Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 73001-23-33-000-2017-00106-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 73001-23-33-000-2017-00106-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 73001-23-33-000-2017-00106-02
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
26 de marzo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá, D.C., veintiséis (26) de marzo dos mil veintiséis (2026)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 73001-23-33-000-2017-00106-02 (1788-2019)
Demandante: Denny Roldan Buriticá
Demandado: Procuraduría General de la Nación
Tema: Prima especial. Prescripción. MODIFICA SENTENCIA
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Avoca la Sala1 conocimiento del presente asunto, de conformidad con lo previsto en
el artículo 116 del CPACA y decide el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandada contra la sentencia proferida el trece (13) de diciembre de dos mil
dieciocho (2018) por el Tribunal Administrativo del Tolima, Sala de Decisión de
Conjueces, por medio de la cual se accedió a las pretensiones.
ANTECEDENTES
1. El señor Denny Roldan Buriticá interpuso demanda en contra de Procuraduría
General de la Nación, en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), con
el fin de que se acceda a las siguientes:
PRETENSIONES
2. Que se declare la nulidad del Oficio SG001942 del 8 de junio de 2016, a través
del cual, la Procuraduría General de la Nación negó la reliquidación y pago de
las prestaciones sociales y el reconocimiento de las diferencias debidas por
concepto de salarios y prestaciones sociales, en virtud de la prima especial
prevista en el artículo 14 de la Ley 4.ª de 1992.
3. A título de restablecimiento del derecho se ordene reconocer y pagar la prima
especial de servicios y a reliquidar, sobre el 100 % de la remuneración, sin
1 Cabe precisar que, si bien el consejero Luis Eduardo Mesa Nieves se declaraba impedido respecto de la prima
especial del artículo 14 de la Ley 4 de 1992, por tener un proceso activo en el que se debatía un asunto similar,
el mismo fue definido mediante sentencia del 16 de septiembre de 2025, decisión que se encuentra ejecutoriada,
por lo que no existe pleito pendiente entre las partes o interés actual al respecto.
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descontar el 30 % de la prima, las prestaciones sociales y laborales y demás
conceptos devengados desde el 3 de marzo de 2008 hasta el 5 de octubre de
2016; también a pagar las diferencias debidas por concepto de salarios y
prestaciones sociales, durante el periodo relacionado.
4. Se reajusten las sumas reconocidas, se paguen los intereses y se condene en
costas, de acuerdo con lo previsto en los artículos 187 y 192 del CPACA
HECHOS
La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:
5. Que prestó sus servicios en la Procuraduría General de la Nación en calidad de
procurador judicial II, desde el 3 de marzo de 2008 hasta el 5 de octubre de
2016 y el 16 de mayo de 2016 solicitó a la demandada reconocer, reliquidar y
pagar las prestaciones sociales y demás conceptos percibidos, sobre el 100 %
de la remuneración, sin descontar el 30 % de la prima especial de servicios.
Petición que fue negada a través del acto administrativo demandado.
NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN
6. Considera violados los artículos: 13, 53, 136, 150 numeral 19, literal E y 209 de
la Constitución Política; 1, 2, 3, 4 y 14 de la Ley 4 de 1992; 127, 128 y 132 del
CST; 102 del CPACA; Leyes 44 de 1980; 33 de 1985 y 50 de 1990; Decretos
3135 de 1968; 1042 y 1045 de 1978; sentencia del 29 de abril de 2014 proferida
por el Consejo de Estado identificada con radicado 11001-03-25-000-2007-
00087-00 (1686-07).
7. Que el acto acusado fue expedido con desconocimiento de la Constitución, la
Ley y el precedente desarrollado por esta corporación, porque la entidad
interpretó de forma errónea los decretos anuales que regulan la prima especial
correspondiente al 30 % del salario, pues la consideró como parte del mismo y
no como una adición, lo que generó una disminución en la asignación básica y
en las prestaciones sociales de sus beneficiarios. Para el efecto, citó la decisión
del 29 de abril de 20142 emitida por el Consejo de Estado.
TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA
8. El 22 de noviembre de 2017 fu admitida la demanda. La entidad3 se opuso a las
pretensiones, bajo el argumento de que el acto administrativo goza de legalidad,
porque de acuerdo con lo previsto en los Decretos 661 de 2008; 726 de 2009;
1391 de 2010; 1943 de 2011; 0841 de 2012;1016 de 2013; 186 de 2014; 1257
2 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Sentencia del 29 de abril de
2014. Expediente: 11001-03-25-000-2007-00087-00 (1686-2007). C.P. María Carolina Rodríguez Ruiz.
3 Folios 71 a 79.
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de 2015 y 245 de 2016, la prima especial no tiene carácter salarial, es decir,
que no constituye factor para la liquidación de las prestaciones sociales.
9. Expresó que al demandante le fueron reconocidas la bonificación por
compensación y la bonificación judicial, por lo que, reconocer la prima especial
sobrepasaría el tope máximo fijado por el Gobierno Nacional para el pago de
dichos emolumentos y afectaría el presupuesto público en forma injustificada.
10. Propuso como excepciones las de caducidad y prescripción.
SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN
11. El Tribunal Administrativo del Tolima, Sala de Decisión de Conjueces, mediante
sentencia del trece (13) de diciembre de dos mil dieciocho (2018)4, accedió a
las pretensiones. Expuso que la prima especial prevista en el artículo 14 de la
Ley 4ª de 1992 debe ser entendida como un incremento y no una disminución
de la remuneración básica de los servidores beneficiarios. De ahí que, al tener
en cuenta la posición asumida por esta corporación en reiterada jurisprudencia5,
condenó a la entidad a reconocer y pagar al accionante desde el 3 marzo de
2008 hasta el 5 de octubre de 2016, fecha de su retiro definitivo del servicio, el
100 % del salario básico, más la prima especial de servicios, sin carácter
salarial, correspondiente al 30 % de la asignación básica, como una adición al
salario. Igualmente, ordenó reliquidar, reajustar y pagar las prestaciones
sociales incluyendo este último emolumento y tomando como base el 100 % del
salario, así como el pago de las diferencias que resulten de lo pagado por la
entidad y lo efectivamente devengado por el actor.
12. Declaró no probada la excepción de caducidad, tras afirmar que el debate versa
sobre prestaciones periódicas, por lo que, en virtud de lo consagrado en el
artículo 164 del CPACA, puede demandarse en cualquier tiempo.
13. Que de acuerdo con la sentencia del 6 de marzo de 2008 radicado 23001-23-
31-000-2002-00244-01 (2152-2006) emitida por esta corporación, existen
eventos en los que el derecho se constituye por la sentencia que así lo declara
y a partir de ese momento es que comienza a contabilizarse el término de
prescripción.
14. Afirmó que las normas que regulan la prima especial de servicios y que
4 Folios 226 a 250.
5 Para el efecto citó, entre otras, las siguientes providencias:
Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces, Sentencia del 27 de junio de 2012, radicado: 2005-
00827-02 (0477-09), Conjuez ponente: Gabriel de la Vega Pinzón; Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala
de Conjueces, Sentencia del 14 de diciembre de 2011, radicado: 2001-02923-01 (1146-2006), Conjuez ponente
Ernesto Forero Vargas; Sentencia del 24 de agosto de 2011, radicado: 2001-01510-02 (0624-2009); Sentencia
del 19 de mayo de 2010, radicado: 2005-01134-01 (07-0419); Sentencia del 4 de agosto de 2010, radicado:
2005-05159-01; Sentencia del 4 de marzo de 2010, radicado (1469-2007); Sentencia del 8 de abril de 2010
(0512-2008); Sentencia del 30 de octubre de 2008, radicado: (1295-2007); Sentencia del 15 de abril de 2004,
radicado: (712-2001); Sentencia del 3 de marzo de 2005, radicado: (17021-2005); Sentencia del 1 de octubre
fe 2009, radicado: 2005-03970-01 (2354-2007).
