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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 73001-23-33-000-2017-00589-01

Fecha
19 de febrero de 2026
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzón

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 73001-23-33-000-2017-00589-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: MODIFICAR los numerales CUARTO y DÉCIMO PRIMERO de la sentencia de 21 de marzo de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima, los cuales quedarán así: «[…] CUARTO: ORDENAR al MUNICIPIO DE IBAGUÉ que dentro de los tres (03) meses siguientes a la ejecutoria de la presente providencia, adelante un censo de los asentamientos humanos subnormales e ilegales de la vía antigua al ferrocarril, así como, durante todo el recorrido del canal Kentucky, excepto, lo que corresponde a la zona de protección de la Quebrada Hato de la Virgen. Una vez identificados los asentamientos, en un plazo de doce (12) meses contados a partir del vencimiento del plazo anterior efectúen las gestiones administrativas, presupuestales y financieras con fines a recuperar el espacio público de los asentamientos humanos y/o ocupaciones de viviendas construidas ilegalmente, estableciendo responsables y fechas ciertas para su ejecución. […] DÉCIMO PRIMERO: CONSTITUIR el comité de verificación del cumplimiento de la presente sentencia con el magistrado ponente del Tribunal Administrativo del Tolima, quien lo presidirá, las partes y el agente del ministerio público, quienes rendirán en el término de 6 meses, contados desde la ejecutoria de la sentencia, un informe único detallado e ilustrado sobre las soluciones adoptadas en pro del cumplimiento efectivo de esta providencia […]». SEGUNDO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia del Tribunal, por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente providencia. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 33 Número único de radicación: 73001-23-33-000-2017-00589-01 Actora: DEFENSORÍA DEL PUEBLO - REGIONAL TOLIMA TERCERO: REMITIR copia del presente fallo a la Defensoría del Pueblo para los efectos del artículo 80 de la Ley 472. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 73001-23-33-000-2017-00589-01

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzón

19 de febrero de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D. C., diecinueve (19) de febrero de dos mil veintiséis (2026)

MAGISTRADA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 73001-23-33-000-2017-00589-01
ACCIÓN POPULAR – FALLO
ACTORA: DEFENSORÍA DEL PUEBLO - REGIONAL TOLIMA

TESIS: A LAS CORPORACIONES AUTÓNOMAS REGIONALES NO LES
CORRESPONDE CENSAR Y REUBICAR LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS
QUE OCUPAN EL ESPACIO PÚBLICO. LA CONDENA EN COSTAS ES
PROCEDENTE EN ACCIONES POPULARES.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL TOLIMA –

CORTOLIMA1 contra la sentencia de 21 de marzo de 2024, proferida

por el Tribunal Administrativo del Tolima 2.

I.- ANTECEDENTES

I.1- La Demanda

1
En adelante CORTOLIMA.
2
En adelante El Tribunal.

2

Número único de radicación: 73001-23-33-000-2017-00589-01
Actora: DEFENSORÍA DEL PUEBLO - REGIONAL TOLIMA

La DEFENSORÍA DEL PUEBLO – REGIONAL TOLIMA, en ejercicio

de la acción popular prevista en el artículo 88 de la Constitución

Política, desarrollada por la Ley 472 de 5 de agosto de 1998 3 ,

presentó demanda contra el MUNICIPIO DE IBAGUÉ,

CORTOLIMA, la EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y

ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. 4 , y la SOCIEDAD CANO

SANZ Y CIA, tendiente a obtener la protección de los derechos

colectivos al goce del espacio público y la utilización y defensa de los

bienes de uso público, a la seguridad y salubridad públicas, al acceso

a una infraestructura de servicios que garanticen la salubridad

pública, y al acceso a servicios públicos y a que su prestación sea

eficiente y oportuna.

I.2. Hechos

Sostuvo que los representantes del barrio Villa Café solicitaron su

intervención para la protección de los derechos colectivos invocados

porque las aguas negras y lluvias transportadas por el canal

Kentucky, «también llamado Papayo y/o Cano» de propiedad de la

3
«Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación
con el ejercicio de las acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones».
4
En adelante IBAL.

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Actora: DEFENSORÍA DEL PUEBLO - REGIONAL TOLIMA

sociedad Cano Sanz y Cía., rebosan su cauce y entran a sus

viviendas, situación que afectaba la salud de los habitantes y el

cimiento de las construcciones.

Señaló que, de acuerdo con las versiones de los habitantes del sector,

las aguas que se rebosan en el sector provenían de alcantarillas que

transportaban desechos de diverso origen, tanto industrial como

doméstico, lo que ocasionaba enfermedades cutáneas y gastro

intestinales, además de olores fétidos que propiciaban otros tipos de

enfermedades.

Manifestó que el sector contaba con el servicio domiciliario de

alcantarillado, el cual era prestado por la IBAL S.A. E.S.P., la cual

ante el requerimiento de sus habitantes realizó una inspección

técnica pero no dio solución a la problemática. Asimismo, se requirió

a la sociedad Cano Sanz y Cía., por su calidad de propietaria del

canal, pero no obtuvo respuesta.

Adujo que los días 4 y 10 de mayo de 2012, CORTOLIMA realizó

una inspección técnica en la que determinó que la sociedad Cano

Sanz y Cía. y la IBAL S.A. E.S.P. debían suspender las aguas

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servidas sobre el canal y, además, encontró que 9 establecimientos

de comercio vertían directamente sus aguas servidas al canal por no

contar con red de alcantarillado.

I.3. Pretensiones

Solicitó, además del amparo de los derechos invocados como

vulnerados, lo siguiente:

«[…] Se ordene a la EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO
Y ALCANTARILLADO “IBAL” S.A. E.S.P. OFICIAL Y/O
SOCIEDAD CARLOS (sic) SANZ Y CÍA. Y/O CORTOLIMA
realizar todas las gestiones y adecuaciones de carácter técnicas
y administrativas tendientes a mitigar el impacto del flujo de las
aguas del canal y negras que rebosen la red de alcantarillado,
para que no exista ningún tipo de escape o fuga que permita que
dichos caudales circulen a cielo abierto y afecten a la comunidad
[…]».

