Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 73001-23-33-000-2019-00135-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 73001-23-33-000-2019-00135-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 73001-23-33-000-2019-00135-01
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
30 de enero de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE (E): LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá, D.C., treinta (30) de enero de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 73001 23 33 000 2019 00135 01 (1637-2021)
Demandante: Gustavo González Muñoz
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP
Temas: Reconocimiento de Pensión Gracia. Vínculo nacional.
Incorporación planta docente.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por el demandante contra la
sentencia del 26 de noviembre de 2020, proferida por el Tribunal Administrativo del
Tolima, que denegó las pretensiones de la demanda.
1. Antecedentes
1.1. La demanda1
1.1.1. Las pretensiones
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo - CPACA, el señor Gustavo González Muñoz, por
conducto de apoderado, formuló demanda en orden a que se declare la nulidad del
Auto ADP 013625 del 31 de octubre de 2016, por el cual se denegó el
reconocimiento de la pensión gracia solicitada.
1 Folios 1 al 30.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
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Radicación: 73001 23 33 000 2019 00135 01 (1637-2021)
Demandante: Gustavo González Muñoz
Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho, el
accionante solicitó condenar a la UGPP, a lo siguiente: i) reconocer la pensión gracia
de jubilación, a partir de la fecha en que consolidó el estatus; ii) cumplir la condena
en los términos de los artículos 192 y siguientes del CPACA; y iii) pagar las costas
procesales.
1.1.2. Hechos
Como hechos relevantes, el apoderado del demandante señaló los siguientes:
i) El señor Gustavo González Muñoz prestó sus servicios en el Programa de
Alfabetización, por orden de prestación de servicios, en el municipio de Natagaima
(Tolima), entre el 1 de agosto de 1979 y el 31 de mayo de 1980, para un total de
seis meses. Posteriormente, laboró como docente de educación básica en el
Ministerio de Educación Nacional, en virtud del nombramiento efectuado por la
Resolución 335 del 13 de marzo de 1979, desde el 27 de febrero 1979 (fecha de la
posesión) hasta el 22 de agosto de 1996.
ii) El vínculo laboral de carácter nacional descrito en el hecho anterior mutó a
departamental, por mandato de la Ley 60 de 1993, debido a que el departamento
del Tolima fue certificado por medio de la Resolución 2210 del 28 de mayo de 1996,
proferida por el Ministerio de Educación Nacional, y la Nación le entregó la
educación al departamento del Tolima, según acta del 23 de agosto de 1996. Como
consecuencia de la descentralización, el tiempo de servicio prestado entre el 23 de
agosto de 1996 hasta la fecha de presentación de la demanda son de carácter
territorial-departamental y, por tanto, apto para el reconocimiento de la pensión
gracia.
iii) El actor solicitó ante la UGPP el reconocimiento de la pensión gracia; sin embargo,
esta petición fue negada mediante el auto enjuiciado.
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
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Radicación: 73001 23 33 000 2019 00135 01 (1637-2021)
Demandante: Gustavo González Muñoz
Como tales se señalaron los artículos 1, 2, 13, 25, 29, 48, 53, 151, 286, 287, 288,
356 y 357 de la Constitución Política; 3, 4 y 13 de la Ley 39 de 1903; 1, 2, 3 y 4 de
la Ley 114 de 1913; 6 de la Ley 116 de 1928; 3 de la Ley 37 de 1933; 1 de la Ley
24 de 1947; 4 de la Ley 4 de 1966; 1 y 10 de la Ley 43 de 1975; 1 y 15 de la Ley 91
de 1989; 2, 3, 4, 6, 14 y 15 de la Ley 60 de 1993; 14 de la Ley 100 de 1993; 7, 34,
37, 38 y 41 de la Ley 715 de 2001; 19, 34, 36, 40, 41, 42, 66, 67, 68, 69 y 74 de la
Ley 1437 de 2011; 5 del Decreto 1743 de 1966; y 1, 2, 3, 5 y 6 del Decreto 2277 de
1979.
Al desarrollar el concepto de violación, el apoderado del demandante expuso lo
siguiente:
i) El acto administrativo que negó el reconocimiento pensional fue expedido de
manera irregular ya que se limitó a señalar que mediante actos administrativos
anteriores se le había resuelto desfavorablemente la solicitud, desconociendo que
se trata de un derecho imprescriptible y, por ende, se debió iniciar el procedimiento
previsto en el artículo 34 del C.P.A.C.A. y emitir una decisión motivada.
ii) El acto acusado adolece de falsa motivación, ya que se solicitó expresamente
tener en cuenta unos tiempos de servicio municipales y unos tiempos de servicio
que mutaron de nacionales a departamentales, por efecto de la descentralización
de la educación, lo cual no mereció ninguna atención por parte de la UGPP.
iii) El auto censurado infringe las normas en que debía fundarse, pues el actor
ingresó como docente antes del 31 de diciembre de 1980 y laboró durante más de
20 años, primero como educador municipal y luego como docente departamental,
razón por la cual tiene derecho a la pensión gracia consagrada en la Ley 114 de
1913.