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establecen que la misma hace parte del salario, se encuentran vigentes, por lo
que, es por medio de este fallo que se inaplican por inconstitucionalidad y a
partir de aquí es que se empieza a contar la prescripción. Par tanto, declaró no
probada la excepción de prescripción.
RECURSO DE APELACIÓN
15. La parte demandada6 interpuso recurso de apelación, en el cual manifestó que
el acto acusado fue expedido conforme a la normativa que regula la materia, en
atención a que la facultad para fijar salarios le compete exclusivamente al
Gobierno Nacional.
16. Que al demandante le fueron reconocidas la bonificación por gestión judicial y
la bonificación por compensación, por lo que, al devengar este último recibió de
forma indirecta la prima especial de servicios consagrada en el artículo 15 de la
Ley 4.ª de 1992 para los magistrados de alta corte, con lo cual, al pagarse la
prima especial que prevé el artículo 14 de dicha Ley, se estaría ante un
reconocimiento doble y se superarían los topes salariales dispuestos por el
Gobierno Nacional7.
17. Que la Procuraduría General de la Nación tiene un régimen especial según el
cual, la remuneración salarial de los procuradores judiciales II está integrada
por la asignación básica, los gastos de representación y la prima especial de
servicios, la cual corresponde a un valor fijo, adicional y diferente de aquellos,
por lo que no es un porcentaje determinado de la asignación básica.
18. Indicó que los decretos que reglamentaron la prima especial de servicios
excluyeron expresamente el carácter salarial de dicho emolumento para
cualquier efecto legal. Sin embargo, con la expedición del Decreto 186 de 2014,
se estableció como excepción que solo se tendría como factor salarial para
efectos del ingreso base de cotización del sistema general de pensiones y del
sistema general de seguridad social en salud. Por tanto, antes del 1.º de enero
de 2014 no era posible reconocer pago alguno adicional a lo ya reconocido para
este tipo de funcionarios.
19. Que, en consonancia con lo anterior, al actor le fueron canceladas las cesantías
del 2008 al 2016, cuya liquidación fue realizada teniendo como factores los
establecidos en el artículo 45 del Decreto 1045 de 1978, dentro de los cuales
no se encuentra la prima especial. Que, además, el demandante no presentó
reclamación alguna frente al pago efectuado por cesantías, por lo que se
presume que se encontraba conforme con dicha decisión.
20. Por todo lo anterior, solicitó se nieguen las pretensiones de la demanda.
6 Folios 255 a 267.
7 Al respecto citó la sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces.
Radicado: 470012331000201100072 02 (2107-2015) CP. Jorge Iván Acuña Arrieta.
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Radicación: 73001-23-33-000-2017-00106-02 (1788-2019)
TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA
21. El 5 de agosto de 2021 se admitió el recurso de apelación y ni las partes ni el
agente del Ministerio Público se pronunciaron.
Se decidirá previas las siguientes,
CONSIDERACIONES
Avoca conocimiento
22. De conformidad con lo previsto en el artículo 116 del CPACA cuando se
modifica la integración de la sala, los nuevos magistrados desplazan a los
conjueces, siempre que respecto de aquellos no se predique la misma causal
de impedimento o recusación. En el presente asunto, se cumple con el
presupuesto normativo descrito, en razón a que se reconformó la Sala y a que
actualmente8 no se configura la causal de impedimento que dio lugar a la
designación de conjueces. En esa medida se avocará conocimiento del
proceso.
23. De otro lado, deberá resolver la Subsección si el demandante tiene derecho a
la prima especial de servicios como componente adicional de la asignación
básica y a la reliquidación del salario y las prestaciones sociales con base en el
100 % de su remuneración; al pago de las diferencias debidas por estos
conceptos; si dicho emolumento tiene carácter salarial; si operó la prescripción,
y si se supera el tope del 80 % que prevé el Decreto 610 de 1998.