I.4. DEFENSA

I.4.1.- La IBAL S.A. E.S.P. indicó que desplegó las gestiones

pertinentes para atender los requerimientos del barrio Villa Café,

etapa 4, por lo que, a su juicio, que no le era atribuible algún tipo de

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omisión relacionada con la vulneración de los derechos colectivos

invocados.

Destacó que, a pesar de que el sector en cuestión no está en su

cobertura o perímetro hidrosanitario, realizó las gestiones

pertinentes y cumplió lo dispuesto en la Resolución 628 de 6 de mayo

de 2008 de CORTOLIMA, pues selló la interceptación que

comunicaba el «canal Cano» con el colector hato de la virgen, con el

objetivo de que las aguas residuales que se manejaban en dicho

sector no contaminaran las aguas que se trasladaban por el canal

Cano.

Sostuvo que, en virtud de decisiones de tutela interpuestas por

habitantes del sector, adelantó el proceso de “ejecución de obras de

grandes magnitudes y elevados costos”, el cual estaba en estudio,

pues, para el efecto, debía agotarse previamente el trámite

financiero, administrativo y contractual, lo cual estaba a cargo de la

Empresa Departamental de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del

Tolima S.A., quien tenía la posibilidad de gestionar recursos ante el

Ministerio de Vivienda y Medio Ambiente.

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Indicó que su grupo técnico, mediante un contratista de emergencia,

realizó la reposición de la red de alcantarillado del sector, para lo cual

«se instalaron 180 ml de tubería de 24 pulgadas, 45.70 ml de tubería

de 16 pulgadas, 4.40 ml de tubería de 30 pulgadas con el fin de

mitigar la problemática que afecta las etapas 4 y 5 del sector de Villa

Café, obra ejecutada desde el mes de octubre a diciembre de 2016

por valor de $150.064.266.53».

I.4.2-. El MUNICIPIO adujo que los hechos de la demanda no le

eran atribuibles, pues la entidad encargada de la prestación de los

servicios públicos de acueducto y alcantarillado era la IBAL S.A.

E.S.P., la cual tenía como función, entre otras, garantizar que la

prestación de dichos servicios se realizara con calidad, continuidad y

cobertura.

Señaló que tampoco tenía injerencia en la vulneración de los

derechos colectivos invocados porque los impactos en el canal eran

responsabilidad de la sociedad propietaria.

Estimó que la parte actora incumplió la carga de la prueba respecto

de la vulneración o amenaza de derechos colectivos y sus acciones u
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omisiones, pues solo se aportó material fotográfico respecto del cual

no era posible determinar algún tipo de transgresión.

I.4.3.- CORTOLIMA señaló que el MUNICIPIO era quien tenía la

función de prestar los servicios públicos pues, en virtud de la

descentralización administrativa, creó el IBAL S.A. E.S.P., la cual se

encargaba de suplir administrativamente la labor a cargo del ente

territorial, siendo la responsable del saneamiento básico de los

cuerpos de agua y las fuentes hídricas en su jurisdicción.

Adujo que en los casos en los que no se advierta cobertura

hidrosanitaria a cargo de la IBAL S.A. E.S.P., ni una prestación

comunitaria, el MUNICIPIO era quien asumía la prestación del

servicio, para lo cual recibía recursos de la Nación.

Sostuvo que en ejercicio su función de administrar y proteger los

recursos naturales expidió la Resolución 628 de 2008, a través de la

cual le ordenó: i) a la sociedad Cano Sanz y CIA S.C.S. la suspensión

inmediata de la captación de aguas servidas y el taponamiento de la

desviación de dichas aguas, cuya autorización le permitía a la

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empresa «captar aguas abajo del barrio Versalles»; y ii) al IBAL

cierre del partido de aguas del hato de la virgen.

Indicó que a partir de las visitas técnicas de 4 y 10 de mayo de 2012,

le solicitó a la sociedad Cano Sanz y CIA S.C.S. presentar un plan de

abandono del canal; y a la IBAL S.A. E.S.P. un plan de gestión para

la construcción de un colector y partidor de caudales, además de un

informe de vertimientos a las empresas ubicadas en el sector de la

avenida mirolindo.

Adujo que ante el incumplimiento de la sociedad Cano Sanz y CIA

S.C.S., mediante Resolución 2491 de 2012, inició un proceso

sancionatorio en su contra.

Señaló que la realización de las obras pretendidas era de

competencia de otras entidades, por lo que solicitó se le exonerara

de responsabilidad en este caso.

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II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA IMPUGNADA

El Tribunal, mediante sentencia de 21 de marzo de 2024, declaró

vulnerados los derechos e intereses colectivos invocados y, en

consecuencia, ordenó lo siguiente:

«[…] SEGUNDO: ORDENAR al Municipio de Ibagué, a la Empresa
Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado de Ibagué IBAL S.A.
E.S.P., y a la Corporación Autónoma Regional del Tolima
“CORTOLIMA”, que dentro de los seis (06) meses siguientes a la
ejecutoria de la presente providencia, realicen en forma conjunta un
informe previas las correspondientes inspecciones técnicas con el fin
de formular y establecer un cronograma de actividades en donde se
determinen las medidas y/o obras de infraestructura que garanticen
el saneamiento y manejo de los vertimientos de aguas residuales y
de aguas lluvias, con el fin de dar solución definitiva a la problemática
ocasionada por la descarga de aguas residuales e inundaciones, que
afecta a todos los barrios de influencia del canal Kentucky,
especialmente, a la comunidad del Barrio Varsovia, Avenida Mirolindo,
Barrio Villa Café y Urbanización Coopdiasam.

En dicho informe deberá establecerse las actividades, responsables,
fecha cierta de culminación de cada actividad, presupuesto o
financiación; período dentro del cual deberán efectuarse las gestiones
administrativas, presupuestales y financieras para la ejecución del
programa.

El desarrollo y/o ejecución de las medidas u obras definidas no puede
superar el plazo de veinticuatro (24) meses contados desde que se
venza el plazo para la elaboración de este documento.