1.2. Contestación de la demanda
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Radicación: 73001 23 33 000 2019 00135 01 (1637-2021)
Demandante: Gustavo González Muñoz
La apoderada de la UGPP se opuso a las pretensiones de la demanda y expuso las
siguientes razones de defensa:2
i) Conforme a lo normado en el artículo 3 de la Ley 114 de 1913, no es posible
percibir al mismo tiempo sendas prestaciones concedidas por la Nación. Por su
parte, del artículo 1 de la Ley 91 de 1993, se puede establecer que no se permite la
sumatoria de los tiempos de vinculación nacional y los que eventualmente se
hubieren consolidado como docente territorial o nacionalizado.
ii) Los tiempos prestados por el docente, como nacionalizado, no son suficientes
para el reconocimiento de la pensión gracia, pues los únicos lapsos computables
son los financiados con recursos propios de la entidad territorial o los provenientes
del situado fiscal.
Propuso las excepciones de: inexistencia del derecho a reclamar, cobro de lo no
debido, buena fe, inexistencia de vulneración de principios constitucionales y legales
y prescripción.
1.3. La sentencia apelada
El Tribunal Administrativo del Tolima, mediante sentencia del 26 de noviembre de
2020, declaró probada la excepción de inexistencia del derecho y, en consecuencia,
denegó las pretensiones de la demanda y condenó en costas a la parte actora.
Sustentó la decisión en las siguientes consideraciones:3
i) De las pruebas obrantes en el plenario, se aprecia que si bien el accionante inició
sus labores como docente antes del 31 de diciembre de 1980, lo cierto es que el
tipo de vinculación siempre fue de carácter nacional, teniendo en cuenta que cuando
prestó sus servicios en el Programa de Alfabetización en la Alcaldía Municipal de
Natagaima (Tolima) previamente había sido nombrado mediante Resolución 335 del
2 Folios 146 al 152.
3 Folios 248 al 260.
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Demandante: Gustavo González Muñoz
13 de marzo de 1979, emanada del Ministerio de Educación Nacional, como
docente de la Concentración de Desarrollo Rural de Achique (Natagaima), cuyo
vínculo es de carácter nacional y con el cual ha venido laborando al servicio de la
docencia.
ii) Pese a que el departamento del Tolima fue certificado para la prestación de
servicios educativos mediante la Resolución 2210 del 28 de mayo de 1996 y el
Ministerio de Educación Nacional le hizo entrega el 23 de agosto de 1996 de bienes,
personal y establecimientos que le permitieran cumplir las funciones y obligaciones
recibidas, en virtud de lo dispuesto en las Leyes 60 de 1993 y 115 de 1994, tal
descentralización no modificó el régimen pensional de los docentes vinculados con
antelación a dicha norma o que se vincularon con posterioridad a su expedición,
comoquiera que, en virtud del artículo 6 de la Ley 60 de 1993, el régimen
prestacional aplicable es el consagrado en la Ley 91 de 1989, es decir, el aplicable
para los docentes del sector nacional.
Por tal razón, no resultan de recibo los argumentos expuestos por la parte actora en
el sentido de que al ocurrir el proceso de descentralización de la educación, siendo
entregada a las entidades territoriales, el vínculo mutó, en el caso del señor Gustavo
Gonzáles Muñoz, a departamental, pues como se precisó, el tipo de vinculación en
ningún momento se modificó y este continuó siendo de carácter nacional.
iii) Tampoco es admisible la tesis que expone el apoderado de la parte actora, que
al provenir del situado fiscal y del Sistema General de Participaciones asignado por
la Nación al departamento del Tolima los recursos con los cuales se financió el pago
de los salarios y demás prestaciones sociales de su mandante, estos dejaron de ser
nacionales, ratificando la naturaleza del vínculo laboral del actor como territorial,
teniendo en cuenta que, tal y como lo indicó el Consejo de Estado en providencia
del 21 de junio de 2018, la acreditación de la plaza a ocupar (nacionalizada o
territorial) es lo esencialmente relevante para el reconocimiento de la pensión
gracia, independientemente del origen de los recursos con los que se financiaba el
pago.
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Demandante: Gustavo González Muñoz
1.4. El recurso de apelación
El actor interpuso recurso de apelación contra la sentencia con base en los
siguientes argumentos:4
i) Si bien el vínculo laboral de la accionante en un principio fue nacional, mutó a
departamental desde el 23 de agosto de 1996, por efecto de la descentralización
del servicio educativo en el departamento del Tolima. Por lo tanto, a partir de esta
fecha el señor González Muñoz dejó de tener un vínculo nacional, más aún cuando
los dineros con que se le pagaban sus acreencias provenían del Sistema General
de Participaciones, los cuales no son recursos nacionales, sino que son una fuente
exógena de los recursos propios de las entidades territoriales. Es decir, que existió
una sustitución patronal, la cual operó por mandato de las Leyes 43 de 1975, 60 de
1993 y 715 de 2001.
ii) La condena en costas no puede estar fundada únicamente en la derrota de las
pretensiones, como lo hizo el fallador, sino que, por el contrario, debe existir dentro
del expediente prueba de que la solicitud de la pensión se hizo de forma temeraria
o sin arreglo a los procedimientos establecidos en el ordenamiento jurídico para que
esta resulte procedente; situación que no aconteció en el caso particular, aunado al
hecho de que el demandante, confiando en los efectos legales de la
descentralización de la educación, ha construido una expectativa válida para que se
reconozca el derecho discutido.
