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Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 73001-23-33-000-2016-00745-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 73001-23-33-000-2016-00745-01

Fecha
13 de febrero de 2025
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 73001-23-33-000-2016-00745-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA: Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 55 Número único de radicación: 73001233300020160074501 Actora: GLORIA HELENA RÍOS SÁNCHEZ PRIMERO: ACEPTAR el impedimento manifestado por el señor Consejero GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES para intervenir en el proceso de la referencia, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia y, en consecuencia, SEPARARLO del conocimiento del mismo. SEGUNDO: ADICIONAR los ordinales segundo y décimo de la sentencia de 30 de noviembre de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima, los cuales quedarán así: “[…] SEGUNDO: ORDENAR al Municipio de Ibagué, a la Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado IBAL S.A. E.S.P., a la Corporación Autónoma Regional del Tolima “CORTOLIMA” y la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional que dentro de los tres (03) meses siguientes a la ejecutoria de la presente providencia, realicen de forma conjunta un informe previas las correspondientes inspecciones técnicas con el fin de formular un programa de recuperación de la Quebrada El Tejar en el sector ubicado calle 25 carrera 11 sur manzana C casa 22 y 23 Los Nogales hasta la carrera 11 sur Nro. 24-383 del barrio El Ricaurte, lo cual debe comprender entre otras acciones, obras, actividades, responsables, fecha cierta de culminación de cada actividad, presupuesto o financiación período dentro del cual deberán efectuarse las gestiones administrativas, presupuestales y financieras para la ejecución del programa. Ordenar a la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL TOLIMA - CORTOLIMA que, en la estructuración del plan de recuperación, disponga la realización de un estudio técnico para dilucidar la necesidad o no de retirar y/o reubicar dichas estructuras, cuya ejecución deberá llevarse a cabo por parte del Batallón Jaime Rooke de Ibagué en un término prudencial y perentorio. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 56 Número único de radicación: 73001233300020160074501 Actora: GLORIA HELENA RÍOS SÁNCHEZ El desarrollo y/o ejecución no puede superar el plazo de doce (12) […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 73001-23-33-000-2016-00745-01

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

13 de febrero de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D. C., trece (13) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 73001-23-33-000-2016-00745-01
ACCIÓN POPULAR – FALLO
Actora: GLORIA HELENA RÍOS SÁNCHEZ

TESIS: LAS GESTIONES DE ORDEN ADMINISTRATIVO, TÉCNICO Y
PRESUPUESTAL PARA RECUPERAR LA ZONA DE RONDA HÍDRICA DE
LA QUEBRADA EL TEJAR COMPETEN AL MUNICIPIO DE IBAGUÉ, EN
VIRTUD DEL DEBER LEGAL QUE LE ASISTE PARA LA PROTECCIÓN Y
RESTABLECIMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO.

DERECHOS COLECTIVOS INVOCADOS COMO VULNERADOS: AL
GOCE DE UN AMBIENTE SANO, A LA PREVENCIÓN DE DESASTRES
PREVISIBLES TÉCNICAMENTE, AL ACCESO A UNA
INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS QUE GARANTICEN LA
SALUBRIDAD PÚBLICA, AL ACCESO A LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y
A QUE SU PRETACIÓN SEA EFICIENTE Y OPORTUNA, AL GOCE DEL
ESPACIO PÚBLICO Y A LA REALIZACIÓN DE CONSTRUCCIONES
RESPETANDO LAS DISPOSICIONES JURÍDICAS.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide los recursos de apelación interpuestos por la NACIÓN

• MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL1, la CORPORACIÓN

AUTÓNOMA REGIONAL DEL TOLIMA2 y el MUNICIPIO DE

1 En adelante el Ministerio.
2 En adelante CORTOLIMA.

2

Número único de radicación: 73001233300020160074501
Actora: GLORIA HELENA RÍOS SÁNCHEZ

IBAGUÉ3 contra la sentencia de 30 de noviembre de 2023, proferida

por el Tribunal Administrativo del Tolima4.

I.- ANTECEDENTES

I.1- La demanda

La señora GLORIA HELENA RÍOS SÁNCHEZ, en ejercicio de la

acción popular prevista en el artículo 88 de la Constitución Política,

desarrollada por la Ley 472 de 5 de agosto de 19985, presentó

demanda ante el Tribunal contra el MINISTERIO, el MUNICIPIO,

CORTOLIMA y la EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y

ALCANTARILLADO S.A. E.S.P.6, tendiente a que se protegieran los

derechos colectivos al goce de un ambiente sano, al goce del espacio

público, al acceso a una infraestructura de servicios públicos que

garanticen la salubridad pública, al acceso a los servicios públicos y

a que su prestación sea eficiente y oportuna, a la seguridad y

prevención de desastres previsibles técnicamente, y a la realización

de construcciones respetando las disposiciones jurídicas.

3 En adelante el Municipio.
4 En adelante el Tribunal.
5 “Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación

con el ejercicio de las acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones”.
6
En adelante IBAL.

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Actora: GLORIA HELENA RÍOS SÁNCHEZ

I.2. Hechos

Manifestó que las urbanizaciones Los Nogales y Ricaurte fueron

construidas bajo el amparo de las licencias otorgadas por el

MUNICIPIO.

Sostuvo que el 6 de junio de 2007 y sin que la autoridad ambiental

lo hubiese autorizado, el Batallón Jaime Rooke de Ibagué7 construyó

un cerramiento de aislamiento dentro del cauce de la quebrada El

Tejar y la margen de protección ubicada en la calle 25 carrera 11 sur

MC, casas 22 y 23 de Los Nogales, hasta la carrera 11 sur #24-383

del barrio Ricaurte, el cual constituye una barrera que modifica el

cauce, genera socavamiento y erosión, inestabilidad, hundimiento,

desprendimiento y deslizamiento del terreno, así como afecta a las

viviendas ubicadas allí, al punto de que se encuentran en amenaza

de colapso.

Expuso que mediante las resoluciones núms. 1089 de 29 de julio de

2008 y 2941 de 25 de julio de 2011, CORTOLIMA sancionó al

7
En adelante el Batallón.

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BATALLÓN con multa equivalente a dos (2) SMLMV por incurrir en

conductas vulneradoras de normas ambientales.

Afirmó que el 10 de septiembre de 2014 requirió a las accionadas

para que atendieran la amenaza y el riesgo existente; no obstante,

a la fecha de promover la demanda no habían emitido respuesta

alguna.

I.3. Pretensiones

La parte actora solicitó, además del amparo de los derechos

colectivos invocados y la declaratoria de responsabilidad de las

demandadas, lo siguiente:

“[…] 3.2 Como consecuencia de lo anterior, ordenar al Municipio de
Ibagué Tolima, la Corporación Autónoma Regional del Tolima
CORTOLIMA y la Nación – Ministerio de Defensa – Fuerzas Militares,
acometer de manera inmediata coordinada y armónica, las medidas
técnicamente exigibles, jurídicas y presupuestalmente visibles, a fin
de reparar el talud afectado con socavación – erosión, por el desvío
del cauce de la quebrada el Tejar.

3.3 Ordenar a las accionadas realizar las obras de protección a la
población y las viviendas asentadas arriba del talud afectado con
socavación – erosión, por el desvío del cauce de la quebrada el Tejar
(sector comprendido desde la Calle 25 Carrera 11 Sur-M C casa 22 y
23 Los Nogales hasta la Carrera 11 Sur No. 24-383 Barrio Ricaurte,
(margen derecha aguas abajo) a fin de precaver la amenaza de
remoción, desplazamiento y desastre.

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3.4 Ordenar al Municipio de Ibagué Tolima, la Corporación Autónoma
Regional del Tolima CORTOLIMA y la Nación – Ministerio de Defensa
– Fuerzas Militares, rectificar el cauce de la quebrada el Tejar, en los
sectores afectados por su desvío.

3.5 Que se ordene a los accionados recuperar la cuenca hidrográfica
de la Quebrada el Tejar en los sectores en cuestión, como elemento
integrante del medio ambiente, recurso natural renovable y bien de
uso público.

3.6 Que se ordene a la empresa IBAL realizar la conexión de todos
los vertimientos de aguas residuales y domésticas que descargan en
parte baja del talud en cuestión, particulares residentes del sector
aledaño, al sistema de recolección, conducción, tratamiento y
disposición de aguas negras y desechos a cargo de la Empresa IBAL
[…]”.

I.4. Defensa

I.4.1.- La empresa IBAL refirió que en visita técnica de 15 de marzo

de 2017 verificó la construcción de un muro que obliga a las aguas a

tomar una curva que afecta el talud de las viviendas ubicadas sobre

la carrera 11 sur con calle 23 del barrio Ricaurte.

Adujo que algunas viviendas ubicadas sobre ese talud están

conectadas al sistema principal de alcantarillado, por lo que no

vierten aguas residuales y domésticas a la quebrada, como sí lo

hacen ciertos asentamientos subnormales.

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Propuso la excepción de “FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA

POR PASIVA”, porque, a su juicio, no es responsable de la

vulneración de los derechos invocados, pues dentro de sus

competencias no está reparar, rectificar o realizar obras por

socavación o erosión del cauce a raíz de su desvío, así como tampoco

precaver la amenaza de remoción y desastres en los sectores

afectados, ni la recuperación de la cuenca hidrográfica.

I.4.2.- CORTOLIMA manifestó haber actuado dentro de sus

competencias, toda vez que inició el trámite sancionatorio contra el

Batallón a raíz de la construcción del muro en referencia, incluso, en

el marco de la visita técnica, realizada el 3 de enero de 2008, lo

requirió para que rectificara el cauce.

Afirmó que en la investigación declaró al Batallón como infractor de

las normas ambientales, en virtud de la desviación y ocupación del

cauce sin el respectivo permiso.

Expuso que el 4 de noviembre de 2012 realizó una nueva visita

técnica en la que evidenció que ya no existía tal desviación, sino la

ocupación de la zona protectora de la quebrada El Tejar; luego, en la

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visita de diciembre de 2016, corroboró el cumplimiento del Batallón

de las medidas de compensación impuestas dentro del proceso

sancionatorio, consistentes en la plantación de 50 árboles de

especies forestales protectoras.

Refirió que el 21 de marzo de 2017 practicó una nueva visita en la

que constató que la malla eslabonada estaba ubicada a una distancia

de 15 metros del cauce de la quebrada, sin ocasionar

represamientos, remociones en masa ni eventos similares, y verificó

que ya no existía desviación de dicho cauce, hecho que, en su

criterio, fue el motivo de esta acción popular.

Propuso, con fundamento en lo anterior, las excepciones que

denominó: “ausencia de causa para accionar a Cortolima” y “falta de

legitimación en la causa por pasiva”.

I.4.3.- El MINISTERIO afirmó que la malla instalada tenía por

objeto cambiar los cercos de alambre de púas que servían de

seguridad perimetral a la unidad militar, por lo que dicha

construcción no desvió el cauce.

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Sostuvo que si bien el cerramiento está ubicado dentro de la zona

establecida por el POT como área de reserva, las instalaciones del

Batallón se encuentran a una distancia superior a los 30 mts;

además, la obra permitió proteger el talud en la margen derecha de

la quebrada, la resiliencia de la vegetación protectora del talud e

impidió la existencia de invasores en la zona de protección.

Afirmó que, de acuerdo con lo probado en el proceso sancionatorio

ambiental, no se alteró el flujo natural de las aguas o el cambio del

cauce y tampoco hubo aprovechamiento de éstas, mientras que

IBAL sí realizó obras hidráulicas dentro de la quebrada,

concretamente, la instalación de un colector principal en medio de su

cauce.

Reiteró que aunque la construcción fue realizada sin contar con el

permiso de ocupación de cauce, en ningún momento la malla ni el

muro eslabonado generaron un cambio en el curso de la quebrada,

pues la forma en que fue construido permitía que el agua siguiera su

curso normal.