TERCERO: ORDENAR al Municipio de Ibagué y a la Empresa
Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado de Ibagué IBAL S.A.
E.S.P., que dentro de los tres (03) meses siguientes a la ejecutoria
de la presente providencia, adelante un censo de los establecimientos
de comercio que se encuentran en la zona de la carrera 60 hasta la
entrada al barrio Villa Café, margen izquierda sentido Sur Norte, con
el fin de que se establezcan el tipo de conexión de aguas residuales

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generadas y modo de descarga de las mismas y de las aguas lluvias
al canal existente.

El insumo o resultado de este informe deberá ser tenido en cuenta
para establecer el informe que se ordenó en el numeral segundo de
esta providencia, pues debe, establecerse soluciones definitivas para
que este tipo de conexiones generadas por estos establecimientos de
comercio estén debidamente conectadas a la red de alcantarillado de
la ciudad de Ibagué.

CUARTO: ORDENAR al Municipio de Ibagué y a la Corporación
Autónoma Regional del Tolima “CORTOLIMA” que dentro de los
tres (03) meses siguientes a la ejecutoria de la presente providencia,
adelante un censo de los asentamientos humanos subnormales e
ilegales de la vía antigua al ferrocarril, así como, durante todo el
recorrido del canal Kentucky, excepto, lo que corresponde a la zona
de protección de la Quebrada Hato de la Virgen. Una vez identificados
los asentamientos, en un plazo de doce (12) meses contados a partir
del vencimiento del plazo anterior efectúen las gestiones
administrativas, presupuestales y financieras con fines a recuperar el
espacio público de los asentamientos humanos y/o ocupaciones de
viviendas construidas ilegalmente, estableciendo responsables y
fechas ciertas para su ejecución.

QUINTO: ORDENAR al Municipio de Ibagué que en forma directa
o a través de su operador del servicio de aseo, en un plazo de quince
(15) días contados a partir de la ejecutoria de esta providencia, realice
limpieza de los residuos sólidos domiciliarios y escombros durante
todo el recorrido del canal Kentucky y en la Quebrada de Aguas Claras
o Blancas.

SEXTO: ORDENAR al Municipio de Ibagué y la Corporación
Autónoma Regional del Tolima “CORTOLIMA”, que, en un plazo
de un (01) mes planifiquen y coordinen actividades participativas
correspondientes a jornadas de capacitación comunitaria con acciones
que propendan a la modificación de hábitos de consumo, reutilización
de elementos, adecuada separación de la fuente, almacenamiento y
presentación de residuos sólidos domiciliarios para la recolección de
estos, que son generados por las viviendas aledañas a todo el
recorrido del canal Kentucky del Municipio de Ibagué.

SÉPTIMO: ORDENAR a la Empresa Ibaguereña de Acueducto y
Alcantarillado de Ibagué IBAL S.A. E.S.P., en un plazo de tres
(03) meses contados a partir de la ejecutoria de la presente decisión,
efectúe un estudio detallado para determinar, eliminar y sanear los

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puntos de vertimientos individuales y de descargas de aguas
residuales provenientes de la red de alcantarillado al canal Kentucky,
y a la Quebrada Aguas Blancas o Claras, así mismo, efectúe las
actividades de mantenimiento y reparación de daños que se
identifiquen en la red de alcantarillado.

OCTAVO: ORDENAR a todas las entidades obligadas a cumplir las
órdenes impartidas por esta sentencia, y al vencimiento de cada plazo
deberán presentar ante el Tribunal Administrativo del Tolima un
informe detallado sobre su cumplimiento.

NOVENO: DECLARAR no probadas las excepciones invocadas por
los integrantes de la parte pasiva.

DÉCIMO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda, conforme
a la parte considerativa de esta providencia.

DÉCIMO PRIMERO: Para verificar el cumplimiento del fallo, en los
términos previstos en la Ley 472 de 1998, se ORDENA integrar el
comité de verificación del cual harán parte el ALCALDE DEL
MUNICIPIO DE IBAGUÉ O SU DELEGADO, EL DIRECTOR DE
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL TOLIMA “CORTOLIMA”,
EL GERENTE DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
IBAGUÉ IBAL S.A. E.S.P., EL PROCURADOR JUDICIAL II AMBIENTAL
Y AGRARIO PARA EL TOLIMA, Y EL MAGISTRADO PONENTE.

DÉCIMO SEGUNDO: CONDENAR EN COSTAS al Municipio de
Ibagué, la Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado de
Ibagué IBAL S.A. E.S.P Oficial y a la Corporación Autónoma Regional
del Tolima y a favor de los demandantes, para lo cual se fija la suma
equivalente a un (1) salario mínimo legal mensual vigente para cada
una de las entidades, por concepto de agencias en derecho, y, se
ordena que por la Secretaría de este Tribunal se realice la
correspondiente liquidación de los gastos procesales, en los términos
del artículo 366 del Código General del Proceso […]».

El Tribunal encontró probado que desde hacía varios años persistía

la descarga de aguas residuales y lluvias combinadas al canal

Kentucky, las cuales provenían de asentamientos de viviendas

subnormales y normales y de establecimientos comerciales ubicados

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a lo largo del citado canal, especialmente, en el sector denominado

Mirolindo.

Sostuvo que con motivo de lo anterior, se generaban inundaciones

sobre las vías internas de los barrios ubicados en zona de influencia

de ese canal, pues la red de alcantarillado no tenía la capacidad

hidráulica suficiente para transportar el caudal de aguas combinadas,

además de que en algunos lugares no existía red de alcantarillado y

utilizaban ese canal como infraestructura para transportar aguas

lluvias y residuales, situación que también generaba problemas

sanitarios por focos de contaminación, malos olores y proliferación

de vectores.

Adujo que uno de los factores determinantes en la problemática

ambiental objeto del proceso era el vertimiento de aguas residuales

en el canal Kentucky el cual, según los informes técnicos, estaba

ubicado en la zona de protección de la Quebrada Hato de la Virgen

del MUNICIPIO, cuya fuente hídrica fue objeto de protección a

través de la acción popular núm. 73001-23-31-000-2001-01676-00,

en el marco de la cual, hace más de 13 años, se ordenó la

recuperación del espacio público de su ronda de protección hídrica

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ocupada por los asentamientos humanos que vierten al canal

Kentucky, por lo que no era del caso emitir en el presente proceso

una medida al respecto.