Marco normativo y jurisprudencial
De la prima especial, artículo 14 de la Ley 4.ª de 1992
24. La Ley 4.ª de 1992, en el artículo 14, determinó que el Gobierno nacional
establecerá una prima especial no inferior al 30 % ni superior al 60 % del salario
básico, sin carácter salarial, en favor de los magistrados de todo orden de los
tribunales superiores de distrito judicial y de lo contencioso administrativo, los
agentes del Ministerio Público delegados ante la Rama Judicial, los jueces de
la República, incluidos los magistrados y fiscales del Tribunal Superior Militar,
los auditores de guerra y los jueces de instrucción penal militar, los delegados
departamentales del Registrador Nacional del Estado Civil, los registradores del
8 En relación con la prima especial se advierte que tanto algunos conjueces como la Sección Segunda,
actualmente, declaran infundados los impedimentos manifestados por los integrantes de la Sala, en los casos
en que no se demuestre un interés actual directo o indirecto. En efecto, así lo han expresado en las siguientes
decisiones: Auto del 05 de diciembre de 2023. C.P. Clara Elisa Cifuentes Ortiz. Radicado:
7600123000201800326 02 (0502-2023); Consejo de Estado. Auto del 29 de noviembre de 2024. M.P. Juan
Enrique Bedoya Escobar. Radicado: 050012333000201601007 02 (1587-2023); Consejo de Estado. Auto del
29 de noviembre de 2024. M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar. Radicado: 05001-23-33-000-2016-00857-02
(4942-2023).
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Distrito Capital y los servidores de los niveles directivo y asesor de la
Registraduría Nacional del Estado Civil.
25. En desarrollo de dicho mandato, el Gobierno nacional ha expedido anualmente
los decretos salariales aplicables a los servidores públicos. No obstante,
aquellos proferidos entre los años 1993 y 2007 fueron declarados nulos por el
Consejo de Estado, Sala de Conjueces, mediante sentencia del 29 de abril de
20149, al considerar que reconocer el treinta por ciento (30 %) del salario a título
de prima especial despoja de efectos salariales esa porción de la asignación
básica y, en consecuencia, reduce el monto de las prestaciones sociales, al
liquidarlas sobre un setenta por ciento (70 %). Con lo que se inobserva la
prohibición establecida en el artículo 2, literal a), de la Ley 4.ª de 1992, según
la cual «En ningún caso se podrán desmejorar sus salarios y prestaciones
sociales», y además se desconoce que la prima «debe entenderse como un
fenómeno retributivo de carácter adicional»
26. A partir de dicha providencia, el Consejo de Estado ha emitido varias decisiones
en las cuales ha mantenido este criterio, entre ellas, las sentencias del 2 de
septiembre de 201910, 11 de julio de 202311, 5 de septiembre de 202312, 5 de
diciembre de 202313, 6 de agosto de 202414 y 18 de diciembre de 202415. En
particular se ha precisado que:
• La prima especial es un incremento del salario básico, por ende, sus
beneficiarios tienen derecho al reconocimiento y pago de las diferencias
que por dicho concepto resulten a su favor.
• La prima especial no tiene carácter salarial, salvo para efectos de
pensión, lo cual guarda armonía con lo sostenido por la Corte
Constitucional en la sentencia C-279 de 1996.
• El reconocimiento de las sumas adeudadas no podrá, en ningún caso,
superar el porcentaje máximo fijado por el Gobierno nacional para cada
uno de los cargos que perciban el referido emolumento.
• Los beneficiarios de la prima especial tienen derecho a la reliquidación y
9 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces, sentencia del 29 de abril de 2014. Radicación:
11001-03-25-000-2007-00087-00 (1686-07). CP: María Carolina Rodríguez Ruiz
10 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala Plena de Conjueces, sentencia del 2 de septiembre de 2019.
Radicación: 41001-23-33-000-2016-00041-02 (2204-2018). CP. Carmen Anaya de Castellanos.
11 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 11 de julio de 2023. Radicación:
25000-23-42-000-2017-04777-02 (6109-2019). CP: Bernardo Andrés Carvajal Sánchez
12 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 5 de septiembre 2023. Radicación:
73001-23-31-000-2011-00775-02 (4667-2019) CP: Hugo Alberto Marín Hernández
13 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 5 de diciembre de 2023. Radicación:
250002342000201703771 02 (0232-2021). CP: Carmen Anaya de Castellanos.
