares decretadas en proveído de 17 de junio de 201742, por
41 Ver sentencias de 26 de enero de 2023 (Expediente núm. 85001 23 33 000 2018 00007
01, consejero Ponente Oswaldo Giraldo López) y de 28 de junio de 2019 (expediente núm.
52001-23-33-000-2018-00361-01, consejero Ponente Hernando Sánchez Sánchez).
42 Índice SAMAI 00002, “EXPEDIENTE DIGITAL”, link obrante en
“ED_CORREO_BLANCALILIA(.pdf) NroActua 2”, “CD 1 A FL 389”; “Image_01484.pdf”, folios
195 a 200.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
53
Número único de radicación: 73001233300020160074501
Actora: GLORIA HELENA RÍOS SÁNCHEZ
cuanto las decisiones a proferirse en el estado actual del proceso,
además de idóneas y necesarias, han de ser definitivas a efectos de
hacer cesar el agravio de los derechos colectivos y garantizar que la
protección otorgada por el Juez Constitucional se materialice.
En tal contexto, resulta abiertamente improcedente establecer
medidas de índole precautorio en la decisión que pone fin asunto
debatido, más aún cuando esta última imparte órdenes que, en
esencia, están encaminadas a los mismos fines, valga decir,
establecer el nivel de riesgo de las viviendas afectadas por los
proceso de erosión y socavación de la quebrada El Tejar, adelantar
los respectivos procesos de reubicación, otorgar subsidios de
arrendamiento, realizar estudios para determinar la afectación en ese
sector; el tipo de contaminación y las acciones correctivas a adoptar.
En virtud de lo expuesto, la Sala: i) adicionará el numeral segundo
de la parte resolutiva de la sentencia, en el sentido de ordenar a
CORTOLIMA que, en la estructuración del plan de recuperación,
disponga la realización de un estudio técnico para dilucidar la
necesidad o no de retirar y/o reubicar dichas estructuras, cuya
ejecución deberá llevarse a cabo por parte del BATALLÓN en un
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
54
Número único de radicación: 73001233300020160074501
Actora: GLORIA HELENA RÍOS SÁNCHEZ
término prudencial y perentorio; ii) modificará los numerales cuarto
al noveno de la parte resolutiva de la sentencia apelada, en el sentido
de excluir de esas órdenes a CORTOLIMA; iii) adicionará el
numeral décimo de la parte resolutiva del fallo de primera instancia
en el sentido de instar a las empresas prestadoras del servicio público
de aseo para que, de forma activa, apoyen al MUNICIPIO en la
ejecución de las acciones tendientes a la limpieza de la zona
protectora de la quebrada El Tejar, afectada por la presencia de
residuos sólidos y escombros; iv) modificará el numeral décimo
séptimo de la parte resolutiva del fallo apelado para establecer que
corresponderá al magistrado ponente presidir el Comité de
Verificación del cumplimiento de la sentencia; y v) revocará la
decisión contenida en el numeral décimo tercero en lo referente a la
vigencia de las medidas cautelares decretadas y, en lo demás, el fallo
apelado será confirmado.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
FALLA:
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
55
Número único de radicación: 73001233300020160074501
Actora: GLORIA HELENA RÍOS SÁNCHEZ
PRIMERO: ACEPTAR el impedimento manifestado por el señor
Consejero GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES para
intervenir en el proceso de la referencia, por las razones expuestas
en la parte motiva de esta providencia y, en consecuencia,
SEPARARLO del conocimiento del mismo.
SEGUNDO: ADICIONAR los ordinales segundo y décimo de la
sentencia de 30 de noviembre de 2023, proferida por el Tribunal
Administrativo del Tolima, los cuales quedarán así:
“[…] SEGUNDO: ORDENAR al Municipio de Ibagué, a la
Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado IBAL S.A.
E.S.P., a la Corporación Autónoma Regional del Tolima
“CORTOLIMA” y la Nación – Ministerio de Defensa Nacional –
Ejército Nacional que dentro de los tres (03) meses siguientes a la
ejecutoria de la presente providencia, realicen de forma conjunta un
informe previas las correspondientes inspecciones técnicas con el fin
de formular un programa de recuperación de la Quebrada El Tejar en
el sector ubicado calle 25 carrera 11 sur manzana C casa 22 y 23 Los
Nogales hasta la carrera 11 sur Nro. 24-383 del barrio El Ricaurte, lo
cual debe comprender entre otras acciones, obras, actividades,
responsables, fecha cierta de culminación de cada actividad,
presupuesto o financiación período dentro del cual deberán efectuarse
las gestiones administrativas, presupuestales y financieras para la
ejecución del programa.
Ordenar a la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL
TOLIMA - CORTOLIMA que, en la estructuración del plan de
recuperación, disponga la realización de un estudio técnico para
dilucidar la necesidad o no de retirar y/o reubicar dichas estructuras,
cuya ejecución deberá llevarse a cabo por parte del Batallón Jaime
Rooke de Ibagué en un término prudencial y perentorio.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
56
Número único de radicación: 73001233300020160074501
Actora: GLORIA HELENA RÍOS SÁNCHEZ
El desarrollo y/o ejecución no puede superar el plazo de doce (12)
meses contados desde que se venza el plazo para la elaboración de
este documento.
[…]
DÉCIMO: ORDENAR al MUNICIPIO DE IBAGUÉ que, en forma
directa o a través de su operador del servicio de aseo, en un plazo de
quince (15) días contados a partir de le ejecutoria de esta providencia,
realice la limpieza de los residuos sólidos domiciliarios y escombros
sobre la zona de protección del cauce de la Quebrada El Tejar durante
todo su recorrido.