Consideró, frente a la responsabilidad de las demandadas, que el

MUNICIPIO era el competente para adoptar las acciones o medidas

correspondientes para establecer los recursos administrativos,

presupuestales y técnicos que fueran necesarios para ampliar,

rehabilitar y mejorar la infraestructura del servicio público de

alcantarillado ubicado sobre la zona de influencia del canal Kentucky;

al igual que para efectuar las gestiones para controlar vertimientos

individuales de las viviendas aledañas al sector a través de

infraestructura nueva, o lo que se estimara necesario para controlar

la descarga de aguas residuales.

Adujo que lo anterior, en atención a las competencias del

MUNICIPIO en materia: i) de prestación de servicios de forma

directa o indirecta y la construcción, ampliación, rehabilitación y

mejoramiento de su infraestructura, pese a la existencia de la IBAL

S.A. E.S.P.; ii) ambiental, pues debe establecer, adelantar y

promover políticas y programas orientados a la protección del medio

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ambiente, y velar y controlar los recursos naturales en su

jurisdicción 5; iii) de control de asentamientos ilegales 6 en virtud

de sus competencias de organización del territorio, prestación de

servicios esenciales de sus habitantes y de ejecutar las disposiciones

contenidas en el POT relacionadas con la reubicación o

reasentamiento de las personas que se ubicaban en la ronda hídrica

y protección de la quebrada Hato de la Virgen.

Consideró que la IBAL S.A. E.S.P. era la responsable directa de la

prestación de servicios públicos, al punto que en varias ocasiones

efectuó obras de reposición de su alcantarillado para mejorar la

capacidad hidráulica, por lo que a pesar de que no se podía

considerar que existiera una omisión de su parte, sí se advertía una

falta de planeación frente a la deficiente capacidad de la red de

alcantarillado, lo cual generaba que la problemática se perpetuara en

el tiempo, más aún si se tenía en cuenta el acelerado incremento

urbanístico en el sector.

5
De conformidad con lo previsto en los artículos 65 de la Ley 99 de 1993, 76 de la Ley 715
de 2001 y 6º de la Ley 1551 de 2012.
6
De conformidad con lo previsto en los artículos 8°, 80, 313 y 315 de la Constitución Política,
artículos 40, 42, 43, 51, 54, 57, 59, 60, 62 y 63 del Decreto 1333 de 1986, 3° de la Ley
136 de 1994; artículo 69 de la Ley 9 de 1989; artículos 5°, 6°, 8° y 9° de la Ley 388 de
1997, artículo 1° de la Ley 810 de 2003 y las leyes 715 de 2001 y 1523 de 2012,

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Agregó que la IBAL S.A. E.S.P. tenía la responsabilidad de realizar

los procesos de eliminación y saneamiento de los vertimientos

individuales y descarga de aguas residuales provenientes de la red

de alcantarillado, así como efectuar los planes de mejoramiento para

cumplir con los compromisos establecidos en el PSMV, además de

adelantar las actividades de mantenimiento y reparación de los daños

identificados en la red de alcantarillado.

Aclaró que existía una diferencia sustancial entre prestar el servicio

y garantizarlo, pues la prestación del servicio estaba a cargo de la

IBAL S.A. E.S.P., la cual debía de disponer de los recursos

presupuestales, administrativos y técnicos para suministrar el

servicio público en óptimas condiciones.

Consideró, frente a la responsabilidad de CORTOLIMA, que como

era la encargada de definir las políticas del medio ambiente en el

orden territorial, debía de participar activamente en la planeación y

elaboración y ejecución de los planes de mejoramiento y protección

del afluente hídrico Quebrada Aguas Blancas o Claras, fuente hídrica

en zona de influencia del canal Kentucky, de conformidad con lo

previsto en el numeral 20 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, que

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prevé que a las CAR les corresponde ejecutar, administrar, operar y

mantener en coordinación con las entidades territoriales, proyectos,

programas de desarrollo sostenible y obras de infraestructura, cuya

realización fuera necesaria para la defensa y protección o para la

descontaminación o recuperación del medio ambiente y los recursos

naturales renovables.

Finalmente, encontró probados los supuestos para condenar en

costas, por lo que dispuso condenar a las demandadas al pago de la

suma correspondiente a un (1) salario mínimo legal mensual vigente

a cada una de ellas, además de ordenar que, por secretaría, se

realizara la respectiva liquidación de gastos procesales, de

conformidad con lo previsto en el artículo 366 del CGP.

III.- FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE APELACIÓN

CORTOLIMA solicitó modificar el numeral cuarto de la sentencia de

primera instancia, al estimar que no era de su competencia la orden

de adelantar el censo de los asentamientos subnormales e ilegales

de la vía antigua y, una vez identificados los asentamientos, hacer

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las gestiones administrativas, presupuestales y financieras

tendientes a recuperar el espacio público.

Adujo que la responsabilidad por asentamientos ilegales en el caso

concreto era del MUNICIPIO, conforme lo expuso el mismo

Tribunal, por lo que resultaba incongruente ordenarle a CORTOLIMA

realizar el censo y, gestiones administrativas y financieras para

recuperar el espacio público, desbordando sus competencias.

Cuestionó la condena en costas, porque, a su juicio, no era

procedente en el marco de la acción popular, en la que se ventilaba

un interés público, de conformidad con lo previsto en el artículo 188

del CPACA, norma que ha servido de fundamento para que el Tribunal

se hubiese abstenido de condenar en costas en otras providencias,

por lo que debió aplicar en este caso el precedente horizontal.

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

• Las partes no presentaron alegatos.

V.- CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO

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El Ministerio Público en su concepto solicitó confirmar la condena

contra el MUNICIPIO, la IBAL S.A. E.S.P. y CORTOLIMA porque,

pese a las obras realizadas, persisten las inundaciones, olores

ofensivos y contaminación por vertimientos ilegales en el sector de

Villa Café y el canal Kentucky.