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Destacó que con la demanda no se aportaron las pruebas que

permitan inferir de manera fehaciente su responsabilidad por la

vulneración de los derechos alegados; por el contrario, fueron

evidenciadas las acciones que ha desplegado en pro de conservar el

buen estado de limpieza de la zona protectora de la quebrada y,

además, la construcción de la malla de seguridad busca impedir la

invasión de la zona de reserva por parte de la comunidad.

I.4.4.- El MUNICIPIO manifestó que los hechos fundamento de la

acción y las pruebas aportadas con esta demuestran que es la misma

comunidad demandante quien ha generado la erosión de la quebrada

a raíz de los vertimientos directos al talud y la disposición de residuos

sólidos y escombros que contaminan la fuente hídrica.

Sostuvo que CORTOLIMA no cumplió con las obligaciones de

evaluación, control y seguimiento que le asisten en relación con los

usos del agua, el suelo, el aire y demás recursos naturales

renovables, y la imposición y ejecución de las medidas de policía y

las sanciones previstas en la ley.

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Solicitó declarar de oficio las excepciones que resultaren probadas en

el trámite del proceso, conforme con lo dispuesto en el artículo 282

del Código General del Proceso.

I.5. Pacto de cumplimiento

La audiencia de pacto de cumplimiento se llevó a cabo el 30 de junio

de 2017, la cual se declaró fallida por ausencia de fórmulas de

acuerdo entre las partes.

II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA IMPUGNADA

El Tribunal, en sentencia de 30 de noviembre de 2023, declaró la

vulneración de los derechos e intereses colectivos invocados en la

demanda, con fundamento en lo siguiente:

Indicó que las pruebas allegadas al proceso daban cuenta que desde

varios años atrás se viene presentando socavación y erosión en la

zona identificada en la demanda, debido a diferentes factores que

han alterado la quebrada El Tejar y afectado las viviendas ubicadas

en la corona del talud de esa área.

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Destacó como determinantes de la problemática: i) el golpe

hidráulico generado por el caudal de la quebrada sobre el costado

izquierdo, afectando la base del talud donde están ubicadas las

viviendas de los barrios Los Nogales y El Ricaurte; ii) los vertimientos

de aguas residuales y domésticas, así como superficiales de

escorrentías provenientes de dichas viviendas y de los asentamientos

subnormales; iii) la inadecuada disposición de residuos sólidos en las

riberas del cauce y sobre el talud; iv) obras dentro de la zona de

protección y también al interior del cauce; y v) viviendas construidas

en la zona de protección.

Afirmó que no solo estaba demostrada la afectación a la quebrada

por el nivel de contaminación y alteración del cauce, sino también los

riesgos por inestabilidad, hundimiento y deslizamiento del terreno a

los que están expuestos los habitantes de las viviendas de la parte

alta del talud, además de los riesgos de inundación para quienes

habitan la parte baja de éste.

Estableció que aun cuando las pruebas periciales no fueron

suficientes para concluir que la obra adelantada por el BATALLÓN

haya modificado el cauce natural original, sí quedó demostrado que

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la construcción fue ejecutada dentro de éste, en claro

desconocimiento de la norma que exigen una zona de aislamiento y

protección de la fuente hídrica.

Precisó que CORTOLIMA inició la investigación sancionatoria

ambiental contra el BATALLÓN por ocupación del cauce; sin

embargo, la sanción que le fue impuesta obedeció a la ocupación de

la zona de protección, comoquiera que al acatar la orden de

reubicación de la malla la instaló dentro del área protectora.

Expuso, en cuanto a la seguridad y prevención de desastres, que el

riesgo existente para los habitantes del sector y el estar probado que

se trata de personas de escasos recursos, amerita una mayor

protección por parte del Estado, máxime cuando la misma

Administración ha permitido el asentamiento en esa zona catalogada

del alto riesgo desde el POT del año 2014.

En virtud de lo anterior, impartió las siguientes órdenes:

«[…] SEGUNDO: ORDENAR al Municipio de Ibagué, a la
Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado IBAL S.A.
E.S.P., a la Corporación Autónoma Regional del Tolima
“CORTOLIMA” y la Nación – Ministerio de Defensa Nacional –
Ejército Nacional que dentro de los tres (03) meses siguientes a la

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ejecutoria de la presente providencia, realicen de forma conjunta un
informe previas las correspondientes inspecciones técnicas con el fin
de formular un programa de recuperación de la Quebrada El Tejar en
el sector ubicado calle 25 carrera 11 sur manzana C casa 22 y 23 Los
Nogales hasta la carrera 11 sur Nro. 24-383 del barrio El Ricaurte, lo
cual debe comprender entre otras acciones, obras, actividades,
responsables, fecha cierta de culminación de cada actividad,
presupuesto o financiación período dentro del cual deberán efectuarse
las gestiones administrativas, presupuestales y financieras para la
ejecución del programa.

El desarrollo y/o ejecución no puede superar el plazo de doce (12)
meses contados desde que se venza el plazo para la elaboración de
este documento.

TERCERO: ORDENAR a la Empresa Ibaguereña de Acueducto y
Alcantarillado de Ibagué IBAL S.A. E.S.P., en un plazo de tres
(03) meses contados a partir de la ejecutoria de la presente decisión,
efectué un estudio detallado para determinar eliminar y sanear los
puntos de vertimientos individuales y de descargas de aguas
residuales, domésticas, aguas lluvias y escorrentías provenientes del
sector calle 25 carrera 11 sur manzana o casa 22 y 23 Los Nogales
hasta la carrera 14 sur Nro. 24-383 del barrio El Ricaurte, así mismo
efectúe las actividades de mantenimiento y reparación de daños que
se identifiquen en la red de alcantarillado especialmente, de la red de
alcantarillado que se encuentra dentro del cauce la quebrada El Tejar.

CUARTO: ORDENAR al Municipio de Ibagué y a la Corporación
Autónoma Regional del Tolima "CORTOLIMA", que en el marco
de sus competencias dentro de los tres (03) meses siguientes a la
ejecutoria de la presente providencia adelante las gestiones
administrativas, presupuestales y financieras para que se realice un
informe técnico para determinar en el sector ubicado calle 25 carrera
11 sur manzana c casa 22 y 23 Los Nogales hasta la carrera 11 sur
Nro. 24-383 del barrio El Ricaurte, cuáles son las viviendas que se
encuentran en alto riesgo conforme el Plan de Ordenamiento
Territorial y que deberán ser objeto de reubicación.

QUINTO: ORDENAR al Municipio de Ibagué y a la Corporación
Autónoma Regional del Tolima "CORTOLIMA", que, en el marco
de sus competencias, atendiendo los conceptos emitidos en la parte
motiva, el informe técnico ordenado en el numeral cuarto de esta
providencia y otros que se dispongan, garanticen en un plazo de doce
(12) meses siguientes a la ejecutoria de la presente providencia la
reubicación de los propietarios de las viviendas determinadas, a un
lugar seguro donde no resulten amenazados a efectos de que puedan

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continuar desarrollando sus proyectos de vida y actividades
económicas.

Se advierte que el proceso de reubicación, corresponde únicamente a
las viviendas que cuentan con todo el proceso de legalización
respectiva, por lo que se exceptúa cualquier vivienda o asentamiento
irregular.

SEXTO: ORDENAR al Municipio de Ibagué y a la Corporación
Autónoma Regional del Tolima "CORTOLIMA" que, en el marco
de sus competencias, atendiendo los conceptos emitidos, y en
especial el informe técnico de numeral cuarto de esta providencia y
otros que se dispongan, garanticen en un plazo de tres(03) meses
siguientes a la ejecutoria de la presente providencia, la reubicación
de los habitantes que tienen la calidad de arrendatarios de las
viviendas determinadas apoyándolos en forma temporal con subsidios
de arrendamiento por este mismo período.

SÉPTIMO: ORDENAR al Municipio de Ibagué y a la Corporación
Autónoma Regional del Tolima "CORTOLIMA”, que en el marco
de sus competencias en el proceso de reubicación se garantice
viviendas dignas, dotadas de servicios públicos domiciliarios,
construidas con sujeción a las acciones urbanísticas pertinentes y los
planes de ordenamiento del territorio, que podrán ser objeto de
modificaciones, de ser necesario, para lograr la ejecución de esta
sentencia y la protección de los derechos colectivos de los habitantes
de las viviendas que fueron determinadas en el informe técnico del
numeral cuarto de esta providencia.

OCTAVO. ORDENAR al Municipio de Ibagué y a la Corporación
Autónoma Regional del Tolima "CORTOLIMA”, que el proceso de
reubicación de los habitantes se inicie con los habitantes de las
viviendas en donde existe mayor nivel de riesgo y progresivamente
con los demás habitantes que sean objeto de protección, según el
informe técnico establecido el numeral cuarto de la presente
providencia. De acuerdo a ello, los habitantes que efectivamente
reciban el beneficio de reubicación, deberán transferir previamente al
Municipio de Ibagué los derechos sobre los inmuebles que ocupan
actualmente, para que se procede con la demolición de las
construcciones correspondientes.

NOVENO: ORDENAR al Municipio de Ibagué y a la Corporación
Autónoma Regional del Tolima "CORTOLIMA” que, en un plazo
de doce (12) meses contados a partir de la ejecutoria de esta
providencia, efectúen las gestiones administrativas presupuestales y
financieras con fines a recuperar - espacio público - la ronda de
protección hídrica de la Quebrada EI Tejar durante todo su recorrido

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de los asentamientos humanos y/o ocupaciones de viviendas
construidas ilegalmente estableciendo responsables y fechas ciertas
para su ejecución.

DÉCIMO: ORDENAR al Municipio de Ibagué que en forma directa
o a través de su operador del servicio de aseo, en un plazo de quince
(15) días contados a partir de la ejecutoria de esta providencia, realice
la limpieza de los residuos sólidos domiciliarios y escombros sobre la
zona de protección del cauce de la Quebrada El Tejar durante todo su
recorrido.

DÉCIMO PRIMERO: ORDENAR al Municipio de Ibagué y la
Corporación Autónoma Regional del Tolima "CORTOLIMA" que,
en un plazo de un (01) mes planifiquen y coordinen actividades
participativas correspondientes a jornadas de capacitación
comunitaria con acciones que propendan a la modificación de hábitos
de consumo, reutilización de elementos, adecuada separación de la
fuente almacenamiento y presentación de residuos sólidos
domiciliarios para la recolección de estos, que son generados por las
viviendas aledañas al recorrido de la Quebrada El Tejar.

DÉCIMO SEGUNDO: ORDENAR a la Corporación Autónoma
Regional Del Tolima "CORTOLIMA", que participe activamente en
la planeación y elaboración y ejecución del plan de recuperación de la
fuente hídrica El Tejar y el de la reubicación o reasentamiento de las
viviendas determinadas en el informe técnico del numeral cuarto de
esta providencia, precisamente para que en dicho proceso contemple
la "defensa y protección o para la descontaminación o recuperación
del medio ambiente y los recursos naturales no renovables", por lo
que ese ejercicio debe realizarse en concurrencia con la competencia
atribuida al municipio en todas las actividades, obras de
infraestructura y proyectos que se desarrollaran y que puedan
generar deterioro ambiental máxime cuando su labor constituye
también la inspección, vigilancia, seguimiento y control de los
recursos renovables y no renovables.

DÉCIMO SEGUNDO [sic]: EXHORTAR a la comunidad de los barrios
Los Nogales y El Ricaurte y toda la comunidad contigua o aledaña al
recorrido de la quebrada él Tejar de Ibagué, para que se abstengan
de continuar afectando el espacio público y el medio ambiente y que
coadyuven a las autoridades accionadas en los trámites y gestiones
que se requieran con miras a dar cumplimientos a las ordenes
emitidas en la presente providencia, sin perjuicio de las acciones
administrativas y policías [sic] a que haya lugar.

DÉCIMO TERCERO: Las órdenes impartidas a título de medidas
cautelares seguirán rigiendo como tales hasta cuando quede en firme

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la sentencia que ponga término al proceso; y una vez ejecutoriada
esta última decisión, seguirán rigiendo como parte de la sentencia
hasta cuando se logre la recuperación de la quebrada y la reubicación
definitiva de los propietarios determinados en el informe técnico del
numeral cuarto de la presente providencia.