Con tal finalidad, se INSTA las empresas Ibagué Limpia S.A. E.S.P.
e Interaseo S.A. para que, de forma activa, apoyen al MUNICIPIO
en la ejecución de las acciones que deberá adelantar con miras a
hacer cesar la vulneración del derecho colectivo al ambiente sano,
concretamente en lo que tiene que ver con la zona de protección del
cauce en mención”.
TERCERO: MODIFICAR los ordinales cuarto, quinto, sexto,
séptimo, octavo, noveno y décimo séptimo, los cuales quedarán
así:
“[…] CUARTO: ORDENAR al Municipio de Ibagué que en el marco
de sus competencias dentro de los tres (03) meses siguientes a la
ejecutoria de la presente providencia adelante las gestiones
administrativas, presupuestales y financieras para que se realice un
informe técnico para determinar en el sector ubicado calle 25 carrera
11 sur manzana c casa 22 y 23 Los Nogales hasta la carrera 11 sur
Nro. 24-383 del barrio El Ricaurte, cuáles son las viviendas que se
encuentran en alto riesgo conforme el Plan de Ordenamiento
Territorial y que deberán ser objeto de reubicación.
QUINTO: ORDENAR al Municipio de Ibagué que, en el marco de
sus competencias, atendiendo los conceptos emitidos en la parte
motiva, el informe técnico ordenado en el numeral cuarto de esta
providencia y otros que se dispongan, garantice en un plazo de doce
(12) meses siguientes a la ejecutoria de la presente providencia la
reubicación de los propietarios de las viviendas determinadas, a un
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
57
Número único de radicación: 73001233300020160074501
Actora: GLORIA HELENA RÍOS SÁNCHEZ
lugar seguro donde no resulten amenazados a efectos de que puedan
continuar desarrollando sus proyectos de vida y actividades
económicas.
Se advierte que el proceso de reubicación, corresponde únicamente a
las viviendas que cuentan con todo el proceso de legalización
respectiva, por lo que se exceptúa cualquier vivienda o asentamiento
irregular.
SEXTO: ORDENAR al Municipio de Ibagué que, en el marco de
sus competencias, atendiendo los conceptos emitidos, y en especial
el informe técnico de numeral cuarto de esta providencia y otros que
se dispongan, garantice en un plazo de tres (03) meses siguientes a
la ejecutoria de la presente providencia, la reubicación de los
habitantes que tienen la calidad de arrendatarios de las viviendas
determinadas apoyándolos en forma temporal con subsidios de
arrendamiento por este mismo periodo.
SÉPTIMO: ORDENAR al Municipio de Ibagué, que en el marco de
sus competencias en el proceso de reubicación se garantice viviendas
dignas, dotadas de servicios públicos domiciliarios, construidas con
sujeción a las acciones urbanísticas pertinentes y los planes de
ordenamiento del territorio, que podrán ser objeto de modificaciones,
de ser necesario, para lograr la ejecución de esta sentencia y la
protección de los derechos colectivos de los habitantes de las
viviendas que fueron determinadas en el informe técnico del numeral
cuarto de esta providencia.
OCTAVO. ORDENAR al Municipio de Ibagué, que el proceso de
reubicación de los habitantes se inicie con los habitantes de las
viviendas en donde existe mayor nivel de riesgo y progresivamente
con los demás habitantes que sean objeto de protección, según el
informe técnico establecido el numeral cuarto de la presente
providencia. De acuerdo a ello, los habitantes que efectivamente
reciban el beneficio de reubicación, deberán transferir previamente al
Municipio de Ibagué los derechos sobre los inmuebles que ocupan
actualmente, para que se procede con la demolición de las
construcciones correspondientes.
NOVENO: ORDENAR al Municipio de Ibagué que, en un plazo de
doce (12) meses contados a partir de la ejecutoria de esta
providencia, efectúe las gestiones administrativas presupuestales y
financieras con fines a recuperar - espacio público - la ronda de
protección hídrica de la Quebrada EI Tejar durante todo su recorrido
de los asentamientos humanos y/o ocupaciones de viviendas
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
58
Número único de radicación: 73001233300020160074501
Actora: GLORIA HELENA RÍOS SÁNCHEZ
construidas ilegalmente estableciendo responsables y fechas ciertas
para su ejecución.
[…]
DÉCIMO SÉPTIMO: Para verificar el cumplimiento del fallo, en los
términos previstos en la Ley 472 de 1998, se ORDENA integrar el
comité de verificación del cual harán parte el ALCALDE DEL
MUNICIPIO DE IBAGUÉ O SU DELEGADO, EL DIRECTOR DE
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL TOLIMA"CORTOLIMA",
ALCANTARILLADO EL GERENTE DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO DE
IBAGUÉ IBAL S.A. E.S.P,EL PROCURADOR JUDICIAL II AMBIENTAL
Y AGRARIO PARA EL TOLIMA, Y EL MAGISTRADO PONENTE, quien lo
presidirá […]”.
CUARTO: REVOCAR el ordinal décimo tercero de la parte
resolutiva de la sentencia apelada, por las razones expuestas en
la parte motiva de esta providencia
QUINTO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia de 30 de
noviembre de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo del
Tolima.
SEXTO: REMITIR copia del presente fallo a la Defensoría del Pueblo
para los efectos del artículo 80 de la Ley 472.
Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal
de origen.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
59
Número único de radicación: 73001233300020160074501
Actora: GLORIA HELENA RÍOS SÁNCHEZ
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 13 de febrero de 2025.
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidenta
HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Aclara voto
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.