Sostuvo que el Municipio no puede excusarse en la existencia de la

IBAL S.A. E.S.P. para evadir su deber constitucional de garantizar

servicios públicos óptimos, y que CORTOLIMA debe concurrir en la

ejecución de obras de descontaminación según sus funciones legales

de protección ambiental, en especial, la prevista en el numeral 20 del

artículo 31 de la Ley 99 de 1993.

VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA 7

Generalidades de la acción popular

La acción popular prevista en el artículo 88 de la Constitución Política

y desarrollada por la Ley 472, tiene como finalidad la protección de

7
Mediante auto de 20 de marzo de 2025, la Sala declaró fundado el impedimento
manifestado por el magistrado GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES y, en consecuencia,
se le separó del conocimiento del mismo.

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los derechos e intereses colectivos, cuando éstos resulten

amenazados o vulnerados, exista peligro o agravio o un daño

contingente, por la acción o la omisión de las autoridades públicas o

de los particulares. El objetivo de estas acciones es dotar a la

comunidad afectada de un mecanismo jurídico expedito y sencillo

para la protección de sus derechos.

Problema jurídico

La Sala considera que los problemas jurídicos a resolver son:

i.- ¿Las corporaciones autónomas regionales tienen dentro de sus

competencias censar los asentamientos humanos situados en el

espacio público y su posterior reubicación?

ii.- ¿Procede la condena en costas en el marco de las acciones

populares, teniendo en cuenta que en estas se ventilan intereses

públicos?

Previo a resolver los problemas jurídicos, la Sala advierte que la

vulneración de los derechos colectivos no fue cuestionada, razón por

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la que su pronunciamiento únicamente versará respecto de los

argumentos ventilados en el recurso.

De las competencias de las corporaciones autónomas

regionales

La Sala advierte que el a quo consideró que sí se configuró la

vulneración de los derechos colectivos invocados, pues desde hacía

varios años persistía la descarga de aguas residuales y lluvias

combinadas al canal Kentucky, ubicado en el Municipio de Ibagué,

las cuales provenían de asentamientos de viviendas subnormales y

normales, y de establecimientos comerciales ubicados a lo largo del

citado canal, especialmente, en el sector denominado Mirolindo.

Además, el Tribunal encontró que en algunos lugares no existía red

de alcantarillado y utilizaban ese canal como infraestructura para

transportar aguas lluvias y residuales, situación que también

generaba problemas sanitarios ante focos de contaminación, malos

olores y proliferación de vectores.

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Frente a la responsabilidad de CORTOLIMA, el Tribunal consideró

que al corresponderle a esa autoridad definir las políticas del medio

ambiente en el orden territorial, debía participar activamente en la

planeación y elaboración y ejecución de los planes de mejoramiento

y protección del afluente hídrico Quebrada Aguas Blanca o Claras,

fuente hídrica en zona de influencia del canal Kentucky del Municipio

de Ibagué.

Ahora, el a quo dispuso, entre otras órdenes, que:

«[…] CUARTO: ORDENAR al Municipio de Ibagué y a la
Corporación Autónoma Regional del Tolima “CORTOLIMA” que
dentro de los tres (03) meses siguientes a la ejecutoria de la presente
providencia, adelante un censo de los asentamientos humanos
subnormales e ilegales de la vía antigua al ferrocarril, así como,
durante todo el recorrido del canal Kentucky, excepto, lo que
corresponde a la zona de protección de la Quebrada Hato de la Virgen.
Una vez identificados los asentamientos, en un plazo de doce (12)
meses contados a partir del vencimiento del plazo anterior efectúen
las gestiones administrativas, presupuestales y financieras con fines
a recuperar el espacio público de los asentamientos humanos y/o
ocupaciones de viviendas construidas ilegalmente, estableciendo
responsables y fechas ciertas para su ejecución […]».

Al respecto, la Sala advierte que, de acuerdo con lo previsto en la

Ley 99 de 1993, en particular el artículo 31, son del resorte de las

CAR las siguientes funciones:

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«[…] 2) Ejercer la función de máxima autoridad ambiental en
el área de su jurisdicción, de acuerdo con las normas de
carácter superior y conforme a los criterios y directrices
trazadas por el Ministerio del Medio Ambiente;

3) Promover y desarrollar la participación comunitaria en
actividades y programas de protección ambiental, de
desarrollo sostenible y de manejo adecuado de los recursos
naturales renovables;

(…)

5) Participar con los demás organismos y entes competentes
en el ámbito de su jurisdicción, en los procesos de
planificación y ordenamiento territorial a fin de que el factor
ambiental sea tenido en cuenta en las decisiones que se
adopten;

(…)

8) Asesorar a las entidades territoriales en la formulación de
planes de educación ambiental formal y ejecutar programas
de educación ambiental no formal, conforme a las directrices
de la política nacional;

(…)

12) Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento
ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás
recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el
vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos
líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus
formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o
emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el
normal desarrollo sostenible de los recursos naturales
renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros
usos. Estas funciones comprenden la expedición de las
respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones,
autorizaciones y salvoconductos;

(…)

17) Imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las
competencias atribuidas por la ley a otras autoridades, las
medidas de policía y las sanciones previstas en la ley, en caso
de violación a las normas de protección ambiental y de manejo de

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recursos naturales renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones
pertinentes, la reparación de los daños causados;

18) Ordenar y establecer las normas y directrices para el manejo de
las cuencas hidrográficas ubicadas dentro del área de su jurisdicción,
conforme a las disposiciones superiores y a las políticas nacionales;

19) Promover y ejecutar obras de irrigación, avenamiento, defensa
contra las inundaciones, regulación de cauces y corrientes de agua, y
de recuperación de tierras que sean necesarias para la defensa,
protección y adecuado manejo de las cuencas hidrográficas del
territorio de su jurisdicción, en coordinación con los organismos
directores y ejecutores del Sistema Nacional de Adecuación de
Tierras, conforme a las disposiciones legales y a las previsiones
técnicas correspondientes; Cuando se trate de obras de riego y
avenamiento que de acuerdo con las normas y los reglamentos
requieran de Licencia Ambiental, esta deberá ser expedida por el
Ministerio del Medio Ambiente.