DÉCIMO CUARTO: ORDENAR a todas las entidades obligadas a
cumplir las órdenes impartidas por esta sentencia, y al vencimiento
de cada plazo deberán presentar ante el Tribunal Administrativo del
Tolima un informe detallado sobre su cumplimiento.

DÉCIMO QUINTO: DECLARAR no probadas las excepciones
invocadas por los integrantes de la parte pasiva.

[…].

DÉCIMO SÉPTIMO: Para verificar el cumplimiento del fallo, en los
términos previstos en la Ley 472 de 1998, se ORDENA integrar el
comité de verificación del cual harán parte el ALCALDE DEL
MUNICIPIO DE IBAGUÉ O SU DELEGADO, EL DIRECTOR DE
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL TOLIMA"CORTOLIMA",
ALCANTARILLADO EL GERENTE DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO DE
IBAGUÉ IBAL S.A. E.S.P.,EL PROCURADOR JUDICIAL II AMBIENTAL
Y AGRARIO PARA EL TOLIMA, Y EL MAGISTRADO PONENTE.

DÉCIMO OCTAVO: CONDENAR EN COSTAS al Municipio de
Ibagué, Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado de
Ibagué IBAL S.A. E.S.P Oficial, a la Corporación Autónoma
Regional del Tolima y a la Nación - Ministerio de Defensa -
Ejército Nacional y a favor de la demandante, para lo cual se fija la
suma equivalente a un (1) salario mínimo legal mensual vigente para
cada una de las entidades, por concepto de agencias en derecho, y,
se ordena que por la Secretaria de este Tribunal se realice la
correspondiente liquidación de los gastos procesales, en los términos
del artículo 366 del Código General del Proceso […]».

III.- FUNDAMENTOS DE LOS RECURSOS DE APELACIÓN

III.1.- El MINISTERIO alegó que no hubo valoración de fondo del

material probatorio y, en consecuencia, se obviaron las

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circunstancias de tiempo, modo y lugar que daban cuenta de los

hechos sustento de la demanda.

Adujo que no se tuvo en cuenta que desde el año 2007 y hasta la

fecha de promoverse la acción no existía vulneración de derechos

que le fuera atribuible, pues ésta es producto de la invasión por parte

de la comunidad, la cual arroja basuras y realiza vertimientos a la

quebrada.

Manifestó que dentro del proceso sancionatorio ambiental fue

probado que no realizó obras hidráulicas en el cauce, como sí lo hizo

el IBAL con la construcción de un colector.

Precisó que el Cantón Militar conserva en buen estado de limpieza la

zona protectora de la quebrada, insistiendo en las ventajas de la

malla eslabonada y la ausencia de prueba para afirmar que sea la

causante de un daño ambiental y la desviación del cauce, aspectos

que, a su juicio, no fueron valorados por el a – quo.

III.2. CORTOLIMA argumentó que en las consideraciones de la

sentencia de primera instancia se dejó claro que al MUNICIPIO le

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corresponden las acciones relacionadas con el censo de la población

afectada, su reubicación, subsidios de arrendamiento, suministro de

servicios públicos y recuperación de espacio público; sin embargo,

en la parte resolutiva le fueron impuestas obligaciones atinentes a

estos asuntos, desconociendo que son ajenos a sus competencias

como autoridad ambiental.

Cuestionó la condena en costas porque, en su criterio, en esta acción

se ventila un interés público que hace improcedente dicha condena,

conforme con lo previsto en los artículos 188 de la Ley 1437 de 18

de enero de 2011 y 4° de la Ley 472 de 1998.

III.3. El MUNICIPIO negó su responsabilidad por la vulneración

alegada, toda vez que la misma deriva de: i) la construcción realizada

por el Batallón al interior del cauce y sobre su margen protectora, lo

que conllevó su desviación; ii) la omisión de la autoridad ambiental

de imponer las sanciones correspondientes; y iii) la comunidad

asentada ilegalmente en la zona que es la causante del proceso de

erosión de la quebrada, así como de la mala disposición de residuos

sólidos y escombros que ha generado contaminación y afectaciones

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al medio ambiente. En consecuencia, a su juicio, carece de

legitimación en la causa por pasiva.

Puso de manifiesto, en relación con la limpieza del cauce, la

necesidad de vincular a las empresas que prestan el servicio público

de aseo, como garantes y responsables de la infracción ambiental

advertida.

IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Cuestión Previa

Previo a resolver el asunto sub examine, la Sala advierte que el señor

consejero GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES, en escrito de

13 de febrero de 20258, manifiesta que se declara impedido para

actuar dentro del proceso de la referencia, por cuanto su hermano

JORGE ENRIQUE OSORIO CIFUENTES se desempeña actualmente

como contratista de CORTOLIMA, entidad que funge como

demandada en la acción popular de la referencia, por lo que

8
Visible en el índice 17 del expediente digital obrante en el aplicativo SAMAI.

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considera que se encuentra incurso en la causal de impedimento

prevista en el numeral 4 del artículo 130 del CPACA.

Al respecto, la Sala pone de manifiesto que la Ley 472 no contiene

disposiciones especiales que regulen las manifestaciones de

impedimento; no obstante, en virtud del artículo 44 ibidem, es del

caso aplicar el CPACA debido a la remisión que efectúa dicha norma

en aspectos no regulados.

Siendo ello así, la Sala observa que la causal de impedimento que se

invoca es la prevista en el numeral 4 del artículo 130 del CPACA, la

cual dispone:

“[…] Artículo 130. CAUSALES. Los magistrados y jueces
deberán declararse impedidos, o serán recusables, en los
casos señalados en el artículo 150 del Código de
Procedimiento Civil y, además, en los siguientes eventos:

(…)

4. Cuando el cónyuge, compañero o compañera permanente,
o alguno de los parientes del juez hasta el segundo grado
de consanguinidad, segundo de afinidad o único civil,
tengan la calidad de asesores o contratistas de alguna
de las partes o de los terceros interesados vinculados al
proceso, o tengan la condición de representantes legales o
socios mayoritarios de una de las sociedades contratistas de
alguna de las partes o de los terceros interesados […]”
(Resaltado fuera del texto).

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De la causal transcrita, se colige que para que se configure la misma

deben concurrir dos elementos objetivos: 1) el parentesco y 2) que

los referidos parientes sean asesores, contratistas, representantes

legales o socios mayoritarios de una entidad pública que intervenga

en el respectivo proceso en calidad de parte o tercero interesado.

Así pues, de la causal transcrita y los hechos que soportan el

impedimento manifestado por el Consejero GERMÁN EDUARDO

OSORIO CIFUENTES, la Sala advierte que concurren los

presupuestos para el efecto, toda vez que su hermano9, el señor

JORGE ENRIQUE OSORIO CIFUENTES, se desempeña actualmente

como contratista de CORTOLIMA10, entidad demandada en la acción

popular de la referencia.

En virtud de lo anterior, la Sala declarará fundado el impedimento

manifestado por el citado Consejero y lo separará del conocimiento

del presente proceso, como en efecto se dispondrá en la parte

resolutiva de esta providencia.

9 Parentesco, por cuanto los hermanos se encuentran en segundo grado de consanguinidad,

de conformidad con el artículo 35 del CC, el cual prevé: “Parentesco de consanguinidad
es la relación o conexión que existe entre las personas que descienden de un mismo tronco
o raíz, o que están unidas por los vínculos de la sangre”.
10 Calidad de contratista en la entidad pública demandada en la acción popular de la

referencia.

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Generalidades de la acción popular

La acción popular prevista en el artículo 88 de la Constitución Política

y desarrollada por la Ley 472 de 5 de agosto de 199811, tiene como

finalidad la protección de los derechos e intereses colectivos, cuando

estos resulten amenazados o vulnerados, exista peligro o agravio o

un daño contingente, por la acción o la omisión de las autoridades

públicas o de los particulares. El objetivo de estas acciones es dotar

a la comunidad afectada de un mecanismo jurídico expedito y sencillo

para la protección de sus derechos.

Problemas jurídicos

De acuerdo con los argumentos expuestos por los apelantes, a la

Sala corresponde determinar, en su orden, lo siguiente:

i) ¿Cuál es la causa de la vulneración de los derechos colectivos

invocados y, en consecuencia, determinar si el MINISTERIO y el

MUNICIPIO son responsables de su vulneración?

11 “Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación

con el ejercicio de las acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones”.

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ii) ¿La sentencia apelada carece de congruencia entre la parte motiva

y la resolutiva respecto del responsable de las obligaciones que

propenden por la reubicación de la población en riesgo?

iii) ¿Es procedente la condena en costas en las acciones populares?

De la causa de la vulneración de los derechos colectivos y su

responsable

Del material probatorio se advierte que en un sector de la zona en la

que se desarrolla la problemática origen de esta acción

constitucional, específicamente en la parte inferior del talud, existen

asentamientos subnormales que, además de encontrarse en alto

riesgo por inundación, son fuente de contaminación de la

quebrada El Tejar a raíz del depósito de residuos sólidos y los

vertimientos de aguas residuales de manera directa a la

fuente hídrica12.

12 Según la información de la que dan cuenta los registros fotográficos allegados con la
demanda; informe de visita técnica el memorando Núm. 021592 de 15 de mayo de 2017
de la Alcaldía de Ibagué y el informe de visita técnica anexo (fls. 76 a 85, Índice SAMAI
0002, “ED_CORREO_BLANCALILIA(.pdf) NroActua 2”, “Tomo 2 201600745.pdf”); informe
técnico de visita realizada por IBAL, de fecha 15 de marzo de 2017 (fls. 142 a 147, Índice
SAMAI 0002 “ED_CORREO_BLANCALILIA(.pdf) NroActua 2”, “Tomo 1 201600745.pdf”); el
informe técnico rendido por CORTOLIMA el de febrero de 2018, con el fin de dar
cumplimiento a la orden impartida en el auto de pruebas (fls. 136 a 171, Índice SAMAI
0002, “ED_CORREO_BLANCALILIA(.pdf) NroActua 2”, “Tomo 4 201600745.pdf”).

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Asimismo, está probado que las construcciones ubicadas en el sector,

concretamente en la corona del talud, se encuentran expuestas a un

alto nivel de riesgo por causa de los procesos de socavación y erosión

existentes en el margen izquierdo de la quebrada El Tejar13.

De igual forma, la Sala destaca que está probado que el Batallón

construyó un cerramiento de seguridad en la margen

protectora aledaña al cauce de la quebrada El Tejar14; sin

embargo, no se demostró que dicha obra hubiese desviado el cauce15,

pues el mismo dictamen pericial expresamente indicó que el

13 De conformidad con el informe de visita de inspección realizada la quebrada El Tejar,
realizada de 22 de marzo de 2017 (fls. 61 a 66 Índice SAMAI 0002,
“ED_CORREO_BLANCALILIA(.pdf) NroActua 2”, “Tomo 2 201600745.pdf”); el oficio de 14
de marzo de 2018, suscrito por el Director del Grupo Plan de Ordenamiento Territorial y sus
anexos en cumplimiento del auto de pruebas de 25 de octubre de 2017 (fls. 102 a 130,
Índice SAMAI 0002 “ED_CORREO_BLANCALILIA(.pdf) NroActua 2”, “Tomo 1
201600745.pdf”) hechos sobre los cuales son coincidentes las declaraciones testimoniales
recaudadas en primera instancia; el informe técnico rendido por CORTOLIMA el de febrero
de 2018, con el fin de dar cumplimiento a la orden impartida en el auto de pruebas (fls. 136
a 171, Índice SAMAI 0002, “ED_CORREO_BLANCALILIA(.pdf) NroActua 2”, “Tomo 4
201600745.pdf”).
14 De acuerdo con la información incorporada al expediente a través de la contestación de

la demanda (fls. 2 a 28, Índice SAMAI 0002, “ED_CORREO_BLANCALILIA(.pdf) NroActua 2”,
“Tomo 2 201600745.pdf”); el informe técnico suscrito por el Grupo de Prevención y Atención
de Desastres el 6 de octubre de 2016 (fls. 20 a 7 a 25 de la demanda, ídem); el informe de
visita técnica suscrito el 1º de marzo de 2011 (fl. 185 a 189, ídem).
15 En comunicación de 11 de octubre de 2018, mediante la cual el perito designado acepto

el nombramiento, realizó las siguientes precisiones: “[…] Para conocer la dinámica geológica
e hidráulica de la Quebrada El Tejar es necesario: a) Un estudio geológico remontado a
antes de la construcción del muro y otro al día de hoy, con estudios de suelos y concepto
soportado técnicamente por especialista geólogo para conocer las modificaciones internas y
superficiales de los suelos de la Quebrada El Tejar […] c) Para demostrar si se modificó la
dinámica hidráulica, se deben emprender estudios de caudales en la época de construcción
del muro y al día de hoy […]” (fls. 14 a 17, Índice SAMAI 0002, expediente digital obrante
en “ED_CORREO_BLANCALILIA(.pdf) NroActua 2”, “Tomo 5201600745”).