14 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 6 de agosto de 2024. Radicación:
250002342000201402796 02 (5358-2022). CP: Carmen Anaya de Castellanos.
15 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 3 de diciembre 2024. Radicación:
25000-2342-000-2019-01001-02 (4400-2021). CP: Jorge Iván Acuña Arrieta.
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pago de las prestaciones sociales sobre el 100 % de su asignación
básica, sin restarle ni sumarle a éste el 30 %, ya que la prima especial de
servicios no tiene carácter salarial y por tanto no incide en la liquidación
de las prestaciones sociales.
27. En esa misma línea argumentativa, esta corporación, mediante sentencia del 9
de abril de 202416, declaró la nulidad de los decretos salariales de los servidores
públicos proferidos entre los años 2008 y 2018 y reiteró que el 30 %
correspondiente a la prima especial «no puede ser deducido del salario».
Resolución del caso concreto
28. Se encuentra acreditado que el demandante laboró como procurador judicial II
desde el 3 de marzo de 2008 hasta el 6 de octubre de 201617, y que la
remuneración y prestaciones sociales fueron percibidas en montos inferiores a
los que le corresponden desde su vinculación tal como se advierte en las
constancias de pagos18, puesto que la entidad restó la prima especial de
servicios del 100 % del salario, aplicando una interpretación errónea de los
Decretos expedidos por el Gobierno nacional a través de los cuales se
desarrolló el artículo 14 de la Ley 4.ª de 1992, de modo que la liquidación de la
remuneración y las prestaciones se realizó sobre el 70 % de la asignación
básica.
29. Así pues, dicho factor no fue reconocido ni pagado al actor como un incremento
del sueldo y al considerarlo parte de aquel, se desconoció la finalidad del
artículo 14 de la Ley 4.ª de 1992.
30. En estos términos, la Sala advierte que, tal como lo indicó el tribunal, el
demandante tiene derecho al reconocimiento, reliquidación y pago tanto de sus
ingresos mensuales, liquidados sobre la base del salario básico más el 30 % de
éste, que ha sido reconocido a título de prima, como de sus prestaciones
sociales, liquidadas sobre la base de todo el salario básico, sin restarle ni
sumarle a éste el 30 %, ya que la prima especial no tiene carácter salarial y por
tanto, no incide en la liquidación de las prestaciones sociales, salvo para efectos
de pensión. Por tanto, se confirmará la sentencia de primera instancia en este
sentido.
31. De otro lado, debe precisarse que la legalidad de los decretos que incorporaron
la prima especial del treinta por ciento (30 %) como parte de la remuneración
fue definida por la corporación mediante las sentencias del 29 de abril de 2014
y 10 de septiembre de 2024, en las cuales se declaró la nulidad de tales
16 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 9 de abril de 2024. Radicación:
11001 03 25 000 2019 00609 00 (4735-2019). CP: Clara Elisa Cifuentes Ortíz.
17 Tal como se advierte en la certificación laboral del 7 de junio de 2018 emitidas por el jefe de la División de
Gestión Humana de la Procuraduría General de la Nación obrante a folios 90 y 91 del cuaderno N.° 2 del
expediente físico.
18 Ver folios 22 a 23 del cuaderno N.º 2 y 12 a 13 del cuaderno N.º 3 del expediente físico.
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disposiciones reglamentarias; por lo tanto, la sala dispondrá estarse a lo
resuelto en la providencia del 10 de septiembre de 2024, en la cual se precisó
que la prima especial constituye una adición al salario.