20) Ejecutar, administrar, operar y mantener en coordinación
con las entidades territoriales, proyectos, programas de
desarrollo sostenible y obras de infraestructura cuya
realización sea necesaria para la defensa y protección o para
la descontaminación o recuperación del medio ambiente y los
recursos naturales renovables;

(…)

30) Las demás que anteriormente estaban atribuidas a otras
autoridades, en materia de medio ambiente y recursos naturales
renovables, dentro de sus respectivos ámbitos de competencia, en
cuanto no pugnen con las atribuidas por la Constitución Nacional a las
entidades territoriales, o sean contrarias a la presente Ley o a las
facultades de que ella inviste al Ministerio del Medio Ambiente […]».
(Negrillas fuera del texto original).

Con fundamento en lo anterior, la Sala advierte que, en general, las

órdenes impartidas a las demandadas en primera instancia tienen

como fundamento la calidad de garantes que les asiste a las

demandadas en la protección de los derechos colectivos invocados

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dentro del proceso, conforme con los deberes legales previstos en el

artículo 31 de la Ley 99 de 1993 referentes al apoyo de las labores y

programas que tengan por fin la conservación del medio ambiente y

los recursos naturales renovables en su jurisdicción.

Sin embargo, a juicio de la Sala, la orden que se le impartió a

CORTOLIMA de adelantar el censo de los asentamientos

subnormales e ilegales en el MUNICIPIO y, una vez identificados

los asentamientos hacer las gestiones administrativas,

presupuestales y financieras tendientes a recuperar el espacio

público está por fuera de las competencias de la autoridad ambiental.

En efecto, en asuntos similares al aquí estudiado 8 , la Sección ha

impartido la orden de reubicación de asentamientos ilegales en área

de ronda y demás actividades relacionadas con la misma, al

municipio, pues éste, y no las corporaciones autónomas regionales,

8
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 13 de febrero
de 2025, Rad. 73001-23-33-000-2016-00745-01, MP. Nubia Margoth Peña Garzón.

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es el encargado directo de dicha competencia 9. Sobre el particular,

en sentencia de 9 de mayo de 2024 10 se consideró que:

«[…] 149. Respecto de la orden relativa a que se “[…] efectúen las
gestiones administrativas, presupuestales y financieras con fines a
recuperar - espacio público - la ronda de protección hídrica de la
Quebrada El Sillón durante todo su recorrido a cielo abierto respecto
de los asentamientos humanos y/o ocupaciones de viviendas
construidas ilegalmente, estableciendo responsables y fechas ciertas
para su ejecución […]”, la Sala observa que, en virtud del Decreto Ley
2811 de 18 de diciembre de 197494 y del Decreto 1449 de 27 de
junio de 1977, la franja paralela a la línea del cauce permanente de
ríos, hasta de 30 metros de ancho, son bienes inalienables e
imprescriptibles del Estado, así como “áreas forestales protectoras”
(Destacado fuera de texto).

150. En ese orden, por sus características, estas zonas constituyen
espacio público y, en consecuencia, están por fuera del comercio, no
se puede adquirir por medio del transcurso del tiempo en virtud de la
posesión y no puede ser objeto de adjudicación.

151. Ahora bien, la Constitución Política de Colombia asigna a las
autoridades administrativas municipales, concejos y alcaldes, la
competencia para regular los aspectos esenciales y protección del
espacio público. En atención a lo anterior, la Ley 388 y el Decreto
Reglamentario 1504 de 4 de agosto de 199896, disponen que las
autoridades municipales y distritales deben reglamentar la
administración y conservación del espacio público en los Planes de
Ordenamiento Territorial. En efecto, cuando un sector social incurre
en el abuso del espacio público, le corresponde al alcalde su
recuperación como función policiva. Por ello, en los eventos de una
invasión, esa autoridad, profiere la orden de desalojo que se ejecuta
con la colaboración de la fuerza pública.

9
Pueden ser consultadas las sentencias de 21 de enero de 2021 (expediente núm.
66001233100020100028702, consejera ponente Nubia Margoth Peña Garzón), 27 de mayo
de 2021 (Expediente núm. 68001-23-33-000-2019-00411-01, consejera ponente Nubia
Margoth Peña Garzón), y 1o. de junio de 2020 (Expediente núm. 68001-23-31-000-2012-
00091-01, consejero ponente Hernando Sánchez Sánchez) , entre otras.
10
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Consejero
ponente; Hernando Sánchez Sánchez, sentencia de nueve (9) de mayo de dos mil
veinticuatro (2024). Radicado: 730012333000201600558-01

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152. En ese orden de ideas, la Sala considera que el Municipio
de Ibagué es competente para cumplir la orden de efectuar las
gestiones administrativas, presupuestales y financieras con
fines a recuperar el espacio público que, en este caso,
constituye la ronda de protección hídrica de la Quebrada El
Sillón, durante todo su recorrido a cielo abierto, en el área de
su jurisdicción y respecto de los asentamientos humanos y/o
ocupaciones de viviendas construidas ilegalmente,
estableciendo responsables y las medidas necesarias para la
protección del medio ambiente y del espacio público, conforme
lo ordenado en el ordinal quinto de la parte resolutiva de la
Sentencia de 30 de marzo de 2023.