1.5. Alegatos de conclusión en segunda instancia
Las partes, demandante y demandada, reiteraron los argumentos expuestos en el
transcurso del proceso.5
4 Folios 267 al 282.
5 Memoriales allegados por correo electrónico, adjuntados a Samai (índices 15 y 16, respectivamente).
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Demandante: Gustavo González Muñoz
1.6. El Ministerio Público
El agente del Ministerio Público solicitó revocar la sentencia apelada y, en su lugar,
acceder a las pretensiones de la demanda. Expuso lo siguiente:6
i) Si bien el demandante tomó posesión del cargo de profesor de enseñanza
secundaria de la Concentración de Desarrollo Rural de Achique Natagaima, el 27
de febrero de 1979, por designación del Ministerio de Educación Nacional, dicho
vínculo estuvo vigente hasta el 22 de agosto de 1996, pues a partir del 30 de
diciembre de 1997, mediante Decreto 1385, fue asignado al plantel educativo
Guasimal Mesas del Municipio de Natagaima, y a partir de mayo de 2006, según
Decreto 219, fue trasladado al plantel educativo Gustavo Perdomo Ávila.
ii) Es claro que el actor reúne los requisitos de la prestación que reclama,
especialmente los que fueron objeto de debate por parte de la entidad demandada,
pues suma más de 20 años de servicios como docente de instituciones del orden
territorial, en cualquier tiempo, con vinculación al magisterio con anterioridad al 31
de diciembre de 1980.
La Sala decide, previas las siguientes
2. Consideraciones
2.1. El problema jurídico
El problema jurídico consiste en determinar si el demandante tiene derecho a que
la UGPP le reconozca la pensión gracia, en aplicación del régimen consagrado en la
Ley 114 de 1913 y demás normas que regulan dicha prestación.
6 Samai, folio 17.
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Demandante: Gustavo González Muñoz
2.2. Marco normativo
El artículo 1 de la Ley 114 de 1913 dispuso que los maestros de escuelas primarias
oficiales «que hayan servido en el magisterio por un término no menor de veinte
años, tienen derecho a una pensión de jubilación vitalicia, en conformidad con las
prescripciones de la presente Ley».
Por su parte, las Leyes 116 de 19287 y 37 de 19338 consagraron la posibilidad de
que los docentes obtuvieran la pensión gracia computando los años laborados en
la enseñanza secundaria, normalista o como inspectores de instrucción pública,
siempre y cuando cumplieran los demás requisitos fijados por el artículo 4 de la Ley
114 de 1913, pues estos no fueron modificados por la normativa posterior. 9
Dentro de los requerimientos para acceder al mencionado beneficio, el artículo 4
ibidem incluyó el referente a que el educador no haya recibido o reciba «otra pensión
o recompensa de carácter nacional».10
En virtud de dicho condicionamiento, la Sala Plena del Consejo de Estado, mediante
Sentencia S-699 de 1997 del 29 de agosto de 1997, concluyó que «la pensión
gracia no puede ser reconocida a favor de un docente nacional, pues constituye
7 Artículo 6. Los empleados y profesores de las Escuelas Normales y los Inspectores de Instrucción Pública
tienen derecho a jubilación en los términos que contempla la ley 114 de 1913 y demás que a esta complementan.
Para el cómputo de los años de servicio se sumarán los prestados en diversas épocas, tanto en el campo de la
enseñanza primaria cono en el de la normalista, pudiéndose contar en aquella la que implica la inspección.
8 Artículo 3. Las pensiones de jubilación de los maestros de escuela rebajadas por decreto de carácter
legislativo, quedaran nuevamente en la cuantía señalada por las leyes.
Hácense extensivas estas pensiones a los maestros que hayan completado los años de servicios señalados
por la Ley, en establecimientos de enseñanza secundaria.
9 Al respecto pueden consultarse las siguientes providencias del Consejo de Estado: i) sentencia de 16 de junio
de 1995, radicado: 10665; ii) sentencia de 29 de agosto de 1997, radicado: S-699.
10 Artículo 4º.- Para gozar de la gracia de la pensión será preciso que el interesado compruebe:
1. Que en los empleos que ha desempeñado se ha conducido con honradez y consagración.
2. (Derogado por la Ley 45 de 1931).
3. Que no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter nacional. Por
consiguiente, lo dispuesto en este inciso no obsta para que un Maestro pueda recibir a un mismo tiempo
sendas pensiones como tal, concedidas por la Nación o por un Departamento.
4. Que observe buena conducta.
5. (Derogado artículo 8 Ley 45 de 1931).
6. Que ha cumplido cincuenta años, o que se halla en incapacidad por enfermedad u otra causa, de ganar
lo necesario para su sostenimiento.