32. Al respecto, se precisa que, si bien la entidad fundamenta parte de su
inconformidad sobre la base de lo establecido en el Decreto 186 de 2014, el
cual no fue objeto de declaratoria de nulidad dentro de la sentencia del 9 de abril
de 2024, lo cierto es que la decisión de nulidad frente a los actos ahí enjuiciados
tiene efectos generales de obligatorio cumplimiento y con retrospectividad, por
lo que se concluye que finalmente no solo se afectan todas las situaciones
jurídicas anteriores no consolidadas que se encuentren en discusión, sino
también las futuras que se hubiesen tenido que basar en tales disposiciones
anuladas o que se llegaran a proferir en afectación del mismo derecho.
33. En tal sentido, no tiene fundamento el planteamiento de la entidad demandada
para no reconocer los reajustes reclamados por el actor, pues al margen de la
expedición anual de los decretos salariales, lo que se declaró ilegal fue el
presupuesto normativo abstracto de que el 30% a título de prima especial
estuviese incluido como componente de la asignación básica, de manera que,
con independencia de la vigencia o no de los referidos actos, no podría seguirse
atendiendo este postulado para negar dicha clase de reclamaciones.
34. Ahora bien, en atención a que el último cargo desempeñado por el demandante
fue el de procurador judicial II19 en el cual es acreedor de la bonificación por
compensación prevista en el Decreto 610 de 1998, tal como lo planteó la parte
demandada en su recurso, se adicionará la sentencia de primera instancia en
el sentido de que, al momento de la entidad realizar los ajustes salariales y
prestacionales deberá tener en cuenta el tope legal de la remuneración, esto
es, el 80% de lo que por todo concepto devengan anualmente los magistrados
de Alta Corte.
De la prescripción
35. Se advierte que el tribunal condenó a la entidad a reliquidar, reconocer y pagar,
desde el 3 de marzo de 2008 hasta el 5 de octubre de 2016, todas las
prestaciones sociales y laborales tomando como base el 100 % de la asignación
y el 30 % de la prima especial, sin carácter salarial y a cancelar las diferencias
salariales, laborales y prestacionales que resulten de dicha reliquidación, al
encontrar probado que el demandante, en su calidad de procurador judicial II,
percibió montos inferiores a los que le correspondían, debido a la disminución
de la asignación básica por dicho concepto.
36. No obstante, en virtud de lo dispuesto en el inciso 2 del artículo 187 del CPACA,
19 Según constancia certificado del 7 de junio de 2018 emitidas por el jefe de la División de Gestión Humana de
la Procuraduría General de la Nación obrante a folios 90 y 91 del cuaderno N.° 2 del expediente físico.
denominado «48ED_C01Principal_040CONTESTACIONDEMANDAPDF(.PDF) NroActua 35» folios 148 a
165 visible a índice 00035 del SAMAI del Tribunal
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habrán de modificarse los numerales tercero, cuarto y quinto de la sentencia
apelada, en lo que respecta a la fecha de reconocimiento, en atención a que se
configuró la prescripción. En efecto, el derecho a la prima especial se hizo
exigible con la entrada en vigencia del Decreto 57 de 1993 que reglamentó
primigeniamente la Ley 4.ª de 1992, es decir, a partir del 7 de enero de 1993.
Desde entonces, el interesado podía interrumpir el término extintivo, de modo
que, a diferencia de lo estimado por el juez, no fue a partir de la ejecutoria de la
sentencia de primera instancia que surgió el derecho.
37. Así las cosas, el demandante tiene derecho a que se le pague la diferencia entre
lo efectivamente recibido y lo dejado de percibir, a partir del 16 de mayo de
2013, esto es, tres años atrás de la fecha en que solicitó el reajuste de sus
prestaciones sociales y salariales, debido a la prescripción trienal, y desde ese
día hasta el 6 de octubre de 201620, debido a que la petición fue radicada ante
la administración el 16 de mayo de 201621.
38. Sin embargo, dicho fenómeno no operará en lo que se refiere a las diferencias
de las cesantías causadas durante los periodos en que ha ocupado el cargo de
procurador judicial II, tal como se expuso en la sentencia de unificación del 25
de agosto de 201622, según la cual este derecho no prescribe mientras la
relación laboral esté vigente, como ocurre en el presente asunto23.