153. Sin perjuicio de lo anterior, la Sala considera que se debe
modificar el ordinal quinto de la parte resolutiva de la
sentencia proferida, en primera instancia, con el objeto de
clarificar que el ejercicio de las gestiones administrativas,
presupuestales y financieras, así como la determinación de
responsabilidades y medidas necesarias para la protección del
medio ambiente y del espacio público de la Quebrada El Sillón
y su ronda, a cargo del Municipio, implica, entre otras
medidas:

153.1. Realizar, dentro del término de un (1) mes, contado a partir
de la notificación de esta sentencia, un censo, en el área de su
jurisdicción, con el objeto de determinar las estructuras
habitacionales -o de cualquier otro tipo- ubicadas en forma
permanente o transitoria en la precitada Quebrada o en su zona de
ronda; 153.2. Iniciar y adelantar de manera inmediata, en el marco
de sus competencias, al vencimiento del plazo anterior, las medidas
administrativas, policivas o de otra índole, necesarias, orientadas a
garantizar la protección de la zona de ronda de la Quebrada El Sillón;
153.3. Adelantar, dentro del término de cuatro (4) meses, contados
a partir de la notificación de esta sentencia, las gestiones necesarias
para lograr la reubicación de las familias que habitan en la zona de
ronda de la Quebrada El Sillón, ubicadas en el área de su jurisdicción,
con la claridad de que, dentro del término de dieciocho (18) meses,
contado a partir del vencimiento del plazo anterior y sin perjuicio de
las medidas urgentes a que haya lugar, el Municipio de Ibagué deberá
reubicar de forma definitiva, en un lugar que permita el acceso a los
servicios públicos, a las familias que habitan en la zona de ronda de
la Quebrada El Sillón, ubicadas en el área de su jurisdicción; 153.4.
Establecer, dentro del término de un (1) mes, contado a partir de la
notificación de esta sentencia, criterios administrativos y probatorios
que permitan verificar que las familias beneficiarias de las medidas

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de reubicación hubieren habitado permanentemente en la Quebrada
o su zona de ronda, durante el período objeto de amparo, que
comprende la presentación de la demanda que dio origen a este
proceso y la fecha en que se profiere esta sentencia, en segunda
instancia; y adoptar y ejecutar, dentro del mismo término, un
mecanismo dirigido a evitar que, luego de la reubicación de las
personas y familias, otras personas o grupos de ellas se instalen en
la Quebrada El Sillón o en su zona de ronda, en el área de su
jurisdicción. 154. En todo caso, si durante la ejecución de la orden
anterior se observa que razonablemente es necesario otorgar un
plazo adicional, el Tribunal Administrativo del Tolima, en el marco del
Comité de Verificación, proferirá las decisiones que considere
necesarias para garantizar su cumplimiento, de conformidad con el
artículo 34 de la Ley 472 […]». (Negrillas fuera de texto).

En consecuencia, la orden de adelantar el censo de los asentamientos

subnormales e ilegales y, una vez identificados los asentamientos

hacer las gestiones administrativas, presupuestales y financieras

tendientes a recuperar el espacio público, constituyen asuntos que

desbordan los límites competenciales de la autoridad ambiental y, de

suyo implican el desconocimiento de normas de rango superior como

el artículo 121 de la Constitución 11, razón por la que se modificará el

numeral cuarto de la parte resolutiva de la sentencia apelada en el

sentido de excluir a CORTOLIMA, tal y como se dispondrá en la parte

resolutiva de esta providencia.

11
“[…] ARTICULO 121. Ninguna autoridad del Estado podrá ejercer funciones distintas de
las que le atribuyen la Constitución y la ley. […]”.

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De la procedencia de condenar en costas en acciones

populares

Para resolver el problema jurídico, la Sala advierte que, en sentencia

de unificación de 6 de agosto de 2019 12 , la Sala Plena de lo

Contencioso Administrativo de esta Corporación precisó el alcance

del artículo 38 de la Ley 472, en los siguientes términos:

“[…] 90. Así pues, de la literalidad de la disposición analizada se
concluye que las costas procesales, en su componente de expensas y
agencias en derecho, es un tema regulado de manera expresa,
especial, clara y completa, en el artículo 38 de la Ley 472 de 1998,
razón por la cual no le está permitido al fallador aplicar un
ordenamiento diferente al del procedimiento civil, pues tal
autorización se previó en el artículo 44 20 de la Ley 472 de 1998
respecto de los asuntos no regulados.

91. En la teleología de la disposición, al contrastar el texto del artículo
38 ejusdem, con la exposición de motivos y los debates surtidos en
el Congreso de la República con ocasión de la expedición de la Ley
472 de 1998, la Sala encuentra pleno sustento, pues aun cuando en
las gacetas legislativas no haya referencia específica a las razones por
las cuales el legislador diseñó las reglas del reconocimiento de las
costas en las acciones populares y acogió el régimen del
procedimiento civil para tal efecto, se constata que el carácter
constitucional del mecanismo y la finalidad protectoria de los derechos
colectivos, determinó en el legislador la necesidad de diseñar un
régimen especial, autónomo y distinto al previsto para los medios de
control judicial de carácter legal […]”.

92. Desde el punto de vista histórico y revisados los antecedentes
legislativos de la Ley 472 de 1998 aparece palpable el reconocimiento
de la acción popular como mecanismo público donde se ventila un

12
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, consejera ponente Rocío
Araújo Oñate, providencia de 6 de agosto de 2019, expediente núm. 15001-33-33-007-
2017-00036-01(AP)REV-SU.

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asunto de interés general, lo cierto es que el legislador reconoció que
tal esfuerzo, sustentado en el principio de solidaridad; requiere ser
compensado aún, cuando no responde a la defensa de un interés
subjetivo, con lo cual, a diferencia de otros mecanismos
constitucionales que también propenden por la defensa del interés
público, las acciones populares constituyan una excepción en materia
de condena en costas, a pesar de que con ellas no se entable una
controversia o litis de carácter subjetivo.

[…] 6.4.1 Reglas de unificación

163. El artículo 38 de la Ley 472 de 1998 admite el
reconocimiento de las costas procesales a favor del actor
popular y a cargo de la parte demandada, siempre que la
sentencia le resulte favorable a las pretensiones protectoras
de los derechos colectivos, y la condena en costas, a la luz del
artículo 361 del Código General del proceso, incorpora tanto el
concepto de expensas y gastos procesales como el de las agencias en
derecho.

164. También hay lugar a condenar en costas a la parte demandada,
en los componentes de expensas o gastos procesales y de agencias
en derecho, cuando haya actuado con temeridad o mala fe. En este
último evento, también habrá lugar a condenarlo al pago de la multa
prevista en la disposición 38 ibidem.