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Radicación: 73001 23 33 000 2019 00135 01 (1637-2021)
Demandante: Gustavo González Muñoz
requisito indispensable para su viabilidad que el maestro no reciba retribución
alguna de la nación por servicios que le preste, o que no se encuentre pensionado
por cuenta de ella. Por lo tanto, los únicos beneficiarios de tal prerrogativa eran
los educadores locales o regionales».11
Al respecto, es preciso resaltar que la prestación en comento se creó con la finalidad
de compensar a los profesores adscritos a entidades territoriales en razón a la
diferencia salarial que se evidenciaba en comparación con los docentes nacionales;
sin embargo, este objetivo inicial perdió su fundamento con ocasión del proceso de
nacionalización de la educación que instituyó la Ley 43 de 1975 y en razón a que el
artículo 15 de la Ley 91 de 1989 dispuso que tal beneficio sería compatible con la
pensión ordinaria de jubilación, «aún en el evento de estar ésta a cargo total o
parcial de la Nación».
En virtud de la expedición de la Ley 91 de 1989, la Sala Plena de esta corporación,
en la referida Sentencia S-699 de 1997, afirmó que la pensión gracia debe
reconocerse a los docentes nacionalizados, en aras de «colmar las expectativas
de los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 e involucrados, por su
labor, en el proceso de nacionalización de la educación primaria y secundaria
oficiales».
Ahora bien, la Ley 91 de 1989 pretendió desmontar el reconocimiento de la pensión
gracia en consideración a que ya no existía la diferencia salarial anotada; sin
embargo, en su artículo 15, numeral 2, literal a), previó lo siguiente:
Artículo 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional y
nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1. de enero de 1990 será regido
por las siguientes disposiciones:
[…]
11 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 29 de agosto de 1997,
radicado: S-699. También pueden consultarse las siguientes providencias de la Sección Segunda que han
acogido igual lineamiento: i) Subsección A, sentencia del 10 de marzo de 2016, radicado: 52001-23-33-000-
2013-00145-01 (2604-2014); ii) Subsección B, sentencia del 1 de marzo de 2018, radicado: 25000-23-42-000-
2013-06449-01 (3989-2015); y iii) Subsección B, sentencia del 30 de enero de 2020, radicado: 23001-23-33-
000-2016-00431-01 (5640-2018). En similar sentido, puede consultarse la Sentencia C-085 de 2002, proferida
por la Corte Constitucional.
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Radicación: 73001 23 33 000 2019 00135 01 (1637-2021)
Demandante: Gustavo González Muñoz
2. Pensiones:
A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de las
Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieren
desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia,
se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta
pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión Social conforme al
Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún en
el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la Nación.
La Sentencia C-489 de 2000 declaró la exequibilidad condicionada de la expresión
«vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980» contenida en la norma transcrita,
bajo el entendido de que «las situaciones jurídicas particulares y concretas que se
hubieran consolidado antes de entrar en vigencia la ley 91/89, esto es, antes del 29
de diciembre de 1989, quedan a salvo de la nueva normatividad por cuanto
constituyen derechos adquiridos que el legislador no podía desconocer».
Mediante sentencia de unificación del 11 de agosto de 2022,12 la Sección Segunda
del Consejo de Estado analizó el alcance de la citada disposición, en consonancia
con la jurisprudencia constitucional proferida en la materia, con el fin de determinar
si era necesario tener consolidado el derecho pensional al 29 de diciembre de 1989.
Al respecto, se explicó que el artículo 15, numeral 2, literal a), de la Ley 91 de 1989
contiene dos fechas relevantes para estudiar el derecho a la pensión gracia, a saber:
1) 31 de diciembre de 1980 - constituye el último momento en que podía
realizarse la vinculación del docente que pretendiera el reconocimiento
pensional.
2) 29 de diciembre de 1989 - corresponde a la fecha de entrada en vigencia de
la Ley 91 de 1989; sin embargo, esta «no puede entenderse como un plazo que
demarque la última oportunidad para consolidar el derecho a la pensión gracia».13
12 Radicado 15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017).
13 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 11 de agosto de 2022, radicado 15001-
23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017).
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Radicación: 73001 23 33 000 2019 00135 01 (1637-2021)
Demandante: Gustavo González Muñoz
En este orden de ideas, tiene derecho a que se le reconozca la pensión gracia aquel
docente que haya tenido una vinculación en una plaza nacionalizada o territorial
antes del 31 de diciembre de 1980 y que cumpla con las exigencias de la Ley 114
de 1913 y demás normas que la desarrollaron, sin importar el momento en que logre
colmar los requisitos de edad y tiempo de servicio, es decir, que lo haga antes o
después del 29 de diciembre de 1989. Al respecto, esta corporación explicó lo
siguiente:14
[…] la línea jurisprudencial del Consejo de Estado se ha encaminado a afirmar que la
condición para el reconocimiento de la pensión gracia «es que la vinculación del
docente territorial sea anterior al 31 de diciembre de 1980, contando tiempos
posteriores siempre y cuando se demuestren como nacionalizados o
territoriales».15
[…] conforme a lo indicado en la Sentencia C-506 de 2006, en consonancia con los
antecedentes legislativos de la Ley 91 de 1989, se concluye que esta disposición
buscó proteger las reivindicaciones laborales alcanzadas por los educadores hasta
ese momento, dentro de las que se encontraba la pensión gracia de jubilación; por
ende, el único límite temporal que se impuso consistió en que los docentes territoriales
y nacionalizados demostraran haber ingresado al magisterio con antelación al 31 de
diciembre de 1980, pues a ellos se les debería seguir respetando el régimen pensional
que los cobijaba, en otras palabras, se protegieron tanto los derechos adquiridos
como las expectativas de completar los requisitos para obtener el derecho pensional,
pues las normas seguirían proyectando sus efectos en el tiempo para los servidores
vinculados en la forma indicada.