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cuestionamiento referente a la presunta modificación de la dinámica

de esa fuente hídrica requiere estudios técnicos especializados16.

No obstante lo anterior, el MINISTERIO en la contestación de la

demanda admitió expresamente que la malla “[…] fue construida

dentro la zona adoptada por el POT como zona de reserva […]17,hecho

que al estar debidamente acreditado18 dentro del plenario se erige

como razón suficiente para declarar la vulneración del derecho al

goce del ambiente sano, dada la ocupación de ese espacio de

carácter protector que tiene por fin la salvaguarda del recurso

hídrico, máxime si también se demostró que en dicha área también

está ubicado el muro inicial del cerramiento.

Ahora, en cuanto a la instalación de un colector al interior del cauce

por parte de IBAL que, en criterio del MINISTERIO, constituye la

16 Dictamen pericial obrante en Índice SAMAI 0002, expediente digital que reposa en el link

relacionado en “ED_CORREO_BLANCALILIA(.pdf) NroActua 2”, “CUAD DICTAMEN
PERICIAL201600745.pdf”; lo cual es coincidente con la información suministrada por
CORTOLIMA en el informe técnico de el de febrero de 2018, con el fin de dar cumplimiento
a la orden impartida en el auto de pruebas (fls. 136 a 171, Índice SAMAI 0002,
“ED_CORREO_BLANCALILIA(.pdf) NroActua 2”, “Tomo 4 201600745.pdf”).
17
Índice SAMAI 0002, expediente digital obrante en
“ED_CORREO_BLANCALILIA(.pdf) NroActua 2”, “Tomo 2 201600745.pdf”: i)
contestación de la demanda (fl. 22); ii) informe de visita técnica suscrito el 15 de
noviembre de 2012 (fls. 179 a 184); iii) informe de visita técnica suscrito el 1º de
marzo de 2011 (fl. 185 a 189).
18
En el dictamen pericial, expresamente se indicó: “[…] Actualmente, existe otro
muro construido con cimientos en concreto y, malla eslabonada con estructura en
tubos galvanizados […]”.

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fuente de vulneración del citado derecho, la Sala advierte que

durante el trámite del proceso, en las oportunidades pertinentes, no

se demostró que esa intervención hubiere sido ejecutada sin la

aprobación de la autoridad ambiental y, mucho menos, la presunta

afectación que se le es atribuida.

En consecuencia, la Sala concluye que la causa de la vulneración de

los derechos colectivos invocados es: i) el depósito de residuos

sólidos y los vertimientos de aguas residuales de manera directa a la

fuente hídrica por parte de los asentamientos subnormales; y ii) la

construcción del cerramiento de seguridad y el muro inicial con los

mismos fines en la margen protectora aledaña al cauce de la

quebrada El Tejar.

Ahora, respecto de la responsabilidad de las recurrentes, la Sala

considera que:

De la responsabilidad del MUNICIPIO

La Sala advierte que la transgresión de los derechos e intereses

colectivos involucrados obedece a factores de tipo ambiental y otros

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directamente relacionados con la ordenación del territorio y los usos

del suelo, respecto de las cuales el MUNICIPIO tiene expresas

competencias asignadas por la Ley.

En efecto, en materia de ordenación del territorio y control

urbánistico al MUNICIPIO le corresponde la inspección, vigilancia y

control de las acciones urbanísticas que se surten en su territorio19,

lo cual resulta necesario para garantizar la calidad de vida a la

población y el desarrollo físico del territorio de manera adecuada y

sostenible, bajo los principios de la función social y ecológica de la

propiedad, la prevalencia del interés y la distribución equitativa de

las cargas y los beneficios20.

19 Ley 388 de 1997, “[…] ARTÍCULO 36.- Actuación urbanística. Son actuaciones urbanísticas

la parcelación, urbanización y construcción de inmuebles. Cada una de estas actuaciones
comprenden procedimientos de gestión y formas de ejecución con base en las decisiones
administrativas contenidas en la acción urbanística, de acuerdo con los contenidos y criterios
de prevalencia establecidos en los artículos 13, 15, 16 y 17 y demás disposiciones de la
presente ley.
[…]
ARTÍCULO 104.- Sanciones urbanísticas. Las infracciones urbanísticas darán lugar a la
aplicación de las sanciones que a continuación se determinan, por parte de los alcaldes
municipales y distritales y el gobernador del departamento especial de San Andrés y
Providencia, quienes las graduarán de acuerdo con la gravedad de la infracción y la
reiteración o reincidencia en la falta, si tales conductas se presentaren […]”.
20
Ley 388 de 1997. Artículo 2º.

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Asimismo, en lo que respecta a la gestión del riesgo 21, la Ley 1523 de

24 de abril de 201222 señaló como responsables a todas las

autoridades y habitantes del territorio. En consecuencia, en

tratándose de las autoridades, asignó a las entidades públicas,

privadas y comunitarias el desarrollo y ejecución de los procesos de

gestión del riesgo que comprenden conocimiento y reducción del

riesgo y manejo de desastres, en el marco de sus competencias, su

ámbito de actuación y su jurisdicción, como componentes del

Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.

Por su parte, cuando se trata de los habitantes del territorio, los hizo

corresponsables de la gestión del riesgo y, por tanto, deben actuar

con precaución, solidaridad, autoprotección, tanto en lo personal

como en lo de sus bienes y acatar lo dispuesto por las autoridades23.

21 El artículo 1º de la Ley 1523 de 2012 definió la gestión del riesgo como “[…] un proceso

social orientado a la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas,
estrategias, planes, programas, regulaciones, instrumentos, medidas y acciones
permanentes para el conocimiento y la reducción del riesgo y el manejo de desastres, con
el propósito explícito de contribuir a la seguridad, el bienestar, la calidad de vida de las
personas y al desarrollo sostenible […]”.
22 “Por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece

el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones”.
23
Ley 1523. Artículo 2°.

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Ahora, en los ámbitos territoriales, la Sala encuentra que la ley

otorgó funciones específicas en materia de gestión del riesgo

a los alcaldes en los siguientes términos:

“[…] 1.- Como conductor del desarrollo local, “[…] es el
responsable directo de la implementación de los procesos de
gestión del riesgo en el distrito o Municipio, incluyendo el
conocimiento y la reducción del riesgo y el manejo de desastres
en el área de su jurisdicción […]”24.

“[…] 2.- Integrar en la planificación del desarrollo local,
acciones estratégicas y prioritarias en materia de gestión del
riesgo de desastres, especialmente, a través de los planes de
ordenamiento territorial, de desarrollo municipal o distrital y
demás instrumentos de gestión pública [...]”25.

En efecto, el artículo 14 de la Ley 1523 identifica al alcalde, en su

calidad de conductor del desarrollo local, como el responsable directo

de la implementación de los procesos de gestión del riesgo en el

distrito o municipio, incluyendo el conocimiento y la reducción del

riesgo y el manejo de desastres en el área de su jurisdicción.

La disposición en mención se acompasa con lo dispuesto por los

artículos 311 de la Constitución Política y 1° de la Ley 136 de 2 de

junio de 199426, que definen al Municipio como la entidad territorial

24 Ley 1523. Artículo 14.
25 Ley 1523. Artículo 14, parágrafo.
26 “Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento
de los municipios”.

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fundamental en la división político administrativa del Estado, cuya

finalidad es prestar los servicios públicos que determine la ley,

construir las obras que demande el progreso local, ordenar el

desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el

mejoramiento social y cultural de sus habitantes, buscar el bienestar

general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población de su

territorio.

Por consiguiente, en lo atinente a la política de gestión y prevención

del riesgo, es al MUNICIPIO, en cabeza de su alcalde, a quien

corresponde de manera principal implementar, ejecutar, desarrollar,

entre otras, las políticas, actividades y gestiones tendientes a dicho

fin; no obstante, ello no indica que deba dejarse de lado que la misma

Ley 1523 y el Decreto 4147 de 2011, establecieron un trabajo

coordinado y armónico con las demás entidades, en punto al

desarrollo de dicha política27.

Finalmente, la Sala señala que al MUNICIPIO también le asisten

mandatos expresos de conservación del medio ambiente, pues debe

27 Igual consideración fue adoptada por la Sala en un asunto similar que fue resuelto en

sentencia de 28 de noviembre de 2019 (Expediente núm. 13001-23-33-000-2015-00052-
02. Consejera ponente Nubia Margoth Peña Garzón).

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“[…] velar por el adecuado manejo de los recursos naturales y del

ambiente, de conformidad con la Constitución y la ley […]”28, lo que

de suyo implica el deber de promover y ejecutar programas y

políticas que propendan por la protección del medio ambiente, así

como ejercer el control y la vigilancia de los recursos naturales en su

jurisdicción, amparado en sus atribuciones como primera autoridad

de policía del Municipio que, en todo caso, ha de ejercer en

coordinación con las entidades que integran el Sistema Nacional

Ambiental y el apoyo de la Policía Nacional.

En línea con lo anterior, el artículo 65 de la Ley 99 de 22 de diciembre

de 199329, prevé:

“[…] ARTÍCULO 65. FUNCIONES DE LOS MUNICIPIOS, DE LOS
DISTRITOS Y DEL DISTRITO CAPITAL DE SANTAFE DE
BOGOTA. Corresponde en materia ambiental a los municipios, y a los
distritos con régimen constitucional especial, además de las funciones
que les sean delegadas por la ley o de las que deleguen o transfieran
a los alcaldes por el Ministerio del Medio Ambiente o por las
Corporaciones Autónomas Regionales, las siguientes atribuciones
especiales:

[…] 2) Dictar con sujeción a las disposiciones legales reglamentarias
superiores, las normas necesarias para el control, la preservación y
la defensa del patrimonio ecológico del municipio;

28 Ley 136 de 2 de junio de 1994, “Por la cual se dictan normas tendientes a
modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios”. Artículo 3º,
numeral 10.
29 “Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público

encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales
renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA y se dictan otras
disposiciones”.

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4) Participar en la elaboración de planes, programas y proyectos de
desarrollo ambiental y de los recursos naturales renovables a nivel
departamental.

[…]

6) Ejercer, a través del alcalde como primera autoridad de policía con
el apoyo de la Policía Nacional y en Coordinación con las demás
entidades del Sistema Nacional Ambiental (SINA), con sujeción a la
distribución legal de competencias, funciones de control y vigilancia
del medio ambiente y los recursos naturales renovables, con el fin de
velar por el cumplimiento de los deberes del Estado y de los
particulares en materia ambiental y de proteger el derecho
constitucional a un ambiente sano;

7) Coordinar y dirigir, con la asesoría de las Corporaciones Autónomas
Regionales, las actividades permanentes de control y vigilancia
ambientales que se realicen en el territorio del municipio o distrito
con el apoyo de la fuerza pública, en relación con la movilización,
procesamiento, uso, aprovechamiento y comercialización de los
recursos naturales renovables o con actividades contaminantes y
degradantes de las aguas, el aire o el suelo;

[…]

9) Ejecutar obras o proyectos de descontaminación de corrientes o
depósitos de agua afectados por vertimientos del municipio, así como
programas de disposición, eliminación y reciclaje de residuos líquidos
y sólidos y de control a las emisiones contaminantes del aire.