165. Sólo cabe reconocer costas a favor de la parte demandada y a
cargo del actor popular, cuando este último actuó temerariamente o
de mala fe, caso en el cual también habrá lugar a imponer la multa
prevista en el artículo 38 de la Ley 472 de 1998. No hay lugar a
condenarlo cuando la demanda le sea decidida en contra. En este
evento la condena en costas sólo admite el reconocimiento de los
honorarios y de las expensas, pues al tenor del artículo 364 del Código
General del Proceso, es claro que las agencias en derecho no
corresponden a los honorarios a los que se refiere la norma, pues
ellos se señalan en relación con los auxiliares de la justicia.

166. Conforme lo dispone el artículo 38 de la Ley 472 de 1998,
armonizado con el artículo 361 del Código General del Proceso, en las
acciones populares la condena en costas a favor del actor popular
incluye las expensas, gastos y agencias en derecho con independencia
de que la parte actora haya promovido y/o concurrido al proceso
mediante apoderado judicial o lo haya hecho directamente.

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167. En cualquiera de los eventos en que cabe el
reconocimiento de las costas procesales, bien sea en cuanto a
las expensas y gastos procesales o a las agencias en derecho,
bien sea a favor del actor popular o de la parte demandada, la
condena se hará atendiendo las reglas previstas en el artículo 365 del
Código General del Proceso, de forma que sólo se condenará al
pago de aquellas que se encuentren causadas y se liquidarán
en la medida de su comprobación.

169. Para este efecto, se entenderá causada la agencia en
derecho siempre que el actor popular resulte vencedor en la
pretensión protectoria de los derechos colectivos y su
acreditación corresponderá a la valoración que efectúe el
fallador en atención a los criterios señalados en el numeral 4
del artículo 366 del Código General del Proceso, es decir, en
atención a la naturaleza, calidad y duración del asunto, o a
cualquier otra circunstancia especial que resulte relevante
para tal efecto.

170. Las agencias en derecho se fijarán por el juez aplicando las
tarifas establecidas por el Consejo Superior de la Judicatura. Si
aquellas establecen solamente un mínimo, o este y un máximo, el
juez tendrá en cuenta, además, la naturaleza, calidad y duración de
la gestión realizada por el actor popular, con independencia de si
actuó directamente o mediante apoderado, u otras circunstancias
especiales, sin que pueda exceder el máximo de dichas tarifas. […]”
(Destacado de la Sala).

De acuerdo con los anteriores parámetros jurisprudenciales, resulta

claro que la condena en costas, por expresa disposición de la Ley

472, sí es procedente en acciones populares, por lo que el hecho de

que a través de esta se persiga el amparo de intereses públicos, ello

no es un impedimento para tal reconocimiento, respecto de cual, por

demás la Sala Plena de esta Corporación fijó los parámetros para su

reconocimiento de acuerdo con el Código General del Proceso, razón

por la que no prospera el cargo planteado por CORTOLIMA.

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Ahora, en atención a las reglas fijadas en la sentencia de unificación

idem no se condenará en costas, pues dentro del plenario no obra

prueba alguna de actuaciones procesales para su causación durante

el trámite de esta instancia.

Del Comité de Verificación

Comoquiera que en la sentencia apelada se omitió precisar a quien

correspondería presidir dicho Comité, cuya función, de conformidad

con el artículo 34 de la Ley 472 y la jurisprudencia de la Sección 13,

le compete al Juez que conoció del asunto en primera instancia, se

modificará el numeral décimo primero del acápite resolutivo del

fallo cuestionado en tal sentido.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

13
Ver sentencias de 26 de enero de 2023 (Expediente núm. 85001 23 33 000 2018 00007
01, consejero Ponente Oswaldo Giraldo López) y de 28 de junio de 2019 (expediente núm.
52001-23-33-000-2018-00361-01, consejero Ponente Hernando Sánchez Sánchez).

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Número único de radicación: 73001-23-33-000-2017-00589-01
Actora: DEFENSORÍA DEL PUEBLO - REGIONAL TOLIMA

FALLA:

PRIMERO: MODIFICAR los numerales CUARTO y DÉCIMO

PRIMERO de la sentencia de 21 de marzo de 2024, proferida por el

Tribunal Administrativo del Tolima, los cuales quedarán así:

«[…] CUARTO: ORDENAR al MUNICIPIO DE IBAGUÉ que dentro
de los tres (03) meses siguientes a la ejecutoria de la presente
providencia, adelante un censo de los asentamientos humanos
subnormales e ilegales de la vía antigua al ferrocarril, así como,
durante todo el recorrido del canal Kentucky, excepto, lo que
corresponde a la zona de protección de la Quebrada Hato de la Virgen.
Una vez identificados los asentamientos, en un plazo de doce (12)
meses contados a partir del vencimiento del plazo anterior efectúen
las gestiones administrativas, presupuestales y financieras con fines
a recuperar el espacio público de los asentamientos humanos y/o
ocupaciones de viviendas construidas ilegalmente, estableciendo
responsables y fechas ciertas para su ejecución.

[…]

DÉCIMO PRIMERO: CONSTITUIR el comité de verificación del
cumplimiento de la presente sentencia con el magistrado ponente del
Tribunal Administrativo del Tolima, quien lo presidirá, las partes y el
agente del ministerio público, quienes rendirán en el término de 6
meses, contados desde la ejecutoria de la sentencia, un informe único
detallado e ilustrado sobre las soluciones adoptadas en pro del
cumplimiento efectivo de esta providencia […]».

SEGUNDO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia del Tribunal, por

las razones expuestas en la parte considerativa de la presente

providencia.

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Número único de radicación: 73001-23-33-000-2017-00589-01
Actora: DEFENSORÍA DEL PUEBLO - REGIONAL TOLIMA

TERCERO: REMITIR copia del presente fallo a la Defensoría del

Pueblo para los efectos del artículo 80 de la Ley 472.

Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal

de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión del día 19 de febrero de 2026.

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDOMANTILLANAVARRO
Presidente

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZON

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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