[…]
v) La Sentencia C-506 de 2006, antes estudiada, aclara el entendimiento frente al
límite temporal fijado por la Ley 91 de 1989, el cual consiste en garantizar el acceso
a la pensión gracia de aquellos docentes que se vieron inmersos en el proceso de
nacionalización de la educación, es decir, ingresaron con antelación al 31 de
diciembre de 1980 y, por lo tanto, no podían ver truncada la posibilidad de completar
los requisitos previstos para obtener dicho beneficio por tratarse de una conquista
laboral respecto de la cual tenían aspiraciones legítimas.
vi) Mediante la Sentencia SU-014 de 2020, la Corte Constitucional explicó que el
artículo 15, numeral 2, literal a), de la Ley 91 de 1989 «solo tiene una lectura posible,
esto es, la interpretación literal, gramatical y finalista, conforme a la cual, los
profesores de primaria, los empleados y docentes de las Escuelas Normales, los
inspectores de instrucción pública y los docentes oficiales de secundaria aún podrían
acceder a la prestación siempre que se hubiesen vinculado hasta el 31 de
14 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 11 de agosto de 2022, radicado 15001-
23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017).
15 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 19 de septiembre de 2019, radicado: 11001-03-15-000-
2019-02219-01 (AC).
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Radicación: 73001 23 33 000 2019 00135 01 (1637-2021)
Demandante: Gustavo González Muñoz
diciembre de 1980 y cumplieran los demás requisitos de ley». A partir de dicho
entendimiento, se reconoció la pensión gracia a una docente que se vinculó antes de
la referida fecha y consolidó su estatus con posterioridad a la promulgación de la Ley
91 de 1989.
Bajo este contexto, se fijó como regla de unificación que «[l]os docentes pueden
acceder a la pensión gracia antes y después del 29 de diciembre de 1989, siempre
y cuando acrediten una vinculación territorial o nacionalizada con antelación al 31
de diciembre de 1980 y cumplan con los demás requisitos legalmente establecidos
para su reconocimiento».
Una vez aclarado este aspecto, es preciso tener en cuenta que para determinar la
plaza docente que permite obtener el beneficio pensional en comento, en sentencia
del 21 de junio de 2018,16 esta corporación fijó las siguientes reglas de
unificación:17
(i) los recursos del antiguo situado fiscal, regulados tanto en la Constitución de 1886
como en la de 1991, que transfería o cedía la Nación a las entidades territoriales para
atender al sostenimiento de los fondos educativos regionales, una vez ingresaban a
los presupuestos locales, le pertenecían de forma exclusiva a los entes territoriales;
(ii) la calidad de docente territorial o nacionalizado es otorgada por la ley, y no se
pierde, o cambia a nacional, cuando en el acto de vinculación del docente haya
intervenido el delegado permanente del Ministerio de Educación Nacional ante el
respectivo fondo educativo regional o haya certificado la disponibilidad presupuestal
o la vacancia definitiva del cargo;
(iii) en consecuencia, lo esencialmente relevante, frente al reconocimiento de la
aludida prestación, es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de
carácter territorial o nacionalizada, pues en lo que respecta a los educadores
territoriales, el pago de sus acreencias provenía directamente de las rentas de la
respectiva localidad, o de las exógenas -situado fiscal- cuando se sufragaban los
gastos a través de los endógenas exógenas fondos educativos regionales, y en lo que
tiene que ver con los educadores nacionalizados, las erogaciones que estos
generaban se enmarcan en los recursos del situado fiscal, hoy sistema general de
participaciones; y
(iv) para acreditar la calidad de docente territorial, se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer con
suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto
16 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 21 de junio de 2018, radicado: 25000-23-
42-000-2013-04683-01 (3805-2014).
17 Para mayor claridad se separaron cada una de las reglas, pero se conservó el contenido literal de la sentencia
transcrita.
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Radicación: 73001 23 33 000 2019 00135 01 (1637-2021)
Demandante: Gustavo González Muñoz
como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la respectiva
certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el
tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial es de carácter
territorial.
El escenario normativo y jurisprudencial antes transcrito permite concluir que, en lo
que atañe al requerimiento de acreditar 20 años en el servicio educativo para
acceder a la pensión gracia, los docentes deben demostrar una vinculación en una
plaza nacionalizada o territorial antes del 31 de diciembre de 1980 y pueden
acumular dichos tiempos con los posteriores laborados en similar condición.
A su vez, no se les puede exigir haber completado todos los requisitos antes del 29
de diciembre de 1989 y tampoco es válido impedir el acceso al beneficio pensional
bajo el argumento de que los salarios fueron pagados total o parcialmente con
recursos provenientes del situado fiscal o del sistema general de participaciones,
pues «lo esencialmente relevante, frente al reconocimiento de la aludida prestación,
es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial o
nacionalizada».18
2.3. Hechos probados
➢ Edad y tiempo de servicios
• De acuerdo con el registro civil de nacimiento,19 el señor González Muñoz nació el
30 de mayo de 1960, es decir, que cumplió 50 años el 30 de mayo de 2010.