10) Promover, cofinanciar o ejecutar, en coordinación con los entes
directores y organismos ejecutores del Sistema Nacional de
Adecuación de Tierras y con las Corporaciones Autónomas
Regionales, obras y proyectos de irrigación, drenaje, recuperación de
tierras, defensa contra las inundaciones y regulación de cauces o
corrientes de agua, para el adecuado manejo y aprovechamiento de
cuencas y micro-cuencas hidrográficas […]”.

De lo expuesto y de cara a los argumentos que fundamentaron el

recurso de apelación del ente territorial, para la Sala resulta evidente

que el MUNICIPIO no solo tiene legitimación en la causa por pasiva

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para ser llamado al proceso, sino también debe ser declarado

responsable de la transgresión a los derechos colectivos invocados.

De igual forma, la Sala concluye que las acciones y omisiones que

resultan endilgables a los demás sujetos que integran el extremo

pasivo del proceso, e inclusive a la misma comunidad afectada, no

tiene la potencialidad de exonerar al ente territorial de las funciones

que por mandato legal le son inherentes, valga decir, el control

urbanístico como expresión de sus facultades en materia de

ordenación del territorio, así como aquellas funciones encaminadas a

la protección del medio ambiente y los recursos renovables en ese

mismo espacio geográfico.

Ahora bien, el MUNICIPIO refirió que el problema suscitado por el

manejo y disposición inadecuada de residuos sólidos es un asunto de

responsabilidad de las empresas de recolección que operan en su

territorio, cuyo argumento, a juicio de la Sala, no es de recibo, pues

no se acompasa con las disposiciones que rigen la prestación de los

servicios públicos y, en particular, el servicio de aseo, y desconoce

sus competencias y facultades de policía.

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En efecto, en desarrollo del mandato constitucional previsto en el

artículo 311 de la Constitución Política de Colombia, el legislador 30

dispuso expresamente que los municipios son los principales

garantes de la prestación de los servicios públicos domiciliario en

condiciones de oportunidad y eficiencia, lo que significa que en los

casos en los cuales estos servicios son prestados mediante empresas

creadas con ese objetivo, no les resulta dable sustraerse del

cumplimiento de ese deber legal que les asiste.

En esa misma línea, en punto al servicio público de aseo, el Decreto

2981 de 20 de diciembre de 201331, prevé:

“[…] Artículo 6°. Responsabilidad de la prestación del servicio
público de aseo. De conformidad con la ley, es responsabilidad de
los municipios y distritos asegurar que se preste a todos sus
habitantes el servicio público de aseo de manera eficiente.

[…]

Artículo 8°. Cobertura. Los municipios o distritos, deben garantizar
la prestación del servicio de aseo a todos sus habitantes dentro de su
territorio por parte de las personas prestadoras de servicio público de
aseo independientemente del esquema adoptado para su prestación.
Para ello deberá planificarse la ampliación permanente de la cobertura
teniendo en cuenta, entre otros aspectos el crecimiento de la
población y la producción de residuos […]”.

30 Ley 142 de 11 de julio de 1994, “Por la cual se establece el régimen de servicios públicos

domiciliarios y se dictan otras disposiciones”. Artículo 5, numeral 5.1.
31
“Por el cual se reglamenta la prestación del servicio público de aseo”.

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De otro lado, atendiendo a las facultades que detenta el

MUNICIPIO en materia ambiental y a su vez como máxima

autoridad de policía en la respectiva jurisdicción, la Ley 159 de

19 de diciembre de 200832 dispuso:

“ARTÍCULO 1o. OBJETO. La finalidad de la presente ley es crear e
implementar el Comparendo Ambiental como instrumento de cultura
ciudadana, sobre el adecuado manejo de residuos sólidos y
escombros, previendo la afectación del medio ambiente y la salud
pública, mediante sanciones pedagógicas y económicas a todas
aquellas personas naturales o jurídicas que infrinjan la normatividad
existente en materia de residuos sólidos; así como propiciar el
fomento de estímulos a las buenas prácticas ambientalistas.

[…]

ARTÍCULO 4o. SUJETOS PASIVOS DEL COMPARENDO
AMBIENTAL. Serán sujetos pasivos del Comparendo Ambiental
todas las personas naturales y jurídicas que incurran en faltas contra
el medio ambiente, el ecosistema y la sana convivencia, sean ellos
propietarios o arrendatarios de bienes inmuebles, dueños, gerentes,
representantes legales o administradores de todo tipo de local, de
todo tipo de industria o empresa, las personas responsables de un
recinto o de un espacio público o privado, de instituciones oficiales,
educativas, conductores o dueños de todo tipo de vehículos desde
donde se incurra en alguna o varias de esas faltas mediante la mala
disposición o mal manejo de los residuos sólidos o los escombros.

[…]

ARTÍCULO 9o. RESPONSABLE DE LA APLICACIÓN DEL
COMPARENDO AMBIENTAL. El responsable de la aplicación de la
sanción por Comparendo Ambiental en cada circunscripción
municipal será su respectivo alcalde, quien podrá delegar en su
Secretario de Gobierno o en quien haga sus veces. En cuanto a las
infracciones ambientales en vías o espacios públicos causadas desde
vehículos automotores o de tracción humana o animal, el

32 “Por medio de la cual se instaura en el territorio nacional la aplicación del comparendo

ambiental a los infractores de las normas de aseo, limpieza y recolección de escombros; y
se dictan otras disposiciones”.

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responsable será el respectivo alcalde, quien podrá delegar en su
Secretario de Tránsito o en la autoridad que haga sus veces.

PARÁGRAFO. La Policía Nacional, los Agentes de Tránsito, los
Inspectores de Policía y Corregidores serán los encargados de
imponer directamente el Comparendo Ambiental a los infractores
[…]”.

A su turno, la Ley 1801 de 29 de julio de 201633, en punto a las

conductas sancionables referentes a la recolección de residuos,

establece:

“[…] ARTÍCULO 111. COMPORTAMIENTOS CONTRARIOS A LA
LIMPIEZA Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS Y ESCOMBROS Y
MALAS PRÁCTICAS HABITACIONALES. Los siguientes
comportamientos son contrarios a la habitabilidad, limpieza y
recolección de residuos y escombros y por lo tanto no deben
efectuarse:

[…] 3. Arrojar residuos sólidos y escombros en sitios de uso público,
no acordados ni autorizados por autoridad competente.

[…]

8. Arrojar basura, llantas, residuos o escombros en el espacio
público o en bienes de carácter público o privado.

[…]

13. Arrojar en las redes de alcantarillado, acueducto y de aguas
lluvias, cualquier objeto, sustancia, residuo, escombros, lodos,
combustibles y lubricantes, que alteren u obstruyan el normal
funcionamiento […]”.

33
“Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana”.

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En los anteriores términos es dable concluir que el cargo tendiente a

trasladar a las empresas prestadoras del servicio de aseo la

responsabilidad atribuible al MUNICIPIO, respecto de la

contaminación de la quebrada El Tejar por el manejo y disposición

inadecuada de escombros y residuos sólidos en el sector, carece de

vocación de prosperidad.

Sin embargo, la Sala considera procedente instar a las empresas

prestadoras del servicio público en mención para que, de forma

activa, apoyen al MUNICIPIO en la ejecución de las acciones que

deberá adelantar con miras a hacer cesar la vulneración del derecho

colectivo al ambiente sano por las circunstancias ya descritas, tal y

como se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

De la responsabilidad del MINISTERIO

Con fundamento en las pruebas allegadas al proceso y en atención a

las causas de la vulneración de los derechos colectivos analizadas en

precedencia, a juicio de la Sala, el MINISTERIO si es responsable

de la vulneración de los derechos colectivos, en atención a la

construcción del cerramiento de seguridad y del muro inicial del

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cerramiento en la margen protectora aledaña al cauce de la quebrada

El Tejar.

En criterio de la Sala, las acciones referentes a la limpieza del cauce

y la reforestación del sector circundante a la quebrada, esta última

en cumplimiento de la medida compensatoria ordenada por

CORTOLIMA en el marco del proceso sancionatorio, así como la

disposición de residuos sólidos en la quebrada por parte de la

comunidad que, a su vez ha invadido la zona protectora, no

constituyen argumentos válidos para liberar al MINISTERIO de la

responsabilidad que le asiste, como bien fue expuesto en líneas

anteriores y, en todo caso, sin dejar de lado la participación de otros

actores en la materialización de la problemática ventilada ante el juez

popular.

En este contexto argumentativo, los cargos de apelación formulados

por el MINISTERIO no están llamados a prosperar.

Ahora, comoquiera que actualmente en la franja de protección

aledaña a la quebrada El Tejar están ubicados el muro inicial del

cerramiento y la malla eslabonada construida por el Batallón, es del

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caso, adicionar el numeral segundo de la parte resolutiva de la

sentencia, en el sentido de ordenar que, en la estructuración del plan

de recuperación, CORTOLIMA disponga la realización de un estudio

técnico para dilucidar la necesidad o no de retirar y/o reubicar dichas

estructuras, cuya ejecución deberá llevarse a cabo por parte del

BATALLÓN.

De la congruencia de la sentencia

Con la finalidad de resolver los cargos formulados por CORTOLIMA

como sustento de su recurso, la Sala se referirá a las consideraciones

expuestas por el Tribunal que sirvieron de fundamento para atribuir

la responsabilidad en el cumplimiento de las órdenes impartidas.

Sobre el particular, el Tribunal adujo:

“[…] En ese sentido, vale la pena resaltar que desde la Constitución
Política en su artículo 288, estableció que el ordenamiento territorial
tendría una clara distribución de competencias entre la Nación y las
entidades territoriales, sin embargo, esas competencias deben ser
ejercidas conforme a los principios de coordinación, concurrencia y
subsidiariedad; principios que fueron plenamente definidos en el
artículo 4 de la Ley 136 de 1994 […]

Específicamente, en materia de gestión del riesgo la Ley 1523 de
2012 claramente indicó que estos principios eran los orientadores del
ejercicio de las entidades que conforman el Sistema Nacional de
Gestión del Riesgo de Desastres, al plantear que:
[…]

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De estos principios, se puede deducir que dichas entidades deben
trabajar en forma articulada tanto en el proceso de planificación y
ejecución de las obras de prevención y atención de desastres,
lógicamente desde el ámbito de sus competencias y roles, puesto que,
tal como se advirtió, inicialmente el primer respondiente es el
municipio, y, en concordancia, a los departamentos que desarrollan
funciones especiales de planeación, conocimiento y seguimiento del
riesgo, así mismo, cuando estas dos entidades podrán ser
acompañadas, asesoradas y orientadas por las entidades del orden
nacional que pertenece al Sistema Nacional de Gestión del Riesgo […]
En materia de control de asentamientos ilegales el Municipio de
Ibagué es el primer y principal obligado acorde con los artículos […],
entre otras disposiciones normativas que tienen relación con la
organización del territorio municipal y con la prestación de servicios
esenciales de sus habitantes.

En ese mismo sentido, sin discusión alguna es el obligado a ejecutar
las disposiciones contenidas en el Plan de Ordenamiento Territorial
del Municipio de Ibagué, situación inherente como consecuencia de
la reubicación o reasentamiento de las personas que se
encuentran en la ronda hídrica y protección de la quebrada El
Tejar, sumado a que, la ejecución de estas acciones no solo
serán en cumplimiento de estas normas sino también, de las
disposiciones de orden ambiental que sean necesarias para el
reasentamiento.

Sumado a ello, la Ley 388 de 1997 precisa que el componente urbano
del plan de ordenamiento territorial debe contener por lo menos los
mecanismos para la reubicación de los asentamientos humanos
localizados en zonas de alto riesgo para la salud e integridad de sus
habitantes, incluyendo la estrategia para su transformación para
evitar su nueva ocupación, situación que plenamente se aplica a este
caso, pues según los informes técnicos y dictámenes periciales
existen viviendas que no respetaron la ronda hídrica y de protección
de la quebrada, así como, la existencia de nuevos asentamientos
irregulares que afectaron el ecosistema vegetal e interrumpieron la
dinámica de este afluente.