39. Tampoco en relación con los aportes destinados al Sistema de Seguridad Social
en Pensiones, pues estos constituyen un derecho imprescriptible e
irrenunciable24 y, por virtud de lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 100 de
199325 son obligatorios, no solo por su naturaleza parafiscal, sino por la
sostenibilidad del sistema26. En ese contexto, surge el deber de la entidad de
efectuar la respectiva reliquidación con el fin de determinar el monto de los
aportes adeudados.
40. En esos términos, se revocará parcialmente el numeral primero de la sentencia
apelada en el sentido de declarar probada la excepción de prescripción, salvo
20 De acuerdo con certificación laboral expedida el 7 de junio de 2018 por el Jefe de la división de Gestión
Humana de la Procuraduría General de la Nación y con lo manifestado en la demanda sobre la fecha de su
desvinculación.
21 Ver folios 28 a 32 del cuaderno N.º 2 del expediente físico.
22 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 25 de agosto de 2016. Radicación: 08001-23-31-000-
2011-00628-01 (0528-14) CE-SUJ2-004-16. MP: Luis Rafael Vergara.
23 El demandante se encontraba laborando al momento de la presentación de la reclamación administrativa,
razón por la cual hay lugar al reconocimiento de las cesantías.
24 La sentencia del 25 de agosto de 2016, radicación 23001 23 33 000 2013 00260 01 (0088-15) consejero
ponente, Carmelo Perdomo Cuéter, precisó: «la Sala aclara que la prescripción extintiva no es dable aplicar
frente a los aportes para pensión, en atención a la condición periódica del derecho pensional, que los hace
imprescriptibles, pues aquellos se causan día a día y en tal sentido se pueden solicitar en cualquier época,
mientras que las prestaciones sociales y salariales, al ser pagadas por una sola vez, sí son susceptibles del
mencionado fenómeno, por tener el carácter de emolumentos económicos temporales».
25 ARTÍCULO 17. Obligatoriedad de las Cotizaciones. Durante la vigencia de la relación laboral deberán
efectuarse cotizaciones obligatorias a los Regímenes del Sistema General de Pensiones por parte de los
afiliados y empleadores, con base en el salario que aquéllos devenguen.
26 Ver sentencia del Consejo de Estado- Sala de lo Contencioso Administrativo. Sala de conjueces de la
Sección Segunda- providencia del 4 de julio de 2024, conjuez ponente: Clara Elisa Cifuentes Ortíz, radicación:
25000-23-42-0002017-05349-02 (2828-2021).
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en lo que se refiere a la obligación de la demandada de pagar las diferencias
por concepto de cesantías y de reajustar y pagar los aportes al sistema
pensional, utilizando como ingreso base de cotización el 100 % de la
remuneración, calculado sobre el total de la asignación básica fijada anualmente
por el Gobierno nacional para los servidores de la Rama Judicial, esto es, el
salario básico pagado en su momento sobre un 70 %, más el 30 % reconocido
a título de prima especial, desde el 3 de marzo de 2008 hasta el 5 de octubre
de 2016, con inclusión del valor de este último emolumento, de conformidad con
la ley.
De la condena en costas en segunda instancia
41. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la
Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo
anterior, de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida
reforma de ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio
objetivo que gobierna esta materia.
42. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021,
fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente
de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público;
creando así una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha
imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás
asuntos, como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del
derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en
ese sentido la sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte
vencida en el proceso.
43. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida considerando
lo dispuesto en el artículo 365 del CGP, aplicable por la integración normativa
autorizada en el artículo 306 del CPACA; la liquidación y ejecución se regirá
conforme al artículo 366 del CGP teniendo en cuenta la remisión contenida en
el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
44. En este contexto, en el caso concreto no procede la condena en costas, porque
las peticiones del recurso de apelación están siendo concedidas de manera
parcial, por lo que no puede predicarse que alguna de las partes haya sido
vencida en el proceso. En consecuencia, se prescindirá de la condena en costas
en esta instancia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
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FALLA
Primero: AVOCAR conocimiento del proceso de la referencia, por las razones
expuestas en la parte motiva.