• Se vinculó al programa de alfabetización del municipio de Natagaima (Tolima),
por contrato de prestación de servicios, desde el 1 de agosto hasta el 31 de octubre
de 1979 y del 1 de marzo al 31 de mayo de 1980.20
18 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 21 de junio de 2018, radicado: 25000-23-
42-000-2013-04683-01 (3805-2014).
19 Folio 95.
20 Certificación emitida el 13 de marzo de 2013 por el secretario general y de gobierno municipal de Natagaima
(folio 99).
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Demandante: Gustavo González Muñoz
• El 27 de febrero de 1979, tomó posesión del cargo de profesor de enseñanza
secundaria de la Concentración de Desarrollo Rural de Achique (Natagaima), para
el cual fue nombrado por Resolución 335 del 13 de marzo de 1979 emanada del
Ministerio de Educación Nacional.21
• De acuerdo con el certificado de historial laboral expedido por la Secretaría de
Educación Departamental del Tolima, el 24 de febrero de 2016, el señor González
Muñoz, para esta fecha se encontraba activo y había laborado 36 años, 11 meses
y 29 días, con las siguientes novedades:
• El 30 de diciembre de 2019, la directora administrativa y financiera de la Secretaría
de Educación y Cultura del departamento del Tolima certificó:22
➢ Actuación administrativa
21 Folio 210
22 Folio 209.
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Demandante: Gustavo González Muñoz
• El 1 de julio de 2016, el demandante radicó ante la entidad de previsión petición
de reconocimiento y pago de pensión gracia.23
• El 31 de octubre de 2016, por medio del Auto ADP 013628, la UGPP resolvió en
forma negativa la solicitud al considerar que los tiempos de servicio aportados
fueron prestados con nombramiento del orden nacional.24
2.4. El caso concreto. Análisis de la Sala
Las pruebas obrantes en el plenario dan cuenta del tiempo de servicio prestado por
el demandante en la docencia oficial, así:
2.4.1. Del 1 de agosto al 31 de octubre de 1979 y del 1 de marzo al 31 de mayo
de 1980.
Para acreditar la labor durante los mencionados lapsos se aportó la certificación
expedida por el secretario general y de gobierno municipal de Natagaima (Tolima),
en los siguientes términos:
23 Folios 33 y 34.
24 Folios 120 al 124.
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Demandante: Gustavo González Muñoz
Como se puede apreciar, el documento no contiene información que otorgue certeza
respecto de la naturaleza del vínculo docente. Simplemente refiere que el trabajo se
desempeñó en el programa de alfabetización, por órdenes de prestación de
servicios, pues, según se afirma, el certificado se elaboró con base en declaraciones
extraproceso, realizadas en la Notaría Única del municipio, debido a que el archivo
municipal se deterioró totalmente, a causa de la inundación del lugar donde se
encontraba ubicado. En ese orden, estos periodos, correspondientes a seis meses,
no resultan computables para determinar el derecho a la pensión gracia reclamada.
En todo caso, si, en gracia de discusión se aceptara que dicha vinculación fue de
carácter territorial, ese corto tiempo resulta insuficiente para el reconocimiento de la
prestación.
2.4.2. Del 27 de febrero de 1979 al 24 de febrero de 201625
En este lapso el señor Gustavo González Muñoz laboró como profesor de
enseñanza secundaria de la Concentración de Desarrollo Rural de Achique
(Natagaima), nombrado por Resolución 335 del 13 de marzo de 1979, emanada del
Ministerio de Educación Nacional. De ello da cuenta el acta de posesión:
25 Fecha de la última certificación expedida por la Secretaría de Educación Departamental del Tolima, para la
cual el demandante seguía activo al servicio de la docencia.
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Demandante: Gustavo González Muñoz
A partir de dicho vínculo puede asegurarse que el demandante adquirió el carácter
de docente nacional, de acuerdo con el artículo 1 de la Ley 91 de 1989, según el
cual se entiende por personal nacional aquellos «docentes vinculados por
nombramiento del Gobierno Nacional», conforme ocurrió en este caso con la
designación efectuada por medio de la Resolución 335 del 13 de marzo de 1979.
17
Radicación: 73001 23 33 000 2019 00135 01 (1637-2021)
Demandante: Gustavo González Muñoz
Tal naturaleza del vínculo es aceptada por el demandante,26 quien refiere que tuvo
la condición de docente nacional 27 de febrero de 1979 y el 22 de agosto de 1996,
pero que el vínculo mutó a departamental con ocasión de la certificación del
departamento del Tolima por parte del Ministerio de Educación Nacional y posterior
entrega de la educación.