[…]

En ese sentido, CORTOLIMA al ser la autoridad que define las políticas
del medio ambiente en el orden territorial, debe participar
activamente en la planeación y elaboración y ejecución del
plan de mejoramiento y protección del afluente hídrico El Tejar
del Municipio de Ibagué, precisamente para que en dicho

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proceso contemple la “defensa y protección o para la
descontaminación o recuperación del medio ambiente y los
recursos naturales no renovables”, tal como lo precisa
explícitamente el numeral 20 de artículo 31 de la Ley 99, por lo que
ese ejercicio debe realizarse en concurrencia con la
competencia atribuida a los municipios en todas las
actividades, obras de infraestructura y proyectos que se
desarrollarán y que puedan generar deterioro ambiental,
máxime cuando su labor constituye también la inspección,
vigilancia, seguimiento y control de los recursos renovables y
no renovables.

Sumado a ello, CORTOLIMA le compete ejercer las funciones de
evaluación, control y seguimiento ambiental de actividades, proyectos
o factores que generen o pudieran generar deterioro ambiental, como
en este caso, si bien se desarrolló un proceso sancionatorio ambiental
del cual resultó el Ejército Nacional sancionado por ocupación de la
zona de protección de la quebrada El Tejar, también lo es que
considera la Sala que el desplazamiento de la malla eslabonada no se
realizó respetando la zona de aislamiento de la fuente hídrica, sumado
a que, no se ordenó el levantamiento del muro de 30 cm de altura
que quedó de la construcción inicial efectuada por el Ejército Nacional,
situación que contrario a lo concluido por la autoridad ambiental, si
constituye un elemento ajeno a la zona de protección, al punto que,
los dos dictámenes periciales y el Ministerio Público, señalaron que
dicha construcción no tenía ninguna función positiva, por lo que debía
ser un objeto removido de la zona de protección de la quebrada El
Tejar, situación que obvió CORTOLIMA.

En ese orden de ideas, hace parte de sus deberes promover y ejecutar
obras de irrigación, avenamiento, defensa contra las inundaciones,
regulación de cauces y corrientes de agua, y de recuperación de
tierras que sean necesarias para la defensa, protección y
adecuado manejo de cuencas hidrográficas del territorio de su
jurisdicción.

En materia del riesgo de desastres sobre la población ubicada en el
sector de la corona del talud de los barrios Los Nogales y Ricaurte, la
Ley 1523 de 2012, señaló en su artículo 31 que las Corporaciones
Autónomas Regionales son integrantes del Sistema Nacional de
Gestión del Riesgo, y les imponen el deber de i) apoyar a las entidades
territoriales de su jurisdicción ambiental en todos los estudios
necesarios para el conocimiento y la reducción del riesgo, los cuales
serán integrados a los planes de ordenamiento de cuencas, de gestión
ambiental, de ordenamiento territorial y de desarrollo; ii) apoyar las
labores de gestión del riesgo que corresponden a la sostenibilidad

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ambiental del territorio; iii) propender por la articulación de las
acciones de adaptación al cambio climático y la de gestión del riesgo
de desastre en su territorio, en virtud de que ambos procesos
contribuyen explícitamente a mejorar la gestión ambiental territorial
sostenible; iv) apoyar a las entidades territoriales que existan
en sus respectivas jurisdicciones en la implementación de los
procesos de gestión del riesgo de acuerdo con el ámbito de sus
competencias y serán corresponsables en la implementación;
v) realizar actividades de análisis, seguimiento, prevención y control
de desastres, en coordinación con las demás autoridades
competentes; vi) asistirlas en los aspectos medioambientales en la
prevención y atención de emergencias y desastres; vii) adelantar
con las administraciones municipales o distritales programas
de adecuaciones de áreas urbanas en zonas de alto riesgo,
tales como control de erosión, manejo de cauces y
reforestación.

Entonces, es evidente que debe realizar una serie de obras
respecto del impacto medio ambiental de la quebrada, así
como, para mejorar el talud existente, lo que necesariamente
exige que CORTOLIMA deberá prestar la asesoría técnica,
materializada en estudios concretos, habida cuenta de la
especialidad e importancia de la misma, por lo que
CORTOLIMA deberá ejecutar un trabajo coordinado y armónico
junto con las demás entidades señaladas por la ley, dentro de
las cuales se encuentra claramente el Municipio de Ibagué, al
punto de ser corresponsables en la implementación de proceso
de conocimiento, reducción, prevención y gestión del riesgo de
desastres […]” (Resaltado fuera del texto).

Ahora, el Tribunal en la parte resolutiva de la sentencia ordenó lo

siguiente:

“[…] CUARTO: ORDENAR al Municipio de Ibagué y a la
Corporación Autónoma Regional del Tolima "CORTOLIMA", que
en el marco de sus competencias dentro de los tres (03) meses
siguientes a la ejecutoria de la presente providencia adelante las
gestiones administrativas, presupuestales y financieras para que se
realice un informe técnico para determinar en el sector ubicado calle
25 carrera 11 sur manzana c casa 22 y 23 Los Nogales hasta la carrera
11 sur Nro. 24-383 del barrio El Ricaurte, cuáles son las viviendas
que se encuentran en alto riesgo conforme el Plan de Ordenamiento
Territorial y que deberán ser objeto de reubicación.

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QUINTO: ORDENAR al Municipio de Ibagué y a la Corporación
Autónoma Regional del Tolima "CORTOLIMA", que, en el marco
de sus competencias, atendiendo los conceptos emitidos en la parte
motiva, el informe técnico ordenado en el numeral cuarto de esta
providencia y otros que se dispongan, garanticen en un plazo de
doce (12) meses siguientes a la ejecutoria de la presente providencia
la reubicación de los propietarios de las viviendas determinadas, a un
lugar seguro donde no resulten amenazados a efectos de que puedan
continuar desarrollando sus proyectos de vida y actividades
económicas.

Se advierte que el proceso de reubicación, corresponde únicamente a
las viviendas que cuentan con todo el proceso de legalización
respectiva, por lo que se exceptúa cualquier vivienda o asentamiento
irregular.

SEXTO: ORDENAR al Municipio de Ibagué y a la Corporación
Autónoma Regional del Tolima "CORTOLIMA" que, en el marco
de sus competencias, atendiendo los conceptos emitidos, y en
especial el informe técnico de numeral cuarto de esta providencia y
otros que se dispongan, garanticen en un plazo de tres(03) meses
siguientes a la ejecutoria de la presente providencia, la reubicación
de los habitantes que tienen la calidad de arrendatarios de las
viviendas determinadas apoyándolos en forma temporal con subsidios
de arrendamiento por este mismo periodo.

SÉPTIMO: ORDENAR al Municipio de Ibagué y a la Corporación
Autónoma Regional del Tolima "CORTOLIMA”, que en el marco
de sus competencias en el proceso de reubicación se garantice
viviendas dignas, dotadas de servicios públicos domiciliarios,
construidas con sujeción a las acciones urbanísticas pertinentes y los
planes de ordenamiento del territorio, que podrán ser objeto de
modificaciones, de ser necesario, para lograr la ejecución de esta
sentencia y la protección de los derechos colectivos de los habitantes
de las viviendas que fueron determinadas en el informe técnico del
numeral cuarto de esta providencia.

OCTAVO. ORDENAR al Municipio de Ibagué y a la Corporación
Autónoma Regional del Tolima "CORTOLIMA”, que el proceso de
reubicación de los habitantes se inicie con los habitantes de las
viviendas en donde existe mayor nivel de riesgo y progresivamente
con los demás habitantes que sean objeto de protección, según el
informe técnico establecido el numeral cuarto de la presente
providencia. De acuerdo a ello, los habitantes que efectivamente
reciban el beneficio de reubicación, deberán transferir previamente al

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Municipio de Ibagué los derechos sobre los inmuebles que ocupan
actualmente, para que se procede con la demolición de las
construcciones correspondientes.

NOVENO: ORDENAR al Municipio de Ibagué y a la Corporación
Autónoma Regional del Tolima "CORTOLIMA” que, en un plazo
de doce (12) meses contados a partir de la ejecutoria de esta
providencia, efectúen las gestiones administrativas presupuestales y
financieras con fines a recuperar - espacio público - la ronda de
protección hídrica de la Quebrada EI Tejar durante todo su recorrido
de los asentamientos humanos y/o ocupaciones de viviendas
construidas ilegalmente estableciendo responsables y fechas ciertas
para su ejecución.

[…]

DÉCIMO PRIMERO: ORDENAR al Municipio de Ibagué y la
Corporación Autónoma Regional del Tolima "CORTOLIMA" que,
en un plazo de un (01) mes planifiquen y coordinen actividades
participativas correspondientes a jornadas de capacitación
comunitaria con acciones que propendan a la modificación de hábitos
de consumo, reutilización de elementos, adecuada separación de la
fuente almacenamiento y presentación de residuos sólidos
domiciliarios para la recolección de estos, que son generados por las
viviendas aledañas al recorrido de la Quebrada El Tejar.

DÉCIMO SEGUNDO: ORDENAR a la Corporación Autónoma
Regional Del Tolima "CORTOLIMA", que participe activamente en
la planeación y elaboración y ejecución del plan de recuperación de la
fuente hídrica El Tejar y el de la reubicación o reasentamiento de
las viviendas determinadas en el informe técnico del numeral
cuarto de esta providencia, precisamente para que en dicho
proceso contemple la "defensa y protección o para la
descontaminación o recuperación del medio ambiente y los
recursos naturales no renovables", por lo que ese ejercicio debe
realizarse en concurrencia con la competencia atribuida al municipio
en todas las actividades, obras de infraestructura y proyectos que se
desarrollaran y que puedan generar deterioro ambiental máxime
cuando su labor constituye también la inspección, vigilancia,
seguimiento y control de los recursos renovables y no renovables
[…]”.

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De lo expuesto, a juicio de la Sala, las órdenes que le fueron

impartidas a CORTOLIMA en materia de reubicación si están acorde

con lo considerado en la parte motiva de la sentencia, razón por la

que no se configura la alegada falta de congruencia.

Ahora, la Sala advierte que aunque exista una consonancia entre lo

considerado y lo resuelto, ello no implica que las órdenes impartidas

a CORTOLIMA, especialmente en lo referente a la reubicación, estén

acordes con sus competencias constitucionales y legales.

En efecto, en asuntos similares al aquí estudiado, la Sección ha

impartido la orden de reubicación de asentamientos ilegales en área

de ronda y demás actividades relacionadas con la misma, al

municipio, pues éste, y no las corporaciones autónomas regionales,

es el encargado directo de dicha competencia34. Sobre el particular,

en sentencia de 9 de mayo de 202435 se consideró que:

“[…] 149. Respecto de la orden relativa a que se “[…] efectúen las
gestiones administrativas, presupuestales y financieras con fines a

34 Pueden ser consultadas las sentencias de 21 de enero de 2021 (expediente núm.
66001233100020100028702, consejera ponente Nubia Margoth Peña Garzón), 27 de mayo
de 2021 (Expediente núm. 68001-23-33-000-2019-00411-01, consejera ponente Nubia Margoth Peña
Garzón), y 1o. de junio de 2020 (Expediente núm. 68001-23-31-000-2012-00091-01, consejero ponente
Hernando Sánchez Sánchez ) , entre otras.
35 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Consejero

ponente; Hernando Sánchez Sánchez, sentencia de nueve (9) de mayo de dos mil
veinticuatro (2024). Radicado: 730012333000201600558-01

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recuperar - espacio público - la ronda de protección hídrica de la
Quebrada El Sillón durante todo su recorrido a cielo abierto respecto
de los asentamientos humanos y/o ocupaciones de viviendas
construidas ilegalmente, estableciendo responsables y fechas ciertas
para su ejecución […]”, la Sala observa que, en virtud del Decreto Ley
2811 de 18 de diciembre de 197494 y del Decreto 1449 de 27 de
junio de 1977, la franja paralela a la línea del cauce permanente de
ríos, hasta de 30 metros de ancho, son bienes inalienables e
imprescriptibles del Estado, así como “áreas forestales protectoras”
(Destacado fuera de texto).