Segundo: ESTARSE a lo resuelto en la sentencia proferida por el Consejo de
Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces, del 10 de septiembre de 2024,
radicado 11001-03-25-000-2012-00328-00 (1292-2012), de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva de esta providencia.
Tercero: REVOCAR parcialmente el numeral primero de la sentencia del trece (13)
de diciembre de dos mil dieciocho (2018) proferida por el Tribunal Administrativo del
Tolima, Sala de Conjueces, para declarar no probada la excepción de caducidad y
declarar probada de oficio la prescripción parcial, así:
«DECLARAR probada de oficio la PRESCRIPCIÓN parcial de las sumas
causadas con anterioridad al 16 de mayo 2013, de conformidad con los Decretos
3135 de 1968 y 1848 de 1969 en armonía con la jurisprudencia desarrollada sobre
el asunto, con excepción de la obligación de la demandada de pagar las
diferencias por concepto de cesantías y de efectuar y pagar las cotizaciones o
aportes al Sistema General de Seguridad Social en materia de pensiones,
utilizando como ingreso base de cotización el 100% de su remuneración, desde
el 3 de marzo de 2008 hasta el 5 de octubre de 2016, fecha del retiro definitivo del
servicio.
Cuarto: MODIFICAR los numerales, tercero, cuarto y quinto de la sentencia trece
(13) de diciembre de dos mil dieciocho (2018) proferida por el Tribunal
Administrativo del Tolima, Sala de Conjueces, para en su lugar, disponer en un solo
numeral:
«CONDENAR a la entidad demandada a: i) ) reconocer y pagar las diferencias
existentes entre lo percibido y lo que debió percibir, por concepto de ingresos
mensuales y prestaciones sociales sobre la base del 100 % del salario básico más
el 30 % de la prima especial de servicios; ii) reconocer, reliquidar y pagar las
prestaciones sociales al accionante, liquidadas sobre la base de todo el salario
básico, sin restarle ni sumarle a éste el 30 %, ya que la prima especial de
servicios no tiene carácter salarial; y iii) lo anterior será reconocido a partir del
16 de mayo del 2013 al 5 de octubre de 2016, fecha del retiro definitivo del
servicio.
Igualmente, a pagar las diferencias por concepto de cesantías y a efectuar y pagar
las cotizaciones o aportes al Sistema General de Seguridad Social en materia de
pensiones, utilizando como ingreso base de cotización el 100 % de su
remuneración, calculado sobre el total de la asignación básica fijada anualmente
por el Gobierno nacional para los servidores de la Rama Judicial, esto es, el
salario básico pagado en su momento sobre un 70 %, más el 30 % reconocido a
título de prima especial, desde el 3 de marzo de 2008 hasta 5 de octubre de 2016,
con inclusión del valor de este último emolumento, de conformidad con la ley.
Para efectuar dicho reconocimiento, la entidad tendrá en cuenta que la
bonificación por compensación para magistrados y cargos equivalentes no puede
superar en ningún caso el 80% de lo que por todo concepto devenguen
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anualmente los magistrados de Alta Corte, que es igual a lo que por todo concepto
reciben los congresistas, incluido el auxilio de cesantías.»
Quinto: CONFIRMAR en lo demás, la sentencia del trece (13) de diciembre de dos
mil dieciocho (2018) proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima, Sala de
Conjueces.
Sexto: Reconocer personaría al abogado Milton Florido Cuellar portador de la T.P.
93.388.472 del C. S. de la J. como apoderado de la parte demandante, de
conformidad con el poder obrante a folio 279 del expediente físico.
Séptimo: Reconocer personería al abogado Rafael Andrés Valenzuela Bueno
portador de la T.P. 293.866 del C. S. de la J., como apoderado de la parte
demandada, de conformidad con el poder obrante en el índice 00039 de SAMAI.
Octavo: Sin condena en costas en esta instancia.
Noveno: Ejecutoriada esta sentencia devolver el expediente al Tribunal de origen,
previas las anotaciones correspondientes.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de
la fecha.
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente
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