Frente a dicho argumento, esta Sala ha precisado27 que si bien la descentralización
de la educación involucró el traslado del personal docente a las entidades
territoriales certificadas en educación, primero a los entes departamentales, como
lo determinó la Ley 60 de 1993 y después a los municipales, en virtud de lo dispuesto
en la Ley 715 de 2001,28 y en ese sentido resulta consistente sostener que luego de
la expedición de las Leyes 60 de 1993 y 715 de 2001 la administración tanto del
personal docente como del servicio educativo quedó radicada en cabeza de los
entes territoriales certificados en educación, lo cierto es que tales condiciones no
generaron un cambio en la naturaleza de la vinculación inicial de los educadores
que habían sido nombrados con anterioridad a dicho proceso, particularmente para
aquellos que continuaron su relación legal y reglamentaria sin interrupción, como
sucede en el caso del actor.
Al respecto, resulta pertinente indicar que la Ley 60 de 199329 estableció que dentro
del proceso de descentralización y previo el cumplimiento de determinados
requisitos, las entidades territoriales podrían administrar el servicio de educación
26
«CUARTO: El vínculo laboral de carácter nacional, descrito en el hecho anterior, mutó a Departamental por
(mandato de la Ley 60 de 1993, dado que el Departamento de Tolima fue certificado según Resolución No. 2210
del 28 de mayo de 1996, proferida por el Ministerio de Educación Nacional y la Nación -Ministerio de Educación
Nacional- le entregó la educación al Departamento de Tolima, según acta del 23 de agosto de 1996, suscrita
entre las dos entidades mencionadas. Como consecuencia de la descentralización los tiempos de servicio que
corren desde el 23 de agosto de 1996 hasta la fecha son de carácter Territorial - Departamental y por tanto
aptos para el reconocimiento de la pensión gracia».
27 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 7 de septiembre de 2023, radicado:
73001-23-33-000-2019-00120-01 (1887-2022), consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernández.
28 Sección Segunda, sentencias del 22 de julio de 2014, radicado 66001233300020120012701, del 21 de junio
de 2016; radicado 2014-00136; del 10 de mayo de 2018, radicado. 73001233300020140018501; Sala de
Consulta y del Servicio Civil, Concepto del 14 de diciembre de 2016, radicado 110010306000020160010900.
29 «Por la cual se dictan normas orgánicas sobre la distribución de competencias de conformidad con los
artículos 151 y 288 de la Constitución Política y se distribuyen recursos según los artículos 356 y 357 de la
Constitución Política y se dictan otras disposiciones"
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Demandante: Gustavo González Muñoz
con cargo al Situado Fiscal,30 y para ello esos recursos eran cedidos a las entidades
territoriales con destinación específica.
En ese orden, se distribuyeron las competencias educativas entre la Nación y los
entes territoriales, de manera que a los departamentos se les atribuyó la dirección
y administración directa y juntamente con los municipios de los servicios de
educación y los docentes dejaron de ser nacionales y nacionalizados, para
denominarse del orden nacional, departamental, distrital o municipal, según el caso.
Así, el artículo 6.º de la mencionada ley dispuso:
[…]
El régimen prestacional aplicable a los actuales docentes nacionales o
nacionalizados que se incorporen a las plantas departamentales o distritales sin
solución de continuidad y las nuevas vinculaciones será el reconocido por la Ley 91
de 1989, y las prestaciones en ellas reconocidas serán compatibles con pensiones
o cualesquiera otras clases de remuneraciones.
[…].
Por su parte, en los artículos 34 y 38 de la Ley 715 de 2001, se reiteró que «los
docentes, directivos docentes y administrativos de los planteles educativos, que
fueron nombrados con el lleno de los requisitos, mantendrán su vinculación sin
solución de continuidad.
Luego, so pretexto de la descentralización de la educación, no puede soslayarse
dicha regulación y mucho menos dejar de lado que las características de la
vinculación laboral con la administración se adquieren al momento en que se
profiere el acto de nombramiento y en este se establecen las condiciones jurídicas
del cargo a desempeñar y las repercusiones a las cuales queda sometido el
30 Artículo 9. Naturaleza del situado fiscal.<Ley derogada por el artículo 113 de la Ley 715 de 2001> El situado
fiscal, establecido en el artículo 356, de la Constitución Política, es el porcentaje de los ingresos corrientes de
la Nación que será cedido a los departamentos, el Distrito Capital y los distritos especiales de Cartagena y Santa
Marta, para la atención de los servicios públicos de educación y salud de la población y de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 49, 67 y 365 de la Constitución Política. El Situado fiscal será administrado bajo
responsabilidad de los departamentos y distritos de conformidad con la Constitución Política.
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Demandante: Gustavo González Muñoz
servidor.31 Luego, la cesión de la administración de las plantas de personal a las
entidades territoriales certificadas en educación, así como las demás competencias
que les fueron trasladadas, no implicó, por lo menos para efectos del reconocimiento
de la pensión gracia, un cambio en la naturaleza de la vinculación primigenia de los
docentes.
En efecto, debe recordarse que, en la sentencia de unificación del 21 de junio de
2018, el Consejo de Estado explicó la forma en que se acredita el tipo de
vinculación, sin que el traspaso de las plantas docentes a los entes territoriales
conlleve implícita la modificación de su vínculo, de nacional a territorial para los
efectos del reconocimiento de la pensión objeto de controversia.