150. En ese orden, por sus características, estas zonas constituyen
espacio público y, en consecuencia, están por fuera del comercio, no
se puede adquirir por medio del transcurso del tiempo en virtud de la
posesión y no puede ser objeto de adjudicación.

151. Ahora bien, la Constitución Política de Colombia asigna a las
autoridades administrativas municipales, concejos y alcaldes, la
competencia para regular los aspectos esenciales y protección del
espacio público. En atención a lo anterior, la Ley 388 y el Decreto
Reglamentario 1504 de 4 de agosto de 199896, disponen que las
autoridades municipales y distritales deben reglamentar la
administración y conservación del espacio público en los Planes de
Ordenamiento Territorial. En efecto, cuando un sector social incurre
en el abuso del espacio público, le corresponde al alcalde su
recuperación como función policiva. Por ello, en los eventos de una
invasión, esa autoridad, profiere la orden de desalojo que se ejecuta
con la colaboración de la fuerza pública.

152. En ese orden de ideas, la Sala considera que el Municipio de
Ibagué es competente para cumplir la orden de efectuar las gestiones
administrativas, presupuestales y financieras con fines a recuperar el
espacio público que, en este caso, constituye la ronda de protección
hídrica de la Quebrada El Sillón, durante todo su recorrido a cielo
abierto, en el área de su jurisdicción y respecto de los asentamientos
humanos y/o ocupaciones de viviendas construidas ilegalmente,
estableciendo responsables y las medidas necesarias para la
protección del medio ambiente y del espacio público, conforme lo
ordenado en el ordinal quinto de la parte resolutiva de la Sentencia
de 30 de marzo de 2023.

153. Sin perjuicio de lo anterior, la Sala considera que se debe
modificar el ordinal quinto de la parte resolutiva de la sentencia
proferida, en primera instancia, con el objeto de clarificar que el
ejercicio de las gestiones administrativas, presupuestales y
financieras, así como la determinación de responsabilidades y

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medidas necesarias para la protección del medio ambiente y del
espacio público de la Quebrada El Sillón y su ronda, a cargo del
Municipio, implica, entre otras medidas:

153.1. Realizar, dentro del término de un (1) mes, contado a partir
de la notificación de esta sentencia, un censo, en el área de su
jurisdicción, con el objeto de determinar las estructuras
habitacionales -o de cualquier otro tipo- ubicadas en forma
permanente o transitoria en la precitada Quebrada o en su zona de
ronda; 153.2. Iniciar y adelantar de manera inmediata, en el marco
de sus competencias, al vencimiento del plazo anterior, las medidas
administrativas, policivas o de otra índole, necesarias, orientadas a
garantizar la protección de la zona de ronda de la Quebrada El Sillón;
153.3. Adelantar, dentro del término de cuatro (4) meses, contados
a partir de la notificación de esta sentencia, las gestiones necesarias
para lograr la reubicación de las familias que habitan en la zona de
ronda de la Quebrada El Sillón, ubicadas en el área de su jurisdicción,
con la claridad de que, dentro del término de dieciocho (18) meses,
contado a partir del vencimiento del plazo anterior y sin perjuicio de
las medidas urgentes a que haya lugar, el Municipio de Ibagué deberá
reubicar de forma definitiva, en un lugar que permita el acceso a los
servicios públicos, a las familias que habitan en la zona de ronda de
la Quebrada El Sillón, ubicadas en el área de su jurisdicción; 153.4.
Establecer, dentro del término de un (1) mes, contado a partir de la
notificación de esta sentencia, criterios administrativos y probatorios
que permitan verificar que las familias beneficiarias de las medidas
de reubicación hubieren habitado permanentemente en la Quebrada
o su zona de ronda, durante el período objeto de amparo, que
comprende la presentación de la demanda que dio origen a este
proceso y la fecha en que se profiere esta sentencia, en segunda
instancia; y adoptar y ejecutar, dentro del mismo término, un
mecanismo dirigido a evitar que, luego de la reubicación de las
personas y familias, otras personas o grupos de ellas se instalen en
la Quebrada El Sillón o en su zona de ronda, en el área de su
jurisdicción. 154. En todo caso, si durante la ejecución de la orden
anterior se observa que razonablemente es necesario otorgar un
plazo adicional, el Tribunal Administrativo del Tolima, en el marco del
Comité de Verificación, proferirá las decisiones que considere
necesarias para garantizar su cumplimiento, de conformidad con el
artículo 34 de la Ley 472 […]».

En consecuencia, las órdenes relacionadas con el censo de las

viviendas expuestas a un alto riesgo, el proceso de reubicación de

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quienes las habitan, la asignación de subsidios de arrendamiento y

la recuperación del espacio público constituyen asuntos que

desbordan los límites competenciales de la autoridad ambiental y de

suyo implican el desconocimiento de normas de rango superior como

el artículo 121 de la Constitución36, razón por la que se modificarán

los numerales cuarto a noveno de la parte resolutiva de la sentencia

apelada en el sentido de excluir a CORTOLIMA, tal y como se

dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

Ahora, la orden de planeación, elaboración y ejecución del plan de

recuperación de la fuente hídrica El Tejar encuentra pleno sustento

en las funciones atribuidas a las corporaciones autónomas en los en

numerales 18, 19 y 20 de la Ley 9937, así como lo referente a las

jornadas de capacitación sobre hábitos de consumo, reutilización de

elementos, adecuada separación de la fuente, almacenamiento y

36 “[…] ARTICULO 121. Ninguna autoridad del Estado podrá ejercer funciones distintas de

las que le atribuyen la Constitución y la ley. […]”.
37 “[…] 18. Ordenar y establecer las normas y directrices para el manejo de las cuencas

hidrográficas ubicadas dentro del área de su jurisdicción, conforme a las disposiciones
superiores y a las políticas nacionales;
19. Promover y ejecutar obras de irrigación, avenamiento, defensa contra las inundaciones,
regulación de cauces y corrientes de agua, y de recuperación de tierras que sean necesarias
para la defensa, protección y adecuado manejo de las cuencas hidrográficas del territorio
de su jurisdicción, en coordinación con los organismos directores y ejecutores del Sistema
Nacional de Adecuación de Tierras, conforme a las disposiciones legales y a las previsiones
técnicas correspondientes […].
20. Ejecutar, administrar, operar y mantener en coordinación con las entidades territoriales,
proyectos, programas de desarrollo sostenible y obras de infraestructura cuya realización
sea necesaria para la defensa y protección o para la descontaminación o recuperación del
medio ambiente y los recursos naturales renovables […]”.

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presentación de residuos sólidos domiciliarios, las cuales están

amparadas jurídicamente en los deberes de que tratan los numerales

338 y 2439 ídem, dada la incidencia directa de estas actividades en la

salvaguarda del goce a un ambiente sano y la conservación del

recurso hídrico.

De la procedencia de condenar en costas

Para resolver el último problema jurídico, es pertinente referirse a la

sentencia de unificación proferida por la Sala Plena de lo Contencioso

Administrativo de esta Corporación el 6 de agosto de 2019 40, en la

que se precisó el alcance del artículo 38 de la Ley 472, en los

siguientes términos:

“[…] 90. Así pues, de la literalidad de la disposición analizada se
concluye que las costas procesales, en su componente de expensas
y agencias en derecho, es un tema regulado de manera expresa,
especial, clara y completa, en el artículo 38 de la Ley 472 de 1998,

38 “[…] 3. Promover y desarrollar la participación comunitaria en actividades y programas

de protección ambiental, de desarrollo sostenible y de manejo adecuado de los recursos
naturales renovables […]”.
39 “[…] 24. Transferir la tecnología resultante de las investigaciones que adelanten las

entidades de investigación científica y de apoyo técnico del nivel nacional que forman parte
del Sistema Nacional Ambiental, SINA, y prestar asistencia técnica a entidades públicas y
privadas y a los particulares, acerca del adecuado manejo de los recursos naturales
renovables y la preservación del medio ambiente, en la forma que lo establezcan los
reglamentos y de acuerdo con los lineamientos fijados por el Ministerio del Medio Ambiente
[…]”.
40 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, consejera ponente Rocío

Araújo Oñate, providencia de 6 de agosto de 2019, expediente núm. 15001-33-33-007-
2017-00036-01(AP)REV-SU.

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razón por la cual no le está permitido al fallador aplicar un
ordenamiento diferente al del procedimiento civil, pues tal
autorización se previó en el artículo 4420 de la Ley 472 de 1998
respecto de los asuntos no regulados.

91. En la teleología de la disposición, al contrastar el texto del
artículo 38 ejusdem, con la exposición de motivos y los debates
surtidos en el Congreso de la República con ocasión de la expedición
de la Ley 472 de 1998, la Sala encuentra pleno sustento, pues aun
cuando en las gacetas legislativas no halla referencia específica a las
razones por las cuales el legislador diseñó las reglas del
reconocimiento de las costas en las acciones populares y acogió el
régimen del procedimiento civil para tal efecto, se constata que el
carácter constitucional del mecanismo y la finalidad protectoria de
los derechos colectivos, determinó en el legislador la necesidad de
diseñar un régimen especial, autónomo y distinto al previsto para
los medios de control judicial de carácter legal […]”.

92. Desde el punto de vista histórico y revisados los antecedentes
legislativos de la Ley 472 de 1998 aparece palpable el
reconocimiento de la acción popular como mecanismo público donde
se ventila un asunto de interés general, lo cierto es que el legislador
reconoció que tal esfuerzo, sustentado en el principio de solidaridad;
requiere ser compensado aún, cuando no responde a la defensa de
un interés subjetivo, con lo cual, a diferencia de otros mecanismos
constitucionales que también propenden por la defensa del interés
público, las acciones populares constituyan una excepción en
materia de condena en costas, a pesar de que con ellas no se entable
una controversia o litis de carácter subjetivo.

[…] 6.4.1 Reglas de unificación

163. El artículo 38 de la Ley 472 de 1998 admite el reconocimiento
de las costas procesales a favor del actor popular y a cargo de la
parte demandada, siempre que la sentencia le resulte favorable
a las pretensiones protectoras de los derechos colectivos, y la
condena en costas, a la luz del artículo 361 del Código General del
proceso, incorpora tanto el concepto de expensas y gastos procesales
como el de las agencias en derecho.

164. También hay lugar a condenar en costas a la parte demandada, en
los componentes de expensas o gastos procesales y de agencias en
derecho, cuando haya actuado con temeridad o mala fe. En este último
evento, también habrá lugar a condenarlo al pago de la multa prevista en
la disposición 38 ibidem.

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165. Sólo cabe reconocer costas a favor de la parte demandada y a cargo
del actor popular, cuando este último actuó temerariamente o de mala
fe, caso en el cual también habrá lugar a imponer la multa prevista en el
artículo 38 de la Ley 472 de 1998. No hay lugar a condenarlo cuando la
demanda le sea decidida en contra. En este evento la condena en costas
sólo admite el reconocimiento de los honorarios y de las expensas, pues
al tenor del artículo 364 del Código General del Proceso, es claro que las
agencias en derecho no corresponden a los honorarios a los que se refiere
la norma, pues ellos se señalan en relación con los auxiliares de la justicia.

166. Conforme lo dispone el artículo 38 de la Ley 472 de 1998,
armonizado con el artículo 361 del Código General del Proceso, en las
acciones populares la condena en costas a favor del actor popular incluye
las expensas, gastos y agencias en derecho con independencia de que la
parte actora haya promovido y/o concurrido al proceso mediante
apoderado judicial o lo haya hecho directamente.