Bajo esa línea, las condiciones de la vinculación docente del demandante no se
modificaron a pesar de los traslados de que fue objeto, comoquiera que el
nombramiento efectuado por el ministro de educación se mantuvo incólume, al no
existir ruptura del vínculo laboral.32 En consecuencia, dada la naturaleza de la
vinculación del actor, es claro que el lapso laborado a partir del 27 de febrero de
1979 no resulta válido para reconocer la pensión gracia.
2.5. Sobre la condena en costas impuesta en primera instancia
En lo que respecta a este motivo de inconformidad, es pertinente anotar que la
sentencia recurrida fue proferida antes de expedirse la Ley 2080 de 2021, por lo que
es razonable atender la tesis que para ese momento tenía definida esta Subsección
en el sentido de interpretar que por mandato del artículo 188 del CPACA, la imposición
de las costas obedece a un criterio objetivo, sin que para ello deba evaluarse la
conducta de las partes. De este modo, al juez le corresponde efectuar una
estimación objetiva valorativa para comprobar que se causaron, conforme con los
31 Al respecto, las sentencias proferidas por la Sección Segunda, Subsección B del 5 de agosto de 2010,
radicación 2079-2009, C.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila; del 29 de marzo de 2012, radicación 1146-2010
C.P. Gerardo Arenas Monsalve y del 16 de junio de 2015, radicación 68001233100020040276201.
32 En el mismo sentido esta Sala se ha pronunciado recientemente en sentencias del 23 de marzo de 2023,
radicación 17001 23 33 000 2015 00695 01 (4210–2017) y del 30 de marzo de 2023, radicación 66001 23 33
000 2016 00084 01 (1985–2018).
20
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parámetros fijados en el artículo 365 del CGP, sin que se requiera un examen de la
existencia de una actuación temeraria o de mala fe de las partes.
Teniendo en cuenta lo anterior, no están llamados a prosperar los argumentos de la
apelación en este aspecto, ya que el artículo 188 del CPACA, antes de la modificación
efectuada por la Ley 2080 de 2021, confería al tribunal la facultad de imponer la
condena en costas a favor de la parte vencedora, teniendo en cuenta que: i) la
demanda no prosperó y, por ende, la parte actora resultó vencida en juicio, de
acuerdo con los criterios establecidos en el artículo 365 del CGP; ii) la demandada
actuó en el proceso y constituyó apoderado con miras a ejercer su defensa; y iii) el
mandatario judicial contestó la demanda, acudió a las diferentes audiencias que se
celebraron en el trámite de la primera instancia y presentó alegatos de conclusión.
De manera que sí se causaron las costas, las cuales comprenden las expensas y
gastos sufragados durante el trámite judicial, así como las agencias en derecho.33
En tal sentido, se confirmará en su totalidad el fallo apelado, incluida la decisión de
condena en costas de primera instancia a cargo de la parte actora.
2.6. Condena en costas de segunda instancia
El artículo 188 del CPACA establece que «[s]alvo en los procesos en que se ventile
un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya
liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento
Civil».
Con base en tal mandato, esta Subsección venía sosteniendo que para imponer
condena en costas, en vigencia del CPACA, se atendía una valoración objetiva,34 en
la que el juez debía ordenarlas siempre y cuando se hubieran causado y en la
medida de su comprobación, sin considerar factores subjetivos como la buena fe o
33 Artículo 361 del CGP.
34 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Radicado 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-
2014), actor: José Francisco Guerrero Bardi, Consejero Ponente: Dr. William Hernández Gómez.
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Demandante: Gustavo González Muñoz
la temeridad de las partes.
Sin embargo, dicho criterio debe revisarse a la luz del artículo 47 de la Ley 2080 de
2021, en tanto adicionó un inciso al artículo 188 del CPACA para precisar que «[e]n
todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».
De esta manera, debe entenderse que con la anterior modificación el juez está
llamado a analizar la conducta de las partes en el proceso, así como la sustentación
jurídica de sus intervenciones con el fin de determinar si es procedente o no imponer
costas a cargo de alguna de ellas.
En el presente caso, los sujetos procesales ejercieron su defensa bajo la convicción
de que contaban con suficiente respaldo legal, también aportaron pruebas y se
apoyaron en la jurisprudencia vigente para obtener un pronunciamiento favorable a
sus intereses, por lo que esta Sala se abstendrá de imponer condena en costas en
segunda instancia.
3. Conclusión
Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia, en las directrices
jurisprudenciales trazadas por el Consejo de Estado y la Corte Constitucional en
casos análogos, fáctica y jurídicamente, al asunto que ahora es objeto de estudio y
en el acervo probatorio, se concluye que la decisión del a quo se ajustó a las
directrices interpretativas que regían la situación particular del demandante.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
22
Radicación: 73001 23 33 000 2019 00135 01 (1637-2021)
Demandante: Gustavo González Muñoz
F A L L A:
Primero. Confirmar la sentencia del 26 de noviembre de 2020, proferida por el
Tribunal Administrativo del Tolima, que denegó las pretensiones de la demanda en
el proceso promovido por el señor Gustavo González Muñoz contra la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social – UGPP.
Segundo. Sin condena en costas en segunda instancia.
Tercero. En firme esta sentencia, devolver el expediente al tribunal de origen,
previas las anotaciones de rigor.
Notifíquese y cúmplase
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo
186 del CPACA.
23
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