167. En cualquiera de los eventos en que cabe el reconocimiento
de las costas procesales, bien sea en cuanto a las expensas y
gastos procesales o a las agencias en derecho, bien sea a favor del
actor popular o de la parte demandada, la condena se hará atendiendo
las reglas previstas en el artículo 365 del Código General del Proceso, de
forma que sólo se condenará al pago de aquellas que se
encuentren causadas y se liquidarán en la medida de su
comprobación.

169. Para este efecto, se entenderá causada la agencia en
derecho siempre que el actor popular resulte vencedor en la
pretensión protectoria de los derechos colectivos y su
acreditación corresponderá a la valoración que efectúe el fallador
en atención a los criterios señalados en el numeral 4 del artículo
366 del Código General del Proceso, es decir, en atención a la
naturaleza, calidad y duración del asunto, o a cualquier otra
circunstancia especial que resulte relevante para tal efecto.

170. Las agencias en derecho se fijarán por el juez aplicando las tarifas
establecidas por el Consejo Superior de la Judicatura. Si aquellas
establecen solamente un mínimo, o este y un máximo, el juez tendrá en
cuenta, además, la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada
por el actor popular, con independencia de si actuó directamente o
mediante apoderado, u otras circunstancias especiales, sin que pueda
exceder el máximo de dichas tarifas. […]” (Destacado de la Sala).

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De acuerdo con los anteriores parámetros jurisprudenciales, no

prospera el cargo planteado por CORTOLIMA respecto de la

improcedencia de la condena en costas en acciones populares.

Del Comité de Verificación

Comoquiera que en la sentencia apelada se omitió precisar a quien

correspondería presidir dicho Comité, y de conformidad con el

artículo 34 de la Ley 472 y la jurisprudencia de la Sección41 esta

función compete al Juez que conoció del asunto en primera instancia,

se modificará el numeral décimo séptimo del acápite resolutivo del

fallo cuestionado en tal sentido.

Medidas Cautelares

La Sala revocará el numeral décimo tercero de la parte resolutiva

de la sentencia en cuanto mantuvo la vigencia de las medidas

cautelares decretadas en proveído de 17 de junio de 201742, por

41 Ver sentencias de 26 de enero de 2023 (Expediente núm. 85001 23 33 000 2018 00007

01, consejero Ponente Oswaldo Giraldo López) y de 28 de junio de 2019 (expediente núm.
52001-23-33-000-2018-00361-01, consejero Ponente Hernando Sánchez Sánchez).
42 Índice SAMAI 00002, “EXPEDIENTE DIGITAL”, link obrante en
“ED_CORREO_BLANCALILIA(.pdf) NroActua 2”, “CD 1 A FL 389”; “Image_01484.pdf”, folios
195 a 200.

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cuanto las decisiones a proferirse en el estado actual del proceso,

además de idóneas y necesarias, han de ser definitivas a efectos de

hacer cesar el agravio de los derechos colectivos y garantizar que la

protección otorgada por el Juez Constitucional se materialice.

En tal contexto, resulta abiertamente improcedente establecer

medidas de índole precautorio en la decisión que pone fin asunto

debatido, más aún cuando esta última imparte órdenes que, en

esencia, están encaminadas a los mismos fines, valga decir,

establecer el nivel de riesgo de las viviendas afectadas por los

proceso de erosión y socavación de la quebrada El Tejar, adelantar

los respectivos procesos de reubicación, otorgar subsidios de

arrendamiento, realizar estudios para determinar la afectación en ese

sector; el tipo de contaminación y las acciones correctivas a adoptar.

En virtud de lo expuesto, la Sala: i) adicionará el numeral segundo

de la parte resolutiva de la sentencia, en el sentido de ordenar a

CORTOLIMA que, en la estructuración del plan de recuperación,

disponga la realización de un estudio técnico para dilucidar la

necesidad o no de retirar y/o reubicar dichas estructuras, cuya

ejecución deberá llevarse a cabo por parte del BATALLÓN en un

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término prudencial y perentorio; ii) modificará los numerales cuarto

al noveno de la parte resolutiva de la sentencia apelada, en el sentido

de excluir de esas órdenes a CORTOLIMA; iii) adicionará el

numeral décimo de la parte resolutiva del fallo de primera instancia

en el sentido de instar a las empresas prestadoras del servicio público

de aseo para que, de forma activa, apoyen al MUNICIPIO en la

ejecución de las acciones tendientes a la limpieza de la zona

protectora de la quebrada El Tejar, afectada por la presencia de

residuos sólidos y escombros; iv) modificará el numeral décimo

séptimo de la parte resolutiva del fallo apelado para establecer que

corresponderá al magistrado ponente presidir el Comité de

Verificación del cumplimiento de la sentencia; y v) revocará la

decisión contenida en el numeral décimo tercero en lo referente a la

vigencia de las medidas cautelares decretadas y, en lo demás, el fallo

apelado será confirmado.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

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PRIMERO: ACEPTAR el impedimento manifestado por el señor

Consejero GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES para

intervenir en el proceso de la referencia, por las razones expuestas

en la parte motiva de esta providencia y, en consecuencia,

SEPARARLO del conocimiento del mismo.

SEGUNDO: ADICIONAR los ordinales segundo y décimo de la

sentencia de 30 de noviembre de 2023, proferida por el Tribunal

Administrativo del Tolima, los cuales quedarán así:

“[…] SEGUNDO: ORDENAR al Municipio de Ibagué, a la
Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado IBAL S.A.
E.S.P., a la Corporación Autónoma Regional del Tolima
“CORTOLIMA” y la Nación – Ministerio de Defensa Nacional –
Ejército Nacional que dentro de los tres (03) meses siguientes a la
ejecutoria de la presente providencia, realicen de forma conjunta un
informe previas las correspondientes inspecciones técnicas con el fin
de formular un programa de recuperación de la Quebrada El Tejar en
el sector ubicado calle 25 carrera 11 sur manzana C casa 22 y 23 Los
Nogales hasta la carrera 11 sur Nro. 24-383 del barrio El Ricaurte, lo
cual debe comprender entre otras acciones, obras, actividades,
responsables, fecha cierta de culminación de cada actividad,
presupuesto o financiación período dentro del cual deberán efectuarse
las gestiones administrativas, presupuestales y financieras para la
ejecución del programa.

Ordenar a la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL
TOLIMA - CORTOLIMA que, en la estructuración del plan de
recuperación, disponga la realización de un estudio técnico para
dilucidar la necesidad o no de retirar y/o reubicar dichas estructuras,
cuya ejecución deberá llevarse a cabo por parte del Batallón Jaime
Rooke de Ibagué en un término prudencial y perentorio.

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El desarrollo y/o ejecución no puede superar el plazo de doce (12)
meses contados desde que se venza el plazo para la elaboración de
este documento.

[…]

DÉCIMO: ORDENAR al MUNICIPIO DE IBAGUÉ que, en forma
directa o a través de su operador del servicio de aseo, en un plazo de
quince (15) días contados a partir de le ejecutoria de esta providencia,
realice la limpieza de los residuos sólidos domiciliarios y escombros
sobre la zona de protección del cauce de la Quebrada El Tejar durante
todo su recorrido.

Con tal finalidad, se INSTA las empresas Ibagué Limpia S.A. E.S.P.
e Interaseo S.A. para que, de forma activa, apoyen al MUNICIPIO
en la ejecución de las acciones que deberá adelantar con miras a
hacer cesar la vulneración del derecho colectivo al ambiente sano,
concretamente en lo que tiene que ver con la zona de protección del
cauce en mención”.

TERCERO: MODIFICAR los ordinales cuarto, quinto, sexto,

séptimo, octavo, noveno y décimo séptimo, los cuales quedarán

así:

“[…] CUARTO: ORDENAR al Municipio de Ibagué que en el marco
de sus competencias dentro de los tres (03) meses siguientes a la
ejecutoria de la presente providencia adelante las gestiones
administrativas, presupuestales y financieras para que se realice un
informe técnico para determinar en el sector ubicado calle 25 carrera
11 sur manzana c casa 22 y 23 Los Nogales hasta la carrera 11 sur
Nro. 24-383 del barrio El Ricaurte, cuáles son las viviendas que se
encuentran en alto riesgo conforme el Plan de Ordenamiento
Territorial y que deberán ser objeto de reubicación.

QUINTO: ORDENAR al Municipio de Ibagué que, en el marco de
sus competencias, atendiendo los conceptos emitidos en la parte
motiva, el informe técnico ordenado en el numeral cuarto de esta
providencia y otros que se dispongan, garantice en un plazo de doce
(12) meses siguientes a la ejecutoria de la presente providencia la
reubicación de los propietarios de las viviendas determinadas, a un

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lugar seguro donde no resulten amenazados a efectos de que puedan
continuar desarrollando sus proyectos de vida y actividades
económicas.

Se advierte que el proceso de reubicación, corresponde únicamente a
las viviendas que cuentan con todo el proceso de legalización
respectiva, por lo que se exceptúa cualquier vivienda o asentamiento
irregular.

SEXTO: ORDENAR al Municipio de Ibagué que, en el marco de
sus competencias, atendiendo los conceptos emitidos, y en especial
el informe técnico de numeral cuarto de esta providencia y otros que
se dispongan, garantice en un plazo de tres (03) meses siguientes a
la ejecutoria de la presente providencia, la reubicación de los
habitantes que tienen la calidad de arrendatarios de las viviendas
determinadas apoyándolos en forma temporal con subsidios de
arrendamiento por este mismo periodo.

SÉPTIMO: ORDENAR al Municipio de Ibagué, que en el marco de
sus competencias en el proceso de reubicación se garantice viviendas
dignas, dotadas de servicios públicos domiciliarios, construidas con
sujeción a las acciones urbanísticas pertinentes y los planes de
ordenamiento del territorio, que podrán ser objeto de modificaciones,
de ser necesario, para lograr la ejecución de esta sentencia y la
protección de los derechos colectivos de los habitantes de las
viviendas que fueron determinadas en el informe técnico del numeral
cuarto de esta providencia.

OCTAVO. ORDENAR al Municipio de Ibagué, que el proceso de
reubicación de los habitantes se inicie con los habitantes de las
viviendas en donde existe mayor nivel de riesgo y progresivamente
con los demás habitantes que sean objeto de protección, según el
informe técnico establecido el numeral cuarto de la presente
providencia. De acuerdo a ello, los habitantes que efectivamente
reciban el beneficio de reubicación, deberán transferir previamente al
Municipio de Ibagué los derechos sobre los inmuebles que ocupan
actualmente, para que se procede con la demolición de las
construcciones correspondientes.

NOVENO: ORDENAR al Municipio de Ibagué que, en un plazo de
doce (12) meses contados a partir de la ejecutoria de esta
providencia, efectúe las gestiones administrativas presupuestales y
financieras con fines a recuperar - espacio público - la ronda de
protección hídrica de la Quebrada EI Tejar durante todo su recorrido
de los asentamientos humanos y/o ocupaciones de viviendas

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construidas ilegalmente estableciendo responsables y fechas ciertas
para su ejecución.

[…]

DÉCIMO SÉPTIMO: Para verificar el cumplimiento del fallo, en los
términos previstos en la Ley 472 de 1998, se ORDENA integrar el
comité de verificación del cual harán parte el ALCALDE DEL
MUNICIPIO DE IBAGUÉ O SU DELEGADO, EL DIRECTOR DE
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL TOLIMA"CORTOLIMA",
ALCANTARILLADO EL GERENTE DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO DE
IBAGUÉ IBAL S.A. E.S.P,EL PROCURADOR JUDICIAL II AMBIENTAL
Y AGRARIO PARA EL TOLIMA, Y EL MAGISTRADO PONENTE, quien lo
presidirá […]”.

CUARTO: REVOCAR el ordinal décimo tercero de la parte

resolutiva de la sentencia apelada, por las razones expuestas en

la parte motiva de esta providencia

QUINTO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia de 30 de

noviembre de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo del

Tolima.

SEXTO: REMITIR copia del presente fallo a la Defensoría del Pueblo

para los efectos del artículo 80 de la Ley 472.

Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal

de origen.

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NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión del día 13 de febrero de 2025.

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidenta

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Aclara voto

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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